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SEC advierte al MEP que incumplimiento del pago de salarios faculta solicitar declaratoria de huelga legal

Escrito en 16/01/2024. Publicado en Trabajo.

El SEC, solicita al MEP poner fin al congelamiento salarial y pagar los incrementos salariales acumulados desde el 2020; además, reconocer por reasignación de puestos y resolución del pago de 102 recargos y aumentos de jornada, que no se pagan al personal desde el año pasado.

Comunicado

El SEC solicitó esta semana al Ministerio de Educación Pública (MEP), establecer una política salarial para el sector educación, que ponga fin al congelamiento salarial. Solicitó pagar de inmediato y en su totalidad los incrementos salariales acumulados desde el 2020; así como el reconocimiento por reasignación de puestos y resolución del pago de 102 recargos y aumentos de jornada que no se pagan al personal del MEP desde el año pasado.

Se debe terminar con el congelamiento salarial

El SEC recodó a las autoridades del MEP, que a partir de la entrada en vigencia de la regla fiscal de gasto, establecida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre del 2018 – artículos 11 inciso d) y 13 inciso c) -, ahora reforzada por disposición de los transitorios XI y XII de la Ley Marco de Empleo Público, N° 10.159 del 8 de marzo del 2022, se ha establecido una política de congelamiento salarial indefinida, que en enero 2024 entró en su 5° año consecutivo de vigencia.

El SEC indicó a las autoridades del MEP, que el congelamiento salarial impacta negativamente al personal del sector educativo, pues el estancamiento de los salarios con relación al costo de vida implica un deterioro creciente en los ingresos reales y en el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, pese al notorio incremento de los precios en bienes y servicios necesarios para la subsistencia de sus familias.

Se argumentó por parte del SEC, que el propio Procurador General de la República Iván Vinicio Vincenti Rojas, actuando como abogado del Estado, advirtió que el congelamiento salarial indefinido es inconstitucional por contrario a los derechos fundamentales y situaciones jurídicas consolidadas de las personas funcionarias. El Procurador señaló en su oportunidad, que sobre el tema la propia Sala Constitucional ya se ha pronunciado en dos ocasiones mediante los votos 200305374 y 2021017.098, indicando que el congelamiento salarial no puede ser permanente “… supone un sacrificio del trabajador, al no ver aumentado su salario pese al aumento en el costo de vida, se puede hacer únicamente por un plazo definido o determinado y únicamente por circunstancias de orden extraordinario o de interés nacional. El congelamiento indefinido en el tiempo afectaría ilegítimamente situaciones jurídicas consolidadas a futuro y constituiría un abuso estatal ad infinitum, ya que no solo perjudicaría el salario del funcionario, sino otros derechos como la jubilación…”

Las circunstancias fiscales de orden extraordinario que justificaron la imposición del congelamiento salarial en el 2020, en buena medida han quedado superadas: “… “Estamos por cerrar con un superávit primario por segundo año consecutivo, lograremos alcanzar una relación deuda a PIB cercana al 60%; resultado que se veía casi imposible dos años atrás cuando se esperaba que para el término del 2023 la deuda se ubicara por encima del 70% el PIB”. (Revista electrónica SUMA, 23 de diciembre 2023). Igualmente, es el propio Banco Central quien recalificó las estimaciones nacionales de crecimiento de la productividad al alza (5% en el 2023 y 4.3% para el 2024); mejora sustantiva en la estabilidad macroeconómica nacional de la cual no debe quedar excluida la población laboral que integra el Magisterio Nacional.

Por lo anterior, el SEC solicita revisar la política salarial, para devolver al salario de las personas funcionarias del MEP su valor adquisitivo de acuerdo con el costo de vida, terminando con el injusto castigo al que se les ha sometido por tanto tiempo y no solo en razón a sus derechos fundamentales advertidos por el Procurador General, sino también, para detener la fuga de trabajadores altamente calificados que está afectando la calidad del servicio público.

El MEP debe pagar en forma retroactiva el aumento de salarios adeudados desde enero del 2022

El SEC denuncia también, el incumplimiento reiterado en el pago del aumento salarial aprobado el 17 de diciembre del 2019, mediante el Decreto Ejecutivo N° 42.121-MTSSS-H-MIDEPLAN, vigente desde el 1° de enero 2020, según la siguiente escala:

Grupo salarial	Aumento total a salario base	Meses adeudados	Total adeudado a enero 2024
1	₡8.750	49	₡428.750
2	₡8.500	49	₡416.500
3	₡8.000	49	₡392.000
4	₡7.750	49	₡379.750
5	₡7.500	49	₡367.500

En la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2024 (N°10.427), se incluyó la autorización para realizar dicho pago retroactivo a todas las personas trabajadoras, por lo que el MEP cuenta con los recursos suficientes para realizar el pago de lo adeudado a cada trabajador y trabajadora en forma inmediata y no existe justificación para continuar postponiendo dicho pago retroactivo; y el mismo debe hacerse efectivo para todas las personas funcionarias incluso para aquellas que migraron al salario global, por cuanto se trata de un incremento salarial retroactivo, acumulado desde ante de que entrara a regir el salario global en setiembre del año 2023.

El MEP dejó de pagar 102 recargos e incrementos de jornadas

Con la entrada en vigencia del salario global el MEP ha dejado de pagar recargos e incrementos de jornada necesarios para mantener la continuidad del servicio educativo público; lo anterior debido a que la Ley Marco de Empleo Público no previó cómo atender aquellos servicios educativos donde es necesario que la persona funcionaria responsable, asuma funciones adicionales a las de supuesto y /o jornada, las cuáles deben ser remuneradas adicionalmente; caso contrario, nadie asume el cargo, o si lo hace sin recibir la remuneración extra, se le estaría causando un perjuicio grave, sometiéndolo a un tratamiento discriminatorio e injusto.

Se trata de una situación particular del servicio educativo, que pese a las advertencias formuladas a las y los legisladores de entonces por los sindicatos magisteriales y el propio MEP, mientras se discutía el proyecto de Ley Marco de Empleo Público no fueron atendidas, generándose en la nueva normativa una prohibición absoluta para el pago de componentes salariales adicionales al salario global, el cual hoy afecta al menos 102 actividades muy propias del servicio educativo, que no pueden realizarse por la prohibición legal de pagarlas de manera adicional al salario global. Esos recargos y aumentos de jornada serían:

AFECTACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGOS – SALARIO GLOBAL PENDIENTES DE TRAMITAR

TIPO DE RECARGO	CANTIDAD
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN I Y II CICLO	11
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN MATERIAS COMPLEMENTARIAS	36
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN PREESCOLAR	12
AUXILIAR DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO	7
CONSERJE DE CENTRO EDUCATIVO	6
OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1	2
RECARGO (PRIN) RECUPERACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS	10
RECARGO COMITÉ DE APOYO EDUCATIVO	3
RECARGO COMITÉ DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES	8
RECARGO ESCUELAS MODALIDAD HORARIO AMPLIADO	6
TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1	1
TOTAL	102

Se debe reestablecer el pago de incrementos salariales por reasignación de puestos

Otra situación habitual en el servicio público educativo es que se modifiquen los límites de matrícula en un centro, pasando la institución a otra categoría administrativa (De dirección 1 a dirección 2 por ejemplo); por lo que se debe realizar un estudio del puesto para recalificar el salario de la persona directora. Al igual que en los casos de recargos y aumentos de jornada, son situaciones particulares que solo ocurren en el sistema educativo y que fueron habituales y necesarias para mantener la continuidad del servicio educativo, las cuales hoy se han dejado de pagar.

En esa misma línea, personas que están desempeñando gestión educativa en instituciones que aumentaron su matrícula de un año a otro por la dinámica social propia de la comunidad a la que pertenecen, no pueden recibir el salario correspondiente a la categoría actual del centro educativo, ya que está prohibido reasignar puestos cuando ello implique pasar a un nivel salarial superior.

Situación de contexto y la protesta social como alternativa:

El personal del MEP aún no termina de asimilar las situaciones adversas creadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (principalmente la imposición de una regla fiscal de gasto), y por la Ley Marco de Empleo Público (principalmente por las implicaciones del salario global), que a la fecha han precarizado sus retribuciones salariales, terminado con las posibilidades de desarrollo profesional y que establecieron – ambas leyes -, obstáculos insalvables para la buena prestación del servicio público educativo.

Hasta el momento la situación se toleró por las condiciones extraordinarias impuestas por la pandemia COVID 19 y, por las alegadas “circunstancias – fiscales – de orden extraordinario o de interés nacional”, con que se justificó en el 2018 el congelamiento salarial mediante la imposición de la regla fiscal de gasto.

Pero a la fecha, después de padecer tan adversas circunstancias salariales por cinco años, y en momentos en que las condiciones fiscales del país han mejorado ostensiblemente, el personal del MEP no está dispuesto a tolerar por más tiempo el menoscabo de sus derechos salariales.

En este nuevo contexto, se hace evidente que otro incumplimiento salarial no será tolerado y que trabajadores y trabajadoras de la educación presionarán hasta obtener una justa revisión de la política salarial actual; y el SEC, como fiel representante de su afiliación, se prepara para hacer valer – inicialmente por vías de la negociación o en su defecto por las vías de la protesta social -, esa legítima aspiración del Magisterio Nacional a recibir los incrementos salariales que le corresponden y a tener una política salarial que dignifique su trabajo y reconozca todas las particularidades del sector educación.

El SEC advierte a las autoridades del MEP, al Gobierno y a la ciudadanía en general, que el incumplimiento en el pago de los salarios es una falta grave a las obligaciones patronales, que faculta al personal afectado para solicitar la declaratoria de una huelga legal; por lo que el SEC espera una respuesta oportuna y definitiva a las peticiones salariales planteadas, para evitar que la situación laboral se desborde y pueda afectar el inicio normal de año lectivo 2024.

Atentamente,
Gilbert Díaz Vásquez. Presidente SEC
Yorgina Alvarado Díaz. Secretaria general SEC

UCR: País registra un ligero descenso en la pobreza pese a que la inactividad laboral sigue alta

Escrito en 30/08/2023. Publicado en Comunidad, Derechos.

Según el IICE y el INEC, las brechas salariales y de participación laboral por género aumentaron en los últimos meses. Esto quiere decir que las mujeres ganan aún menos dinero que los hombres por trabajos similares y que estos últimos también registran más horas por trabajo remunerado que las mujeres. (Foto con fines ilustrativos).

Los salarios reales tuvieron una leve mejora en los últimos meses

El IICE presentó su análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica para el segundo trimestre del 2023.

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) dio a conocer este martes 29 de agosto su Análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica al II trimestre del 2023, basado en los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

En la tasa de inactividad en el país (personas mayores de 15 años que no están laborando pese a tener las capacidades para poder trabajar), se puede ver el vaso “medio lleno” o “medio vacío”, aunque por los resultados podría primar esta última opción. “Medio lleno” sería si se toma en cuenta que la tasa más actual registrada de este fenómeno es del 43,42 % (para los meses de abril, mayo y junio, o AMJ, de este 2023), la cual ha venido en un ligero descenso desde el trimestre móvil de febrero, marzo y abril (o FMA), cuando llegó a un porcentaje del 44,25 %.

Pero el vaso queda “medio vacío” si se considera que en el último Análisis del mercado laboral, realizado por el IICE para el cuarto trimestre del 2022, este mismo porcentaje era del 41,7 % para el trimestre móvil de diciembre (2022), enero y febrero 2023 (DEF). Incluso, la inactividad es notablemente más alta de manera interanual comparándola con el AMJ del 2022 (40,43 %, casi más de 3 puntos porcentuales, o p.p.,). En resumen, la inactividad tiene (levemente) mejores números que a inicios de año, pero mucho peores que el año pasado.

De hecho, en todas las categorías sociodemográficas, la inactividad es peor en el AMJ de este año que en la del año pasado (con la excepción de la población ubicada entre los 35 y 44 años, donde se mantuvo igual). Las personas más afectadas por este fenómeno fueron aquellas mayores de 60 años (inactividad del 78,8 %), las que solo tienen educación primaria (67,51 %), las ubicadas entre los 15 y los 24 años (60,39 %) y las mujeres (56,38 %).

La gente menos vulnerable a la inactividad es la que tiene edades entre los 35 y 44 años (18,41 %), el bloque de los 25 a los 34 años (20,04 %), quienes tienen un título universitario (26,19 %), las personas entre 45 y 59 años (29,67 %) y los hombres (30,52 %).

A raíz de lo anterior y como es de suponer, las tasas de ocupación (porcentaje de personas con edades y condiciones de laborar que se encuentran desarrollando algún trabajo), se mantienen alarmantemente bajas. En el trimestre de AMJ de este año, ese porcentaje llegó apenas al 51,16 %, el cual se ha mantenido casi sin cambios desde julio, agosto y setiembre del 2021, cuando la recuperación económica empezó a hacerse un poco evidente tras los peores meses de la pandemia. Sin embargo, el país sigue estando lejos de los niveles de ocupación que exhibía antes de la crisis sanitaria (enero, febrero y marzo del 2020 = 55,53 %).

Las categorías con mejores números de ocupación son las personas entre los 35 y los 44 años (76,32 %), entre los 25 y los 34 años (71,36 %) y aquellas que cuentan con título universitario (69,42 %). En cambio, los grupos con peores números de ocupación son: el que tiene 60 años o más (20,35 %), el que se ubica entre los 15 y los 24 años (28,76 %) y el que carece de primaria completa (29,71 %). Eso sí, en los dos primeros hay que considerar que están compuestos por personas que, o están estudiando, o ya se encuentran pensionadas, por lo que su prioridad no es ingresar al mercado laboral.

A pesar de estos alarmantes números de inactividad y baja ocupación en el país, el desempleo como tal sigue reduciéndose casi de manera sostenida desde el trimestre AMJ del 2021 (18,06 %) y para este último trimestre de AMJ era de tan solo un 9,58 %. De hecho, este porcentaje es también el menor desde enero febrero y marzo del 2020. ¿Por qué ocurre esto? El IICE aclara de nuevo que hay una porción importante de habitantes que han decidido abandonar el mercado laboral (o dicho más simple, dejaron de buscar trabajo), lo cual suma a la inactividad, pero al mismo tiempo, reduce el desempleo.

Salarios reales mejoran y las brechas por género se ensanchan

En lo que sí se perciben mejores tiempos es en la remuneración que reciben las personas trabajadoras, tanto por hora y por mes, dato que ha venido en aumento desde el tercer trimestre del 2022. Si se toman en cuenta los números del segundo trimestre de este año, el salario real mediano mensual creció un 3,6 % de manera interanual. En ese mismo período, los sueldos reales medianos por hora subieron un 5,5 %. No obstante, las remuneraciones aún no recuperan el nivel que tenían previo a la pandemia.

Pese a que en el último informe el IICE había dado cuenta de una disminución considerable en la brecha salarial por género durante los últimos trimestres del 2022, esta volvió a incrementarse desde el cuarto trimestre del año pasado, cuando las mujeres ganaban 89,28 colones por cada 100 de los hombres; ahora, en el último trimestre estudiado, ese monto volvió a bajar a los 86,92 colones por cada 100 de los trabajadores masculinos. El país se aleja así de la menor brecha salarial por género desde el primer trimestre del 2018: 96,61 colones “femeninos” por cada 100 de los hombres, registrada en el tercer trimestre del 2020.

Siempre en temas de brechas de género, pero esta vez en la participación laboral, esta aumentó desde el anterior análisis y pasó de los 23,98 puntos porcentuales en el último trimestre del 2022 a los 25,35 p.p. del segundo trimestre del año en curso. En palabras más claras, la tasa de participación en el ámbito laboral de los hombres es ahora 25,35 puntos porcentuales más alta que para las mujeres con características similares.

En cuanto a la diferencia que existe en la tasa de desempleo entre un hombre y una mujer con características sociodemográficas parecidas, esta sí muestra una disminución constante desde el III trimestre del año pasado, cuando alcanzó 8,75 p.p. En la última medición para el segundo trimestre del 2023, esta desciende a los 4,25 puntos, la cifra más baja desde – al menos – el primer trimestre del 2018.

Con respecto a las horas semanales laboradas y remuneradas por género, los hombres trabajaron un 29,88 % más que el promedio de las mujeres en el segundo trimestre del año en curso. Este dato ha sido bastante regular desde el segundo trimestre del 2021, con excepción del primer trimestre de este año, donde descendió al 27,6 % para luego volver a subir.

El IICE también registró en el segundo trimestre del 2023 la diferencia salarial de diferentes grupos de personas con respecto a quienes tienen primaria incompleta. En este caso, quienes completaron la primaria, pero no la secundaria, recibieron 10,3 colones más por cada 100 colones que quienes no recibieron su título de sexto grado. Además, la gente con secundaria completa, pero sin universidad, percibió 35,7 colones más; y las personas egresadas de una universidad ganaron 104,7 colones más.

La pobreza cayó casi 3 puntos porcentuales de marzo a mayo

Quizás la mejor noticia de este análisis es la comprobación de que la pobreza total en el país se redujo de un 25,54 % en marzo a un 22,86 % en mayo, lo que significa un descenso de 2,68 puntos porcentuales. No obstante, si se considera el dato interanualmente, hay un ligero aumento con respecto a mayo del 2022 (22,4 %). En todo caso, aún Costa Rica está lejos de volver a los niveles prepandémicos de pobreza total, cuando se contabilizaba un 21,6 % en enero del 2020.

Estos mismos descensos en la pobreza total también se registran sin importar si se trata de una zona rural o urbana. En las ciudades, la pobreza pasó del 23,53 % en marzo para disminuirse hasta el 20,94 % en mayo, un porcentaje casi igual al que había en mayo del año pasado (20,65 %) y acercándose al porcentaje previo a la crisis sanitaria (20,6 %). Una caída similar, aunque menor, reportó la pobreza en el campo, la cual pasó del 30,93 % en febrero al 27,92 % en mayo. Este último dato es aún un poco mayor al valor interanual (27,02 %) y, contrario a lo que ocurre en las ciudades, sigue siendo mucho más alto que el 24,22 % registrado en enero del 2020, justo antes de la expansión del Covid-19.

En tanto, la pobreza extrema también registra una caída importante desde febrero de este año, cuando un 8,31 % de la población nacional se consideró incapaz de satisfacer sus necesidades básicas. Desde entonces, este porcentaje ha venido erosionándose hasta llegar al 7,24 % en mayo pasado (-1,07 puntos con respecto a febrero). Pero, otra vez, si se considera el dato de manera interanual, esta cifra más bien se incrementó, pues para mayo del año pasado la pobreza extrema se calculaba en el 6,14 % (+ 1,1 puntos).

Diferenciada por categorías de urbana y rural, la pobreza extrema también disminuyó en ambos contextos desde febrero pasado, llegando en mayo a un 9,44 % en el campo (-1,32 p.p.) y a un 6,4 % en las ciudades (-0,99 p.p.). Ambas cifras son más altas que sus pares interanuales y aún están lejos de reducirse a los niveles previos a la pandemia, sobre todo en el caso de las áreas rurales (en enero del 2020 estos porcentajes eran del 7,23 % y del 5,9 %, respectivamente).

Otra conclusión clara en este análisis es que las subvenciones por parte del Estado reducen la pobreza de forma significativa. Sin estas ayudas económicas provenientes de fuentes públicas, 40 mil hogares más estarían bajo esta situación (el 2,3 %) y la pobreza total hubiera alcanzado al 25,10 % de la población en mayo pasado.

Pero el impacto de estos fondos es aún más importante si se toma en cuenta solo a los hogares en condición de pobreza extrema: 65 mil personas (o lo que es igual, 10.300 hogares) pudieron salir de esta categoría y, cuando menos, satisfacer sus necesidades básicas, gracias al apoyo estatal. Sin este, la pobreza extrema en mayo hubiera llegado al 11,60 % de los habitantes de Costa Rica.

La desigualdad, en cambio, sí aumentó y lo hace de manera casi sostenida desde noviembre del año pasado. En aquel mes, el coeficiente de Gini detuvo un comportamiento a la baja que había presentado desde setiembre del 2021 (menos desigualdad) y comenzó a subir, pasando del 0,496 al 0,507 para mayo, indicando así una mayor inequidad socioeconómica. Curiosamente, este es casi el mismo valor de desigualdad que mostraba el país en enero del 2020.

Daniela Córdoba Solano, investigadora del IICE: Análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica al II trimestre del 2023

Para ver la noticia completa, con gráficos, ingrese en el siguiente enlace

Pablo Mora Vargas
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Decisiones que afectan a la CCSS y llamado de diálogo, falta seriedad

Escrito en 15/06/2023. Publicado en Salud.

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical de la Caja Costarricense de Seguro Social
Trabajador Hospital San Juan de Dios, Servicio de Cirugía Ambulatoria

El día de la huelga (08 de junio 2023) en la sesión de 4 a 9pm la Junta Directiva de la CCSS invisibiliza al Gerente Financiero, una forma sutil de pedirle que se vaya de vacaciones o renuncie.

Y en la sesión del 09 de junio 2023, posiblemente en ese mismo horario, la ilegal Junta Directiva de la CCSS, toma un acuerdo de «solicitarle» a la asesoría jurídica de Junta Directiva (sin duda totalmente afín a Doña Marta Eugenia Esquivel), revise » la legalidad” del acuerdo de la Junta anterior que ordenó el pago del aumento salarial adeudado que fue cancelado en diciembre 2022 a la familia laboral de la CCSS.

Y para cerrar con broche de oro convocan a los sindicatos a reunión el lunes 11 de junio para proponerles «un proceso» de diálogo» que inicia el sábado 17 de junio 2023. Por favor seamos serios.

Comparación del impuesto de renta actual con el proyecto de renta global

Escrito en 22/05/2023. Publicado en Análisis.

Marco Fallas Díaz *

Es importante recordar lo que planteaba Rodrigo Chaves sobre el tema de los impuestos en campaña electoral (Revista Forbes Centroamérica, marzo 16,2022):

“Forbes (F) ¿Cómo va a tratar la disminución de impuestos, sabiendo la gran deuda que tiene Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional?

RC: Costa Rica no necesita más impuesto, Costa Rica tiene maneras de arreglar los desbalances fiscales, el déficit estructural con cambios que no implican necesariamente subir ni la tarifa, ni la carga tributaria, primero tenemos que entender que en este país hay más o menos 3.600 millones de dólares (mdd) de elusión y evasión, y se puede reducir con mejor admiración (sic) tributaria”

Hoy, al haberse cumplido su primer año de mandato nos recetan más impuestos que impactan, de manera muy fuerte, en los sectores de ingresos medios de la clase trabajadora y jubilados y al mismo tiempo se sepulta en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 21414 “Ley para fortalecer el combate al delito de fraude a la Hacienda Pública”, presentado en su oportunidad por el exdiputado José María Villalta Flores.

Con el propósito de aclarar las diferencias entre el impuesto de renta actual y el proyecto de renta global presentado por el Poder ejecutivo el día 18 de mayo de 2023 y que ello permita medir los impactos en salarios y en las jubilaciones presento la siguiente información.

Impuesto de renta actual a partir de enero 2023

Tabla 1: Propuesta de renta actual/1

Ingreso bruto mensual (colones)	Porcentaje de impuesto
Hasta 941.000	0
De 941.000 a 1.381.000	10
De 1.381.000 a 2.423.000	15
De 2.423.000 a 4.845.000	20
De 4.845.000 en adelante	25

1/ Fuente: Ministerio de Hacienda

La propuesta de renta global

En la siguiente tabla, se resumen los tractos del impuesto sobre la renta global, presentada por el Poder Ejecutivo el día 18 de mayo de 2023. Es importante señalar de partida un error en la publicación, en vez de salario bruto mensual, debe leerse salario bruto anual y debería agregarse gravable (una vez descontada la base mínima vital estimada en ₡10.1 millones anuales).

Tabla 2

**Fuente: La Nación del 19 de mayo 2023, página7**

A partir de la información que se suministra se construye la tabla con información equivalente a tractos de ingresos brutos mensuales, consistentes con la propuesta de renta global, para compararla luego con la tabla de impuesto de la renta actual, dado que la presentación del Ministerio de Hacienda no permite visualizar de manera directa el impacto real.

Tabla 3: Propuesta de renta global/1.

Ingreso bruto mensual (colones)	Porcentaje de impuesto
Hasta 841.667	0
De 841.667 a 1.235.667	10
De 1.235.667 a 1.799.667	15
De 1.799.667 a 2.499.667	20
De 2.499.667 a 3.999. 667	25
De 3.999.667 en adelante	30

1/ Se construye con información de la tabla2

Comparación y consideraciones

– En la propuesta se disminuye el monto a partir del cual se empieza a pagar el impuesto de renta. En vez de empezar a pagar a partir de ₡941mil se paga el impuesto a partir de ₡842mil y se disminuye el tracto del 10%. Es una diferencia pequeña, pero anuncia por dónde va el diseño.

– En la propuesta el tracto en el que se comienza a pagar el 15% es más bajo, es decir contribuyentes que hoy están en el tracto del 10% empiezan con la propuesta a cotizar el 15%. Y lo mismo ocurre con los otros tractos: El tracto actual del 20% empieza en un monto de ₡2,4millones, con la propuesta se empieza en ₡1,8millones. El tracto actual del 25% empieza en un monto de ₡4,8millones, con la propuesta se empieza en ₡1,8millones. Contrario a lo que plantea el ministro de Hacienda, el proyecto tiene una clara intención de aumento de los ingresos fiscales.

– Como se deben sumar todos los ingresos que se tengan, además del salario o jubilación, el pago del impuesto respectivo sobre la renta puede corresponder sobre tractos más altos. Un ejemplo: los rendimientos sobre certificados a plazo (que no necesariamente se asocian a riqueza, en muchos casos son previsiones para emergencias), al sumarse a los ingresos totales anuales pueden tener que pagar no un 15%, como actualmente, sino un 20, 25, o 30%.

– Se crea un nuevo tracto a partir de los ₡4millones con una tasa del 30%.

– En el caso de las jubilaciones el efecto progresivo del que habla el ministro de Hacienda colisiona con el mandato constitucional que establece un tope a la carga tributaria total de los jubilados de un 55%. Para jubilaciones con montos superiores a ₡5,3millones el impacto de la propuesta se anula con el ajuste que se debe hacer por la vía de las cotizaciones para no exceder el tope de carga tributaria.

– En la Tabla 3 se presentan algunos ejemplos del impacto de la propuesta de renta global.

Tabla 3: Ejemplos

Conclusión

La demagogia, populismo y cinismo parece no tener límites para el señor Presidente Rodrigo Chaves y su Ministro de Hacienda Nogui Acosta. Con el propósito de granjearse el apoyo electoral y emocional del ciudadano costarricense ofreció entre otras cosas que no serían necesarios más impuestos, pero si una administración tributaria eficiente que considerara la evasión y elusión presupuestaria, pero ni una ni otra promesa ha cumplido, todo lo contrario, más impuestos, resultados poco significativos contra la evasión y no se apoyó el proyecto de ley que procuraba atacar el fraude fiscal. El Ministro de Hacienda, por su parte, tiene el cinismo de negar que la propuesta de renta global trate de más impuestos.

El análisis que se presenta está referido solamente al impacto al salario y jubilaciones producto de la propuesta de renta global, sin embargo, sus efectos deben analizarse integralmente. Las personas asalariadas y jubiladas de ingresos medios y bajos han venido soportando además una escalada en las acciones que deterioran su bienestar social y económico: congelamiento de salarios, no reconocimiento del costo de la vida, como consecuencia de la aplicación de la Ley de equilibrio fiscal, en un contexto inflacionario. De conformidad con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de diciembre 2019 al mes de abril 2023 el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones a las que no se les ha reconocido ajuste, supera el 11%. En el caso de las jubilaciones del Régimen Transitorio de Reparto se aprobó la Ley 9796 que disminuyó significativamente el monto efectivamente recibido por las jubilaciones medias y bajas y continúan las amenazas con nuevos proyectos de ley.

*Economista, ex vicerrector de Desarrollo de la Universidad Nacional.

Jornadas 4-3 bajaran salarios en un 20%

Escrito en 10/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Trabajo.

La jornada 4-3 es pura y simplemente una vía para rebajar el salario de los trabajadores de las grandes empresas. Hablo de las grandes porque solo las grandes pueden aplicar una operación continua de 24 horas todos los días de la semana. Lo digo, lo redigo y lo pruebo con un ejemplo muy sencillo.

Supongamos una empresa de 500 trabajadores con un salario/hora promedio de 2000 colones.

Con las reglas actuales por una jornada diurna de 12 horas se pagan 8 horas ordinarias y 4 extras, en la jornada nocturna de 12 horas se pagan 8 horas ordinarias y 6 horas dobles. El domingo es día de descanso y se paga doble. En el proyecto 4-3 el día de descanso no es el domingo, es variable y es uno de los días que el trabajador no labora. Prácticamente no hay horas extras con la jornada 4-3, solo hay horas de pago doble en el horario nocturno.

Por un mes de trabajo continuo la empresa con 500 trabajadores paga actualmente lo siguiente:

104 millones por horas ordinarias diurnas

78 millones por horas extras diurnas

24 millones por horas dobles diurnas

104 millones por horas ordinarias nocturnas

180 millones por horas dobles nocturnas

Total 490 millones.

Por un mes de trabajo continuo la empresa con 500 trabajadores pagaría con la jornada 4-3 lo siguiente:

180 millones por horas ordinarias diurnas

120 millones por horas ordinarias nocturnas

90 millones por horas dobles nocturnas

Total 390 millones

100 millones menos para los trabajadores, 100 millones más para los dueños de la empresa. Una rebaja de salario del 20.41%, eso es la jornada 4-3. Sangre y sudor de los trabajadores que tendrán que madrugar y llegar muy tarde a sus hogares para desprenderse de una quinta parte de su salario en beneficio de los dueños de las grandes empresas.

¿Eso es todo? No, no es todo. ¿Puede haber algo peor aún? Si, hay algo peor y está en el mismo proyecto de jornada 4-3, es la jornada anualizada. De eso hablaremos luego.

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

La política de lo ficticio

Escrito en 03/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

FICTICIO: Adjetivo. Fingido, imaginario o falso… ENTUSIASMO FICTICIO/ 2. Convencional que resulta de una convención. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

La política de la mentira descarada, caracterizada por la incapacidad y la negativa de llamar a las cosas por su nombre, nos hunde en el universo de lo ficticio, lo que conlleva a que no podamos conocer la esencia de las cosas y el tipo de sociedad en que vivimos.

La corrupción irritante y descarada es inherente a ese mundo ficticio, y empieza por el financiamiento de las campañas electorales, destinadas a escoger a quienes forman la fachada del régimen, no a los verdaderos detentadores del poder: es así como un conjunto de negociados oscuros de algunos banqueros, y manejadores políticos de profesión que han implantado un monopolio de la llamada “participación política”, convertida en un club selecto y cerrado en el que otros actores sociales y políticos no pueden entrar. Las actitudes “transgresoras” de quienes entraron al juego político por vías consideradas como “no legítimas”, por parte de los miembros de ese club de la política ficticia, han provocado un verdadero terremoto en la pasada campaña electoral de Costa Rica(2021-2022), cuando un candidato presidencial que apareció como un outsider (para ellos un intruso), apoyado por un grupo de empresarios y banqueros que estaban fuera del reparto de la piñata, terminó ganando las elecciones y accediendo a la Casa Presidencial del Barrio de El Zapote, en San José la capital costarricense.

Los periodistas de las nuevas generaciones, dentro de las circunstancias propias de este vertiginoso cambio de siglo, vuelvo a insistir por enésima vez, son en su gran mayoría, meros operadores políticos al servicio de una prensa corporativa a la que sirven de manera incondicional, al mismo tiempo que los medios que la conforman son, a lo sumo un apéndice más de las grandes corporaciones, de ciertos holding del capital financiero, e incluso de una serie de actividades muy diversas: entre ellas los parques de diversiones (tal es el caso del llamado Parque Viva), que son el objeto de una enconada disputa entre el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, para el caso de Costa Rica, y los propietarios de un diario que aparece como la punta del iceberg de una de estas entidades, además de ser el único que circula los sábados y domingo como un mero boletín de la oligarquía.

A pesar de lo evidente que resulta el hecho de ser una mera disputa con un cierto trasfondo comercial y relativa al cumplimiento, o no de determinada legislación, relativa al ordenamiento urbano, sus propietarios han puesto el grito en el cielo diciendo que se encuentra en peligro la libertad de expresión.

Sus reporteros no hacen preguntas sino que acosan (e incluso acusan, tergiversan y lanzan denuestos) a los gobernantes y los funcionarios públicos en casi todos los países de América Latina, razón por la que las amenazas a la libertad de expresión parecen venir de los propietarios o administradores de estos medios corporativos, mientras que los gobernantes y funcionarios a lo sumo se defienden, o terminan pagando su silencio y complicidad en determinadas coyunturas.

Sólo en esto coinciden con las viejas empresas periodísticas como el Diario de Costa Rica, La Tribuna, Excelsior, La República y el mismo diario La Nación, el que si bien mantiene el mismo logo hoy es esencia algo muy diferente de lo que fue durante la segunda mitad del siglo anterior, tal y como lo indica el periodista y escritor Carlos Morales Castro (Ver Carlos Morales LA NACIÓN ENTRA EN GUERRA), en un elaborado, además de exquisito artículo, en el que se ponen de relieve las transformaciones sufridas por ese y otros medios, dentro del devenir del tiempo de larga duración histórica.

De ahí la campaña emprendida por ese diario para revertir la decisión de la titular del ministerio de Salubridad, dentro de la que sus propietarios no han dudado en acudir a la vieja fórmula de llamar en su auxilio a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y a la cadena de medios de la dictadura mediática internacional, existentes en los otros países de la región, sobredimensionando y tergiversando las verdaderas razones del diferendo.

No estamos en las épocas en las que las grandes empresas periodísticas del siglo pasado, a las que hemos hecho alusión: eran diarios y radioemisoras que estaban interesadas en hacer un periodismo de cierta calidad para lograr sus propósitos como formadores de opinión, aunque siempre al servicio de los intereses oligárquicos.

Como hace ya muchos años que no hay, o no existen partidos políticos dignos de ese nombre, se ha instaurado la práctica de conformar unas estructuras ficticias, a lo sumo postizas, para justificar los millonarios gastos en las campañas electorales: es así como se inventan seminarios de formación política, estructuras de base, o comités regionales, con apoyo financiero, que dan lugar a movilizaciones raquíticas ante la falta de entusiasmo y de credibilidad en esas instancias “políticas”, por parte de un gran sector de la ciudadanía. Es por eso que formamos parte de una humanidad desesperanzada y descreída a la que, sin embargo, los medios de comunicación y la propaganda persiguen hasta la intimidad de sus hogares, con tal de hacerlos volver al redil.

Mientras tanto las élites del poder, las de la prensa canalla, vendida o mermelera (para el caso del Perú) y las del Poder Ejecutivo, situadas en la cúspide del mando político se ponen de acuerdo para legislar en contra de las grandes mayorías nacionales: aprobarán el aumento de la jornada laboral hasta por doce horas, burlando el pago de horas extras, seguirán imponiendo la regla fiscal deteriorando la institucionalidad del país, congelando los salarios nominales por decreto, en tanto que los reales(poder adquisitivo) a través de la inflación siguen en caída libre, permitiendo la evasión fiscal, la ruina del fisco por los altos intereses que reciben los tenedores de bonos de la deuda pública, las exoneraciones fiscales abusivas y los negociados que les permitirán privatizar y vender a precio de remate las instituciones más importantes de nuestro país(CCSS, ICE y otras). Sobre esos elementos se fundamenta la política de lo ficticio en nuestros países.

Negociación salarial o conflicto social

Escrito en 27/04/2023. Publicado en Derechos, Trabajo.

Manuel Hernández

La pérdida del valor real de las remuneraciones, a merced de las medidas extraordinarias de la Regla Fiscal y el congelamiento de los salarios que receta la Ley Frankenstein, ya se volvió absolutamente inasumible para los trabajadores.

La política extremista de Estado, que impone una devaluación salvaje e indefinida de las remuneraciones, es una política pública de violencia institucional contra la clase trabajadora.

Hasta la misma Procuraduría General de la República, nada sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos, advirtió que el congelamiento indefinido de los salarios, o por un plazo prolongado, tiene un efecto pernicioso, que vulnera el Convenio 131 OIT y un precedente de la Sala Constitucional, que dispuso que el congelamiento de los salarios sólo puede ser excepcional, por un plazo definido y claramente determinado.

También existe un precedente del Comité de Libertad Sindical, contra el Gobierno de Costa Rica, que resolvió una queja, prácticamente en los mismos términos del precedente de la Sala Constitucional.

Cómo decían los Indignados:

“Nos sobra mucho mes al final del sueldo”. (Cártel, Madrid, 2011).

¡La política de los sindicatos debe ser: negociación salarial o conflicto laboral!

UCR, Voz Experta: Ley de Empleo Público, ¿por qué estamos aquí y hacia dónde vamos?

Escrito en 12/04/2023. Publicado en Derechos.

M Sc. Angélica Vega Hernández, directora de la Escuela de Administración Pública. Foto: Karla Richmond, UCR.

El país debería promover nuevas habilidades en la función estatal

Como todo cambio, esta reforma tiene adeptos y enemigos, gente que gana y gente que pierde.

Nuevamente nuestro país se encuentra en una discusión acalorada respecto a la Ley Marco de Empleo Público.

Quiero detenerme en el análisis del por qué ha sido tan complicada una verdadera modernización del empleo público. Es cierto que puede haber muchas visiones válidas; sin embargo, quisiera apuntar tres que veo con claridad: la mala calidad del servicio, los intereses de tercerización y la crisis presupuestaria.

En la primera tenemos responsabilidad todos los funcionarios públicos, quienes de una u otra forma nos hemos escudado en beneficios como la estabilidad y derechos adquiridos para mantenernos en el puesto, en algunos casos sin esfuerzo, calidad e incluso sin la ética necesaria en el servicio que prestamos. Evidentemente, la sociedad está cansada, e incluso nosotros mismos como empleados estamos hastiados de conocer personas en el trabajo que realmente son un gasto para la institución y generan sobrecarga a los equipos, mientras las jefaturas no pueden o no quieren accionar al respecto.

El segundo es la tendencia en nuestro país, desde hace ya más de 30 años, del traslado de los servicios públicos al sector privado, algo que ya se ha logrado en muchas áreas: la banca, la educación primaria y secundaria, las telecomunicaciones y el sector salud. La apuesta ha girado en torno a la premisa de que el sector privado da resultados de altísima calidad con respecto a la función pública, situación que – hemos constatado – está muy lejos de ser cierta… Pero la peor parte es la desigualdad que ha generado este fenómeno.

Como ejemplo concreto de lo anterior, hoy nuestra sociedad debe contribuir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y además pagar por servicios tercerizados de salud para atención primaria, pero que en ningún caso atienden casos agudos de pacientes, operaciones delicadas y tratamientos de largo plazo; para este tipo de complicaciones, la persona debe ir a los hospitales de la CCSS. Al final el pago es doble y el sector privado no da una respuesta semejante a lo que ofrece el sector público hasta el presente.

Finalmente, la eterna crisis presupuestaria de nuestro país. Esta siempre es más grande y preocupante, y se ciñe en los recortes del gasto público. Por ende, todas las instituciones estatales han sufrido estos recortes en sus recursos desde los años 80 y, desde entonces, se ha creado una idea del funcionariado público como enemigo de la ciudadanía: personas vagas, incompetentes, desleales y poco preparadas.

Derribando mitos del funcionariado público

Los estudios muestran que los servidores públicos – en su mayoría – tienen grados universitarios y desarrollan efectivamente una carrera administrativa. Además, en el sector estatal los salarios mantienen paridad de género y políticas de no discriminación en las contrataciones, pautas difíciles de encontrar actualmente en el sector privado.

Esta es una realidad que persevera, a pesar de que hace más 30 años “se le vende” a la población que nuestro sector público es de pésima calidad. Si fuera así, la atención de la pandemia por el COVID-19 hubiera sido absolutamente diferente a lo que fue, pues dicho sea de paso, esta crisis sanitaria fue enfrentada casi en su totalidad por el sector público costarricense.

Los recortes y la mala imagen que se ha forjado del servidor público ha generado, sobre todo, un sinsabor de la población, en beneficio de sectores privados que reciben ganancias de esta dicotomía falsa que se le inculca a la población y que busca un “buen servicio”, pero que no resuelve las necesidades de nuestro país: salud de calidad, educación de calidad, trabajo de calidad, vivienda de calidad y seguridad de calidad.

Lo preocupante de este contexto es que la Ley Marco de Empleo Público se enfoca en un único elemento: el presupuestario. La consigna es recortar salarios, porque son desiguales y excesivos. Sin embargo, ni el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ni el de Hacienda, ni tampoco la Dirección General del Servicio Civil muestran estudios de mercado, con datos y evidencia, para establecer esa nueva escala global. Al parecer, la referencia es que las remuneraciones “se parezcan” a las del sector privado; sin embargo, olvidan que este se caracteriza por tener salarios bajos y desiguales. Parece imposible que con en esta ley podamos tener, cuando menos, un análisis de mercado de salarios respecto al costo de vida, que es el más alto en la región.

El destino incierto del empleo público

La pregunta final es: ¿hacia dónde vamos? Si no se percibe con seriedad que estemos frente a una reforma de toda la dinámica de empleo público y no solo de un ajuste de salarios a la baja, vamos a empeorar aún más las condiciones laborales de la población y esto impactará negativamente en el servicio público, de forma indudable.

En el corto plazo, las personas en la función pública desistirán de crecer en las organizaciones, las más preparadas probablemente se trasladarán a sectores privados o comenzarán a salir del país a buscar mejores condiciones (sí, en Costa Rica tenemos mucho capital humano de exportación en las instituciones públicas). En el mediano y largo plazo no habrá incentivos para permanecer en el servicio público, lo que traerá efectos adversos sobre la competitividad del país.

Este no es un asunto menor. Mientras en nuestro país se minimiza la función pública, en Europa no solo se potencia, sino que también se discute cómo se prepararán las personas para atender servicios con inteligencia artificial y qué otras innovaciones tecnológicas deberán implementar; además de cómo se perfilan para servir a las poblaciones de adultos mayores y cuáles nuevas habilidades de participación social van a requerir. Estos temas no se discuten en la Ley de Empleo Público, pues su texto se limita al recorte del gasto y esto es absolutamente preocupante de cara la tendencia internacional.

La función pública es responsabilidad de todos. Las personas funcionarias debemos tener claro que no trata solo de estar contratado por el Estado, sino de una posición estratégica desde donde se diseña y se construye el país día con día. Espero que las autoridades hagan una reflexión importante sobre la amplitud de las decisiones que se toman hoy y abran rutas de discusión que hagan de nuestra función pública una plataforma de innovación y desarrollo, porque realmente eso es lo que nuestra población requiere, pero que la discusión actual de la ley no lo promueve.

M Sc. Angélica Vega Hernández
Directora de la Escuela de Administración Pública, UCR

El país necesita un diálogo franco

Escrito en 31/03/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

El miércoles 29 se efectuó una marcha convocada para apoyar, inicialmente a los agricultores, pero que luego se tornó en una marcha que clamaba por la defensa institucional y por mejores oportunidades de empleo y también mejores salarios.

La convocatoria fue efectiva pues llegaron miles de personas de muchos sectores. La marcha fue, además, pacífica.

Muy lamentable la actitud del presidente de la República al minimizar la importancia de esa marcha y llamarla que fue como un “chapsui” por la cantidad de sectores que participaron.

Es evidente que los agricultores, los de verdad, los que siembran la tierra han sido los que más han sufrido desde hace más de 15 años con la aprobación del TLC y la promulgación posterior de las leyes que se exigían en ese tratado. Ha sido muy difícil para ellos la colocación de sus productos y además el Consejo Nacional de Producción (CNP) desde hace años dejó de cumplir su función de apoyo a esos agricultores.

Pero lo que más les afecta es la política de importación que han aplicado los distintos gobiernos desde Óscar Arias para acá, trayendo productos dizque más baratos y dejando la producción nacional de lado. Una injusticia para con los agricultores y un beneficio para los intermediarios e importadores.

Es tiempo de que se apoye la producción nacional. Es tiempo de que se apoye al agricultor y es tiempo ya que los precios de muchos de los productos bajen sacando a los intermediarios del camino y que el CNP asuma su rol.

También es tiempo que el señor presidente cambie su actitud y esté abierto al diálogo con los sectores. No es parte de nuestra idiosincrasia el cerrarse al diálogo y pretender hacer las cosas sin la participación ciudadana. Todos podemos aportar algo para el mejor desarrollo del país. Y debe saber el señor presidente que en esa marcha de ayer miles le dieron su voto y confiaron en sus promesas, por eso no se vale que se cierre a un diálogo.

Es cierto que el país está en una encrucijada y es cierto que nuestras instituciones están debilitadas por las acciones corruptas de tantos años, pero lo que requieren no es desparecerlas sino fortalecerlas con una poda y una limpia de la corrupción y un fortalecimiento en sus quehaceres y procedimientos.

Dios quiera que la marcha de ayer, la primera sería y formal en muchos años, sea tomada en cuenta por el señor presidente y sea su resultado el llamado a un diálogo franco y sincero con los sectores que hoy se ven perjudicados por las decisiones de los gobiernos anteriores, pero también por la inacción de este.

Negociación salarial o conflicto social

Escrito en 21/03/2023. Publicado en Análisis, Trabajo.

Manuel Hernández

La política extremista de Estado, que impone una devaluación salvaje e indefinida de las remuneraciones, es una política pública de violencia institucional contra la clase trabajadora.

Hasta la misma Procuraduría General de la República, nada sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos, advirtió que el congelamiento indefinido de los salarios, o por un plazo prolongado, tiene un efecto pernicioso, que vulnera el Convenio 131 de la OIT y un precedente de la Sala Constitucional, que dispuso que el congelamiento de los salarios sólo puede ser excepcional, por un plazo definido y claramente determinado.

Cómo decían los Indignados:
“Nos sobra mucho mes al final del sueldo”. (Cártel, Madrid, 2011).

¡La política de los sindicatos debe ser: negociación salarial o conflicto laboral!