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Etiqueta: SINAC

Comunidad denuncia tala injustificada que destruirá parte de bosque en Puerto Viejo de Talamanca

  • Movilización comunitaria este lunes 28 de abril.
  • SINAC indujo al juez a tomar una decisión desproporcionada.
  • AyA obligado a eliminar árboles de un parche de bosque

Bloqueverde (25-04-2025). Puerto Viejo, Talamanca – Un grupo de vecinas, vecinos y organizaciones ambientales del Caribe Sur se moviliza para frenar la tala de un grupo importante de árboles pertenecientes a un bosque ubicado en las inmediaciones de la planta de tratamiento del AyA en Puerto Viejo, en la calle conocida como «del Gueto«. La orden de tala fue emitida por el Juzgado Agrario de Limón (Exp. 24-000326-0465-AG) como parte de un proceso judicial, pero la comunidad denuncia que se trata de una medida desproporcionada, sin estudios técnicos formales, que pone en riesgo un ecosistema boscoso valioso.

Entre las especies que se pretende talar se encuentran guácimos y sangrillos, árboles nativos de gran tamaño que cumplen funciones clave para la biodiversidad local. Estos árboles forman parte de un bosque secundario maduro que se ubica dentro de una zona de protección de una quebrada y que alberga una gran diversidad de flora y fauna, entre ellas: aves, mariposas morfo, monos aulladores, perezosos (símbolo nacional de Costa Rica), martillas y una variedad de insectos polinizadores.

El guácimo es conocido por su rápido crecimiento, su capacidad para prosperar en suelos pobres y su gran valor para la fauna silvestre, ya que sus frutos son alimento para múltiples especies. Además, contribuye a mejorar la fertilidad del suelo y a capturar carbono. El sangrillo, por su parte, es típico de humedales y zonas inundables, y resulta especialmente vulnerable a alteraciones del terreno. Aunque no esté enfermo, su debilitamiento ocurre por la desecación de humedales; sin embargo, el SINAC suele autorizar su corta casi automáticamente, sin considerar estos factores ecológicos ni los impactos acumulados y sinérgicos sobre el ecosistema

Según la comunidad, no existe un informe técnico riguroso que justifique esta corta desmedida e injustificada. Su ejecución generará daños significativos al bosque y a su fauna. La resolución judicial se sustenta únicamente en un reconocimiento visual y verbal por parte del SINAC y el AyA, sin contemplar el impacto ambiental de largo plazo ni considerar alternativas como la poda dirigida o el manejo arbóreo especializado.

Vecinas y vecinos advierten que, dada la altura y el diámetro de los árboles, así como la densidad del sotobosque, su tala implicaría abrir brechas que destruirán muchas especies de vegetación secundaria. La caída de los árboles también afectaría gravemente el hábitat de aves, monos y otras formas de vida silvestre.

“Este tipo de bosques urbanos no solo tienen un valor estético o simbólico, sino que actúan como corredores biológicos, reguladores del microclima, protectores del recurso hídrico y refugio de biodiversidad. En Puerto Viejo, donde el desarrollo urbano avanza aceleradamente, cada árbol cuenta”, señala un artículo del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

El Observatorio también advierte que “otro aspecto crítico es la celeridad con que se autorizan las talas en nombre de la seguridad, mientras que los procesos para proteger ecosistemas, frenar intervenciones ilegales o restaurar áreas degradadas suelen enfrentarse a lentitud, trabas burocráticas o desinterés institucional”.

Incluso la vecina que interpuso la denuncia original ante el tribunal ha expresado que su intención nunca fue la tala completa del bosque, sino que se atendiera un riesgo puntual. No obstante, el SINAC indujo al juez a autorizar la eliminación total del parche boscoso, lo cual ha generado un fuerte rechazo comunitario.

La comunidad convoca a una movilización este lunes 28 de abril desde tempranas horas de la mañana en el sitio afectado, para exigir la suspensión de la tala y una revisión de la resolución judicial. Solicitan además una evaluación ambiental rigurosa, con participación de especialistas y actores locales. También piden que el AyA asuma su responsabilidad por la falta de mantenimiento en la finca, lo que contribuyó al deterioro de algunos árboles.

Para Bloqueverde, este conflicto recuerda lo sucedido con la tala ocurrida en el sector de Tirol, en San Rafael de Heredia, pero en esta ocasión se trata de especies nativas ubicadas en una zona de protección hídrica. Además, resulta especialmente alarmante que mientras el SINAC actúa con rapidez para autorizar la tala en zonas sensibles, permanece pasivo frente a la deforestación, el drenaje de humedales y la construcción, todas realizadas de manera ilegal en la finca conocida como “los Puckets”, dentro del Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita a la Contraloría auditoría de instituciones públicas

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal a la Contraloría General de la República para realizar una Auditoría Evaluativa Operativa en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Mediante el oficio AEL-00134-2025, con fecha del 31 de marzo de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la organización, dirigió a la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, una serie de observaciones sobre deficiencias en varias instituciones del sector público.

El documento señala cuatro áreas de preocupación: deficiencias en las auditorías internas y ejecución presupuestaria, nombramientos inadecuados en puestos clave, sustituciones basadas en criterios personales y nepotismo en cantones de bajo desarrollo.

Según indica la misiva, existe «nulo o deficiente accionar de las auditorías internas, pese a las obligaciones establecidas en la Ley de Control Interno», así como «prácticas que afectan la eficiencia, la transparencia y la idoneidad en la gestión pública».

La asociación cuestiona las subejecuciones presupuestarias e incumplimientos en materia sanitaria y ambiental atribuidos a las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía. También menciona como problemática la designación exclusiva de personal médico como directores de Áreas de Salud, excluyendo profesionales con formación más adecuada.

La auditoría solicitada busca evaluar el desempeño de las auditorías internas, analizar las prácticas de nombramiento, identificar causas de subejecuciones presupuestarias e incumplimientos, además de proponer enmiendas para corregir estas irregularidades.

El oficio fue enviado con copia a autoridades municipales de Siquirres, Matina, Talamanca y Limón, así como a personal de auditoría de distintas instituciones públicas.

Organización solicita información sobre situación del Sitio Ramsar Gandoca Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó información detallada sobre el Sitio Ramsar 783, Gandoca Manzanillo, y áreas asociadas en el cantón de Talamanca, mediante un oficio dirigido al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

El documento AEL-00120-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, fundamenta la solicitud en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, vigente desde noviembre de 2024, y hace referencia al Informe SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025.

En la solicitud enviada a David José Chavarría Morales, director ejecutivo del SINAC, y Rotney Piedra Chacón, encargado de Humedales, se requiere información específica sobre cuatro aspectos principales:

La organización pide las coordenadas oficiales y actualizadas del Sitio Ramsar 783, conforme se especifica en un oficio de enero de 2025. También solicita un informe sobre los ocupantes de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Talamanca, detallando si son personas físicas o jurídicas y su ubicación respecto a bosques o humedales.

El documento requiere además una descripción y delimitación de ríos y quebradas ubicadas en el litoral de Talamanca, así como un mapa descriptivo de todos los humedales oficialmente documentados en Playa Negra.

Según se indica en la carta, esta información es requerida para fines legales y para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

El documento fue remitido también a expedientes judiciales, diputados de la Comisión de Ambiente, la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Fiscalía Agrario Ambiental y la Alcaldía Municipal de Talamanca.

Adjuntamos dos documentos de referencia aportados por la organización. Les invitamos a descargarlos para conocer en detalle la información.

SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025.pdf

SINAC-SE-DE-0046-2025

Solicitan intervención urgente para proteger ecosistemas en Refugio Gandoca Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó la intervención coordinada de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes para proteger los bosques, humedales y manglares del sitio Ramsar 783 Gandoca Manzanillo.

Según documentos emitidos por la AEL, existen múltiples violaciones a las medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional a las doce horas cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, relacionadas con la protección de los bosques en la zona correspondiente a la resolución 2019-12745 del 10 de julio de 2019.

Marco Levy Virgo, presidente de la AEL, indicó que se han fraccionado bosques dentro de esta zona y persisten obras constructivas dentro de zonas boscosas, humedales y manglares, a pesar del ilegal cambio de uso del suelo.

«La ley 9223, impulsada en contra de los más elementales principios de ciencia y técnica, ha facilitado estos desarrollos, poniendo en riesgo el delicado ecosistema de la región», señaló Levy Virgo en su comunicación a las autoridades.

La AEL presentó un informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que detalla la situación actual y la urgencia de intervenir, así como el oficio SINAC-SE-PPC-320-2017, emitido el 28 de noviembre de 2017 por el entonces Jefe a.i. del Departamento de Prevención, Control y Protección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

En una segunda comunicación dirigida específicamente a la Defensora de los Habitantes y a la Contralora General, la AEL solicitó acciones coercitivas inmediatas contra la Administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca, ante lo que consideran un evidente incumplimiento de la resolución de seguimiento dictada por la Sala Constitucional.

La organización señaló que se han reportado actividades que contravienen las medidas cautelares establecidas para salvaguardar estos ecosistemas, incluyendo tala de árboles, construcción de pozos, desvíos de cauces de agua y drenaje de humedales.

La AEL solicitó específicamente tres acciones: medidas coercitivas inmediatas contra la Administradora del refugio, una investigación exhaustiva sobre las denuncias de incumplimiento de deberes y el presunto favorecimiento a desarrolladores ambientales, y la implementación de un mecanismo de supervisión permanente en el sitio Ramsar 783 y la zona boscosa afectada.

El presidente de la AEL enfatizó que la lentitud de los procesos legales en la vía ordinaria hace imperativa una acción rápida y efectiva para proteger el equilibrio ecológico y el bienestar de las generaciones futuras.

Cuestionan Plan Regulador Costero de Talamanca por riesgos a biodiversidad

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) presentó un comunicado advirtiendo sobre posibles daños ambientales en el Cantón de Talamanca mediante el Plan Regulador Costero.

Según el documento, el plan amenaza ecosistemas frágiles del Caribe Sur, incluyendo humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas. La asociación señala que el proyecto ignora la fragilidad ambiental de una zona que alberga el 2% de la biodiversidad mundial.

La Sala Constitucional emitió una resolución el 13 de marzo de 2025 que solicita a diversas autoridades de SINAC, INVU y la Municipalidad de Talamanca presentar informes detallados sobre el cumplimiento de una sentencia previa del 16 de febrero de 2024.

Entre las principales observaciones, la AEL destaca que:

  • El plan utiliza índices de fragilidad obsoletos basados en una delimitación del Patrimonio Natural del Estado del año 2017.

  • Una directriz ministerial obliga a funcionarios a respaldar la delimitación de 2017, desestimando estudios más recientes.

  • El proceso de consulta indígena, establecido por el Convenio 169 de la OIT, ha sido tratado como una mera formalidad.

La organización hace un llamado a la ciudadanía para defender el patrimonio natural y exigir transparencia en el desarrollo de proyectos que puedan afectar ecosistemas únicos.

Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, enfatizó la importancia de preservar la biodiversidad del Caribe Sur y asegurar un desarrollo sostenible que respete el entorno natural.

SURCOS comparte los siguientes documentos como referencia:

Sala ordena al SINAC INVU y Municipalidad de Talamanca prueba

Voto humedales

Fraccionamientos en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo originan solicitud de investigación

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó formalmente a las auditorías de la Municipalidad de Talamanca y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) una investigación coordinada sobre presuntos fraccionamientos ilegales en áreas boscosas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Según el oficio AEL-0097-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, estas acciones contravienen la sentencia N.º 2019-012745 de la Sala Constitucional, que en julio de 2019 declaró parcialmente inconstitucional la Ley N.º 9223 y ordenó al SINAC reincorporar al Refugio 188 hectáreas de bosque que habían sido desafectadas.

«Lejos de garantizar la conservación de estas áreas, el viceministro de Ambiente y Energía, Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, no niega la existencia de fraccionamientos dentro del Refugio, sino que traslada la responsabilidad al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo», denunció Levy Virgo.

La AEL señala una contradicción en los argumentos oficiales, pues mediante el oficio DU-040-02-2025, el INVU certificó que no autorizó dichos fraccionamientos, responsabilizando al Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC y a la Municipalidad de Talamanca.

La denuncia fue remitida también a la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General, la Fiscalía Ambiental y autoridades municipales, solicitando se investiguen los oficios emitidos por el viceministro de Ambiente y se determinen responsabilidades por la autorización de desarrollos inmobiliarios en zonas protegidas.

SURCOS comparte los siguientes documentos de referencia:

AEL-0050-2025

DVA-026-2025

DU-040-02-2025

AEL-0040-2025

DVA-006-2025

Agrónomo Jaime García denuncia desprotección de patrimonio en Reserva Natural Wessberg

El agrónomo y ambientalista Dr. Jaime Enrique García González presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) por la desprotección del patrimonio arqueológico ubicado en la Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg, en Montezuma de Cóbano, Puntarenas.

El recurso surge luego de que el Museo Nacional de Costa Rica confirmara la presencia de restos arqueológicos de culturas prehispánicas en dicha reserva, según consta en un informe técnico elaborado por los arqueólogos Felipe Solís Del Vecchio e Iván Alfaro Gálvez del Departamento de Antropología e Historia.

«El hallazgo incluye fragmentos de metates, cerámica y otros vestigios culturales con una antigüedad estimada entre los años 300 y 800 d.C., correspondientes al período Bagaces», detalla el informe INF MNCR-DAH-104-2024 del Museo Nacional, fechado el 1 de noviembre de 2024.

García denunció que, a pesar de la importancia del descubrimiento, el SINAC no ha tomado medidas adecuadas para proteger este patrimonio arqueológico ubicado en la reserva de 62 hectáreas.

«En el Plan General de Manejo de la RNANW realizado en 2013, ni siquiera se menciona el componente arqueológico, a pesar de que existen evidencias de que los fundadores de la reserva, Nicolás Wessberg y Karen Mogensen, conocían de la existencia de estos restos culturales», explicó García a SURCOS.

Según consta en la denuncia, el monumento arqueológico, ahora registrado oficialmente como «Nicolas Wessberg (P-1768 NW)», se encuentra disperso en un área aproximada de 3,000 metros cuadrados y está dividido en dos sectores con diferente concentración de materiales.

El arqueólogo Felipe Solís, uno de los autores del informe del Museo Nacional, señaló que «es posible que en tiempos prehispánicos el terreno se empleara como un área funeraria, aunque no se puede descartar que también existieran algunas casas en la zona».

Actualmente, la reserva carece de personal designado por el SINAC y es custodiada únicamente por voluntarios extranjeros. Esta situación preocupa a García, quien también presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presuntos actos de vandalismo ocurridos recientemente en la reserva. En imágenes se aprecia parte del deterioro de la edificación producto del descuido del ente responsable del cuido. Asimismo, algunas piezas arqueológicas.

El recurso de amparo busca que se ordene al SINAC implementar medidas efectivas para la conservación tanto del patrimonio natural como arqueológico de la reserva, creada mediante Decreto Ejecutivo N° 23701-MIRENEM del 10 de octubre de 1994.

Sala Constitucional ordena provisionalmente no cortar árboles en Punta Pelencho, Brasilito

Comunicado de la Asociación de Desarrollo Integral de Brasilito, Comité Punta Pelencho, Bandera Azul Ecológica Brasilito
Brasilito, Santa Cruz. 11 de marzo del 2025

En relación con la tala de árboles en Punta Pelencho, la cual responde a un acuerdo entre el desarrollador Cantomar y la Municipalidad de Santa Cruz, y en respuesta a un recurso de amparo, la Sala Constitucional ha emitido el día de hoy, martes 11 de marzo, una respuesta inicial mientras se analiza el fondo del asunto.

La Sala Constitucional ha ordenado, como medida cautelar, que no se realice ninguna tala y que se aclare si los árboles en cuestión se encuentran dentro de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) o un corredor biológico, así como confirmar si se trata de especies nativas o autóctonas del lugar.

La Sala ha notificado a la Municipalidad de Santa Cruz, SETENA, SINAC y el Área de Conservación Tempisque (ACT), otorgándoles un plazo de tres días para responder a los requerimientos y presentar la información solicitada.

La imposición de esta medida cautelar representa un avance significativo en la protección de estos árboles, los monos congo (especie en peligro de extinción que depende de ellos), así como de la biodiversidad de Punta Pelencho y el patrimonio cultural que representa este lugar para el disfrute de las generaciones presentes y futuras de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación y en defensa y disfrute de los bienes públicos.

Ahora corresponde a las instituciones públicas entregar la información solicitada por la Sala Constitucional, la cual procederá con el análisis de la situación para emitir una resolución. Esperamos que el proceso avance con transparencia y que se brinde claridad sobre los términos del convenio en cuestión.

Seguiremos atentos a los próximos pronunciamientos oficiales y reiteramos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, la participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales y el acceso a información pública.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Defensoría solicitó medida cautelar en caso Gandoca-Manzanillo

Ante reiterados incumplimientos a órdenes de la Sala Constitucional la petición se sustenta en un estudio jurídico de 86 páginas

La Defensoría de los Habitantes, como contralor de legalidad y garante de protección de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelado a nivel constitucional e internacional, acudió esta semana a la Sala Constitucional a presentar una solicitud de medida cautelar con ocasión de la gestión de seguimiento de cumplimiento de la sentencia 2019-012745, mediante la que se declaró inconstitucional la Ley número 9223 que afectaba de manera significativa los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

La petición contiene un análisis técnico-jurídico de 86 páginas que incluye todos los elementos probatorios que se requieren para la presentación del caso y la solicitud de la medida cautelar.

En esa sentencia del año 2019, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley número 9223. Esto sucedió cinco años después de haberse interpuesto la acción para su declaratoria, pues dicha acción fue presentada para su estudio desde el año 2014. Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad emitida por la Sala Constitucional y las órdenes expresamente giradas a distintos órganos del Poder Ejecutivo en la referida sentencia, al día de hoy se ha hecho caso omiso y no se ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Sala, según se constata en la sentencia número 26300-2024 dictada el 10 de setiembre de 2024, emitida en el marco de una gestión de desobediencia presentada ante el Tribunal Constitucional.

Han transcurrido 11 años aproximadamente desde que se inició con este tortuoso proceso sin obtener resultados tangibles y positivos. A partir de lo anterior, es que esta Defensoría, con sustento en la gestión de seguimiento de cumplimiento de la sentencia 2019-012745 que está conduciendo la Sala Constitucional, interpone una solicitud de medida cautelar dentro de esta etapa de ejecución, para que la decisión tomada por ese Tribunal no se quede en el papel, sino que tenga eficacia, en lo que aún se pueda conservar y proteger, pese a los daños que puedan haberse generado y se resguarde así el patrimonio natural de los y las habitantes”, afirmó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

A la fecha, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo no se encuentra debidamente delimitado y durante todo este tiempo han existido procesos de construcción en la zona, lo que ha ocasionado tala de árboles y el otorgamiento de al menos 952 permisos de aprovechamiento forestal entre los años 2014 a 2024, período marcado por la falta de certeza técnica y jurídica sobre la delimitación oficial de las zonas boscosas y los humedales de la zona.

Lo anterior sumado a la entrada en vigencia del Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, mismo que entre sus bases contempla el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, y que además no consideró todos los humedales enlistados en el documento denominado «Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítima Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca» de julio de 2021. Estos humedales habrían sido omitidos en la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 del 30 de junio de 2017, correspondiente a la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en Zona Marítima Terrestre del cantón de Talamanca, con lo que la delimitación establecida resulta inexacta y por ende, a la fecha, no se tiene certeza que se hayan considerado todas las zonas de bosque -Patrimonio Natural del Estado- que la Sala Constitucional ordenó proteger mediante la referida sentencia 2019-012745. Lo anterior se traduce en el otorgamiento de concesiones y la administración municipal, de zonas que podrían ser parte de ese patrimonio natural del Estado no susceptible de explotación e indebidamente intervenidas.

La medida cautelar se solicita pese a contar con el antecedente de intentos fallidos de otorgamiento por parte de este Tribunal de dichas medidas, que, con ocasión de distintos expedientes, han sido denegadas o incluso ignoradas por parte de esta Sala. A modo de ejemplo, se cita la resolución de las 13:37 horas del 22 de febrero de 2024 que da curso a la acción de inconstitucionalidad contra el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, el Plan Regulador Costero Talamanca Distrito-Cahuita y la Directriz número 09-2023. donde pese a haberse requerido la suspensión de los efectos de las normas impugnadas, la Sala optó por justificar técnicamente el por qué, la interposición de una acción de inconstitucionalidad, no suspende la eficacia y la aplicabilidad en general de las normas y denegar por ende lo solicitado; sin considerar, que aún de oficio, y como máximo garante de la tutela constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, valorando el daño ambiental concreto y potencial existente, puede y debe otorgar las medidas cautelares requeridas en una zona rica en recursos naturales, incluso en vías de extinción, como lo es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

No obstante, con ocasión de las medidas cautelares que fueron noticia la semana anterior otorgadas por la Sala Constitucional en la zona de El Tirol, en Heredia, y valorando lo señalado en la sentencia número 26300-2024 -donde se acredita el incumplimiento de la sentencia 2019-012745- por la Magistrada Alvarado Paniagua, quien destacó que al no haberse realizado la delimitación ni recuperación de las tierras del REGAMA, se deben tomar medidas para cumplir con la sentencia 2019-012745, esta Defensoría mira con esperanza la interposición de la presente solicitud y siguiendo el criterio de la Magistrada de cita, considera que lo urgente e impostergable, es que, mientras se realiza la delimitación mencionada, se deben evitar daños graves al ambiente y a los recursos de flora y fauna del Refugio. En virtud de lo anterior, la Defensoría solicitó:

a) Que la Municipalidad de Talamanca se abstenga de otorgar concesiones en la zona marítimo terrestre o permisos de construcción en la zona REGAMA y aledaños. Respecto a las concesiones y permisos ya otorgados, que se suspenda la ejecución en cabeza de sus titulares, de los efectos jurídicos de las autorizaciones en el sitio, sea la suspensión de cualquier construcción o explotación que esté en curso, hasta tanto no se definan de las 20,1 has de terrenos clasificados como bosque las que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre del RNVS Gandoca-Manzanillo y/o que se encuentran indebidamente contempladas en el Plan Regulador Costero con fines distintos al ambiental, tal y como ya lo ordenó esa Sala en Sentencia N° 2019-012745;

b) Que se suspenda la directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía que dispone que los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en Ley número 9223 –expulsada del ordenamiento jurídico por inconstitucional desde 2019 por esa Sala-, denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”;

c) Que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) suspenda el otorgamiento de permisos de corta y aprovechamiento forestal en las áreas de los siete bloques de bosque y sus aledaños que deben ser retornadas formal, material y normativamente al RNVS Gandoca-Manzanillo. Respecto a los permisos ya otorgados, que se suspenda de inmediato la ejecución en cabeza de sus titulares de los efectos jurídicos de las autorizaciones en el sitio, sea, la suspensión de cualquier aprovechamiento forestal o corta que se esté ejecutando.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Diputada Vanessa Castro impulsa ley para la conservación de arboretos en Costa Rica

La diputada socialcristiana Vanessa Castro presentó a la corriente legislativa el expediente 24.804, titulado “Ley de conservación de arboretos para la biodiversidad y educación ambiental”. Esta iniciativa tiene como propósito principal la protección de especies arbóreas amenazadas en el país, con el fin de contribuir a la conservación de la diversidad biológica de Costa Rica. Además, busca desarrollar espacios educativos y de sensibilización ambiental a través de los arboretos, los cuales estarán abiertos a ciudadanos de todas las edades y niveles educativos, promoviendo así una mayor conciencia sobre la importancia de la biodiversidad.

Otro de los objetivos fundamentales de la propuesta es fomentar el turismo científico y educativo, lo que a su vez contribuiría al desarrollo económico sostenible de diversas comunidades del país. Para garantizar la adecuada administración y mantenimiento de los arboretos, la responsabilidad recaerá en las municipalidades y en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Para ello, se creará un Fondo Verde, cuya función será financiar exclusivamente la creación, administración y mantenimiento de estos espacios. Dicho fondo será gestionado por el SINAC y recibirá aportes del Estado, donaciones nacionales e internacionales, así como contribuciones provenientes de alianzas público-privadas.

Asimismo, el proyecto de ley plantea la implementación de incentivos fiscales dirigidos a empresas que colaboren con la creación y mantenimiento de los arboretos mediante donaciones, patrocinios o convenios de cooperación. Estos beneficios incluirán deducciones tributarias sobre el impuesto sobre la renta y exenciones parciales del impuesto de bienes inmuebles, con el propósito de incentivar la participación del sector privado en la conservación ambiental.

La propuesta legislativa contó con el aporte de expertos en la materia, como el profesor Franklin Sandí Murillo, docente de biología en la Universidad de Costa Rica (UCR); la doctora Magda Cecilia Sandí, coordinadora de la Comisión de Memoria del Mundo de la UNESCO; y el consultor peruano en ecología y conservación Héctor Alexis Luque Machaca. Con este proyecto, Costa Rica reafirma su compromiso con la conservación ambiental y la educación, apostando por la integración de la ciencia, la biodiversidad y el desarrollo económico sostenible.

Información compartida con SURCOS por el despacho de la diputada Vanessa Castro.