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Etiqueta: sistema democrático

¿Qué hace a Rodrigo Chaves el hombre y el político más fuerte del país?

Vladimir de la Cruz

La situación de debilidad política, organizativa y movilizadora de los partidos tradicionales y de las organizaciones civiles, sociales y sindicales nacionales, es quizá la razón del matonismo institucional del Jaguar de Zapote.

El Jaguar sabe rugir, como animal político salvaje, el zoon politikón que todos llevamos dentro, ropaje con que se auto presenta, que se expresa en la doble dimensión aristotélica, en lo social y en lo político. En lo social, auto presentándose como el líder, el “mesías salvador”, el “Moisés” como alguna vez se presentó, de las masas populares a quien dice representar y conducir, a las que quiere resolverle sus problemas, alegando que no lo dejan.

En lo político, destruyendo en todo lo que puede el andamiaje político institucional del país, debilitando el Estado de Derecho. Con ello provocando desconfianza en el sistema democrático institucional que tenemos, especialmente en sus poderes públicos, el Legislativo y el Judicial, en las instituciones controladoras de la legalidad como la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República, de seguido en los partidos políticos que han gobernado, que los ha pintado como las estructuras de los dictadores y tiranos que han ejercido la presidencia de la República desde 1949 hasta su gobierno.

En lo político, también, aniquilando el Estado Social de Derecho, debilitando y disminuyendo hasta donde pueda, los beneficios sociales históricos que se han logrado para los trabajadores y todos los costarricenses, congelando y reduciendo salarios e ingresos de los trabajadores y pensionados, elevando el costo de la vida, empobreciendo por esa vía a los ciudadanos y a los diferentes sectores asalariados del país.

En lo política, además, aniquilando hasta donde pueda a los líderes que hasta ahora han sido las cabezas de los partidos políticos, procurando improvisar líderes débiles, sin valores ni ideologías políticas, que actúen más instintivamente, situación que ha penetrado al interior de los grandes partidos en los conflictos que ha logrado provocar entre facciones contra quienes han dirigido o dirigen esos partidos.

Como jaguar sabe gruñir mostrando siempre su disgusto y repugnancia, murmurando entre sus dientes, refunfuñando, emitiendo voces confusas, a veces contradictorias, ininteligibles, amenazando, intimidando, acusando de manera directa personas, con nombres y apellidos, cuyo efecto colateral es el de inhibir a las personas que pueden opinar en su contra o críticamente, para que no lo hagan, porque en paralelo les echa la maquinaria estatal, y la organización policial personal, que tiene para que los investiguen en todo lo que puedan.

El animal político sociable aristotélico, en el caso del inquilino de su guarida en Zapote, es el menos sociable. Es confrontativo, peleador callejero, se comporta como el gritón del barrio, como un pachuco desbocado, sin control ni ligamen de su lengua con su cerebro.

El animal político aristotélico lo manifiesta en las decisiones que toma en ejercicio de su gobierno y mandato, más en contra de la comunidad que debe representar que a favor de ella. Su idea más maquiavélica se orienta a ser mejor temido que amado.

Frente a su poderío hegemónico del ejercicio del poder, en la forma autoritaria como lo lleva a cabo, opaca a cualquier “dirigente” político de todos los partidos políticos existentes en el país. No hay uno solo activo que lo iguale, menos que lo supere. No hay dirigentes políticos partidarios que destaquen por sí mismos en el escenario nacional. Eso es lo que lo tiene de punta en las encuestas, a punta de su demagogia, sus insultos y bravuconadas. La sociedad nacional en esto refleja una violencia y un irrespeto como no se había visto antes. Refleja una sociedad altamente machista, de matones de barrio, de peleadores callejeros, a quienes Chaves les dirige sus mensajes que los acogen con aplausos y gritería, con ánimo de enfrentamientos, de peleas, de agresiones, como se ve en algunos de sus seguidores, pagados o no, que moviliza el Presidente hacia las instituciones públicas cuando quiere amedrentar a sus miembros.

Me atrevo a afirmar que “nadie”, en términos generales, conoce a los miembros de los directorios políticos de los partidos porque no tienen vida propia, ni como dirigentes de sus partidos ante el país, ni de sus personas porque no hablan, no opinan, no se pronuncian sobre los problemas políticos nacionales, ni sobre nada. Lo único que atienden, de vez en cuando, es responder a los improperios del presidente, y provocar algunas gestiones de acusación ante la Fiscalía General de la República, ante el Poder Judicial o ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para que lo investiguen sobre algún punto en particular, sin seguirle el paso a la denuncia o acusación.

En este momento hay dos gestiones ante el Tribunal Supremo de Elecciones acusándolo de beligerancia política. Una acusación fue hecha por el presidente del partido Liberación Nacional, motivo por el cual se le menciona en un periódico. Si no fuera por eso, sería un desconocido ciudadano, con lo cual se demuestra que él como presidente de ese partido, y ese partido, está a la cola de lo que hace el presidente. La iniciativa política, si así se puede llamar, de lo que sucede en el país, la pone y la tiene el presidente. Antes la ponían los partidos políticos. Cuando los partidos abandonaron esa iniciativa lo hizo la prensa costarricense por medio de sus editoriales o grandes temas de discusión que trataban, lo que hizo también que la prensa asumiera el papel de control político que los partidos políticos habían abandonado o perdido, motivo por el cual también gobernantes como el Jaguar de Zapote enfrentó a la prensa, a la prensa llamada por él “canalla”, equivalente a mezquina, sinvergüenza, miserable, agregándole que no le deja gobernar.

En el ambiente nacional no hay una agenda política de temas que se debatan. En las páginas de opinión de los medios de prensa hay diversidad de opiniones, pero dispersas, que no provocan debates entre los colaboradores de esos medios. Los comentarios de esas opiniones hoy se cargan más con los troles a favor del gobierno, llenos de insultos e improperios, sin ideas, contenidos ni razonamientos en contra de los artículos que cuestionan, donde atacan a los mensajeros y no entienden ni comentan a fondo los mensajes.

Desde el gobierno solo hay actos distractores de las acciones de gobierno, y actos distractores de la agenda parlamentaria, de manera que toda la información política gira alrededor del presidente y de sus intervenciones vacías y provocadoras de los miércoles, y de su principal diputada experta en mentir, lo que hace que los diputados giren alrededor de ellas, y de casualidad, como este caso, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, un presidente de un partido político accione para tener alguna publicidad y presencia en algún medio de comunicación.

Los partidos políticos nacionales han desaparecido en la práctica política nacional. No sirven para nada. Se han enquistado únicamente en ver cómo realizan sus asambleas cantonales, provinciales y nacionales para cumplir con los requisitos de la inscripción electoral para las próximas elecciones, o para actualizarlas de conformidad a las exigencias legales. En los cantones, en los ciudadanos y habitantes de las municipalidades, no se siente ninguna actividad de los partidos políticos que en ellas se representan. En ningún cantón ni cabecera municipal hay locales abiertos de los partidos que están representados en la Municipalidad.

El presidente por su parte, sin tener partido político propio, con el cual él se identifique, todos los días realiza pronunciamientos, hace intervenciones, opina sobre los partidos existentes, especialmente los que cotidianamente ataca de la oposición, reclamándoles lo que sea, pidiéndole a la gente que vea en el próximo proceso electoral quienes dañan al país, insinuando que son esos partidos criticados por él, con lo cual interviene en la política nacional electoral. El presidente llama a votar en las próximas elecciones por una fracción política parlamentaria que sea mayoritaria, que domine la Asamblea Legislativa para poder hacer los cambios que cree se deben impulsar en el país. La sanción extrema para el presidente que se le compruebe beligerancia es la destitución del cargo o una inhabilitación política de dos años. ¿Alguien sensato cree que esto pueda proceder en este momento, a 13 meses de la próxima elección nacional? ¡Pura bulla!

Para los que hayan llegado hasta aquí, en esta lectura, les digo que no me preocupa que el presidente opine sobre temas partidarios, políticos o electorales. Desde la legalidad existente el delibera, él se mete en la política, y en temas electorales, lo que le está vedado. Por supuesto, que me pueden decir que si la ley le impide opinar, no debe hacerlo. ¿Por qué tenerle miedo a la discusión política? ¿Por qué limitarle al presidente deliberar? ¡Qué lo haga! Estoy seguro qué, si se le permitiera, la política nacional se enriquecería en atención, en compromiso ciudadano y en la reducción del abstencionismo electoral.

Soy de la tesis de que esa restricción no debe existir. Todo lo que hace el presidente es político. Tiene todo el derecho a defenderlo. Igualmente, todas las fuerzas políticas nacionales tienen, en esa dimensión, la posibilidad de combatirlo, confrontarlo, criticarlo, debatirlo. Si el presidente opina, más derecho tienen los ciudadanos de hacerlo. Pero, además es hipócrita que se le impida al presidente actuar en la política nacional con actuación directa, defendiendo sus acciones gubernativas, defendiendo las posiciones políticas de su partido y de sus diputados.

En todas partes del mundo los presidentes y gobernantes tienen plena participación política sobre todo lo que rodea su gobierno, su ejercicio presidencial, sobre el ejercicio y la práctica política de los demás partidos.

En la vida nacional, antes de 1948, los presidentes y mandatarios eran activos dirigentes políticos. Eran grandes polemistas sobre el acontecer político en los temas nacionales que se discutían, y de manera fuerte, con las razones, con el análisis y las tesis políticas que se sustentaban.

La carencia de liderazgos políticos nacionales, la carencia de liderazgos políticos en los partidos, la ausencia de importantes líderes parlamentarios, la ausencia de debates nacionales sobre los temas más significativos del país, los ataques constantes del presidente a todos los dirigentes de los partidos que han gobernado, y a todos los partidos que han tenido la responsabilidad de conducir el país por cuatro años, en cada período presidencial desde 1949, la estigmatización que se ha hecho de algunos de esos presidentes y dirigentes políticos, ha provocado un gran vacío político nacional, donde el presidente, por su condición, por sus montadas conferencias de prensa, ha hecho que el presidente Rodrigo Chaves se muestre, por él mismo, como el hombre y el político más fuerte del país, como el único en posibilidad y capacidad de conducir el país hacia un nuevo derrotero nacional, como el lo solicita y demanda.

Si los partidos políticos, y los sectores políticos en sus diversos partidos políticos, en marcha hacia las elecciones nacionales, en los próximos 13 meses, no se ponen las pilas, si no surgen buenos y reales liderazgos partidarios y nacionales, nos van a llevar al carajo o nos va a llevar la trampa… vamos a continuar engañados y con presidente en el 2026 que puede ser peor que lo que tenemos.

Compartido con SURCOS por el autor.

Implosionar de la comunidad política costarricense

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En 2016 un aporte especial del Programa Estado de la Nación titulado “El descontento ciudadano y sus implicaciones para la estabilidad política en Costa Rica” alertaba sobre las implicaciones del enojo social y el resguardo de la comunidad política en los mitos fundacionales (Paz, democracia) como último reducto antes de una posible ruptura del orden social.

El escenario, con los años, se ha complejizado. El enojo es ahora una adherencia a pospuestas que paradójicamente pueden llevar a la implosión del sistema democrático y sus instituciones.

La capitalización de ese malestar ha caído en manos erráticas mal intencionadas, y cuyo accionar, posiblemente acelere el quiebre de esa comunidad horizontal por años construida en el país.

En aquel capítulo especial se alertaba entonces de riesgos asociados con el objetivo del malestar: las instituciones de la democracia representativa, así como los partidos políticos aparecían entonces con un significativo porcentaje de desaprobación.

No cabe duda que esta desazón se ha profundizado y otros mecanismos de regulación, organización y control social han aparecido en el horizonte costarricense.

En los últimos dos años, particularmente, la alarma de la inseguridad ha sonado fuertemente. Para 2023 se espera que sea un año récord en homicidios al finalizar el mismo. Los datos son esclarecedores: al 20 de junio se contabilizaban ya 416 homicidios, de los cuales más de la mitad (254) son por ajuste de cuentas.

Hace algunos días las autoridades locales anunciaban la posible conformación de un mega cartel de drogas en el país. Ante la ausencia de mecanismos integradores, un sistema educativo público en crisis y bajo ataque neoliberal sumado a la gestión de los territorios en manos de poderes fácticos, es fácil constatar que el quiebre de la comunidad política costarricense ha sido declarado y en su lugar un narco estado empieza a instalarse a pasos acelerados.

El diagnóstico no es favorable. Pero la respuesta debe venir pronto. La razón social debe sobreponerse a la razón instrumental del Mercado y su organización fáctica de la sociedad. La colectividad debe recuperar sus espacios y reencauzar el sistema político hacia la integración horizontal como objetivo. Algo de esto pareciera estarse levantando.

Estamos a tiempo.

El estilo de gobernar

José Luis Pacheco Murillo

Cuando el estilo de gobernar se convierte en el tema de noticia y el tema de conversación en la ciudadanía y cuando las encuestas sobre si esa forma agrada o no y el resultado es positivo en favor del gobierno, implica que lo que se hace y lo que se dice por parte de los gobernantes es algo que llama la atención y que es diferente a lo que hemos estado acostumbrados sobre las actuaciones de gobiernos anteriores.

Desde luego que esa forma no es del agrado de todos. Aunque las encuestas den como resultado una aprobación de la mayoría sobre esas actuaciones, hay muchos que sienten temor por la forma y por las manifestaciones que se dan cada miércoles en las conferencias de prensa.

Por ahora, las decisiones que se han tomado implican acciones que nunca antes las habíamos visto pero todas al parecer dentro del marco de la ley. A pesar de eso hay preocupación en algunos sectores si esas formas y esas manifestaciones no se encaminan a una forma de gobierno que va en contra del sistema democrático y que se puede convertir en una tiranía o una dictadura, algo que asusta a algunos y que alegra a otros que consideran que lo que se está haciendo es lo que quería el pueblo.

Costa Rica es y ha sido una democracia en donde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tiene muy definidos sus roles y hasta hoy ha habido respeto entre quienes dirigen esos poderes y confiamos en que las cosas sigan de esa manera. Que no haya intromisiones entre ellos y que haya respeto a las funciones de cada uno. Mientras eso suceda la democracia se mantendrá. Aunque pueda parecer que las decisiones que tome el gobierno sean muy fuertes, pero si se hacen dentro del marco de la ley, no hay porqué suponer que hay abuso o tiranía. Quizá no estamos acostumbrados a la forma, pero si se hace dentro de ese marco legal es válido.

Dios quiera que no caigamos nunca en situaciones que hagan peligrar el sistema democrático y eso implica que nuestras opiniones también deben ser muy cuidadosas y fundamentadas para no crear ambiente desestabilizante y que vayan a crear polarización entre nosotros, eso puede ser más peligroso que las mismas acciones del gobierno.

Las otras pandemias

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ejecutar el arquero rival el saque de puerta un enorme grito homofóbico se deja sentir. En las imágenes de primer plano, abundan risas de burla luego del grito ejecutado al unísono, un concierto desafortunado. Estas risas y muecas fueron parcialmente apagadas recientemente: la FIFA transnacional multó a México con dos partidos a puerta cerrada y 60.000 francos suizos por la reiterada conducta discriminatoria de sus aficionados.

Esta aparente acción correctiva, sin embargo, no es suficiente para detener la escalada de violencia conservadora que campea a nivel planetario. El mismo México experimentó en junio anterior el asesinato de un joven que, en una actividad social, confesó su estado serológico y portador del VIH. Fue torturado, quemado y finalmente asesinado.

Ya lo decía con algo de pena el cantautor español Víctor Manuel en una de sus composiciones: “nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal”. Y es que efectivamente estas acciones de rechazo van minando las posibilidades reales de construir una experiencia distinta de colectividad, basada en la comprensión y aceptación del otro, de la otra.

Hoy se producen otras pandemias que no aplanan su curva. Se instala la naturaleza de las superioridades que, como ha dicho la historiadora costarricense Patricia Alvarenga, constituyen alteridades biológicas, de género y étnicas. Es necesario reconocer los discursos de odio como enclaves, como espacialidades simbólicas donde se vierten todo tipo de ideas discriminatorias y se produce un peligroso precedente que podría generar más violencias y actos peligrosos para la integridad y la vida de las personas.

Dos estudios realizados en Costa Rica en 2020 y 2021 deben considerarse parte de una tendencia regresiva, instalada quizá con mayor amplitud al tenor de una escalada conservadora, en aumento e irreversible.

Ambos encuadres señalaban la reproducción de discursos xenofóbicos y discriminatorios en redes sociales. El estudio más reciente publicado por la ONU, identificó más de 500.000 conversaciones vertidas en estos espacios virtuales, en las cuales se emite lenguaje fuerte y excluyente en contra de poblaciones específicas. Preocupa en demasía la alusión directa a la nacionalidad (xenofobia) al género (mujeres) y las identidades sexuales (personas homosexuales).

En la semana que se dan a conocer los resultados preliminares de este abordaje, una jueza de familia declinó su trabajo al enterarse de la posibilidad de casar a dos hombres. Está en todo su derecho de hacerlo, es cierto, pero esta actitud constituye un ejemplo más del carácter profundamente regresivo y excluyente instalado en la sociedad costarricense en estos temas.

En un contexto marcado por la incertidumbre de los relatos, en los que categorías como Estado, institucionalidad y sistema democrático experimentan reconfiguraciones importantes y los impactos demoledores para la convivencia social producto de la pandemia y la pérdida de sentido colectivo se han hecho sentir, los discursos de esta naturaleza deben revisarse con detenimiento.

Son esas las otras pandemias que deben ser aplanadas en su curva exponencial.

Uno de los desafíos más amplios en esta materia atraviesa el sistema educativo nacional. No es exagerado decir que los requerimientos a la presencialidad en el sistema educativo costarricense, exigidos por voces supuestamente defensoras de los derechos a la educación, deben ir acompañados de la solicitud expresa para implementar procesos intensos de trabajo con niños, niñas y adolescentes sobre el valor de las interrelaciones con esas otredades presentes en nuestra sociedad. Y el desafío alcanza tanto la educación privada como la pública.

Es desde estos niveles educativos donde se puede tratar de detener esa marca registrada de cierto ADN regresivo instalado en las profundidades de la identidad costarricense. Construir desde allí otro proyecto de sociedad. Aplanar la curva de esas otras realidades que amenazan con llevarse todo a su paso.

Imagen: http://www.educatolerancia.com

La Asamblea de Asambleas: Utopía Necesaria

Esteban Beltrán Ulate
beltrandeheredia@yandex.com

El artículo 105 de nuestra Constitución Política indica “La potestad de legislar residen en el pueblo, el cual la delega en la asamblea legislativa…”. Una sentencia que debe tener múltiples posibilidades de reflexión, pero que quisiera, inspirado en el título del presente texto, dirigirlo hacia una reflexión sobre el mecanismo de elección de las y los votantes, así como las potestades con las que se envisten las y los servidores del pueblo. Uno de los grandes problemas que se revelan es el abismo que crece entre las y los legisladores y el pueblo que delega. Es un abismo bilateral, por un lado, la falta de vínculo de algunas diputaciones con la base provincial que les brindaron el respectivo aval mediante voto popular para asumir las 24 atribuciones exclusivas que le compele nuestra carta magna -en el capítulo II del Título IX-, por otro lado, el desconocimiento de muchas y muchos votantes respecto a los legisladores que le representan según su provincia.

Es claro, nuestro sistema democrático, que muchos respetamos y valoramos -por lo que puede llegar a ser-, cuenta con una serie de características que imposibilitan una democracia profunda, parece que en la dinámica democrática actual algunos son elegidos y otros son para elegir, una clara visión piramidal del “ejercicio de poder”. Esta falta de madurez ciudadana, esta ausencia de mayoría de edad ciudadana, propiciada por una insuficiente formación en educación política, desencadena una visión de democracia reducida al acto de efímero voto, una clara cosificación del acto. Esta cosificación de la democracia, en el marco de una sociedad cuyo sentido común descansa en una concepción mercantil de la vida, se configura en plataforma para una política al servicio de la mercancía, donde “las y los ungidos para el ostentar el poder” se tienen que “vender” como “productos de mercado” con el objetivo de satisfacer la “demanda” de un pueblo (con minúscula) que resulta simple “consumidor”, pues en una truncada democracia “unos son elegidos y otros para elegir… unos son mercancía y otros consumidores”.

La salida de esta dinámica-bucle es compleja, y no puede derivar de las prácticas tradicionales, la solución pasa la radicalización de la democracia, por una acción posabismal (de abajo hacia arriba para modificar la orientación, para la concreción de un modelo horizontal y no vertical), que deviene del Pueblo (con mayúscula) hacia la estructura de Poder mediante una delegación constante y presente. La democracia cosificada delega con el voto la responsabilidad como un medio de pago, en cambio, la democracia profunda en clave posabismal co-delega con el voto la posibilidad de ser voz de las voces, de ser representación de las y los presentes, mediante una ruta planificada y mediante un ejercicio de diálogo permanente desde las comunidades mismas, por lo que resulta necesario la creación de instrumentos de interacción para la transformación de la Asamblea por medio de las Asambleas (Foros Sociales Permanentes en las Comunidades), de modo tal que el y la legisladora electa mediante una concepción de democracia profunda será el Caballo de Troya por el cual entrará voces del Pueblo (con mayúscula) a la Asamblea Legislativa, como legislación en acto.

Despidos colectivos a la carta y al por mayor

Manuel Hernández

El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público tiene cuatro objetivos: el primero, de carácter político, otro fiscalista, el tercero, de corte antisindical.

Pero, además, sobresale el cuarto objetivo, cuyo propósito es acelerar el desmantelamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos.

Una de las herramientas diseñadas para alcanzar este espurio objetivo es la desregulación y flexibilización de los procesos de reorganización y reestructuración de las instituciones públicas.

Esta flexibilización se consolida aún más con la exorbitante moción que aprobó la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, el día de hoy, que relajó el correspondiente requisito, bastando que la reorganización afecte por lo menos el 50% de los servidores de la respectiva dependencia pública, en lugar del 60% que exigió el anterior texto dictaminado.

De esta forma, por una parte, se facilitan, como en feria al por mayor, los despidos colectivos, que será suficiente, y nada más, cualquier remedo de estudio “técnico”, para justificar la pretendida reorganización institucional, con el consecuente sacrificio masivo de los empleos.

Por otra parte, a expensas de la reestructuración, se desmantelan los servicios que presta la institución o entidad a la comunidad.

Además, las indemnizaciones tendrán un costo muy barato, porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, derogó varias normas del Estatuto de Servicio Civil, que dispusieron que a los cesados por los anteriores motivos, les correspondía una indemnización tasada, a razón de un mes por cada año de servicio prestado. En lugar de estas normas derogadas, se ha interpretado que la regla que ahora aplica es la contenida en el artículo 29 del Código de Trabajo, que preceptúa un tope de 8 años, norma a la que expresamente remite la Ley N° 9635.

Por último, es importante recordar que el Memorando Técnico de OIT, rendido a solicitud de la misma Comisión Legislativa, advirtió los alcances de esta lesiva propuesta legislativa y recomendó la inclusión de un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretende cesar personal por motivos económicos o estructurales.

Esta recomendación de la prestigiosa OIT fue totalmente despreciada por la comisión legislativa -como la gran mayoría de las observaciones y recomendaciones de ese memorando, que tuvieron la misma desafortunada suerte-, dejándose a las y los servidores en una situación totalmente vulnerable y sin ninguna clase de protección legal.

En conclusión, con esta regulación se expulsa de nuestro ordenamiento la estabilidad laboral de los y las funcionarias públicas, cuyo derecho subjetivo se elimina y sustituye por un régimen abusivo de despido colectivo, a la carta, unilateralista, a libre discreción de la Administración, sin garantías de protección para el servidor, devaluado, excluyéndose toda instancia de consulta a los sindicatos que representan los intereses colectivos de las personas trabajadoras afectadas.

Así, se consuma el derrumbe de la institucionalidad pública y la afectación del sistema democrático, porque los servicios públicos constituyen la infraestructura de la democracia.

De esta manera, avanza incontenible, en clave cada vez más regresiva, la consolidación del Derecho de la Función Pública del Enemigo, fundado en la construcción ideológica de una cultura de odio y violencia institucional contra la clase trabajadora del sector público.

27/01/2021

El resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos: una razón más para mejorar temas claves en el país

Programa Martes Económicos

Greivin Salazar Álvarez*

 

La semana anterior, el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América, que colocaron al candidato republicano Donald Trump como ganador, ha generado cierta inquietud acerca de los posibles efectos económicos que esta decisión podría tener sobre nuestro país, considerando los fuertes lazos comerciales y financieros que tenemos con esta nación. Lo cierto del caso, es que la materialización de los eventuales efectos que han identificado varios analistas del tema, estarán en función de, al menos, tres interrogantes:

  1. ¿Qué tan cierto? Qué tan cierto es que las medidas propuestas por el candidato republicano se puedan llevar a cabo “al pie de la letra”, teniendo en cuenta que el sistema democrático de los Estados Unidos, como todos los sistemas de este tipo, cuenta con sus propios contrapesos.
  2. ¿Qué tan pronto? También existe la duda sobre qué tan pronto podrá el gobierno electo dar inicio con las políticas anunciadas por su candidato en campaña electoral.
  3. ¿Qué tan rápido? Y finalmente, qué tan rápido se podrían concretar dichas políticas y hacerse sentir sus primeros efectos.

Evidentemente existe una cuota importante de incertidumbre con respecto a las anteriores inquietudes, pero esto no debe ser excusa para causar una situación de pánico, en su lugar, este acontecimiento debe ser un llamado de atención, una razón más para mejorar ciertos temas claves en el país, dos en particular.

El primero de estos temas es la competitividad; en este sentido cabe indicar que desde hace varias décadas el país como parte de su estrategia de desarrollo apostó por la atracción de inversión extranjera directa, especialmente en productos alta tecnología y más recientemente, en los llamados servicios empresariales de valor agregado.

En relación con lo anterior, el presidente electo de los Estados Unidos ha planteado una serie de medidas (disminución de impuestos, aumento de los aranceles a las importaciones, renegociación de acuerdos comerciales internacionales, y otros incentivos) con el objetivo de que las empresas nacionales con operaciones en el extranjero regresen a su nación.

Por tanto, el país deberá redoblar esfuerzos para que, aún con la eventual aplicación de las anteriores medidas por parte del gobierno entrante en los Estados Unidos, mantenga su encanto para la atracción de este tipo de inversión extranjera directa; en consecuencia resultan fundamentales aspectos tales como la simplificación de trámites para la apertura de nuevas empresas, la reducción del déficit en la infraestructura nacional, un mayor impulso a la formación de personas con capacidades acordes con las necesidades de estas actividades, así como el aprovechamiento de mayores encadenamientos productivos con el resto de la economía, sin perder de vista las oportunidades que puedan existir para diversificar los mercados de destino de nuestras exportaciones.

El segundo tema tiene que ver con los niveles de endeudamiento; en la actualidad, a pesar de la mejora relativa en las finanzas del Gobierno Central (déficit fiscal), el nivel de deuda pública es elevado y sigue creciendo; asimismo la participación del crédito en dólares otorgado al sector privado, continúa siendo importante.

En efecto, buena parte de las medidas anunciadas por el presidente electo (recorte de impuestos y a la vez incremento en el gasto público), si se hacen efectivas, podrían afectar el déficit fiscal en los Estados Unidos, lo que generaría cierta presión inflacionaria y, por tanto, un ajuste al alza en la tasa de referencia de la Reserva Federal; que tarde o temprano impactaría las tasas de interés a nivel nacional, y por qué no, también el comportamiento del tipo de cambio del colón.

Es así, que ante un cambio en el panorama actual en cuanto el comportamiento de las tasas de interés y el tipo de cambio, el Gobierno así como las empresas y personas con cierto nivel de endeudamiento, podrían experimentar dificultades adicionales para hacer frente a sus obligaciones financieras.

Consecuentemente, es necesario continuar con los esfuerzos, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, para reducir el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento público; continuar con mayor ahínco en el proceso de diversificación de mercados de exportación de nuestros productos para reducir la fuerte dependencia que actualmente tenemos de Estados Unidos. También, es recomendable que las empresas y personas midan que tan comprometida puede verse su capacidad de pago, ante algún alza en las tasas de interés o bien la depreciación del colón, cuando deciden endeudarse en dólares, aún cuando sus ingresos no son en esa moneda.

En síntesis, en el corto plazo no es tan factible pensar en efectos económicos inmediatos producto del resultado del reciente proceso electoral en los Estados Unidos, sin embargo, sí es preciso que el país “apure” la marcha de ciertas decisiones en los temas previamente identificados, de tal manera que cuando éstos se comiencen a sentir, nos encontremos mejor preparados.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de Infobae.

Enviado por Oficina de Comunicación UNA.

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Ensayo sobre la humanidad observable:¿Derechos Humanos o Ironías Constitucionales?

Macv Chávez

 

¿Derechos Humanos o Ironías Constitucionales? Es la pregunta que me hago al pensar en la persona dentro del sistema democrático actual -y según la dignidad humana en sí-, haciendo de este modo un pequeño recorrido por la historia de momentos importantes que permitieron este hoy.

El inicio de este “gran cambio” de la historia humana –según algunos grandes “intelectuales”- se da en la revolución francesa, ya que aquí es donde se inicia el derecho del hombre a través del término ciudadano como un reconocimiento de sí mismo. Seguidamente años más tarde se vuelven universales los derechos del hombre, logrando de esta forma “abolir” la esclavitud del hombre por el hombre dentro de las ciudades civilizadas, salvo las diferencias socioculturales que generan el régimen o gobierno político de turno.

Según estos sucesos fue así que se dio el “gran cambio” de la humanidad pero si analizamos profundamente la situación podríamos llegar a comprender que a pesar de ello seguimos viviendo tiempos de esclavitud.

Hoy en día la forma de esclavitud es laboral y de gobierno, y esto sucede porque el sistema de vida de los seres humanos consiste en pasar más tiempo en el trabajo que en casa, para poder ganar el dinero suficiente, con la finalidad de atender las necesidades básicas, debido a que el gobierno es incapaz de regular, modificar o cambiar el sistema de vida para que las personas puedan vivir lo más digno posible con una calidad de vida más humana que maquinista.

Si nos ponemos a leer el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos encontraremos que dice una cosa muy simpática: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Por ejemplo, en la Constitución Política del Perú su artículo primero es también muy simpático porque dice que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; artículo que se complementa con el segundo artículo e inciso primero, donde dice que “Toda persona tiene derecho: a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.

Con estos tres artículos, los que son muy sencillos, básicos y esenciales, podemos hablar del ser humano en sí, es decir: la persona, gracias a su propia naturaleza, está dotada de razón y conciencia que le concede el gozo de la dignidad humana, por lo que esta dignidad merece el respeto –en primer lugar- a la vida, -seguido de lo demás:- identidad, integridad moral, psíquica y física –porque el ser humana es un ser biopsicosocial- para que pueda desarrollarse libremente en bienestar de sí mismo como también de los demás, ya que el hombre no es un ente aislado sino un ser social, debido a que está compuesto de dos materias, corporal y espiritual, y estas dos materias podríamos dividirla en tres partes indispensable para su desarrollo humano, porque este desarrollo no sólo se da por la simple unión del óvulo y espermatozoide sino que necesita del vientre materno para que la vida pueda prosperar; del mismo modo sucede con el desarrollo de la materia espiritual, porque si analizamos el proceso de la vida: el alma empieza su desarrollo en el estado vegetal, aquel estado lo vive estando en el vientre materno; una vez que el ser humano sale del vientre materno pasa a vivir su estado animal, y en este estado el ser humano desarrolla la comunicación no verbal y la comunicación instintiva, es decir, es capaz de formular mensajes pero no es capaz de razonar; y esto sucede hasta que su cuerpo o biología logra alcanzar el desarrollo evolutivo para albergar el estado humano, es decir, ahora la persona es capaz de formular razonamientos, es capaz de cuestionarse la realidad, de saber expresar sus propias ideas, de oponerse a la realidad que otros le cuentan desde su punto de vista.

De este modo es que pienso que los derechos humanos y las ironías constitucionales han sido dadas para legislar al ser humano como una raza animal, como un todo; y no están hechas para el gobierno de las personas; es decir, las normas y leyes están hechas para las masas de un rebaño y no para la persona en sí, porque si estuvieran hechas en favor de la persona deberían comprender las etapas del ser humano según su desarrollo individual y debería guardarse el respeto y el valor de la vida desde su estado vegetal hasta la extinción de la propia vida, comprendiendo a la persona según el desarrollo de su biología y psicología, debido a que no todas las personas nacen con las mismas habilidades y desarrollos fisiológico y psicológico, porque cada persona es única e irrepetible, razón por la cual es importante saber comprender a las personas por ser la persona en sí y no solo por ser una persona, por ser una persona individual y no parte de una masa; pues la naturaleza no es lo que define lo que el hombre es en sí mismo sino sus capacidades físicas o mentales, según cómo es que se haya desarrollado física y psicológicamente.

Pero como sabemos –si es que nos ponemos a analizar la realidad de las sociedades- las legislaciones constituciones no están preparadas, de tal forma que su utilidad no es para el gobierno de las personas sino de las masas, razón por la cual uno se pone a preguntar: ¿hasta cuándo vamos a estar atendiendo al hombre como un animal más y no como una persona? Hoy en día se supone que el hombre ha evolucionado tanto; pero, sin embargo, seguimos viviendo como si estuviéramos en la era cavernaria, seguimos viviendo la vida por un dejarse llevar, por la opresión del hombre por el hombre, por la marginación, por la humillación, por la miseria humana; por la ironía de las constituciones políticas que están casi pintadas solo porque las personas –el pueblo- no ha aprendido a ser persona y, por tanto, vive tan solo su supervivencia aislado de las otras personas, en su mundo, en su vida, en sus problemas, en su comunidad familiar y no social; razón por la cual los políticos pueden hacer lo que quieran con las normas y leyes, llevando así a la ironía constitucional.

 

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