Luis Bernardo Villalobos Solano Ex Decano de la Facultad de Medicina, UCR
Las facturas de las omisiones en conocimiento y en legislación que deben resguardar la salud de las personas para consumir responsablemente y con información productos alimenticios y bebidas de contenido no alcohólico están llegando a los consultorios de esa gran estación de paso que es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como ya hemos mencionado en publicaciones anteriores. Esas desatenciones pueden coadyuvar problemas de sobrepeso, obesidad, hipertensión y otros males circulatorios y renales, entre otros que están dentro del grupo conocido como Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). La situación, sin duda, aparte del sufrimiento de las personas afectadas y sus familias, tiene un costo para todos los cotizantes: Estado, patronos y trabajadores.
Veamos algunos datos reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS:
-En 2022, una de cada ocho personas en el mundo eran obesas.
-Desde 1990, la obesidad se ha duplicado con creces entre los adultos de todo el mundo, y se ha cuatriplicado entre los adolescentes.
-En 2022, 2500 millones de adultos (18 años o más) tenían sobrepeso. De ellos, 890 millones eran obesos.
-En 2022, el 43% de los adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, y el 16% eran obesos.
-En 2022, 37 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso.
Los trastornos relacionados con la nutrición parte de una manifestación grave de cambios en el estilo de vida y en el patrón alimentario-nutricional que han afectado a la población, en este caso de nuestro país y que se inicia hace más de 4 décadas afectando por consiguiente no solo a la niñez y adolescencia, sino que cobija prácticamente a todas las edades. De manera preocupante muy pocas personas no especializadas en el tema son conscientes de esta situación de lo que podríamos denominar ANALFABETISMO NUTRICIONAL.
En el caso de la niñez paga un monto alto ya que inicia con problemas de obesidad a los que se pueden sumar otras patologías tempranas como afecciones cardio-renales que se ven agravadas algunas veces por dificultades en el rendimiento escolar, así como acoso y ausentismo. Además, algunos de estas personas cuando llegan a la adolescencia pueden tener trastornos hipertensivos y otros relacionados como las cardio y nefropatías severas.
El incremento de el sodio y el azúcar, entre otros, agregados al alimento preparado son parte de los factores de riesgo presentes en la problemática descrita tal y como ha sido documentado en múltiples estudios que el lector puede consultar en varias fuentes confiables, tales como la OMS y centros de investigación especializados.
Ya ha sido muy documentado que el etiquetado frontal es una estrategia clave para la prevención del consumo de alimentos poco saludables que han sido relacionados con los trastornos nutricionales. Esta acción en favor de la Salud Pública podría promover que las empresas productoras de alimentos preparados puedan repensar la composición de la oferta acorde con una población educada que demanda productos saludables. La problemática y las posibles soluciones deben verse desde ambos lados del espejo: productores y consumidores. Sin consumidores saludables el negocio de la alimentación ya preparada se caería.
Por otra parte, el etiquetado frontal debe verse como una estrategia educativa en Salud Pública que promueve el derecho ciudadano a la salud. El etiquetado de los octágonos es uno de los que ha mostrado mayor eficacia y ha sido adoptado por varios países de la región de las Américas. Es un etiquetado simple muy accesible a todos los grupos poblacionales, independientemente de su nivel educacional.
Dentro de ese marco precedente, es importante señalar la importancia del proyecto de conocido como LEY DE ETIQUETADO FRONTAL CON ADVERTENCIAS NUTRICIONALES PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON CONTENIDO NO ALCOHÓLICO . Expendiente N° 23.861, presentado por la Diputada Andrea Alvarez Marín que tiene como objeto:
¨establecer un marco regulatorio para el etiquetado frontal de productos alimenticios y bebidas con contenido no alcohólico. Lo anterior, como mecanismo de advertencia nutricional, promoviendo el acceso a la información de manera visible, rápida y de fácil comprensión para las personas consumidoras de ese tipo de productos, cuando se comercialicen en el país y las reglas aplicables cuando se importen de otro.
En nuestro país en muchas ocasiones se legisla de manera urgente cuando hay evidencia del problema que podría ayudar a resolver una determinada ley. Esta es una extraordinaria oportunidad. Las señoras y señores diputados tienen la palabra para promover esta importante política pública y ojalá pidan a las autoridades de salud todas las estadísticas relacionadas con esta problemática y verifiquen, incluso en su núcleo familiar y de amistades casos en los que esta ley podría contribuir casi de manera inmediata.
Habitantes en condiciones de vulnerabilidad sufren para hacerle frente a sus procesos de enfermedad
Una de las entidades más denunciadas por las y los habitantes ante la Defensoría de los Habitantes es la Caja Costarricense del Seguro Social por transgresiones al derecho fundamental a la salud, siendo algunas de las principales causas: tiempos de espera prolongados, problemas en la entrega de medicamentos, citas con especialistas a plazos irrazonables, realización de exámenes diagnósticos, insuficiencia de recursos humanos, condiciones de infraestructura, problemas en el equipamiento, entre otros.
Las denuncias de los habitantes, el resultado de las investigaciones, la observación activa de procesos de coordinación interinstitucional en el sector salud y las inspecciones de centros de salud, permiten a la Defensoría obtener una mirada que pone en la palestra los riesgos del sistema y la necesidad de acciones urgentes por parte de las autoridades. No sólo se trata de intervenir en la sostenibilidad financiera del sistema a través de una adecuada recaudación, sino también la incorporación de acciones innovadoras en materia de recursos humanos, financiamiento, infraestructura y equipamiento, que se traduzcan en forma efectiva en la satisfacción plena del derecho a la salud de los habitantes.
Los tiempos de espera para exámenes, consultas y cirugías, en múltiples ocasiones resultan irrazonables, situación que coloca a los habitantes en condiciones de vulnerabilidad para hacerle frente a sus procesos de enfermedad. La suspensión de muchos proyectos de infraestructura no sólo ha defraudado las expectativas de muchos habitantes, sino que incrementa los riesgos y ejercen presión sobre el sistema que de por sí, ya está sobrepasado por la demanda. La fuga de especialistas médicos nos da cuenta de un sistema que debe fortalecerse para atender en forma armónica las necesidades de la población, en consideración de saludables y atractivas condiciones laborales para todos los trabajadores del sector.
Procesos de formación de especialistas regulados y estratégicos, estudios de necesidades que sirvan de fundamento para la toma de decisiones con visión prospectiva, un uso máximo y racional de toda la infraestructura disponible, así como el aprovechamiento de todos los turnos horarios; son solo algunas de las líneas de acción que la Defensoría de los Habitantes considera que se deben valorar con urgencia.
La población se enfrenta a una oferta de servicios insuficiente y con problemas de calidad, que podrían tener explicación – en no pocos casos- en esa insuficiente oferta de servicios. Los retos son muchos y definitivamente deben pasar por el fortalecimiento del primer nivel de atención, con mayor capacidad resolutiva, en términos de calidad y cantidad y con un mecanismo definido de coordinación en red, que permita una maximización de los recursos disponibles y un servicio resolutivo más cercano a la población en términos geográficos.
En otro orden de ideas, la digitalización de los servicios sin duda alguna, es una herramienta que facilita los procesos de intervención en salud. El acceso a través de herramientas tecnológicas, ha facilitado a muchas personas su asistencia a los servicios, no obstante, el uso del EDUS y de las plataformas tecnológicas para la obtención de citas, no debe constituirse en una estrategia de intervención generalizada, que desconozca las diferencias en las poblaciones, la disposición de los recursos tecnológicos aptos para su uso y las posibilidades logísticas de los diferentes grupos, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad. Por ello, es necesario evaluar la medida y determinar dónde es idóneo para atender las necesidades de la población adscrita y dónde debe variarse la estrategia para la asignación de citas a las personas aseguradas.
La inversión en la salud de la población requiere un fortalecimiento sostenible en el tiempo. El perfil epidemiológico de nuestro país plantea retos que deben ser atendidos en tiempo y calidad, de tal suerte que la población pueda ver atendidas sus necesidades oportunamente. No resulta de recibo y así lo ha establecido la Sala Constitucional, que continuemos creando barreras a las necesidades de los habitantes en el campo de la salud, argumentando insuficiencia de recursos. Las necesidades del sector salud demandan acciones en las que participen todos los sectores que forman parte del sector, con una mirada hacia el fin público y la garantía del derecho a la salud de los habitantes, con una armonización clara, con rectoría firme y consistente del Ministerio de Salud, tanto en la articulación y regulación, como en la fiscalización del cumplimiento de metas. Y en ese proceso, la voz del paciente y sus organizaciones siguen siendo un punto de partida central, pues los pacientes – receptores directos de los servicios, también pueden contribuir a referenciar los puntos álgidos del sistema y comprender los puntos álgidos del sistema.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Obviamente es el empleado de más alto rango que pagamos todos los costarricenses. Sin embargo, atendiendo a sus principales políticas y acciones pareciera más bien que continúa trabajando para el Banco Mundial, y ahora también para el Fondo Monetario Internacional.
La agenda de este gobierno es la misma que han venido promoviendo e impulsando estos organismos financieros internacionales desde hace cuatro décadas. Es decir, la que plantea la privatización de las instituciones estatales, dedicadas a los negocios más rentables, como energía, agua, educación y salud.
La tan mentada reforma del estado, que en buena lid buscaba ordenar mejor la casa de todos, ahora se ha convertido en una suerte de desmantelamiento de la institucionalidad social, con reducciones presupuestarias significativas, para hacerla aparecer como ineficiente y onerosa, y así justificar su privatización. Una vez más, como en los casos de las constructoras H Solís y MECO, ahora con la contratación de servicios de la Caja a algunas cooperativas, se pone en evidencia que los benditos convenios público-privados son solo una mampara con la que se busca ocultar el propósito real, que es servir a intereses privados; es la relación incestuosa entre lo público y lo privado, donde se ha venido dando una tendencia a favorecer a las grandes empresas privadas.
Y a estas alturas de su gestión gubernamental, no vemos señales de rectificación en ninguna dirección, que nos permitan vislumbrar un avance significativo en aspectos sustantivos como reducción de la pobreza y la desigualdad. Se continúa apostando tercamente ´por las fracasadas políticas fondomonetaristas, que no hacen otra cosa más que endeudar a todos los costarricenses y trasladar los servicios que brinda la institucionalidad social a los grandes negocios privados, encareciéndolos y profundizando, así, el ciclo de la pobreza y la desigualdad.
Bueno, a decir verdad, don Rodrigo no es el único gobernante que ha trabajado para los organismos financieros internacionales, poniéndose el doble sombrero (el brent black y el chonete), sin embargo, lo ha venido haciendo con tal fidelidad a sus mandatos, que nos resulta paradigmático. En este sentido, el gobernante aparece como dócil y condescendiente hacia afuera y arrogante y autoritario hacia adentro. ¿A quién sirve don Rodrigo?
Tenemos un país que merece ser gobernado desde, para y por Costa Rica. Un gobernante con alma de tico, “porque lleva a Costa Rica en las entrañas”, como dice la canción “soy tico” de nuestro insigne cantautor Carlos Guzmán. Y lo merece porque sí hemos tenido gobernantes estadistas patrióticos que hicieron mucho para heredarnos un país con una institucionalidad democrática y social fuerte, con una riqueza ecológica envidiable, con una tradición de paz social también ejemplar, con universidades públicas de alto nivel, con un sistema de salud de los mejores de América, sin ejército, con una red de carreteras que cruzan todo el país, con electrificación de amplia cobertura, con un buen servicio de agua potable, entre tantas otras conquistas.
La patria puede concebirse en un doble sentido, decía nuestro insigne maestro, Omar Dengo, como territorio y como espíritu, y un territorio estéril y un espíritu poseído de odios son cosas que no están destinadas a permanecer. Lamentablemente, el presidente Chaves al servicio de los organismos financieros internacionales y sus esterilizantes políticas economicistas, así como con un discurso polarizador y confrontativo que contribuye a levantar los muros del odio, como bien señala el maestro Dengo, nos está legando una patria sin futuro.
El presidente Chaves llegó al poder aduciendo que se pondría la camiseta para trabajar con alma y corazón por Costa Rica. Pero rápidamente se la quitó para ponerse un traje a la medida de los poderes fácticos económicos y geopolíticos foráneos. No logró calar en el alma costarricense, y gobernar desde y para Costa Rica.
Por: Johnny Núñez Z./periodista Oficina de Comunicación-UNA jnunez@una.cr
“La madrugada del 11 de marzo de 2007, un fuerte dolor en la caja torácica que se irradiaba en ambos brazos me despertó de forma súbita. Para no caer en pánico di varias vueltas por la sala de mi casa, hasta requerir ayuda. Ingresé al hospital, al parecer con síntomas de infarto, lo cual se confirmó en un electro que me realizaron. Sinceramente no me había percatado de la gravedad del asunto hasta que me hicieron un cateterismo… En ese procedimiento descubrieron que mi corazón estaba muy enfermo, por lo que era inevitable e impostergable una cirugía, la cual se hizo cinco meses después. Pensé que mi vida se acababa. Tiempo después el médico me recomendó acudir al Programa de Rehabilitación Cardiovascular de la UNA, en el Campus Benjamín Núñez. En pocas palabras mi vida cambió, gracias a esta rehabilitación que devolvió mi paz y calidad de vida”.
El testimonio de Oscar Fernández de 76 años es uno de varios casos de éxito del proyecto Educación y Rehabilitación Cardiopulmonar Fase III de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (Ciemhcavi) de la Universidad Nacional (UNA), que fomenta hábitos saludables en pacientes cardiópatas o en personas con factores de riesgo de forma preventiva.Actualmente, Fernándezrealiza actividad física tres veces por semana con la debida supervisión, lo cual le ha permitido participar en carreras de 10 y 11 km.
Educación y confianza
Gretel Villalobos, coordinadora de rehabilitación cardiaca fase III explicó que este proyecto busca que personas como don Oscar mantengan un estilo de vida saludable para insertarse a sus actividades diarias lo más normal posible.
Sin embargo, antes de incorporarse a este proceso, la persona tuvo que superar las fases I y II del Programa de Rehabilitación Cardiovascular. La fase uno es el periodo donde el paciente está hospitalizado después de sufrir un evento o procedimiento cardiaco y la fase II, es cuando inicia la rehabilitación, previo aval médico, entre la primera y segunda semana posterior a la intervención cardiaca. Esta fase consta de 36 sesiones de ejercicio programado y monitoreado por medio de la telemetría, supervisión médica y sesiones de educación al paciente, en cuanto a la enfermedad cardiaca, manejo de los factores de riesgo coronario y cambios en su estilo de vida.
La especialista de Ciemhcavi detalló que lo más importante de la fase III es la educación, donde la persona aprende a conocer su cuerpo, detectar un síntoma, cuándo asistir al médico y el tipo de ejercicio que puede realizar de forma controlada. “En esta fase no prescribimos el alta, la idea es que la persona se mantenga en el proyecto, se involucre en actividades sociales o grupos conformados, donde se sienta parte de la comunidad al cumplir un rol social y no se aísle en su casa”, subrayó Villalobos.
Precisó que mediante la rehabilitación en fase III el paciente vence el miedo de volver a ejercitarse, comparte sus experiencias con otros usuarios, aprende sobre su padecimiento y cómo abordarlo. Además, desde la parte física, el mantenimiento de su capacidad cardiovascular.
Video:
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Frente Ecologista de Cipreses presenta diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimientodel AyA y del Ministerio de Salud,condenadas a formalizar su obligación y deber de protección de las nacientes de agua así como del fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas del AYA.
Frente Ecologista señala que “no va a descansar hasta ver fortalecido el Laboratorio Nacional de Aguas” ya que la Sala Cuarta les dio la razón y ordenó fortalecer dicho laboratorio.
Consultorio Ambiental de la Facultad de Derecho de la UCR acompaña en proceso de denuncia al Frente Ecologista de Cipreses ante la Gestión de Desobediencia que es analizada por la Sala Cuarta
Comunicado
El Frente Ecologista continúa en pie de lucha y recientemente presentó una diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y del Ministerio de Salud, de la Resoluciones N° 022027086 y Nº 2023013384 de la Sala Constitucional de las 9:30 horas del 15 de noviembre del 2022 y las 13:41 del 6 de junio de 2022, de resolver la contaminación del agua de las nacientes Plantón, y Carlos Calvo con clorotalonil, sumado al incumplimiento de las instituciones condenadas a formalizar su obligación y deber de protección de las nacientes de agua así como el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas del AYA como medida preventiva y mayor capacidad de análisis.
Los ecologistas señalan que todo sigue igual, que se siguen fumigando las nacientes y que el Laboratorio Nacional de Aguas sigue sin tener la capacidad técnica instalada para hacer análisis de todos los productos de degradación del agrotóxico contaminante clorotalonil.
“El clorotalonil ha sido prohibido en la Unión Europea y recientemente en Costa Rica, por lo que solicitamos en aras de proteger la salud que se ordene al Laboratorio Nacional de Aguas conseguir los reactivos y equipos tecnológicos necesarias para analizar todos los subproductos de clorotalonil y meter de oficio esos análisis en todos los muestreos N4 que se hacen en Costa Rica. También solicitamos que se le ordene tener la capacidad técnica de monitorear todas las partículas de plaguicidas registrados en Costa Rica. No queremos que el Laboratorio Nacional de Aguas siga siendo el cuchitril que ha demostrado ser y que siga sin tener capacidad técnica instalada. Costa Rica merece un Laboratorio Nacional de Aguas de vanguardia y con capacidad de proteger la salud humana y ambiental” Indicó el agro biólogo y ecologista Fabián Pacheco del Frente Eco Cipreses
Los ecologistas señalan que acuerdo a la normativa anterior y el bloque de constitucionalidad que rige sobre esta materia, se está dando una omisión evidente y descarada a tal punto que ya existen tres recursos de amparo presentados con vista positiva de la Sala Constitucional con respecto a la tutela del derecho fundamental de acceso al agua potable de las personas de la comunidad de Cipreses de Oreamuno y alrededores, y aun así no se han visto en la realidad que se cumplieran estas tres órdenes extendidas por la Sala Constitucional.
En el recurso de inejecución de sentencia por el incumplimiento interpuesto por los y las ecologistas señalan que existe un evidente incumplimiento de obligaciones por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dentro de las pretensiones del recurso de gestión de desobediencia el Frente Ecologista de Cipreses respaldado por el Consultorio Ambiental de la Universidad de Costa Rica solicita:
Se declare con lugar en todos sus extremos la presente gestión por desobediencia de lo ordenado por la Sala Constitucional en la sentencia No.2022027086 y No. 2023013384, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Así mismo señalan que se le ordene al Ministerio de Salud establecer las medidas necesarias de coordinación con las autoridades correspondientes del MINAE, AyA y MAG, en el respectivo ejercicio de sus competencias, para que se ejecute lo indicado por Sala Constitucional en sus resoluciones No.2022027086 y No. 2023013384, además de dar atención a lo solicitado en el informe sin número “Informe Técnico Clorotalonil”
Se le ordena al AyA realizar las gestiones pertinentes que permitan garantizar al Laboratorio Nacional de Aguas los recursos necesarios para la cuantificación de los metabolitos del clorotalonil, así como implementación a nivel nacional un programa de vigilancia y control en agua para consumo.
Se solicita que, en caso de continuar el incumplimiento de estas disposiciones, la Sala Constitucional ordene la apertura del procedimiento administrativo disciplinario, así como el traslado de piezas al Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia por parte de los funcionarios responsables de dicho incumplimiento, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
El Frente Ecologista de Cipreses señala que lograr que el Laboratorio Nacional de Aguas sea fortalecido es un logro de su lucha y trabajo y que no descansará hasta ver dicho laboratorio fortalecido. Así mismo señalan que el acompañamiento legal y jurídico del Consultorio Ambiental de la Universidad de Costa Rica es de singular importancia en lograr dicho cometido.
El enfoque identifica factores de riesgo para evitar llegar a etapas avanzadas de la enfermedad y así prevenir las muertes
Una nueva esperanza de vida ya está disponible para la población costarricense desde el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (Cicica) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Se trata de los análisis para el diagnóstico temprano del cáncer de próstata, el tipo de cáncer con mayor mortalidad en Costa Rica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer de la OMS, cada año se diagnostican en Costa Rica cerca de 1 700 nuevos casos de cáncer de próstata y, aproximadamente, 400 individuos fallecen anualmente a causa de esta enfermedad. ¿El principal motivo de tantas muertes? El diagnóstico tardío.
Ante esa realidad, el Cicica-UCR, junto con la Asociación Proprevención y Lucha contra el Cáncer de Próstata (Aprecap), están ofreciendo paquetes de detección temprana a bajo costo que contempla la medición del antígeno prostático específico (APE), así como una valoración clínica que incluye el examen físico, la evaluación de los síntomas, los antecedentes familiares y el tacto rectal.
El precio del paquete puede variar según las necesidades particulares, por lo que el costo final se le informa a cada persona de manera específica al momento de solicitar su cita al Cicica-UCR al 2511-3322.
Ambos procedimientos se efectúan en las instalaciones de la UCR y su aplicación permite iniciar cuanto antes el tratamiento contra el cáncer, a fin de evitar que las personas lleguen a etapas avanzadas del padecimiento y, por lo tanto, a la muerte.
“Con la UCR hemos logrado gestionar un precio especial para que los hombres puedan venir a realizarse el examen de sangre y el tacto rectal. Con esta medida buscamos disminuir las barreras económicas que impiden que muchos hombres accedan al diagnóstico temprano y, de esta forma, reducir las altas tasas de mortalidad por la detección tardía”, manifestó Hellen Arroyo Mora, directora ejecutiva de Aprecap.
El servicio que brinda la alianza UCR-Aprecap surge como una opción para contribuir a la salud pública nacional ante los desafíos de atención que presenta tanto el sector público —con sus listas de espera—, como el sector privado —por los altos costos del servicio—.
La atención proporcionada por la UCR es rápida y los resultados de las pruebas se entregan en un plazo de dos semanas, lo que le permite a los pacientes tomar decisiones informadas de manera oportuna.
Una de las razones del diagnóstico tardío es la percepción errónea del tacto rectal. Desde Aprecap se han dado cuenta cómo algunos hombres son reacios a realizarse el examen de próstata por el estigma social, o bien, por el factor económico de los análisis.
Las pruebas
La Dra. Ana Cristina Castro Castro, microbióloga e investigadora del Cicica-UCR, indicó que los procedimientos que aplica el Centro son los que ya están estandarizados a nivel nacional e internacional.
Por ejemplo, el APE es la prueba estándar de oro que mide el nivel del antígeno prostático específico en el cuerpo, un tipo de proteína que es producida por la próstata. “Los niveles elevados de APE en la sangre pueden alertar la presencia de diversos problemas, incluidos el cáncer de próstata”, expresó la Dra. Castro.
El tacto rectal, por su parte, otorga la oportunidad de evaluar el estado de la próstata al palparla a través del recto. El objetivo de este procedimiento es identificar cambios en la forma de la glándula prostática, así como nódulos, tamaño o textura, que puedan sugerir la presencia de una enfermedad.
Al unir esas dos pruebas, tanto el tacto rectal junto con el examen de APE, se logra obtener un método eficaz para la detección temprana de este tipo de cáncer, aun en personas que no presentan síntomas evidentes.
“Estos exámenes nos orientan sobre el riesgo que tiene el paciente de desarrollar un cáncer de próstata. Así, podemos identificar de manera oportuna si la persona requiere estudios complementarios para descartar (o no) la presencia de un tumor”, manifestó el Dr. Gonzalo Azúa Córdova, urólogo del Cicica-UCR y encargado de la valoración clínica.
En el cáncer de próstata hay tumores más agresivos que otros, especialmente, los de carácter hereditario. Por eso, se recomienda que quienes presentan antecedentes familiares inicien su chequeo a partir de los 40 años. Imagen efectuada mediante IA.
La prioridad
En estos momentos, el Cicica-UCR está brindando atención a pacientes con riesgo alto e intermedio de cáncer de próstata.
El Dr. Azúa explicó que el grupo de riesgo alto lo integran aquellos con familiares de primer orden —papá o hermanos— que han tenido cáncer de próstata antes de los 55 años, pues dicha carga hereditaria aumenta el riesgo de sufrir este padecimiento.
Otro de los grupos identificados como de alto riesgo son los pacientes de etnia afrodescendiente. Se ha visto que tienen un riesgo aumentado. Por lo tanto, “a nivel poblacional se recomienda que inicien el control a partir de los 40 años con tacto rectal y antígeno prostático”, agregó el Dr. Azúa.
Por otro lado, los de riesgo intermedio están conformados por personas de 50 años en adelante quienes, solo por estar en este rango de edad, requieren ser valorados.
Por último, están los hombres en riesgo bajo —menores de 40 años—, a los que se les recomienda tener estilos de vida saludables, hacer ejercicio y poseer una dieta equilibrada para disminuir el riesgo de aparición de la enfermedad.
“El cáncer de próstata es silencioso y crece lentamente. En etapas iniciales el hombre no presenta ninguna molestia y puede estar hasta por cinco, siete o diez años sin molestias. Ya cuando ese tumor creció lo suficiente para dar molestias, quiere decir que es muy tarde y es poco lo que se puede hacer. Esto es lamentable, porque la persona tuvo un buen tiempo para abordarlo y por eso es que insistimos en que siempre consulten de manera rutinaria”, explicó el Dr. Azúa.
El requisito para la toma de la muestra de sangre es una abstinencia sexual de tres días, porque la eyaculación eleva transitoriamente el antígeno prostático. Si el paciente ha presentado alguna infección urinaria, prostatitis o cirugía de próstata, debe esperar al menos mes y medio antes de la toma de la muestra a fin de evitar falsos positivos.
La atención
Actualmente, la UCR está en capacidad de atender alrededor de cuatro pacientes por semana y el paso a paso es bastante simple.
A la persona primero se le agenda un espacio en el laboratorio del Cicica-UCR, a fin de obtener la muestra de sangre para la medición del antígeno prostático.
Posteriormente, con los resultados obtenidos se le da una cita con el Dr. Azúa para la valoración clínica. Después de esto pueden pasar dos cosas.
Si los análisis salen normales, al paciente se le dará cita de control dentro de un año en el Cicica-UCR. Si no, se le remitirá a estudios complementarios a un centro externo, como lo es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El paciente tendrá una referencia en la cual ya está priorizado según su nivel de riesgo. Esta priorización ayuda a agilizar las listas de espera.
Al llegar al centro de salud, el médico valorará realizar un ultrasonido transrectal y una biopsia. Si la biopsia aparece alterada, la persona tiene tres opciones. La primera es que sea un cáncer de bajo nivel de agresividad que se puede vigilar.
La segunda es que sea de riesgo patológico intermedio o alto. En este caso se procede a una prostatectomía radical —extirpar toda la glándula prostática— o a la radioterapia, las únicas dos terapias disponibles en Costa Rica con propósitos curativos. La tercera son los cuidados paliativos si ya es un cáncer avanzado.
“Queremos que los hombres sepan que el cáncer de próstata puede tratarse exitosamente si se detecta a tiempo. Nuestro objetivo es que más hombres acudan a hacerse los exámenes y así salvar muchas vidas”, subrayó Hellen Arroyo.
Con esta iniciativa, la UCR y Aprecap esperan concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana y, a largo plazo, reducir las elevadas tasas de mortalidad.
Desde el punto de vista de mortalidad hablamos, en general, de dos tipos de cáncer de próstata: el temprano, cuando todavía se puede ofrecer tratamiento curativo; y el avanzado, que brinda solo tratamiento paliativo para aliviar las molestias.
En esto hay que tener claro que no se puede evitar la aparición del cáncer de próstata. Lo único que se puede hacer son los exámenes periódicos para detectarlo a tiempo.
Lo que viene
El servicio que ofrece la UCR es único e integral. Este combina la atención médica con los pilares característicos de la UCR: la acción social, la docencia y la investigación.
“Queremos un ganar-ganar. Al valorar a una persona, estamos haciendo acción social para que tenga un acceso oportuno en el corto plazo, conozca su nivel de riesgo y pueda tomar decisiones sobre estudios adicionales. Actualmente, esta es la primera etapa”, añadió el Dr. Azúa.
Esta primera fase de acción social está centrada en optimizar los recursos y en validar los procesos. Posteriormente, comentó el especialista, irá la fase dos que contempla la investigación.
Esta fase se nutrirá de los datos obtenidos de la primera etapa. Uno de los campos en los que el Cicica-UCR desea trabajar es sobre cómo detectar aquellos cánceres de próstata que son agresivos de los que no lo son, ya sea mediante una prueba clínica o exámenes de laboratorio no invasivos como la biopsia líquida.
“El objetivo futuro en la fase de investigación es diferenciar estos tumores para generar nuevo conocimiento y, eventualmente, cambiar algunas de las prácticas que hacemos actualmente en la labor asistencial —como es el tamizaje— por pruebas moleculares basadas en la realidad costarricense. Si nosotros logramos estudiar nuestra genética y nuestros tumores, podríamos tener el conocimiento necesario para favorecer a nuestros hombres”, puntualizó el Dr. Azúa.
Finalmente, la fase tres tendrá un enfoque docente orientado a enseñar y a capacitar en técnicas de diagnóstico, como lo son el ultrasonido transrectal de próstata y la toma de biopsias.
«A nivel de tamizaje aún no estamos innovando, pero una vez que pasemos a la segunda y tercera fase esperamos poder ofrecerle al país medidas más avanzadas y efectivas que mejoren los métodos actuales«, señaló el médico especialista.
Con este servicio, la UCR sigue demostrando su compromiso con la salud pública nacional, al no brindar solo la atención médica, sino también al contribuir con futuras investigaciones y en la formación de profesionales en el área de salud.
Mediante esta nueva iniciativa se espera que más personas puedan acceder a un diagnóstico temprano que les permita tratar a tiempo esta enfermedad silenciosa, pero mortal.
“En la Aprecap tenemos más de 11 años de ser pioneros en la lucha contra el cáncer de próstata y, definitivamente, creemos que en la Universidad de Costa Rica, una universidad de grandísimo renombre y con profesionales de altísimo nivel, existe una gran oportunidad para realizar investigación científica y seguir gestionando información que nos apoye en esta lucha”, concluyó Hellen Arroyo.
Desde noviembre del 2023, cuando inició el servicio, en la UCR ya se han atendido a más de 70 pacientes.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Dra. Angélica Vargas Campos Especialista en Ginecología y Obstetricia Invitada de ACANAMED
El Embarazo en la Adolescencia tiene determinantes sociales bien definidas que ponen en condición de vulnerabilidad a las personas adolescentes, entre ellas podemos destacar la Pobreza la Ruralidad, la Baja Escolaridad o Deserción escolar, la Violencia de Género, las Relaciones Impropias, el Acceso limitado a Servicios de Salud, Desconocer el derecho al aseguramiento que tiene los adolescentes, la Demanda insatisfecha en Educación sexual, Consejería y Prescripción de métodos anticonceptivos.
Por lo anterior, queda claro que las acciones para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes no pueden ser individuales, requieren intervenciones articuladas que deben ir desde la familia, la socialización en la comunidad hasta la articulación institucional, que nos permita dar contención a las necesidades de desarrollo integral de las personas adolescentes y a la protección de sus derechos.
El país tiene una estructura legal robusta y hay Instituciones Públicas sólidas para dar respuesta a esta necesidad.
En los últimos años se han desarrollados diferentes estrategias y proyectos para mejorar la atención de los adolescentes que lamentablemente no han sido sostenibles en el tiempo.
Cabe destacar en estos esfuerzos el Proyecto Salud Mesoamérica ejecutado en el país del 2015 al 2019, en dos regiones del país por alta tasa de embarazo en adolescentes y en el que se logró bajar la tasa de embarazo de forma significativa.
Línea base: 4.97 Meta: reducción 28%, equivalente a 3.57
Este proyecto dejó exitosas lecciones aprehendidas entre ellas de gran importancia la articulación institucional, cada institución cumplía un rol de acuerdo a sus labores establecidas, así por ejemplo tenemos que en la CCSS se brindó atención diferenciada con valoración de riesgo psicosocial, lo que permitía la identificación de los y las jóvenes en situaciones de riesgo social o riesgo sexual y reproductivo para quienes se disponía a su vez de consejería en salud sexual y reproductiva por profesionales interdisciplinarios, se amplió la oferta anticonceptiva con incorporación de métodos de larga duración como el Implante subdérmico y se llevó a cabo una extensa capacitación a funcionarios.
Por su parte el MEP trabajó de forma exitosa en prevenir la deserción escolar, y por medio del programa afectividad y sexualidad llevó la educación sexual a los jóvenes, ya identificado que su ausencia es un determinante social de riesgo para el embarazo y que ha quedado claramente establecido como un factor protector en la reducción de embarazos desde su incorporación en el 2012. El PANI por su parte daba seguimiento a las situaciones de violencia y capacitó un importante grupo de adolescentes protagonistas que a su vez capacitaba a sus pares en la comunidad, el CEN CINAI atendía las situaciones de riesgo nutricional de adolescentes embarazadas y adolescentes madres y además de participar activamente en educación a las chicas.
Se implementaron estrategias de captación como fue la consulta médica fuera de los servicios de salud, en escuelas y espacios laborales (EFES espacios fuera de servicios de salud).
Como mencioné al inicio parte importante del éxito está dado por articulación institucional que se llevó a cabo bajo la Coordinación del Ministerio de Salud como Ente Rector.
Esta articulación consistió en la creación de equipos de trabajo denominados Unidades de Coordinación Local y Regional y Nacional, conformada por representantes de cada institución los cuales se reunían mensualmente para dar seguimiento a las adolescentes de su adscripción que presentaran alto riesgo de psicosocial, riesgo de embarazo o adolescentes ya embarazadas y coordinar la atención que necesitaran.
Nos queda de trabajo pendiente buscar la forma de dar sostenibilidad en el tiempo a estrategias que como esta han demostrado ser exitosas.
El jueves 26 de septiembre del 2024 se estará llevando a cabo el Foro Anual Virtual de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, con el tema “Atención adecuada de adolescentes en la CCSS y el rol del Hospital Nacional de Niños”.
El programa empieza a las 7:00 pm, con la bienvenida por el Dr. Aristides Baltodano, presidente del ACANAMED, y seguidamente por la presentación del foro por el pediatra Dr. Alberto Morales, experto en adolescencia, y coordinador del Foro Anual ACANAMED.
El primer tema se expondrá a las 7:20 pm, por el ponente Dr Carlos Jimenez, director general del Hospital Nacional de Niños, y tendrá que ver con la situación actual y visión de los adolescentes en el HNN.
Seguidamente, a las 7:35, se tocará el tema de la experiencia de la Clinica de Adolescentes en el HNN, por la jefa de esta clínica, la Dra. Daniela Carvajal.
Luego,a las 7:50 se presentará el ex-director del PAIA, sobre los principales problemas de salud de las personas adolescentes en Costa Rica.
A las 8:05 el ponente será el Lic. Minor Sequeira, director del PAIA, hablando sobre la política institucional en salud adolescente en la CCSS.
Finalmente, a las 8:20 habrá una ronda de preguntas, con el Dr. Alberto Morales, y un cierre con el Dr. Aristides Baltodano.
El pasado miércoles 18 de septiembre se llevó a cabo un espacio en Voces y Política, Radioemisoras UCR, para hablar sobre la contaminación del agua por agrotóxicos, en específico, el caso del derrame de Mancozeb en el río Barranca, en Puntarenas.
Como invitados estuvieron Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad; Elidier Vargas, agrónomo; y el comentario de Yamileth Astorga, bióloga. Sus aportes arrojaron luz sobre este asunto, el cual pareció ir y venir sin mayor revuelo, aun cuando tiene peligrosas implicaciones para la salud de las personas vecinas de Esparza y Barranca.
Yamileth Astorga comenta que el Mancozeb en seres humanos puede causar cáncer, y afectar el sistema endocrino causando daños a la tiroides y al sistema reproductor, entre otras complicaciones, y en crustáceos y peces es tóxico en extremo, causando la muerte inmediatamente. A esto, Henry Picado le agrega que siendo que en esta situación las personas llevaban más de una semana de estar en contacto con posibles trazas de funguicida, lo cual podría significar casos de intoxicación crónica, la cual se desarrolla a través del tiempo, diferenciada de la aguda, la cual se presenta inmediatamente en presencia de una gran cantidad del elemento tóxico.
Inicialmente, se describe el inicio de la situación, el 27 de julio del 2024 se vuelca una cisterna de fungicida Mancozeb, el cual cargaba 17 mil litros de este agrotóxico, y este se vierte en una quebrada, la cual lleva el fungicida al río barranca, y contamina capturas de agua de Esparza y Barranca, dejando a más de 100.000 personas sin agua por varios días.
Se habla también de los intereses políticos alrededor del fungicida, y la reticencia del Ministerio de Salud de mostrar los niveles específicos de componentes tóxicos, hasta que fueron forzados por un Recurso de Amparo a través de la Sala Cuarta. Esto tiene que ver con el poderío económico que tienen las bananeras, y sus exportadores en Europa, cuyos países, según comentan los ponentes, tienen prohibiciones alrededor del Mancozeb y otros plaguicidas y fungicidas, pero no los prohiben para venderlos y exportarlos a otros países, especialmente en Latinoamérica donde son una problemática. Además de esto, se comenta sobre un artículo extranjero de los efectos del Mancozeb en Costa Rica y sus bananeras, y como ha pasado desapercibido debido al fuerte poder político de la industria agroexportadora y distribuidora de pesticidas.
A este sector le interesa seguir utilizando este fungicida ya que en zonas calientes y húmedas como lo es Puntarenas, y en otras áreas con monocultivos de banano, se propagan hongos fácilmente y pueden destruir las cosechas, lo cual es prevenido por el fungicida, el cual lleva ya casi 4 décadas de ser utilizado en el país, lo cual podría explicar aún más la resistencia al cambio acerca de la prohibición de este.
No obstante, como comentan los presentadores, el problema se da cuando el Ministerio de Salud, emite un documento técnico hecho por tres personas en el que se permite a las zonas utilizar el agua. Henry Picado habla de cómo estos técnicos se saltaron la ley de aguas, y nota lo peligroso que fue darle agua a la gente en algunos casos solo 3 días después del incidente.
A esto Elidier Vargas le agrega las facetas de retroactividad jurídica, y la naturaleza vinculante del Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano. Lo primero, trata sobre como estos los técnicos al publicar este documento, se basan en leyes de los noventas acerca del máximo nivel permitido de elementos del fungicida, las cuales no solamente están rompiendo el principio de retroactividad jurídica al intentar subir un máximo permitido para agua potable y varios puntos del Tratado de Libre Comercio sobre acuerdos ambientales, sino que están basados en regulaciones obsoletas que se colocaron antes de que se descubriera la naturaleza cancerígena de los componentes de este fungicida.
Además, lo segundo, es que este reglamento fue firmado por el presidente, y el Ministerio de Salud en 2015, y se había mantenido vigente, haciendo imposible jurídicamente para tres técnicos ignorar los dictámenes previamente establecidos por este reglamento, incluyendo los máximos permitidos, y tampoco crear un reglamento temporal.
Estas circunstancias, si se dejasen pasar por alto, fijarían un peligroso precedente legal, el cual podría ser abusado por ciertos sectores para seguir creando vacíos legales e incrementos en las máximas cantidades permitidas, lo cual expondría a la población a más y más plaguicidas.
Lenin Hernández Navas, secretario general del sindicato SINAE AFINES, ha lanzado duras críticas contra Marta Esquivel, quien había presentado una iniciativa relacionada con la política de género institucional en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esquivel anunció la implementación de ropa hospitalaria específica para mujeres, compuesta por pantalones y blusas, lo cual fue calificado por Hernández Navas como una “distracción de los problemas realmente importantes que enfrentan los costarricenses”.
En su respuesta, Hernández Navas instó a Esquivel a enfocarse en lo urgente y relevante, señalando que los problemas de salud pública, como el cáncer y las listas de espera para procedimientos quirúrgicos, son cuestiones que exigen atención inmediata. El líder sindical subrayó la gravedad de la situación del cáncer en Costa Rica, destacando que anualmente se detectan 13,000 casos nuevos de diferentes tipos de cáncer y que 5,700 personas mueren a causa de esta enfermedad. Además, criticó la cantidad insuficiente de mamografías realizadas en la CCSS, mencionando que por cada 76 mamografías, una mujer fallece, lo que muestra un claro déficit en la prevención y el tratamiento de enfermedades graves.
Hernández Navas también abordó el alarmante aumento en las listas de espera desde que Esquivel asumió su cargo. El dirigente señala que la lista de espera para procedimientos quirúrgicos ha crecido en 19,000 personas, sumando un total de 188,600 personas que esperan atención médica. En los últimos cuatro meses, más de 2,000 personas adicionales se han sumado a estas listas, lo que ha generado una crisis en la atención de salud, que Hernández Navas califica como una situación de “listas de muerte” debido a la irresponsabilidad de Esquivel.
Además de responsabilizar a Esquivel, Hernández Navas acusó al presidente de la República de protegerla y no tomar medidas efectivas para resolver los problemas dentro de la CCSS. En su opinión, el presidente no solo es parte del problema, sino que también ha permitido que la corrupción dentro de la Caja siga proliferando. Para Hernández Navas, tanto Esquivel como el presidente son responsables de una situación que pone en riesgo la vida y la salud de miles de costarricenses.
