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Etiqueta: seguridad social

¿Hablamos en serio de pensiones?

Hernán Alvarado

            El señor Presidente Carlos Alvarado volvió a su campaña contra las pensiones. Posteó en Facebook que «las pensiones son para proteger, no para enriquecerse», después de presentar personalmente una coadyuvancia que, como ha denunciado la AFUP, es intimidatoria.[1] Por lo visto, la Ley 9796 no se sostiene sola y le espera el merecido viacrucis jurídico. Además, él ha repetido que renunciará a su pensión de ex Presidente en su deslucido «informe» del 4 de mayo pasado.[2]

            El caso es que, a través de la Ley 9796, el Estado costarricense pretende ejercer una violencia patrimonial arbitraria gravando reiteradamente los ahorros de las personas adultas mayores. Además, esa ley cohonesta la irresponsabilidad de un Estado que no formó el fondo de pensiones solidario que mandaba la Ley 2248, cuando menos para el Magisterio Nacional.

            Así responde el mandatario a la acción jurídica de un primer grupo de pensionados que defienden, de manera legítima, sus derechos lesionados. De nuevo, redes sociales, medios de prensa y declaraciones de la clase política aparecen orquestados para intranquilidad de las personas adultas mayores. Ellas debieran demandar también a todos aquellos que usan el cliché o estigma difamatorio con que se les chuza sistemáticamente desde hace tiempo, por ser un comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, corazón del sistema jurídico. No se vale que siga impune y no hay que darle alas al animal ponzoñoso, según reza el refrán popular.

            Ahora bien, ¿habla en serio el Presidente de un tema tan delicado? En primer lugar, nadie se enriquece con una pensión por más alta que sea, como tampoco se puede llamar enriquecimiento a un salario público de ₡ 9,500,000. Si así fuera, habría que decir que él mismo puso a doña Rocío Aguilar a enriquecerse. Pero la verdad es que no hay manera de hacerse realmente rico sin explotar al prójimo, sin contratar a muchos trabajadores que produzcan riqueza para uno. A estas alturas no hay misterio al respecto, ni otra forma legal o ilegal de lograrlo.

            Por eso, ningún pensionado aparecerá jamás en la lista de ricos de la revista FORBES. El Presidente puede preguntar a quienes ahí aparecen: Rodolfo Jiménez Borbón, por ejemplo, recibe ₡ 875,185 millones al año, Carlos Cerdas Araya ₡ 389,600 millones y Steve Aronson ₡ 84,750 millones anuales. Un pensionado que recibiera, supongamos, ₡ 15 millones al mes, obtendría al año ₡ 180 millones, es decir, 0,02 % de lo que recibe don Rodolfo, o bien, 0,2 % de lo que recibe don Steve.

            Por tanto, las categorías de riqueza, privilegio y lujo no aplican a pensionados ni a empleados públicos, a no ser que uno quiera hacerse el cínico, el ignorante o el charlatán. Y si le cabe duda, el Presidente puede preguntar qué es enriquecimiento a la UCAEP, que tal vez podría aconsejarle, de paso, sobre cómo combatir la evasión de impuestos, las deudas con la seguridad social y la exportación de ganancias a paraísos fiscales; o cuando menos podría recomendarle a los mejores asesores en un tema que fue el gran ausente de su «informe a la nación». ¿Por qué, señor Presidente, evade usted el tema de la evasión siendo tan importante para este Pueblo?

            En segundo lugar, una pensión no es para proteger a nadie, salvo en una visión asistencialista o paternalista pasada de moda. El señor Presidente debiera saber que una pensión es un ahorro que una persona hace a lo largo de toda su vida laboral para tener una jubilación digna y puede ser tan alta como corresponda a sus cotizaciones. Hace años se promovió, por ejemplo, pasarse del Magisterio a la CCSS y era atractivo porque implicaba una reducción de las deducciones salariales, o sea, aumentaba los ingresos mensuales. Pero muchas personas no lo hicieron pensando en un futuro mejor, ¿quién les explica ahora que ahorraron en saco roto?

            Por otro lado, una pensión también puede verse como un incentivo para renovar trabajadores activos. La idea es que entren a trabajar fuerzas nuevas que adelanten las innovaciones que el sistema económico demanda constantemente. Por eso, en la medida que la jubilación es voluntaria, si las pensiones no son dignas dicho proceso se retrasa o se malogra. De hecho, varios colegas se han retractado últimamente de pensionarse, por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de sus ahorros. Así que los más jóvenes tendrán que esperar. ¿Dónde están los estudios que permitan decidir sobre un asunto clave para la productividad promedio del país?

            Nadie parece haber tenido eso en cuenta en este «debate» tan pobre en ideas. Tanto que ni siquiera ha partido de los correspondientes estudios actuariales de los diferentes fondos. Nadie menciona tampoco el interés de privatizar dichos fondos que le hacen la boca agua al sector financiero, el único y verdadero protegido del neoliberalismo; como se puede ver en el tema de usura, aludido anecdóticamente por el discurso presidencial.

            La protección de los más pobres no se puede lograr confiscando ahorros a las pensiones más altas para pasárselas a las pensiones más bajas. Del todo, la pensión no es el instrumento idóneo para eso. Además, es ilegal e inconstitucional que el Estado pretenda trasladar su responsabilidad a un pequeño grupo de pensionados. Por cierto, ¿alguien puede creer en la sinceridad de unos diputados orgullosos de su «solidaridad» con el dinero de otros?

            Si de protección se trata, hablemos en serio de un salario social o de un ingreso universal que garantice a cada ser humano un mínimo de subsistencia, desde la cuna a la tumba, por el simple hecho de serlo, tema de punta en esta materia. Así se acabaría, por fin, con la pobreza extrema. Aunque no del todo con la pobreza, que es un concepto relativo, como decir riqueza, porque mientras la política pública siga favoreciendo la desigualdad social siempre habrá algunos demasiado ricos que correspondan a muchos demasiado pobres. ¡Cuánta falta hace hoy en día la visión de estadista de Alfredo Gonzalez Flores, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós o Rodrigo Carazo Odio!

            En una crisis sanitaria como la actual un ingreso vital universal hubiera mostrado su eficacia porque no habría dejado a nadie librado a su suerte. Luego, sería como un seguro si se toma en cuenta que nunca habrá una vacuna contra todas las pandemias.[3] Como un solo ejército combatiríamos así cualquier virus, entrando y saliendo a las casas, en táctica de acordeón, a una sola orden del Presidente. Además, podría asociarse a determinados deberes cívicos y comunitarios con el fin de fortalecer, por ejemplo, educación y salud, incentivando la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública. Dede luego, mucha tela queda por cortar al respecto, pero eso sería comenzar a caminar en serio hacia los más vulnerados, implicando también al sector financiero con su añorada bancarización universal.

            En cuanto a la renuncia a la pensión de ex Presidente, es casi increíble que el mandatario insista en cosechar un rédito publicitario con un derecho que todavía no goza. A penas comparable con repartir los ahorros confiscados a los pensionados cuando ni siquiera ha entrado en vigencia la Ley 9796, para tildar después de egoístas a quienes defenderían su patrimonio. Si esto no es populismo que alguien nos diga cómo se llama; tal vez algún garante nos pueda explicar qué tipo de ética es esta.

            Además, mientras no se modifique la norma de pensiones para ex Presidentes (Ley 7302, capítulo III) el mandatario no podrá hacer lo que promete y no parece haber voluntad política para esto. Lo que podrá hacer eventualmente es donar lo que será entonces su dinero privado. A la mejor usanza neoliberal que trata la pobreza como un asunto de caridad o filantropía y no de justicia. Pero en ese caso, según recomienda el Evangelio, mejor que la derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda.

            Por otro lado, en rigor, la pensión de un ex Presidente es espuria, pues no corresponde a lo cotizado. En ese sentido, el dilema será siempre servir a la Patria o servirse de ella. Por eso, aunque legal, puede que no sea bien vista. Más aún, no debiera existir, ya que ser Presidente es un honor y un servicio a la patria que no tiene por qué ser retribuido de por vida. Tampoco la de un diputado o la de un Ministro en las mismas condiciones. Pero no se justifica hacer escarnio público de personas honorables por algo que es un defecto del diseño institucional.

            En sentido estricto los ex Presidentes no hacen nada ilícito al aceptar ese dinero que, como muchos otros estímulos, hoy se tiene y mañana no. Ellos no fueron quienes aprobaron la ley y esta es una sociedad basada en incentivos monetarios y normas, aunque para algunos resultan ser válidos para el ganso pero no para la gansa. Satanizar los incentivos monetarios es a penas propio del terrorismo neofascista y ultra liberal que campea hace rato en el valle central y que representan mejor que nada la tentación suicida del capitalismo.

            Se ve claro entonces que este no es el caso de una pensión digna o verdadera, como derecho adquirido y consolidado después de 30 o 40 años de cotizaciones. La poca seriedad con que se ha tratado el tema es obvia por la mezcolanza abigarrada que los diputados han hecho en esta materia, en contubernio con una prensa acrítica, superficial y complaciente con los poderosos. La ley 9796 exacerba el conflicto que divide a la sociedad costarricense desde hace más de 30 años y crea más problemas de los que resuelve. Señal de que no es justa, puesto que la justicia pacifica tanto como la injusticia enerva; si fuera justa se defendería sola.

            Por lo demás, en una República participativa, como la que establece el artículo 9 de la Constitución, una reforma de pensiones debiera ser un proceso transparente, participativo y concertado, con rigor técnico y sensibilidad social, garantizando confianza como ingrediente indispensable. El Presidente dejó claro que eso no le interesa al nombrar a doña Rocío Aguilar en la Superintendencia de Pensiones, burlándose sin disimular de la Contraloría. Ella ha reforzado la desconfianza al nombrar a Nogui Acosta. Puede que sea parte del magnánimo espíritu protector del Presidente, pero el hecho es que participación y acción ciudadanas no tienen ningún peso en su discurso. Lo cual no solo es inconsecuente con el nombre de su partido, sino que implica una posición poco democrática que no honra la norma superior.

            En conclusión, todavía no se ha hablado con el rigor que merece de un tema tan complejo, pero el debate ya fue cerrado antes de abrirse, por una campaña que concita prejuicios, envidias y odios. Los daños morales y políticos, directos y colaterales, son cuantiosos; aunque todavía a nadie se le pasa factura. Por su parte, los trabajadores activos no parecen haber considerado debidamente lo que todo esto implica para su futuro. Pero ya se darán cuenta. El pato de la fiesta o «chivo expiatorio» ha sido un grupo de personas mayores a quienes no solo se les quiere confiscar sus ahorros, nuevamente y de modo discriminatorio, sino que encima se les difama gratuitamente y se les insulta porque defienden su derecho.

            Ahora, la justicia tendrá que dirimir de qué lado está la razón. Si rige o no el principio de no retroactividad de la ley. Si se vale o no que el Estado-patrón legisle a su favor para evadir su responsabilidad social y sus compromisos legales; si el derecho defiende al débil o complace al fuerte en un asunto eminentemente laboral. Si está del lado del ciudadano, protegido del Soberano, o valida las pretensiones de un Estado abusivo mal encaminado por intereses politiqueros. Si los derechos humanos están pintados en la pared y sirven para ganar votos e imagen, o deben respetarse seriamente por seguridad jurídica de todos y para la defensa de la paz social y la democracia costarricense.

[1] Lamentablemente, los integrantes de otros Poderes se están habituando a puyar a los magistrados como si fueran diputados que ceden a presiones mediáticas.

[2] Como «evaluación de resultados y rendición de cuentas» que debería dirigirse al Pueblo, más que a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, ese discurso no es de recibo. El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa se dio el lujo de eximirlo del «control político». Ambos incumplieron flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, pues «Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.» Ellos que juraron cumplir con la norma superior. Ahora ¿quién podrá defendernos?

[3] Ahora el Gobierno español ha mostrado interés en el «salario social básico» que se ha puesto en práctica en Asturias, desde hace una década, y que cuenta con otras réplicas que pueden servir de referencia.

Foto: Actividad de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)

Virus de la corona-virus de la avaricia

Tragicomedia en cinco actos, con un preludio

Walter Antillón

Preludio

Cuando en los Siglos XVIII y XIX la burguesía europea pugnaba por derrocar las Monarquías del Antiguo Régimen, proclamaba la instauración del Estado Constitucional de Derecho, con un gobierno democrático que estaría al servicio de la mayoría del Pueblo, tal como lo sintetizara Lincoln en la forma: “Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo La lógica del Capitalismo que desde entonces constituyó el modo de producción dominante en el Planeta, ha impedido sistemáticamente la consecución de aquella meta, y hoy, en el año 2020, la burguesía neoliberal ha logrado los siguientes records: que algo más de dos mil modestos millonarios posean más riqueza que el 60% de la población mundial (que son cerca de cinco mil millones de personas); y que, de ellos, mil trescientos millones sean multidimensionalmente pobres ¿Es esto gobernar para el Pueblo?

(La acción transcurre en tierras de Costa Rica, entre los años 1948 y 2020)

Acto Primero

La persecución sindical e ideológico-política desatada en el sector privado a partir de 1948, con su secuela de despidos y represalias laborales, impidió (salvo en las zonas bananeras) que los obreros, los empleados y los campesinos de dicho sector, dispersos, atemorizados y desprovistos de sus sindicatos, dialogarán paritariamente con sus patronos y consiguieran participar gradual y equitativamente en la distribución de la riqueza nacional. La desunión, la vulnerabilidad y el consiguiente estancamiento económico-social de aquel conglomerado humano (la mayoría de la fuerza laboral del País), prolongados durante más de cuarenta años, se revelan dramáticamente en la oprobiosa concentración de la riqueza y en el progresivo ensanchamiento de la brecha económica que ponen a Costa Rica entre los países más desiguales del Mundo. ¿Cuántos miles de millones de colones (para mencionar solamente el aspecto dinerario) dejó de percibir la clase trabajadora del sector privado costarricense durante ese lapso de tiempo de casi medio siglo?

Emulando al Papa, todos los gobernantes en Costa Rica deberían iniciar su gestión pidiendo públicamente perdón a las víctimas de semejante atropello: a las cinco generaciones de trabajadores costarricenses del sector privado que desde 1949 han sufrido ese crónico despojo patrimonial; y desde sus gobiernos deberían propiciar la formación de sindicatos que velen por los intereses de esas personas en el inicuo presente y en el futuro ominoso.

Acto Segundo

La persecución sindical e ideológico-política desatada a partir de 1948 retardó, mas no impidió el crecimiento del sindicalismo en el sector público, al no contar allí con el arma del despido fulminante. De modo que durante aquellos más de cuarenta años los trabajadores agrupados en sus sindicatos públicos, haciendo uso de la huelga y de la convención colectiva, consiguieron una mejora sostenida de sus salarios, mayores vacaciones y licencias, mejoras en los regímenes de preaviso, cesantía y pensiones de retiro y muchos otros beneficios laborales; así como brillantes hazañas en jornadas cívicas memorables, para la conservación de los institutos y las empresas del Estado Costarricense y el orden constitucional: el Combo, la expulsión de Millicom, el TLC.

Acto Tercero

La simbiosis entre los intereses de la oligarquía y las políticas elaboradas por sus propios miembros y los serviles que estuvieron al mando de los sucesivos gobiernos, dieron como resultado el acoso sistemático a las instituciones del Estado de Bienestar, e impidieron desde hace varios decenios el establecimiento y desarrollo de un robusto sistema impositivo de impronta progresiva, que garantizara la justicia tributaria en beneficio de los más pobres y a la vez proveyera sostenidamente al Estado de fondos limpios para sufragar el gasto público. En su defecto, los gobiernos echaron mano del recurso –a la larga ruinoso- del endeudamiento y del pordioserismo internacional, y propiciaron irresponsablemente un déficit creciente de las finanzas al estilo de ¡Après moi, le Deluge!

Acto Cuarto

    Escena Primera: La acometida neoliberal desatada a partir del colapso de la Unión Soviética y sus satélites, a la recherche du temps perdu (cuya traducción infiel pero exacta es: ‘en busca del tiempo y las ganancias perdidas’), se ceba en los restos del Estado de Bienestar y le pone el ojo a los fondos de la seguridad social y a las conquistas laborales de los trabajadores del sector público.

    Escena Segunda: Pretextando una grave crisis fiscal –que no era nueva, y que había sido provocada por la inercia cómplice de los regímenes anteriores en materia hacendaria y tributaria- el Gobierno actual, con el apoyo delirante de la prensa burguesa, convoca a los restantes Poderes jurídicos y fácticos a una Santa Cruzada contra los únicos culpables: los empleados públicos de Costa Rica, para despojarlos de los beneficios económicos y sociales conquistados durante muchos años; y también, como de pasada, de sus armas de lucha: el sindicato, la huelga.

    Escena Tercera: Durante el tiempo en el que los tres Poderes del Estado sirvieron de correa de transmisión de los más bastardos intereses neoliberales para neutralizar y finalmente desembarazarse del sindicalismo público, último bastión en la defensa de los derechos del Pueblo Costarricense, el sector laboral privado, gran perdedor en el escenario costarricense del último medio siglo transcurrido, consumaba su suicidio político-laboral haciendo de comparsa a favor de la cruzada oligárquica que condujo a la promulgación de la Ley que ostenta el sarcástico nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y a las leyes complementarias. En vez de tomar conciencia del robo del que ha sido víctima por medio siglo, y de la exacta identidad de sus victimarios, el trabajador del sector privado se deleita con el espectáculo del acoso al que se está sometiendo al empleado público por parte de la camarilla tripartita de los Poderes del Estado: su sueño no es elevarse a la altura y dignidad alcanzadas por el empleado público mediante años de organización y lucha, sino que éste sea derribado y reducido al nivel de subsistencia y de libertades mínimas en el que yace su propio sector laboral, en razón de su prolongado estado de inconsciencia político-laboral, de su impotencia y su aislamiento.

Acto Quinto

El horrendo flagelo del Coronavirus, como el gran nivelador, nos ha permitido, entre otras cosas, apreciar la mezquindad y la miopía de las estrategias que venían decretadas para el Mundo por los mandarines de la política neoliberal. En palabras de Reagan, tristemente célebres, el Estado, es decir, la Res-Pública, el Sector Público “ES EL PROBLEMA”; mayormente si se trata del Estado Benefactor que toma la iniciativa de garantizar universalmente la salud, la educación, el empleo, las mínimas condiciones para que todas las personas vivan con dignidad. Y entonces la solución era imponer a los Estados deudores, vulnerables a las presiones del BM y el FMI, un ajuste en sus estructuras (PAE) que consistía en devastar la fronda de las instituciones y las empresas públicas, rama por rama, hasta no dejar prácticamente nada: incluso el orden y la seguridad públicas, incluso la justicia (los minima minimorum del ‘Estado Gendarme’) podían ser sustituidos por la seguridad privada y por los arbitrajes nacionales e internacionales. De modo que la fiesta neoliberal había llegado lejos: la privatización de la seguridad social, la salud, la educación, las relaciones laborales, los servicios bancarios, los seguros, para que todo fuera asumido por la empresa privada, ha sido el espectáculo más común en las últimas décadas y en muchas partes del Planeta.

Y en eso se aparece el Coronavirus con su rasante virulencia: no respeta persona ni país, y en pocos meses se ha extendido por todas partes en grado de Pandemia, poniendo en riesgo la vida de millones, y con resultados económicos más ruinosos que los de las peores catástrofes financieras. Cierre general de los negocios; desempleo y desabastecimiento masivos; ruptura de encadenamientos económicos esenciales: ipso facto, el hambre hace acto de presencia en los sectores más carenciados: los que ganan en la mañana apenas para medio almorzar; y no cenan si la tarde no produjo. Los gobiernos se encuentran con que hay que resolver cada día todos estos problemas a la vez: la capacidad de los hospitales, el acceso inmediato a los medicamentos y equipos apropiados; el auxilio financiero a las empresas; la asistencia alimentaria masiva y la distribución de un subsidio mínimo general en los sectores más vulnerables, etc.

Entonces fue cuando los gobiernos comprobaron asombrados el tamaño de su impotencia frente a la crisis: cero capacidad instalada, porque por años habían desfinanciado sus programas de salud y habían desmantelado sus hospitales públicos: carecían, en general, de capacidad de servicio social masivo, porque habían abandonado alegremente todo programa social; pero además no tenían dinero, porque el dinero no había sido tributado; se había desvanecido en incentivos o en amnistías fiscales; y se había ido acumulando en uno de los lados de la brecha económica, y ahora estaba en los Paraísos Fiscales, o en Suiza, en cuentas cifradas, etc. ¿Tendremos que llenar diariamente millones de bocas hambrientas, o bien aplicar masivamente el cínico lema: “Contribuya a aliviar la crisis económica: cómase un pobre”?

Y entonces ¡Eureka! Aparece, entre otras, la gran solución: un impuesto sobre los salarios de los empleados públicos. Toda una Ideota que las Cámaras retoman gallardamente, ofreciendo además organizar Teletones para estimular la natural generosidad del Pueblo. Y aparece también la iniciativa de gravar las Pensiones de Lujo, la cual merece el apoyo –con y sin Pandemia- de toda persona consecuente, siempre y cuando el gravamen pueda ser graduado según sea que el monto se origine en un abusivo compadrazgo, o en el exacto resultado actuarial de una cotización legal sostenida durante treinta años.

Si me equivoco, me van a perdonar. Pero hasta donde sé, no existe de parte del Poder Ejecutivo, ni de la Asamblea Legislativa (excepto el Proyecto presentado por el Frente Amplio), ninguna iniciativa para que los ricos contribuyan sustancialmente, sacrificando parte de su riqueza en el sostenimiento del País durante la Pandemia.

Los ricos son avaros porque su gran amor es su dinero: el que ya tienen y el que sueñan con seguir atesorando. ¡Y claro! cuando las oligarquías dominan a los gobiernos, como ha ocurrido casi siempre en América Latina, los impuestos a las ganancias y a los grandes patrimonios no aparecen, o son simbólicos, y los gobiernos son impotentes (salvo para masacrar a sus propios ciudadanos). Eso es lo que le cuesta entender a Angela Merkel, aliada tradicional de los empresarios alemanes, según lo expresó en su reunión con el Presidente argentino Alberto Fernández, cuando dijo: Nunca entendí por qué en la Argentina los ricos no pagan más impuestos (Revista Página 12, el 8 de abril pasado).

En esa misma noticia nos enteramos de que el Presidente Fernández se prepara a cruzar el Rubicón para establecer un impuesto extraordinario al capital en Argentina (¡Cuidado, Presidente! por menos que eso tumbaron en Costa Rica a don Alfredo González Flores, hace algo más de cien años). En buena teoría hacendaria los impuestos extraordinarios no tienen razón de ser …salvo en situaciones extraordinarias. Porque en situaciones extraordinarias de ruina económica con emergencia alimentaria para las mayorías, no debe regir el principio tributario de no confiscación, sino el principio universal de solidaridad: hay que confiscar una porción razonable de la riqueza privada acumulada, esté donde esté, para impedir la muerte masiva por inanición de los grupos más carenciados.

La real diferencia entre los países civilizados y los países de América Latina está en la Justicia Social: Justicia Laboral, Justicia Tributaria, etc. Mientras que en Alemania el impuesto a las ganancias alcanza el 45%, en Costa Rica, con tasas comparativamente irrisorias para el Impuesto sobre la Renta, la cifra de la evasión fiscal ¡ha superado al Déficit Fiscal del País! Y de la Justicia Laboral ya hablamos: más de 50 años de depauperación por estancamiento de los derechos del sector laboral privado

La UCCAEP dice: la empresa privada no soporta más cargas. Pero veamos: ¿quiénes están detrás de esas empresas? ¿Y todo ese montón de gente que aparece exportando capitales en los ‘Papeles de Panamá’ (y ¿en cuántos otros ‘papeles’ que no han salido a la luz pública?)? ¿todos los que construyen y mantienen las grandes mansiones y los super-lujosos condominios? ¿y los dueños de los ‘4 por 4’ super-lujosos y del último año que se agolpan en los estacionamientos de los grandes centros comerciales? ¿y los dueños de los helicópteros y yates y aviones privados, tampoco muestran signos inequívocos de gran riqueza? Todos esos señores no son imaginarios ¿no son ellos, precisamente, los mismos costarricenses, el 10% de la población, que posee más del 70% de la riqueza del País, según lo muestra la Cepal y muchas otras fuentes?

Tienen la palabra el señor Presidente y los Padres de la infortunada Patria.

¡De los muertos, líbranos la Memoria!

Vladimir de la Cruz

El impacto mundial del Coronavirus COVID-19 es innegable. Asusta por su facilidad de expansión, por la letalidad que causa, que no es tan alta hasta ahora comparada históricamente, por los niveles de contaminación que provoca, por el desconocimiento que se tiene del virus que incita esta pandemia, por los sectores sociales que principalmente afecta, pero especialmente porque ha impactado la economía local, de los países afectados, y los encadenamientos mundiales y redes comerciales, de la economía global, sobre todo porque la vamos viviendo, en su expansión y alcance geográfico, en tiempo real, de modo casi tangible para todas la personas.

De hecho, a mi modo de ver, no es tanto el número de muertes que va estimulando lo que horroriza, es la forma de no controlar esas muertes y la forma sorpresiva como se manifiestan, y el temor de contraerla y no poder superarla. Es porque ha generado una toma de conciencia sobre la muerte inmediata, existente, que no controlamos, que puede alcanzarnos.

Las muertes se pueden ir vigilando, como se viene haciendo en muchos países, con acatamiento por parte de la población de las directrices generales que se dan por la Organización Mundial de la Salud, y por las instituciones y funcionarios responsables en cada país, en ese sentido.

Lo que no se ha podido detener es el crecimiento de la curva de contagios, calculados a uno por diez, que hace colapsar las instituciones sanitarias y hospitalarias existentes, que a su vez facilitan el crecimiento del número de muertos y la falta, a nivel mundial, de los instrumentos, y medios médicos, para atender a los contagiados y enfermos sujetos de internamiento y de atención en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Los grandes países, como potencias militares que algunos son, pilares de la economía mundial que también dominan, son los que más gritos de alarma dan. Es como si a ellos se les hubiera atacado, con armas incontrolables, invisibles, imprevisibles en su manifestación, en la imposibilidad de dar respuesta inmediata, y al contrario, en un ataque, movido por el virus, que hasta hoy golpea los sensibles mecanismos y motores de la economía mundial, los medios de transporte mundial, especialmente aéreos, las redes de abastecimiento, de producción, por la parálisis que ha generado en infinidad de industrias, comercios, servicios, trabajos en general, en el turismo mundial y local de los distintos países, por la desviación de recursos, no pensados ni programados, para atender de manera inmediata la pandemia, y por ver cómo se frena y detiene, porque han puesto en evidencia las malas y deficientes estructuras sanitarias, de salud pública y de seguridad social que muchos países tienen, incluidos y de manera obscena y escandalosa los grandes países capitalistas, algunos de ellos presentados permanentemente como modelos de sistemas de vida. Lo que más alarma, parece ser, no es las muertes de los seres humanos, sino la posible muerte de la economía, de los sistemas y redes económicas, resultado de una guerra no convencional, con un “enemigo” hasta ahora bastante invisible, de movimiento rápidos, actuando como si fuera una guerrilla en combate… por aquí, por allá… por todos lados…

En algunos momentos, en Estados Unidos, y a nivel mundial, el impacto de la presencia del Coronavirus se comparó con el impacto que tuvo, en muertes, el atentado a las Torres Gemelas en New York, con poco menos de 3000 muertos, para dramatizar la situación, de un microorganismo que se había originado en Asia y que llegaba a la costa este de los Estados Unidos. Eso ha quedado corto en los propios Estados Unidos. En la Torres Gemelas “la guerra” le había llegado a Estados Unidos en su territorio. Los Estados Unidos siguió haciendo guerras en otros territorios, en otros países, en otros continentes y regiones…mientras no se metieran con ellos en su casa. Estados Unidos siguió matando y exterminando… seres humanos, ciudades, infraestructura de distinta naturaleza, destruyendo las economías locales donde hace sus guerras…

Hasta hoy, a nivel mundial, el número de muertos por el Coronavirus es más bajo que el total de las muertes que produjo el lanzamiento de las Bombas Atómicas en Hiroshima y Nagazaki, por parte de los Estados Unidos, el 6 y 9 de agosto de 1945, donde murieron casi 250.000 personas, que marcó de nueva manera, desde entonces, la Historia Mundial. Allí fue una muerte focalizada, en dos ciudades, decidida por el gobierno de Estados Unidos, y su presidente Harry S. Truman, cuando era innecesario, en ese momento de la II Guerra Mundial, haber hecho aquel genocidio y acto criminal.

Si de muertos se trata, la I Guerra Mundial, desde 1914 hasta 1919, provocó de 10 a 30 millones entre civiles y militares. En la II Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945, fueron entre 50 y 60 millones de fallecidos…Solo en la Unión Soviética casi 30 millones.

En la antigüedad, en las tres Guerras Púnicas, desde el año 264 AC hasta el 146 AC, se calcula que murió casi un millón de personas. Los romanos entre el año 400 AC y el 500 DC perdieron casi un millón de hombres en los campos de batalla. En las guerras judeo romanas, a principios de la era cristiana, se estima que murió más de un millón de personas. En las Cruzadas cristianas, entre el año 1091 y el 1291, se calcula que hubo 5 millones de muertos. En la Conquista española y europea, de América, se calcula que entre 1492 y 1572 murieron más de 60 millones de indígenas como resultado de la guerra de conquista, de las torturas, los trabajos forzados, por la represión en general, ¡ah!, y, también, por la presencia de bacterias, con el tifus, y de virus, con el sarampión y la viruela.

Recientemente, en los últimos 100 años, por citar otras, resultado de las guerras imperialistas y colonialistas, así como las guerras civiles y las de Liberación Nacional de esos imperios coloniales, murieron muchas personas.

En la Guerra Civil Española se produjo un millón de muertos entre 1936 y 1939, en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, murieron 4 millones, en la guerra de Liberación de Argelia, entre 1954 y1962, a manos de los franceses hubo más de un millón de muertos, la criminal guerra de Vietnam, desatada desde 1957 hasta 1975, provocó casi 7 millones de muertos, con menos 100.000 norteamericanos, sin contar la Guerra de Indochina de los franceses, desde 1946 hasta 1954, con medio millón de fallecidos. En Vietnam los Estados Unidos usó armas químicas, que ya se habían inventado desde la I Guerra Mundial.

La guerra de Biafra, entre 1967 y 1970 produjo casi 3 millones de muertos, y una hambruna poblacional que asustó al mundo. El impacto de la hambruna que puede desatarse cuando se vean bien los resultados del impacto del Coronavirus va a ser similar, y quizá más grande, por el desempleo mundial que ha ocasionado.

La guerra civil en Angola produjo, entre 1975 y el 2003, alrededor de un millón de personas fallecidas, la guerra civil de Mozambique, entre 1977 y 1992, generó un millón de muertes, en la guerra civil de Afganistán, desde 1979 hasta hoy, han fallecido más de 2 millones de personas, la Segunda Guerra del Congo provocó entre 1998 y el 2003, casi 6 millones de muertos, en Irak, la guerra impuesta por Estados Unidos, desde el 2003 hasta el 2011, ha generado más de un millón de muertos, la Segunda Guerra Civil de Sudán, entre 1983 y el 2005, provocó alrededor de 2 millones de muertos. Así se podrían señalar por millares de muertos los conflictos en Ruanda, Etiopía, Eritrea, Darfur, Uganda, Liberia, Sierra Leona, Rodesia, Tanzania…

Casi todas estas guerras se ubicaron también en el rango de “limpieza étnica”, concepto más actual, con el que ha operado Trump, en la práctica, en los Estados Unidos, para no mitigar el impacto que le está ocasionando el Coronavirus en su país.

La Conquista de México y del Imperio Inca se hizo con 30 millones de indígenas muertos, y hay quienes afirman que fueron 50 millones. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos, 1775-1783, provocó 110.000 muertos y el famoso Ku Klux Klan solo entre 1868 y 1871, produjo 20.000 afroamericanos muertos. En Cuba, la Guerra de los Diez Años, 1868-1878, y la Independencia de Cuba, 1895-1895, provocaron casi 600.000 muertos, incluidos 50.000 españoles.

La Independencia de México generó entre 1810 y 1821, cerca de un millón de muertos, la Revolución Mexicana desde 1910 hasta 1920 provocó 3.500.000 de muertos, la Guerra de los Mil Días, a finales del siglo XIX, en Colombia, tuvo casi 200.000 muertos.

Las guerras en Centroamérica, a finales del siglo XX, también han tenido sus cifras…Guatemala más de 100 mil muertos, El Salvador cerca de los 100 mil muertos…

Estas guerras han tenido también por resultado grandes movilizaciones de desplazados y de procesos migratorios hacia otras regiones, países y continentes, como vemos constantemente de África hacia Europa, y de África hacia Estados Unidos en la ruta latinoamericana… y de Centroamérica hacia Estados Unidos…

El Coronavirus COVID-19 no ha gestado, hasta ahora, ningún proceso migratorio, ni interno en los países, ni hacia fuera de los países. Ha hecho que se cierren fronteras y se establezcan censuras migratorias para evitar la propagación posible de infectados, de contagiados, especialmente los asintomáticos.

La Pandemia del Coronavirus COVID-19 se me parece a la Bomba de Electrones, que también llamaron Bomba N, que inventó Estados Unidos, a finales de la década de 1970, que como arma nuclear tiene, teóricamente así es, aunque dichosamente no se ha aplicado, un gran efecto devastador porque elimina los seres humanos sin tocar las estructuras físicas, sin destruir edificios o sin provocarles daños profundos. A las personas y seres vivos las puede aniquilar dentro de los edificios, automóviles, e incluso instalaciones blindadas. Se ensayó en el Estado de Nevada en 1963. El Presidente Jimmy Carter aplazó su desarrolló en 1978, y Ronald Reagan activó su producción en 1981.

Esta bomba se desarrolló sobre el estudio de las series de electrones que se encuentran en las membranas plasmáticas, interna mitocondriales y tilacoidales de las bacterias, que producen compuestos energéticos que usamos los seres humanos. Esta Bomba forma parte de las armas nucleares, las más poderosas que se han desarrollado en el mundo. Por ello también los países que forman el Club de los miembros de países atómicos tratan de impedir que surjan otros países o Estados con esa capacidad de producción de armas nucleares. El impacto de la onda expansiva que genera la Bomba N es 7 veces superior a las Bombas de Hidrógeno.

El Coronavirus COVID-19 no toca las estructuras físicas, construidas por el hombre, pero mata a los hombres silenciosamente, con efecto devastador, casi sin control alguno. Por eso es que la economía mundial se ha paralizado. La estructura física allí está, lo que se ha sacado de ella es a los trabajadores, y a las personas, desde niños hasta ancianos, de todos los campos y áreas productivas y económicas. Curiosamente se evidencia que sin trabajadores no hay economía en funcionamiento…

Las Bombas de Hiroshima y Nagazaki destruyeron el 90% de los edificios y construcciones de las ciudades donde cayeron las bombas. En un minuto había una ciudad y un instante después había desaparecido… Así fue.

Las bombas nucleares, la Bomba N, las armas de destrucción masivas son creadas por los hombres en laboratorios. El Coronavirus no es una creación humana. Esta es la gran diferencia. No se originó en un laboratorio. No es un arma biológica ni fue resultado de ensayo de esta naturaleza. Tampoco fue esparcido, con ese propósito, como se ha dicho contra la República Popular China, por otras potencias económicas y políticas mundiales, guerreristas que también estudian cómo desarrollar este tipo de armas.

La Organización Mundial de la Salud ha sido clara de que el virus del COVID-19 no fue introducido intencionalmente, en productos exóticos, en un mercado de la Ciudad de Wuhan, ni fue resultado de la bioingeniería, y que desde allí se propagó al resto del mundo.

Es el Gobierno de los Estados Unidos, y su Presidente Trump, quienes han sostenido esta tesis conspirativa contra la República Popular China, por la guerra política, diplomática y económica comercial que tienen los Estados Unidos con esa potencia asiática, tratando de sacar ventaja económica de esta situación, lo que no ha podido.

Solo en el 2018, según la revista norteamericana “Journal of Virology”, en el sur de China se habían descubierto 89 nuevos coronavirus procedentes de los murciélagos, en investigaciones en las que había participado la USAID y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos.

Solo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene más de 400 laboratorios en diversas partes del mundo, especialmente en las fronteras de los antiguos países socialistas, estudiando y analizando la bioseguridad, porque Rusia sigue siendo el enemigo de los Estados Unidos, después de la disolución de la Unión Soviética.

Los gastos del Pentágono entre 1990 y el 2018 ascendieron a 100.000 millones de dólares en estudios de armas biológicas, desde hace más de 40 años, donde han venido tratando de modificar genéticamente los virus para aprovecharlos como armas biológicas.

Muchas enfermedades hoy se transmiten por virus, independientemente de su agente transmisor, como la gripe, el cólera, que según la Organización Mundial de la Salud, mata 100.000 personas al año, el dengue hemorrágico, el Ébola, el paludismo o malaria, que solo en el 2016 afectó a 126 millones de personas, en 91 países, el sarampión, que mató, en el 2016, a 90.000 personas en todo el mundo, y que produce universalmente alrededor de 390 millones de contagios o infecciones, la fiebre amarilla, el VIH-SIDA, la tuberculosis que mata 2 millones de personas al año.

En el mundo actual, como parte de las guerras modernas, se usan bacterias, virus, esporas como la del Antrax, para desarrollar lo que se llaman las guerras bacteriológicas y guerras agroterroristas, aprovechando para ello aerosoles, animales, insectos, pulgas, ratas, mosquitos, moscas, infectando ríos, aguas en general, alimentos, de persona a persona, depositando cadáveres en pozos de agua como hizo William Walker, cuando huía, en la guerra nacional en Nicaragua en abril de 1856, para provocar el cólera.

Desde la I Guerra Mundial se utilizaron armas químicas y gases asfixiantes, vesicantes, invalidantes, y lacrimógenos. Después se desarrollaron gases neurotóxicos y las armas bacteriológicas, como el uso de la botulina, con efectos similares a la Bomba N, que mata personas dejando intactas las edificaciones físicas.

Durante la II Guerra Mundial se hicieron experimentos en humanos prisioneros, por los nazis y japoneses, para desarrollar armas bacteriológicas.

En la guerra de Vietnam los Estados Unidos usó desfoliantes como el “agente naranja” y los “herbicidas arco iris”.

Como parte de estas armas biológicas están el carbunco, el ébola, la brucelosis, el tifus, la fiebre amarilla, la viruela, así como muchas toxinas.

Hay armas biológicas y herbicidas anti agrícolas para destruir cultivos, desfoliar vegetación, como las usaron en Malasia, Vietnam y en Cuba. La roya del trigo, del arroz y del café, ¿quién puede asegurar que no se introdujo como armas en países para entorpecer sus producciones agrícolas, disputando mercados mundiales o regionales? Igual con el ganado de distintas especies, vacas, puercos afectados con la peste bovina o la fiebre porcina, con lo que también se eliminan recursos animales.

La muerte, en números millonarios de personas, no nos han sido indiferentes, han existido. Somos los humanos los que hemos sido indiferentes hacia esas muertes resultado de las guerras mientras no nos afecten, mientras se lleven allá… en una localidad remota, allende de nuestras fronteras y nuestra comodidad.

El terror con que se ve y se aprecia el Coronavirus, por su inmediatez e impacto sorpresivo, acaso no es igual al que sufren millares de personas, hoy en el mundo, por las guerras regionales que se impulsan por las grandes potencias, y que viven esos pueblos, disputándose estas potencias las áreas de materias primas estratégicas, las regiones geopolíticas, los mercados de colocación de productos y las áreas de mano de obra barata.

El mismo esfuerzo internacional que hoy se trata de hacer y de coordinar para enfrentar el Coronavirus, deberíamos mantenerlo para acabar, de una vez por todas, con las guerras neoimperialistas, neocolonialistas, que siguen existiendo.

Hay guerras de las que no cultivamos la memoria de sus muertos y de las que nos hacen perder su memoria. Mientras no las olvidemos las recordamos.

La guerra contra el Coronavirus no nos ha hecho perder la memoria de su presencia, de su amenaza. Tampoco nos ha hecho perder la memoria de esas otras muertes, algunas muy presentes y no tan lejanas.

¡Mantengamos en alto la memoria de todas las guerras para la preservación del género Humano!

Imagen: https://pgmysgm.blogspot.com/2019/09/la-primera-guerra-mundial-fecha-28-de.html

Sindicato de Hacienda se pregunta por qué autoridades debilitarían CCSS

En una comunicación compartida con SURCOS por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN), se cuestiona “¿por qué el señor Presidente de la República, nuestro Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central, siguen empeñados en realizar actos tendientes a una debilitación o eventual privatización técnica de la seguridad social, y con ello, que en el sector privado se fortalezca la posibilidad de hacer negocios con los servicios ofrecidos por la CCSS a la sociedad costarricense”.

El escrito señala: “Nos ha correspondido vivir en el último mes los efectos de la pandemia global producida por el virus denominado COVID-19, que a la fecha ha infectado millones de personas y producido la muerte a más de 200 mil a nivel mundial”.

“En el caso de Costa Rica, gracias a la acertada toma de decisiones y actuación del Ministerio de Salud y el eficiente sistema de salud social y pública a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nos ha permitido atender eficientemente el impacto de esa pandemia, convirtiendo nuestro sistema de salud en un ejemplo a nivel planetario”.

“¿Por qué si la CCSS es prioridad, no gestan leyes o normas para encarcelar a los deudores de la CCSS, y con ello limitarles la posibilidad, -como hacen con los impuestos-, de jinetear las cuotas sin pagar sanción alguna, limitando la actuación fiscalizadora del ESTADO mismo?”, enfatiza el comunicado dirigido al personal del ministerio.

Finalmente, la nota hace un llamado: “Desde ya, personal hacendario, le invitamos a prepararse para defender esta noble institución (CCSS), que con valentía y visión nos crearon los fundadores de la Segunda República, y cuando vivimos tiempos difíciles, nos corresponde ser capaces de reconocer y defender esa valiosa herencia de nuestros abuelos”.

“Su aspiración de pensionarse por IVM también está en peligro; si espera salud solidaria como tenemos, debemos defender ese derecho constitucional. ¿Se imagina usted en la tercera edad, pagando al precio de hoy, un millón de colones por día en la hospitalización de un ser querido y el que requiere medicina de calidad para sobrevivir y cuando se le agote el seguro, lo tiren a la calle? NO SEAMOS SIERVOS MENGUADOS”

“SITRAHSAN, manifiesta su rotundo rechazo, a cualquier acto mercenario de políticos y empresarios, que busquen la privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social, poniendo en peligro la seguridad social de quienes habitamos este país”, concluye el comunicado.

Imagen: CCSS

Si quiebra la Caja, se acaba el país

Abelardo Morales-Gamboa

Sostener financieramente a la Caja Costarricense de Seguro Social y al sistema de salud no es un gasto superfluo ni una inversión de la que se pueda prescindir. La emergencia del coronavirus lo ha puesto más que en evidencia. Ese sistema ha sido nuestro principal escudo, junto a los regímenes de protección social del Estado y las redes sociales que la población también organizó y movilizó de manera ejemplarmente solidaria.

En otras palabras, la inversión social en salud y en educación en Costa Rica hizo posible, no ahora sino en el curso histórico de nuestra sociedad, el despliegue de una capacidad de respuesta institucional conjunta, articulada y eficaz, y que los mejores talentos del país desarrollaran diversos dispositivo y productos para superar el contagio y la enfermedad.

Eso no se improvisó; mientras algunas empresas lamentablemente cerraban, las exportaciones se detenían y las inversiones se bloqueaban, la sociedad se puso en primer plano; una población y ciudadanía con autodefensas e inteligencia colectivas, acatando normas y disposiciones, demuestra que el recurso humano es más valioso que los demás bienes de capital por si solos.

Por supuesto que es importante encontrar formas nuevas para reactivar la producción, restituir fuentes de trabajo y volver a asegurar el sustento de familias y el pago de cuotas de las cuales dependen los fondos de la Caja. Pero decir que no se debe quebrar al país para salvar de la quiebra a una institución, como según informaciones de prensa ha dicho el Ministro de Hacienda, no debería caber en la lógica de ningún funcionario que toma decisiones tan estratégicas.

Si dejamos quebrar a la Caja, se acaba el país. La inversión en salud, como en educación, debe dejar de ser pensada como una carga; en vez de ello, debe vérseles como un activo fundamental, no solo para el capital, sino para la estabilidad económica y social y el desarrollo social del país.

Es hora de que los economistas comiencen a abandonar los textos que cosificaron como sagradas ciertas ideas de la ortodoxia económica, y comiencen a investigar y a estudiar el mundo y las sociedades. Sacar conclusiones a partir de números y estadísticas recaudados como piezas de hierro, ha hecho de la economía cada vez menos una ciencia y cada vez más una religión. En vez de los números en el vacío histórico, se deben estudiar las realidades sociales como productoras de los hechos económicos y no al revés. Los científicos de la salud y los epidemiólogos, nos están dando inolvidables lecciones sobre la forma de sacar conclusiones a partir de la observación de la materia viva en su movimiento actual.

Sin duda, hoy en día nos sentimos más seguros de estar en manos de esos científicos y epidemiólogos que de los economistas. Como le dijo una exministra de salud a un político, sería bueno que quienes toman decisiones tan importantes para un país, se aleccionen y reeduquen. Si solamente se salvan negocios y ganancias, en la próxima epidemia acabarán con lo que quede de mundo.

Lecciones de un microbio

Hernán Alvarado

            La tragedia COVID-19 suma más de 182.000 fallecidos y contando. El 17 de marzo, el senador colombiano Gustavo Petro afirmó que solo hay dos medidas efectivas contra esta pandemia:

            «a) Confinar drásticamente a la población en sus casas y

    b) Aumentar sustancialmente la capacidad hospitalaria».

            La primera es más importante dada la debilidad de los sistemas de salud, mas no cabe descuidar la segunda. Tal la enseñanza de otras virosis, así que obviarla configura un «genocidio por omisión». Tómese en cuenta para evaluar las diferentes respuestas gubernamentales. Este microbio sacude nuestras certezas y sin decir nada cambia los términos del debate ideológico, al desnudar las aberrantes desigualdades que la globalización neoliberal ha auspiciado. Asimismo, facilita una expansión de conciencia que presagia aprendizajes significativos.

  1. El mercado es de cristal opaco

            En el mercado, la mercancía preñada de ganancia representa el valor en su máximo esplendor, aunque la inversión pasa por su momento más crítico. Ahí el valor parece sólido, pero su dueño lo necesita líquido. Por lo demás, el dinero es un invento fabuloso, como medio de cálculo e intercambio facilita la distribución del producto social; pero cuando se convierte en un fin, como en la usura, resulta tan peligroso que debiera vigilarse como una central atómica.

            En cuanto todo transcurre normalmente el mercado luce tan útil como una columna, pero se hace añicos en las crisis. Además, su falsa transparencia oculta la desigual distribución de riqueza, es decir, el mecanismo mediante el cual pocos se enriquecen cada vez más, mientras la gran mayoría se empobrece. Pese a que Jeffrey Sachs mostró, en 2005, cómo se puede conseguir El fin de la pobreza, Costa Rica es ahora uno de los diez países más desiguales del mundo.

  1. La crisis como modus operandi

            El Subcomandante Marcos denunció, desde el año 2000, que la crisis es el modus operandi del neoliberalismo.[1] En rigor, así opera el capitalismo para concentrar la riqueza. En la crisis, el pez grande se come al chico, mientras la clase trabajadora se encarga de los desempleados vía solidaridad familiar. En realidad, la crisis es una fase necesaria y cíclica de la acumulación capitalista mediante la cual se aumenta la productividad promedio, o sea, la innovación del capital es tan destructiva como su desarrollo.

            La crisis no se origina en el sistema financiero, pero se incuba ahí, por eso resulta su principal protagonista. Mediante maniobras monetarias y crediticias genera las condiciones para ese sorprendente fenómeno que es la desaparición del dinero. Entonces, ramas enteras de la producción colapsan y reestructuran. De carambola, los negocios mejoran su rentabilidad empeorando las condiciones laborales. De hecho, esta crisis ya había sido anunciada, el Covid-19 la desencadenó y hará más dura la reactivación.

  1. Una economía para la vida

            Entre otros efectos, este microorganismo contrasta esa economía para la concentración de riqueza con la alternativa que sería para la vida. Además de condenar a millones de personas a la pobreza, esa economía letal ha eliminado a millones de especies vivas, cuyos beneficios potenciales, ecológicos y económicos, ni siquiera fueron explorados.

            Pero ahora ha quedado claro que el motor de la economía son las personas que trabajan, producen y consumen. Sin personas las empresas son meras ficciones jurídicas; la producción de riqueza se detiene cuando ellas no trabajan, la ganancia se congela si no compran. En una cuarentena, el capital se muere de sed, como un vampiro en su cueva.

            Paradójicamente, una economía para la vida debe superar primero el antropocentrismo, puesto que el ser humano no sobrevive sin el ecosistema. Edgar Morin ha mostrado el camino en La vida de la vida, donde el sujeto no es el ser humano sino la vida misma. Al destruir su ecología el Homo Sapiens cava su propia tumba o, como dice Franz Hinkelammert, corta la rama en la que está sentado. Sin embargo, la economía para la muerte contamina el aire, recalienta la Tierra, contamina los ríos y ensucia los océanos; pareciéndole solo un daño colateral del desarrollo.

  1. Huelga general de compras

            Según Zygmund Bauman (1925-2017), en la post modernidad el trabajador ha sido licuado como consumidor, en rigor como comprador; del mismo modo el productor ha sido licuado como inversionista. La mayoría son consumidores, la minoría inversionistas. Si las huelgas de trabajadores públicos se restringen y el sector privado no admite más sindicato que el de los empresarios (UCAEP), al pueblo todavía le queda la huelga de compras.

            Ahora los compradores finales saben que la producción responde a su demanda y que muchas cosas son más publicitarias que necesarias. Podrían abandonar entonces lo que arruina su salud o daña a la Madre Tierra. Ese poder de compra puede usarse, por ejemplo, para reducir la ingesta de animales y el uso de plásticos. Solo los compradores detendrán el consumismo voraz que conduce al colapso planetario. Eso viene sucediendo espontáneamente, verbigracia el caso del petróleo. No comprar es más potente que cualquier acción; de hecho no puede reprimirse, no infringe la ley y detiene la codicia más irresponsable. Como esta crisis revela, el capitalismo es una máquina ciega que debe ser conducida mediante una coordinación facilitada por la tecnología colaborativa. Según Manuel Castells, la política es hoy fundamentalmente comunicación.

  1. El Estado no basta

            Existe un impulso irrefrenable hacia la comunidad y la solidaridad, cual instinto de especie o de «manada» que se manifiesta en el cuerpo médico, los empleados públicos y las miles de personas que se quedan voluntariamente en casa. Además, como escribiera Alan Woods, nada puede reprimir el «deseo inconsciente» de transformar el mundo preservado en la clase trabajadora. A la vez, hay una resistencia tenaz al trato indiferenciado que la política pública impone como parte de la reacción inmunitaria revelada por Roberto Esposito (Véase: Communitas e Inmunitas). Esto significa que el éxito de una política pública depende sobre todo de la colaboración de sus destinatarios.

            El poder real radica en los ciudadanos que mueven las ruedas del mundo cotidianamente y no, como pareciera, en sus delegados. Quienes gobiernan ostentan el poder formal, como ilusión de élite sostenida por la creencia mayoritaria en ficciones del tipo Estado y empresa; fenómeno destacado por Harari en Homo Deus. Por eso, al final depende del monopolio de la violencia legítima. Pero separado del representado, el poder del representante deviene fetiche que oculta en vano su ejercicio ilegítimo; según lo ha revelado Enrique Dussel en sus 10 tesis de política. Ese poder «legal» pero ilegítimo es una bomba de tiempo. Poder formal cada vez más difícil de alcanzar, ejercer y sostener, según lo descrito por Moisés Naím en el Fin del poder. En realidad, el poder formal parece sólido solo mientras el Soberano está silente.

            Además, el Estado costarricense existe en el Gran Área Metropolitana, pero conforme se aleja del centro se va desdibujando, hasta que en lugares remotos, como fronteras y costas, se reduce a la policía. Hay comunidades que ni cuentan con eso, como se sufre particularmente en el sur, donde se asesinan dirigentes sociales en territorio indígena.

            En el mar patrimonial el Estado prácticamente no existe; ahí yace buena parte de la riqueza de la nación, pero es coto de caza de atuneros y narcotraficantes. Una gestión de desarrollo de espaldas al mar significa que se ha abandonado el 92% del territorio nacional (574.725 km²) mientras las comunidades pesqueras se convierten en las más vulneradas. Alguna vez la burguesía costarricense fue patriótica, pero ha dejado de serlo, salvo honrosas excepciones. Tal vez comenzó a desnacionalizarse desde que fusilaron a Juanito Mora (1814-1860), cuyo cadáver quisieron arrojar al estero de Puntarenas.

  1. La democracia representativa no es suficiente

            La democracia representativa pasa por su peor crisis, a despecho del Fin de la historia y el último hombre, anunciado por Francis Fukuyama. Los ciudadanos creen cada vez menos en la «clase» política, en sus partidos de pacotilla y en las instituciones que dirige. Hasta las judiciales se están desprestigiando porque su independencia es una aspiración más que una realidad. En América Latina, según Manuel Castell, alrededor del 80% de la población no se siente representada por sus gobernantes.[2]

            Aunque sea claro que las elecciones limpias y transparentes son necesarias, también lo es que no son suficientes. De hecho, los representantes ganan con «mayorías» reglamentarias, no de verdad, y rápido su legitimidad se erosiona. Los ciudadanos tampoco creen en los medios de comunicación, por su servilismo a mezquinos intereses económicos. Esa crisis crónica de gobernabilidad es en términos de Antonio Grasmci (1891-1937) una crisis de hegemonía moral y cultural.

            En suma, sin una renovación radical la democracia representativa se seguirá desplomando como los glaciares por el cambio climático. La oligarquía, menos del 1% de la población, se ha vuelto su peor enemiga porque boicotea sistemáticamente el Estado de derecho y la institucionalidad pública, dejando de pagar sus impuestos y sus contribuciones a la seguridad social, exportando sus ganancias a los paraísos fiscales, cabildeando para obtener cuantiosas exenciones y amnistías, incidiendo en el poder judicial, haciendo campañas truculentas para disimular su evasión tributaria y cargando sobre los hombros del pueblo los costos hundidos de todas sus crisis. A la vez que usufructúa de la deuda, la inversión y los servicios públicos. Su liberalismo in extremis conduce al caos o al fascismo y desemboca, en el mejor de los casos, en la indignación y la movilización general.

  1. La renovación democrática impostergable

            En 2003, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional más importante después de la abolición del ejército. Consistió en una modificación aparentemente inocua que a algunos les pareció redundante y muchos ni se dieron por enterados. El artículo 9 describe nada menos que las características del gobierno: popular, representativo, responsable y alternativo. La reforma agregó «participativo» significando que el gobierno es ejercido por el pueblo junto a tres Poderes independientes. A la letra dice:

El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (…).[3]

            O sea, renovar la democracia es un imperativo constitucional desde hace 17 años, pero se ha avanzado poco o nada. Al respecto, la Asamblea Legislativa ha pecado por omisión, incumpliéndole al Soberano que ya debería haber sido apoderado. Eso hubiera sido más digno de su investidura que dedicarse a confiscar pensiones a personas adultas mayores, cohonestando la violencia simbólica del estigma difamatorio que se ha usado contra ellas cual caballo de Troya.

            Tal reforma política es urgente e indispensable porque ninguna democracia puede llamarse realmente representativa si no es participativa y ningún gobierno puede decirse popular y responsable sin una ciudadanía activa. Ella implica formas de participación, directas e indirectas, en todas las instituciones de los tres Poderes. Asimismo, se trata de garantizar que los reguladores de servicios públicos no sean capturados por los proveedores. Toda la institucionalidad pública debe hacer efectivo ese gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, simplemente por ser un mandato superior. En cuyo caso ¿cuántos desfalcos, confiscaciones, evasiones y extorsiones dejarían de ser viables? Además supone la aprobación de mecanismos como el plebiscito revocatorio de mandato de todos los representantes, incluyendo diputados. Así como prácticas regulares de rendición de cuentas, como la patrocinada, ejemplarmente, por el «Movimiento Territorios Seguros».

            Por su parte, los tres Poderes deben ser independientes entre sí para que el diseño de Estado funcione, si no se pierde el contrapeso. A la Asamblea Legislativa le toca una oposición visionaria ante el Ejecutivo y al Judicial parar los abusos de ambos. Sin embargo, esos Poderes lucen hoy confundidos, configurando un tipo de gobierno antidemocrático. En consecuencia, ya no debieran valerse esas leyes que un grupito de iluminados aprueba a espaldas de la ciudadanía, aplaudidos únicamente por la prensa desprestigiada, como fue el «plan fiscal» y la ley 9796 contra el derecho a una pensión digna. En contraste, pese a ser inmoral e ilegal, los diputados no se han atrevido a poner fin a la usura, lo cual no se limita a poner un tope de verdad a la tasa de interés. Alguien debiera recordarles que un gobierno de los ricos y para los ricos no solo es ilegitimo, además es anticonstitucional.

  1. Refundar la República del bicentenario

            Por eso, la responsabilidad debe asumirla ahora, directamente, el pueblo de Costa Rica. Cuando existan las condiciones este debe impulsar una reforma integral de la Constitución de 1949, que sería la forma más seria de honrar el bicentenario de la independencia. Dicha reforma debería girar alrededor de tres ejes temáticos preliminares:

A. Transformación de la democracia representativa en democracia participativa, según el artículo 9 ya reformado. Eso implica revisar críticamente el sistema electoral y garantizar la independencia absoluta de los tres Poderes respecto a cualquier presión externa política o económica. De igual manera, consolidar y ampliar las autonomías institucionales y territoriales. Asimismo, supone la gestión soberana, participativa, integral, descentralizada, sustentable e inclusiva de la totalidad del territorio nacional, incluyendo el mar en toda su extensión.

B. Garantías jurídicas para un avance progresivo de los derechos humanos de todos los habitantes: personas, poblaciones, culturas, etnias, naciones, comunidades, géneros, edades y condiciones, incluso más allá de las convenciones internacionales ratificadas.

C. Principios de una economía para la vida que implica, por ejemplo, un ingreso digno y universal para cada habitante, de acuerdo con el artículo 50 sobre el «bienestar de todos» y el «reparto de la riqueza»; dignidad y libertad del trabajo que no puede ser degradado, según artículo 50, «a simple mercancía»; reforma tributaria justa y progresiva (que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres); y, de acuerdo con los derechos de la Naturaleza, incentivar la generación de negocios realmente sustentables, socialmente responsables y solidarios.

            La meta mínima debe ser que la Constitución se cumpla sin interpretaciones antojadizas o acomodaticias. El programa mínimo implica avanzar sobre el eje A, que no es negociable. Sin una determinación férrea y unitaria de quienes constituyen la polifonía del Soberano, el futuro de la patria seguirá en manos de cuatro gatos cuya astucia ideológica les permite caer siempre parados al ser fieles a los intereses foráneos.

[1] Hoy Subcomandante Galeano del EZLN de México.

[2] Ruptura fue publicado en 2017 con el subtítulo: La crisis de la democracia liberal, como el libro de Rodolfo Cerdas de 1972 sobre el caso de Costa Rica.

[3] Constitución de la República de Costa Rica, artículo 9. Así reformado en 2003.

Huelgas Inquilinarias y Sindicatos de Desocupados

Vladimir de la Cruz

Las luchas sociales, las de los movimientos obreros y de trabajadores, tienen muchas formas de manifestarse y de realizarse. La historia universal, latinoamericana y costarricense es rica en estas experiencias de luchas.

Los movimientos sindicales, y sus luchas, surgieron especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. Desde entonces existen y han contribuido, con sus luchas, movilizaciones y demandas, a desarrollar leyes sociales, leyes laborales, ampliar los conceptos de los Derechos Humanos, han contribuido a la gestación y desarrollo del Estado Social de Derecho y del Estado Social y Democrático de Derecho.

Carlos Marx, estudioso en esos años, del siglo XIX, del desarrollo del capitalismo, como un modo histórico de producción, en esa fase de nacimiento, de este régimen económico, social y político, pudo visualizar el carácter internacional de este sistema. Con ello señaló igualmente el carácter internacional de la clase capitalista, como una clase social aliada, en ese plano internacional, por las interrelaciones que establecían de producción, de comercio, de mercados, que establecía acuerdos para salvaguardar y acrecentar sus intereses económicos y políticos, y de explotación, y sobre explotación, de las clases trabajadoras.

Igualmente, valoró por ello, el papel que los trabajadores, de la clase obrera asalariada, tenía en ese proceso económico productivo, como factor generador de la riqueza social y de la acumulación de capital, a base de la explotación social que sufría organizadamente por las clases capitalistas. Y valoró a esta clase social en su papel estratégico en la lucha anticapitalista. No habían surgido las clases medias, ni el Estado y sus instituciones, ni el sector servicios, se habían desarrollado como lo hicieron en el siglo XX.

Esto lo llevó a visualizar el capitalismo como un sistema universal, igual su clase capitalista, en todas sus manifestaciones, como una clase universal que actuaba unitariamente y, por la misma razón, los trabajadores de todos los países eran a la vez una clase social universal, que se identificaba entre sí, como los capitalistas entre ellos, por la situación y posición que tenían en el proceso de la producción, por las relaciones sociales de producción que en los países capitalistas se daban, y por las condiciones de trabajo que los homogenizaba.

Así Calos Marx impulsó, en 1864, la Asociación Internacional de Trabajadores, como una gran organización internacional para agrupar a los distintos movimientos organizados de trabajadores, en sus sindicatos, sus Ligas de Obreros, y sus organizaciones políticas que se estaban desarrollando, en esa segunda mitad del siglo XIX, los Partidos Obreros Social Demócratas, los partidos Socialistas, y las organizaciones anarquistas, principalmente.

El objetivo de la Asociación Internacional de los Trabajadores fue la unidad internacional de sus luchas, la trasmisión internacional de sus experiencias de lucha y de organización.

La Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como I Internacional, fue reprimida, sus dirigentes igualmente reprimidos y perseguidos por los distintos gobiernos europeos. Tuvo que trasladar su sede en varias ocasiones. Dio paso, todavía en vida de Carlos Marx, a la gestación de la II Internacional, que como organización llegó hasta la I Guerra Mundial.

La I Guerra la fragmentó a la clase trabajadora y sus organizaciones, por la posición que adquirieron los grupos obreros, en los diversos países, en torno al conflicto, donde no vieron las nuevas condiciones internacionales que se vivían a principios del siglo XX, y se pronunciaron unos a favor de participar en la guerra, y en apoyar a sus gobiernos, y otros en contra.

Si en época de Marx, y durante todo el siglo XIX se desarrolló el capitalismo, al finalizar el siglo XIX, desde 1890 hasta 1914, lo que estaba en desarrollo era su fase superior, la etapa del Imperialismo. Fue Vladimir Lenin, el gran líder del movimiento obrero y revolucionario ruso, el que señaló, estudió y puso en relieve esta nueva situación. Así analizó la I Guerra Mundial como una guerra inter imperialista donde se disputaban el control y dominación de áreas de materias primas estratégicas para los nuevos procesos industriales, regiones de mano de obra barata y mercados de colocación de productos caros, realizados con esta mano de obra barata y estas materias primas.

Los planteamientos de Lenin marcaron una orientación política correcta sobre lo que tenían que hacer las clases trabajadoras, oponerse a la guerra y tratar de acabar con los gobiernos que estaban en ese conflicto. Impulsó la organización política a nuevos niveles, constituyendo partidos políticos de nuevo tipo, entre ellos los comunistas, y le dio a la clase trabajadora organizada, derroteros claros para la toma del Poder, como objetivo fundamental de su lucha, lo que lo distinguió de otras corrientes políticas, que se consolaban con la representación parlamentaria y la elaboración de leyes, mientras Lenin proponía la instauración de un régimen socialista y comunista, especialmente al movimiento obrero ruso, desde 1903 hasta 1917, cuando logra triunfar, en Octubre de ese año, de acuerdo al viejo calendario Juliano, y en noviembre, de conformidad al Calendario Gregoriano, que estableció la Revolución Rusa, en febrero de 1918.

Con el triunfo comunista en Rusia, Lenin impulsó una nueva organización Internacional, la III Internacional, en 1919, con el propósito de unificar los intereses de los partidos comunistas, que la Internacional también impulsó y de los movimientos sindicales de ese momento, muchos de ellos desarrollados y dirigidos por partidos revolucionarios y comunistas. También existían organizaciones sindicales internacionales de otras corrientes políticas y religiosas.

La III Internacional llegó hasta principios de la década de 1940, cuando en el contexto de la II Guerra Mundial se disolvió, dando origen a nuevas organizaciones sindicales internacionales, con iguales propósitos, de trasmitir experiencias de lucha, de organización y de solidaridad.

En el contexto de la Guerra Fría se desarrollaron a niveles mundial, continentales y regionales organizaciones sindicales, de diversas orientaciones políticas, comunistas, socialistas, revolucionarias, socialdemócratas, socialcristianas etc.

La caída del Socialismo Mundial, la desintegración del sistema Mundial Socialista, debilitó, pero no hizo desaparecer estas organizaciones. Siguen existiendo en las condiciones histórico políticas surgidas a partir de 1991, de la globalización mundial, y de la organización capitalista internacional, en las nuevas condiciones desarrolladas desde esos años hasta hoy, con nuevos escenarios de luchas.

En su esencia los problemas de los trabajadores siguen siendo los mismos, los temas originales de lucha siguen vigentes, los salarios, los beneficios salariales, las pensiones, las jornadas de trabajo, las condiciones de seguridad e higiene ocupacional, las regulaciones de los trabajos de mujeres, menores de edad y de niños, hoy también la situación de los trabajadores migrantes, transfronterizos. A ellos se sumaron problemas sociales de los trabajadores, de sus condiciones de vida, de seguridad social, que se trataban de resolver desde las luchas obreras, que tradicionalmente han sido específicas de los centros de trabajo, fábricas, empresas públicas y privadas.

Las luchas sindicales, sus movilizaciones y su organización se dan, y siguen dando, en función de estos problemas. Hoy no están dirigidas por partidos políticos, como se hacía ampliamente antes de 1990, cuando estos partidos tenían bajo su control esas organizaciones sindicales.

Frente a una situación internacional como la pandemia del coronavirus, las organizaciones sindicales, especialmente europeas, están tratando de dar respuestas colectivas a la crisis, y situación de vida, que están sufriendo los trabajadores de cierre de empresas, cierre de actividades económicas, comerciales y de servicios, de desempleo, de reducción de jornadas, de teletrabajos y de regularlos, de reducción del trabajo empresarial, de asegurar que en estas condiciones no se rebajen salarios, que se den seguros de desempleo, de protección de los distintos sectores sociales de la población y que se estimulen las micros y pequeñas empresas, que se aseguren los fondos para estimular las distintas actividades económicas y productivas, que se atiendan políticas públicas que regulen los intereses en los pagos, que se establezcan moratorias en pagos de préstamos y alquileres, que los alquileres que se congelen en sus aumentos, que se congelen los precios de productos básicos, que se estimule la producción nacional y local etc.

En el siglo XX, a principios, en la década de 1920, en Panamá, se produjeron huelgas inquilinarias, de no pago de alquileres, bien organizadas, con bastante éxito, durante muchos meses, frente a una situación de crisis que condujo a una contracción de los salarios y los ingresos.

En Costa Rica no se han dado estas luchas, pero de agudizarse la situación económica social por el impacto y la prolongación de la paralización económica y de desempleo creciente en el país, y la falta de dinero por la cesación de trabajos, con la imposibilidad de que la gente tenga recursos económicos, si acaso más que para la comida básica, la huelga de pagos de alquileres puede ser inminente, posible y necesaria. La realidad dice que no se puede desahuciar, desalojar, a miles de personas y familias. Tal vez los tribunales tengan la capacidad para hacerlo pero el Estado ni la sociedad no la tienen para soportarlo, y los sectores ricos y acomodados del país tendrían una situación de inseguridad aguda de darse una situación como ésta.

El problema de los ingresos básicos, por subsidios, pagos de jornadas parciales, por bonos, por ayudas estatales y otras modalidades que puedan impulsarse frente a los desempleados existentes y crecientes, debe atenderse con urgencia, procurando asegurar la vivienda que se tenga y la canasta básica de alimentos para los afectados, de esta manera, por esta crisis.

A finales de la década de 1920 y hasta 1933 prácticamente, el impacto que provocó la Crisis Mundial de 1928-1929 que llegó en sus efectos, en Costa Rica, hasta 1934, con tres grandes huelgas, la bananera, las de trabajadores en Turrialba y otra en San José, generando, en esos años, casi un 13% de desempleo, que era desempleo real de familias completas, hizo surgir Sindicatos de Desempleados, que fueron muy importantes en las luchas sociales de esos días, y que igualmente contribuyeron a la gestación en 1931 del Partido Comunista de Costa Rica, siendo buena parte, esos desempleados, de su base social en esos primeros meses y años.

Como sindicatos de desempleados pasaban constantemente los trabajadores en manifestaciones de calle, con sus instrumentos de trabajo, machetes, palas, picos, principalmente, por el origen agrícola de esos trabajadores desempleados, provocando en una ocasión, mayo de 1933, un enfrentamiento con la policía con saldo de un muerto.

En esa época no había leyes, como hoy, que regularan los sindicatos. Por eso funcionaron los Sindicatos de Desempleados, como Sindicatos de la realidad que se vivía. La organización de los trabajadores puede encontrar formas para situaciones como estas hoy. Al menos las movilizaciones de desempleados sí pueden darse, es un derecho constitucional y ciudadano, una vez que se superen las restricciones, de reuniones públicas, impuestas por la pandemia, en caso de que su situación, la de los trabajadores se agudice, y tengan que movilizarse en busca de trabajo y protección institucional.

En España, en los últimos años del franquismo, las Comisiones Obreras, frente a la represión en las fábricas y centros de trabajo, para impedir la organización sindical, impulsaron con bastante éxito, la organización de los trabajadores de las fábricas en sus lugares de habitación, que generalmente eran alrededor de las fábricas y empresas. Con ello se lograba agitar dobles problemas, los de la fábrica y los de la barriada, que les eran comunes a los trabajadores. Así entraban a las fábricas desde el barrio, desde donde vivían los trabajadores.

A principios de la década de 1970, recién fundado el Partido Socialista Costarricense, intentamos, yo participé en ese esfuerzo, hacer algo parecido, que resultó sin éxito, porque aquí no había barrios obreros alrededor de fábricas, donde los trabajadores de esas fábricas vivieran a la par de ellas. Al contrario, trabajadores que vivían en Curridabat trabajaban en Pavas, o de Desamparados también se trasladaban a otras regiones largo de sus casas. No fue posible articular luchas en este sentido.

Los barrios de trabajadores, cercanos a parques industriales, no necesariamente tienen esta particularidad hoy. Los multifamiliares y condominios que se construyen cerca de las zonas francas, y parques industriales, no son para la clase obrera, que trabaja en esos amurallados centros empresariales, generalmente son para funcionarios medios, jóvenes profesionales, y cuadros calificados, sin ningún interés sindical, donde muchos se desempeñan en las áreas de servicios que se ofrecen desde allí.

El Partido Comunista, Vanguardia Popular, durante muchos años, prácticamente desde su fundación, pero especialmente en los años de la clandestinidad, en la década de 1950 hasta los 70s, desarrolló con bastante éxito las Juntas Progresistas, algunas muy poderosas por sus dirigentes, que gozaban de un buen apoyo vecinal, y por las luchas comunales que daban. Frente a ellas el Partido Liberación Nacional impulsó, con el apoyo del Estado y sus instituciones, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, creando las organizaciones vecinales alternas, copando esas luchas desde el Estado, y debilitando la influencia comunista en ese tipo de organizaciones y en las comunidades.

Frente a la situación que estamos viviendo urgen políticas nacionales, urge que en ellas se tomen en cuenta a todos los sectores políticos y sociales organizados, en procura de impulsar soluciones de común acuerdo, cediendo todos los sectores proporcionalmente en su capacidad de ingresos y su capacidad económica.

De la misma manera como a nivel internacional se abordan políticas de todos los países para enfrentar la pandemia de manera coordinada, a nivel nacional se debe actuar de manera similar.

Urge fortalecer a los pequeños y microempresarios. Esta es la clave. En su defensa y seguridad está la del resto de los trabajadores. Hay que atender el sector agrícola nacional, nuestra soberanía agrícola, y la seguridad alimentaria del país, sobre todo cuando alrededor de productos fundamentales la producción en el país anda alrededor del 50%. Las economías locales y los sectores productivos nacionales hoy son estratégicas.

En la defensa de la Gran Clase Media nacional, incluida la clase media empresarial, pequeños y micros empresarios y emprendedores, está la defensa de todos los trabajadores, de los sectores pobres y de los sectores en extrema pobreza. No es golpeándola en sus ingresos, salarios y pensiones, en la reducción o eliminación de su beneficios sociales y laborales. Es en asegurar sus ingresos de manera decente, decorosa y digna.

La situación de encadenamientos mundiales, que se ha puesto a prueba con la Pandemia, puede hacer que países como el nuestro, Costa Rica, se vuelvan más estratégicos para las grandes inversiones extranjeras, por la amplia calidad de estudios de nuestra población y de los jóvenes, por la cercanía geográfica y de las rutas de transporte aéreas y navieras, con los Estados Unidos que sigue siendo nuestro principal socio comercial. También está México y Canadá, y la misma región centroamericana que sigue teniendo un peso importante en nuestras exportaciones. Si de productos nacionales se trata, tenemos una canasta de exportación de casi 5.000 productos. Esto hay que fortalecerlo para el consumo interno y para fortalecer al productor nacional, y asegurar al consumidor nacional.

La pandemia ha demostrado la fortaleza y el papel estratégico de instituciones estatales, especialmente las vinculadas a la seguridad social y la salud pública. No es momento para debilitarlas. Es necesario fortalecerlas, ampliarlas en su proyección nacional hasta donde sea posible.

El Coronavirus llegó para quedarse como otros virus lo han hecho, y convivimos con ellos. Hay que prepararse para que un paro similar como el que se está viviendo no vuelva a ocurrir. Otros virus nuevos pueden aparecer de manera similar. Hay que estar preparados, y bien preparados. Lo que no debe ocurrir es que estemos desprevenidos para situaciones similares.

Enviado a SURCOS por el autor.

Una Trinchera para la Seguridad Social

Rafael A. Mora – Roberto Zeledón – José Luis Soto – Freddy Sandí – Ligia Jiménez

¿Entregar 400.000 millones que el país ha ahorrado para atender los accidentes y enfermedades del trabajo a los que ven la seguridad social como un buen negocio de ganancias privadas?

“De la protección a los trabajadores durante el ejercicio del trabajo” a la entrega de los fondos públicos para ganancias privadas.

En 1982 Costa Rica se colocaba una vez más a la vanguardia latinoamericana y mundial en la protección de la seguridad social.

Emulando el hito de las Garantías Sociales de la década los años cuarenta, Costa Rica aprobaba la introducción del Título IV al Código de Trabajo, bajo la guía y el impulso político de Don Germán Serrano Pinto (Q.d.D.G.) y el soporte técnico de don Gerardo Arauz Montero (Q.d.D.G.) y del INS.

Se declaraba obligatorio, universal y fundado en la solidaridad social, el seguro de riesgos del trabajo, de tal forma de que a ningún trabajador o trabajadora de ahí adelante, estuviese o no asegurado por el patrono, le faltase la atención médica, los cuidados, las operaciones, la rehabilitación, las rentas, las pensiones y los planes preventivos con ocasión de los accidentes y enfermedades laborales, cuyo origen es la responsabilidad objetiva que le compete a todo patrono.

La finalidad primordial del seguro de riesgos del trabajo NO ES EL LUCRO EN MANOS PRIVADAS. La finalidad primordial ES QUE EL PAÍS TENGA UNA TASA MUY BAJA DE SINIESTRALIDAD LABORAL Y QUE EN CASO DE SUCEDER EL ACCIDENTE O LA ENFERMEDAD SE CUENTE CON LA INFRAESTRUCTURA MEDICO-SANITARIA, PARA RESTABLECER TOTALMENTE Y EN EL CORTO PLAZO LA FUERZA LABORAL NACIONAL. Esto no elimina la posibilidad del lucro privado, pero ORDENA LAS PRIORIDADES COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PAIS.

Hoy en el trámite legislativo del proyecto N° 21908 que es un aporte del INS de setenta y cinco mil millones de colones, para atender la tragedia económica de la clase trabajadora ante el COVID 19, se ha propuesto por parte de algunos el cambiar el orden de la prioridad que el país mantiene en el Código de Trabajo.

Se quiere que el seguro de riesgos del trabajo tenga como prioridad el lucro privado y -más grave aún- CREAR INCERTIDUMBRE SOBRE LOS aproximadamente, 400.000 MILLONES DE COLONES que constituyen las RESERVAS O PROVISIONES TÉCNICAS que el Régimen ha creado a través de estas décadas, para que se ponga a disposición y se estimule a los privados que quieran hacer un gran negocio del seguro de riesgos del trabajo.

Esto sería un mazazo abyecto, en descampado, alevoso contra los fondos públicos que nuestros patriotas visionarios crearon para sustentar la seguridad social. Esa seguridad social que hoy es el mejor escudo contra la pandemia mundial y nos erige como un ejemplo ante el mundo.

Una Trinchera para la Seguridad Social.

Imagen ilustrativa.

Enviado por Roberto Zeledón.

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La guerra del Coronavirus y sus daños colaterales

Vladimir de la Cruz

El impacto de la Pandemia del Coronavirus COVID-19 es de tal magnitud, por su alcance y trascendencia internacional, que ha roto, ha quebrado, todo el orden de las relaciones internacionales en todos los sentidos. Ha afectado obviamente las relaciones comerciales, productivas, de los procesos de encadenamiento económico a nivel internacional y a nivel local de cada uno de los países afectados.

Ha afectado áreas productivas, mercados internacionales de producción y abastecimientos de partes para la industria en general, ha afectado mercados de mano de obra barata en todos los continentes, ha afectado los mercados de colocación de mercaderías, estimulando, en cierta forma, todavía a escala reducida, los mercados internos de producción y de abastecimientos. Su impacto social, aún no evaluable, es el de llegar a causar mayor pobreza general y de mayor pobreza extrema en todos los países, junto el hambre, “hambrunas”, para grandes masas de personas, quizá sin que hayamos superado el impacto de la presencia del COVID-19.

El mundo del transporte aéreo, terrestre y marítimo se desplomó, por los controles de la expansión del Coronavirus que se han impuesto. La industria y la actividad turística, en todas partes del mundo, ha caído, con expectativa negativa para los próximos 18 meses por lo menos, y la economía de encadenamientos sujeta a ella ha sufrido igual impacto.

Las pequeñas empresas productivas, la MIPYMES y PYMES en general, son las más golpeadas, las empresas de venta y consumo de comidas, de servicios han cerrado estrepitosamente, creando un mayor impacto en las economías nacionales cuando estas pequeñas empresas son mayoritarias, y mayoritariamente empleadoras, en las actividades económicas de cada país, que con poca o baja contratación de personal, son también las que mantienen la mayor cantidad de empleo nacional, y en la situación actual conducen, por sus cierres, a que los índices de desempleo real aumenten de modo preocupante, agravando la situación social, de vida, de trabajo, de hambre real y de tensiones sociales y políticas que ello pueda producir.

El COVID-19 ha afectado el mundo del trabajo provocando cierres de empresas, despido de empleados, rebajo de jornadas de trabajo, nuevas formas laborales intensivas como el tele trabajo, el trabajo parcial con reducción de jornadas, y rebajo consecuente de salarios y beneficios sociales, desempleo total y desempleo parcial, con pérdida y reducción de salarios y sus beneficios sociales, ha afectado la capacidad de pago de obligaciones de trabajadores, de pequeños, medianos y algunos grandes empresarios. Los sindicatos mismos van a sufrir este impacto en su afiliación real, en sus cuotas de pago sindicales, así como en su actividad organizativa, y hasta en sus luchas.

Ha afectado los vínculos diplomáticos alterando las relaciones de países fronterizos por los cierres de fronteras, impuestos de cada lado, para mitigar, con el control de los procesos migratorios y de desplazamiento de nacionales y extranjeros, la posibilidad de expansión y contagio del Coronavirus. Ha cuestionado internacionalmente a aquellos gobernantes que no se han sometido a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud para atender la pandemia, e irresponsablemente, en sus países, han sido laxos frente al avance del Coronavirus, con las repercusiones internacionales que eso tiene.

El Coronavirus ha surgido como una fuerza de combate en guerra en todos los países, contra todas las personas, sin que estuvieran preparados para ella.

El Coronavirus se ha desarrollado como un movimiento guerrillero, apareciendo por aquí y por allá, y simultáneamente en todos los países, como si fueran diferentes frentes de combate, donde no se le puede enfrentar en el campo militar. De allí, por ahora su fuerza, por su capacidad sorpresiva de aparición provocando daños directos y daños colaterales en cada país y sociedad, por el temor que desata su existencia. En unos países impacta más que en otros, pero nadie está exento de sufrir su presencia ni daños colaterales. Y dentro de los países hay regiones más afectadas que otras.

Por ahora es una guerra que está comenzando, con un enemigo que se le conoce, que se la ha logrado identificar, el COVID-19, pero que no se tiene capacidad de controlarlo, y no se sabe aún con certeza cuando podrá acabársele y de qué modo se hará, porque su manera de combatir es silenciosa, sorpresiva, universal, y en muchos casos precisa y fulminante.

Uno de los efectos más dramáticos que ha provocado es que no se ha logrado una acción internacional contra el Coronavirus.

El único campo internacional que opera es el de la ciencia médica y epidemiológica, donde se hacen esfuerzos de coordinación día a día, para ir analizando los movimientos y comportamientos del Coronavirus, como sus posibilidades de mutación, para buscar, en el campo de la ciencia, los mecanismos y armas para detenerlo y controlarlo. Si es por una vacuna, se ha dicho, es un proceso que puede durar por lo menos hasta dos años, de allí que lo más claro es que el Coronavirus ha llegado para quedarse y tengamos que aprender a vivir con él, como vivimos con un montón de bacterias, virus y microorganismos, que siguen causando muertes, y por miles, muchos de los cuales hoy los controlamos y disminuimos sus muertos con vacunas.

El Coronavirus ha declarado, en cierta forma, una guerra contra toda la Humanidad. La guerra en que nos ha metido el Coronavirus no ha terminado. Los efectos devastadores de esta guerra todavía no los conocemos en toda su dimensión.

En el campo científico es una Guerra Total, que ha obligado a que todos los países muevan sus recursos y fuerzas, hasta donde se pueda, para destruir su capacidad contagiosa y de expansión. Como Guerra Total supone la subordinación de la política, no a la guerra como es la idea clásica militar, sino a la Ciencia, lo que no ha hecho el gobierno de Trump, y algunos otros, y que sí se hace en la mayoría de los países. Aquí, en Costa Rica, el Gobierno ha hecho muy bien de poner al frente, día a día, de esta batalla, incluso por el manejo de las Conferencias de Prensa diarias, al Ministro de Salud y al Presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hasta hoy el discurso oficial, en Costa Rica, descansa sobre todas las cosas en la ciencia para combatir el Coronavirus.

Importante papel puede llegar a jugar el Instituto Clodomiro Picado, de la Universidad de Costa Rica.

Por ahora el COVID-19 asusta por las muertes y contagios en todos los países, y atemoriza por el daño causado a la economía mundial, que es el daño colateral impuesto por este Coronavirus.

En las guerras modernas, y recientes, especialmente después de 1990, desde la Guerra del Golfo Pérsico, se habla de los daños colaterales, aquellos causados que están fuera de los objetivos militares a destruir, que son las víctimas civiles, particularmente, y así se justifican por quienes provocan estos daños colaterales, en estas guerras, generalmente por resultado de los bombardeos.

Se habla de daño colateral de aquel causado sin intención, de manera accidental, o por repercusión sin haberlo deseado, pero como resultado de una operación militar. En la sucia guerra de Vietnam los Estados Unidos usó este término para referirse al asesinato de civiles y la destrucción de sus propiedades.

Los daños colaterales militarmente se han extendido a las construcciones, hasta hospitalarias y diplomáticas, como ha sucedido, así como a los equipos y el personal, que puede ser afectado, en una operación militar, de fuerzas amigas de los atacantes. El daño colateral no quiere decir sin intención, aunque los ejércitos tratan de darle ese contenido conceptual. Es el daño adicional, subordinado, secundario, que resulta de una acción militar. Es el acto que puede resultar consciente, si es una ventaja táctica militar, en donde al destruir un objetivo deben eliminarse civiles e inocentes, o destruir instalaciones que no son objetivos militares.

El Coronavirus como agente militar, como arma de guerra, directamente ataca personas. El Coronavirus, en sus daños colaterales, afecta toda la economía, las fábricas, el transporte en todas sus manifestaciones, ciudades y pueblos completos, las refinerías lo que ha hecho caer el precio y la producción diaria de petróleo mundial. Afecta la salud emocional de las personas, sobre todo por los encierros obligados, las “cuarentenas” y restricciones de usos sociales, de comportamientos y de relaciones sociales que ha impuesto.

La autonomía de desplazamiento del Coronavirus en su ataque es demasiado amplia, llega donde tenga oportunidad de llegar, atacar y ocasionar el daño directo y el colateral respectivo. El Coronavirus por blanco estratégico tiene a los seres humanos. Eso está claro, de allí la necesidad de su protección.

En curso de la II Guerra Mundial, al mediar la década de 1940, las potencias aliadas impulsaron tres organismos de carácter mundial, en perspectiva del mundo que surgiría después de esa horrorosa guerra, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ambos en 1944, como resultado del Tratado de Breton Woods, y las Naciones Unidas, en octubre de 1945.

Al terminar la II Guerra Mundial el mundo había cambiado. Derrotado el nazifascismo surgió de manera poderosa un Sistema Mundial de países socialistas, que hizo cambiar el escenario de las relaciones internacionales. El mundo se enfrascó en una división internacional de Socialismo versus Capitalismo y de un escenario militar, la Guerra Fría.

El resultado práctico inmediato por parte de los Estados Unidos fue impulsar en la Europa capitalista existente el Plan Marshall, con el propósito de meter 12.000 millones de dólares, de esa época, para la reconstrucción europea, y presentar la Europa capitalista como una vitrina frente a la Europa socialista que también estaba surgiendo. Ello produjo en el campo militar, luego, el desarrollo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por un lado y del Pacto de Varsovia por otro, para mantener los equilibrios militares en ese continente.

En América Latina el Plan Clayton, entre 1946 y 1947, se propuso igual propósito para contribuir a desarrollar la economía de la región, especialmente en el sector agrario o campesino, y frenar o neutralizar en el continente los movimientos insurgentes que estaban dándose. Para la parte militar en América Latina se impuso el Plan Truman. En 1948 se impulsó militarmente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con la OEA de fondo y de soporte.

Después del Coronavirus el mundo va a ser otro. Frente al Coronavirus no se impulsan organizaciones de este tipo ni políticas de esta naturaleza, de carácter colectivo. Lo más cercano a ello es el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, la abanderada internacional en la lucha contra el Coronavirus, y sus organismos regionales, como la Organización Panamericana de la Salud, hoy sin el apoyo económico del gobierno norteamericano, y del Presidente Trump, que ha anunciado quitarle los fondos económicos que le daban, acusándola de estar plegada, en esta situación pandémica, a los intereses de la República Popular China.

Igualmente, esos organismos, son hoy objeto de atención, y de llegada, para apoyar gobiernos y países con préstamos y políticas económico-financieras para enfrentar el Coronavirus en sus impactos financieros internos.

En el momento actual debe operar la política realista, de la diplomacia y de las acciones concretas y prácticas para atender la pandemia, cuando no hay un Gobierno mundial, ni hay un “ejército mundial” en capacidad de combatir el Coronavirus, que debe enfrentarse en cada país con las fuerzas médico-científicas que se tienen, y con las estructuras de salud pública y de seguridad social que cada país tiene y ha desarrollado históricamente.

El Coronavirus ha alterado en la práctica el equilibrio de poderes existentes en el mundo actual, ha debilitado a las grandes potencias, las ha alejado de sus propias relaciones, les ha debilitado sus carreras armamentistas para enfrentar al enemigo no tan invisible del Coronavirus. La “paz” internacional, exceptuando las guerras locales o regionales aún existentes, que han pasado a guerras de baja intensidad momentáneamente, también se ha alterado.

Para Trump la situación internacional es grave por el impacto que ella tiene al interior de los Estados Unidos en su elección de noviembre de este año. La torpeza con que ha actuado lo ha alejado del liderazgo internacional que los Estados Unidos ha significado, pero le ha debilitado su liderazgo interno, a nivel nacional y regional con sus propios Estados y sus autoridades locales, los gobernadores.

Pareciera que Trump siguiendo a Maquiavelo quisiera usar el mal para tratar de lograr el bien. Por ello engaña, hace trampa, mal informa, se enfrenta a la ciencia de su propio país, intriga contra quien se le oponga, enfrenta y limita la acción de los medios de información y de prensa, obliga a su Partido Republicano y a sus dirigentes a seguirle ciegamente, amenaza desarrollar los super poderes que se le permiten al Poder Ejecutivo en Estados Unidos, expulsa migrantes detenidos enfermos de coronavirus a sus países de origen, con el propósito de que enfermen en sus países de origen, como está haciendo con guatemaltecos repatriados.

Para Trump, como yo lo veo, el Coronavirus se le ha presentado como un elemento de limpieza étnica mundial, y en los propios Estados Unidos, por las personas que son afectadas mayoritariamente.

En la línea de enfrentamiento al Coronavirus el realismo político descansa en las decisiones racionales, científicas y médicas, que puedan tomarse e impulsarse para frenarlo, detenerlo y saberlo combatir y para superar, en el mayor corto plazo posible, los efectos colaterales que está provocando, especialmente en el plano de las economías nacionales, y en la reconstrucción de las redes de la economía mundial.

El interés nacional es lo que resalta en los países frente al Coronavirus. En Estados Unidos Trump ha sido muy claro “América Primero”. No son casuales sus políticas públicas internas y sus planteamientos internacionales en torno a cómo enfrentar y combatir el Coronavirus. Se trata de su supervivencia y su propia seguridad, no la del planeta. Por eso niega las políticas internaciones de ataque y confrontación al Coronavirus.

Con el Coronavirus no tenemos en el escenario internacional un país agresivo, una potencia amenazante de otros países, o de todos, por su carácter pandémico. Trump está tratando de pintar a la República Popular China, como esta amenaza, por el origen del Coronavirus, en la ciudad de Wuham, y para ver a este país como el agente agresivo internacional. Es parte de su estrategia geopolítica mundial frente al impacto que tiene la República Popular China en la economía mundial, y la disputa que tiene Estados Unidos en ese escenario para no ser desplazado.

El problema fundamental para Trump es que en la lucha contra el Coronavirus todos los Estados del mundo tienen igualdad de enfrentamiento, y no quieren ser derrotados por el Coronavirus.

El Coronavirus no nos ha metido en el mundo de Tomas Hobbes, el de la lucha, o de guerra, de todos contra todos. Al contrario, nos ha impuesto la tarea de enfrentarlo como una sola fuerza. La diversidad de países, y de posiciones políticas de cada uno de ellos, tiene que conducir a políticas unitarias de acción internacional. Este es el reto que nos impone la pandemia.

La estructura internacional de las Naciones Unidas, y sus organismos internacionales, nos da la posibilidad de actuar cooperativamente en nombre de toda la Humanidad.

Estamos ante un interés público, hoy un interés común, de toda la sociedad, de todas las sociedades existentes, por la defensa del bienestar, la felicidad y la satisfacción de las necesidades básicas de todos los seres humanos.

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen: https://news.un.org/es/story/2020/04/1472832