Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical de la Caja Costarricense de Seguro Social Trabajador Hospital San Juan de Dios, Servicio de Cirugía Ambulatoria
El día de la huelga (08 de junio 2023) en la sesión de 4 a 9pm la Junta Directiva de la CCSS invisibiliza al Gerente Financiero, una forma sutil de pedirle que se vaya de vacaciones o renuncie.
Y en la sesión del 09 de junio 2023, posiblemente en ese mismo horario, la ilegal Junta Directiva de la CCSS, toma un acuerdo de «solicitarle» a la asesoría jurídica de Junta Directiva (sin duda totalmente afín a Doña Marta Eugenia Esquivel), revise » la legalidad” del acuerdo de la Junta anterior que ordenó el pago del aumento salarial adeudado que fue cancelado en diciembre 2022 a la familia laboral de la CCSS.
Y para cerrar con broche de oro convocan a los sindicatos a reunión el lunes 11 de junio para proponerles «un proceso» de diálogo» que inicia el sábado 17 de junio 2023. Por favor seamos serios.
Es importante recordar lo que planteaba Rodrigo Chaves sobre el tema de los impuestos en campaña electoral (Revista Forbes Centroamérica, marzo 16,2022):
“Forbes (F) ¿Cómo va a tratar la disminución de impuestos, sabiendo la gran deuda que tiene Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional?
RC: Costa Rica no necesita más impuesto, Costa Rica tiene maneras de arreglar los desbalances fiscales, el déficit estructural con cambios que no implican necesariamente subir ni la tarifa, ni la carga tributaria, primero tenemos que entender que en este país hay más o menos 3.600 millones de dólares (mdd) de elusión y evasión, y se puede reducir con mejor admiración (sic) tributaria”
Hoy, al haberse cumplido su primer año de mandato nos recetan más impuestos que impactan, de manera muy fuerte, en los sectores de ingresos medios de la clase trabajadora y jubilados y al mismo tiempo se sepulta en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 21414 “Ley para fortalecer el combate al delito de fraude a la Hacienda Pública”, presentado en su oportunidad por el exdiputado José María Villalta Flores.
Con el propósito de aclarar las diferencias entre el impuesto de renta actual y el proyecto de renta global presentado por el Poder ejecutivo el día 18 de mayo de 2023 y que ello permita medir los impactos en salarios y en las jubilaciones presento la siguiente información.
Impuesto de renta actual a partir de enero 2023
Tabla 1: Propuesta de renta actual/1
Ingreso bruto mensual (colones)
Porcentaje de impuesto
Hasta 941.000
0
De 941.000 a 1.381.000
10
De 1.381.000 a 2.423.000
15
De 2.423.000 a 4.845.000
20
De 4.845.000 en adelante
25
1/ Fuente: Ministerio de Hacienda
La propuesta de renta global
En la siguiente tabla, se resumen los tractos del impuesto sobre la renta global, presentada por el Poder Ejecutivo el día 18 de mayo de 2023. Es importante señalar de partida un error en la publicación, en vez de salario bruto mensual, debe leerse salario bruto anual y debería agregarse gravable (una vez descontada la base mínima vital estimada en ₡10.1 millones anuales).
Tabla 2
Fuente: La Nación del 19 de mayo 2023, página7
A partir de la información que se suministra se construye la tabla con información equivalente a tractos de ingresos brutos mensuales, consistentes con la propuesta de renta global, para compararla luego con la tabla de impuesto de la renta actual, dado que la presentación del Ministerio de Hacienda no permite visualizar de manera directa el impacto real.
Tabla 3: Propuesta de renta global/1.
Ingreso bruto mensual (colones)
Porcentaje de impuesto
Hasta 841.667
0
De 841.667 a 1.235.667
10
De 1.235.667 a 1.799.667
15
De 1.799.667 a 2.499.667
20
De 2.499.667 a 3.999. 667
25
De 3.999.667 en adelante
30
1/ Se construye con información de la tabla2
Comparación y consideraciones
Comparación y consideraciones
– En la propuesta se disminuye el monto a partir del cual se empieza a pagar el impuesto de renta. En vez de empezar a pagar a partir de ₡941mil se paga el impuesto a partir de ₡842mil y se disminuye el tracto del 10%. Es una diferencia pequeña, pero anuncia por dónde va el diseño.
– En la propuesta el tracto en el que se comienza a pagar el 15% es más bajo, es decir contribuyentes que hoy están en el tracto del 10% empiezan con la propuesta a cotizar el 15%. Y lo mismo ocurre con los otros tractos: El tracto actual del 20% empieza en un monto de ₡2,4millones, con la propuesta se empieza en ₡1,8millones. El tracto actual del 25% empieza en un monto de ₡4,8millones, con la propuesta se empieza en ₡1,8millones. Contrario a lo que plantea el ministro de Hacienda, el proyecto tiene una clara intención de aumento de los ingresos fiscales.
– Como se deben sumar todos los ingresos que se tengan, además del salario o jubilación, el pago del impuesto respectivo sobre la renta puede corresponder sobre tractos más altos. Un ejemplo: los rendimientos sobre certificados a plazo (que no necesariamente se asocian a riqueza, en muchos casos son previsiones para emergencias), al sumarse a los ingresos totales anuales pueden tener que pagar no un 15%, como actualmente, sino un 20, 25, o 30%.
– Se crea un nuevo tracto a partir de los ₡4millones con una tasa del 30%.
– En el caso de las jubilaciones el efecto progresivo del que habla el ministro de Hacienda colisiona con el mandato constitucional que establece un tope a la carga tributaria total de los jubilados de un 55%. Para jubilaciones con montos superiores a ₡5,3millones el impacto de la propuesta se anula con el ajuste que se debe hacer por la vía de las cotizaciones para no exceder el tope de carga tributaria.
– En la Tabla 3 se presentan algunos ejemplos del impacto de la propuesta de renta global.
Tabla 3: Ejemplos
Conclusión
La demagogia, populismo y cinismo parece no tener límites para el señor Presidente Rodrigo Chaves y su Ministro de Hacienda Nogui Acosta. Con el propósito de granjearse el apoyo electoral y emocional del ciudadano costarricense ofreció entre otras cosas que no serían necesarios más impuestos, pero si una administración tributaria eficiente que considerara la evasión y elusión presupuestaria, pero ni una ni otra promesa ha cumplido, todo lo contrario, más impuestos, resultados poco significativos contra la evasión y no se apoyó el proyecto de ley que procuraba atacar el fraude fiscal. El Ministro de Hacienda, por su parte, tiene el cinismo de negar que la propuesta de renta global trate de más impuestos.
El análisis que se presenta está referido solamente al impacto al salario y jubilaciones producto de la propuesta de renta global, sin embargo, sus efectos deben analizarse integralmente. Las personas asalariadas y jubiladas de ingresos medios y bajos han venido soportando además una escalada en las acciones que deterioran su bienestar social y económico: congelamiento de salarios, no reconocimiento del costo de la vida, como consecuencia de la aplicación de la Ley de equilibrio fiscal, en un contexto inflacionario. De conformidad con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de diciembre 2019 al mes de abril 2023 el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones a las que no se les ha reconocido ajuste, supera el 11%. En el caso de las jubilaciones del Régimen Transitorio de Reparto se aprobó la Ley 9796 que disminuyó significativamente el monto efectivamente recibido por las jubilaciones medias y bajas y continúan las amenazas con nuevos proyectos de ley.
*Economista, ex vicerrector de Desarrollo de la Universidad Nacional.
La jornada 4-3 es pura y simplemente una vía para rebajar el salario de los trabajadores de las grandes empresas. Hablo de las grandes porque solo las grandes pueden aplicar una operación continua de 24 horas todos los días de la semana. Lo digo, lo redigo y lo pruebo con un ejemplo muy sencillo.
Supongamos una empresa de 500 trabajadores con un salario/hora promedio de 2000 colones.
Con las reglas actuales por una jornada diurna de 12 horas se pagan 8 horas ordinarias y 4 extras, en la jornada nocturna de 12 horas se pagan 8 horas ordinarias y 6 horas dobles. El domingo es día de descanso y se paga doble. En el proyecto 4-3 el día de descanso no es el domingo, es variable y es uno de los días que el trabajador no labora. Prácticamente no hay horas extras con la jornada 4-3, solo hay horas de pago doble en el horario nocturno.
Por un mes de trabajo continuo la empresa con 500 trabajadores paga actualmente lo siguiente:
104 millones por horas ordinarias diurnas
78 millones por horas extras diurnas
24 millones por horas dobles diurnas
104 millones por horas ordinarias nocturnas
180 millones por horas dobles nocturnas
Total 490 millones.
Por un mes de trabajo continuo la empresa con 500 trabajadores pagaría con la jornada 4-3 lo siguiente:
180 millones por horas ordinarias diurnas
120 millones por horas ordinarias nocturnas
90 millones por horas dobles nocturnas
Total 390 millones
100 millones menos para los trabajadores, 100 millones más para los dueños de la empresa. Una rebaja de salario del 20.41%, eso es la jornada 4-3. Sangre y sudor de los trabajadores que tendrán que madrugar y llegar muy tarde a sus hogares para desprenderse de una quinta parte de su salario en beneficio de los dueños de las grandes empresas.
¿Eso es todo? No, no es todo. ¿Puede haber algo peor aún? Si, hay algo peor y está en el mismo proyecto de jornada 4-3, es la jornada anualizada. De eso hablaremos luego.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
FICTICIO: Adjetivo. Fingido, imaginario o falso… ENTUSIASMO FICTICIO/ 2. Convencional que resulta de una convención. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
La política de la mentira descarada, caracterizada por la incapacidad y la negativa de llamar a las cosas por su nombre, nos hunde en el universo de lo ficticio, lo que conlleva a que no podamos conocer la esencia de las cosas y el tipo de sociedad en que vivimos.
La corrupción irritante y descarada es inherente a ese mundo ficticio, y empieza por el financiamiento de las campañas electorales, destinadas a escoger a quienes forman la fachada del régimen, no a los verdaderos detentadores del poder: es así como un conjunto de negociados oscuros de algunos banqueros, y manejadores políticos de profesión que han implantado un monopolio de la llamada “participación política”, convertida en un club selecto y cerrado en el que otros actores sociales y políticos no pueden entrar. Las actitudes “transgresoras” de quienes entraron al juego político por vías consideradas como “no legítimas”, por parte de los miembros de ese club de la política ficticia, han provocado un verdadero terremoto en la pasada campaña electoral de Costa Rica(2021-2022), cuando un candidato presidencial que apareció como un outsider (para ellos un intruso), apoyado por un grupo de empresarios y banqueros que estaban fuera del reparto de la piñata, terminó ganando las elecciones y accediendo a la Casa Presidencial del Barrio de El Zapote, en San José la capital costarricense.
Los periodistas de las nuevas generaciones, dentro de las circunstancias propias de este vertiginoso cambio de siglo, vuelvo a insistir por enésima vez, son en su gran mayoría, meros operadores políticos al servicio de una prensa corporativa a la que sirven de manera incondicional, al mismo tiempo que los medios que la conforman son, a lo sumo un apéndice más de las grandes corporaciones, de ciertos holding del capital financiero, e incluso de una serie de actividades muy diversas: entre ellas los parques de diversiones (tal es el caso del llamado Parque Viva), que son el objeto de una enconada disputa entre el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, para el caso de Costa Rica, y los propietarios de un diario que aparece como la punta del iceberg de una de estas entidades, además de ser el único que circula los sábados y domingo como un mero boletín de la oligarquía.
A pesar de lo evidente que resulta el hecho de ser una mera disputa con un cierto trasfondo comercial y relativa al cumplimiento, o no de determinada legislación, relativa al ordenamiento urbano, sus propietarios han puesto el grito en el cielo diciendo que se encuentra en peligro la libertad de expresión.
Sus reporteros no hacen preguntas sino que acosan (e incluso acusan, tergiversan y lanzan denuestos) a los gobernantes y los funcionarios públicos en casi todos los países de América Latina, razón por la que las amenazas a la libertad de expresión parecen venir de los propietarios o administradores de estos medios corporativos, mientras que los gobernantes y funcionarios a lo sumo se defienden, o terminan pagando su silencio y complicidad en determinadas coyunturas.
Sólo en esto coinciden con las viejas empresas periodísticas como el Diario de Costa Rica, La Tribuna, Excelsior, La República y el mismo diario La Nación, el que si bien mantiene el mismo logo hoy es esencia algo muy diferente de lo que fue durante la segunda mitad del siglo anterior, tal y como lo indica el periodista y escritor Carlos Morales Castro (Ver Carlos Morales LA NACIÓN ENTRA EN GUERRA), en un elaborado, además de exquisito artículo, en el que se ponen de relieve las transformaciones sufridas por ese y otros medios, dentro del devenir del tiempo de larga duración histórica.
De ahí la campaña emprendida por ese diario para revertir la decisión de la titular del ministerio de Salubridad, dentro de la que sus propietarios no han dudado en acudir a la vieja fórmula de llamar en su auxilio a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y a la cadena de medios de la dictadura mediática internacional, existentes en los otros países de la región, sobredimensionando y tergiversando las verdaderas razones del diferendo.
No estamos en las épocas en las que las grandes empresas periodísticas del siglo pasado, a las que hemos hecho alusión: eran diarios y radioemisoras que estaban interesadas en hacer un periodismo de cierta calidad para lograr sus propósitos como formadores de opinión, aunque siempre al servicio de los intereses oligárquicos.
Como hace ya muchos años que no hay, o no existen partidos políticos dignos de ese nombre, se ha instaurado la práctica de conformar unas estructuras ficticias, a lo sumo postizas, para justificar los millonarios gastos en las campañas electorales: es así como se inventan seminarios de formación política, estructuras de base, o comités regionales, con apoyo financiero, que dan lugar a movilizaciones raquíticas ante la falta de entusiasmo y de credibilidad en esas instancias “políticas”, por parte de un gran sector de la ciudadanía. Es por eso que formamos parte de una humanidad desesperanzada y descreída a la que, sin embargo, los medios de comunicación y la propaganda persiguen hasta la intimidad de sus hogares, con tal de hacerlos volver al redil.
Mientras tanto las élites del poder, las de la prensa canalla, vendida o mermelera (para el caso del Perú) y las del Poder Ejecutivo, situadas en la cúspide del mando político se ponen de acuerdo para legislar en contra de las grandes mayorías nacionales: aprobarán el aumento de la jornada laboral hasta por doce horas, burlando el pago de horas extras, seguirán imponiendo la regla fiscal deteriorando la institucionalidad del país, congelando los salarios nominales por decreto, en tanto que los reales(poder adquisitivo) a través de la inflación siguen en caída libre, permitiendo la evasión fiscal, la ruina del fisco por los altos intereses que reciben los tenedores de bonos de la deuda pública, las exoneraciones fiscales abusivas y los negociados que les permitirán privatizar y vender a precio de remate las instituciones más importantes de nuestro país(CCSS, ICE y otras). Sobre esos elementos se fundamenta la política de lo ficticio en nuestros países.
La pérdida del valor real de las remuneraciones, a merced de las medidas extraordinarias de la Regla Fiscal y el congelamiento de los salarios que receta la Ley Frankenstein, ya se volvió absolutamente inasumible para los trabajadores.
La política extremista de Estado, que impone una devaluación salvaje e indefinida de las remuneraciones, es una política pública de violencia institucional contra la clase trabajadora.
Hasta la misma Procuraduría General de la República, nada sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos, advirtió que el congelamiento indefinido de los salarios, o por un plazo prolongado, tiene un efecto pernicioso, que vulnera el Convenio 131 OIT y un precedente de la Sala Constitucional, que dispuso que el congelamiento de los salarios sólo puede ser excepcional, por un plazo definido y claramente determinado.
También existe un precedente del Comité de Libertad Sindical, contra el Gobierno de Costa Rica, que resolvió una queja, prácticamente en los mismos términos del precedente de la Sala Constitucional.
Cómo decían los Indignados:
“Nos sobra mucho mes al final del sueldo”. (Cártel, Madrid, 2011).
¡La política de los sindicatos debe ser: negociación salarial o conflicto laboral!
Quiero detenerme en el análisis del por qué ha sido tan complicada una verdadera modernización del empleo público. Es cierto que puede haber muchas visiones válidas; sin embargo, quisiera apuntar tres que veo con claridad: la mala calidad del servicio, los intereses de tercerización y la crisis presupuestaria.
En la primera tenemos responsabilidad todos los funcionarios públicos, quienes de una u otra forma nos hemos escudado en beneficios como la estabilidad y derechos adquiridos para mantenernos en el puesto, en algunos casos sin esfuerzo, calidad e incluso sin la ética necesaria en el servicio que prestamos. Evidentemente, la sociedad está cansada, e incluso nosotros mismos como empleados estamos hastiados de conocer personas en el trabajo que realmente son un gasto para la institución y generan sobrecarga a los equipos, mientras las jefaturas no pueden o no quieren accionar al respecto.
El segundo es la tendencia en nuestro país, desde hace ya más de 30 años, del traslado de los servicios públicos al sector privado, algo que ya se ha logrado en muchas áreas: la banca, la educación primaria y secundaria, las telecomunicaciones y el sector salud. La apuesta ha girado en torno a la premisa de que el sector privado da resultados de altísima calidad con respecto a la función pública, situación que – hemos constatado – está muy lejos de ser cierta… Pero la peor parte es la desigualdad que ha generado este fenómeno.
Como ejemplo concreto de lo anterior, hoy nuestra sociedad debe contribuir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y además pagar por servicios tercerizados de salud para atención primaria, pero que en ningún caso atienden casos agudos de pacientes, operaciones delicadas y tratamientos de largo plazo; para este tipo de complicaciones, la persona debe ir a los hospitales de la CCSS. Al final el pago es doble y el sector privado no da una respuesta semejante a lo que ofrece el sector público hasta el presente.
Finalmente, la eterna crisis presupuestaria de nuestro país. Esta siempre es más grande y preocupante, y se ciñe en los recortes del gasto público. Por ende, todas las instituciones estatales han sufrido estos recortes en sus recursos desde los años 80 y, desde entonces, se ha creado una idea del funcionariado público como enemigo de la ciudadanía: personas vagas, incompetentes, desleales y poco preparadas.
Derribando mitos del funcionariado público
Los estudios muestran que los servidores públicos – en su mayoría – tienen grados universitarios y desarrollan efectivamente una carrera administrativa. Además, en el sector estatal los salarios mantienen paridad de género y políticas de no discriminación en las contrataciones, pautas difíciles de encontrar actualmente en el sector privado.
Esta es una realidad que persevera, a pesar de que hace más 30 años “se le vende” a la población que nuestro sector público es de pésima calidad. Si fuera así, la atención de la pandemia por el COVID-19 hubiera sido absolutamente diferente a lo que fue, pues dicho sea de paso, esta crisis sanitaria fue enfrentada casi en su totalidad por el sector público costarricense.
Los recortes y la mala imagen que se ha forjado del servidor público ha generado, sobre todo, un sinsabor de la población, en beneficio de sectores privados que reciben ganancias de esta dicotomía falsa que se le inculca a la población y que busca un “buen servicio”, pero que no resuelve las necesidades de nuestro país: salud de calidad, educación de calidad, trabajo de calidad, vivienda de calidad y seguridad de calidad.
Lo preocupante de este contexto es que la Ley Marco de Empleo Público se enfoca en un único elemento: el presupuestario. La consigna es recortar salarios, porque son desiguales y excesivos. Sin embargo, ni el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ni el de Hacienda, ni tampoco la Dirección General del Servicio Civil muestran estudios de mercado, con datos y evidencia, para establecer esa nueva escala global. Al parecer, la referencia es que las remuneraciones “se parezcan” a las del sector privado; sin embargo, olvidan que este se caracteriza por tener salarios bajos y desiguales. Parece imposible que con en esta ley podamos tener, cuando menos, un análisis de mercado de salarios respecto al costo de vida, que es el más alto en la región.
El destino incierto del empleo público
La pregunta final es: ¿hacia dónde vamos? Si no se percibe con seriedad que estemos frente a una reforma de toda la dinámica de empleo público y no solo de un ajuste de salarios a la baja, vamos a empeorar aún más las condiciones laborales de la población y esto impactará negativamente en el servicio público, de forma indudable.
En el corto plazo, las personas en la función pública desistirán de crecer en las organizaciones, las más preparadas probablemente se trasladarán a sectores privados o comenzarán a salir del país a buscar mejores condiciones (sí, en Costa Rica tenemos mucho capital humano de exportación en las instituciones públicas). En el mediano y largo plazo no habrá incentivos para permanecer en el servicio público, lo que traerá efectos adversos sobre la competitividad del país.
Este no es un asunto menor. Mientras en nuestro país se minimiza la función pública, en Europa no solo se potencia, sino que también se discute cómo se prepararán las personas para atender servicios con inteligencia artificial y qué otras innovaciones tecnológicas deberán implementar; además de cómo se perfilan para servir a las poblaciones de adultos mayores y cuáles nuevas habilidades de participación social van a requerir. Estos temas no se discuten en la Ley de Empleo Público, pues su texto se limita al recorte del gasto y esto es absolutamente preocupante de cara la tendencia internacional.
La función pública es responsabilidad de todos. Las personas funcionarias debemos tener claro que no trata solo de estar contratado por el Estado, sino de una posición estratégica desde donde se diseña y se construye el país día con día. Espero que las autoridades hagan una reflexión importante sobre la amplitud de las decisiones que se toman hoy y abran rutas de discusión que hagan de nuestra función pública una plataforma de innovación y desarrollo, porque realmente eso es lo que nuestra población requiere, pero que la discusión actual de la ley no lo promueve.
M Sc. Angélica Vega Hernández Directora de la Escuela de Administración Pública, UCR
El miércoles 29 se efectuó una marcha convocada para apoyar, inicialmente a los agricultores, pero que luego se tornó en una marcha que clamaba por la defensa institucional y por mejores oportunidades de empleo y también mejores salarios.
La convocatoria fue efectiva pues llegaron miles de personas de muchos sectores. La marcha fue, además, pacífica.
Muy lamentable la actitud del presidente de la República al minimizar la importancia de esa marcha y llamarla que fue como un “chapsui” por la cantidad de sectores que participaron.
Es evidente que los agricultores, los de verdad, los que siembran la tierra han sido los que más han sufrido desde hace más de 15 años con la aprobación del TLC y la promulgación posterior de las leyes que se exigían en ese tratado. Ha sido muy difícil para ellos la colocación de sus productos y además el Consejo Nacional de Producción (CNP) desde hace años dejó de cumplir su función de apoyo a esos agricultores.
Pero lo que más les afecta es la política de importación que han aplicado los distintos gobiernos desde Óscar Arias para acá, trayendo productos dizque más baratos y dejando la producción nacional de lado. Una injusticia para con los agricultores y un beneficio para los intermediarios e importadores.
Es tiempo de que se apoye la producción nacional. Es tiempo de que se apoye al agricultor y es tiempo ya que los precios de muchos de los productos bajen sacando a los intermediarios del camino y que el CNP asuma su rol.
También es tiempo que el señor presidente cambie su actitud y esté abierto al diálogo con los sectores. No es parte de nuestra idiosincrasia el cerrarse al diálogo y pretender hacer las cosas sin la participación ciudadana. Todos podemos aportar algo para el mejor desarrollo del país. Y debe saber el señor presidente que en esa marcha de ayer miles le dieron su voto y confiaron en sus promesas, por eso no se vale que se cierre a un diálogo.
Es cierto que el país está en una encrucijada y es cierto que nuestras instituciones están debilitadas por las acciones corruptas de tantos años, pero lo que requieren no es desparecerlas sino fortalecerlas con una poda y una limpia de la corrupción y un fortalecimiento en sus quehaceres y procedimientos.
Dios quiera que la marcha de ayer, la primera sería y formal en muchos años, sea tomada en cuenta por el señor presidente y sea su resultado el llamado a un diálogo franco y sincero con los sectores que hoy se ven perjudicados por las decisiones de los gobiernos anteriores, pero también por la inacción de este.
La pérdida del valor real de las remuneraciones, a merced de las medidas extraordinarias de la Regla Fiscal y el congelamiento de los salarios que receta la Ley Frankenstein, ya se volvió absolutamente inasumible para los trabajadores.
La política extremista de Estado, que impone una devaluación salvaje e indefinida de las remuneraciones, es una política pública de violencia institucional contra la clase trabajadora.
Hasta la misma Procuraduría General de la República, nada sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos, advirtió que el congelamiento indefinido de los salarios, o por un plazo prolongado, tiene un efecto pernicioso, que vulnera el Convenio 131 de la OIT y un precedente de la Sala Constitucional, que dispuso que el congelamiento de los salarios sólo puede ser excepcional, por un plazo definido y claramente determinado.
También existe un precedente del Comité de Libertad Sindical, contra el Gobierno de Costa Rica, que resolvió una queja, prácticamente en los mismos términos del precedente de la Sala Constitucional.
Cómo decían los Indignados: “Nos sobra mucho mes al final del sueldo”. (Cártel, Madrid, 2011).
¡La política de los sindicatos debe ser: negociación salarial o conflicto laboral!
Con la valentía propia del estadista que defiende la soberanía y la dignidad de su patria, don Rodrigo Carazo, sentó de regreso a los emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los asientos del mismo avión que los trajo al país. La salud, la educación y la energía públicas no eran negociables bajo ninguna circunstancia; dejar de construir hospitales, escuelas e infraestructura para servicios de agua, luz y telefonía, ¡jamás! Que se lleven sus valijas a otras tiendas, este país no se vende por un plato de lentejas.
Las administraciones que le sucedieron bajaron la bandera de la dignidad de una patria insobornable. Se han venido postrando, como siervos menguados, ante los dictámenes de los poderes fácticos nacionales e internacionales de un capitalismo salvaje, que solo habla en términos autoritarios de sometimiento a su añeja y fracasada política neoliberal, que sigue sumiendo a estos países en la miseria, la pobreza, la desigualdad y, por ende, en la más cruenta e insoportable violencia criminal y delincuencial.
Los últimos gobiernos actúan como fieles emisarios de aquellos organismos financieros y poderes. Hoy no se necesita que vengan al país a dictar políticas, estos las acatan de facto, y si pueden van más allá, como es el caso de la actual Ley de Empleo Público, que se aprobó aprovechando la pandemia del Covid-19, y con la que pretenden, ahora sí, quebrar al Estado Social de Derecho precarizando los salarios de los servidores públicos.
Por consiguiente, no es que el Estado y su institucionalidad social estén siendo conducidos a la quiebra por deficiencias administrativas y gollerías salariales. Sin duda, hay mejoras que introducir en estas materias, y ya se han venido realizando. Pero, la causa fundamental, que no se toca, es la complicidad de estos gobiernos con los grandes intereses económicos empresariales y financieros, a los que se les facilitan las condiciones para seguir amasando capitales; se les premia con exoneraciones y amnistías, haya o no pandemia, como ahora con el perdón de deudas de las empresas con la Caja por morosidad; por favor, ¿cómo no va a estar con problemas financieros la Caja, si también el Estado no paga su deuda billonaria? Pero sobre todo se les continúa tolerando declarar cero ganancias, como es evidente en el listado de casi noventa empresas, recientemente dado a conocer por el Ministerio de Hacienda, a solicitud del diputado Ariel Robles del Frente Amplio. Como dice el pensador estadounidense, Noam Chomsky, estamos ante una modalidad de “Estado niñera” de los ricos: “socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres”.
Urge erradicar estas prácticas antipatrióticas de partidos políticos y gobiernos con discursos grandilocuentes pero que no actúan con decisión y valentía cuando se trata de parar, sí, las gollerías de los eternos ganadores en tiempos de pandemia, en tiempos de guerra y en tiempos de paz; en todo tiempo protegidos, y siguiendo la vieja práctica de convertir cada campaña electoral para componendas y compra de favores.
Ya es hora de que quienes administran la cosa pública dejen de comportarse como mercaderes baratos, al servicio de los ganadores de siempre. Urge una nueva generación de mujeres y hombres libres, que antepongan los intereses del pueblo costarricense sobre los de las élites oligárquicas que están conduciendo a nuestro pueblo por los tenebrosos caminos de la violencia, que lo único que nos depara es un futuro con más cárceles y menos escuelas y hospitales.
Invitación al conversatorio: “Impactos de la Ley de Empleo Público en los Salarios de la UCR”, con el Dr. Mauricio Castro, profesor catedrático de la Facultad de Derecho, el miércoles 15 de marzo a las 3:00 p.m. Tendrá lugar en la sala de audiovisuales del Instituto de Investigaciones Sociales.
