El pasado lunes 14 de octubre del 2024, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados le hizo una entrevista a Martin Arias Araya, el ex director del Servicio Nacional de Guardacostas, al igual que ex viceministro de seguridad, alrededor del tema de la seguridad, especialmente en las áreas periféricas, y los retos que se presentan en torno a la administración actual.
El ex funcionario expresó preocupación sobre las decisiones de cerrar varios departamentos especiales de Guardacostas y dejar la labor de seguridad solamente a la Fuerza Pública, lo cual pone la seguridad en desventaja contra el narcotráfico.
También, comentó sobre la lamentable situación del gobierno actual en términos de seguridad, con cada vez más violencia en las calles, resaltando la labor en decadencia que ha estado llevando a cabo en esta área la administración actual, al contrario de las anteriores, citando el ejemplo 2011-2014 .
Durante la administración de Arias Araya, él habla sobre cómo los planes estratégicos, y estudios que se proponen daban resultados, no obstante en esta administración, no se sabe si estos están presentes, o si es una “improvisación, para salir del paso”.
Finalmente, resalta la importancia de la credibilidad de la institución de la policía, y cómo esta podría ser socavada por juegos políticos que manchen la integridad de estas instituciones que, bajo derecho constitucional, no pueden participar o tener tendencias políticas a un partido, o a cualquier influencia que no sea la defensa de seguridad.
Le invitamos a ver la entrevista completa, la cual aporta información relevante acerca de la situación tan delicada en torno a la seguridad en nuestro país.
En los últimos años, Costa Rica ha sido un faro de estabilidad y bienestar en América Central, conocido por su compromiso con la educación, la salud y la seguridad social. Sin embargo, en la actualidad, muchos ciudadanos sienten que su país se está desmoronando bajo el peso de un gobierno que parece haber olvidado sus responsabilidades fundamentales. La crisis en los sectores sociales, educativos, de salud y de seguridad es evidente y alarmante, y plantea serias preguntas sobre el futuro del país.
La educación: un pilar en peligro
Históricamente, Costa Rica ha sido un ejemplo a seguir en términos de educación. Con una inversión significativa en este sector, el país logró tasas de alfabetización superiores al 97% y una educación pública accesible para todos. Sin embargo, en los últimos años, los recortes presupuestarios y la falta de inversión han comenzado a socavar este pilar fundamental.
Las escuelas públicas enfrentan una escasez de recursos, lo que se traduce en infraestructuras deterioradas, falta de materiales didácticos y una creciente carga de trabajo para los docentes. Muchos educadores se sienten desmotivados y subpagados, lo que afecta directamente la calidad de la enseñanza. La brecha entre la educación pública y privada se amplía, dejando a los estudiantes más vulnerables en una situación de desventaja.
La salud: un sistema en crisis
El sistema de salud costarricense ha sido durante mucho tiempo un modelo en la región, pero actualmente se enfrenta a desafíos sin precedentes. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), responsable de la atención médica pública, se encuentra al borde del colapso. La falta de personal médico, el aumento de las listas de espera y la escasez de medicamentos son solo algunas de las preocupaciones que han surgido en los últimos años.
Los recortes en el presupuesto de salud y la falta de atención a las necesidades de los trabajadores de la salud han llevado a un agotamiento generalizado en el sector. Los médicos y enfermeras, que antes eran considerados héroes, ahora enfrentan condiciones laborales precarias y salarios que no reflejan su arduo trabajo. La pandemia de COVID-19 expuso aún más las debilidades del sistema, y muchas personas ahora se sienten desamparadas al buscar atención médica.
La seguridad: un reto creciente
La seguridad ha sido otra área donde el gobierno ha fallado en brindar la protección que los ciudadanos merecen. A medida que la delincuencia y la violencia han aumentado, muchos costarricenses sienten que su seguridad está en peligro. Las estadísticas de criminalidad han mostrado un incremento alarmante en delitos como el robo, el narcotráfico y la violencia doméstica.
La falta de recursos para las fuerzas policiales y la ineficacia de las políticas de seguridad han dejado a la población vulnerable. Los ciudadanos se sienten cada vez más inseguros en sus comunidades, lo que ha llevado a un aumento en la percepción de que el gobierno ha perdido el control sobre la situación. La falta de confianza en las instituciones de seguridad ha generado un ciclo de miedo y desesperación.
Un gobierno desconectado
La desconexión entre el gobierno y la ciudadanía es palpable. Muchos costarricenses sienten que sus voces no son escuchadas y que sus necesidades no son atendidas. Las promesas de campaña sobre mejoras en la educación, la salud y la seguridad han quedado en el aire, y la frustración ha llevado a un creciente descontento social. Las protestas y manifestaciones han aumentado, reflejando un llamado a la acción por parte de un pueblo que ya no puede soportar la falta de atención a sus problemas más apremiantes.
El gobierno, en lugar de abordar estas preocupaciones, parece centrarse en intereses políticos y económicos que no benefician a la población en general. Las decisiones son tomadas sin consultar a los ciudadanos, y los recursos se distribuyen de manera desigual, favoreciendo a unos pocos en detrimento de la mayoría.
La esperanza de un cambio
A pesar de la situación actual, los costarricenses no han perdido la esperanza. La sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios están trabajando arduamente para abordar estos problemas y buscar soluciones. La educación, la salud y la seguridad son derechos fundamentales que deben ser garantizados para todos, y la presión sobre el gobierno para que cumpla con sus responsabilidades es más fuerte que nunca.
La participación activa de los ciudadanos en la política y en la toma de decisiones es crucial para revertir esta tendencia. Es necesario que el pueblo exija rendición de cuentas y que los líderes políticos se comprometan a priorizar el bienestar social por encima de intereses personales o partidistas.
Conclusión
Costa Rica se encuentra en un punto crítico. Un gobierno que se ha olvidado de lo social, la educación, la salud y la seguridad está poniendo en riesgo el futuro del país. La crisis en estos sectores no solo afecta a las generaciones actuales, sino que también amenaza el legado de bienestar y paz que Costa Rica ha construido a lo largo de los años. Es hora de que el gobierno escuche a su pueblo y actúe con urgencia para restaurar la confianza y asegurar un futuro mejor para todos los costarricenses. La historia de Costa Rica no tiene por qué ser una de desesperanza; con un compromiso renovado hacia lo social, el país puede recuperar su rumbo y seguir siendo un ejemplo en la región.
El Índice de Desarrollo Social (IDS) es una medida que evalúa el bienestar y progreso de una sociedad en diversos aspectos, como la salud, la educación, lo económico, la seguridad y participación electoral. El IDS es importante por varias razones:
Medición del progreso social: El IDS proporciona una evaluación integral del desarrollo social en Costa Rica, lo que permite a los responsables políticos y a la sociedad en general comprender mejor el estado actual y las tendencias del bienestar social en el país.
Guía para políticas públicas: Con base en el IDS, se pueden identificar áreas de mejora y diseñar políticas públicas más efectivas y focalizadas para abordar los problemas sociales prioritarios, como la pobreza, la desigualdad, la salud pública y la educación.
Atracción de inversión y turismo: Un alto nivel de desarrollo social puede ser atractivo para inversores y turistas, ya que indica un entorno favorable para la calidad de vida y el bienestar general de la población. Esto puede impulsar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad a largo plazo.
Bienestar de la población: El IDS no sólo se trata de números y estadísticas, sino que también refleja la calidad de vida de las personas. Un alto IDS implica mejores condiciones de vida, acceso a servicios básicos, oportunidades de educación y empleo, y una sociedad más inclusiva y equitativa en general.
En este reporte se presentan los resultados del cálculo del IDS 2023, donde se exploran los cambios del 2023 en comparación con el 2017, cuando se realizó el estudio anterior.
Tomando en cuenta los indicadores que se utilizan para el cálculo del IDS, se llegaron a las siguientes conclusiones para los distritos:
Informe crítico sobre inseguridad y desarrollo turístico e inmobiliario en el litoral de Guanacaste según datos de 2023 ¿amenazas al desarrollo o producto de un modelo de desarrollo desigual?
Un texto escrito por Esteban Barboza Núñez y publicado en el 2024 por el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible, de la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA), en su introducción menciona que el tema de la seguridad en el turismo siempre ha ocupado un lugar preponderante en la agenda de los Estados, los inversionistas, los desarrolladores, y los turistas mismos.
Atentados terroristas, epidemias, pandemias, guerras, desastres naturales, delincuencia, crimen organizado, y otros eventos inusitados pueden tener graves consecuencias adversas en un destino turístico específico, o bien a nivel sistémico, señala el informe.
Agrega que un destino sin turistas no puede funcionar; y la inseguridad o una imagen negativa en ese rubro definitivamente tienen efectos devastadores en el destino como tal, debido a la disminución drástica de turistas e inversionistas (Boyakye, 2010).
A partir de estas premisas, continúa el autor, el objetivo de este informe crítico es explorar la relación entre seguridad y exclusión en el sistema turístico del litoral de la provincia de Guanacaste, en el noroeste de Costa Rica, a partir del análisis de los principales índices de inseguridad del año 2023, según el Organismo de Investigación Judicial. Para conseguir tal objetivo, en primera instancia se revisa y discute los principales indicadores y estadísticas de criminalidad en la región para el año 2023, un año récord en homicidios, robos, hurtos y asaltos, entre otros delitos.
Entre los capítulos de este texto del investigador y académico de la UNA Esteban Barboza Núñez, se encuentran: Seis indicadores de inseguridad, Seguridad y turismo, La construcción del litoral guanacasteco como destino turístico, y Cuando el frío no está en las cobijas.
Defensoría: Situación del país en materia de seguridad, salud, educación y atención de la pobreza es crítica
Costa Rica viene atravesando por circunstancias críticas desde hace varios años, principalmente en materia de seguridad, educación, salud y atención de la pobreza, que genera un riesgo alto para el respeto de los derechos de la población.
Para la Defensoría de los Habitantes, el Estado debe prestar no solo atención al estado de esta situación sino también fortalecer las acciones tendientes a luchar contra manifestaciones de violencia en distintos espacios de la vida cotidiana de las personas, y atender con prontitud, toda acción que procure discriminación y con ello, inequidad, desigualdad y la falta de igualdad de oportunidades.
La pobreza -medida por el método de ingresos, el método multidimensional o ambos métodos- afecta a más del 30% de la población costarricense, la cual también se ve agravadas, de una u otra forma, con recortes en la inversión social.
La seguridad ciudadana y la convivencia pacífica ha desmejorado desde el año 2015 y se originan cambios constantes en los lineamientos estratégicos de la institucionalidad que atiende el sector. En el año 2023, se registraron 907 homicidios (la mayor cantidad en la historia del país). Al 21 de marzo de 2024 se registran 200 homicidios. Mientras tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hace llamados urgentes al país, y de manera constante, por un fortalecimiento de su presupuesto.
A ello se suma que los flujos migratorios mixtos han sobrepasado las capacidades de la institucionalidad pública costarricense. Más de 400.000 personas cruzaron Costa Rica proveniente de otros países con crisis humanitarias sobrevenidas por complejas dinámicas socioeconómicas y políticas.
En materia de Educación, el panorama expuesto por el Estado de la Educación 2021 y 2023 es urgente de atender en campos como la calidad, el financiamiento, infraestructura, brecha digital, competencias lectoras de las y los estudiantes; el liderazgo pedagógico, ampliación de la cobertura del bilingüismo y el fortalecimiento de la educación técnica, entre muchos otros aspectos.
Las vulneraciones al derecho a la salud debido a las listas y tiempos de espera para procedimientos y exámenes médicos, los rezagos en infraestructura hospitalaria y del primer nivel de atención, así como el faltante de especialistas, entre otras situaciones. A ello se suma las diversas crisis de acceso al agua potable para consumo humano en diversas regiones del país, tanto en la Gran Área Metropolitana como en el resto del país.
“Costa Rica debe dar el paso en la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos a través del fortalecimiento de la institucionalidad en las comunidades, la participación activa de la sociedad civil organizada y la disponibilidad de recursos dirigidos a la inversión social”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Protestas de la comunidad de Campo Maripe contra la empresa estadounidense Chevron. Foto de la Confederación Mapuche de Neuquén en Argentina
Por Pablo Ruiz*
Un artículo firmado por Matías Bakit, publicado en el diario chileno El Mercurio, en febrero pasado, titulado “En la Era Boric-Milei: Por presión argentina, la relación bilateral da un giro hacia la seguridad”, debe llamar nuestra atención desde el punto de la defensa de los derechos humanos.
El artículo en cuestión señala la preocupación expresada por la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre el aumento del tráfico de drogas desde Chile hacia su país y la necesidad de fortalecer las fronteras. Hasta ahí todo bien; sin embargo, agregó una segunda preocupación.
«Espero que podamos trabajar coordinadamente ambos países y me preocupa sobremanera la situación de La Araucanía en Chile, porque también se derrama sobre la República Argentina”, señaló Bullrich.
Es conocido ya que el gobierno de Milei prometió “mano dura” o represión contra los cortes de calle, los que son muy propios de las manifestaciones sociales en Argentina y Chile.
¿Bullrich quiere conocer la experiencia chilena? ¿Aplicará también “mano dura” contra la lucha de los mapuche en Argentina?, está por verse.
En Chile y en Argentina, el “problema mapuche”, debería ser resuelto “políticamente” y se debería terminar con la lógica de la represión a las legítimas protestas de nuestros pueblos originarios. Se debe recordar que el pueblo mapuche existía mucho antes de la invasión española como de la fundación de nuestros Estados-naciones. Seguir desconociendo sus derechos, seguir con la represión, continuará siendo el sustento que alimenta la legítima resistencia de un pueblo que ha sido oprimido y despojado.
En Chile, desde el año 2021, bajo el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, hasta la fecha, una y otra vez, se ha prorrogado el estado de excepción constitucional de emergencia, en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. La autorización ha permitido el uso de militares en tareas de seguridad interior, de vigilancia y represivas, en la zona mapuche, sin lograr resolver el problema de fondo.
Volvamos al artículo de El Mercurio. Llama la atención también, el contenido del subtítulo “Medio Ambiente Transnacional”. En esta parte, señalan que el problema de la “seguridad” no es el único problema que preocupa “a los vecinos”; agregando que los empresarios argentinos, en especial del área energética, miran “con ojos intranquilos la creciente influencia de los movimientos medioambientales en Chile, que incluso consiguieron puestos en la Convención Constitucional”.
“La razón de esta inquietud -dice el artículo de El Mercurio- es que se trata de organizaciones que, por tradición, no trabajan de forma aislada en solo un país, sino que suelen cruzar las fronteras para enseñar sus modelos de acción en otros lugares”.
El artículo sindica a organizaciones como la Fundación Heinrich Boll, Fundación Terram, y Greenpeace de estar “expandiendo su influencia entre sus colegas de Argentina”; que “los casos más emblemáticos donde se notaría esta influencia serían (contra) el Proyecto Petrolífero y de Gas Natural Vaca Muerta” y que “en todos estos se ha visto un aumento de las manifestaciones y protestas de medioambientalistas”.
Si bien es cierto que el movimiento ambiental argentino ha estado movilizado y denunciando el impacto ambiental del Proyecto Petrolífero de Vaca Muerta, donde están comprometidos capitales noruegos, entre otros, el artículo no explica las razones legítimas de las protestas.
“El proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio”, señaló el Foro para la Conservación del Mar Patagónico.
Tampoco señala el artículo que en Vaca Muerta también existe un conflicto territorial con las comunidades que están agrupadas en la Confederación Mapuche de Neuquén las que han realizado diversas protestas demandando los derechos que les otorga el Convenio 169 de la OIT. Entre estas, la comunidad de Campo Maripe ha realizado protestas contra la empresa estadounidense Chevron.
Por ejemplo, el reportaje “El petróleo no podrá correr a los mapuches de Vaca Muerta”, del periodista Ramiro Barreiro, da cuenta del impacto negativo que han tenido los proyectos extractivistas en las comunidades mapuche los que han producido desplazamiento y contaminación de los ríos.
“El fracking o fractura hidráulica que se opera en Vaca Muerta consume millones de litros de agua del río Neuquén para fracturar la roca y extraer el gas y petróleo y, cuando esa agua regresa a la tierra lo hace con metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros)”, denuncia dicho reportaje.
Por otro lado, en Neuquén, en la misma zona, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos dispone ya de una base militar supuestamente para “ayuda humanitaria”.
Lucas Arias, opositor a la presencia militar estadounidense, dijo, en Radio Gráfica, que la base norteamericana en Neuquén queda a diez kilómetros del aeropuerto “sobre la nueva ruta del petróleo, que lleva al corazón de Vaca Muerta, y justo en confluencia de dos caudalosos ríos que son el Limay y el Neuquén, sobre los que hay seis represas hidroeléctricas. No solo hay gas y petróleo, sino que también hay agua y minerales”.
Recursos, como sabemos, que le interesan a los Estados Unidos como lo expresó la misma Jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, en sus constantes visitas a Chile y Argentina. Visitas que también estimulan la venta de armas estadounidenses a nuestros países para que siga la carrera armamentista y la desconfianza entre nuestras naciones.
El artículo de El Mercurio también señala que en abril se realizará una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países y que se prevé, para este año, un nuevo encuentro de los Presidentes Milei y Boric.
En América Latina, está siendo común que a la par de los proyectos extractivistas se evidencie una mayor militarización de los espacios y criminalización de la protesta social.
Los ambientalistas, los mapuche, en Chile y en Argentina, las comunidades, no debieran ser “objeto” de preocupación policial de las autoridades por sus protestas. Más bien, los gobiernos deberían escuchar y atender los legítimos reclamos de las comunidades y sus organizaciones ya que la devastación, contaminación, y saqueo que realizan las empresas extractivistas de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes, representan en sí un verdadero problema de “seguridad” que tiene y tendrá graves consecuencias para nuestras naciones si no es atendido con urgencia y responsabilidad. Si se continúa privilegiando el “negocio” por sobre la vida, estaremos perdidos.
Es urgente también que Chile y Argentina tengan una política de seguridad y de defensa independiente de los Estados Unidos, de las grandes corporaciones, y de sus intereses. Una política que cuide y proteja de verdad nuestra soberanía territorial y, principalmente, nuestros bienes comunes. Que tenga enfoque en los derechos humanos, con atención en el cuidado de nuestra naturaleza, del medio ambiente, y de la seguridad humana.
* Pablo Ruiz, es periodista y parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile
La calidad en la formación de profesionales en servicios de salud va mucho más allá del impacto que tiene para el paciente mismo. Impacta, de manera relevante, no sólo los indicadores de salud de un país sino también los indicadores de productividad y la economía misma de la nación.
La vida larga y saludable, relevante parámetro en el índice de desarrollo humano de un país, se logra en otras cosas, si los profesionales en salud reciben una formación académica tal que, por un lado les brinde las habilidades suficientes para entender la importancia de promover los estados de vida saludable y por el otro, la capacidad para reconocer la enfermedad y consecuentemente las formas de tratarla y controlar sus complicaciones. Una nación que no es estricta en la formación de los recursos profesionales en salud está destinada a tener ciudadanos enfermos no diagnosticados, tratados tardíamente o de manera parcial, recibiendo múltiples medicamentos y en suma tratados erróneamente.
En mayo del 2019 la 72ª Asamblea Mundial de la Salud estableció el 17 de setiembre como fecha para celebrar el día mundial de la seguridad al paciente, como una forma de llamar la atención y crear políticas que permitan contrarrestar los 2.6 millones de muertes anuales producto de errores por parte del personal de la salud. (www.who.int). Dos millones seiscientos mil personas mueren todos los años en el mundo por errores que pueden ser adjudicados al personal de salud; esto es inaceptable. Consecuentemente, los estudiantes de medicina y las universidades que los forman deben estar preparados para que un ente externo y el Colegio de Médicos y Cirujanos, evalúen la capacidad cognitiva y habilidades de estos futuros profesionales y de esta manera asegurarnos calidad del futuro médico a punto de ejercer la profesión.
Una vez más, la ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA manifiesta su profunda preocupación por el estado de la educación médica en nuestro país, reflejado en los resultados del Examen de Conocimientos Médicos (ECOM). La ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA ha sido enfática en advertir los riesgos que la masificación de la educación médica ha generado en nuestro país; la falta de profesorado, la insuficiencia de campos clínicos formales, la falta de celo en la atención de las destrezas mínimas que un estudiante debe tener para pasar al siguiente nivel y la tolerancia en la graduación de estudiantes mal formados, debe corregirse. Hoy, los resultados del ECOM dejan poco espacio para la interpretación optimista: por un lado, los resultados de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (93.46% de aprobación), demuestran que con una buena calidad de enseñanza se puede formar adecuadamente a los futuros médicos. Por el otro, del total de estudiantes egresados en el país, sólo el 54.6% fueron capaces de aprobar dicho examen; sólo el 46.8% de los de los graduados en universidades privadas aprobaron el examen y de las 6 escuelas privadas nacionales con menos de 60% de aprobación, menos de 4 de cada 10 egresados aprobó el ECOM. Esto también es inaceptable.
Un proceso inmediato y riguroso de acompañamiento y evaluación formal a los centros de formación debe implementarse de inmediato con la finalidad de salvaguardad la salud y la seguridad de los pacientes.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Intercambiaba con mi buen amigo hondureño, el escritor Fabricio Estrada, sobre las irracionalidades de las élites de nuestros países. En un sin sentido palaciego, casi que, de apostilla, las diplomacias migratorias de Costa Rica y Honduras decidieron poner obstáculos a la movilidad entre ambos países.
En una medida desesperada para, supuestamente detener la escalada de violencia en Costa Rica atribuida en forma mayoritaria al funcionamiento de grupos criminales organizados, el gobierno costarricense adujo que buena parte de estos grupos contaban con ciudadanos hondureños en sus filas y por tal razón había que limitar su entrada.
Bajo esa premisa, y argumentando razones de seguridad nacional, impuso restricciones y condiciones para el ingreso y permanencia de personas provenientes de aquel país. Entre las solicitudes, se encuentran la visa consular y aportar un comprobante de medios económicos, que garanticen la subsistencia en el país.
En correspondencia recíproca, el gobierno hondureño también prefijó varios criterios que deberán cumplir los costarricenses para entrar en aquel país. Entre estos una certificación médica y una constancia de Interpol.
La relación entre seguridad y movilidad humana explica una tensión a escala global no resuelta aún, desde que se instaló como premisa de gestión migratoria luego de setiembre 11 de 2001 y se intensificó en la época de la pandemia.
En la región resulta recurrente la aplicación de ese esquema, que a todas luces suspende la premisa de la integración regional y la supedita a los entuertos y reacciones temperamentales de los actores y sectores que toman decisiones a los más altos niveles.
Al tiempo que esta reacción visceral ocurre y varias formas de movilidad quedan supeditadas entre ambos países, el corredor del tránsito para las migraciones venezolanas sigue produciéndose en Costa Rica, aún con sospechas de muchas acciones irregulares en el ámbito gubernamental que deberán ser aclaradas en el corto plazo.
La época de los chivos expiatorios está lejos de desaparecer. Hoy son los hondureños. Ayer los nicaragüenses, hace un siglo los armenios y gitanos. Convendría entonces repensar las categorías con las que nos imaginamos en el concierto global de los derechos humanos. Tenemos mucho que aprender todavía, como enunciar las causas estructurales del fenómeno de la violencia e identificar a sus reales actores causantes responsables, por ejemplo.
El 4 de setiembre se realizó el tercer foro académico titulado “Seguridad y Convivencia Democrática” del Posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con el Dr. José Manuel Arroyo, Ex Magistrado del Poder Judicial.
En primer lugar, el conferencista debate sobre el significado de la corrupción y los distintos usos e interpretaciones que le dan los ciudadanos. De esta forma, señala que se entiende por “corrupción” a casi cualquier cosa, que sea contraria a nuestros principios e ideologías, y que representa un ascendente religioso que liga esta noción a toda “falta” o “pecado”.
Asimismo, otra interpretación del concepto es aquella que ve como corrupto a quien es negligente o incompetente, a quien interpreta la ley de esta o aquella manera, que opina distinto, milita en filas de otro partido o profesa una ideología distinta a la nuestra.
De esta manera, el problema que se presenta es que se da una confusión en su significado y las personas terminan por “hacerle el juego” a los verdaderamente corruptos. Bajo esta lógica, no se hacen importantes diferencias entre unas conductas y otras:
Existen acciones de poca o insignificante lesividad social vs. otras conductas que terminan afectando seriamente la propiedad pública y el bien común.
El ciudadano de a pie que incumple un procedimiento o se salta la fila vs. el que fragua una importante evasión fiscal, abusa de su poder para apropiarse de bienes, servicios o dineros públicos, con un grave daño social.
Por ello, es fundamental, según el Doctor, distinguir entre el hecho real de graves actos de corrupción que deben ser denunciados, perseguidos y sancionados, y los montajes con propósitos político-partidarios, completamente falsos y perversos.
Tal y como lo habíamos anunciado, los niveles de violencia tienden a aumentar conforme disminuye el apoyo al presidente, ya que la población sufre una decepción más y una evidencia más del poco compromiso de la clase política con las miserias de la mayoría de la población.
Definitivamente la mayoría de los homicidios están asociados al crecimiento del narcotráfico. Pero también existe un problema creciente de violencia cultural que genera manifestaciones más allá del crimen organizado. Piénsese, por ejemplo, en los suicidios y en las muertes en accidentes de tránsito, que juntos superan la tasa de homicidios. O en los hechos de violencia en centros educativos que también la superan con creces como tasa poblacional.
Por otra parte, recuérdese que la relación entre la tasa de homicidios y el coeficiente Gini es de 0,70.
Entonces, es innegable que urgen mejores estrategias de seguridad; pero, por encima de esto, urge un mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población y mejores estrategias de socialización para una cultura de paz y convivencia. Cuando un pueblo se empobrece y pierde respeto al ordenamiento jurídico, necesariamente se hará más violento, pero también se sentirá más atraído hacia el crimen, incluyendo el narcotráfico.
Por eso, es un absoluto sinsentido el quitarle recursos a la educación para reforzar la seguridad. Pero también resulta irracional el generar más violencia con la excusa de controlarla.
Solo durante esta semana, he leído dos artículos que insisten en que Costa Rica no puede enfrentar al narcotráfico porque no tiene ejército y se compara a nuestro país con México y Colombia, como si esos países hubiesen logrado algún tipo de avance en el control de la violencia asociada al narcotráfico a través de la acción de sus ejércitos. Ni qué decir de los Estados Unidos, con el ejército más poderoso del mundo y con el mayor consumo de drogas por parte de su población.
Del mismo modo, en uno de los artículos que circularon esta semana se menciona también que nuestros parques nacionales son un obstáculo para la lucha contra el narcotráfico, mientras se promueve un nuevo megaproyecto turístico frente al Parque Nacional Santa Rosa.
Dentro de esta misma línea, la ANEP apoyó públicamente el abuso policial de hace dos semanas, en donde fueron brutalmente agredidas muchas personas frente a la Asamblea Legislativa, incluyendo profesores y estudiantes universitarios, una diputada, periodistas y varias activistas feministas. Según la ANEP, la censurable actuación de la policía se basaba, precisamente, en la necesidad de combatir el consumo de marihuana, aunque no se hubiese encontrado esta droga en ninguna de las personas detenidas y aunque el motivo de la manifestación fuera el rechazo a la violencia policial.
Ante la ola creciente de violencia, es entendible que surjan con mucha fuerza sentimientos asociados al miedo, al tiempo que también se genere mucho enojo ante la incapacidad del gobierno para enfrentar el problema.
Sin embargo, debemos ser muy prudentes al escoger las estrategias a seguir o a apoyar. El miedo puede llevarnos a aceptar políticas que a la postre generan más violencia, como el apoyo a un ejército o a la brutalidad policial. Del mismo modo, el enojo puede llevarnos a aprobar medidas autoritarias y agresivas, como las que sistemáticamente ha favorecido el gobierno actual, o a permitir en nosotros mismos actitudes y conductas violentas hacia nuestros familiares o vecinos o hacia sectores de población más vulnerables.
Pero tampoco es solución la paralización, la sumisión o la resignación. Debemos insistir en que la mejor estrategia para combatir la ola de violencia es el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población y el apoyo a los esfuerzos para una educación integral, de calidad y de amplia cobertura. Pero ese mejoramiento no vendrá jamás como iniciativa del gobierno, por lo que la mejor solución pasa por el trabajo organizado y activo de la población exigiendo y promoviendo estrategias de enfrentamiento de la violencia a través de la promoción de una cultura de paz y respeto y exigiendo mejores políticas de redistribución de la riqueza y mejores estrategias de prevención y combate a la corrupción y a la violencia en todas sus manifestaciones. El miedo y el enojo deben canalizarse hacia la participación política activa y propositiva y dirigida al beneficio de la gran mayoría de la población, con énfasis en los sectores más vulnerables.
