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Etiqueta: sector agropecuario

El conversatorio electoral sobre el sector agropecuario: una valoración de propuestas y compromisos

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

German Masís

La semana anterior se realizó un conversatorio con los candidatos a la Presidencia, organizado por la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA), conformada por la Unión de pequeños y medianos productores agropecuarios (UPANACIONAL), la Unión de productores de actividades varias (UPIAV), el Frente agroindustrial cooperativo y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.

En la presentación del conversatorio, los dirigentes de las organizaciones señalaron que sus organizaciones agrícolas representan 500 mil empleos directos y el 38% de las exportaciones nacionales y que el sector ha construido las raíces de nuestra nación, pero también son parte del presente y futuro de Costa Rica. Indicaron que ANA es una alianza de organizaciones que producen para el mundo con eficiencia, entrando con productos a las más prestigiosas bodegas del mundo, con productos como raíces tubérculos, granos básicos, follajes, las cadenas cárnicas y lácteas, por lo que son los dos motores del desarrollo, el de las exportaciones y el de la seguridad alimentaria nacional, con alimentos que inciden en la economía costarricense y del mundo.

En la actividad participaron los candidatos Welmer Ramos del partido Acción Ciudadana, Rodrigo Cháves del partido Social Democrático, José María Figueres del partido Liberación Nacional, José María Villalta del partido Frente Amplio, no participaron los candidatos Fabricio Alvarado del partido Nueva República y Lineth Saborío del partido Social Cristiana, declinaron hacerlo.

Se realizaron 13 preguntas sobre los principales retos y ejes temáticos que enfrenta el sector agropecuario, agroindustrial, acuícola y pesquero, entre ellas, sobre los principios rectores de una política agrícola, agroindustrial, pesquera, acuícola y los compromisos específicos de cada candidato con el sector, sobre las propuestas para mejorar la estructura institucional del sector agropecuario, para mejorar el sistema de investigación y de transferencia de tecnología, para lograr mejores condiciones de acceso al crédito, para la defensa comercial de los productores nacionales frente al comercio desleal, la posición respecto al ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, a la participación en el acuerdo de Escazú, frente a la presión de los ambientalistas y sobre el régimen de excepción para la contratación de mano de obra migrante.

Welmer Ramos, expresó que el sector ha sido la base para crear la sociedad costarricense y el que aporta más empleos en las áreas que más se ocupan y donde la gente tiene menor escolaridad, el agro es el que ha proveído la riqueza necesaria para educar al pueblo e industrializar este país.

Con respecto al acceso al crédito, se manifestó favorable a aumentar el crédito al sector agropecuario y tomará decisiones para que los bancos del estado vuelvan a ser bancos de desarrollo, ya que actualmente la banca para el desarrollo lo más dispone del 2% del crédito productivo y eso no alcanza, se necesita para el sector un 50% del crédito total que tienen los bancos del estado, pero para eso hay que hacer cambios también en las tasas de interés que tienden a ser abusivas pues según él los productores terminan trabajando para quienes les presta el dinero y no trabajar para ellos mismos, pero además afirmó que va a hacer otras cosas en los seguros agropecuarios que tienen que ser generalizados para bajar el riesgo en medio del cambio climático, que también bajará el riesgo para prestar recursos y eso va a permitir más acceso al crédito, menores tasas y más competitividad para el sector.

En el tema de la defensa comercial de la producción nacional, Welmer dijo no sólo comprometerse sino que ya lo ha hecho, cuando fue ministro de Economía, poniendo las salvaguardias en caña, en arroz, frente a la importación de aguacate, además de haber propuesto un proyecto de ley para la defensa comercial y fortalecer los mecanismos frente a las prácticas desleales de comercio que están afectando al productor costarricense, como pasa en el comercio ilegal de papa, cebolla y sandía a precios muy bajos, afirmó que la defensa comercial debe ser efectiva porque el agro está siendo afectado por la competencia desleal de otros países.

Sobre el apoyo al proyecto para el registro e inscripción de agroquímicos y medicamentos veterinarios necesarios contra plagas y enfermedades, Welmer se manifestó totalmente de acuerdo con este proyecto, porque Costa Rica se ha venido privando de tener los agroquímicos necesarios de última generación para bajar costos y permitir más competencia en los mercados, pero también para defender la salud y la biodiversidad de productos que son muy agresivos y contaminantes.

También estuvo de acuerdo en apoyar el régimen de excepcionalidad para la contratación de mano de obra migrante para atender la producción agropecuaria nacional. Debido a que Welmer se retiró a mitad del conversatorio, no respondió las preguntas sobre los principios rectores de las políticas agrícolas, sobre el mejoramiento de la institucionalidad del sector, el sistema de transferencia de tecnología y su posición respecto al ingreso a la Alianza del Pacífico, el acuerdo de Escazú y la presión de los ambientalistas.

José María Villalta, manifestó que está convencido de la necesidad de fortalecer el sector agropecuario, promover una política integral de soberanía alimentaria y en darle más valor a la producción agropecuaria y que las crisis internacionales nos reafirman el error de abandonar la tierra y la producción local y la necesidad de reactivar la producción agropecuaria.

Según Villalta entre los principios de una política para el sector, está la defensa de nuestra soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, porque CR no puede dejar de producir una buena parte de los alimentos que consume, la necesidad de fortalecer la producción para el mercado interno, de impulsar la producción agroecológica e incentivar la producción orgánica y que es posible la compatibilidad y sinergia entre la producción agropecuaria y la conservación del ambiente y los recursos naturales, con la participación de las comunidades y el diálogo con todos los sectores productivos para construir las políticas que requiere el sector y bajo un concepto de desarrollo territorial integral que resuelva las desigualdades que tienen a muchas regiones de este país abandonadas y olvidadas.

Con respecto a la estructura institucional del sector, Villalta, expresó estar de acuerdo en que hay que hacer cambios profundos en la estructura institucional del sector agropecuario para fortalecer la rectoría del MAG, pero no solo a lo interno del sector agropecuario si no también en la relación con otros ministerios, como con el Comex en las negociaciones comerciales en las que se han desconocido las necesidades del sector agropecuario. Mencionó también la importancia de una cirugía mayor a las instituciones del sector, con el propósito de eliminar las juntas directivas inoperantes y la intervención de otras instituciones como el Cenada, además de evitar traslapes o desfases como el que existe entre el MAG y el INDER, ya que aunque el MAG es el rector, debido a que las competencias del INDER son mucho más amplias y van más allá de los agropecuario hacia el desarrollo rural, debiera haber una política de desarrollo rural que sea dirigida desde la rectoría, evitar el desmantelamiento del CNP que proponen algunos candidatos y por el contrario redireccionar el CNP y fortalecer el PAI para que funcione mejor pero también para que las organizaciones agropecuarias de las regiones tengan la prioridad en la venta de productos y no se filtren los intermediarios.

Así mismo Villalta, estableció la necesidad de priorizar y fortalecer todos los programas para transferencia de tecnología y dar valor agregado a la producción, que implica crear centros de valor agregado como los que se han venido desarrollando en distintas regiones del país y fortalecer el INTA, mejorar la articulación del INTA y el MAG con las universidades y con entidades internacionales de transferencia de tecnología, cosas que no se están haciendo.

En el registro e inscripción de insumos agropecuarios y moléculas mejoradas, el candidato señaló estar de acuerdo con este proyecto, que busca mejorar los procesos de inscripción de nuevos productos, pero también aplicar de forma eficiente los mecanismos regulatorios atendiendo la salud humana y la protección del medioambiente por los problemas generados por uso intensivo de agroquímicos. El acceso a moléculas mejoradas debe ir hacia el aumento de la competitividad del sector agropecuario, pero se debe tener cuidado con en el tema de homologación de los estudios de productos a partir de estudios hechos en otros países y la necesidad de adecuarlos a la realidad costarricense.

Sobre el acceso al crédito, Villalta, se propuso aumentar el acceso de los productores agropecuarios, primero nombrando en las juntas directivas a personas comprometidas con la producción nacional y el desarrollo agropecuario, luego fortaleciendo la banca de desarrollo que no está funcionando, poner a disposición recursos ociosos que tiene la banca para el desarrollo y destinarlos a crédito efectivo, flexibilizar los requisitos que impone el Conasiff para que pueda acceder al crédito el sector agropecuario que no está accediendo a él, echar a andar el fondo de avales y en el mediano pensar en la creación de un verdadero banco de desarrollo agropecuario, transformando uno de los bancos del Estado para que pueda realmente liberarse de las restricciones que se le impusieron en los 90, este tema es estratégico para el desarrollo local y el desarrollo rural.

En cuanto a la defensa comercial de la producción nacional, Villalta se comprometió al fortalecimiento de esta labor con personal competente y con la convicción de aplicar la normativa y la reforma de nuestra legislación para impulsar mecanismos de defensa comercial, mantener las salvaguardias para el sector azucarero y aplicar otras medidas similares para que nuestra producción no siga enfrentando la competencia desleal, pero también para combatir las prácticas de grupos de importadores e intermediarios que perjudican a nuestros productores y a los consumidores, dijo que ahí sólo está ganando un pequeño grupo de importadores y hay normativa de promoción de la competencia que no se está aplicando, fortalecer los mecanismos de comercialización directa de productos agropecuarios, desde el nivel de las ferias, el PAI, transformar el Cenada, para que sean las organizaciones de productores las que se beneficien.

Villalta, expresó su posición contraria al ingreso de CR a la Alianza del Pacífico, porque ya CR tiene niveles de apertura comercial muy altos, existen una inmensa cantidad de tratados comerciales, tenemos casi todos los sectores de la producción abiertos al comercio, no al libre comercio porque no hay libre comercio, entonces en una negociación como la de la AP que entregaríamos, que nos falta por negociar preguntó?, prácticamente son los agricultores, que serían el pato de la fiesta de esa negociación, productos sensibles para nuestra soberanía alimentaria. Argumentó que lo que tenemos que hacer es mejorar la administración de los tratados existentes, mejorar la competitividad del sector, mejorar el valor agregado de la producción para aprovechar oportunidades comerciales que no estamos aprovechando, antes de hablar de nuevos tratados.

Por otro parte, Villalta, manifestó su apoyo al acuerdo de Escazú, aunque reconoció que durante su discusión no se hizo la consulta con todos los sectores y que algunos términos del convenio son confusos y han generado dudas que pueden aclararse. Dijo que le gustaría convencer a los sectores que la incorporación el acuerdo de Escazú es importante, que las cosas que ahí se plantean CR ya las tiene incorporadas en su marco legal, según él ese acuerdo obliga a otros países que son competidores directos nuestros a elevar sus estándares de protección ambiental en países que no los tienen y que va a equiparar la cancha para CR, por lo que es estratégico y no aprobarlo más bien generaría una señal equivocada que el país está retrocediendo en lo que nos hemos comprometido hacer, sin embargo, reiteró que tenemos que interponer el diálogo para avanzar en este tema.

Villalta, se mostró convencido de que no debe existir enfrentamiento e incompatibilidad entre la producción y la conservación del ambiente y los recursos naturales, dijo que necesitamos conservar el ambiente, los ecosistemas para poder seguir produciendo y poder seguir viviendo y que la producción en agropecuaria del país tiene un inmenso potencial de desarrollo de llegar a nuevos mercados, pero debe ser más ecológica y más sostenible y generar mayor valor agregado Un ejemplo es la protección de las fuentes de agua, que se puede utilizar para las distintas actividades productivas, que se necesita para riego, para la producción agropecuaria y el turismo, con la participación de las comunidades y de los sectores productivos.

En lo relativo a perfeccionar y mejorar el régimen de excepción para el ingreso de trabajadores migrantes a laborar en las actividades agrícolas, expresó su apoyo al proyecto, en el marco de los derechos humanos y laborales, pero no sólo para los trabajadores migrantes si no en el general para los trabajadores del campo.

En sus conclusiones, Villalta, reiteró la necesidad de un gobierno que escuche al sector productivo, que tome en cuenta sus necesidades y que promueva y defienda nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Estableció que la realidad es que CR si sigue siendo un país agropecuario, hay regiones abandonadas y empobrecidas que tienen un potencial inmenso de desarrollo a través del sector agropecuario, de la actividad acuícola, de la pesca, otro sector con graves problemas y desordenes institucionales; que el sector agropecuario no es uno, que hay distintos subsectores en distintas actividades y distintas regiones, y que no se va a poder resolver ni la pobreza, ni la desigualdad, ni el desempleo, sino hay una política agropecuaria robusta que garantice el acceso al crédito, que ponga a funcionar las distintas instituciones alineadas en los territorios atendiendo las necesidades, que articule y promueva el cambio tecnológico y la mejora de la producción para adaptarse al cambio climático y para dar el valor agregado a nuestra producción, mejorar la capacitación, la transferencia de tecnología, el acompañamiento, atender el grave problema de comercialización frente a los monopolios que impiden que los productores puedan tener precios justos y todo eso se puede hacer con el diálogo y atendiendo las necesidades de organizaciones como la ANA

En su participación, José María Figueres afirmó que el sector agropecuario es una de las propuestas principales de su programa de gobierno, en el programa específico para la reactivación de la economía y el rescate del empleo que es el programa 911, en el que el sector agropecuario es uno de los 6 ejes importantes. La propuesta del sector es parte de una política de crecimiento económico del 5 y el 6%, donde el reforzamiento del sector agropecuario es uno de los pilares, ya que se requiere de la incorporación de todos los sectores nacionales y que encendamos todos los motores, porque solo con ese crecimiento se podrá resolver el reto de las 500 mil personas que no tiene trabajo.

Sobre los principios de una política agropecuaria Figueres, leyó los 7 principios que un equipo de expertos en el sector agropecuario elaboró luego de en una amplia consulta nacional:

-la articulación interministerial e interinstitucional -la carencia de asistencia técnica -la falta de tecnología para mejorar la productividad -facilidades crediticias -Fortalecer la participación de los productores en las cadenas de valor -Fortalecer la organización de productores para mejorar su gestión -Proveernos la seguridad alimentaria y nutricional

En lo que respecta a la estructura institucional del sector, Figueres expresó que no es solamente en el sector agropecuario que la rectoría no se ve, que existe en todo el gobierno y por eso la necesidad de avanzar con experiencia y con buenos equipos de trabajo para que empecemos a reactivar la economía y rescatemos a este país. Dijo que el MAG hoy es un archipiélago de islas, que es imposible la rectoría porque cada una de las instituciones se descentralizaron, cada una con una junta directiva, un departamento legal, etc., así es imposible coordinar política pública, se debe ir a un MAG que sea el rector donde el ministro asuma la responsabilidad, que responda por lo que el ministro ordena y decide dentro de las instituciones del sector agropecuario.

Para Figueres, crecer con más valor agregado en la próxima década, supone organizar la investigación y la transferencia de tecnología y aumentar el 0.5% del PIB que se invierte en investigación y transferencia de tecnología, para lo que hay dos oportunidades, primero vincular mucho más al sector agropecuario a la investigación y la transferencia de tecnología en los centros donde se da y en las universidades y que los centros de investigación hagan lo que se necesita en el sector productivo y segundo, replantear un empréstito para el sector agropecuario con el fondo verde de Corea, en donde un componente importante tendría que ser investigación y transferencia de tecnología.

Con respecto al proyecto para el registro e inscripción de insumos agropecuarios y moléculas mejoradas, manifestó estar convencido que tenemos que evolucionar hacia que las moléculas, los agroquímicos que estén aprobados en USA y Europa entren sin ninguna restricción y dejemos los alcances de esta ley para los productos que no son aprobados en esas dos regiones, lo que necesitamos es simplificar, bajar costos, poner a producir este país.

En cuanto al acceso al crédito, de acuerdo a Figueres a los bancos y sobre todo a los bancos del Estado se los olvidó financiar la producción, no sólo con el sector agropecuario, si no con todos los sectores productivos, según él la cartera crediticia agrícola, agroindustria, industria y turismo no llega al 15%,mientras la cartera de consumo personal al 20%, dijo que para qué bancos del Estado en esa situación y mencionó que los miembros de las juntas directivas van a cambiar en mayo y van a financiar crédito a la producción, porque uno de los motores de crecimiento es la banca del Estado.

Sobre la protección de la producción nacional, se comprometió a que por primera vez van a administrar los tratados de libre comercio y si tuviéramos otras oportunidades de tratados deberíamos aprovecharlas porque es ensanchar las oportunidades, pero debemos administrarlos que es algo que no hemos hecho y que otros países lo hacen muy bien, la cantidad de barreras no arancelarias que se le ponen a nuestros productos en muchos mercados es una clara muestra de que muchos países están utilizando eso a su favor y en contra de nuestras exportaciones y debemos administrar las barreras no arancelarias, dijo si al fortalecimiento de la defensa comercial del MEIC y a empezar a administrar los tratados de libre comercio como corresponde.

Figueres, afirmó que la Alianza del Pacífico es una embarcación que ya zarpó y que no tenemos ninguna posibilidad de montarnos a bordo, pero si existiera esa oportunidad estaría de acuerdo en participar en el tanto que ANA nos diga que eso nos conviene, por ejemplo si se logra una negociación de adherencia a la AP buscando los mercados en Asia que queremos buscar, ahí talvez pero así como está no, según el otro lado de la moneda es cómo trabajamos juntos aprovechando Comex y Procomer para lograr acceso a mercados adicionales a los que hoy en día estamos exportando la variedad de productos que tenemos en el sector agropecuario

Su posición sobre el acuerdo de Escazú es que para CR este es un tema superado, que en su gobierno, se firmó el acuerdo de Kioto, la convención de biodiversidad, la convención internacional de cambio climático, elevamos a rango constitucional el medioambiente e impulsamos el pago de servicios ambientales, preguntó qué más nos van a pedir, cuáles de los países signatarios del acuerdo de Escazú han hecho tanto por el medioambiente cómo hemos hecho en CR, primero que se pongan al día ellos y después podemos ver en qué los podemos acompañar.

Con relación a las presiones de sectores ambientalistas, Figueres manifestó ser un defensor y un proponente del medioambiente y ahora representa la oportunidad de equiparnos contra el cambio climático y por la preservación del océano que es el ecosistema más importante que nos provee el 50% del oxígeno en el planeta, dijo que siempre ha visto en el medioambiente una oportunidad económica y ahí es donde tenemos que centrarnos, por ejemplo los parques nacionales son el pulmón que nos atrae el turismo, el pago de los servicios ambientales que impulsamos es el que nos da la cobertura boscosa que hay hoy en día, en esa dirección se debe ir a un gobierno que sea amigable con el sector productivo y ve una extraordinaria oportunidad de plantear un préstamo al fondo verde de Corea dirigido al sector agropecuario para hacerlo resistente al cambio climático, eso implica tecnología para mejorar en la producción del sector.

Finalmente, Figueres estuvo de acuerdo con aprobar el régimen de excepción a la mano de obra migrante, para apoyar la producción estacional de algunos productos.

En sus conclusiones Figueres afirmó que el país vive una emergencia no declarada, que venimos de una década de crecimiento de un 3%, escuálida, que cuando salió de su gobierno crecíamos al 7% y el sector agropecuario crecía al 8%, a eso es a lo que tenemos que volver, aprovechando las condiciones del mundo de hoy que brinda oportunidades como el avance del cambio climático y el decrecimiento de los subsidios en muchos países productores, se ofrece una extraordinaria oportunidad de mejorar el ejercicio económico del sector agropecuario donde están involucradas 500 mil personas y 5 millones de dólares en exportaciones. Este sector da para mucho más, trabajemos juntos, expresó

Rodrigo Chaves, planteó que no puede haber reactivación económica, si no hay reactivación del sector agroalimentario, que la actividad agropecuaria es una ventaja comparativa que ha tenido este país e indicó que la producción agropecuaria la empezaron a abandonar en los años 90, la dejaron sin el acompañamiento para competir en las nuevas condiciones de apertura comercial.

Entre los principios de una política agrícola mencionó que hay una lista larga de cosas que el sector puede beneficiarse, pero lo más importante es sacarla del olvido y dejar de verlos como un sector residual donde hay productores muy grandes e influyentes y el resto que han sido abandonados, primero vamos a nombrar a un ministro de agricultura que verdaderamente sepa y lo mismo con las cabezas de las instituciones autónomas, vamos a crear una organización del sector donde haya responsabilidad, a crear un verdadero sistema de banca de desarrollo, un verdadero sistema de inversión para el sector, vamos a ayudarles con la infraestructura para poder comercializar, reducir los costos de logística, vamos a iniciar una ofensiva comercial en China, donde haya en la embajada gente que esté haciendo negocios para los agricultores.

Con respecto a la estructura institucional Rodrigo mencionó que estuvo en el actual gabinete y con respecto al sector agropecuario, lo que daba la impresión es como una escuela de chiquitos de Montesori, cada chiquito hace lo que le da la gana, no hay dirección, no la ha habido por muchos gobiernos, acabo de mencionar el INTA y esa diversidad de instituciones en la que el MAG y el MINAE no se ponen de acuerdo, en la que el CNP y los productores y las escuelas no se ponen de acuerdo, hace falta liderazgo, porque cada institución está jalando por su lado, yo no he visto rectoría en el MAG por varias administraciones, hace falta una verdadera política de estado para el sector agropecuario.

En lo relativo a la transferencia de tecnología señaló que ese es o debería ser uno de los bienes fundamentales del Estado, porque favorece las economías de escala, ya que no es lo mismo que un agricultor de papa en la zona norte de Cartago se ponga a investigar sobre semillas no tiene ningún sentido, pero hay una descoordinación absoluta del INTA, del MAG, del INDER, del CNP, porque no hay una política nacional agropecuaria, ni la ha habido por varios gobiernos, lo que hay que hacer es reacomodar para que el MAG vuelva a tomar esa función fundamental de asistencia técnica, de transferencia de tecnología y de apoyo en otras áreas no sólo en la parte tecnológica, la parte de mercadeo, subir en la cadena de valor agregado, pasar de agro a industria.

Sobre el registro e inscripción de insumos agropecuarios y moléculas Rodrigo, manifestó su acuerdo al proyecto y expresó que el equivalente a no permitirles a los agricultores traer tecnología nueva en 22 años es como decirles a las empresas que no traigan computadoras, primero porque les estando haciendo comprar tecnologías viejas que son menos productivos, más caros y dañinos para el ambiente y la salud, por algo Bagaces tiene las tasas de cáncer en los riñones y Cartago las tasas de cáncer estomacal, es inaceptable, sabemos quiénes se benefician y eso hay que cambiarlo, hay que permitirle al sector agropecuario competir, porque los pusieron a competir con el mundo sin embargo les amarraron las manos en el crédito, en la tecnología, en la importación de material genético mejorado.

En el acceso al crédito, manifestó que no se puede hacer una transformación estructural de un sector, sin que haya acceso a capital de inversión, el sistema banca de desarrollo, no es ni sistema, ni es banca, es una casa de empeño de propiedades, de desarrollo no tiene nada. Los agricultores están endeudándose en dólares con tasas enormes y tienen un desbalance financiero y una exposición enorme a los riesgos de tipo de cambio, hay que arreglar las tortas que se jalaron en los años 90 porque los dejaron sin los instrumentos para competir, quiere que compitan con igualdad de condiciones con los grandes productores agrícolas del mundo.

También estuvo de acuerdo Rodrigo, en poner a profesionales de alto perfil en la protección comercial, dijo que sobre la defensa comercial se compromete en los casos que haya legitimidad, como el doping, como barreras no arancelarias que otros países pongan a la importación de nuestros productos en los mercados, con fortaleza y valentía para eso existe la Organización Mundial del Comercio, aunque a nivel interno los agricultores de la zona norte de Cartago se someten a una estructura totalmente anticompetitiva que los empobrece en el Cenada, ya no hay subastas, en la formación de precios hay un grupo que incluye extranjeros decidiendo cuanto van a pagar por la zanahoria y la cebolla y dicen es el precio que nosotros acordamos y el MAG y el MEIC felices durmiendo el sueño de los justos.

En cuando a la incorporación a la Alianza del Pacífico, Rodrigo respondió que la AP no le interesa, porque comerciar con países parecidos como Colombia, Perú y otros de AL no nos da gran ventaja, lo que tenemos que entender es que el crecimiento mundial del consumo de comida está ocurriendo en el este de Asia, China, este país nos compraría toda la producción de cerdo y ganado que le podamos enviar y no estamos haciéndolo, eso es lo que tiene sentido.

Sobre las presiones de los ambientalistas Rodrigo expresó que eso es una barbaridad, la irracionalidad de algunos funcionarios públicos, ya ni siquiera de los grupos extremos ambientalistas ha llegado a niveles irracionales, dijo creer en la sostenibilidad del ambiente, no en la destrucción del recurso de la tierra y el ambiente, pero que una cosa es la racionalidad en la protección del ambiente y otra cosa es el fanatismo.

Rodrigo, manifestó estar en contra del acuerdo de Escazú, pues según él el objetivo de las políticas públicas es maximizar el bienestar de los costarricenses y este acuerdo no añade nada positivo porque la parte buena del acuerdo ya la tenemos incluso hasta rango constitucional, la parte mala es que con las normas del acuerdo de Escazú se entraría en un sistema de ingobernabilidad absoluto en la inversión agropecuaria, forestal, turística, porque nunca falta alguien con iniciativa que diga no estoy de acuerdo , esto no tiene que ver con la protección del ambiente, el ambiente es un activo nacional, un bien común que hay que proteger, sin embargo existe una falsa dicotomía entre el ambiente y la productividad y el acuerdo de Escazú es un movimiento de grupos internacionales que tienen una agenda diferente a los intereses de CR.

También estuvo de acuerdo con el régimen de excepción de la mano de obra migrante, ya que es indispensable para el sector, aunque es importante asegurarse quién asume el costo de los servicios que reciben los migrantes.

A nivel de conclusiones, Rodrigo afirmó que la actividad agropecuaria es una parte fundamental del aparato productivo del país, y un motor de crecimiento que hasta ahora no le han echado gasolina y más bien lo han dejado sin mantenimiento. No puede haber un sector agroalimentario exitoso en un país fallido y CR está cerca de un abismo si no cambiamos la dirección, lo mismo le está pasando al sector agropecuario y si no aguanta en lo económico, no va a aguantar en lo social, hay que reformar el sector, sólo en pesca nos están robando 2.400 millones de dólares al año, sólo estamos sacando menos del 10% de la cuota de atún y se la están llevando, pero todos los cambios generan ganadores y perdedores, tenemos que hacer cambios para que la mayoría de los agricultores sean ganadores.

Acerca de las respuestas de los candidatos a las consultas de la organización y los planteamientos de los partidos sobre la situación del sector agropecuario, es importante tratar de establecer si existe una adecuada comprensión de los problemas estructurales del sector agroalimentario, si está presente una visión y un análisis integral del sector, si se considera la heterogeneidad y diversidad de las actividades y sectores y se incluye la perspectiva del desarrollo rural territorial.

También es fundamental establecer si las orientaciones y propuestas apuntan a las grandes transformaciones pendientes del sector, en la formulación de las políticas, en la modificación de la estructura institucional, en el desarrollo tecnológico y la innovación, en la participación de los actores en alternativas de comercio más incluyentes y sobre todo si se visualiza un avance hacia una agricultura más sostenible y equitativa y más resiliente al cambio climático; la validez de las respuestas está asociada a la profundidad de los cambios.

El agro y el mercado interno en la estrategia de desarrollo costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

A pesar del énfasis dado a la producción de ensamblaje, la vocación agraria del país se mantuvo en la estructura productiva. La producción agrícola, la agroindustria y la ganadería atienden una parte importante de la demanda agregada que se produce en la economía. El 13% de la demanda es generada por el mercado interno y el mercado externo es producido por este segmento productivo. (Esquivel, F.,2021, p.115)

German Masís Morales

El libro recientemente publicado por el economista Francisco Esquivel, denominado “Análisis de la estrategia de desarrollo costarricense: macroeconomía de un modelo desequilibrado”, muestra con claridad el papel del sector agrícola y del mercado interno en las sucesivas etapas del crecimiento económico del país, conocidas como las etapas del proceso exportador.

El libro del investigador Esquivel, revela muy bien la participación o exclusión de la producción agrícola en particular la que era dirigida al mercado interno en las diferentes etapas, su aporte al desarrollo productivo, la relación con las importaciones del país, su importancia en la generación de encadenamientos productivos y su papel en una eventual IV etapa como parte del proceso de gestión de ventajas competitivas hacia un desarrollo más equilibrado.

La controversia y la falsa disyuntiva entre ambos sectores, como lo plantea el autor, inicia en la etapa II, en la que “asumiendo que en esta etapa había sido un período gobernado por la expansión del mercado interno, deprimiendo al sector exportador, se planteaba que debía olvidarse el papel del mercado interno y volver a la esencia de una economía pequeña que debía ser la exportación.

(Por el contrario, afirma), existió un funcionamiento articulado entre lo externo y lo interno, que permitió un mejor desarrollo nacional y una etapa de inclusión social. (Esta etapa dice) generó más desarrollo productivo, superando la obsoleta visión oligárquica de la ventaja exclusiva del proceso exportador.

Lo adecuado era plantearse cómo revitalizar el proceso exportador para mantener y ampliar lo alcanzado en la etapa II, mediante la reconstitución del mercado interno, sobre una base de eficiencia económica y una profundización de los mecanismos de inclusión. Pero se hizo lo contrario, la falacia del dogma liberal-conservador permitía desacreditar el papel del mercado interno, como el causante de la crisis, llamando a maximizar la exportación, (con lo que) se tendrían los ingresos para comprar “lo necesario”, que no debe producirse en el país porque resulta ineficiente”. (Esquivel, F.,2021, p.80)

Ante la crisis de inicios de la década de los 80, fue necesario empezar a definir una nueva estrategia de desarrollo que va a tomar la forma de un desarrollo orientado hacia el exterior; las exportaciones son el centro de la nueva estrategia de desarrollo.

A nivel del sector agropecuario, la transformación se materializa en la llamada “Agricultura de Cambio”, que consiste en la diversificación y complementación de la estructura productiva tradicional, con la incorporación de nuevos cultivos no tradicionales para exportación. (Cambronero y Monge, Universidad Nacional, 1992, p.201)

De esta manera, “se generó la etapa III del proceso exportador, en la que la estructura productiva de esta nueva etapa exportadora basó su dinamismo en una reorganización de la industria y en una nueva participación de la agricultura. El surgimiento de las nuevas áreas de producción se produjo de manera dispersa, atendiendo a las oportunidades de cada momento. (…), la industria y la agricultura se reorganizaron para atender nuevos nichos de mercados que ofrecía el mercado mundial.

Mientras, la parte del sector agrícola que producía para el mercado local fue atacada sistemáticamente, por lo que varios productos experimentaron reducciones significativas. Por esta razón, el sector agrícola continuó perdiendo importancia relativa en el total de la producción.

La estrategia que impulsó la etapa III no tenía interés en la producción para el mercado local. Lo que se buscaba era el crecimiento basado en la exportación, sin importar los efectos desestimulantes sobre amplios sectores productivos nacionales, en particular las pequeñas y medianas empresas. Desde el punto de vista microeconómico, el perdedor fue el empresario que producía para el mercado local, dado que no existió una estrategia de reconversión productiva”. (Esquivel, F.,2021, p.97)

Una de las medidas de política implementadas junto al impulso de la exportación agrícola no tradicional, fue el desestimulo a la producción de granos básicos, expresada en la reducción de los programas de investigación, transferencia y asistencia técnica y la disminución del crédito a esa actividad.

De manera deliberada, se realizó el desmantelamiento paulatino de la infraestructura institucional de los entes que habían apoyado al productor nacional, entre cuyas instituciones estaban el CNP, el MAG y el IDA. (Masís, G., revista Ambientico N°176, 2008).

Durante esta III etapa, la producción exportadora había crecido más rápido que la producción para el mercado local, sin embargo su crecimiento sólo llegó a alcanzar un máximo del 30% en las exportaciones en el período entre 1992 y el 2019, lo que se explica según el texto, “porque el sector agrícola, aunque exportó nunca fue una prioridad de la estrategia de crecimiento, que si lo fue la expansión industrial para exportación desarrollada como un nuevo proceso de ensamblaje, cuyos casos más representativos han sido la producción de componentes para la tecnología de la información, la producción de equipo médico, sectores que generan crecimiento y empleo, pero reducido al ámbito cercano a su producción; no generan encadenamientos relevantes hacia el conjunto de la estructura productiva.

Las actividades de ensamblaje, por la dificultad de lograr en el país un abastecimiento amplio de materias primas e insumos, han producido una dependencia de las materias primas, los insumos y los servicios importados hasta en un 38% (2017); como consecuencia de esta dependencia de las importaciones, las industrias de ensamblaje generan la menor cantidad de encadenamientos siendo uno de los factores más importantes de la aceleración de las importaciones en esta etapa.

En tanto, el segmento más dinámico de la agricultura y la agroindustria es el menos dependiente de las importaciones, ya que solo el 8% de su valor corresponde de insumos traídos del exterior; por eso se convierte en el área productiva que produce más encadenamientos. En este segmento se encuentran la producción de diversos tipos de carne, así como la producción de café y azúcar; se trata de procesos productivos que compran la mayor parte de sus materias primas e insumos adentro de la economía, por lo que necesitan un nivel bajo de importaciones (Esquivel, F., p.88).

De manera similar, el resto de la agricultura y la agroindustria, así como la ganadería, adquieren mucho de sus materias primas a lo interno de la economía, pero necesitan un nivel un tanto más elevado de importaciones, llegando a adquirir el 17% de su valor en importaciones”.

Por su parte, observando la capacidad de generación de encadenamientos de los principales sectores productivos y utilizando un multiplicador (cuantos colones adicionales se generan por cada 100 colones producidos), se confirma que “los mejores encadenamientos se producen en la agricultura y la agroindustria, generando 104 colones adicionales.

Mientras las nuevas actividades impulsadas por la etapa III muestran una capacidad limitada de generación de encadenamientos, con un multiplicador de 20, esto se debe a que se trata de un ensamblaje altamente dependiente de las importaciones de materia prima”. (Esquivel, F, p.120).

Frente a las limitaciones estructurales de la III etapa del proceso exportador, el documento propone una IV Etapa, fundamentada en los siguientes elementos:

  1. “Costa Rica debe superar los problemas de desarticulación de las cadenas productivas con el aparato productivo interno y que disminuyan las importaciones, impulsando una estrategia exportadora basada en áreas productivas con capacidad de generar encadenamientos relevantes.
  2. La optimización del crecimiento necesita combinar los estímulos a la exportación y a la expansión del mercado interno; con esto se producirá un proceso de expansión en donde el mercado externo crezca en armonía con el mercado interno. En ese sentido, la producción local debería ser generada con estándares de eficiencia y de calidad mundial.
  3. En un enfoque alternativo, la necesidad de participar activamente en el comercio internacional, mediante una estrategia de gestión de ventajas competitivas sustentada en el avance tecnológico y en la inclusión social. En esta estrategia se trata de un proceso gradual y selectivo, que posibilite un proceso de preparación de permita el cambio de las empresas y de su entorno sectorial y nacional. (Esquivel, F., p.194).
  4. “Es indispensable que la apertura de la economía se haga de tal modo que no involucre la destrucción de la capacidad instalada existente y que permita una efectiva reconversión de las actividades productivas. En un enfoque de reconversión productiva, la ventaja competitiva se construye mediante un proceso de preparación, con el que se busca resolver los rezagos de una estructura productiva heterogénea y aprovechando las condiciones naturales y la experiencia productiva del país.
  5. La estrategia impulsaría un modelo productivo que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial que tiene el país para generar encadenamientos productivos, utilizando los recursos naturales, la biodiversidad, la mano de obra y la experiencia productiva de las diferentes regiones. En ese sentido la prioridad la tendrían sectores como la agroindustria, el turismo que genera encadenamientos y la producción de servicios de alto valor.” (Esquivel, F., p.199)

En la década de los 90, varios economistas centroamericanos prepararon propuestas para impulsar el desarrollo de la región con base en la agroindustria, la actividad pesquera y la producción forestal. La articulación sinérgica entre agricultura e industria se planteaba como el camino idóneo para lograr procesos acumulativos de valorización de la producción que sea crecientemente competitiva en el marco regional e internacional;

La estructura productiva polivalente se componía de cadenas productivas capaces de fabricar bienes diversos de manera simultánea y alterna; una capacidad agroindustrial de múltiples salidas en sus cadenas productivas que formarían una red integrada transversalmente, la abundancia de su fuerza de trabajo y una diversificación productiva de bienes finales e intermedios, fundamentalmente a partir de su estructura productiva agroindustrial. (Esquivel, F., p.204).

En el caso de Costa Rica, la propuesta de desarrollo agroindustrial elaborada tenía como prioridades los productos lácteos, la producción de dulce y otros derivados de la caña de azúcar, el beneficio del café y el cacao en pequeña escala, la elaboración de bocadillos y frutas deshidratadas, desarrollo de productos a base de yuca y el procesamiento de especias, dentro de un proceso de incorporación de tecnología e innovación, dirigido a elevar la calidad y competitividad de los productos agroindustriales en los mercados locales y regionales. (Masís,G.,1993,p.63).

En el planteamiento de Esquivel para la IV Etapa, el sector exportador crecería de manera armónica con la producción para el mercado local; (propone) “se logre una nueva articulación de lo externo con lo interno y pueda generarse un período de crecimiento donde la expansión del mercado externo esté en armonía con la expansión del mercado interno. (Esquivel, F., p.210).

La idea del desarrollo complementario de los sectores externo e interno y del impulso de los “dos motores” de la economía, ha sido mencionada por organizaciones de productores e investigadores de las Universidades, sin embargo, ha tenido poca acogida entre los grupos políticos del país, en su mayoría indiferentes al potencial del agro y la agroindustria, pero matriculados con la atracción de inversión extranjera directa hacia la industria de ensamblaje y de servicios tecnológicos.

CNP en defensa del Agro CNP

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado 29 de julio diferentes representantes del Consejo Nacional de Producción se reunieron en defensa del Sector Agropecuario.

Según José Oviedo, representante del CNP , este ente se encuentra bajo amenaza de un cierre técnico. Para él, esta situación se debe a que desde 2010 han impulsado la compra de alimentos a favor del sector campesino. Entre sus aportes señala que para este mismo año solo 37 empresas le vendían instituciones del Estado y al día de hoy son 263 las que realizan esto mediante el CNP, siendo principalmente organizaciones de pequeños productores agroalimentarios.

Además, Oviedo considera que los sectores poderosos, transnacionales y empresas grandes como Walmart ,Mayca, entre otras; ven un mercado y tienen una campaña sostenida para quitar a los pequeños productores y vender a precios altos. Asimismo, expresó que esta campaña solo señala aspectos negativos y no destaca producciones de cooperativas, como por ejemplo donde mas de 100 productores venden al país o el caso del Centro Agrícola de Pacayas donde 2000 productores agropecuario tienen la oportunidad de vender al país. 

El representante destacó la importancia de otras instituciones como la CCSS y La Fanal y los aportes de la CNP en la construcción de edificaciones de valor agregado. De esta manera, hacen un llamado al Poder Ejecutivo y a Asamblea Legislativa donde expresan que la única oportunidad que poseen es acudir la Comisión Nacional de Emergencias para que no cierren el CNP y dar a conocer la magnitud del desempleo que ser va a generar ante un cierre de la institución.

Por su parte, Célimo Guido, dirigente del Movimiento Rescate Nacional, denuncia que el candidato presidencial José María Figueres ha promovido a Kiko Alfaro como posible Ministro de Agricultura y Ganadería, Alfaro manifestó que rescataría la CNP. Sin embargo, para Guido, fue la fracción del candidato la que aprobó el “Combo fiscal” y la Ley de Regla Fiscal que cerraría al CNP y vendería a un precio bajo La Fanal. De esta forma, considera que son demagogos, charlatanes que han amenazado a ambas instituciones. “No vamos a permitir que terminen con el CNP o La Fanal porque es lo poco que queda de la agricultura en este país”, expresó Guido.

 

Compartido con SURCOS por José Oviedo.

Cuando hablamos del sector agropecuario, exclamamos la desfachatez en su máxima expresión

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Jeison Leitón Marín

AL PUEBLO DE COSTA RICA.
AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA.
A LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
CUANDO HABLAMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, EXCLAMAMOS LA DESFACHATES EN SU MAXIMA EXPRESIÓN.

Cuando se creía haber visto todo, nos sorprende la desfachatez vergonzosa y sínica en el accionar de la Asamblea Legislativa. La discusión de un proyecto de ley sobre un fondo de avales, que se sustenta en un préstamo internacional que debemos pagar todas y todos los costarricenses por igual, «acuerdan» que esos recursos sean administrados a su antojo por el sistema financiero representado por la UCAEEP y la Asociación Bancaria. Nos quieren hacer creer que los mismos que nos han llevado a la crisis económica que afrontamos, nos van a salvar. Señoras y señores diputados pongámonos serios y les invito a que hablemos de cómo se debe emprender la reactivación económica y desarrollo, pero de forma inclusiva, participativa y distributiva.

Me permito recalcar 3 puntos para que no se nos olvide:

  1. Se sacaron de debajo de la manga un proyecto que no era para todos los productores y productoras (21965), con una condonación de deudas, (DISCRIMINACIÓN EN SU MAXIMO ESPLENDOR). Es importante reiterar que esa condonaron consistía en REMANENTES de fideicomisos, deudas INCOBRABLES y PRESCRITAS. Y tras cuernos palos el señor Presidente de manera pública manifiesta que en dicha ley se debe limitar la participación vía reglamento, como si la BURLA no fuera suficiente, entra en escena la Contraloría General de la República gestionando ante la Sala Cuarta un recurso solicitando dicha ley sea declarada inconstitucional.
  2. Es importante dejar claro que esta propuesta de condonación dejo a la gran mayoría de productores agropecuarios afuera, pero venir a atacar a los beneficiados, alegando que les van a regalar poco más de 6 mil millones, es inmoral, indecente y repudiable, porque cuando se dio la ley conocida como el Combo Fiscal, a las grandes empresas les condonaron más de 195.000 mil millones, y la Sala Cuarta no cuestionó nada y con su resolución validó esta condonación. Señores magistrados lo que es bueno para la gansa es bueno para el ganso, no se valen discriminaciones.
  3. Es de conocimiento que sectores productivos con gran ahínco, nos dimos a la tarea de redactar un proyecto de ley, bajo el expediente N°21935, que SÍ atiende el PROBLEMA EL ENDEUDAMIENTO Y EL FINANCIAMIENTO de todos los sectores productivos compuestos por pequeños y medianos, y es importante recalcar que nunca se buscó ninguna condonación, por el contrario se busca que estos sectores cuenten con las herramientas que les permitan reiniciar sus actividades. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo (con pocas excepciones), asumieron un compromiso real con esta iniciativa, y al contrario salieron en defensa del sector financiero y de grandes empresas de manera frontal. Han logrado proteger los intereses de los grandes negocios, importándoles poco o nada el empobrecimiento en que avanzamos todos los días.

Es urgente se le prioridad al proyecto de ley N°21935, y de esa manera se inicie una reactivación incluyente, participativa y distributiva, que vendrá a consolidar y hacer crecer el empleo, la riqueza y el desarrollo

Nadie está en contra del proyecto de avales, pero el texto sustitutivo aprobado por la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios da vergüenza, da vergüenza porque le entregan la administración a los grandes nada más, ni una silla para los pequeños, da vergüenza porque podría convertirse en lo mismo de siempre, todo para los tagarotes y nada para los que de verdad lo necesitan.

Jeison Leitón Marín.

Presidente Asociación de Agricultores Independientes de la Zona Norte de Cartago.

Mesa de Ruralidad y Asuntos Agropecuarios. Encuentro Social Multisectorial.

Privilegios fiscales de las empresas piñeras y bananeras deben de ser revisados

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Para el 2019 el Valor Agregado del cultivo de banano representa ₡265 mil millones, seguido por la piña que reporta ₡216 mil millones, todo exento de IVA.

Red de Coordinación en Biodiversidad.
COECOCEIBA Amigos de la Tierra.

(2-10-2020) El reciente informe de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (SECSA-MAG) (i) pone de manifiesto el grado de desigualdad social y económica vivida por las poblaciones rurales en Costa Rica, pero al mismo tiempo las industrias exportadoras de la piña, del banano y la ganadería extensiva representan los grandes ganadores. La mayoría de las empresas con ganancias sobresalientes exentas de impuestos.

Según el informe, los grandes ganadores en este contexto de crisis fiscal son la industria de la piña, el banano y la ganadería extensiva para la exportación. Los cuales reportan incrementos importantes en el Valor Agregado (ii) para el año 2019 según los datos publicados en setiembre por el SECSA-MAG en setiembre anterior. El primer lugar se lo lleva el cultivo de la piña, el cual ha experimentado un incremento de su Valor Agregado de casi un 10 por ciento en el período del año 2013 a 2019.

Por su parte el SEPSA- MAG calcula que para el 2019 el Valor Agregado del cultivo de banano representa ₡265 mil millones, seguido por la piña que reporta ₡216 mil millones solamente en términos de Valor Agregado y en el tercer puesto podemos mencionar la ganadería extensiva que llegó en el 2019 a ₡204 mil millones.

En el caso de la piña y el banano, estas sumas millonarias de Valor Agregado (bases de la ganancia del sector) no están sujetas a impuesto. Las exportaciones agropecuarias se encuentran exentas de IVA, por lo que esta riqueza no aporta de forma directa a uno de los principales problemas que tiene el país: la crisis fiscal.

Al mismo tiempo se incrementa la desigualdad. Según el mismo informe del SECSA-MAG de este mes de setiembre: la población asalariada rural enfrenta niveles de desigualdad alarmantes, donde el 9% de las personas asalariadas rurales de mayor ingreso perciben 5 veces más que la población de menor ingreso en el campo. Estos salarios de los trabajadores y trabajadoras más empobrecidos son tan bajos que el 60% de las personas no alcanzan a ganar el salario mínimo estipulado por ley.

Investigadores del SECSA-MAG concluyen que en el Sector Agropecuario las brechas en los ingresos son más amplias que en el resto los sectores, pues es en el agronegocio donde una menor cantidad de personas concentran la mayor proporción de los ingresos generados.

Por otro lado, hay que recordar que, en la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la exención del sector agroexportador al Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvo (iii). También hay que recordar que el sector del agronegocio defendió sus privilegios fiscales y se negó a que sus ventas en el exterior fueran sujeto de un impuesto que inclusive lo carga la Canasta Básica, pero que los ingresos millonarios piñeros y bananeros no lo harán.

Para dar un ejemplo un impuesto del 5% sobre al Valor Agregado (no sobre el valor total de las exportaciones, nada más sobre el Valor Agregado) de la industria de piña y banano aportarían más de 25 mil millones de colones al año. Pero sin duda este monto puede ser más o menos importante según se tenga voluntades políticas para buscar justicia fiscal.

Notas:

i Sector Agropecuario Pesquero y Rural. “El Sector Agropecuario en la economía costarricense2003-2019”. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. Sepsa 2020-014 | Setiembre 2020. http://www.sepsa.go.cr/docs/2020-014-Sector_Agropecuario_economia_costarricense_2003-2019.pdf?fbclid=IwAR0tetPAy9Y3mCgnhs9WmjoKZr5_NqmqbsGia0Whffe8GMHem14mQSI-M5o

ii Valor agregado: valor de exportación menos costo de producción.

iii. Exportaciones seguirán exoneradas en el IVA…, piña incluida https://doblecheck.cr/exportaciones-seguiran-exoneradas-en-el-iva-pina-incluida/

Resultados del Foro Agropecuario: alerta roja en el agro costarricense

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

German Masís

Se realizó ayer miércoles en el Colegio de Periodistas el Foro Alerta Roja en el Agro Costarricense, con la participación de: Guido Vargas Secretario General de Upanacional, Mainor Cruz, Gestor de la Corporación Arrocera Nacional, Martín González, Presidente de la Corporación Hortícola Nacional, Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería y Welmer Ramos, Diputado y miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa.

La moderada ubicó el foro en la perspectiva de la importancia de la actividad agrícola, que genera en la actualidad, 233.500 empleos según el INEC y aporta el 40% de las exportaciones y en la que la pequeña producción representa 93 mil fincas agrícolas de acuerdo al último Censo agropecuario, así como en la urgencia de encontrar soluciones a los tradicionales problemas del agro costarricense.

Guido Vargas, planteó de inicio que la seguridad alimentaria del país está en alerta roja y que los políticos y dirigentes no lo entienden.  Mencionó que los pequeños agricultores son sobrevivientes de las políticas económicas de liberalización y apertura que desde hace varias décadas los han afectado y que los tratados de libre comercio (como el TLC USA-CA) han ido en la misma dirección de poner en peligro la producción nacional.

Indicó que nadie defiende a los agricultores, como los productores de plátano, que al igual de los de otros productos, tienen que vender su producto barato a los comerciantes y empresas.  Dijo que los precios de los productos agrícolas debieran regularse para hacerlos más justos, porque el mercado no se regula sólo.

Recordó que las organizaciones desde hace varias décadas han hecho propuestas de reactivación productiva, para favorecer a los pequeños productores, con políticas de producción, de agroindustrialización y de comercialización, pero no han sido atendidas por los Gobernantes. Además, agregó que a veces se olvida que el deterioro de los productores agrícolas afecta a los consumidores que adquieren los alimentos.

Mainor Cruz de CONARROZ, indicó que en la actividad arrocera participan más de 500 productores, que ésta genera más de 33 mil empleos directos e indirectos y provee el 45% del consumo nacional de este producto, por lo que afirmó que cualquier acuerdo sobre la producción de arroz es fundamental para el país.

Mencionó que los acuerdos a que llegaron recientemente los diferentes actores de la actividad arrocera son muy importantes para el fortalecimiento del sector arrocero, entre ellos:

  1. El mecanismo de regulación del precio es beneficioso para el consumidor porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, como pasa por ejemplo con el precio del frijol que comparativamente tienen un precio liberalizado que ha aumentado considerablemente en los últimos años a diferencia del precio del arroz que se mantiene estable.
  2. Mantener el precio de referencia al productor nacional es fundamental para que éste pueda continuar en la actividad, ya que la liberalización del precio desmantelaría la estructura productiva existente.
  3. Es importante la aplicación del requisito de desempeño vigente para garantizar la compra a los productores nacionales y a partir de ésta definir las necesidades de abastecimiento externo.
  4. Es necesario mantener el arancel consolidado establecido en 1996 para proteger la producción nacional, todos los países tienen aranceles para proteger su producción.
  5. El impulso de algunos proyectos legislativos de apoyo al sector arrocero, entre ellos la posibilidad de que las organizaciones accedan a los fondos de Banca para el desarrollo y la creación de un fondo de sostenibilidad de la actividad arrocera.

Concluyó que debemos cuidar la producción local, debemos apoyar la producción de granos básicos, porque la producción de alimentos es estratégica para el país.

Martín González de la Corporación Hortícola, manifestó que la agricultura es gran generadora de empleo, de más de 500 mil empleos entre directos e indirectos, por eso en esta pandemia se debiera decretar emergencia nacional la actividad agrícola.

Afirmó que son necesarias varias acciones de apoyo a esta actividad, como respaldar a las organizaciones en sus esfuerzos productivos y por una comercialización más justa de sus productos, reestructurar el PIMA-Cenada que está manipulado por unos pocos grandes comerciantes y permitir más agricultores oferentes, buscar una flexibilización de los seguros agrícolas, con la creación de un régimen especial para los agricultores, facilitar créditos accesibles a los agricultores, permitir la inscripción de nuevos insumos con moléculas mejoradas para ayudar a los productores.

González mencionó que el productor necesita: crédito viable, ventas justas y claras, seguros de cosechas e insumos más efectivos; luego se debe pensar en la agricultura de precisión y en la agricultura con valor agregado.

Recordó que la Corporación ha incluido todos estos aspectos en las propuestas que ha presentado a las autoridades del sector y que ésta organización es un ejemplo como experiencia de manejo postcosecha y comercialización de productos hortícolas.

Renato Alvarado expuso que entiende las desventajas que vive la pequeña producción nacional y que es claro que no ha habido una política que incluya la agenda de necesidades de este sector, y que no se ha dado la discusión sobre los problemas de los productores nacionales para competir con los productores de otros países que reciben subsidios de los Gobiernos, como por ejemplo el programa FARM Bill de los Estados Unidos, que subsidia a los productores de ese país y tiene un subsidio directo al seguro de cosecha de los agricultores.

Mencionó que hay discusiones que tenemos que dar, sobre los subsidios y aclarar que ningún productor nacional recibe subsidios y que por el contrario tiene que vender sus productos por debajo del costo.  También sobre la disparidad en la aplicación de los mecanismos de defensa comercial existentes en los tratados comerciales y sobre los bajos precios que reciben los agricultores de comerciantes y empresas.

Reconoció que hay que dar un debate sobre la situación estructural del sector, sobre el modelo desarrollo agropecuario vigente, sobre los costos asociados a la actividad en seguridad social, combustible, electricidad, etc., que encarecen la producción, en relación a los de otros países con los que compiten los agricultores.

Dijo que el Ministerio de Agricultura ha estado desarrollando actividades de acuerdo a las necesidades del sector, en producción de semillas, tecnología de producción, comercio, acceso al crédito y readecuación de deudas, generación de mercados directos, territoriales e inteligentes.

Según el Ministro, se está trabajando en otros aspecto como el aumento de las compras públicas agrícolas, mediante el fortalecimiento del programa de abastecimiento institucional(PAI) y una mayor participación de los pequeños agricultores en las ventas de ese programa,  el des trabamiento del registro de insumos agrícolas que debe considerar los factores de salud, ambiente y efectividad en el uso(y evitar la compra de insumos no autorizados a altos precios), el establecimiento de un seguro de cosechas que vincule riesgos, seguro y avales, porque el seguro actual del INS es muy caro para los agricultores.

Alvarado concluyó que desde el MAG se ha implementado la transformación del agro y se ha garantizado que el sector siga produciendo a pesar de la pandemia.

Welmer Ramos afirmó que no hay una retribución justa al trabajo del agricultor, que hasta ahora cualquier esfuerzo para aumentar la productividad en las actividades agrícolas, se queda en la comercialización final que está en manos de unos pocos, así por ejemplo el Cenada está tomado por unos pocos comerciantes “tagarotes”, que no permiten el ingreso de más agricultores.

Se preguntó por qué eso no ocurre en las actividades de leche, café o caña de azúcar y dijo que es porque en ellas ha habido un acuerdo de producción y comercialización que garantiza la participación justa de todos los actores, mientras que la “mayor desgracia” está en la producción y comercialización de hortalizas y frutas que están dominadas por unos pocos, reiteró.

Es necesario dijo, juntarnos todos para prohibir pagar a los agricultores por debajo del costo, que haya seguros agropecuarios, fortalecer la asociatividad para aumentar la escala de producción, crear cadenas de comercialización, fortalecer las compras públicas agrícolas a los pequeños agricultores y establecer centros de valor agregado para integrar los procesos de producción.

Según el Diputado Ramos, el problema ha sido que el Ministerio de Agricultura depende del Ministerio de Hacienda que ha impuesto sus políticas neoliberales que no favorecen a la pequeña agricultura.

La moderación del foro, insistió en la urgencia de definir cuándo habrá soluciones para la agricultura nacional, ante lo que el Ministro de Agricultura señaló que la próxima semana se reunirá con las organizaciones agrícolas para identificar soluciones a los problemas del sector.

Al cierre del evento, unos de los productores que también participó de manera virtual realizó un comentario que resume las preocupaciones expuestas, al decir que “los agricultores teníamos problemas y ahora estamos peor”, revelando la cruda realidad de la agricultura nacional y en especial la difícil situación de la pequeña producción.

Foro Propuestas y Soluciones del Sector Agroalimentario para la PostPandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Se realizó en la Universidad de Costa Rica el Foro Propuestas y Soluciones del Sector Agroalimentario para la postpandemia en Costa Rica, con la participación de Felipe Arauz, Decano de la Facultad de Agroalimentarias y exministro de Agricultura y Ganadería y Carmela Velázquez, directora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos.

En su exposición Arauz, planteó que el sistema agroalimentario del país ha seguido trabajando durante la pandemia en el suministro de alimentos y no ha cesado de hacerlo.

Para el Decano, el sistema se desarrolla en todas sus dimensiones (disponibilidad, acceso, consumo, valor nutricional), desde el campo hasta la mesa del consumidor, donde todos los eslabones están muy ligados. Hay que ver el sistema como un todo.

Afirma que el sistema agroalimentario(SA) no es justo, por la participación diferenciada de distintos productores, que no reciben la retribución adecuada por su trabajo, la que se queda en otros eslabones de la actividad productiva.

También menciona que el SA es frágil, ya que, pese a que el 70% de la producción de la canasta básica se genera en el país, hay productos esenciales como el frijol y el arroz que se producen apenas en un 40 y 25% respectivamente en el país.

No obstante, el SA es estratégico para garantizar el abastecimiento alimentario de la población, por lo que debe fortalecerse como se hace en otros países.

Durante la pandemia, las cadenas de comercialización se han estresado y han tendido a afectarse, debido a la disminución del consumo en hoteles y restaurantes, pero rápidamente los agricultores han adoptado formas de comercialización directa, con el apoyo del MAG y su programa Mi Finca.

Indica Arauz, que fue acertado no cerrar las ferias del agricultor, para mantener el suministro de alimentos frescos y que ha sido importante el trabajo del programa de abastecimiento institucional(PAI) que ha suministrado los alimentos a los hogares de los estudiantes, que antes los recibían en los comedores escolares.

Según su criterio, el impacto de la pandemia sobre el empleo y la reducción de ingresos de la población, disminuyó el acceso a alimentos y ha generado inseguridad alimentaria, pero el surgimiento de bonos y ayudas ha contribuido a mantener el consumo de alimentos.

La amenaza al comercio se ha convertido en una oportunidad para crear nuevos mecanismos de comercio y es fundamental reforzar la institucionalidad del sector agropecuario.

La Facultad de Agroalimentarias trabajaba ya desde antes de la pandemia en proyectos como el diagnóstico de plagas, análisis de suelos, calidad de semillas, producción orgánica urbana y huertas en comunidades, servicios para la alimentación animal, mercadeo y comercialización directa con frijoles,

La FA tiene una gran actividad de investigación y acción social (cerca de 250 proyectos), en producción primaria, para mejorar la productividad y reducir costos de producción, en prácticas de sostenibilidad ambiental de la producción, generando variedades nuevas de frijol, arroz, hortalizas, gestión empresarial de la empresa agrícola, además de incursionar en agricultura de precisión y agrícola 4.0.

Considera que es necesario generar soluciones pertinentes y útiles para la producción agroalimentaria, con tecnología al servicio de la gente para una vida mejor.

Para Carmela, el sector agroalimentario no ha parado de trabajar, porque tiene que seguir trabajando para llevar alimentos a la población.

Durante la pandemia, el CITA ha apoyado en el diseño y aplicación de protocolos, en el acompañamiento para que su aplicación garantice la inocuidad de los alimentos, dando apoyo técnico y científico al sector agroalimentario.

También ha estado asesorando en problemas que se han dado en el abastecimiento de alimentos, en relación a la reducción en la disponibilidad de materias primas o el desecho de productos no utilizables.

Además, ha apoyado al Gobierno en el procesamiento de materias primas, en protocolos para la donación de alimentos y en la creación del espacio virtual de comercio.

Velázquez considera, que en la industria se han dado riesgos debido a la reducción del comercio y el consumo, generado por el desempleo, situación que ha afectado la producción sobretodo de las pequeñas y medianas agroindustrias.

Muchas pymes por la reducción de ventas, han tenido que cerrar, lo que afecta otros eslabones de cadena, como la adquisición de materias primas, de insumos, empaques, etc

Afirma que las industrias han tenido que desarrollar procesos más eficientes, tratar de optimizarlos y reducir costos de producción para sostener su funcionamiento.

Agrega que los hábitos de consumo han cambiado en la población, lo que ha tenido un costo asociado, por ejemplo, en un aumento de cantidad de empaques (muchos importados), lo que también ha tenido un impacto ambiental importante. La estructura de las industrias ha debido adaptarse a esos cambios en los hábitos y en el comercio.

Reconoce que este es un momento crítico a nivel socioeconómico, y que el propósito de los actores de la industria alimentaria es evitar que falten los alimentos en los hogares, ya que las donaciones son insuficientes.

Sugiere que la estructura de la seguridad alimentaria debe revisarse y fortalecerse, teniendo en cuenta que las preocupaciones son respecto a la cantidad de alimentos disponibles, no porque no haya, sino porque no hay recursos para adquirirlos.

Finalmente, establece que el CITA va a seguir trabajando de mejorar el valor agregado de los productos, apoyando y dando soporte sobre características de los productos, para que las industrias sean más competitivas en la producción de alimentos.

Que este Centro, estará acompañando permanentemente con conocimiento y tecnología al Gobierno y al sector productivo, procurando alianzas en los sectores productivos, entre productores e industrias procesadoras y en el desarrollo y estímulo al emprendimiento en la producción agroalimentaria.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

La pretendida venta de FANAL: un verdadero despropósito

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería

Está en el tapete la discusión sobre la posible venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). Esa intención parte de la premisa equivocada de que la FANAL deja pérdidas. Todo lo contrario, la FANAL no solo no deja pérdidas, sino que ayuda a programas de apoyo al sector agropecuario, a la seguridad social, y a otros programas estatales. Para entender las consecuencias de dicha venta, es necesario conocer el aporte concreto de FANAL y la naturaleza de sus deudas.

Relación del CNP con la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). El CNP recibe la mayor parte de su financiamiento a partir de su propia actividad. Solo en casos excepcionales ha recibido ingresos a partir del presupuesto del Gobierno Central. Una de las fuentes de financiamiento es la transferencia de fondos de la FANAL al CNP, gracias a la cual se están desarrollando diversos programas de semillas, estudios de mercado y capacitación en temas de valor agregado en particular para el sector agroalimentario, y asesoría a las Ferias del Agricultor en temas de mercadeo y manipulación de alimentos entre otros. Estas transferencias de FANAL al CNP fueron del orden de ₡3.500 millones en 2019. Las proyecciones para este 2020 son todavía mayores, pues a la mitad del año ha trasladado ya ₡2.600 millones.

Si bien el principal papel de la FANAL es proveer de recursos al CNP, también hace un aporte muy importante a la salud del país, al proveer al costo el alcohol que utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social. El papel estratégico de FANAL como proveedor de alcohol para fines sanitarios quedó patente en la presente pandemia.

Costo de la FANAL para el Estado costarricense. La FANAL no le cuesta nada al Estado costarricense. Por el contrario, la FANAL no solo cubre sus gastos operativos, sino que aporta al fisco en impuestos alrededor de 11 mil millones de colones por año, más de lo que le generaría la venta de sus activos, cuyo valor ha sido estimado en 10 mil millones según el anterior ministro de Hacienda. Claramente, la venta de FANAL no viene a resolver los problemas fiscales, pero, con una facturación anual de 45 millones de dólares, la FANAL resulta un negocio lucrativo y, por ende, codiciado por algunas empresas, las cuales no tendrían interés alguno en el beneficio social de la fábrica. Por eso, parece que más que una necesidad de vender la FANAL, lo que hay es un interés de algún grupo empresarial por comprarla, porque el negocio es sumamente lucrativo: alguna empresa hará negocio, pero no habrá beneficios ni en lo fiscal ni en lo social.

La deuda de FANAL y por qué no se resuelve con la venta. De acuerdo con informaciones que han circulado, la FANAL adeuda 21 mil millones de colones en impuestos, incluyendo lo adeudado a Hacienda, INDER e IFAM. Las deudas tributarias de FANAL no tienen origen en que la FANAL dejara de pagar impuestos (ya dijimos que aporta al fisco 11mil millones de colones al año), sino en diferencias de cálculo sobre las bases imponibles de los impuestos que ya hoy día paga la FANAL. Es por eso por lo que estas diferencias han sido judicializadas a efectos de que sea la jurisdicción contencioso-administrativa la que dilucide la controversia entre instituciones del Estado. Mientras el Ministerio de Hacienda recientemente ha dado la razón a FANAL en cuanto a la metodología del cálculo de los impuestos, el INDER y el IFAM insisten en llevar su cálculo a la vía judicial. Sin embargo, estas diferencias se han acumulado durante aproximadamente 20 años y más de 5 gobiernos que no han logrado poner fin a la controversia tributaria entre FANAL, el INDER y el IFAM. En todo caso, se trata de una deuda de una institución estatal con otras, y su resolución no aporta nada al Estado como un todo.

Por otra parte, quien compre la FANAL debe asumir las deudas, a menos que se pretenda que se venda libre de deudas, y que el Estado las asuma (lo cual sería una tontería, si no un acto de corrupción), o que se condonen, en cuyo caso sería mejor condonarlas a la FANAL actual para que siga cumpliendo con su aporte social y fiscal como lo hace ahora.

Quien compre FANAL dispondrá de mecanismos para eludir impuestos. Uno de los compradores que más se ha mencionado está en la lista de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias; obviamente este comprador no aportaría nada al fisco. Otro mecanismo sería exportar los licores, ya que el impuesto se aplica a lo que se venda en el territorio nacional. Estas situaciones tendrían una consecuencia fiscal negativa inmediata, pero también resultaría en un tema sanitario. Recuérdese el problema que hubo el año pasado con aguardientes importados que estaban adulterados con metanol, lo cual resultó en varias intoxicaciones. Eso no ocurrió con los productos de FANAL, los cuales, en su franja comercial de licores corrientes (aguardientes), han sido reconocidos por su pureza y calidad. También la CCSS dejaría de recibir alcohol al costo para sus fines medicinales.

Es necesario fortalecer la FANAL. En resumen, la venta de FANAL solamente dejaría pérdidas al Estado costarricense en lo económico, lo social y lo sanitario. Para que siga generando los beneficios ya descritos, es necesario que FANAL siga siendo parte del Estado costarricense. Deben explorarse formas creativas de resolver sus problemas y mejorar su gestión ante los nuevos desafíos que enfrenta el sistema agroalimentario nacional. Por ejemplo, en el corto plazo podría pensarse en mejorar su gestión para que expanda su negocio manteniendo el mercado local de aguardientes, seguir en la rentable línea de mezclados (tipo Chile Guaro) e incursionar en mercados de exportación. En el mediano plazo, la FANAL debe volver a destilar para agregar valor a la melaza de los productores de caña de zonas aledañas (CoopeVictoria, por ejemplo) y luego a los subproductos de la destilación como las vinazas, bajo un enfoque de biorrefinería para generar energía y otros bioproductos de alto valor que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Terminamos diciendo que este no es un tema ideológico de defender a ultranza instituciones del Estado, como sí parece serlo el trasfondo de su pretendida venta. Es un tema práctico: poner en la balanza un excelente negocio que va en el mejor interés de Costa Rica versus un negocio privado que a casi nadie beneficia.

Consideraciones para el Consejo de Rectoría Ampliado de la Universidad de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Juan Armando Navarro Martínez
Abogado – SINDEU

Hay tres consideraciones que no se les ha prestado atención, sobre lo que establece el Proyecto de Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público, Expediente Número 22.081 de la Asamblea Legislativa.

La primera puede ser blindarse en las acciones que la Universidad está realizando como: los respiradores no invasivos; el suero contra el COVID-19; los protectores faciales; repartir medicamentos de la CCSS a pacientes; participar en los operativos de tránsito; mantener el respaldo al sector productivo agropecuario en un momento donde la soberanía alimentaria importa más que antes; la participación indiscutible de profesores y estudiantes que están día a día en primera línea, trabajando en las instituciones que el artículo 2 del proyecto de ley tiene como excepciones;  mantener la continuidad de los estudios de toda la población estudiantil en todo el país; redistribuir presupuestos internos y aportar de sus finanzas para la atención de la crisis; entre muchas otras acciones que se están realizando en la Universidad de Costa Rica para enfrentar la pandemia; estas, ya son razones suficientes para exigir que la Universidad de Costa Rica (y a las Universidades Públicas) integre la lista de excepciones de instituciones que están combatiendo la pandemia.

Esto tiene fundamento en los principios de realidad, equilibrio, razonabilidad, sana crítica, equidad, igualdad y no discriminación, entre otros; así como, la diferencia que se daría entre la aplicación de los artículos 128-139 de la Ley General de Administración Pública sobre la eficacia del acto administrativo y, por otro lado, lo que establece el artículo 6 de la misma ley, sobre la jerarquía de las normas. Lo cual quiere decir que, pese a la eventual existencia de un acto administrativo que contemple todos los contenidos de los artículos 128-139 citados, este acto nunca podrá irrespetar la jerarquía de las normas que, por considerable importancia, está en la parte general de ley.

Pese a lo expuesto, la segunda consideración debe generar una discusión mayor que lo antes mencionado, está en la aplicación que estable el artículo 1 del proyecto de ley. Este se refiere a que se aplica a las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley número 2166, que con la aprobación del Plan Fiscal quedó, así redactado en el inciso 2): La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades. (Así adicionado por el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018).

Por varias razones, eso excluye a la Universidad de Costa Rica de la aplicación. Lo primero es que el artículo 26 de la Ley citada, es parte del capítulo III ORDENAMIENTO DEL SISTEMA REMUNERATIVO Y DEL AUXILIO DE CESANTÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO, únicamente; esto ya está siendo aplicado por el Rector mediante resolución R-73-2019.

El artículo 1 de la misma ley, refiere a la aplicación general de la ley: La presente ley se dicta para garantizar la eficiencia de la Administración Pública y constituirá el sistema oficial de retribución para todas las clases de puestos clasificados en el Manual Descriptivo de Puestos, conforme lo dispone el Capítulo X del Estatuto de Servicio Civil. Evidentemente, la Universidad de Costa Rica no tiene ninguna relación o responsabilidad administrativa con el Manual Descriptivo de Puestos ahí mencionado.

Además, es claro que existe en proceso Contencioso Administrativo que pretender dirimir la diferencia absurda entre incluir a las Universidades Públicas en un reglamento, cuando no se incluyó en la ley. Existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que se cita en los votos 495-92 y 1313-93, en la cual se establece que, la autonomía de las Universidades Públicas es superior y diferente a la que se dispone en los artículos 188 y 190 de la misma Constitución, la cual es la que hace referencia a las Instituciones Autónomas. De manera que, en caso que una ley o jurisprudencia indique que se aplica a las instituciones autónomas, debe entenderse que no incluye a las Universidades Públicas, salvo que la norma lo haga bajo texto expreso.

Está de más decir que, esto es materia fundamental del primer mes en la carrera de derecho y en varios cursos del derecho, principalmente en el curso de Introducción al Derecho, cuando se ve la pirámide de Kelsen sobre la jerarquía normativa (del texto Teoría Pura del Derecho), en este sentido, no tengo duda que si se le pregunta a un estudiante de la Facultad de Derecho de esta Universidad, emitirá contundente respuesta diciendo que el reglamento tiene un rango inferior a la ley y no la puede equiparar o sustituir.

Entonces ¿por qué el Rector resuelve el pago de la cesantía como indica el título III del Plan Fiscal desde el 15 de marzo de 2019 y ahora dice La Nación del 10 de julio de 2020, sin que exista resolución institucional, que la Universidad pagará la anualidad del título III del Plan Fiscal y no lo que indica la Convención Colectiva de Trabajo? ¿Por qué aplicar el título III del Plan Fiscal en momentos diferentes?

La tercera consideración es la captura del jerarca. Es de suponer que, con la amenaza de miedo y control, el Gobierno está utilizando la pandemia como forma de infundir temor y control para que la clase trabajadora no se movilice, todo lo contrario, que se paralice, sea obediente y haga únicamente, lo que dice el Gobierno sobre como “enfrentar la pandemia”.

En el caso del Rector, debe estar amenazado por la PGR y la CGR que, si decide no aplicar el título III del Plan Fiscal de manera ilegítima, como le indican, que harán el informe correspondiente para enterar al Ministerio Público de la supuesta irregularidad del jerarca, situación que le podría significar eventualmente repercusiones penales por emitir resoluciones contrarias a la ley (prevaricato).

Pese a que los contenidos del Proyecto de Ley 22.081 son de todas formas ilegales, es posible que en el caso que exista algún intento de consolidar la aplicación del contenido del proyecto, en el momento en que sea ley, si es que ocurre, sea la claudicación del jerarca frente a las presiones, temor y control del Gobierno.

Sólo una observación de lo expuesto. La clase trabajadora no se ha dejado intimidar, sigue organizando la lucha, ha exigido respeto, se ha movilizado y continuará haciéndolo. El Consejo de Rectoría Ampliado debe ver en toda la Comunidad Universitaria la articulación de la lucha y la defensa de la Universidad de Costa Rica. Las personas trabajadoras están dispuestas a articular esa lucha frente a los ataques del Gobierno y demás, Poderes de la República. Lo mínimo esperable del Consejo de Rectoría Ampliado es determinar el rechazo al Proyecto de Ley 22.081 y resolver de inmediato la movilización de toda la Comunidad Universitaria para la defensa de la Educación Superior Pública y de Calidad.

No permitamos más robos al empleo público, de cualquier manera, que propongan las estructuras de poder, la eliminación de derechos laborales en razón de la pandemia, es un manifiesto ilegal, inconstitucional e inmoral.

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UCR: Sector agro requerirá dos años para recuperarse

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  • Región Chorotega, Pacífico Central y Región Brunca sufrieron pérdidas por ¢22,7 mil millones de colones tras el paso del huracán Nate

UCR Sector agro requerira dos anos para recuperarse
El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) contabiliza pérdidas a raíz del paso de Nate en 577 hectáreas, distribuidas sobre todo en fincas de banano y plátano de Palmar Sur, dos cultivos que representan fuentes de empleo en esa zona (foto cortesía Piosa-UCR).

Las pérdidas de miles de hectáreas de cultivos y animales de producción ocasionadas por la tormenta tropical Nate dejaron al descubierto la vulnerabilidad de las zonas agrícolas en prácticamente todas las regiones del país, desde la Región Chorotega y Pacífico Central hasta la Región Brunca.

Sembradíos completos de arroz que estaban para cosechar se inundaron y se perdieron, decenas de agricultores no pudieron sacar los productos de sus fincas, miles de aves fueron arrasadas y los estanques de acuicultura quedaron inservibles; estos son solo algunos de los daños que ocasionó Nate en las zonas agrícolas con pérdidas inmediatas para los productores y sus familias.

A dos meses de la emergencia todavía no han terminado de contabilizarse todas las pérdidas del sector agrícola a nivel nacional, según expresa el Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Araúz Cavallini. Sin embargo, para el jerarca es claro que este evento ha sido devastador: “yo creo que nunca hemos visto algo parecido a esto”, afirma tras describir la situación que enfrenta el sector.

Pero los efectos de Nate sobre la agricultura continuarán manifestándose en los próximos meses e incluso los pequeños y grandes productores de cultivos como la papaya o el banano sufrirán las consecuencias hasta dos años después. La capacidad de recuperación dependerá de los ciclos de producción de cada cultivo, explica Fernando Vásquez Solís, agrónomo del Instituto de Investigaciones Agronómicas (IIA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Efectos

El meteorólogo del IIA, Álvaro Brenes Vargas, quien se dedica a la vigilancia del clima con el propósito de informar a los agricultores sobre condiciones meteorológicas adversas, asegura que aunque han existido fenómenos de mayor intensidad, lo que hizo más peligroso a Nate fue la condición previa de saturación de suelos, caudales aumentados en los ríos y una respuesta tardía de los organismos nacionales.

Ante la naturaleza del fenómeno era inevitable que los efectos inmediatos desde el punto de vista agrícola fueran muy importantes, principalmente el deterioro de los cultivos y pastos en producción.

A esto se suma además las pérdidas de animales. Según el Servicio Nacional de Salud Animal, l85 000 animales de producción (vacas, cerdos, caballos y gallinas) quedaron en situación de vulnerabilidad, así como 15000 perros y gatos.

La tormenta también tuvo efectos indirectos que se observan en la disminución de la calidad de los productos agrícolas, así como en su disponibilidad en cantidad en el mercado debido a la contaminación y enfermedades que producen los hongos y bacterias patógenas, lo que provoca un impacto en la producción del sector agropecuario a mediano y largo plazo.

Mitigar el impacto

Invertir en infraestructura y en prácticas de conservación de suelos en zonas agrícolas e implementar un sistema de información climática para los agricultores y sistemas de alerta temprana son fundamentales para mitigar el impacto de futuros eventos hidrometeorológicos en el sector primario, opinan los expertos de la UCR.

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Según el Servicio Nacional de Salud Animal, 185 000 animales de producción quedaron en situación de vulnerabilidad después de la tormenta Nate (foto Senasa).

Una de las prioridades debe ser construir infraestructura y desarrollar prácticas que conlleven a la conservación del suelo, particularmente en áreas de laderas como coberturas, barreras vivas y muertas o siembra en contorno.

En zonas bajas es necesario construir o rehabilitar sistemas de drenaje como los construidos por la Compañía Bananera en las fincas de Palmar y en la zona sur del país, que permitían canalizar de forma adecuada el exceso de lluvias.

Cada productor además debe tener una estrategia planificada de lo que ocurre con el agua que caerá en su finca y cuál es el rumbo que tomará según la disposición de los cultivos. Esto puede ayudar a prever los caudales potenciales y esperables que se unirán al agua de una región y cuánto se logrará infiltrar, explica Henríquez.

Otro aspecto fundamental que debe fortalecerse en el país es la generación y disponibilidad de información relevante para los agricultores como datos sobre clima, análisis de suelos y plantas, caracterización de fincas y rutas de acceso e información de mercados.

Esta estrategia debe acompañarse con la capacitación de los agricultores y agricultoras para garantizar que tengan acceso a las diferentes tecnologías de la información disponibles en forma rápida y sencilla, por ejemplo a través del teléfono móvil.

Proteger a los animales

Realizar un análisis previo de riesgos también resulta indispensable en las fincas dedicadas a la producción de bovinos, cerdos, aves u otros animales, detalla Juan Ignacio Herrera, investigador de la Escuela de Zootecnia de la UCR y miembro del Comité Asesor Técnico para Protección de Animales en Desastres de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Se recomienda que cada productor identifique las zonas de elevación en su finca donde se puedan contener los animales durante el evento, que se revise que tengan acceso hacia estas zonas y agua de bebida disponible. Además, es conveniente que se planifiquen posibles áreas de pasturas o nuevas instalaciones.

Como medida preventiva se debe mantener en todo momento una reserva alimenticia para mínimo tres días o una semana, que pueda mantener en condiciones de buena salud a los animales.

Los expertos también sugieren planificar escenarios potenciales de afectación a nivel regional, identificar las zonas de fragilidad de las cuencas, reconocer los niveles críticos de los ríos y activar un sistema de alerta temprana, como parte de las medidas que contribuirían a mitigar el impacto de un evento como Nate en el sector productivo nacional.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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