Etiqueta: Sala IV

Reconstruyendo el Estado Social de Derecho

Escrito en 04/08/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Al parecer, la resolución de la Sala IV respecto del “Proyecto Ley Marco de Empleo Público” tuvo algo de “salomónica”. Por un lado, reafirmó el precepto constitucional y democrático de división de poderes, por lo tanto, salió en defensa del Estado de Derecho y la democracia como régimen jurídico. Y, por otro, legitimó la propuesta de un salario único sin pluses y limitó la negociación, vía convenciones colectivas, en esta materia, lo que implica en cierta forma apoyo a una política de salarios decrecientes en el sector público y, por consiguiente, un golpe al Estado Social.

Avance en materia de gestión democrática, un freno a los aires oligárquico-autoritarios del pluripartidismo neoliberal en alzada. Y retroceso en materia socio-laboral en un sector estratégico para el desarrollo del país, a pesar de que ha sido intensamente vilipendiado por parte de quienes solo ven virtudes en el sector privado y vicios y privilegios en el público, atendiendo a esa trillada lógica maniquea con la que la prensa y los “publicistas” del neoliberalismo han venido atizando el fuego de los odios entre ambos sectores.

Celebramos la decisión de la Sala IV porque significa ponerle límites a una clase política que, como bien señala Marcos Roitman, al igual que “los hacedores del capitalismo transnacional rechazan los valores democráticos. Pero como creadores de la nueva derecha y seguidores del fascismo societal se manifiestan en fervientes defensores de la idea de progreso a favor de la economía de mercado, de la propiedad privada y del beneficio personal […] Sus ideas no se encuentran en la cruz gamada o en las camisas negras, las defienden los representantes de los organismos internacionales del FMI. El Banco Mundial, La OMC y de los gobiernos conservadores, neoliberales o defensores de la economía de mercado en sus versiones progresistas y socialdemócratas” (Roitman, Marcos (2007) Democracia sin demócratas y otras invenciones. Madrid, Ediciones sequitur, p.94).

Efectivamente, lleva razón el autor citado al calificar de “fascismo societal” a este conjunto de ideas y acciones políticas que vienen impulsando las nuevas fuerzas políticas, que se visten de progresistas y socialdemócratas, pero que en lo esencial son portadoras de un proyecto conservador cuya meta es desmantelar el Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes intereses empresariales y financieros nacionales y extranjeros.

Con gran acierto, el movimiento sindical ha convocado a un “Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho”. El país se encuentra en la encrucijada entre retroceder a la Constitución Liberal de 1871 o defender el Estado Social de Derecho de la Constitución vigente de 1949. Definitivamente, llegó la hora de demandar a los poderes del Estado actuar en consecuencia con los preceptos constitucionales que abogan por una repartición equitativa de la riqueza, la defensa y el respeto de los derechos humanos, así como la salvaguarda de la división e independencia de los poderes de la república.

NO al Estado Asocial sin Derecho de las fuerzas políticas del autoritarismo antidemocrático y SÍ al Estado Social de Derecho de las fuerzas sociales de la dignidad y la solidaridad.

Nota de redacción: En la foto de cabecera se aprecia una vista parcial del Encuentro Nacional por la Defensa del Estado Social de Derecho realizado este martes 3 de agosto, en el Centro Internacional de Convenciones de la ANDE. Asistieron más de cien personas de organizaciones sociales y sindicales.

¿Por qué es inconstitucional el proyecto de Ley Marco de Empleo Público?

Escrito en 17/06/2021. Publicado en Análisis, Derechos.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Múltiples entidades de carácter técnico o político han hecho serias objeciones al Proyecto de Ley Marco de Empleo Público. En este sentido podemos mencionar al propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría y hasta la Contraloría General de la República. También hay pronunciamientos fundados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Universitario de la UCR en tanto instituciones directamente afectadas. Por último, muchas voces especializadas de profesionales y organizaciones de la sociedad civil también han señalado las inconsistencias e inconstitucionalidades del texto legislativo en discusión.

Todo parece inútil frente a la insistencia del Poder Ejecutivo de impulsar esta iniciativa y la determinación, de una aparente mayoría parlamentaria, de aprobar esta legislación estratégica en un tema de gran trascendencia para la estabilidad democrática y la real vigencia del estado de derecho en Costa Rica.

La naturaleza de este artículo no me permitirá abundar en citas de documentos, resoluciones administrativas, informes oficiales, normas o sentencias judiciales, pero todas pueden ser consultadas en el expediente legislativo que se analiza.

De esta manera, un estudio objetivo de todas estas fuentes nos permite concluir que el mencionado proyecto acusa abiertos y profundos roces con la Constitución Política vigente y que, a pesar de las enmiendas y remiendos de las primeras versiones, se mantienen decisiones legislativas que violentan normas y principios constitucionales.

Me refiero a los aspectos de mayor relevancia:

Crear un único sistema para regular el empleo público, con pretensiones de universalidad que abarca todos los poderes de la república, las universidades públicas, las municipalidades y otros entes descentralizados resulta una propuesta fallida. El problema esencial en este punto es que la norma constitucional en la que dice apoyarse, ha sido interpretada incluso por la jurisprudencia de la Sala IV de manera evolutiva, advirtiendo que en el país se han desarrollado varios estatutos que regulan diversos sectores del ámbito público en tanto debe respetarse la especialización, complejidad y amplitud de estos sectores, y la necesidad de darles un tratamiento separado. Por lo demás, el proyecto se encarga de hacer excepciones de aplicación que claramente contradicen su propósito de uniformidad y universalidad, lo cual resulta una contradicción insalvable que debilita su justificación y necesidad.
El proyecto desconoce las diversas formas de independencia o autonomía de otros poderes de la república, el sistema universitario público, el régimen municipal y demás entidades autónomas. Sobre todo, al poner en la rectoría del sistema a MIDEPLAN, se genera una especie de búsqueda de la cuadratura del círculo, una centralización inadmisible, puesto que la Constitución Política es contundente al dar independencia funcional, organizativa y de autogobierno a esas instituciones, lo que deviene en la imposibilidad de que un órgano del Poder Ejecutivo, pueda dictar lineamientos y directrices de carácter específico que resulten de acatamiento obligatorio para estas instituciones.
Derivado de este nudo problemático principal, es el hecho de que la propuesta legislativa mantiene, como parte fundamental del “sistema único”, la obligada coordinación de los departamentos de recursos humanos de estas entidades, con mecanismos de definición en manos, en última instancia, de MIDEPLAN. Aspectos esenciales del funcionamiento y cometido institucional como el régimen y escalas salariales, los parámetros de selección y reclutamiento, los sistemas de evaluación de desempeño y de régimen disciplinario, entran todos en el riesgo de que una entidad ejecutiva, a cargo del gobierno de turno, metan mano indebidamente.
¿Alguien puede imaginar siquiera a funcionarios de la administración central definiendo y opinando sobre quiénes son los profesores universitarios necesarios, útiles y competentes? ¿Alguien puede imaginar siquiera que esta misma dinámica se imponga en la adjudicación de plazas para jueces o juezas? Pero es que además ni MIDEPLAN ni el Servicio Civil tienen los recursos humanos ni la capacidad técnica para llevar adelante con un mínimo de responsabilidad estas tareas.
Otra cuestión no menos importante tiene que ver con la propuesta de salario global y los mecanismos previstos para igualar o uniformar el ingreso medio que deben tener todos los funcionarios públicos. Sin duda esta es una tarea que el Estado costarricense tiene que resolver y deben superarse las diferencias y asimetrías existentes. Pero la solución a un problema que lleva décadas, quizá siglos, no puede darse de golpe y porrazo. No puede pasarse por encima de los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas por una mera disposición legislativa. Habrá que idear un procedimiento que, aunque más lento, mantenga vigente el respeto a los principios y derechos fundamentales de las personas.

En conclusión, la iniciativa para una Ley Marco de Empleo Público, si bien aborda una serie de problemas reales de la organización y funcionamiento del Estado costarricense, no puede imponerse al calor de necesidades fiscales o por la urgencia de firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Ni la sanidad de las cuentas públicas, ni la necesidad de una estabilidad macroeconómica, pueden justificar arrasar con valores esenciales de la convivencia democrática y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y sus derechos. Ni siquiera cambiando la Constitución podría colarse un proyecto como el que está siendo discutido. No pueden borrarse de un plumazo garantías constitucionales, décadas de jurisprudencia del más alto tribunal en la materia y decenas de leyes que han regulado un tema tan complejo, diverso y especializado como el empleo público. Habría que imaginar un régimen político-jurídico que ya nada tendría que ver con un auténtico estado de derecho.

Sala IV impone medida cautelar para proteger tortugas en Marbella

Escrito en 24/12/2020. Publicado en Madre Tierra.

El pasado viernes 18 de diciembre, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) presentó un Recurso de Amparo contra el Concejo Municipal de Santa Cruz por el acuerdo municipal que permitió la instalación de postes y luces en la Zona Pública de Playa del Coco de Marbella.

En el amparo se indica a la Sala Constitucional que desde hace más de cuatro meses se presentó ante el Concejo un Recurso de Revisión contra el acuerdo que aprobó la instalación eléctrica en esta zona de alta fragilidad ambiental, sin tenerse fundamento técnico y violando directamente la normativa ambiental y los principios de varios convenios internacionales firmados por el país. Sin embargo, el Concejo no da respuesta ni depone el acuerdo. FECON demanda ante la Sala IV que este acuerdo municipal es violatorio del derecho ambiental y por tanto, inconstitucional.

La decisión del Concejo Municipal de Santa Cruz ha mantenido iluminación artificial en la zona, alterando y amenazando el hábitat de desove de las tortugas baulas y negras, dos especies marinas protegidas por la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, ratificado por Costa Rica.

Estos convenios son claros y obligan a que el Estado tome medidas de no perturbación humana y ordenamiento costero con criterios técnicos y científico, cosa que el Concejo Municipal de Santa Cruz ha incumplido tajantemente por favorecer los intereses desarrollistas en la zona de Marbella.

Sala Constitucional aprueba medida cautelar

El lunes 21 de diciembre, FECON ha recibido la notificación de que la medida cautelar solicitada ha sido acogida por la Sala, ordenándose a las autoridades recurridas coordinar las acciones necesarias y adoptar las medidas pertinentes para que el alegado desove de las tortugas en el sector no se vea afectado por la contaminación lumínica (…) hasta tanto la Sala no resuelva.

Por tanto, FECON vigilará que la Municipalidad de Santa Cruz finalmente intervenga y desconecte la iluminación de la zona en coordinación con CoopeGuanacaste, que fue la encomendada para instalar esta iluminación, denunciada por su aprobación contraria a los debidos procedimientos ambientales.

https://feconcr.com/noticias/sala-iv-impone-medida-cautelar-para-proteger-tortugas-en-marbella/

Imagen FECON: Una tortuga arribando a playa del Coco de Marbella

El autogol político 9796

Escrito en 09/06/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

Los reclamos y argumentos se han multiplicado contra la disparatada ley 9796, que ya suma más de 400 demandantes. Además ha movilizado a las principales organizaciones de trabajadores. Se oyen pasos de animal grande, mientras se acumula evidencia de que es otro autogol político del populismo reinante.

Una chispa podría encender la pradera

El Foro de presidentes y secretarios generales del Magisterio Nacional (constituido por representantes de ANDE, SEC, APSE, ADEP, AFUP, COLYPRO, AFITEC, SINDEU, UNEUNED y SITUN) ha hecho circular su «Rechazo rotundo a la unificación de los regímenes de pensiones». Ellos repasan la historia del régimen destacando el desfalco sistemático que ha hecho el Estado de su fondo solidario; así como la historia de sus luchas, especialmente, la huelga de 1995. Esas organizaciones reafirman que «Defenderemos hasta sus últimas consecuencias la estabilidad de nuestro régimen de pensiones, propiedad de todas las personas trabajadoras de la educación. No permitiremos que este pilar de la seguridad social sea debilitado». También se reunieron con la titular de la SUPEN, el 5 de junio pasado, para hacer notar que el gobierno no está jugando solo en esta cancha embarrialada.

Por otra parte, una publicación reciente del Sindicato del Poder Judicial revela que su fondo de pensiones goza de buena salud y «no requiere ajustes», según estudio actuarial del 20 de marzo pasado. Eso confirma que la ley 9796 carece de fundamento técnico, por lo cual resulta jurídicamente improcedente.^[1]

Un remedio peor que la enfermedad

El Msc. Francisco Esquivel ya demostró que la ley 9796 es regresiva, pues obliga a pagar más a quienes menos tienen.^[2] Por su lado, el Dr. Jorge García, llegó a la misma conclusión. El siguiente gráfico de su autoría, con datos emanados de JUPEMA, compara montos netos de los jubilados del Magisterio Nacional con la ley vigente y los que recibirán con la nueva ley.^[3] En el eje horizontal se observa una serie de montos nominales en millones de colones y en el eje vertical los montos netos correspondientes, es decir, una vez hechos los rebajos que se desprenden de la ley 2248 (en azul) versus la ley 9796 (en rojo).

Ahí se observa que, en efecto, las pensiones entre 2,2 y 5 millones recibirán bastante menos con la ley 9796. Lo mismo sucede con el rango entre 5 y 9,5 millones, aunque en menor medida conforme el monto nominal crece, pues esas pensiones serán menos afectadas por la nueva ley (por eso las curvas se aproximan). Esto es suficiente para comprobar que el impuesto es regresivo.

Pero encima de los 9,5 millones el monto neto se revierte, es decir, que será mayor con la ley 9796, pues esta aumentará lo que reciben quienes más tienen. De modo que una pensión de 14 millones, por ejemplo, que recibe 4,3 millones, sería premiada con 2 millones más por mes; nada menos que 24 millones de colones al año. O sea, el señor Presidente protegió con su coadyuvancia a los que más pensión reciben. Espectacular autogol que desnuda el populismo de la clase política. ¿Se dignará algún día a explicarnos por qué?

Esto no solo niega todo lo que se ha dicho sobre la ley 9796, sino que también contradice su propósito: «El objeto de esta ley es contribuir con las finanzas públicas del país aplicando un rediseño de los topes de pensión máxima y de la pensión exenta de la contribución especial solidaria (…)». Y de manera inapelable contradice su fin principal: «Contribuir con la eliminación de las desigualdades en los beneficios sociales de las pensiones y jubilaciones, así como en las cargas tributarias.»^[4] En breve, esta ley se contradice a sí misma, se auto anula.

No solo es regresiva sino también desproporcionada

Esto resulta así, entre otras cosas, porque la ley 9796 se atiene al tope máximo que internacionalmente había establecido la OIT para un impuesto de este tipo, que es del 55%;^[5] mientras que en 1997 se admitió rebajas mayores, hasta un porcentaje del 69% para las pensiones más altas, según la ley 7531. Pero en ambos casos se trata de porcentajes usureros que nadie puede aceptar sin poner su grito en el cielo; porque se trata de impuestos confiscatorios, además de discriminatorios ya que a nadie más se le cobra tanto.

¿Qué haría, por ejemplo, la persona más rica de este país si en aras de equidad tributaria, o para limar odiosos lujos y privilegios, el Estado le obligara a pagar un impuesto de 481,352 millones de colones, el 55% de su ingreso anual?^[6] Con lo cual se recaudaría fácilmente 40 veces más que el «ahorro» de la ley 9796. Seguro que veríamos la primera huelga general convocada por la UCCAEP. Entonces, ¿por qué los jubilados deben admitir una carga tributaria del 55% que es 2,5 veces mayor que la carga tributaria del país, suponiendo que esta ronda el 22%?^[7] Lo que no es bueno para el ganso ¿por qué lo sería para la gansa?

¿Y encima las personas pensionadas tienen que tolerar ese bullying o acoso mediático que les tilda de privilegiados? Lo más irritante es que se les impone tanta injusticia porque creen que es un grupo pequeño y vulnerable. Se olvidan del poema de Pedro Mir, a propósito del vil asesinado de las hermanas Mirabal que acabó con la dictadura de Trujillo: «Porque hay columnas de mármol impetuoso no rendidas al tiempo/ y pirámides absolutas erigidas sobre las civilizaciones/ que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas…».^[8]

Las pensiones del Magisterio han sido gravadas reiteradamente por la ley 7268, la ley 7531, la ley 9635 y ahora por la ley 9796. ¿Quién puede creer justo ese proceder? ¿Acaso no es un comportamiento arbitrario con una población cuyas posibilidades de mejorar sus ingresos son prácticamente nulas? ¿Qué autoriza a redefinir un contrato laboral sancionado por ley, retroactiva y unilateralmente, a favor de la parte más fuerte, la patronal? ¿Cómo se justifica la vulneración estatal de un grupo de ciudadanos honorables que siguen produciendo y sirviendo voluntariamente a la patria? No hay razones actuariales, fiscales, jurídicas, ni morales, que sigan justificando tanto abuso de poder. En cambio, hay muchas razones opuestas que el derecho laboral tiene claras y también los derechos humanos.^[9] Que esto provenga de una clase política disque neoliberal deja más que claro lo poco liberales que son esos populistas.

Pero nadie más sordo que quien no quiere oír

No cabe duda de que el tema de pensiones es delicado y complejo, por eso el mayor yerro de los diputados fue no escuchar a quienes les advirtieron sobre las falencias del proyecto. Probablemente descartaron esas voces por considerarlas interesadas. Sin embargo ¿por qué no escucharon a la asesoría técnica de la Asamblea Legislativa?

De hecho, la contradicción principal de la ley 9796 ya había sido advertida en septiembre de 2019: «…es posible que actualmente por el impacto de la nueva estructura del impuesto sobre la Renta, las pensiones de menor nivel podrían realizar un aporte solidario mayor que las de un nivel más alto…»^[10] (p. 27). Se había detectado que esto ocurriría con las pensiones del Magisterio porque en este caso «las cuotas ordinarias de cotización tienen una estructura más progresiva.» (p. 30).

Ese informe señala otro punto contundente que la prensa también pasó por alto: una «cuota solidaria» solo se justifica si tiene que ver con la sostenibilidad del mismo fondo, por eso es inadmisible que se pretenda hacer una reforma de pensiones sin los estudios actuariales que la justifiquen; «…si su destino es ajeno a este propósito podría perder su naturaleza y convertirse de hecho en un impuesto a cargo de los pensionados para destinarlo a la reducción de la deuda» (p. 35). Esta es otra contradicción intrínseca de esta ley que pretende poner a los pensionados a pagar lo que no deben. Igual ocurre cuando el «ahorro» obtenido se pretende destinar a personas en pobreza, con lo cual se traslada a los pensionados una responsabilidad del Estado. Esto obliga al ahorrante a «contribuir» con algo completamente ajeno a su expectativa de derecho, «lo cual parece ser una decisión ajena a los intereses propios del ahorrante, y resulta desproporcionada en el trato brindado a este sector poblacional, pues atenta contra la conducta económica del propietario de los recursos» (p.37). En pocas palabras, no se vale seguir desviando el fondo de las pensiones para fines ajenos a su propósito e interés.

Como si fuera poco, el informe es claro en que: «El proyecto no soluciona los problemas de desigualdad e inequidad que se han observado desde la creación de los regímenes especiales de pensiones, pues al no estar sustentado en estudios actuariales no hay manera que se determine su efectividad para cerrar las diferencias de trato entre los afiliados de los diferentes regímenes» (Idem). En las conclusiones cobra relevancia «…que el proyecto no se fundamenta en estudios actuariales, lo cual puede llevar a la determinación de medidas que resulten desiguales, que no estén de acuerdo a los planes de inversión, al financiamiento, a los beneficios, ni con otras variables técnicas propias de un plan de pensiones.» (p. 38). ¿Será que ahora le queda claro, señora diputada Xiomara Rodríguez?

El proyecto de ley creaba un sin número de problemas más que no fueron resueltos, pues «En general, las propuestas estarían afectando en forma directa el flujo de ingresos de los actuales pensionados y las expectativas de los funcionarios activos con derecho a pensionarse. En el caso de los pensionados esta reducción de ingresos impactaría negativamente el nivel de vida de esas personas, tanto en sus patrones de consumo como en sus niveles de ahorro.» (p. 39). Al final el informe insiste en que con «…las medidas podrían estarse presentando desigualdades y tratamientos inequitativos…» (p. 40). Señoras y señores diputados ¿qué parte de este informe fue la que no entendieron?

¿Y cuándo rendirán cuentas?

Un diputado tiene que oír y entender bastante poco este tema para cometer un error tan grande. Sociológicamente, habrá que estudiar la ley 9796 como evidencia de la típica estupefacción del detentor de poder. El llamado «fetichismo» o confusión del poder (E. Dussel). Según la psicología social el representante tiende a perder contacto no solo con su representado sino también con la realidad, fascinado por su poderío o enredado en su propio sortilegio de aprendiz de brujo. Vamos a bautizar síndrome del tirano a esa enajenación, pues corresponde a lo que el sociólogo Rogelio Cedeño ha llamado una «dictadura en democracia», criterio alineado con lo que vienen advirtiendo varios analistas, entre ellos los sociólogos Álvaro Vega y Carlos Campos.

Es un hecho consumado que los diputados conculcaron la Constitución de la República. Ojalá que ahora la Sala IV les saque las castañas del fuego invalidando su desaguisado y reduciéndolo a grado de tentativa. Pero, en tanto representantes electos popularmente ya es una falta grave, porque al asumir su cargo juraron defender la norma superior, pero en vez se propusieron quebrantarla. Cuando se demuestre que ninguna ley puede estar por encima de los artículos 9, 11 y 34 de nuestra carta magna, simplemente por ser norma superior, cabe esperar que los diputados no sigan tan campantes en sus curules. Los que tengan vergüenza deberían renunciar ipso facto, por no haber entendido que un gobierno participativo es hoy un mandato, no una opción; y que «ninguna ley», para ningún ciudadano, debe ser «retroactiva».

La ley 9796 evidencia, una vez más, que la democracia representativa está sufriendo por no contar con revocatoria de mandato, la cual debiera incluir, desde luego, a los diputados. En esa grieta del diseño de Estado reposa el irrespeto a los derechos laborales que se viene observando en esta legislatura y con este gobierno, por lo que cabe esperar otros sismos políticos del mismo corte. Pero tampoco es de recibo que un grupo de representantes ponga en riesgo la seguridad jurídica de toda la población, así como la paz social, mientras se dedica, aprovechando la pandemia, a «jalarle el rabo a la ternera».

Aunque no haya condiciones políticas es evidente que sin un nuevo pacto social, constitucional y popular, nadie tiene un buen motivo para ser optimista sobre el futuro de esta patria. Mientras tanto hay que reclamar otra vez que un gobierno de los ricos y para los ricos, como el que procura la UCCAEP y sus sicofantas del gobierno y la prensa, es anticonstitucional, además de políticamente suicida.^[11]

^[1] Publicado por Diario Extra el 02 de junio 2020, bajo el título: «Nuestra jubilación no es un sistema de privilegio»

^[2] Ver en Surcos: https://surcosdigital.com/el-disparate-legislativo-9796/

^[3] JUPEMA. JD-PRE-0052-12-2019, Cuadro Anexo 3.

^[4] Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria. Ley 9796. Artículo 1 y 3, inciso b.

^[5] Convenio 102 de la OIT.

^[6] Con base en dato publicado por la revista FORBES.

^[7] Según CEPAl es de 22,4%.

^[8] De su hermoso poema político «Amén de mariposas».

^[9] Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores.

^[10] Asamblea Legislativa. Departamento Estudios, Referencias y servicios técnicos. Informe de proyecto de ley. Informe económico. Expediente Nº 21.035. 3 de septiembre de 2019. «Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo, rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria y crear la figura de la jubilación obligatoria excepcional».

^[11] Ver «El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEO», según el grupo pluralista de 25 economistas en: https://anep.cr/el-preocupante-tono-político-y-moral-de-las-propuestas-económicas-de-la-uccaep/

Foto: AFUP

El disparate legislativo 9796

Escrito en 31/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

«La mentira puede correr un año,
la verdad la alcanza en un día.»^[1]

Hernán Alvarado

Esta semana se confirmó que la ley 9796 causará lo contrario a lo prometido. El economista Francisco Esquivel ha demostrado, matemáticamente, que es una ley regresiva, pues cobrará más a las pensiones bajas que a las altas, mejorando incluso las más altas.^[2] A ese monumental despropósito prestó su coadyuvancia el Presidente de la República, diciendo que se trataba de proteger. Según el recurso de amparo presentado ante la Sala IV por otro grupo de más de 190 personas, la ley 9796 es «defectuosa», «contradictoria» y una verdadera amenaza para el estado de derecho.^[3] Esto ha dejado a la vista que es improvisada, desproporcionada, arbitraria y carente del sustento técnico que la norma exige. En otras palabras, si fuera boxeo estaríamos hablando de un knock-out en el primer round.

¿Para qué hacerlo bien si se puede hacer mal?

En términos tributarios se trata de una aberración que afectará injustamente el patrimonio de cientos de personas que no solo sirvieron bien a la patria, haciendo una labor encomiable, sino que además cotizaron mes a mes para obtener su derecho, pagaron sus impuestos a tiempo y continúan cotizando solidariamente. En términos jurídicos es también un adefesio, pues pretende burlarse del artículo 34 de la Constitución de la República que a la letra dice: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.»^[4]

Además, la ley 9796 contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos deshonrando los convenios internacionales ya firmados por el país. De hecho, pisotea derechos patrimoniales de las personas adultas mayores, además de los derechos laborales de los trabajadores activos acordados y negociados por ley, sumando un impuesto sobre otro, tan desproporcionado como una tasa de usura. De momento sirve para evadir una reforma seria del sistema de pensiones que solo podría ser un proceso transparente, participativo y dialogado a la luz del artículo 9 de la carta magna; asimismo, debiera contar con el criterio técnico calificado y con una sensibilidad social que riman mal con los intereses politiqueros y mediáticos de corto plazo. Pretender llevar a cabo esa reforma, de manera inconsulta y a golpe de ocurrencias, desde la misma Asamblea Legislativa, es el peor camino que se pudo haber tomado en un tema tan especializado, delicado y complejo.

Resulta alarmante que un grupo de diputados haya aprobado a la carrera una ley tan injustificada. Mientras tanto, nada que se deciden a poner tope a la usura. Ellos aprobaron una norma tan mal diseñada que esta vez el tiro les saldrá por la culata. ¿Por qué no oyeron las voces que lo advirtieron? ¿Qué hace la ciudadanía cuando una Asamblea Legislativa, que debe ser garante de derechos humanos, actúa de una manera tan discriminatoria contra un grupo relativamente pequeño y vulnerable? Si no logran hacer nada peor, la ley 9796 será la legislación más deslucida de la segunda república, resultado de la mayor obnubilación ideológica de los últimos 40 años.

En vez de tomar el toro por los cuernos, como sería una reforma integral y negociada, decidieron legislar a favor de un Estado que pretende eludir sus responsabilidades y compromisos, como si fuera un patrón privado que decide unilateralmente lo que es o no derecho de sus trabajadores. Todo con el fin de obtener un «ahorro» raquítico comparado con lo que deben los grandes evasores, ciudadanos privilegiados que gozan, acumulan y centralizan la riqueza producida entre todos.^[5] ¿Por qué tanto empeño en ese «ahorro» anual de 12.000 millones de colones que representa solo el 0,43% del incumplimiento tributario, suponiendo que este sea del 8% del PIB?^[6] ¿No tendría más sentido invertir tanto esfuerzo en recuperar para las arcas públicas los 2,789,244 millones de colones que les convierte en evasores de lujo? ¿Cómo podrá el Estado pagar su enorme deuda con la CCSS y con el Magisterio Nacional sin cobrarle a los que más tienen?

¿Y para qué hacerlo mal si se puede hacer peor?

A eso hay que agregar que la 9796 responde a una campaña de desprestigio que comenzó en el mundo atosigado de las redes sociales, pero luego fue amplificada y multiplicada por la prensa. Esta sumó su enfoque sesgado o tendencioso, que de rebote la ha retratado de cuerpo entero. Por ejemplo, los medios mantienen bajo estricto cerrojo lo que debiera ser la noticia del año: que las pensiones del Magisterio se cargan al presupuesto porque el Estado ha desfalcado a sus maestros desde 1958. Nada extraño, porque asimismo evitan el tema de evasión tributaria que se resisten a asociar con déficit fiscal. Comprender su técnica manipuladora es sencillo, basta ver el título que le puso un medio a la noticia que se está comentando aquí, a pesar de contar con el mismo contenido.^[7] Hay un periódico de gran circulación que se ha graduado con honores en ese arte maléfico.

Del mismo modo, se oculta las contribuciones que hacen las personas pensionadas no solo al fisco y a la seguridad social sino también en términos de obras científicas y literarias, pasadas y presentes, que siguen entregando con un espíritu de servicio ejemplar. Debe saberse que el grupo de personas que ha presentado esta otra coadyuvancia contra la ley 9796, goza de un enorme prestigio por su gran cantidad de logros, entre ellos premios nacionales e internacionales. Hace rato que no se reunía tanta gente honorable para reivindicar una causa justa. Pero, en vez de aprovechar su sabiduría, muchas páginas de la prensa solo destilan menosprecio e irrespeto, con una saña francamente tóxica.

Según esa campaña de descrédito toda pensión con cargo al presupuesto es un lujo, como si el Estado no tuviera ninguna responsabilidad patronal. Asimismo se ha propagado la idea falaz y peligrosa de que es un lujo tener una pensión digna. La campaña ha usado, como caballo de batalla, una expresión que parece ser un estigma de mala fe o mala fama, o un falso estereotipo (los de verdad nacen enraizados en la cultura, no se fabrican). O tal vez solo sea una palabreja o una «dispalabra» más, es decir, un término horrible y disparatado, disque novedoso, con el que algunos, sobre todo periodistas, buscan bautizar las cosas a su antojo.^[8] Así es como nacen y mueren los monstruos lingüísticos que son en sí mismos contradictorios, que no son menos absurdos porque sean más repetidos. Hasta se puede arriesgar la hipótesis de que cuanto más se repiten más rápido se los traga el remolino de su propio sin sentido.

Por ejemplo, es obvio que quien goza de lujos no necesita una pensión y quien necesita una es porque no puede darse el lujo de jubilarse sin garantía de que mantendrá, hasta cierto punto, el nivel de ingreso logrado a lo largo de toda una vida de esfuerzos y éxitos. Las palabras pensión y lujo son incompatibles, irreconciliables; cuando se juntan se dan de patadas, es decir, se genera una contradicción entre el sustantivo y el adjetivo (contradictio in adiecto). No obstante, dicha campaña no ha dejado de combinar esas palabras hasta el hartazgo. Acusar de lujo a todos los pensionados y, especialmente, a los del Magisterio Nacional, es más que falso y difamatorio; es malvado, denigrante, promueve envidias, odios y agresiones gratuitas e inaceptables que nadie se merece y menos aún las personas mayores que dedicaron su vida a educar. ¿Y con qué necesidad? Esa no es manera de pagarle al ejército de maestros, pilar de la democracia costarricense. Una sociedad desagradecida con sus maestros no tiene futuro.

Conclusión

En suma, la ley 9796 es en efecto una ley injusta por donde quiera que se la mire. Carece por completo de sentido que sea regresiva, es decir, que ponga a pagar más a los que menos tienen. Eso contradice todo lo que se ha dicho al respecto de parte de sus promotores. Además, ninguna ley puede ser retroactiva sin ser inconstitucional, abrir un portillo así constituye una grave amenaza para la seguridad jurídica de toda la ciudadanía.

Menos cuando se pretende burlar compromisos legales asumidos por el Estado, pues cohonesta el desvío de las cuotas de los maestros y profesores en vez de constituir el fondo solidario que le mandaba la ley. Y peor aún si de manera arbitraria y unilateral pretende imponer gravamen tras gravamen de modo desproporcionado. Se nota en esa ley tales deficiencias conceptuales, técnicas y procedimentales que resulta evidente que es un tema que no se debe dejar en manos de políticos y tecnócratas. Como tal es un ejemplo de una sociedad política que hace rato ha abandonado principios democráticos básicos: diálogo, participación, transparencia, rendición de cuentas, consulta, negociación. En obvia contradicción con nuestra propia Constitución.

Finalmente, es un lamentable ejemplo de atentado contra el pacto social que soporta nuestra convivencia pacífica desde 1949, que para colmo se hace en medio de una campaña denigrante y malsana contra un grupo de personas honorables. En vez de mostrarse orgullosa por prestarse como instrumento de semejante desaguisado, la clase política debiera pedir disculpas a este pueblo paciente pero justiciero, que tarde o temprano les exigirá cuentas. Ojalá que la Sala IV detenga a tiempo ese entuerto 9796 para no pasar por la vergüenza, como país, de que lo hagan los tribunales internacionales.

^[1] Según un refrán africano.

^[2] Ver: «Situación actual y propuesta de la ley para dar sostenibilidad a las pensiones»; https://www.pulsocr.com/situacion-actual-y-propuesta-de-la-ley-para-dar-sostenibilidad-a-las-pensiones/

^[3] Ver en Surcos digital: Personas jubiladas plantean recurso de amparo; https:/wp.me/p6rfbZ-bpe.

^[4] Constitución de la República de Costa Rica.

^[5] Tienen el cinismo de llamar «ahorro» al que esperan confiscar a los pensionados.

^[6] Suponiendo un PIB de 55,180 millones de Euros, o sea, de 34,865,547 millones de colones, al tipo de cambio del Euro actual, aproximadamente el del 2019.

^[7] La República tituló el 28 de mayo pasado: «Pensionados de lujo acuden a la Sala IV para reclamar ´regresividad´ en cobro de contribución especial».

^[8] Según un neologismo acuñado por Rafael Ángel Herra.

Imagen ilustrativa tomada de https://educacion.laguia2000.com/tipos-de-educacion/autonomia-docente

Balance del “plan fiscal” de Alvarado tras la resolución de la Sala IV: La crisis va pa’largo

Escrito en 04/12/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Director CICDE-UNED

Presidente Movimiento Diversidad

Una sentencia ideológicamente motivada

Es obvio que la resolución de la Sala no se limitó a considerar aspectos jurídicos. También quisieron entrar en razones económicas, pero desde una fundamentación frágil e ideológicamente motivada, según se desprende de lo dicho por Fernando Castillo, magistrado presidente de la Sala.

Aducen que no hay afectación ni a las universidades públicas ni a programas sociales del PANI, FODESAF e IMAS, “…porque se mantiene el presupuesto nominal vigente al momento de la aprobación de la ley”. Imposible saber si esto es fruto de la ignorancia o sencillamente muestra de irresponsabilidad, pero el caso es que la Sala pasa por alto que congelar esos presupuestos en los montos de 2018, garantiza, de forma inexorable, la pérdida de su poder adquisitivo real. Bajo el efecto corrosivo de la inflación serán simplemente humo en el viento. Baste suponer una inflación anual del 2,5% para que la reducción en términos reales sea del -12% al cabo de 5 años, y superior al -22% luego de un decenio.

Además, la Sala recurre a la falacia de autoridad, lo cual pone entre signos de pregunta la seriedad con que acometió su tarea. Dicen reconocer “…que este país sufre una crisis severa”, para lo cual apelan a lo dicho por la Contraloría, el Banco Central y el IICE-UCR. Aquí lo que menos interesa es si la crisis existe o no. Es obvio que existe. Pero lo que se nos está diciendo es que la solución planteada oficialmente con base en el proyecto 20.580 es la correcta, la que Costa Rica requiere, y que ello es así porque lo dicen los expertos a cuya “autoridad” la Sala apela.

Es por completo inaceptable que un tribunal de tan alto nivel razone de forma tan sesgada. Una tesis no es veraz por el hecho de que lo diga una institución o persona en particular, por grande que fuere su prestigio o elevada su investidura. Lo que importa es la solidez teórica y argumental, y el respaldo empírico. Y, sea dicho con el debido respeto, lo cierto es que lo planteado por las tres mencionadas “autoridades” resulta, como mínimo, muy discutible. Y, de hecho, los últimos meses vieron desplegarse un intenso debate nacional que, aunque ignorado por la prensa comercial, dejó en claro una cosa: la propuesta oficial materializada en el proyecto 20.580 enfrenta serios cuestionamientos, muchos de los cuales jamás recibieron ninguna respuesta satisfactoria.

O sea, y en resumen: la Sala escuchó las voces que quiso escuchar, e ignoró las que podían incomodarla ideológicamente. Puede que tengan la potestad legal de hacerlo, pero desde el punto de vista del ejercicio democrático, su proceder es viciado. Razonaron y decidieron desde una lógica extrajurídica, tendenciosa, antidemocrática e ideológicamente interesada.

El 20.580: una falsa solución

Se nos repite que, en su aspecto propiamente tributario, la reforma es progresiva, o sea, que reparte las cargas de los nuevos impuestos en forma equitativa, poniendo el mayor peso en los sectores de más alto ingreso. Eso resulta sumamente discutible (véase mi artículo: Plan fiscal: ni justo ni progresivo).

Pero, además, es una reforma harto insuficiente. Como construir una casa de cartón para guarecerse de un furibundo huracán.

En una nota, tipo cuento de hadas y cargada de almibaradas promesas, La Nación se ve forzada a tragar, como quien no quiere la cosa, la siguiente gota de amargo realismo: “Se prevé que la reforma fiscal genere en 2019 un 0,57% del producto interno bruto; para ese año se proyecta un déficit de 7,9%”. O sea, y en el mejor de los casos (sumando las medidas de recorte que impulsa la Ministra Aguilar), tendríamos un déficit del 7%, o superior, como proporción del valor de la producción nacional (el Producto Interno Bruto, PIB). O sea: de magnitud relativa comparable, tal vez superior, a la de este año.

Con un déficit tan considerable, la deuda inevitablemente seguirá creciendo. Este año 2018 terminará en los alrededores del 54 o 55% del PIB. Para el año entrante, con tales previsiones acerca del déficit y el mediocre crecimiento de la economía, podría exceder del 60%. Que sea un poco menor o mayor depende del nivel de las tasas de interés. Muchos indicios apuntan que hacia ahí se mueve el gobierno: espera que, con esta ley en la mano, se le facilitará el acceso a financiamiento externo: primero unos $1.000 millones provenientes posiblemente del BID, y una posible emisión de $6 mil millones para los siguientes años. La apuesta es doble: tasas de interés algo más favorables a nivel internacional, y debilitar el chantaje por parte de quienes, a lo interno, presionan por tasas más altas.

De cualquier forma, el alivio que se logre será limitado: $1000 millones al año tan solo cubrirían una cuarta parte del total del déficit fiscal. Además, las tasas de interés que se obtengan no serán tan favorables como podría creerse: primero, porque la imagen internacional del país ha desmejorado y –más importante– porque el contexto internacional está en proceso de cambio, con tasas de interés al alza. Lo que se pueda reducir en los pagos por intereses será entonces muy poco o nada significativo. De modo inevitable, la deuda continuará su ruta ascendente. Es simplemente otra forma de tirar la bola para adelante, pero con un agravante: hablamos de deuda en moneda extranjera, lo que agranda eso que en la jerga usual llaman “riesgo cambiario”, es decir, el riesgo asociado a una posible devaluación que incrementaría, de golpe, el peso de la deuda y de sus pagos, para el gobierno costarricense.

He dicho y lo reitero aquí: bajo supuestos muy optimistas, podríamos esperar que la aprobación del proyecto 20.580 traiga un breve período de calma, quizá durante varios meses. No más que eso porque en muy poco tiempo se evidenciará que el problema sigue plenamente vivo y actuante. En ese contexto, todas las maniobras para obtener financiamiento externo, serán al modo de atajos. Proporcionarán un alivio leve, al costo de agudizar los peligros futuros.

PLN y gobierno PAC: «diálogo» de convencidos.

¿Qué sigue?

Siempre fue claro que el 20.580 no resolvía nada. En medio de sus poses milenaristas y sus discursos mesiánicos (“20.580 o apocalipsis”), el gobierno no podía dejar de reconocerlo, escudado tímidamente en el dicho “es un primer paso”. Siempre fueron omisos en el deber inexcusable de explicarle a la ciudadanía cuáles “pasos” seguían. Recién en los últimos días, levantan un poco el velo: aparte los ambiciosos planes de endeudamiento externo, se nos habla de profundizar las reformas al empleo público. También, y de diversas formas insinúan (por ejemplo, en los pronunciamientos del Banco Central), una aplicación estricta de la “regla fiscal”.

Se profundizaría así un sendero que el 20.580 deja abierto: el de la precarización del empleo público, sin más criterio que la precarización misma, ya que no se plantea nada que pudiera significar un esfuerzo de mejoría sustantiva en aquello –que es mucho– que realmente lo requiere. Por su parte, la “regla” impondrá límites sobre programas sociales y recortes al gasto, con negativas consecuencias sociales y económicas, incluso un deterioro adicional de la economía y el empleo –ya bastante deteriorados, sobre todo el segundo– lo que, como el perro que se muerde la cola, repercutirá negativamente sobre las propias finanzas públicas.

Es una hoja de ruta que atiza el conflicto y la polarización social. Las élites políticas lo saben y ya intentan prevenirlo, mediante reformas draconianas a la legislación laboral, de un carácter tal que prácticamente anulan el derecho a huelga y limitan severamente el derecho a la protesta social. El tufito antidemocrático que despide el proyecto 20.580 (sobre todo, pero no exclusivamente, en el apartado de la regla fiscal), adquiere así contornos más nítidos.

Y, sin embargo, es posible que la alianza de las élites PAC-PUSC-PLN no quiera acometer reformas tan radicales como las que, por ejemplo, propone Eli Feinzaig, economista que ha asumido, con notable lucidez, el liderazgo del “libertarianismo” tico. Lo suyo es un programa de privatización, liberalización y desregulación en toda regla.

Si ya el programa neoliberal relativamente atenuado por el que optan Carlos Alvarado y sus aliados, comporta altos niveles de conflictividad, y por ello mismo requiere de un proceso de paulatino pero implacable empobrecimiento de la democracia, el de Feinzaig impondría exigencias mucho mayores en ese particular. No obstante lo cual, ambos comparten una misma estrategia política: avanzar a empujones y sin posibilidad de diálogo. Se “dialogará” entre “quienes opinen igual”, en cónclaves de convencidos, con profusión de palmaditas en la espalda y festivo intercambio de felicitaciones. Las voces disidentes jamás seremos escuchadas.

Pero una cosa es clarísima: la crisis va pa’largo, muuuy largo.

Enviado por el autor.

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Sala IV ordena no otorgar nuevas disponibilidades de agua en Playa Potrero

Escrito en 20/05/2018. Publicado en Agua, Derechos.

Confraternidad Guanacasteca envió a SURCOS un comunicado en el que se manifiesta que:

La Sala Constitucional en EXPEDIENTE 17-004535-0007-CO mediante VOTO Nº 2018- 002898, declaró CON LUGAR la demanda de INSTITUTO OCEANOLOGÍA DE COSTA RICA, contra EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS y LA ASADA DE PLAYA POTRERO.

Quedó debidamente probado que el AyA es quien genera y permite la sobre explotación del acuífero costero de Playa Potrero y con ello provoca el riesgo de salinización del mismo.

Se ordena… abstenerse de otorgar nuevas disponibilidades de agua originadas del acueducto de Playa Potrero.

Además los Magistrados ordenan a las autoridades del AyA, en un plazo de 3 días, entregar la información sobre la cantidad de disponibilidades de agua otorgadas por la Cantonal de AyA, para las zonas de Potrero y Flamingo.

AyA se ha negado a suministrar información pública. Posiblemente porque revelaría un abuso y tráfico de influencias para construcciones en zonas abastecida por el AyA en Flamingo.

De esto nos enteraremos el lunes próximo, cuando vence el plazo otorgado.

Aportamos abajo un resumen de la Resolución 2018- 002898. (los resaltados no son del original)

II.- Objeto del recurso. la Asada recurrida y el AyA, continúan otorgando previstas de agua para las nuevas construcciones, poniendo en riesgo de salinización a los caudales de agua y a toda la comunidad de playa Potrero.

III.- Hechos probados.

g) Desde el año 2012, el sistema de cuencas de Playa Potrero, Brasilito y Brasilar, en su conjunto, presentaba niveles de sobreexplotación de aguas subterráneas (informe bajo juramento de la autoridad recurrida).

h) Mediante oficio SENARA número DIGH-032-16 del 09 de febrero de 2016, … comunica: “Por medio de la presente se le reitera la preocupación del SENARA en cuanto al estado actual del acuífero de Potrero, al cual se le hicieron análisis de agua, mostrando una condición de afectación alta por intrusión salina, razón por la cual, es conveniente, que se tomen las medidas necesarias para la reducción de la explotación del acuífero, lo que implica que no se deben aprobar nuevas solicitudes de servicios de agua” (informe bajo juramento la autoridad recurrida y documentos aportados).

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso. Se ordena… abstenerse de otorgar nuevas disponibilidades de agua originadas del acueducto de Playa Potrero.

También, se ordena a… Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que dentro del plazo de tres días, brindar la información solicitada por la recurrente el 2 de junio de 2016.

SE ANEXA

Voto completo, para escuchar los comentarios de los entendidos en la materia.

voto potrero

Imagen tomada de https://vozdeguanacaste.com de la nota “Más de 50 policías y funcionarios del AyA rompieron candados de Asada de Playa Potrero en Santa Cruz”

Enviado por Confraternidad Guanacasteca.

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Sala declara parcialmente con lugar amparo contra la política uso justo de Internet móvil

Escrito en 15/07/2017. Publicado en Derechos.

SC-CP-16-17

San José, 14 de julio de 2017.

Comunicado de Prensa

Sala declara parcialmente con lugar amparo contra la política uso justo de Internet móvil pospago

Por sentencia 2017-11212 de las 12:15 hrs. del 14 de julio de 2017, la Sala Constitucional, por mayoría (Cruz Castro, Castillo Víquez, Rueda Leal-como magistrado ponente-, Salazar Alvarado y Pacheco Salazar), declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo 17-000191-0007-CO (al que se acumularon los recursos 17-003364-0007-CO y 17-4259-0007-CO), en el que varios recurrentes cuestionaron la política de uso justo que contienen los contratos de los operadores de internet móvil pospago.

El por tanto, en lo que interesa, declara parcialmente con lugar el recurso solo en contra de la SUTEL y le ordena al Presidente del Consejo de ese órgano tomar las medidas necesarias para que en el plazo de CUATRO MESES con base en estudios técnicos:

1) Determine la velocidad mínima de conexión a Internet que servirá de base para la aplicación de la política de uso justo, a fin de que el usuario afectado por dicha política mantenga un acceso funcional a Internet.

2) Defina la periodicidad con que debe actualizar dicha velocidad por tratarse de un concepto dinámico que varía conforme avanza la diversidad de elementos tecnológicos que afectan a la Internet, como la riqueza de recursos (por ejemplo multimedia) que se ofrecen, los medios transmisión de datos, la capacidad de comprensión de datos, entre otros.

De previo, en el plazo improrrogable de UN MES a partir de la notificación de este pronunciamiento, la SUTEL deberá fijar técnicamente una velocidad mínima funcional provisional, que regirá mientras cumple a cabalidad lo ordenado anteriormente.

En tanto se determina la velocidad mínima funcional provisional, la SUTEL les permitirá a los operadores continuar aplicando sus respectivas velocidades mínimas de conexión a Internet, a fin de evitar que una repentina suspensión de la política de uso justo produzca efectos adversos en el tráfico en la Internet móvil.

Transcurrido ya sea el plazo de un mes sin que la SUTEL haya definido técnicamente dicha velocidad mínima funcional provisional, o bien el plazo de cuatro meses sin que ese órgano haya cumplido a cabalidad lo supra ordenado, se suspenderá la aplicación de la política de uso justo.

Los Magistrados Cruz Castro y Castillo Víquez ponen notas separadas. Los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal adicionalmente declaran con lugar el recurso en cuanto a la audiencia pública por violación al derecho constitucional a la participación ciudadana. La Magistrada Hernández López y el Magistrado Hernández Gutiérrez salvaron el voto y declararon sin lugar el recurso.

Algunas de las razones del voto de mayoría son las siguientes.

1) El acceso a la Internet no solo es un derecho fundamental por sí mismo, sino que también es una herramienta que potencia de manera incalculable el ejercicio de otros derechos fundamentales (como el derecho a la información, a la transparencia en la gestión pública; a la libertad de expresión, o a la educación, entre muchos otros). De este modo, la Internet ha revolucionado la manera en que las personas se comunican y la información se transmite; de ahí que sea constitucionalmente relevante.

2) Dado que los recursos de las redes de Internet móvil son limitados, se justifica la aplicación de la política de uso justo a quienes hacen un uso extraordinario de él. Sin embargo, tal política no puede lesionar el mínimo irreductible de un derecho fundamental, también denominado contenido esencial. Esto último se ve afectado, cuando la velocidad de Internet móvil se reduce a un nivel tan bajo, que prácticamente vuelve ese recurso inutilizable o no funcional.

3) Por concernir directamente al contenido esencial de un derecho fundamental y con base en las propias funciones impuestas a la SUTEL, la Sala estima violatorio del derecho fundamental de acceso a la Internet, que ese órgano, en lugar de definir científicamente la velocidad mínima funcional que se debe aplicar en la política de uso justo (a fin de que el usuario afectado por dicha política mantenga un acceso funcional a la Internet móvil), más bien haya delegado tal definición en los operadores. Se aclara que la Sala no define cuál debe ser la velocidad mínima funcional por tratarse de una cuestión técnica ajena a la naturaleza sumaria del amparo. Lo que sí puntualiza es que solo compete a la SUTEL determinar tal velocidad.

4) Igualmente deviene violatorio del derecho fundamental de acceso a la Internet, que la SUTEL no haya definido con qué periodicidad se debe actualizar dicha velocidad mínima funcional, toda vez que se trata de un concepto dinámico que varía conforme avanza la diversidad de elementos tecnológicos que afectan a la Internet, como la riqueza de recursos (por ejemplo multimedia) que se ofrecen, los medios transmisión de datos, la capacidad de comprensión de datos, entre otros.

5) En la sentencia se aclara que la disminución de velocidad es un mecanismo de gestión de tráfico que pretende descongestionar la red, por lo que la política de uso justo únicamente puede ser aplicada cuando hay congestión.

6) Con base en el artículo 46 de la Constitución, la Sala enfatiza el derecho de los usuarios a contar con información suficiente y de calidad. Sería improcedente denominar un contrato de acceso a Internet como “ilimitado”, cuando dicho acceso en realidad se encuentra sometido a la política de uso justo, la cual constituye precisamente un límite al acceso (por ejemplo, al permitir una disminución de la velocidad de navegación en ciertas circunstancias).

La Magistrada Hernández López y el Magistrado Hernández Gutiérrez salvaron el voto y declararon sin lugar el recurso.

*Imagen con fines ilustrativos tomada de tecnologia.uncomo.com

Enviado por Rafael López Alfaro.

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Sala IV se trae abajo ley que disminuye áreas protegidas

Escrito en 04/03/2017. Publicado en Madre Tierra.

Según FECON “Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”

Quedaron sepultados, al menos por ahora, los planes para industrializar áreas protegidas, así como el megaturismo, el canal seco, la expansión de monocultivos y otros proyectos para repartirse el patrimonio natural del Estado que buscaba la Ley nº 9205 de 23 de diciembre de 2013 por medio de una acción interpuesta por FECON y El Sindicato de Trabajadores de MINAE del SITRAMINAE.

La acción declarada a lugar por la Sala Constitucional (ver texto), asegura que con la ley No.9205 se estaban titulando tierras que pertenecen al Parque Nacional Tortuguero, el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra del Colorado, la Zona Protectora de Tortuguero, el Humedal Nacional Cariari y El Refugio de Vida Silvestre Dr. Archie Carr.

La ley buscaba privatizar áreas silvestres protegidas para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de particulares. Todo esto sin contar con los requisitos que se exigen por Ley para seguir este procedimiento.

Para poder retirar las áreas protegidas del dominio público se requiere de estudios que demuestren que el ambiente no se verá perjudicado. Sin embargo, en este caso no se realizaron los análisis correspondientes. Del expediente legislativo n° 17838, que corresponde a la ley cuestionada, se desprende la ausencia de este requisito (Ver advertencia).

El voto N° 2017 002375 de la Sala IV asegura: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula la Ley N° 9205, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), declaratoria que alcanza también a la reforma de los artículos 1, inciso f), y 11, ambos de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley N° 139, de 14 de julio de 1941, y sus reformas, operada por el artículo 17, de la legislación anulada. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la Ley anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe”.

Aunque todavía está en redacción del voto completo, se pone en evidencia el incumpliendo del Estado costarricense con su obligación constitucional de proteger los bienes que sean de su propiedad, en beneficio de la colectividad.

Ley para efectos electorales. Como si fuera un acto de campaña electoral, rozando con el delito de beligerancia política, en plena etapa final de las elecciones de 2014, el 23 de diciembre, la presidenta firmó esta ley en que en pretendía resolver una problemática de miles de familias de seis cantones ubicados entre Moín de Limón y Cureña de San Carlos, en Alajuela.

Para el Presidente de FECON, Mauricio Álvarez “se trató de un acto de clientelismo político típico del Partido de Liberación Nacional, pues había un pronunciamiento muy claro de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa advirtiendo de la inconstitucionalidad del proyecto, pero por razones de cálculos electorales de votos de 10 000 mil familias beneficiadas, fueron obviados los señalamientos del diputado José María Villalta y de los técnicos legislativos”.

Álvarez agregó que “en realidad como siempre el gobierno de turno usa a la gente para entregar títulos pero el interés es abrirle camino a otro megapuerto ligado al canal seco, la industrialización de Moín, marinas y avanzar con el megaturismo en la zona. Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”.

FECON subraya que igual suerte correrán la Ley 9373 que pretenden suspender durante 24 meses demoliciones y desalojos a personas en zonas de Patrimonio Natural del Estado y zonas especiales que han seguido el mismo procedimiento a pesar de las mismas advertencias de los servicios técnicos (ver más).

Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165

Imagen tomada de http://www.feconcr.org

Enviado a SURCOS por FECON.

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A celebrar los ríos en Guacimal

Escrito en 18/02/2017. Publicado en Madre Tierra.

Este sábado 18 de febrero Guacimal y comunidades vecinas celebraron un año de que el fallo de la Sala Constitucional les diera la razón y se trajera abajo el Proyecto de Riego Guacimal-Los Ángeles-Sardinal.

La celebración se realizó mediante una caravana que arrancó a las 9 am, la cual culminaría con un acto simbólico en el río. Después de las 11 am iniciaron las actividades para niñas y niños, la marimba, venta de comidas y productos típicos de la zona, terminando con un baile. Todas las actividades se realizaron en el local de la Feria de Guacimal este sábado 18 de febrero.

Las fuerzas vivas de la comunidad crearon una coordinadora con otras poblaciones cercanas, la llamada Alianza de comunidades por la Defensa del Agua que asegura que “estaremos conmemorando este logro de la unión comunal, que costó días enteros de esfuerzos, largos debates, marchas y hasta bloqueos. Por eso recordaremos el triunfo con una MERECIDA CELEBRACIÓN. Venga usted con su familia a disfrutar, comer, aprender, cantar o bailar cumbia y marimba con toda la gente que apoya la causa de defender los ríos de Puntarenas”.

Antecedentes

Este polémico proyecto pretende extraer 75 litros por segundo del Río Veracruz y llevarlos a Sardinal para uso de riego de fincas ganaderas, lo que según vecinas y vecinos de Guacimal pone en riesgo las pocas fuentes de agua de la zona.

La Sala indicó en aquel momento que “se declara con lugar el recurso. Se anula la inclusión del Proyecto de Riego Sudagua al Plan General de la Emergencia por Sequía en el Pacífico Central y Norte del país, según el Decreto Ejecutivo No. 38642-MP-MAG, publicado en la Gaceta No. 195- viernes 10 de octubre del 2014, que declara Estado de Emergencia. Asimismo, se anula la resolución No. 1710-2015-SETENA”.

Este fue el segundo fallo donde la Sala les dio la razón, pues la comunidad ha estado defendiendo desde 2011 el Río Veracruz del proyecto de riego pues considera que faltan datos, estudios ambientales y participación efectiva en el manejo de un recurso tan escaso en la región. En 2014 se interpuso un primer recurso de amparo por la ausencia de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aunque el recurso fue declarado con lugar, la comunidad asegura que fue burlado porque el Decreto Ejecutivo N° 38642-MP-MAG, emitido ante la emergencia de la sequía, fue usado por los dueños del proyecto para iniciar su construcción sin presentar el Estudio de Impacto Ambiental.

Actualmente el proyecto se encuentra definiendo en SETENA el tipo de evaluación ambiental requerida, pues los impulsores y SETENA insisten en un instrumento menos riguroso que el solicitado por la Sala, decisión que está siendo impugnada por la comunidad. Mientras en la Dirección de Aguas del MINAE un proceso interno define la anulación o vigencia de la concesión, pues ha sido sujeto de una serie de anomalías y cuestionamientos por parte de la comunidad.

La comunidad ha realizado manifestaciones en SETENA, MINAE, Casa Presidencial, Dirección de Aguas y muchas otras instancias para que el agua de este río pueda ser prioritaria para el consumo humano de decenas de comunidades que tienen problemas de agua en la región.

Para más información: alianzahidrica.pts@gmail.com, Tel: 8781 4512 FB: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua.

Enviado a SURCOS por TCU kioscossocioambientales UCR.

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