A lo largo del mes de septiembre, se celebró el 47 aniversario del sindicato SITRAHSAN: sindicato que lucha por los derechos laborales de los trabajadores del Ministerio de Hacienda en Costa Rica.
Con base en principios como: claridad, dinamismo, solidaridad, eficiencia, respaldo, justicia y equidad, el sindicato reflexiona sobre sus logros y luchas ganadas. Señalan que la unión y organización es lo que les permite exigir respeto a su dignidad como personas trabajadoras y que sus condiciones laborales no se vean desmejoradas.
Señalan que seguirán trabajando en defensa de sus afiliados y el bienestar nacional mismo, combatiendo la corrupción, el contrabando, el fraude, la evasión y presentando denuncias ante MTSS, OIT, Corte IDH, entre otros, en pro de los derechos laborales.
A continuación podrá ver el video conmemorativo de su aniversario.
Se invita a sintonizar el programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, el próximo viernes 22 de julio a las 6:00 p.m.
En esta edición, se hablará sobre lo que es un sindicato y para qué sirve en la actualidad costarricense.
Como personas invitadas participarán:
Jouseth Chaves Rodríguez, miembro del Partido de los Trabajadores.
Martha Elena Rodríguez, vicepresidente de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y representante de las y los trabajadores del sector sindical.
Jorge Coronado Marroquín, sociólogo de la Universidad de Costa Rica y especialista en Economía Política de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Berlín, Alemania.
Manuel Hernández, abogado y libertario.
Se le invita a ver el programa vía Facebook Live, YouTube, o a escuchar el programa por Radio 16, 1590 AM.
Sus preguntas y comentarios son parte importante del programa; se le insta a realizarlas en la sección de comentarios de las distintas redes sociales de Alternativas.
SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa de ANEP:
Se deben romper tabúes: el sector financiero-bancario debe aportar pues la gente ya no tiene de donde 692 mil 853 millones de colones (692.853.000.000), es el monto pagado por concepto de intereses de la deuda pública durante los primeros tres meses del presente año 2022. Sin duda, escandaloso y obsceno pago. Son datos publicados por el propio Ministerio de Hacienda.
Tenemos, entonces que, en enero anterior, se pagaron por intereses de la deuda pública, 230 mil 951 millones de colones (230.951.000.000). Cifra exactamente igual se pagó en febrero y en marzo pasados.
En cuanto a lo recaudado por concepto de impuesto único a los combustibles, en el pasado mes de enero, el monto es de 68 mil millones de colones (68.000.000.000).
EL Gobierno está pegando el grito al cielo ante la posibilidad de que le quitaran este impuesto, en todo o en parte. Dice que le quedaría un hueco fiscal y que nadie le dice cómo lo llenaría (lástima que no está gritando lo debido por el pago de intereses de la deuda pública).
El monto total recaudado por concepto de impuesto a los combustibles es, apenas, un 30 % (29.44 %, para ser exactos), de lo que hubo que erogar para atender ese obsceno y escandaloso pago de intereses de la deuda pública.
Dicho de otra manera: Tanto el Gobierno como la Asamblea Legislativa pueden tomar medidas para aliviarle la carga a la población del país, especialmente la conformante de la clase trabajadora, tomando dineros del pago de intereses de la deuda pública para reducir, sustancialmente, la cruel carga tributaria sobre el precio de la gasolina y del diésel, principalmente.
Sin tocar un centavo de los dineros tributarios destinados a las municipalidades que están establecidos dentro del impuesto a los combustibles, con la medida que estamos proponiendo se puede reducir, significativamente, la carga de impositiva actual del 28 % sobre el precio del litro de gasolina súper. En idéntico sentido, el 17 % de impuesto que pesa sobre el valor del litro de diésel, también se podría bajar sustancialmente.
Se trata de tomar una decisión extraordinaria para estos tiempos que no son normales. Se trata de indicarle a los sectores financiero-bancarios que, por ejemplo, durante un cierto período de tiempo, tendrán que contenerse en su avidez sin freno en cuanto a la acumulación abusiva que les representa el pago mensual de intereses de la deuda pública que, repetimos, es de 230 mil 951 millones de colones (230.951.000.000).
En vez de pagarles esa gigantesca cantidad cada 30 días, estarían recibiendo 162 mil 951 millones de colones (162.951.000.000) cada mes. Y no se “empobrecerán”.
Es más, se pueden diseñar mecanismos de reingeniería y de reestructuración financiera a nivel de intereses de la deuda pública, de forma tal que no perderían un centavo.
Este asunto del, repetimos, escandaloso y obsceno pago de intereses de la deuda pública fue mencionado en el programa de gobierno del hoy Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles.
La sola mención podría interpretarse como una decisión de romper un tabú: que es “entrarle” al negocio privado más rentable de todos los que se hacen a diario en el país, a juicio del economista de la Universidad Nacional (UNA), don Fernando Rodríguez Garro. ¿Se comerá, en serio, esta bronca el mandatario Chaves Robles?
En todo caso, es interés de la ANEP dejar en evidencia una de las razones de mayor impacto para graficar la espantosa realidad de la desigualdad social que amenaza, seriamente, ya no solamente la paz social sino la propia estabilidad republicana.
San José, domingo 5 de junio de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
La empresa autobusera “Guadalupe Limitada” ha emprendido una campaña de miedo para que sus trabajadores desistan de agremiarse. Ante tal circunstancia, ANEP recuerda que la Constitución Política respalda a cualquier persona trabajadora que cuente con el deseo de unirse a un sindicato.
Nathaly Montero Campos, presidenta de ANEP con relación al grupo de Autobuses Guadalupe, expone que los y las trabajadores de esta empresa autobusera resalta que sus las solicitudes que realizan no son peticiones de privilegios, si no de derechos contemplados en la ley; además, tiene la convicción y claridad de que se debe luchar para hacer valer estas facultades.
Wilber Yubank Morales, un chofer afiliado, señala que agremiarse es bueno para mejorar la calidad laboral de las personas trabajadoras de la empresa. Por otra parte, el chofer afiliado Heiner Vargas comenta que existe disconformidad general de las y los trabajadores agremiados o no con el manejo que ha dado la empresa debido a que hay una reducción importante de las horas laboradas y no se está cumpliendo con las 48 horas semanales por lo que la situación económica de cada persona se complejiza.
Además, se denuncia la problemática de una falla en el funcionamiento de las máquinas que registran el abordaje de una persona adulta mayor por lo que el costo de este pasaje lo deben asumir las personas choferes. Asimismo, se han presentado quejas por parte de la población usuaria de este servicio en cuanto a las largas filas y de la ausencia de una estrategia por parte de la empresa para resolver estas circunstancias.
ANEP argumenta que a pesar del miedo que se ha generado por parte de la empresa en cuanto a afiliarse a un sindicato, el personal trabajador sigue agremiándose a la ANEP ya que se encuentran cansados de los constantes atropellos a los que han sido sometidos.
Si desea observar el reportaje elaborado por ANEP, le invitamos a consultar el siguiente enlace:
Martes 5 de octubre del 2021. Las denuncias se fundamentan en actos arbitrarios de persecución laboral, limitaciones a las libertades sindicales e irregularidades en nombramientos y recargos otorgados al círculo cercano de la jerarca.
Ante las reiteradas intromisiones arbitrarias en las labores gremiales, actos de persecución contra algunos funcionarios, irregularidades en los nombramientos y el reparto de recargos pagados entre los asesores del Despacho de la Defensora de los Habitantes, fueron presentadas dos denuncias, una en la Procuraduría de la Ética Pública (13 de agosto de 2021) y otra ante el Ministerio de Trabajo (22 de setiembre de 2021) contra Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, Mario Zamora Cordero, Director de Despacho y Fabricio Chavarría, Director de Regionales por recargo.
El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes presentó incluso días después una adición al Ministerio de Trabajo, debido a una nueva intromisión de Zamora, quien insiste en que está a la espera de la posición del sindicato sobre algunos asuntos de los cuales, ni siquiera la Defensora de los Habitantes se ha pronunciado, ni ha salido a dar la cara por los derechos de los trabajadores del país, ante el desmantelamiento del sector público. A la fecha de este boletín tenemos acumuladas dos intromisiones más de Zamora, desacreditando los actos de celebración del 28 aniversario de la institución que realizó este sindicato.
Los hechos datan de agosto del 2020, luego de que un grupo de diputados decidió darle la oportunidad a Catalina Crespo de que continuara en el cargo, no así todo el Plenario, pese a las graves irregularidades por las que fue denunciada. Luego de ello, Crespo Sancho asumió una actitud persecutoria contra todos los funcionarios y funcionarias que la denunciaron, al punto que algunos de ellos presentan incapacidad periódicas, otros han tenido largas incapacidades, otros han solicitado permisos sin goce de salario, y los que se quedaron han tenido que sufrir diferentes represalias como traslados arbitrarios de puesto, amedrentamientos, incomunicación y soportar la insolencia prepotente del Director del Despacho, Mario Zamora Cordero, quien no duda en humillar públicamente a cualquiera que se atreva a emitir una opinión distinta a la suya, recordándole que es un simple subordinado como si fuera un vasallo a su servicio.
La situación empeoró luego de que Zamora Cordero, fue ascendido por la Defensora como Director del Despacho, en abril de este año, desplazando a la anterior directora, desde entonces han sido constantes los emplazamientos, cuestionamientos y otras intromisiones directas en las competencias del gremio sindical. Más recientemente ha optado por acosarlos con recordatorios y exigencias sobre la posición sindical en temas de su antojo para tratar de distraer la atención del sindicato de las irregularidades laborales que solicita y autoriza el mega despacho de la Defensora.
En la actualidad el mega despacho de Crespo Sancho consta de 15 funcionarios, y tiene en perspectiva continuar agrandándolo. Pues pese a que públicamente se presenta como promotora del diálogo, a lo interno optó por desarticular todas las instancias que existían para asesorarse con el criterio del personal experto en defensa y promoción de derechos. En lugar de buscar el diálogo y la reconciliación, se ha rodeado de un equipo de incondicionales que le aplauden todas sus ocurrencias sin chistar.
El ambiente laboral en la Defensoría de los Habitantes, está quebrado, deteriorado y tenso, al punto que no existe una comunicación fluida por parte de la Jerarca para con las Direcciones de Defensa y subalternos, ni para con esta representación sindical, y por ello, denunciamos una serie de actos de persecución sindical contra las y los miembros que van desde acusaciones infundadas, traslados arbitrarios de puesto, intimidaciones, e intromisiones en la administración del sindicato.
La semana pasada, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Palma (Sitrapa), Dania Obando, lanzó un nuevo grito de alerta por la grave situación a la que se enfrentan trabajadoras y trabajadores de la empresa Palma Tica (Grupo Numar). Sobre esta situación, La Rel conversó con Maikol Hernández, secretario general de la Fentragh.
Giorgio Trucchi | Rel UITA
Maikol Hernández | Foto: Giorgio Trucchi
En la agroindustria costarricense, las empresas han venido desarrollando y consolidando una serie de estrategias antisindicales, como por ejemplo la creación de asociaciones solidaristas y comités permanentes.
El objetivo es desplazar a las organizaciones sindicales, suplantar la negociación colectiva y mantener a los trabajadores ‘bajo control’, minimizando de esta manera la demanda de mejores condiciones laborales y salariales.
El uso de sindicatos paralelos afines a la empresa para obstaculizar el trabajo de afiliación sindical es otra de las estrategias implementadas por las patronales.
“Quienes deciden organizarse en sindicato se enfrentan a fuertes medidas de represalia. Las empresas, en especial las transnacionales, arremeten con más fuerza contra los dirigentes, quienes, por su ‘atrevimiento’ son perseguidos, colocados en las labores más difíciles, castigados, despedidos, puestos en listas negras”, explicó Hernández.
Arremeten contra Sitrapa
Desde su constitución, el Sitrapa ha sufrido una feroz arremetida de parte de la patronal.
A través de un sindicato amarillo, la empresa aprovecha la necesidad de los trabajadores y los convence a desafiliarse a cambio de ayudas económicas o préstamos.
El objetivo es desfinanciar y desmovilizar al sindicato obrero.
Otra estrategia que denuncia Sitrapa es el uso de médicos de empresa, cuyo verdadero rol no es el de cuidar la salud del trabajador, sino minimizar los accidentes laborales y así evitar que los casos lleguen al seguro social.
De esta manera, la empresa reduce los costos de las pólizas de riesgo trabajo.
“Trabajadores y trabajadoras se convierten en simple mercancía, desgastados, lesionados, enfermos. Y lo peor es que las autoridades del trabajo saben lo que pasa en estas empresas y siempre se hacen de la vista gorda”, lamentó Hernández.
Lo que sufren las mujeres
La situación quizás más escandalosa en Palma Tica es la que viven las mujeres trabajadoras.
Dania Obando denunciaba lo que sufren por la falta de voluntad de la empresa para instalar servicios sanitarios en el campo, garantizar medidas mínimas de higiene, establecer áreas donde ingerir alimentos y repararse en caso de tormentas.
“Hay normas que obligan a las empresas a garantizar ciertas condiciones en materia de salud laboral, sin embargo, parece que a Palma Tica no le importa. Es vergonzosa la situación en que son obligados a trabajar”, explicó el secretario general de Fentragh*.
Finalmente, Hernández señaló graves anomalías en la fijación del salario por parte de la empresa. También en este caso, las autoridades laborales brillan por su ausencia.
“Ponen metas de producción y tarifas a como les da la gana. Los trabajadores llegan agotados al final del día. A veces, ni siquiera logran cumplir con la tarea encomendada.
Es una verdadera autoflagelación que deja al trabajador con su físico debilitado, para poder ganar un poco más y así sustentar sus necesidades básicas”.
Desenmascarar a los culpables
Ante esta situación, Fentragh y Rel UITA están planificando una serie de acciones para acompañar al Sitrapa en esta lucha por la defesa de la libertad sindical y los derechos de las y los trabajadores.
“Durante casi tres años hemos venido denunciando lo que estaba pasando y nadie nos hizo caso. Estamos dispuestos a negociar, pero también estamos listos para la lucha.
Vamos a exigir que las nuevas autoridades nacionales actúen. No vamos a permitir que la empresa y sus testaferros desarticulen un sindicato que tanto sacrificio, compromiso y entrega ha costado”, concluyó Hernández.
El próximo 1 de mayo del 2022, a las 9:00 a.m., la juventud Anepista realizará un acto en conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Éste se efectuará frente a correos de Costa Rica, San José.
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum expresa su decepción y profunda preocupación ante la conducta deplorable de las y los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, de archivar una importante iniciativa para la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.
Para nuestro país, es de la más alta prioridad lograr un mundo del trabajo totalmente libre de violencia y acoso laboral, lo que debe lograrse con la acción comprometida y patriótica de los tres poderes del Estado para dar esa garantía esencial a toda la ciudadanía, y especialmente a las mujeres trabajadoras que tanto sufren el flagelo de la violencia, el acoso y la discriminación en el trabajo.
Es muy lamentable que la Asamblea Legislativa saliente, con pocas y muy meritorias excepciones, tenga un nivel tan bajo de compromiso con la ciudadanía, con los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores de la nación, y con la comunidad internacional, en un asunto que es trascendente para la democracia y la sana convivencia social y laboral. La CTRN espera que el nuevo Gobierno y la nueva Asamblea Legislativa puedan retomar lo antes posible las acciones para ratificar el Convenio 190, y de esa forma reforzar las leyes y políticas para prevenir y erradicar la violencia y el acoso en los centros de trabajo, como corresponde en toda sociedad civilizada.
El Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados, SIFUPCR, solicitó a la auditoría interna de la Caja Costarricense del Seguro Social la valoración para una investigación administrativa en relación con el informe ASF-163-2021, emitido el 17 de diciembre de 2021.
En dicha solicitud, el representante sindical de SIFUPCR, Juan Carlos Duran Castro, señala la hipótesis de que dicho informe se elaboró mediante “una gestión informativa posiblemente distorsionada y débil en sus argumentos, lo cual le resta confiabilidad a la misma y sin duda debilita al medio en cuestión, pero más allá de esto, en definitiva, un informe en principio deficitario en lo técnico, por la forma y por el fondo, elaborado por cuatro funcionarios del área de servicios financieros, generan una actividad periodística que expone a la Caja Costarricense de Seguro Social en general y al Fondo de Retiro en particular a un escarnio público posiblemente innecesario”.
Por tanto, el gremio sindical y su representante, solicitan a las autoridades auditoras de la CCSS, determinar si dicho informe cuenta con la rigurosidad técnica o por el contrario existen falencias de forma y de fondo.
Aunado a esta solicitud, el SIFUPCR solicita a la Caja, determinar los posibles mecanismos formales o informales por los que obtuvo el periódico La Nación el informe ASF-163-2021 de la auditoría interna. Esto, porque dicho medio de prensa elaboró notas periodísticas “con posibles parcialidades informativas, que podrían estar surgiendo a partir de las presuntas falencias técnicas del informe de rito y que podrían, al final, distorsionar y causar como mencionamos, perjuicios reputacionales de diversa variedad jurídica a la auditoría, a la CCSS, al Fondo de Retiro y a los trabajadores y trabajadoras de la CCSS”, según Duran Castro.
El día 3 de enero fue despedida de la APSE la funcionaria Ariane Grau Crespo, quien desde hace 11 años se desempeñaba como coordinadora de la Escuela Sindical, realizando funciones para la construcción y formación del sindicato, siempre ha estado al servicio de las luchas. Su puesto en el sindicato no era ni de elección popular ni de confianza, era el de una trabajadora más, con los mismos derechos laborales que los de cualquier otra persona funcionaria.
Este despido fue aprobado en la última reunión de la Junta Directiva saliente y aplicado por la Junta Directiva entrante (que alegó no tener conocimiento del mismo). Según la carta entregada a Ariane, el despido se fundamenta en una “reestructuración de personal”.
Las personas aquí firmantes, conocemos la trayectoria de Ariane Grau en la formación sindical, la defensa de derechos laborales y los procesos de articulación con los distintos movimientos sociales, y es por ello que nos preocupa lo que significa su despido de APSE, ya que su salida afecta profundamente a la organización en un momento donde se vuelve más necesaria la formación sindical ante el aumento de los ataques del gobierno, la persecución contra el empleo público y las sobrecargas inhumanas de trabajo que enfrentan las personas trabajadoras del magisterio. El legado de Ariane en la formación del sindicato está por perderse, debilitando a APSE en un momento crucial.
Pero además nos preocupa profundamente que para fundamentar el despido, la Junta Directiva debió pedir prestadas palabras al gran empresariado, lo mismo que le dicen las grandes piñeras o bananeras a sus empleados para despedirlos sin justificación. Según la legislación, una “reestructuración de personal” no es justificación de despido. Se esperaba más de una organización que dice defender los derechos de los trabajadores, como lo es un sindicato, cuya imagen está quedando seriamente cuestionada al hacer un despido que es a todas luces injustificado.
Por ello, como activistas y personas luchadoras que somos, queremos manifestar nuestra solidaridad con Ariane, pero además nuestra preocupación con las medidas de la Junta Directiva de APSE, quien debe pronunciarse respecto a esta reestructuración de personal planteada por la junta saliente.
