Skip to main content

Etiqueta: seguridad

Privatizar la seguridad, despojar lo humano: una lectura política de Robocop

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Es lo mejor de dos mundos. Los reflejos más rápidos, memoria de computadora y toda una vida de datos policiales de la calle. Es todo un placer presentarles a Robocop.
Robocop (1987)

La película de ciencia ficción Robocop, estrenada en 1987, nos invita a cuestionar premisas incómodas sobre la política de seguridad en cualquier sociedad: ¿es posible abandonar un enfoque de derechos para priorizar una “mano dura” que reprima y aísle a quienes rompen las reglas? ¿Qué aspectos deberíamos considerar para repensar las políticas de seguridad actuales, como las que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves en Costa Rica?

No es casual hablar de “política de (in)seguridad”. Este término señala una contradicción central: políticas que, en nombre de la seguridad, terminan desprotegiendo a buena parte de la población y vulnerando derechos fundamentales. No se trata de que falte seguridad, sino de una seguridad selectiva, excluyente y que beneficia al poder.

La historia de Robocop nos traslada a un futuro cercano, alrededor del año 2028, en una Detroit al borde del colapso social y financiero. Abrumada por el crimen y la falta de recursos, la ciudad entrega a la corporación Omni Consumer Products (OCP) el control de la policía. OCP busca reemplazar a los policías humanos por soluciones más eficientes y baratas. Su primer intento, el robot ED-209, fracasa de manera trágica al matar a un ejecutivo durante una demostración. Aprovechando el error, Bob Morton, un ambicioso ejecutivo, lanza su propio proyecto: Robocop.

El oficial Alex Murphy es asignado a una nueva comisaría y, junto con su compañera Anne Lewis, persigue a una banda criminal liderada por Clarence Boddicker. Durante una emboscada, Murphy es brutalmente asesinado. Su cuerpo es usado por OCP para crear a Robocop, un cyborg programado con tres directrices: servir al interés público, proteger a los inocentes y hacer cumplir la ley. Sin embargo, hay una cuarta directriz secreta que le prohíbe actuar contra los altos ejecutivos de OCP, dejando en evidencia una estructura de impunidad.

Al principio, Robocop actúa como una máquina eficiente, sin recuerdos ni emociones humanas. Pero poco a poco, fragmentos de la memoria de Murphy emergen, llevándolo a cuestionar su identidad y rebelarse contra quienes lo controlan. Este proceso simboliza la recuperación de la conciencia y la resistencia ante un sistema que despoja a las personas de su humanidad en nombre de la eficiencia y el control.

Hoy, en Costa Rica, vemos lógicas similares. La propuesta de construir una megacárcel —como la que anunció el presidente Chaves en febrero de 2024 para una zona aún no definida, con capacidad para miles de personas privadas de libertad— apunta a una respuesta basada en la expansión del castigo, en lugar de atender las causas sociales que alimentan la criminalidad. Mientras tanto, las políticas sociales quedan subordinadas a enfoques asistencialistas o al discurso de que cada persona debe “emprender” y resolver su situación por sí misma, frente al abandono del Estado.

Esta visión ignora a las personas como sujetos de derechos y desatiende las vivencias que explican por qué se descompone el tejido social. En su lugar, se glorifican las estadísticas de represión como si fueran logros. Pero este tipo de políticas va erosionando la vida en común, y abren la puerta a aplicar “estados de excepción” —es decir, situaciones donde las autoridades pueden suspender derechos o aplicar medidas extraordinarias— contra cualquier persona que el poder considere prescindible.

Así, la seguridad deja de ser un derecho y se convierte en una herramienta para disciplinar. No solo busca disuadir delitos, sino inducir obediencia mediante el miedo y la fuerza física. Se normaliza el despojo de derechos en nombre del orden. La gran pregunta es: ¿cuál es el costo moral y social de esta deriva?

El daño más profundo es la pérdida de la experiencia humana como base de la política. Cuando dejamos de comprender, dialogar y construir soluciones colectivas, debilitamos también la capacidad de transformar las causas de la inseguridad, la desconfianza o la indiferencia.

La caída de esta “utopía” tecnológica en Robocop ocurre cuando el propio protagonista, recuperando la conciencia de Murphy, decide actuar contra el sistema. Comprende las contradicciones que genera una seguridad privatizada y solo, a través de su humanidad, puede imaginar otra forma de proteger. Una seguridad que devuelve al ser humano su lugar en las decisiones y cuestiona el privilegio en una sociedad privatizada.

La pregunta que nos deja esta historia no solo apunta al futuro, sino al presente: ¿qué tipo de seguridad estamos construyendo hoy? ¿Queremos una seguridad que administre el miedo o una que fortalezca la vida común desde la justicia, la memoria y el derecho a existir plenamente?

Si aspiramos a una sociedad más justa y segura, no basta con más policías o más cárceles. Necesitamos políticas que partan de la dignidad humana, que atiendan las causas profundas y que, como Robocop al recuperar su conciencia, se atrevan a romper con las lógicas que despojan lo humano en nombre del control.

Esfuerzo pluralista no partidario propone Agenda Viva para reconstruir Costa Rica

Este miércoles 19 de marzo, -víspera de la celebración del 169 aniversario de la Batalla de Santa Rosa-, el equipo coordinador de Agenda Viva presentó una síntesis de las más de 200 propuestas para reconstruir Costa Rica.

El saludo inicial estuvo a cargo de doña Elizabeth Odio Benito, primera mujer en ocupar un cargo docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exvicepresidenta de la Corte Penal Internacional, luchadora contra la violencia hacia la mujer, exvicepresidenta de la República en el periodo 1998-2002, y exministra de Justicia en dos gobiernos, así como de Ambiente y Energía en otro periodo. También fue Procuradora General de la República.

Luego de su exposición se procedió a compartir los puntos clave de la Agenda Viva, cuyo documento completo está disponible para descargar desde este enlace.

SURCOS comparte el comunicado íntegro de Agenda Viva, esfuerzo pluralista no partidario y por tanto sin fines electorales.

Con más de 200 propuestas agenda viva reta a fuerzas políticas y sectores a reconstruir Costa Rica

  • Temáticas son seguridad, salud, educación, desarrollo humano, ambiente, agricultura, economía, cultura, deporte, género y gobernanza.

  • Se desprenden 9 consignas que atienden las prioridades actuales del país.

  • Documento está al servicio del país, partidos políticos y organizaciones que quieran sentarse a dialogar y tomarlo para crear una gran alianza nacional de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

  • Presentación se realizó en el COLPER en el que participaron más de 160 personas.

Marzo, 2025. A través de un documento con más de 200 propuestas Agenda Viva, lanzó el reto de sentarse a reconstruir en conjunto a Costa Rica. El compilado refleja el trabajo de más de 120 personas alrededor de 11 temas que buscan solucionar la crisis sin precedentes que atraviesa el país.

En medio de la ingobernabilidad, la polarización y los discursos de odio surge este llamado abierto y urgente a los partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanía en general para construir coaliciones y acuerdos mínimos que devuelvan la esperanza al país.

La presentación pública de la Agenda Viva se realizó en el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación (COLPER) en un evento en el que participaron más de 160 personas, entre las que destacaron miembros del Poder Legislativo, Judicial, partidos políticos, candidatos y precandidatos presidenciales, movimientos sociales, Colegios Profesionales, Cámaras, líderes de opinión y ciudadanos independientes.

«Este documento más que un diagnóstico; es un compromiso. No es una propuesta estática, sino un punto de partida para un diálogo amplio, franco y urgente sobre el futuro del país. No podemos esperar más, llegó la hora de colocarnos del lado correcto de la historia y destacar en el concierto de las naciones», afirma Emilio Arias, del grupo coordinador de Agenda Viva.

Si bien el documento almacena más de 200 propuestas en las temáticas de seguridad y narcotráfico, salud, educación, desarrollo humano, ambiente, agricultura, desarrollo económico, cultura, deporte, género, gobernanza democrática y reformas electorales, y desarrollo económico y social; el movimiento social enumeró 9 consignas que son los temas prioritarios que necesita abordar el país en este momento:

  1. La inseguridad ciudadana, la corrupción, el narcotráfico y las distintas formas de violencia, en especial contra las mujeres, están fuera de control, es necesario declararlo una emergencia de atención inmediata.

  2. La educación atraviesa una crisis sin precedentes. Es necesario declararla emergencia nacional para su atención y construir una política educativa de estado y a largo plazo.

  3. El sistema de salud está en estado crítico, debemos garantizar acceso oportuno a los servicios de salud, calidad en la atención, en los medicamentos, en los insumos críticos, la infraestructura local y nacional, así como condiciones dignas para la población trabajadora del sistema.

  4. Todas las personas tenemos derecho a una pensión justa y digna. Nos oponemos al aumento de la edad de jubilación. Creemos en una pensión básica universal para todas las personas adultas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. El estado debe pagar sus deudas y es necesario concertar acciones urgentes para fortalecer el sistema nacional de pensiones.

  5. Debemos proteger nuestros recursos naturales y la marca país. Rechazamos la minería a cielo abierto, así como la explotación petrolera y de gas natural. Nos comprometemos con la conservación de humedales, la vida silvestre y el uso responsable de la energía, asegurando su beneficio para todos. Que la conservación ambiental siga distinguiendo a Costa Rica.

  6. El agua potable es un derecho y no un privilegio. Es imperativo asegurar agua potable para todos y todas en la ciudad y en las zonas rurales.

  7. Vivimos una crisis de movilidad sin precedentes, la planificación del transporte público está frenada. Es urgente apostar por la movilidad sostenible, inclusiva y segura. La electrificación del transporte público, la descarbonización y por los principales proyectos de infraestructura en carreteras, puertos y aeropuertos.

  8. Para hacer las grandes transformaciones debemos concertar una reforma tributaria verdaderamente progresiva, donde quien más tiene más pague, redefinir las prioridades de inversión, cobrar de manera eficiente los impuestos, renegociar la deuda pública y atacar frontalmente la evasión y la elusión.

  9. Debemos proteger sin distinción a niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas en situación de discapacidad, personas mayores, entre otros, especialmente aquellas en situación de pobreza y vulnerabilidad

“El diagnóstico nacional que hace Agenda Viva y las soluciones que proponen nacen de la experiencia, de las preocupaciones, de la necesidad de un pueblo que ve cómo el país se nos está escapando de las manos. Estas consignas y propuestas son nuestra fórmula para hacer honor a la tradición democrática que define a Costa Rica”, mencionó Ana Virginia Calzada, del tema de Seguridad, Narcotráfico y Violencia.

Documento al servicio del país

Agenda Viva es un compromiso con la reconstrucción nacional y una invitación a dejar de lado la indiferencia, por lo que, a partir de este miércoles 19 de marzo, el documento está al servicio del país y de los partidos políticos y organizaciones que quieran sentarse a dialogar y a tomarlo para crear una gran alianza nacional de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

“Costa Rica ha superado grandes desafíos en su historia, y esta no será la excepción. Agenda Viva es una señal de que la unión y el compromiso aún pueden cambiar el rumbo del país. Tenemos la capacidad de reconstruir una nación más justa, solidaria y segura. Esta es una invitación a sumar esfuerzos, a creer en un futuro posible y a actuar con determinación. El momento es ahora”, afirmó Yamileth Astorga, de la mesa de Ambiente.

El colectivo Agenda Viva nace en agosto 2024 para crear un documento base con soluciones para el país, hecho por personas que se han desempeñado en cargos públicos, liderazgos comunales, de la academia y sector privado.

Resumen Agenda Viva

Presentación para exponer

Entrevista con ex director del Servicio Nacional de Guardacostas en el marco de retos en seguridad

El pasado lunes 14 de octubre del 2024, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados le hizo una entrevista a Martin Arias Araya, el ex director del Servicio Nacional de Guardacostas, al igual que ex viceministro de seguridad, alrededor del tema de la seguridad, especialmente en las áreas periféricas, y los retos que se presentan en torno a la administración actual.

El ex funcionario expresó preocupación sobre las decisiones de cerrar varios departamentos especiales de Guardacostas y dejar la labor de seguridad solamente a la Fuerza Pública, lo cual pone la seguridad en desventaja contra el narcotráfico.

También, comentó sobre la lamentable situación del gobierno actual en términos de seguridad, con cada vez más violencia en las calles, resaltando la labor en decadencia que ha estado llevando a cabo en esta área la administración actual, al contrario de las anteriores, citando el ejemplo 2011-2014 .

Durante la administración de Arias Araya, él habla sobre cómo los planes estratégicos, y estudios que se proponen daban resultados, no obstante en esta administración, no se sabe si estos están presentes, o si es una “improvisación, para salir del paso”.

Finalmente, resalta la importancia de la credibilidad de la institución de la policía, y cómo esta podría ser socavada por juegos políticos que manchen la integridad de estas instituciones que, bajo derecho constitucional, no pueden participar o tener tendencias políticas a un partido, o a cualquier influencia que no sea la defensa de seguridad.

Le invitamos a ver la entrevista completa, la cual aporta información relevante acerca de la situación tan delicada en torno a la seguridad en nuestro país.

Costa Rica: Un gobierno que se olvidó de lo social, la educación, la salud y la seguridad

Gabriela Bolaños

Gabriela Bolaños

En los últimos años, Costa Rica ha sido un faro de estabilidad y bienestar en América Central, conocido por su compromiso con la educación, la salud y la seguridad social. Sin embargo, en la actualidad, muchos ciudadanos sienten que su país se está desmoronando bajo el peso de un gobierno que parece haber olvidado sus responsabilidades fundamentales. La crisis en los sectores sociales, educativos, de salud y de seguridad es evidente y alarmante, y plantea serias preguntas sobre el futuro del país.

La educación: un pilar en peligro

Históricamente, Costa Rica ha sido un ejemplo a seguir en términos de educación. Con una inversión significativa en este sector, el país logró tasas de alfabetización superiores al 97% y una educación pública accesible para todos. Sin embargo, en los últimos años, los recortes presupuestarios y la falta de inversión han comenzado a socavar este pilar fundamental.

Las escuelas públicas enfrentan una escasez de recursos, lo que se traduce en infraestructuras deterioradas, falta de materiales didácticos y una creciente carga de trabajo para los docentes. Muchos educadores se sienten desmotivados y subpagados, lo que afecta directamente la calidad de la enseñanza. La brecha entre la educación pública y privada se amplía, dejando a los estudiantes más vulnerables en una situación de desventaja.

La salud: un sistema en crisis

El sistema de salud costarricense ha sido durante mucho tiempo un modelo en la región, pero actualmente se enfrenta a desafíos sin precedentes. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), responsable de la atención médica pública, se encuentra al borde del colapso. La falta de personal médico, el aumento de las listas de espera y la escasez de medicamentos son solo algunas de las preocupaciones que han surgido en los últimos años.

Los recortes en el presupuesto de salud y la falta de atención a las necesidades de los trabajadores de la salud han llevado a un agotamiento generalizado en el sector. Los médicos y enfermeras, que antes eran considerados héroes, ahora enfrentan condiciones laborales precarias y salarios que no reflejan su arduo trabajo. La pandemia de COVID-19 expuso aún más las debilidades del sistema, y muchas personas ahora se sienten desamparadas al buscar atención médica.

La seguridad: un reto creciente

La seguridad ha sido otra área donde el gobierno ha fallado en brindar la protección que los ciudadanos merecen. A medida que la delincuencia y la violencia han aumentado, muchos costarricenses sienten que su seguridad está en peligro. Las estadísticas de criminalidad han mostrado un incremento alarmante en delitos como el robo, el narcotráfico y la violencia doméstica.

La falta de recursos para las fuerzas policiales y la ineficacia de las políticas de seguridad han dejado a la población vulnerable. Los ciudadanos se sienten cada vez más inseguros en sus comunidades, lo que ha llevado a un aumento en la percepción de que el gobierno ha perdido el control sobre la situación. La falta de confianza en las instituciones de seguridad ha generado un ciclo de miedo y desesperación.

Un gobierno desconectado

La desconexión entre el gobierno y la ciudadanía es palpable. Muchos costarricenses sienten que sus voces no son escuchadas y que sus necesidades no son atendidas. Las promesas de campaña sobre mejoras en la educación, la salud y la seguridad han quedado en el aire, y la frustración ha llevado a un creciente descontento social. Las protestas y manifestaciones han aumentado, reflejando un llamado a la acción por parte de un pueblo que ya no puede soportar la falta de atención a sus problemas más apremiantes.

El gobierno, en lugar de abordar estas preocupaciones, parece centrarse en intereses políticos y económicos que no benefician a la población en general. Las decisiones son tomadas sin consultar a los ciudadanos, y los recursos se distribuyen de manera desigual, favoreciendo a unos pocos en detrimento de la mayoría.

La esperanza de un cambio

A pesar de la situación actual, los costarricenses no han perdido la esperanza. La sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios están trabajando arduamente para abordar estos problemas y buscar soluciones. La educación, la salud y la seguridad son derechos fundamentales que deben ser garantizados para todos, y la presión sobre el gobierno para que cumpla con sus responsabilidades es más fuerte que nunca.

La participación activa de los ciudadanos en la política y en la toma de decisiones es crucial para revertir esta tendencia. Es necesario que el pueblo exija rendición de cuentas y que los líderes políticos se comprometan a priorizar el bienestar social por encima de intereses personales o partidistas.

Conclusión

Costa Rica se encuentra en un punto crítico. Un gobierno que se ha olvidado de lo social, la educación, la salud y la seguridad está poniendo en riesgo el futuro del país. La crisis en estos sectores no solo afecta a las generaciones actuales, sino que también amenaza el legado de bienestar y paz que Costa Rica ha construido a lo largo de los años. Es hora de que el gobierno escuche a su pueblo y actúe con urgencia para restaurar la confianza y asegurar un futuro mejor para todos los costarricenses. La historia de Costa Rica no tiene por qué ser una de desesperanza; con un compromiso renovado hacia lo social, el país puede recuperar su rumbo y seguir siendo un ejemplo en la región.

Índice de Desarrollo Social 2023 – MIDEPLAN

El Índice de Desarrollo Social (IDS) es una medida que evalúa el bienestar y progreso de una sociedad en diversos aspectos, como la salud, la educación, lo económico, la seguridad y participación electoral. El IDS es importante por varias razones:

  • Medición del progreso social: El IDS proporciona una evaluación integral del desarrollo social en Costa Rica, lo que permite a los responsables políticos y a la sociedad en general comprender mejor el estado actual y las tendencias del bienestar social en el país.
  • Guía para políticas públicas: Con base en el IDS, se pueden identificar áreas de mejora y diseñar políticas públicas más efectivas y focalizadas para abordar los problemas sociales prioritarios, como la pobreza, la desigualdad, la salud pública y la educación.
  • Atracción de inversión y turismo: Un alto nivel de desarrollo social puede ser atractivo para inversores y turistas, ya que indica un entorno favorable para la calidad de vida y el bienestar general de la población. Esto puede impulsar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad a largo plazo.
  • Bienestar de la población: El IDS no sólo se trata de números y estadísticas, sino que también refleja la calidad de vida de las personas. Un alto IDS implica mejores condiciones de vida, acceso a servicios básicos, oportunidades de educación y empleo, y una sociedad más inclusiva y equitativa en general.

En este reporte se presentan los resultados del cálculo del IDS 2023, donde se exploran los cambios del 2023 en comparación con el 2017, cuando se realizó el estudio anterior. 

Tomando en cuenta los indicadores que se utilizan para el cálculo del IDS, se llegaron a las siguientes conclusiones para los distritos:

  • Distritos clasificados igual: 308 (63,8%) repiten quintil.
  • Distritos suben de quintil:   92 (19,0%) mejoran la condición de quintil.
  • Distritos bajan de quintil: 83 (17,2%) desmejoran la condición de quintil.

También para el caso de los distritos se calcularon las áreas con mayot y menor desarrollo relativo, y se obtuvieron las siguientes conclusiones:

  • Mayor Desarrollo Relativo (123 distritos): Cerca del 70% de los distritos se ubican en las provincias de San José y Heredia. 
  • Nivel Medio (182): Cerca del 75% de los distritos se encuentran en las provincias de Alajuela, San José y Cartago.
  • Nivel Bajo (127): Encabezada por los distritos de Guanacaste, seguidas por Puntarenas y San José, en donde se ubican la mayor cantidad de distritos.
  • Nivel Muy Bajo (58): Liderada por la provincia de Limón, seguida por Puntarenas y Alajuela.

Para el caso de los cantones se obtuvieron las siguientes conclusiones generales:

  • Heredia con alto nivel de desarrollo social. 
  • Guanacaste, Puntarenas y Limón  con brechas de desarrollo. 
  • Alajuela heterogénea. 
  • Correlaciones positivas al desarrollo.
  • Condiciones socioeconómicas no varían. 
  • Heterogeneidad en el desarrollo cantonal. Necesidad de considerar PEN en futuros planes regionales.
  • Persistencia de desigualdades regionales. 

El reporte lo puede ver a detalle en el siguiente PDF.

Informe crítico sobre inseguridad y desarrollo turístico e inmobiliario en el litoral de Guanacaste

Informe crítico sobre inseguridad y desarrollo turístico e inmobiliario en el litoral de Guanacaste según datos de 2023 ¿amenazas al desarrollo o producto de un modelo de desarrollo desigual? 

Un texto escrito por Esteban Barboza Núñez y publicado en el 2024 por el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible, de la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA), en su introducción menciona que el tema de la seguridad en el turismo siempre ha ocupado un lugar preponderante en la agenda de los Estados, los inversionistas, los desarrolladores, y los turistas mismos.

Atentados terroristas, epidemias, pandemias, guerras, desastres naturales, delincuencia, crimen organizado, y otros eventos inusitados pueden tener graves consecuencias adversas en un destino turístico específico, o bien a nivel sistémico, señala el informe.

Agrega que un destino sin turistas no puede funcionar; y la inseguridad o una imagen negativa en ese rubro definitivamente tienen efectos devastadores en el destino como tal, debido a la disminución drástica de turistas e inversionistas (Boyakye, 2010).

A partir de estas premisas, continúa el autor, el objetivo de este informe crítico es explorar la relación entre seguridad y exclusión en el sistema turístico del litoral de la provincia de Guanacaste, en el noroeste de Costa Rica, a partir del análisis de los principales índices de inseguridad del año 2023, según el Organismo de Investigación Judicial.  Para conseguir tal objetivo, en primera instancia se revisa y discute los principales indicadores y estadísticas de criminalidad en la región para el año 2023, un año récord en homicidios, robos, hurtos y asaltos, entre otros delitos. 

Entre los capítulos de este texto del investigador y académico de la UNA Esteban Barboza Núñez, se encuentran: Seis indicadores de inseguridad, Seguridad y turismo, La construcción del litoral guanacasteco como destino turístico, y Cuando el frío no está en las cobijas.

Le invitamos a descargar el documento compartido con SURCOS por el autor.

Amenaza de regresividad de derechos desvela al país

Defensoría: Situación del país en materia de seguridad, salud, educación y atención de la pobreza es crítica

Costa Rica viene atravesando por circunstancias críticas desde hace varios años, principalmente en materia de seguridad, educación, salud y atención de la pobreza, que genera un riesgo alto para el respeto de los derechos de la población.

Para la Defensoría de los Habitantes, el Estado debe prestar no solo atención al estado de esta situación sino también fortalecer las acciones tendientes a luchar contra manifestaciones de violencia en distintos espacios de la vida cotidiana de las personas, y atender con prontitud, toda acción que procure discriminación y con ello, inequidad, desigualdad y la falta de igualdad de oportunidades.

La pobreza -medida por el método de ingresos, el método multidimensional o ambos métodos- afecta a más del 30% de la población costarricense, la cual también se ve agravadas, de una u otra forma, con recortes en la inversión social.

La seguridad ciudadana y la convivencia pacífica ha desmejorado desde el año 2015 y se originan cambios constantes en los lineamientos estratégicos de la institucionalidad que atiende el sector. En el año 2023, se registraron 907 homicidios (la mayor cantidad en la historia del país). Al 21 de marzo de 2024 se registran 200 homicidios. Mientras tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hace llamados urgentes al país, y de manera constante, por un fortalecimiento de su presupuesto.

A ello se suma que los flujos migratorios mixtos han sobrepasado las capacidades de la institucionalidad pública costarricense. Más de 400.000 personas cruzaron Costa Rica proveniente de otros países con crisis humanitarias sobrevenidas por complejas dinámicas socioeconómicas y políticas.

En materia de Educación, el panorama expuesto por el Estado de la Educación 2021 y 2023 es urgente de atender en campos como la calidad, el financiamiento, infraestructura, brecha digital, competencias lectoras de las y los estudiantes; el liderazgo pedagógico, ampliación de la cobertura del bilingüismo y el fortalecimiento de la educación técnica, entre muchos otros aspectos.

Las vulneraciones al derecho a la salud debido a las listas y tiempos de espera para procedimientos y exámenes médicos, los rezagos en infraestructura hospitalaria y del primer nivel de atención, así como el faltante de especialistas, entre otras situaciones. A ello se suma las diversas crisis de acceso al agua potable para consumo humano en diversas regiones del país, tanto en la Gran Área Metropolitana como en el resto del país.

“Costa Rica debe dar el paso en la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos a través del fortalecimiento de la institucionalidad en las comunidades, la participación activa de la sociedad civil organizada y la disponibilidad de recursos dirigidos a la inversión social”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Chile-Argentina: Seguridad y Criminalización

Protestas de la comunidad de Campo Maripe contra la empresa estadounidense Chevron. Foto de la Confederación Mapuche de Neuquén en Argentina

Por Pablo Ruiz*

Un artículo firmado por Matías Bakit, publicado en el diario chileno El Mercurio, en febrero pasado, titulado “En la Era Boric-Milei: Por presión argentina, la relación bilateral da un giro hacia la seguridad”, debe llamar nuestra atención desde el punto de la defensa de los derechos humanos.

El artículo en cuestión señala la preocupación expresada por la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre el aumento del tráfico de drogas desde Chile hacia su país y la necesidad de fortalecer las fronteras. Hasta ahí todo bien; sin embargo, agregó una segunda preocupación.

«Espero que podamos trabajar coordinadamente ambos países y me preocupa sobremanera la situación de La Araucanía en Chile, porque también se derrama sobre la República Argentina”, señaló Bullrich.

Es conocido ya que el gobierno de Milei prometió “mano dura” o represión contra los cortes de calle, los que son muy propios de las manifestaciones sociales en Argentina y Chile. 

¿Bullrich quiere conocer la experiencia chilena? ¿Aplicará también “mano dura” contra la lucha de los mapuche en Argentina?, está por verse. 

En Chile y en Argentina, el “problema mapuche”, debería ser resuelto “políticamente” y se debería terminar con la lógica de la represión a las legítimas protestas de nuestros pueblos originarios. Se debe recordar que el pueblo mapuche existía mucho antes de la invasión española como de la fundación de nuestros Estados-naciones. Seguir desconociendo sus derechos, seguir con la represión, continuará siendo el sustento que alimenta la legítima resistencia de un pueblo que ha sido oprimido y despojado. 

En Chile, desde el año 2021, bajo el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, hasta la fecha, una y otra vez, se ha prorrogado el estado de excepción constitucional de emergencia, en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. La autorización ha permitido el uso de militares en tareas de seguridad interior, de vigilancia y represivas, en la zona mapuche, sin lograr resolver el problema de fondo.

Volvamos al artículo de El Mercurio. Llama la atención también, el contenido del subtítulo “Medio Ambiente Transnacional”. En esta parte, señalan que el problema de la “seguridad” no es el único problema que preocupa “a los vecinos”; agregando que los empresarios argentinos, en especial del área energética, miran “con ojos intranquilos la creciente influencia de los movimientos medioambientales en Chile, que incluso consiguieron puestos en la Convención Constitucional”.

“La razón de esta inquietud -dice el artículo de El Mercurio- es que se trata de organizaciones que, por tradición, no trabajan de forma aislada en solo un país, sino que suelen cruzar las fronteras para enseñar sus modelos de acción en otros lugares”. 

El artículo sindica a organizaciones como la Fundación Heinrich Boll, Fundación Terram, y Greenpeace de estar “expandiendo su influencia entre sus colegas de Argentina”; que “los casos más emblemáticos donde se notaría esta influencia serían (contra) el Proyecto Petrolífero y de Gas Natural Vaca Muerta” y que “en todos estos se ha visto un aumento de las manifestaciones y protestas de medioambientalistas”. 

Si bien es cierto que el movimiento ambiental argentino ha estado movilizado y denunciando el impacto ambiental del Proyecto Petrolífero de Vaca Muerta, donde están comprometidos capitales noruegos, entre otros, el artículo no explica las razones legítimas de las protestas.

“El proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio”, señaló el Foro para la Conservación del Mar Patagónico.

Tampoco señala el artículo que en Vaca Muerta también existe un conflicto territorial con las comunidades que están agrupadas en la Confederación Mapuche de Neuquén las que han realizado diversas protestas demandando los derechos que les otorga el Convenio 169 de la OIT. Entre estas, la comunidad de Campo Maripe ha realizado protestas contra la empresa estadounidense Chevron.

Por ejemplo, el reportaje “El petróleo no podrá correr a los mapuches de Vaca Muerta”, del periodista Ramiro Barreiro, da cuenta del impacto negativo que han tenido los proyectos extractivistas en las comunidades mapuche los que han producido desplazamiento y contaminación de los ríos.

“El fracking o fractura hidráulica que se opera en Vaca Muerta consume millones de litros de agua del río Neuquén para fracturar la roca y extraer el gas y petróleo y, cuando esa agua regresa a la tierra lo hace con metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros)”, denuncia dicho reportaje. 

Por otro lado, en Neuquén, en la misma zona, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos dispone ya de una base militar supuestamente para “ayuda humanitaria”.

Lucas Arias, opositor a la presencia militar estadounidense, dijo, en Radio Gráfica, que la base norteamericana en Neuquén queda a diez kilómetros del aeropuerto “sobre la nueva ruta del petróleo, que lleva al corazón de Vaca Muerta, y justo en confluencia de dos caudalosos ríos que son el Limay y el Neuquén, sobre los que hay seis represas hidroeléctricas. No solo hay gas y petróleo, sino que también hay agua y minerales”. 

Recursos, como sabemos, que le interesan a los Estados Unidos como lo expresó la misma Jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, en sus constantes visitas a Chile y Argentina. Visitas que también estimulan la venta de armas estadounidenses a nuestros países para que siga la carrera armamentista y la desconfianza entre nuestras naciones.

El artículo de El Mercurio también señala que en abril se realizará una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países y que se prevé, para este año, un nuevo encuentro de los Presidentes Milei y Boric.

En América Latina, está siendo común que a la par de los proyectos extractivistas se evidencie una mayor militarización de los espacios y criminalización de la protesta social. 

Los ambientalistas, los mapuche, en Chile y en Argentina, las comunidades, no debieran ser “objeto” de preocupación policial de las autoridades por sus protestas. Más bien, los gobiernos deberían escuchar y atender los legítimos reclamos de las comunidades y sus organizaciones ya que la devastación, contaminación, y saqueo que realizan las empresas extractivistas de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes, representan en sí un verdadero problema de “seguridad” que tiene y tendrá graves consecuencias para nuestras naciones si no es atendido con urgencia y responsabilidad. Si se continúa privilegiando el “negocio” por sobre la vida, estaremos perdidos.

Es urgente también que Chile y Argentina tengan una política de seguridad y de defensa independiente de los Estados Unidos, de las grandes corporaciones, y de sus intereses. Una política que cuide y proteja de verdad nuestra soberanía territorial y, principalmente, nuestros bienes comunes. Que tenga enfoque en los derechos humanos, con atención en el cuidado de nuestra naturaleza, del medio ambiente, y de la seguridad humana. 

* Pablo Ruiz, es periodista y parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile

La calidad en la formación de profesionales de salud. Deficiencias en la formación

La calidad en la formación de profesionales en servicios de salud va mucho más allá del impacto que tiene para el paciente mismo. Impacta, de manera relevante, no sólo los indicadores de salud de un país sino también los indicadores de productividad y la economía misma de la nación.

La vida larga y saludable, relevante parámetro en el índice de desarrollo humano de un país, se logra en otras cosas, si los profesionales en salud reciben una formación académica tal que, por un lado les brinde las habilidades suficientes para entender la importancia de promover los estados de vida saludable y por el otro, la capacidad para reconocer la enfermedad y consecuentemente las formas de tratarla y controlar sus complicaciones. Una nación que no es estricta en la formación de los recursos profesionales en salud está destinada a tener ciudadanos enfermos no diagnosticados, tratados tardíamente o de manera parcial, recibiendo múltiples medicamentos y en suma tratados erróneamente.

En mayo del 2019 la 72ª Asamblea Mundial de la Salud estableció el 17 de setiembre como fecha para celebrar el día mundial de la seguridad al paciente, como una forma de llamar la atención y crear políticas que permitan contrarrestar los 2.6 millones de muertes anuales producto de errores por parte del personal de la salud. (www.who.int). Dos millones seiscientos mil personas mueren todos los años en el mundo por errores que pueden ser adjudicados al personal de salud; esto es inaceptable. Consecuentemente, los estudiantes de medicina y las universidades que los forman deben estar preparados para que un ente externo y el Colegio de Médicos y Cirujanos, evalúen la capacidad cognitiva y habilidades de estos futuros profesionales y de esta manera asegurarnos calidad del futuro médico a punto de ejercer la profesión.

Una vez más, la ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA manifiesta su profunda preocupación por el estado de la educación médica en nuestro país, reflejado en los resultados del Examen de Conocimientos Médicos (ECOM). La ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA ha sido enfática en advertir los riesgos que la masificación de la educación médica ha generado en nuestro país; la falta de profesorado, la insuficiencia de campos clínicos formales, la falta de celo en la atención de las destrezas mínimas que un estudiante debe tener para pasar al siguiente nivel y la tolerancia en la graduación de estudiantes mal formados, debe corregirse. Hoy, los resultados del ECOM dejan poco espacio para la interpretación optimista: por un lado, los resultados de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (93.46% de aprobación), demuestran que con una buena calidad de enseñanza se puede formar adecuadamente a los futuros médicos. Por el otro, del total de estudiantes egresados en el país, sólo el 54.6% fueron capaces de aprobar dicho examen; sólo el 46.8% de los de los graduados en universidades privadas aprobaron el examen y de las 6 escuelas privadas nacionales con menos de 60% de aprobación, menos de 4 de cada 10 egresados aprobó el ECOM. Esto también es inaceptable.

Un proceso inmediato y riguroso de acompañamiento y evaluación formal a los centros de formación debe implementarse de inmediato con la finalidad de salvaguardad la salud y la seguridad de los pacientes.

Academia Nacional de Medicina
22 de marzo de 2024

Compartido con SURCOS por ACANAMED.