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Hospital María, Honduras

Escrito en 06/08/2014. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

22 de julio de 2014

Por Marlin Ávila

El viernes el Presidente de Honduras se reúne junto con sus homólogos de El Salvador, Guatemala y de EUA en Washington, invitados por este último para tratar los problemas migratorios de menores de 18. Estos presidentes no solamente tienen que responder a su Tío por problemas de la población centroamericana causados en su gestión política pero por la de anteriores administraciones. Lo mismo tendrá que responder el Tío, cuando sus antecesores crearon zonas de guerra militar y zonas de libre mercado en Centroamérica en beneficio de los intereses estadounidenses y ningún gobernante local se atrevió a contradecir. Una simple razón, aun no discutida en las redes sociales es la atención de la salud de la niñez en Honduras. Cuando se depredan los recursos del pueblo y se destruyen las instituciones de Seguridad Social y la red de Hospitales Regionales, con la venia y auto beneficio de la clase política en poder, desde luego, se daña a nuestra niñez en uno de los aspectos más delicados de la vida humana: su salud. Y no solamente ha ocurrido en la administración de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, puesto que los gobernantes anteriores tampoco resolvieron los problemas agudos del sistema hospitalario nacional, más bien toleraron y participaron de alguna forma de los beneficios que la corrupción generalizada les proporciona. Una mirada desde cualquier fuente interna y externa puede constatar por qué los padres y sus hijos deciden irse de este país con ambientes deshumanizantes. Una muestra es la sección del Materno Infantil del Hospital Escuela (HEU), construido para la población existente en 1979, hace 35 años. No caben dudas de los esfuerzos valiosos que ha hecho la UNAH por la eficiencia de la administración y profesionalismo del HEU. El solo haber reducido en menos de dos años significativamente la corrupción que allí prevalecía, es digno de admirar. La UNAH sigue mejorando ese valioso hospital, pero sus espacios físicos tienen un límite que solamente se puede resolver construyendo hacia el cielo, pero sus bases no son aptas para más. Si se visita la sección pediátrica del HEU puede confirmarse el hacinamiento en que se trabaja y convive. Por más que se haga limpieza y se eficiente el uso de los espacios, no hay más donde colocar a niños y madres, aun cuando la demanda crece semanalmente. Mientras eso ocurre, la clase política que gobernó y gobierna mantiene un Hospital María de Especialidades Pediátricas, construido por el PL en el poder entre el 2000 y 2004, con treinta millones de dólares. Irónicamente, después de 10 años sigue cerrado. El lujoso edificio de 24 mil metros cuadrados ha sido equipado con modernos equipos médicos, con donaciones de gobiernos amigos, que superan los cinco millones de dólares. Cuando uno pregunta, cómo es que en un país con tanta pobreza y exigencias de atenciones pediátricas, se da el lujo de tener ese hospital cerrado al público, la respuesta es por razones políticas y sensibilidad de quienes crearon y dirigen ese elefante blanco, ubicado en medio de la miseria. “Fue un gobierno liberal, mediante el decreto ley No. 268, del 20 de octubre de 2005, quien lo construyó para satisfacer los deseos de su Primera Dama, en recompensa a algunos malos tratos, nos responden.” El decreto de la Secretaría de Salud le concede a una fundación, donde hay médicos involucrados, a la fundación de Amigos del Hospital María (FAHM), sin fines de lucro, la personería jurídica. Evidentemente son amigos de Mary, pero no de la niñez pobre de Honduras, que ahora huyen sin importar los riesgos, huyen de la situación que mantiene esta clase oligárquica y drogada de lujuria que tiene el país. Esta es una de las consultas que puede hacerle el Presidente Obama al mandatario de Honduras, sobre la utilidad de la contribución de EUA, Italia y otros gobiernos y pueblos europeos, a un Hospital para la niñez, que permanece cerrado sin atender al pueblo pobre. Acaso no tiene autoridad el gobierno para tomar las medidas pertinentes ante tal frialdad de los liberales ¿Es o no un bien público que exige prestar los servicios inmediatos para lo que está destinado y no para complacer una clase social que vive en otro mundo? Prepare bien su agenda para el viernes Sr. Presidente. Información enviada a SURCOS por el autor. Suscripción-solidaria: https://surcosdigital.com/suscribirse/

Sobre el asalto del PLUSC a la seguridad social en Costa Rica (Tercera y última parte)

Escrito en 21/12/2013. Publicado en Análisis.

Rogelio Cedeño Castro

Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

“Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado” Párrafo cuarto del artículo 177 de la Constitución de la República de Costa Rica (no sabemos sí se encuentra en vigencia o al menos parece que sus postulados no se observan en el régimen de la dictadura en democracia, pues al parecer “aplican restricciones”, dentro del mejor estilo comercial).

VII

A lo largo de las casi doscientas páginas de su libro EL GRAN ASALTO DEL PLUSC AL SEGURO SOCIAL (San José Costa Rica 2011), don Luis Alberto Jaén Martínez demuestra, de manera fehaciente, como las autoridades del gobierno central y las sucesivas presidencias ejecutivas y juntas directivas de la caja han venido manejando, de manera irresponsable y cínica, los fondos del régimen de enfermedad y maternidad y el de invalidez, vejez y muerte. En vez de acatar y de exigir el cumplimiento de lo dispuesto tanto en la constitución política como en la Ley constitutiva de la Caja lo que han hecho es ir cercenando los derechos de los trabajadores asegurados y del conjunto de la población, tanto en lo referente a la atención médica en los hospitales y clínicas de la CCSS como en cuanto a las pensiones y jubilaciones, reformadas en el año 2005, oportunidad en que se condenó a muchos de los jubilados a recibir pensiones de miseria, ya que en una buena cantidad de casos el monto de estas andará por el orden del 43% del monto de los últimos salarios recibidos, en tanto se sigue con la práctica de desviar el uso de los fondos de la seguridad social para otros propósitos, contraviniendo lo establecido en el artículo 73 de la propia constitución política que dice que: ”No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales”(Citado por Luis Alberto Jaén p.64).

Según el autor, el reglamento de pensiones fue reformado por la junta directiva, presidida entonces por el señor Rodolfo Piza Rocafort (candidato a la presidencia de la república por el PUSC para las elecciones de febrero de 2014), en el mes de abril de 2005, en los siguientes términos:”El reglamento anterior disponía que la edad mínima de pensión para los hombres era de 61 años y 11 meses, siempre que hubieran cotizado con 462 cuotas, o sea, 38 años y medio de trabajo. Por cada mes más de vida, necesitaban 6 cuotas menos para pensionarse. Cuando llegaban a los 65 años, sólo requerían haber cotizado con 240 cuotas, o sea, haberlo hecho durante veinte años. Con el nuevo reglamento aprobado en abril del 2005 y que empezó a regir en octubre del 2006, pero que la División de Pensiones(es decir, los Dioses amos y señores del destino de la gran mayoría de los costarricenses) se apresuró a aplicar anticipadamente, la edad de 61 años y 11 meses y el número de cuotas de 462 como mínimo se mantiene, pero para las personas de 65 años, el número de cuotas para concederles el derecho, se elevó de 240 a 300, y se adecuó de acuerdo con esta elevación, lo correspondiente a las edades intermedias entre 60 y 65 años. Lo anterior quiere decir que una persona, hombre o mujer, para pensionarse a los 65 años, necesita con este nuevo reglamento del 2005, haber cotizado durante 25 años en lugar de 20 como disponía el reglamento anterior”(ibid. p.80). En cuanto a las sumas a pagar por pensión, de acuerdo con el nuevo reglamento aprobado por don Rodolfo Piza Rocafort, dice el autor de este libro que” Además, se dispone que tanto hombres como mujeres pueden anticipar la pensión habiendo pagado solamente 300 cuotas, y cumplido, las mujeres 60 años y los hombres 62, pero en tal caso los montos de pensión se les reducirán hasta en un 34.85% a las mujeres y en un 21.3% a los hombres”(ibid p.81). Pero lo más significativo y ominoso de esta reforma de pensiones, aprobada hace pocos años, con la complicidad de algunos dirigentes sindicales, según afirmaba don Luis Alberto Jaén, es el hecho de que “En todos los casos, el monto de la pensión se calcula con base en el promedio de los salarios devengados durante los últimos veinte años, ”adecuados por la inflación”, y de tal promedio se pagará hasta un 52.5% si el salario es inferior a dos salarios mínimos y luego ese porcentaje se va disminuyendo hasta llegar a un 43% cuando el salario llegue y sobrepase ocho salarios mínimos. O sea que conforme el promedio de salarios va aumentando el porcentaje que se pagará por pensión va disminuyendo (ibid, p. 81). Este y no otro será el porvenir que dispusieron para la gran población de los así llamados “adultos mayores” los diferentes gobiernos de la dictadura (neoliberal) en democracia y las sucesivas las juntas directivas puestas por ellos, pero lo más grave es que la falta de información adecuada y las dificultades para entender un problema tan complejo, nos ha impedido reaccionar así sea sólo por mero el instinto de conservación, un hecho que pone en peligro la supervivencia de innumerables compatriotas, cuya conciencia aun no se ha visto sacudida.

VIII

Los miles de miles de millones de colones, dentro de lo que constituye un verdadero agujero negro, que han sido desviados por los sucesivos gobiernos, a lo largo de más de medio siglo, han sumido a la Caja Costarricense de Seguro Social y a todo el sistema de atención en materia de salud en una crisis casi total, sostiene don Luis Alberto Jaén en distintos apartados de su libro, la que ha imposibilitado el cumplimiento de la atención debida a los asegurados en lo referente al área de salud, tanto en lo relativo a la atención primaria como en las acciones de la medicina curativa, la que por lo general tiene un costo más elevado. No podemos dejar de pensar, siquiera por un instante, en todas las obras de infraestructura que hubieran podido construirse con esos recursos evitando, de esa manera, miles de penalidades a los trabajadores asegurados, tal y como ha sucedido con el caso de las más de 300 camas que el Hospital Calderón Guardia no ha podido reponer todavía, como consecuencia del incendio ocurrido en el año de 2004, además de contratar los servicios de especialistas de los que, por lo general, carecen los hospitales de las regiones periféricas del país y adquirir, sin dilatorias de ninguna clase, todos los medicamentos que requiere la población del país.

Las pensiones y jubilaciones, contempladas en el fondo de invalidez, vejez y muerte han sido puestas en riesgo, a partir de iniciativas como la mal llamada Ley de protección al trabajador, impulsada por la administración de Miguel Ángel Rodríguez, durante el año 2000, la que de acuerdo con don Luis Alberto Jaén, constituye una desviación de fondos que debieron a destinarse al permanentemente amenazado régimen de pensiones, a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Afirma don Luis que. “a esa ley la promovieron como “LA GRAN REFORMA SOCIAL DE NUESTRO TIEMPO” y pensando en el tiempo en que estamos, tal vez tenían razón ¡ Qué tiempo! El del crimen organizado para detentar el poder:” (ibid. p. 40) y agrega, más adelante el autor “La tal ley no es otra cosa que un tamal bien condimentado para iniciar la privatización de los seguros sociales. Y lo lograron. Claro que pasando por encima de la Constitución, pero es sabido que a un adepto a los arcanos del capitalismo, la única ley que le interesa y respeta es la ley suprema del mercado: la ley de la oferta y la demanda…Pues bien, la tal ley de “protección” al trabajador consiste en crear un fondo destinado fundamentalmente a proporcionar a todos los trabajadores una pensión complementaria, de la que en su momento habrán de recibir de la Caja del Seguro Social”( ibídem p.p, 40-41). Dicho de otra manera, con el espejismo de una pensión complementaria bastante dudosa en sus fundamentos se desviaron recursos que deberían haber fortalecido las pensiones a cargo del régimen de invalidez, vejez y muerte.

Conviene reiterar que a pesar de que en los últimos tres años, todo el mundo habla –incluidos algunos de los mayores responsables del drama- de dar una solución al problema de la seguridad social, reduciéndolo a las situaciones administrativas de la Caja del Seguro Social o a dimensiones de orden técnico, a diferencia de que ocurría durante los largos años en que la voz de don Luis y otros ilustres ciudadanos como don Rodrigo Arias López, actuario de la caja a inicios de la primera década del siglo y profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, permanecía ignorada y casi silenciada por los medios de comunicación social, tal vez con el decisivo concurso de la jugosa pauta publicitaria dosificada por quienes dirigen la institución con los criterios del régimen imperante, pero sobre todo en contra de quienes aportan los recursos para su funcionamiento como son los trabajadores del país; lo cierto es que este problema específico tuvo la virtud de poner en evidencia que todo el edificio estaba carcomido y no sólo algunas de sus vigas, ilegitimidad y no gobernabilidad es el nombre que corresponde a los males que nos aquejan. Ahora ya no hay duda de que todo esto puede derrumbarse, de manera estrepitosa, en una región como la del istmo centroamericano, agobiada por graves problemas sociales y de legitimación de los poderes públicos, al no haberse superado las causas que llevaron al conflicto armado de los años setenta y ochenta del siglo anterior.

A dos años de su partida definitiva, la voz clara y valiente de don Luis Alberto Jaén Martínez resuena todavía en nuestros oídos como un llamado a la conciencia y al cumplimiento del deber ciudadano, como la expresión de esas cualidades que siempre lo caracterizaron a lo largo de toda su vida, de la cual deben sentirse orgullosos tanto Leticia, su compañera de los últimos años, como también Alejandro, Ismene y todos sus hijos y nietos. Para los que tuvimos el honor de ser sus amigos cercanos y compañeros en innumerables episodios de la lucha social, a lo largo de las décadas recientes, el solo recuerdo de su nombre será una convocatoria a la lucha y a la búsqueda honesta de la verdad, la única que como dicen las viejas tradiciones podrá hacer de nosotros hombres y mujeres libres de verdad.

Suelo recordar sus anécdotas cargadas de vivacidad e invaluables enseñanzas, como cuando me contaba que allá en la primavera de 1940, tal vez durante los meses de abril y mayo, cuando los ejércitos alemanes se disponían a aplastar a Francia y su débil resistencia que terminó en la derrota de Dunkerque con la consiguiente ocupación nazifascista del país de los galos, sólo él y otro compañero de la secundaria, allá en el Liceo de Costa Rica, apoyaban la causa de los aliados, mientras que el resto de sus compañeros de clase eran fervientes admiradores del nacionalsocialismo (pronazis) de Adolfo Hitler. Las cosas cambiaron después del ataque japonés a Pearl Harbor, en diciembre de 1941 y la entrada de los Estados Unidos en aquel conflicto bélico (siempre la doctrina Monroe jugando lo suyo, podríamos decir) que nos llevó a declararle la guerra a los países del eje Roma-Berlín-Tokio y luego a internar a los costarricenses de origen alemán en campos de concentración, cosas que don Luis no dejaba de enjuiciar con severidad, a pesar de que fue esa excepcional coyuntura la que nos permitió avanzar, en el campo de los derechos y garantías sociales para la clase trabajadora costarricense, hoy amenazados por la rapacidad del capitalismo neoliberal y sus fervientes cultores, enquistados en todos los enclaves de poder más importantes de nuestro país

Entre don Luis y yo se que no habrán ni hubieron nunca despedidas, porque parafraseando al Mahatma Gandhi de aquella película de Richard Attenborough, basada en la novela de Dominique Lapierre Esta noche la libertad (Cette nuit la liberté) de 1982, al dirigirse a un amigo suyo, periodista neozelandés o australiano que se despedía de él y se afligía de verlo en las crueles prisiones a que lo sometía el colonialismo inglés, le dijo que entre ellos no habrían despedidas porque ahí donde su amigo estuviera siempre estaría él, desde los más profundo de su conciencia y como un testimonio ante la conciencia universal, dentro de la interminable lucha por la justicia y la libertad del ser humano.

Enviado a SURCOS por el autor.

Sobre el asalto del PLUSC a la seguridad social en Costa Rica. Segunda parte

Escrito en 05/12/2013. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Segunda parte.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

“Cada vez que algún prominente integrante de esta sociedad de EL CRIMEN ORGANIZADO PARA DETENTAR EL PODER en que se convirtió el PLUSC, quiere impresionar a la gente y justificar alguna travesura, proclama a pleno pulmón que estamos en un Estado de Derecho. ¡Cómo no! Veamos como cumple el PLUSC con el Estado de Derecho en cuanto a los seguros sociales.

El artículo 177 de la Constitución establece la universalidad de los seguros sociales; el artículo 73 establece tales seguros para beneficio de todos los trabajadores y, al mismo tiempo, dispone que los fondos de tales seguros son intransferibles y no podrán ser usados para otros fines y el artículo 74 proclama que los mismos tienen la finalidad de “procurar una política permanente de solidaridad nacional”” Luis Alberto Jaén EL GRAN ASALTO DEL PLUSC AL SEGURO SOCIAL(San José Costa Rica 2011) p.33.

Nadie fue tan tenaz en denunciar la grave situación y el saqueo de que estaba siendo objeto la seguridad social en Costa Rica como don Luis Alberto Jaén Martínez, durante los últimos años de su fructífera existencia entre nosotros. A lo largo de ese período que concluyó hace dos años, dado que don Luis falleció en los primeros días del mes de noviembre de 2011, presentó informes y documentos ante innumerables funcionarios de todos los poderes públicos sin obtener respuesta alguna y casi siempre, sin que la prensa se hiciera eco de sus denuncias, encargándose la Contraloría General de la República y otras instancias de guardar un conveniente silencio, en perjuicio de salud y la vida de la mayoría de los ciudadanos costarricenses. Se llegó al colmo de no contestarle la petición de una audiencia de cinco minutos, en tres oportunidades, solicitada a la entonces diputada Elizabeth Fonseca, del Partido Acción Ciudadana (PAC), para informarle de lo que ocurría en la caja y presentarle las pruebas. Ante tales hechos don Luis acudió a la Sala IV, que declaró sin lugar el recurso que presentó, en aquella oportunidad, contra la actitud asumida por la susodicha diputada, quien al parecer no tendría entre sus deberes atender a las inquietudes de un ciudadano tan valioso y tan auténtico como fue don Luis Alberto Jaén, ni tampoco con las de los restantes electores representados al parecer por la legisladora. El comportamiento de los 57 diputados del período 2006-2010 y de sus sucesores en adelante, no resultó ser menos indiferente, es referido por don Luis, en un irónico reconocimiento “Por haber hecho caso omiso de la denuncia que yo les presentara desde el primer día de su inútil mandato, sobre los gravísimos hechos que ocurren en la caja” (ibid. p. 5). En cuanto a la actitud asumida entonces por Eduardo Doryan Garrón, quien abandonó la presidencia ejecutiva de la caja, al inicio de la administración Chinchilla Miranda, por escándalos en el Instituto Costarricense de Electricidad, del que había sido presidente en la segunda administración Arias Sánchez, don Luis le otorga un reconocimiento:“ Por haber mantenido el depredador reglamento de pensiones de la Caja del tiempo de Abel(Pacheco) y, en general, a esa Institución como la misma maquinaria de robo, de tortura y de muerte en que la han convertido”(ibid. p. 4).

Es por eso que reiteramos lo dicho en la primera parte de nuestro texto, aquí lo que hay es una grave crisis de legitimidad de la clase gobernante y del régimen de la dictadura en democracia (Óscar Arias dixit), el que con sus múltiples tentáculos hace burla y escarnio de los más elementales derechos de los ciudadanos. Ahora que estamos en tiempos electorales y el escenario circense vuelve a levantarse debemos recordar estos y otros hechos, para de esta manera reflexionar sin dejarnos deslumbrar por las luces y el colorido del espectáculo que nos ofrecen, pero sobre todo para dejar de seguir eligiendo en las urnas a nuestros verdugos de siempre.

La gran pregunta que nos hacemos es la que algunos llaman, no sin una gran dosis de ironía, la pregunta del millón es si la Constitución de Política de la República de Costa Rica todavía está vigente, especialmente en lo que se refiere al espíritu que los diputados socialdemócratas de la Asamblea Constituyente de 1949 (de ellos solo vive don Luis Alberto Monge Álvarez) le introdujeron a través de algunos de los artículos citados por don Luis Alberto Jaén, como son el 177, el 73 y nos permitimos agregar el 50 y el 74 que acuden a nuestra memoria o, en caso contrario, ¿no será acaso que nos equivocamos de país y esta no es la Suiza Centroamericana de que tanto hablan algunos demagogos y cortesanos de oficio?. Es por ello que aquí no estamos solamente ante un problema relativo a la seguridad social sino ante la ilegitimidad absoluta del régimen imperante, puesta en evidencia a través de la violación absoluta y descarada de la constitución y las leyes, en este y otros casos. Si queremos salvar lo poco que nos queda de democracia la ciudadanía deberá pedir cuentas a estos gobernantes ilegítimos y comportarse como tal, pues sin ciudadanía no puede haber democracia alguna y continuaremos en manos de quienes nos (des)gobiernan desde lo que llaman la dictadura en democracia o como decía don Luis Alberto Jaén, desde los círculos del CRIMEN ORGANIZADO PARA DETENTAR EL PODER.

En el texto de Luis Alberto Jaén nos encontramos con que:.., el artículo 177 de la Constitución proclama la universalidad de los seguros sociales y la obligación estatal de establecer rentas suficientes para hacerla realidad. Cuando se proclamó esta disposición constitucional en los años 1959 y 1961, Administración de Mario Echandi, las rentas a que en ella se hace referencia ya estaban creada por el artículo 24 de la Ley Constitutiva de la Caja desde su promulgación en 1941. Si resultaban insuficientes, el Estado debía crear otras. Pero nunca se entró en estas consideraciones. Por el momento, lo que nos interesa resaltar es que esas rentas a favor de la universalidad de los seguros sociales no son otra cosa que impuestos que paga toda la población y en el caso concreto del Estado, el artículo 24 de la Ley Constitutiva de la Caja dispone que para pagar las cuotas del Estado como tal y como patrono se establecen ciertos impuestos que ahí mismo se enumeran. Llegamos aquí a lo que interesa destacar: la supuesta contribución tripartita para el financiamiento de los seguros sociales sin posibilidades de eludir tal contribución; los patronos supuestamente contribuyen con ciertos porcentajes, pero esa contribución se la cargan ellos a los costos de producción de los bienes y servicios que producen sus empresas, de modo que quien realmente resulta pagando es la sociedad en general, de la que los trabajadores son la inmensa mayoría (ibid p.p 31-32). Es decir que, a partir de lo indicado por el autor, se evidencian los mecanismos del aquel engranaje que fueron montando los distintos gobiernos del PLUSC para efectuar, a lo largo de las últimas décadas, el saqueo masivo de los recursos de la seguridad social y del erario público en general.

Fue don Rodrigo Carazo Odio(1926-2009), quien durante el año de 1981 dispuso, en su condición de presidente de la república, aumentar de 0.25(colones) % a 3,25( colones) % la contribución del estado al sostenimiento de la seguridad social en Costa Rica, afirma Luis Alberto Jaén(ibid. p. 69), en otro apartado de su polémico, vibrante y directo libro con sus páginas de denuncia, llamando a las cosas por su nombre y evitando el medroso (y a veces elegante) lenguaje de los cortesanos al servicio del régimen. Esta contribución de 3.25% se mantuvo en el período de la administración de Luis Alberto Monge hasta que, ya en la primera administración de Óscar Arias Sánchez se dispuso regresarla a 0.25%, a partir de 1988, todo ello dentro del mejor estilo del PLUSC que ya había empezado a consolidarse, volviendo a la situación que se había planteado a partir de 1971 y sin que se entregaran a la institución las sumas requeridas para la universalización de los seguros sociales, las que habían sido prometidas a mediados de los años setenta, a raíz del traspaso de los hospitales de la Junta de Protección Social a la Caja. Como si esto fuera poco, esa administración dejó de pagar a la caja más de ocho mil millones de colones y dispuso una inversión en bonos por un monto de 36184 millones de colones, algo que don Luis Alberto califica como retención indebida de fondos, incumplimiento de deberes e incumplimiento de pagos, a lo largo de los cuatro años del gobierno de aquel a quien el autor califica como el PALOMO DE LA PAZ, AVE RAPAZ (ibid p. 47). Para Luis Alberto Jaén estos hechos fueron muy graves, sobre todo “además de no pagar las cuotas correspondientes del seguro social, Óscar Arias le sacó al fondo de Salud, ese que está destinado a comprar medicinas y pagar médicos, hasta más de diez mil millones de colones en un solo año, para financiamiento barato de su gobierno, todo lo cual suma más de dieciocho mil millones de colones en manejo irregular, abusivo, delictivo y criminal del fondo de Salud del Seguro Social, Y mientras la administración Arias actuaba de esta manera en el manejo de los fondos, la población asegurada padecía que no le dieran ciertos medicamentos porque eran muy caros, las citas con los especialistas eran a meses y años plazo, los hospitales y clínicas carecían de equipos médicos adecuados y en fin, todos los padecimientos crónicos en los servicios médicos de la Caja…(ibid p.48) Todo esto, sostiene el autor, trajo un notable incremento de las muertes por enfermedades del corazón y los tumores malignos, lo que lo lleva a reflexionar en estos términos:” Si bien es cierto que todos vamos a morir algún día, también lo es que no es justo que algunos o muchos mueran prematuramente por falta de medicamento, de médicos o de medicamentos adecuados, porque los fondos destinados a adquirirlos fueron malversados por un gobierno abusivo y despótico. Con semejantes credenciales, Óscar Arias se lanzó a un nuevo período presidencial al margen de la Constitución y en cuanto a la Caja del Seguro Social se refiere, su política no podía ser otra que la observada en su primer período, con el agravante que se metió en el “negocio” de la salud y en consecuencia las condiciones empeoraron en la Caja, para favorecer la medicina”privada”, EN LA CUAL ÉL HA PASADO A SER EL GRAN SOCIO” (ibid.p.49). Ampliando esta línea de razonamiento del autor, puede afirmarse que la estrategia de largo plazo (por lo menos de un cuarto de siglo) de los personeros del régimen imperante no sólo se fundamentó en reducir, de nuevo, los aportes estatales a la caja y en no pagar las obligaciones estatales a la institución, por montos de muchos miles de millones de colones, sino que se crearon las condiciones para favorecer la medicina privada, de tal manera que comenzaron a florecer los edificios y el equipamiento de algunas clínicas ya existentes en la capital de la república, sólo que empezaron a hacerse muy notorias dentro del paisaje urbano, además de engordar considerablemente los bolsillos de sus propietarios. Entre ellos los del padre e ideólogo más importante de la dictadura en democracia, cuya segunda administración está a punto de concluir, al mismo tiempo que nos ofrecen el inicio de una tercera dentro de pocos meses.

Información enviada a SURCOS por el autor.

Sobre el asalto del PLUSC a la seguridad social en Costa Rica (I)

Escrito en 15/11/2013. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Primera Parte.

Rogelio Cedeño Castro

Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

Fue mi recordado amigo y compañero de mil batallas, don Luis Alberto Jaén Martínez (1925-2011), quien tuvo la virtud de poner en el primer plano de nuestro horizonte sociopolítico la profunda y radical ilegitimidad de los gobernantes de nuestro país, evidenciada a través del cínico, criminal e irresponsable manejo de los fondos de la seguridad social destinados a la medicina curativa y a las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores costarricenses, de una manera tal que, en cada caso, el régimen imperante actuó durante varias décadas, al margen de la constitución política(artículo 177) y de las disposiciones de la ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social(CCSS). Dicho de otra manera, es a partir del análisis de ese manejo fraudulento y delictivo de la seguridad social de Costa Rica, llevado a cabo por don Luis, como puede establecerse, de manera precisa y bien fundada, la ilegitimidad del régimen imperante en este país, al negarse sus jerarcas o agentes más visibles a garantizar siquiera la protección a la vida y a la salud de la mayor parte de la ciudadanía. No se trata de simples problemas técnicos, de fácil o difícil solución, sino de las actuaciones delictivas de una clase gobernante que se olvidó hace mucho rato de servir a la población, para pasar a servirse con cuchara grande, con los recursos aportados por los costarricenses. Tampoco se trata de problemitas de gobernabilidad, como acostumbra a hablarse en el lenguaje propio de una ciencia política light y de unos políticos, por lo general incultos y mediocres, aquí de lo que se trata es de problemas de legitimación que no pueden seguir siendo tomados a la ligera. La gran paradoja de hoy, en medio de esta campaña electoral, previa a las elecciones para escoger al nuevo Presidente de la República y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, es que mientras hasta hace poco solo la voz (solitaria) de Luis Alberto Jaén y de otros ciudadanos pugnaba por abrirse paso, para plantear los graves hechos que estaban ocurriendo con la Caja del Seguro Social, hoy casi todos los candidatos a la presidencia hablan de buscarle una solución al tema del seguro social en Costa Rica, sin darse cuenta que no es un problema sólo de la seguridad social sino de la imposibilidad del régimen, dada su naturaleza rapaz y depredadora, de darle una solución justa y adecuada al conjunto de problemas que afectan a nuestra sociedad en este cambio de siglo.

Dentro de lo que fue una estrategia de largo plazo, difícilmente percibida por la gran mayoría de la población, la que dio inicio en la segunda mitad de la década de los 1980, durante la primera administración de Óscar Arias Sánchez, fue que se produjo el saqueo sistemático de los fondos de la seguridad social y la toma de un conjunto de medidas, entre ellas los fraudes en la compra de equipos médicos, como sucedió en los casos de los préstamos español y finlandés, la negativa en otros casos a comprar equipos médicos y la contratación de servicios privados que conducirían, tarde o temprano, a la privatización de los servicios de salud en este pequeño país centroamericano, con graves consecuencias para la gran mayoría de sus habitantes. Las denuncias constantes de don Luis Alberto Jaén, a lo largo de muchos años, fueron respondidas con el más ominoso de los silencios que se pueda imaginar, en especial por parte de los integrantes de los distintos poderes del estado, los medios de comunicación y muchas instancias de la sociedad civil.

En su libro EL GRAN ASALTO DEL PLUSC AL SEGURO SOCIAL (San José Costa Rica 2011), un texto testimonial y esclarecedor elaborado a partir de sus experiencias de lucha, a lo largo de más de una década, que vino elaborando como el fruto maduro de su persistente, insobornable e incansable voluntad de combatir hasta la muerte a quienes procuran dejar en el mayor de los desamparos, a la mayor parte de nuestros compatriotas, don Luis Alberto Jaén, utiliza un lenguaje directo, fuerte y bastante alejado del que acostumbran a emplear los cortesanos del régimen imperante, bautizado hace unos pocos años por el propio Óscar Arias Sánchez como una dictadura en democracia. De esta manera don Luis nos indica que: ”Este libro es el producto de un cuidadoso estudio y la comprobación de la existencia de UNA DOBLE REALIDAD DANTESCA, en relación con el funcionamiento y la aplicación de los seguros sociales en nuestro país, primero por la autoría y complicidad de todos los poderes del Estado en su ejecución y tolerancia, incluyendo en ellos al Tribunal Supremo de Elecciones, La prensa en todas sus formas y la Academia y segundo, por la indiferencia, el conformismo y cierta forma de complicidad de las organizaciones de la sociedad”(Jaén,2011,contraportada del libro).

III

Entre las conclusiones más importantes que pueden extraerse del texto de este libro, están dos que constituyen todo un apartado que debería conducir hacia la reflexión y el estudio sistemático de estos temas de vital importancia para todos los habitantes del país: En primer lugar, la forma en que fue creado el Seguro Social en Costa Rica, a partir del 31 de octubre de 1941, durante la administración del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, poniendo a Costa Rica a la vanguardia en esa materia social tan importante diez años antes que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tomara decisiones similares en esa materia, a partir de 1952, dentro del Convenio 102, Relativo a la norma mínima de Seguridad Social. Es decir, que las administraciones de los presidentes Calderón y Picado tuvieron en mente la necesidad de otorgarle recursos suficientes a esa naciente institucionalidad, habiéndolo hecho en términos tales que la dotaban de rentas y tributos que le dieran sustento a los regímenes de enfermedad y de invalidez, vejez y muerte (referido a las pensiones y jubilaciones), una previsión que por desgracia no fue respetada por muchos de los gobiernos posteriores, dando inicio a la malversación y el saqueo de esos recursos. Sólo por esas sabias y solidarias decisiones políticas ambos gobernantes merecen y continuarán mereciendo un lugar de respeto en la memoria de los costarricenses. Una vez creada la Caja, se dispuso al mismo tiempo el establecimiento de una cotización básica tripartita, destinada al financiamiento inicial de ambos regímenes, así en el reglamento aparecido en el diario La Gaceta del 7 de enero de 1942 se estableció que los patronos aportaban el 5.5%, el asegurado el 3.5% y el estado el 3.0%, lo que fue mejorado en 1947, durante la administración de Teodoro Picado al definir que tanto los patronos como los trabajadores y el estado aportarían cada uno el 2.5%, dentro de la misma forma de cotización tripartita.

En segundo lugar, Luis Alberto Jaén hace notar que la destrucción de la institucionalidad de seguridad social en Costa Rica no empezó en la era neoliberal sino que se remonta al año de 1971, todavía en los tiempos del estado benefactor y las políticas keynesianas, poco antes de que la Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS) tuviera que abocarse a la universalización de los seguros sociales establecida en su Ley Constitutiva y que se produjo, a partir de 1975, cuando la institución debió asumir la totalidad de los hospitales, entre ellos algunos de los más importantes que hasta entonces eran administrados por la Junta de Protección Social de San José, entre ellos el Hospital San Juan de Dios. Fue así como durante la tercera administración de José Figueres Ferrer (1970-1974) la Junta Directiva de la Caja acordó rebajar los aportes del estado a una suma si se quiere insignificante, sobre todo teniendo en cuenta las crecientes responsabilidades que la Caja del Seguro Social habría de asumir durante esa década. En el capítulo 3 de este volumen que don Luis Alberto titula DE LA VANGUARDIA SOCIAL A LA VANGUARDIA CRIMINAL, el autor afirma lo siguiente: “Es casi seguro que el PLUSC (la fusión encubierta entre el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana) se vino incubando desde mucho tiempo atrás, pero podría ser que el momento en que se rompió la cáscara y emergió como ave de rapiña feroz, fuera en el año 1971, última administración de José Figures Ferrer, y con motivo del nuevo reglamento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja, promulgado por la Junta Directiva de la Institución, de la que notoriamente formaban parte el yerno de Figueres, Danilo Jiménez y el hijo del caudillo Calderón Guardia, el joven Rafael Ángel Calderón Fournier…En este nuevo reglamento, la cuota del Estado como tal, que venía siendo de 2.5% desde hacía 24 años, fue rebajada a solamente 0.25 por ciento sobre todos los salarios (ibid. p.p.18-19). Apenas un año después de la muerte de su padre, ocurrida en junio de 1970, Calderón Fournier junto con Danilo Jiménez Veiga, calderonista de los años cuarenta y funcionario de la OIT, durante más de dos décadas, le daban ese golpe a la seguridad social del país, contrariando lo establecido por la constitución y la leyes de la república, de tal manera que la cuota estatal quedó reducida a un décimo de lo que había venido pagando (ibid. p19). Razón tenía don Luis Alberto Jaén al afirmar que el PLUSC estaba naciendo allí, dentro de lo que una estrecha alianza, de larga duración, entre los partidos Liberación Nacional y la Unificación Nacional, que a partir de 1982 pasó a ser la Unidad Social Cristiana, para ir socavando juntos las bases del Estado de Bienestar Social, aun antes del inicio de la era de los reaganomics estadounidenses y las despiadadas políticas neoliberales-neoconservadoras de la Dama de Hierro, allá en el Reino Unido.

Información enviada a SURCOS por “el autor.

Las lecciones del 8-N

Escrito en 05/11/2013. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Solano

El 8 de noviembre de 2012 marcó un retroceso en la mal llamada “democracia costarricense”. Lo ocurrido aquel jueves fue como regresar a los represivos años del Combo del ICE, por citar el fenómeno más reciente en la memoria del movimiento social. Aquel 8 de noviembre la barbarie se hizo presente para atacar a mansalva a familias del sector occidental del Valle Central, que vinieron a San José, al edificio de la Caja, a protestar por mejores condiciones para sus clínicas y EBAIS.

Lo sucedido aquel 8 de noviembre de 2012 es el inicio de las profecías advenedizas sobre el rompimiento de la afamada paz costarricense. La seguridad social es ese finísimo hilo que teje el contrato que el poder impuso hace ya muchas décadas. La Caja Costarricense del Seguro Social es la diferencia entre la estabilidad política y la no deseada confrontación del sector pudiente de este país contra los mares de ciudadanos que verían perdido su acceso a la salud.

El 8 de noviembre de 2012 es la alerta amarilla sobre lo que se avecina. El interés de las corporaciones médicas privadas avanza como marea incontenible sobre las costas de amas de casa, de trabajadores, de niños y ancianos que dependen de este sistema de salud que, poco a poco, se desmorona conforme el agua lo inunda. Es la cobardía neoliberal la que se empecina en contra de los más débiles, a punta de garrote, a punta de detenciones ilegítimas e ilegales, a punta de filas en los hospitales, de citas dentro de dos años y deudas incontables del sector acaudalado de este país.

El 8 de noviembre de 2012 dejó una profunda enseñanza. El movimiento social debe encumbrarse a los más altos niveles de lucha para defender la Seguridad Social. Las migajas de esta serán devoradas por las mismas aves de rapiña que ya se carcomen la institución. Nada, absolutamente nada quedará sobre piedra mientras la sociedad se cruza de brazos, contemplando, por no decir jeteando embrutecida, los partidos de futbol, el reggaetón de Otto o la falacia de la democracia electoral.

El 8 de noviembre de 2012 le está diciendo al movimiento social que el país peligra, que la salud se desborda como cántaros hacia las cloacas de la corrupción y el saqueo multimillonario. El 8 de noviembre es el grito de aquellos que luchan silenciados y que piden el acercamiento de partidos, de sindicatos, de organizaciones, de profesionales e intelectuales, de estudiantes.

El 8 de noviembre de 2012 es la consecuencia del pasivismo, del miedo al comunismo y al anarquismo, de la huelga de tres a cinco. Esta fecha ya perfora las entrañas del movimiento social, que no se prepara, que sigue apaciguado como rebaño en las montañas. Lo que se viene está presente como una visión necesaria para la sociedad civil, la que espera las fiestas de fin de año y el bonito regalo navideño.

Frente a este futuro incierto, ¿cómo prepararnos? La tarea que se muestra en el futuro cercano es monumental, pero jamás imposible. Los puntos fundamentales por trabajar son: la seguridad a lo interno del movimiento mediante brigadas que se articulen estratégicamente a lo largo de las jornadas de lucha, la continuidad del proceso de resistencia, la consolidación de las victorias y la motivación constante tras ellas, el análisis de los fracasos, la concertación de métodos sin excluir los escenarios posibles, la inclusión de todas las posiciones y todas las agendas, la comunicación por los medios alternativos y populares, la coordinación regional y sectorial de lucha.

El 8 de noviembre de 2012 no se olvida, es el inicio de la confrontación social en defensa de la Caja. El neoliberalismo está entrando en su fase de desesperación depredadora, es el capitalismo en su máxima expresión. La represión violenta de aquel fatídico día es el principio del miedo que estremece al poder opresor, apátrida y servil del capital privado nacional y transnacional. Es la hora de salir a la calle, he ahí el único lugar para defender lo poco que le queda a este país que se sirve entre la miseria y la opulencia, entre la violencia de Estado y la manipulación mediática. Es hora de despertar.