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Etiqueta: salario mínimo

Aprender del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia

Vladimir de la Cruz

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió la Presidencia de la República, en su discurso del 8 de mayo de 1940, manifestó que seguiría los lineamientos, que habían contribuido en su formación personal, desde el hogar y de sus estudios en Europa, en Bélgica, cuando se formaba como médico, de la doctrina social cristiana, en ese momento, 1940, la Encíclica Rerum Novarum, el Código Social de Malinas y la Encíclica Cuadragésimo Anno. En ese momento no mencionó Garantías Sociales ni Código de Trabajo.

Su formación en la Europa de la post guerra, de la I Guerra Mundial, y de sus estudios y lecturas, le profundizaron su sensibilidad social, junto a la que la formación de médico le daba.

Al regresar a Costa Rica, a finales de la década de 1920, vio con dramatismo, que lo marcó para los años siguientes, los males sociales que se vivían en el país, en esos años, el desamparo social, los “desheredados”, como él los llamó, la injusticia social, las malas viviendas carentes de aire y de luz, las enfermedades que agobiaban a la población nacional, la indigencia, el hambre, la alta mortalidad en partos, los malos salarios, la falta de protección social, el negarle a los trabajadores el derecho que lo que les produce su trabajo les genera.

Observó la caridad y la beneficencia de la época como una práctica “humillante”. Señaló contundentemente que con desnutrición en la niñez y en la población “las medicinas sobran” y, enfatizó que a los niños pobres se le negaba el derecho a la vida.

Claramente sentía que nadie podía sentirse orgulloso al observar ese panorama de la Costa Rica de finales de la década de 1920, que no parece muy alejado al de la Costa Rica actual.

Consideraba el Dr. Calderón Guardia que las causas de estos males eran las condiciones económico-sociales que se vivían, que se están volviendo a repetir, de manera agudizada y evidente, en este momento de la Pandemia, y que por ello él no podía perder la noción de la Justicia.

Para él su paso por la Universidad europea fue la que le abrió los ojos para ver mejor esta realidad, y para no ser indiferente ante ella, especialmente ante los problemas sociales, como él mismo señalaba, y no ser indiferente ante el dominio del poderoso sobre el débil y ante la esclavitud económica de las grandes mayorías sociales.

Su paso por la Municipalidad de San José, 1930-1934 y por el Congreso de la República, 1934-1939, le dieron la visión política, que le permitió, al asumir la Presidencia en 1940, tener claro su propósito de Gobernante.

Apoyado e impulsado a la candidatura presidencial por fuerzas conservadoras, y ganando con un gran apoyo popular, 88% de la votación presidencial, entendió que él tenía una gran responsabilidad personal y política frente a quienes le habían confiado el destino del país, en un momento crucial de la vida internacional, sin dimensionar aún, en 1940, el peso que tendría la II Guerra Mundial iniciada en setiembre de 1939, en la economía nacional y en la vida social del país.

Al asumir la Presidencia esbozó su camino en la dirección de que Costa Rica seguiría una senda de bienestar y progreso.

Hasta el 1 de mayo de 1941 informó que enviaría al Congreso su Proyecto de las Garantías Sociales. Ya había impulsado la apertura de la Universidad de Costa Rica el 26 de agosto de 1940, y en marzo de 1941, la Universidad iniciaba sus primeros pasos. Al señalar los Seguros Sociales manifestó que eran un instrumento de paz social y que respondían al deber del Estado de prevenir que la sociedad se debilitara. Eran los seguros de enfermedad, invalidez, vejez y muerte los que iniciaban.

Un año más tarde, el 1 de mayo de 1942, con contundencia anuncia el inicio de la Caja Costarricense del Seguro Social. De nuevo señala que esta institución es en beneficio de la clase trabajadora, que es una institución imprescindible de Costa Rica, que es un Derecho inalienable del pueblo, que asegura las bases de la paz.

En esta misma dirección se pronunció ese día a favor del salario mínimo, de la jornada máxima de 8 horas de trabajo, del derecho de sindicalización de trabajadores y patronos, de la protección del anciano, la madre y el niño y, anunció el Proyecto de Garantías Sociales y la Reforma al Artículo 29 de la Constitución Política, el equivalente al actual Art. 45 de la Constitución Política, para darle un uso social a la propiedad cuando fuere necesario, al mismo tiempo que inicia la redacción del Código de Trabajo.

En diciembre de 1941 tomó la decisión de declarar la Guerra a Japón, Italia y Alemania, como resultado de los ataques a las bases norteamericanas de Pearl Harbor, en solidaridad con los Estados Unidos. Esto provocó que los sectores políticos que hasta ese momento le habían apoyado le zafaran su apoyo, y hasta intentaran sin éxito un Golpe de Estado, advirtiendo en setiembre de 1942, que había sectores y “amigos” que le decían que estaba “acabando su carrera política” y que “estaba quemando las naves”.

Esto lo llevó, inevitablemente, a separarse y a enfrentarse a esos sectores, y al mismo tiempo a buscar otros aliados sociales y políticos, lo que se materializó en los sucesos políticos de junio de 1943, cuando públicamente se unieron, alrededor de las políticas sociales y de la Reforma Social impulsada, el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Calderón Guardia y la Iglesia Católica dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, uno de los pactos de mayor trascendencia política que ha tenido el país, que se materializó, también, en el pacto electoral de la Coalición el Bloque de la Victoria, que impulsó la candidatura de Teodoro Picado, que lo llevó a la Presidencia de la República, en 1944, para asegurar la continuidad de la Reforma Social que había nacido a la vida jurídica y constitucional en 1943.

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió esta responsabilidad manifestó públicamente, en setiembre de 1942, que esa era su responsabilidad como Gobernante, y como Hombre, ante el Problema Social que vivía el país.

Enfatizó que el Gobernante debe actuar en conciencia de sus Deberes, Ideas y Motivaciones, con pensamiento abierto con los Deberes históricos. Decía que respondía a la conciencia colectiva de la opinión pública y se colocaba en juicio ante la posteridad. Su decisión era un acto de rendir cuentas y de responder por la acción social del Gobierno, que estaba impulsando.

Para el Doctor Calderón Guardia el Gobernante no podía darle la espalda al pueblo en su misión social, porque en su sitio presidencial se debatía entre gobernar a favor de los intereses creados o en gobernar para el pueblo. Para él, el problema más difícil que tenía el gobierno era la miseria, situación similar a la que está desarrollándose en el país hoy.

Por eso, él asumió, en sus propias palabras, el esfuerzo a favor del “proletariado nacional”, por elevar la condición económica, social, moral y cultural del pueblo. Por ello impulsó políticas contundentes de Asistencia Pública en salud, el Consejo Nacional de Nutrición, el saneamiento de poblaciones, el suministro de agua potable, el desarrollar y fortalecer la educación, la política de calzar campesinos, trabajadores agrícolas, “peones”, y niños, atacar el costo de la vida golpeando hasta donde pudiera el agiotismo y el acaparamiento de víveres, estableciendo la Ley de Inquilinato para regular y congelar alquileres, impulsó la Junta de Habitación y la Cooperativa de las Casas Baratas o de la “Familia”, revisar salarios, no para bajarlos, sino para asegurarlos como base del futuro bienestar de los trabajadores. Así también desarrolló el Derecho “Obrero”, el Derecho Laboral. Para el Dr. Calderón Guardia Trabajo y Salarios tenían que garantizar una vida digna y un régimen de trabajo “realmente Humano”.

Ante la situación que vive el país hoy, el embate que se produce contra las clases trabajadoras en general, contra las clases medias y el empobrecimiento de los profesionales, el ataque contra los salarios y las pensiones, contra los micro, pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, de la guillotina que se ha dejado caer contra los beneficios sociales históricamente logrados, con el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, del desempleo de hombres, de mujeres y especialmente de mujeres cabeza de familia, el desempleo de jóvenes, hace falta un Presidente, y líderes políticos, que como el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con su estatura moral, hable libremente con sinceridad, muestre sus verdaderas intenciones y motivaciones, que se inspire en el amor al pueblo, en el bien de la Patria, sacrificando conveniencias personales, y actuando de acuerdo a la necesidad de Justicia, porque quien niega sus convicciones se niega a sí mismo.

Los herederos del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, su Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Republicano Social Cristiano, principalmente, con sus líderes y diputados más destacados hoy pareciera que no tienen ni idea de quien fue el Dr. Calderón Guardia, desconocen su pensamiento y obra, reniegan cotidianamente desde la Asamblea Legislativa de su herencia político social, y le escupen a la cara constantemente con sus políticas antipopulares y anti clases trabajadoras.

De los otros partidos políticos, representados en la Asamblea Legislativa y en el espectro político electoral nacional, menos le son fieles a esa herencia social, y en su conjunto carecen de una visión histórica de cuáles son las fuentes y raíces que han construido la Costa Rica actual, de cómo se edificaron las bases y las estructuras de edificio político de la democracia social, que ellos mismos están cavando.

Ni qué decir de la ausencia de un Presidente de la República que ante este recuerdo del Dr. Calderón Guardia, parece caminando solo en un desierto, sin orientación política de hacia dónde dirigirse y, lo peor, sin alma ni sensibilidad social.

Intereses creados

SURCOS recibió de SITRAHSAN, sindicato del Ministerio de Hacienda, el siguiente comentario:

“Uno de los pocos aciertos sociales que tenía este Gobierno, fue la estrategia de respeto al salario mínimo inembargable, que desde hace meses intentó generar, primero una directriz, luego un decreto, pero al final, parece ser que “hay mano peluda” metiéndose por las moras de algunos poderosos financieros, o garroteros acreedores de deudas contra nuestros compañeros.

Esta organización, y sus afiliados hace una manifestación pública, como una denuncia social, en virtud de que los poderosos parecen ser quienes “atilintan los hilos” para mover ciertos actores del gobierno en pro de esos intereses usureros.

Es hora de que tomemos conciencia y presionemos para que las políticas de reactivación económica, no sólo se orienten a los exportadores, o poderosos usureros financieros, los trabajadores merecemos contar con un salario mínimo protegido legalmente y dignificar nuestra labor.

En el plenario legislativo se analiza un proyecto de mora para el registro de accionistas, si eso no les da a ustedes ninguna señal de cómo se tejen las políticas públicas, pues a pesar de haberse establecido legalmente la norma, cuentan con actores políticos que, agrupados, le restan a la Administración Tributaria la posibilidad de aplicar sanciones.

Lo peor de todo, legislar sobre algo, si el Ministerio de Hacienda tiene la posibilidad legal en el Código Tributario de obtenerla por facultad. En fin, parece ser que nuestros funcionarios a nivel de directores desconocen de las normas tributarias y su efecto o alcance, y lo peor aún, crear una norma donde el Ministerio de Hacienda vela por su cumplimiento, pero es el BCCR quien define como se aplicarán los datos.

Se estableció por Código Procesal Laboral, artículo 172, un mínimo de salario digno, que debe ostentar el funcionario público, ese objetivo es dotar de capacidad mínima alimentaria a los funcionarios públicos y la pregunta de mérito es: ¿Por cuál razón en nuestro Ministerio, aun cuando no hay decreto de MIDELAN, no iniciamos esa práctica?”

 

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¿Vía rápida para el empleo público? ¡Vía rápida para la Huelga General!

Aunque no podemos hablar por la totalidad del Movimiento Sindical representante de la clase trabajadora asalariada del sector Público pues apenas somos una corriente parte del mismo, sí podemos afirmar que hay claridad en cuanto a que la única posibilidad de enterrar, definitivamente, el proyecto de Empleo Público es la HUELGA GENERAL y con carácter indefinido según diversos criterios que se vienen manifestando dentro de la dirigencia sindical nacional.

Se ha venido planteando que el mejor momento para el arranque de esa HUELGA GENERAL y que podría tener un carácter indefinido, es que sea al día siguiente de que en la Asamblea Legislativa le dieran vía rápida a la tramitación del expediente legislativo 19.506.

Al ser así las cosas, el gran desafío para el Movimiento Sindical en la presente coyuntura, que es la más difícil de toda la historia del Empleo Público de nuestro país, es articularse en el marco de la diversidad que le caracteriza para desarrollar ese desafío de la HUELGA GENERAL con una gran unidad sindical en la acción, más allá de las divergencias entre los dirigentes.

En tal sentido, desde el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y desde el Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), reiteramos el más transparente, vehemente y respetuoso llamado a la unidad sindical en la acción a todos los colegas dirigentes de las otras corrientes sindicales que, de una manera u otra, también han venido levantando activa y militantemente las banderas de la defensa obrera en el marco de la feroz campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de quienes laboran para el Estado.

Pero, además, este enorme desafío para la más amplia unidad sindical en la acción es doble en esta delicada coyuntura.

El pacto entre el Gobierno-PAC y el Partido Liberación Nacional (PLN) para atacar derechos salariales y laborales de los empleados públicos, agrede también a toda la clase trabajadora sin excepción, al imponerle a la misma un aumento de 2 puntos en el impuesto sobre las ventas, transformándolo en impuesto al valor agregado (IVA), pasándolo del 13 al 15 %.

Esto constituye una severa y condenable agresión económico-social no solamente para quienes están como asalariados en el sector privado bajo la “dictadura” del salario mínimo (que por cierto, ni siquiera se aplica a casi la tercera parte de este segmento laboral), sino para ese gran conglomerado obrero de la economía informal que está ya acercándose al 50 % de la Población Económicamente Activa (PEA).

En definitiva, el proyecto de Empleo Público, expediente legislativo 19.506 y aumentar del 13 al 15 % el impuesto sobre las ventas, son dos injustas medidas para profundizar la peligrosa senda de la desigualdad, la de la concentración de la riqueza, la de la exclusión y la de la violencia social.

Este pacto Gobierno-PAC con el Partido Liberación Nacional (PLN), empleo público a cambio de IVA sirve como elemento para explicarse las razones por las cuales entre un 50 y un 70 por ciento de la población electoral nacional se siente estafada, políticamente hablando.

En el caso del sector Público, con unas 300 mil personas trabajadoras asalariadas, se puede hablar de cerca de 1 millón de votos que estarían buscando una seguridad laboral, social y laborar que no parece que vendría ni del propio PAC, ni mucho menos del PLN y sus turecas del parlamento.

Tenemos fe de que el Movimiento Sindical en su conjunto estará a la altura de semejante desafío histórico, considerando que todas las bases laborales y sociales que representamos ya están unidas, ansiando y demandando que los dirigentes nos unamos y nos sentemos a trabajador en la planificación de esa HUELGA GENERAL.

San José, viernes 6 enero de 2017.

Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC)

Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

PATRIA JUSTA:

Colectivo Sindical integrado por:

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)

Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)

Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP)

Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (SITRAP)

Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA

Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y de la Fábrica Nacional de Licores (SIPRO-CNP)

Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)

Firmas responsables:

Gilberth Díaz Vásquez

Albino Vargas Barrantes

 

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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Maniobra patronal en la piñera Finca Once para desaparecer a la UNT

Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT)

Comunicado de Prensa

 

Como es común en todas las piñeras y plantaciones en general, los patronos realizan todo tipo de acciones, amenazas, ofrecimientos, asignación de los peores trabajos y hasta el despido, para impedir que las personas trabajadoras ejerzan libremente el derecho humano fundamental de organizarse en sindicato.

Estas prácticas anti sindicales y violatorias de la legislación laboral costarricense, así como la pasividad y hasta complacencia de las instituciones del Estado para con estos empresarios, han sido denunciadas en los mercados europeos por OXFAM Internacional y gracias a esta acción, las empresas piñeras han tendido que corregir algunas prácticas anti laborales muy evidentes, como la subcontratación de personal por medio de contratistas sin el pago de salario mínimo y mucho menos la cotización con la seguridad social; disponer de equipos con dotación de agua potable, letrinas y lugar más o menos aptos para la ingesta de alimentos.

Esto ha generado el enojo de los empresarios contra el sindicato y la gente organizada, y están echando mano de la figura de Comité Permanente como herramienta patronal para evitar el surgimiento y empoderamiento del sindicato, que es la única herramienta que tienen los trabajadores para defender sus derechos.

Particularmente en FINCA ONCE, hoy martes 8 de noviembre, se convocó a todos los trabajadores para imponerles la conformación de un Comité Permanente, cuyos representantes son propuestos por el patrono y elegidos con su estricta vigilancia, por aquello de que algún trabajador se vaya a oponer a la matráfula. Valga decir que para curarse en salud y quitarse obstáculos del camino, la patronal envió a vacaciones a la dirigencia de la UNT, con el objetivo de evitar cualquier oposición a la constitución de este instrumento patronal.

No está de más recordar que esta herramienta que le facilita el Código de Trabajo a los patronos para desaparecer y proscribir al sindicato, que ha motivado infinidad de denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT; lamentablemente se mantiene incólume a pesar de la Reforma Procesal Laboral, lo que seguirá impidiendo el desarrollo de sindicatos en la empresa privada.

Como UNT preparamos una denuncia contra el representante legal de Finca Once por prácticas laborales desleales, esperando que los tribunales de trabajo hagan valer el derecho laboral costarricense.

 

Susan Quirós Díaz

Secretaria General

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Unión Nacional Trabajadoras y Trabajadores.

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La piña deja huellas amargas en Costa Rica

Comunicado

  • Los impactos ambientales y laborales de las piñeras no se pueden ocultar
  • Es urgente la intervención del gobierno para obligar al cumplimiento de la legislación nacional e internacional

 

Las comunidades que alojan plantaciones piñeras en Costa Rica, muchas en las zonas más pobres del país, conviven diariamente con riesgos de contaminación del agua y aire, pérdida de bosques y biodiversidad, erosión y cambios en el uso del suelo, y graves afectaciones a la salud de la población y a la producción ganadera por la plaga de la mosca Stomoxys calcitrans.

Los trabajadores de las plantaciones piñeras tienen suerte cuando les pagan el salario mínimo por jornadas extenuantes bajo el sol y por arriesgar su salud al exponerse a agroquímicos reconocidos como altamente tóxicos. Cuando tratan de organizarse en sindicatos para defender sus derechos, son perseguidos y corren el riesgo de perder sus inestables empleos.

Esas realidades han salido a la luz en la prensa nacional recientemente, a raíz de la investigación que realizó Oxfam Alemania en nuestro país en el marco de su campaña “Hacer la fruta justa”. En su última visita en octubre, esa organización internacional denunció que la situación en Costa Rica no ha mejorado desde su primera visita en 2008, al contrario la expansión del cultivo de piña ha llevado sus impactos a más comunidades costarricenses.

Sin embargo CANAPEP, la CNAA y COMEX dicen que estas denuncias son falsas. No quieren reconocer la responsabilidad de la producción piñera en la contaminación de acuíferos en Siquirres (Cairo, Milano y La Francia), que hace años limita el derecho humano de acceso al agua potable de miles de familias. Tampoco en la contaminación del acuífero de Veracruz en Pital, San Carlos, donde este año se encontraron en el agua rastros de bromacil, un herbicida altamente tóxico utilizado en las fincas piñeras que rodean el acuífero. No quieren reconocer las malas condiciones laborales que sufren los trabajadores de las piñeras, ni la persecución sindical que enfrentan cuando se organizan de forma independiente para defender sus derechos.

El sector piñero se niega a reconocer lo que viven a diario las comunidades cercanas a sus fincas y los trabajadores que sostienen su producción. Le quitan importancia a la preocupación que llevó al Consejo Municipal de Los Chiles a decretar una moratoria a la expansión del cultivo de piña, que sin embargo fue contradecida por la Sala IV. Si un gobierno local no puede ejercer sus potestades para organizar el territorio y garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a su población, ¿quién nos ampara?

Por lo tanto:

  1. Celebramos la visita de Oxfam Alemania a Costa Rica, porque nos ayuda a llamar la atención sobre esas realidades que enfrentamos todos los días, y que no deberían preocupar a las autoridades nacionales solamente cuando trascienden las fronteras.
  2. Rechazamos las declaraciones irresponsables del Ministro de Comercio Exterior, que prefiere defender los poderosos intereses económicos de compañías inescrupulosas antes que el interés nacional y los derechos humanos de las comunidades afectadas, tal como lo hiciera también Oscar Arias con la minería en Crucitas.
  3. Exigimos el respeto a la legislación nacional e internacional en temas laborales y ambientales, especialmente el reconocimiento en las fincas piñeras de la libertad sindical, que es el mejor mecanismo para que los trabajadores puedan defender sus derechos y denunciar las irregularidades sin temor a persecución o despidos.
  4. Seguiremos denunciando estas situaciones en alianza con los movimientos de consumidores y consumidoras conscientes, que quieren conocer las condiciones en que se produce la piña en Costa Rica y que están dispuestos a usar su poder de compra para mejorar esas condiciones.

 

Acueducto de Milano, Siquirres

Alianza de Redes Ambientales, ARA

Alianza Nacional en Defensa del Agua, ANDA

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente, ARCA

Bloque Verde

Campaña Piña sin Derechos

Coeco-Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica

Comité de Ganaderos de Los Chiles

Federación Ecologista Costarricense, FECON

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña, FRENASAPP

Fundación Bandera Ecológica

Fundación Neotrópica

Red Centromericana de Acción del Agua, FANCA

Unión de Asociaciones para el Desarrollo Sostenible de Upala, UNADESU

Unión Nacional de Trabajadores/as, UNT

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por ARCA.

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Las razones de la rabia patronal contra la Ley Procesal Laboral

En Costa Rica siempre han mandado los patrones, al punto que en una época, un pequeño grupo de terratenientes y ricos comerciantes se reunía y decidía quién sería el presidente de la República que gobernaría para ellos.

Durante buena parte del periodo republicano, no hubo legislación laboral y los contratos de trabajo se firmaban directamente entre el trabajador y su patrono, que era el que imponía los términos de la contratación a su favor.

En la década de los 40, esa situación comenzó a cambiar como resultado de la crisis económica y las ideas de avanzada que llegaron al país con el conocido resultado de la promulgación del Código del Trabajo y las Garantías Sociales. Esos grandes pasos en materia de justicia social permitieron que prevaleciera la paz social por varias décadas.

En los últimos 30 años las condiciones socio – económicas han cambiado y el nivel de vida de una parte de la población trabajadora se ha deteriorado severamente, haciendo que el Código del Trabajo aprobado hace 71 años resulte hoy insuficiente para proteger a las personas trabajadoras.

En la Costa Rica de hoy, tres de cada diez patronos incumple con el pago del salario mínimo en Costa Rica, según un estudio elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La situación se agrava en las zonas rurales, en las que el incumplimiento del salario mínimo supera en 66% superior el de las zonas urbanas, afectando principalmente a los trabajadores agrícolas, debido, entre otras causas, a la baja sindicalización.

Mientras tanto, cerca de medio millón de trabajadores no reciben sueldo cuando se ausentan por enfermedad y a casi 400 mil asalariados no se les pagan las vacaciones.

El 14,5% de las personas ocupadas, principalmente en la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico, no están cubiertas por el seguro social.

Detrás de esas cifras está el sector más retrógrado de la clase patronal costarricense que no paga salario mínimo, que despide trabajadores cada tres meses sin responsabilidad patronal, que echa a las obre ras que se embarazan.

Es de esa manera como amasan sus fortunas los dueños de las plantaciones de cítricos, piña y otras frutas, así como algunos empresarios de la construcción.

Son esos empresarios los que con rabia vociferan contra el levantamiento del veto sobre la Ley Procesal Laboral del Presidente Solís, ya que se trata de una ley que viene poner remedio a la explotación inmisericorde de la fuerza de trabajo, actualizando el Código de Trabajo de 1943 y haciendo valer los derechos humanos laborales.

Levantar el veto a la Ley Procesal Laboral fue la mejor decisión que pudo tomar el Presidente Solís, aunque para la cúpula empresarial sea inadmisible que un presidente deje de obedecerles y se ponga del lado de los trabajadores.

En esta batalla por los derechos laborales, es justo reconocer el papel que ha jugado un sector lúcido del sindicalismo costarricense, así como la valentía de la fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio y de algunas y algunos diputados del PAC.

Manuel Rodríguez Acevedo, secretario general; Tyronne Esna Montero, secretaría de Relaciones Públicas. 17 de diciembre de 2014

 

Información enviada a SURCOS Digital por Divulgación Sitrapequia.