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Etiqueta: solidaridad

De la pandemia a la partenogénesis

Arnoldo Mora Rodríguez

Como si estuviéramos ante una nueva versión del dios Jano, un fantasma de doble rostro recorre el mundo; se trata de un solo fantasma pero con dos rostros: el uno que mira hacia atrás, el otro hacia adelante. Ambos ya son conocidos por la humanidad; el uno nos da una visión del pasado, el otro atisba el futuro; el uno es una pesadilla, el otro un sueño; ambos constituyen una muestra indeleble de lo que es la cultura occidental. La pesadilla fue anunciada por el fantasma como el anuncio de la tragedia que envuelve el trono de Dinamarca, según el célebre drama de Shakespeare; el otro rostro lanza la primera frase del no menos célebre Manifiesto de 1848 en que Carlos Marx y Federico Engels proclaman que un nuevo salvador ha venido al mundo: el proletariado (“los pobres de la tierra” diría hoy la teología de la liberación, en una frase que evoca a José Martí, tanto como al Sermón de la Montaña).

En mi reclusión de estas semanas en mi casa, se han dado cita en mi mente estos dos fantasmas, mientras veo a la humanidad sumida en los dolores de un parto, que anuncia que el terror apocalíptico de las pestes debe convertirse en grito de esperanza ante el advenimiento de una nueva época, tal como, a inicios del segundo milenio lo proclamara el monje calabrese Joaquín de Fiori. La evocación de ese teólogo medieval no es gratuita, ni casual. Hoy vivimos el fin del segundo milenio de la cristiandad y el inicio del tercero; el año 2000 no fue sólo el comienzo del nuevo siglo, el XXI, sino igualmente el inicio de un nuevo milenio, el tercero. Pero, para saber hacia dónde vamos, debemos primero conocer de dónde venimos. En vísperas del primer milenio Julio César crea el modelo de Estado que le permitirá a Occidente dominar el mundo, al convertir la República de Roma en el Imperio Romano; seis años antes del año con que comenzó nuestra era nace, según hay consenso entre los historiadores actuales, el personaje histórico más influyente de la historia hasta el momento actual: el judío Yeoshua de Nazareth, llamado Jesucristo, según la terminología del griego coiné imperante como lengua franca de la Cuenca del Mediterráneo en esa época. En el año mil en la Edad Media cristiana, se vive como cosmovisión la versión milenarista de la teología, según la cual, con la llegada del año mil, retornaría Cristo a juzgar a los pueblos y, con ello, la humanidad tal como la conocemos, habría llegado a su fin, sólo habría el cielo y el infierno, el primero para los justos y el segundo para los perversos; la profecía del Apocalipsis se habría cumplido, por lo que la historia de la humanidad y la humanidad misma no sería nunca más la misma, se acababa un mundo y se daba inicio a otro, radicalmente nuevo, calificado por Fiori como la era del Espíritu Santo, en que la iglesia jerárquica desaparecería y daría inicio la era de la libertad de los hijos de Dios…Pero resultó que Cristo no regresó ni se acabó el mundo; todo lo contrario, el papado, que como centro de poder absoluto se venía paulatina pero inexorablemente confirmando, llenando así el vacío provocado por la decadencia del Imperio creado por Carlo Magno y el nacimiento de lo que se llamará Europa; el papado lanzaría Las Cruzadas, con lo que se iniciaba la conquista del Mediterráneo y la expansión planetaria del Occidente Cristiano como potencia dominante…hasta el presente. Desde entonces Occidente ha emprendido una cruzada que abarca el planeta entero, que se inicia con el “descubrimiento” de todo un Nuevo Mundo más allá de “la Mar Océano”, como llamaban los conquistadores españoles al actual Océano Atlántico; el pequeño pero poderoso militarmente reino de Castilla lograba la proeza histórica de forjar el primer imperio en el cual “no se ponía el sol”. Se requerirán cuatro siglos para que surja otro imperio absolutamente planetario, el británico, que será amo del universo durante todo un siglo: desde la Batalla de Waterloo (1815) hasta la 1ra. Guerra Mundial (1914). El último imperio de Occidente, el Norteamericano, hegemónico después de la 2da.Guerra Mundial (1940) llega, con el nuevo siglo y con el nuevo milenio, a su fin; con ello, como decía el último primer ministro laborista Gordon Brown en la Cumbre de Dabos del 2008:”West is over”.

La actual pandemia, la más planetaria que conoce la historia, ha puesto dramáticamente en evidencia que estamos siendo testigos de la más grande revolución política, social y cultural que pone fin a dos mil años de hegemonía mundial de la Cristiandad Occidental. Pero no por ello la humanidad o la historia se acaban; un nuevo orden mundial se gesta construido por un nuevo sujeto histórico: un ser humano con conciencia o identidad planetaria, dado que los actuales desafíos a los que afronta la especie ya no son regionales sino planetarios; por eso, en cada decisión que tomemos, se pone en juego la sobrevivencia misma de la especie. Nunca como ahora que el homo sapiens ha acumulado la mayor cantidad de poder que especie viviente alguna haya logrado en la evolución, el espectro de la muerte nos acompañará tanto como la euforia provocada por la conciencia de disfrutar de un poder cuasi infinito; viviremos entre la pesadilla y el ensueño. Como lo vislumbró Shakespeare poniendo al fantasma del padre de Hamlet a denunciar la podredumbre oculta tras los oropeles de un trono real, que haría que los tiempos de gloria de la corona danesa se convertirían en una sangrienta pesadilla. Pero también estos tiempos de cambio anuncian el advenimiento de lo que Nietzsche denominó “aurora” de un nuevo día, que se convirtió en el motor que ha movido todas las revueltas de los movimientos populares, cuyo programa de acción fue redactado en 1848 por Marx y Engels; recurriendo a la terminología de Teilhard de Chardin, para ello debemos transitar “de la divergencia a la convergencia”. Hasta el momento actual, la especie ha sobrevivido; ahora debe aprender, so pena de extinción, a convivir; debemos pasar de la sociedad (instinto gregario propio de casi todas las especias de mamíferos) a la comunidad conformada por personas solidarias; lo cual sólo se logra cambiando de escala de valores. La concepción antropológica que identifica ser humano con individuo debe ceder el paso a lo que la doctrina social de la Iglesia, inspirada en la filosofía de Aristóteles, denomina “ser social”. Ante este reto no somos libres, si por tal entendemos el ejercicio de lo que San Agustín denominaba “libre albedrío”.

La humanidad afronta el fantasma del suicidio colectivo en cuatro desafíos. A partir de Agosto de 1945 (Hiroshima y Nagasaki) vivimos bajo la sombra ominosa del hongo nuclear; luego en 1968 el Club de Roma anuncia que la destrucción de las especies vivientes desenmascara el mito de una sociedad del despilfarro, basada en una industrialización llevada a cabo a contrapelo de una ética ecológica; ya en este siglo, un diminuto virus le ha quitado la corona al homo sapiens y se ha convertido en el apocalíptico ángel de la muerte, desenmascarando la destrucción de los más elementales valores humanos perpetrado por el capitalismo salvaje, que se nutre de la nefasta ideología neoliberal. Sólo nos resta acabar con el cuarto ángel exterminador, cual es la dictadura mediática, propulsora de las falsas noticias. Cuatro guerras mundiales: la nuclear, la ecológica, las pandemias y el imperio mediático de la infamia y la mentira. Sólo venciendo esas amenazas de destrucción masiva, que pondrían fin a la especie humana, podremos construir una paz auténtica como espacio de convivencia digna de seres humanos, tal como sería la era mesiánica proclamada por la esperanza escatológica de la teología de la historia de inspiración judeocristiana. Habríamos así pasado del horror de la pesadilla al embeleso del ensueño; de la tragedia de Hamlet a la edad de oro anunciada en el Manifiesto de 1848. De la pandemia a la partenogénesis.

Foto: UCR

Solidaridad con Cuba

En estos aciagos momentos en que la humanidad vive la peor crisis en todos los campos, pero especialmente en materia de salud, provocada por la pandemia de coronavirus, elevamos nuestra voz exigiendo al gobierno de los Estados Unidos que levante el injusto bloqueo que mantiene en contra del hermano pueblo de Cuba, a pesar de la posición muchas veces manifiesta de la casi totalidad de los pueblos de la tierra.

Este bloqueo, que se mantiene únicamente por razones ideológicas por ya más de medio siglo, constituye hoy más que nunca una política criminal y genocida, que debe ser repudiada por todos los hombres y mujeres honestos del mundo, pues afecta el combate a la pandemia. Este bloqueo se ha exacerbado por la obtusa política del gobierno de Donald Trump, que viola las normas más elementales del derecho internacional y humanitario.

Cuba no sólo no representa ninguna amenaza para nadie, menos para una gran potencia como los Estados Unidos, sino que ha dado muestras, como lo ha hecho siempre su gobierno revolucionario, de solidaridad con todos los pueblos del mundo que se la han solicitado; esto lo ha hecho sin tomar en cuenta diferencias ideológicas o culturales ni distancias geográficas, sin cálculo político o económico ninguno.

Por eso, consideramos que, hoy más que nunca, el pueblo cubano merece la solidaridad de todos los hombres y mujeres honestos del mundo. Hoy todos los pueblos deben levantar la voz para expresar su solidaridad con ese hermano pueblo. Cuba se lo merece.

Para firmar: Solidaridad con Cuba

Arnoldo Mora Rodríguez, doctor en filosofía, catedrático universitario, ex ministro de Cultura y Deportes.
Xinia Rey Sánchez, Comité de Solidaridad con Cuba.
Gerardo Enrique Paniagua Rodríguez, agricultor.
Marianela Delgado Quesada, planificadora social y económica.
Juan Carlos Durán Castro, asistente de pacientes CCSS.
Rafael Barrantes Bonilla, Colectivo Comunicacional La Voz.
Gerardo Mora Burgos, filósofo, catedrático universitario, pensionado.
Leila Marcela Sánchez Cortés, promotora política.
Meibell Solera Fernández, educadora.
Gerardo Badilla Álvarez, químico farmacéutico, SINDEU.
Ana Tristán Sánchez, psicóloga.
Antonieta Fernández Quirós, abogada, jubilada.
Fabián Ulises Gómez Matarrita, artista.
Edgar Mora Guerrero, fotógrafo.
Luis Álvaro Mora Fallas, jubilado.
Suray Carrillo Guevara, abogada, ex diputada del Frente Amplio.
Vernor Arguedas Troyo, matemático, catedrático universitario, pensionado.
Gioconda Castro Reyes, militante del Frente Amplio, Guácimo.
Germán Chacón Araya, doctor en Estudios Latino Americanos.
Maggie Padgett Bernard, egresada de arquitectura (y retirada).
Rafael Rivas Ducca, consultor empresarial.
Fernando Camacho Arce, administrador pensionado.
Israel Guillén González, Fundación de Estudios Sociales Manuel Mora Valverde.
Elliana Zárate González, socióloga.
María Eugenia Román Mora, abogada, Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Rafael Angel Monge Mena, administrador.
Marlene Méndez Vega, docente.
Roberto Salom Echeverría, sociólogo.
Carlos Luis Chacón Salas, luchador social, pensionado.
Sergio Erick Ardón, arquitecto, ex diputado, pensionado.
Jaime Lobo Segura, matemático, profesor UCR retirado.
José Gabriel Rivas Ducca, biólogo.
Jorge Hernández, docente.
Eduardo Gardela, militante del Frente Amplio, Desamparados.
Catalina Goldoni Ruíz, jubilada Universidad Nacional.
Álvaro Madrigal Arroyo, militante del Frente Amplio, Goicoechea.
Manuel Mora Salas, consultor en seguridad.
Ricardo Garrón-Figuls, agricultor, ex diputado, ex ministro de Agricultura.
Edgar Agustín Vargas Cubero, ingeniero agrónomo.
Patricia Carrillo Valverde, pensionada.
Rodolfo Ulloa Bonilla, sociólogo, asesor parlamentario del Frente Amplio.
Ruth Elena Sánchez Esquivel, estudiante, activista, militante del Frente Amplio.
Hannia Franceschi Barraza, trabajadora social.
Alejandro Chacón Porras, docente de estudios sociales.
José María Villalta Flórez-Estrada, diputado de la República.
Alejandra María Ulloa Bonilla, profesora de primaria.
Eduardo Ureña Solano, programador de computadoras.
Jonathan Acuña Soto, economista.
Julian Godoy Echeverri, comunicador, asesor parlamentario del Frente Amplio.
Diana Madrigal Valerín, abogada, asesora parlamentaria del Frente Amplio.
Isaac Rojas, ecologista.
Elena Gutiérrez George Nascimento, coreógrafa, Danza UNA.
Federico Montero Mejía, médico.
Juan Gabriel Vargas Rojas, activista y militante del Frente Amplio.
Claudia Arroyo Borroni, abogada, asesora Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Rodrigo Arias López, matemático, consultor.
William Vindas Parajeles, expresidente de Asociación de la Industria Gráfica Costarricense (Asoingraf) y empresario gráfico.
Mario Mora Badilla, estudiante.
Sergio Reuben Soto, sociólogo, pensionado.
Oscar Héctor Leiva Cerrato, consultor participación social.
Arianna Blanco Porras, estudiante.
Yadira Mora Alfaro, filóloga, educadora jubilada.
Bruno de Jesús Coto Barboza, militante del Partido Integración Nacional, Mora.
Pbro. José Francisco Soto, sacerdote, ex asesor de Educación Religiosa del MEP en Alajuela, licenciado en Ciencias de la Religión, Escuela Ecuménica de la UNA.
David Contreras Mora, informático.
Carlos Manuel Vega Bolaños, ingeniero agrónomo, dirigente sindical en el Banco Popular.
Antonio Chaves, pensionado.
Alvaro Portillo, estudiante.
Shirley Medina Arana, pensionada, integrante del Frente Amplio.
Orlando Cubillo Jiménez, ingeniero agrónomo, pensionado.
Alejandro Delgadillo Solano, profesor y abogado.
Marvin Calvo Montoya, biólogo.
Javier Solís Herrera, periodista, ex diputado, ex embajador.
Oscar Vargas Vargas, consultor.
Francisco Enriquez Solano, doctor en historia, catedrático universitario.
Fabio Villalobos, médico pensionado.
Yamilette Fontana Coto, socióloga, jubilada.
Sebastián Vaquerano López, editor, ex embajador de El Salvador en Costa Rica.
Silvia Regina de Lima Silva, teóloga.
Jaime Prieto Valladares, teólogo.
Rafael Cuevas Molina, filósofo e historiador UNA.
Vladimir de la Cruz de Lemos, historiador, catedrático universitario.
María Magdalena Cano Valle, profesora de español, Partido Vanguardia Popular.
Macarena Barahona Riega, catedrática universitaria, politóloga y poeta.
Patricia Salgado Muñoz, antropóloga, jubilada.
María del Carmen Villalobos Chacón, trabajadora social.
Guillermo Morales Montoya, abogado y jubilado judicial.
Emma Ortega Ponce, ingeniera agrónoma.
Rodrigo Quesada Solís, ingeniero pensionado.
José Gerardo Riba Bazo, abogado y notario público, pensionado.
Miguel Angel Zúñiga Chávez, jubilado.
Mary Nieves Barahona Riera, actriz, directora y facilitadora.
Carlos Manuel Ortega Elizondo, médico CCSS, pensionado.
Percy Marín Méndez, pensionado.
Arcadio Zúñiga Noguera, máster en finanzas, pensionado.
Francisca Raventós Vorst, socióloga.
Mayela Araya Montero, docente de educación especial, jubilada.
Andrea Cordero Vargas, integrante de la JVC, trabajadora de la CCSS, estudiante de bibliotecología.
Abner Barrera Rivera, académico de la Universidad Nacional.
Esteban J. Beltrán Ulate, profesor universitario, militante del Frente Amplio.
Mónica Perea Anda, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica.
Fidel Barrera Romero, estudiante.
Alvaro López Baez, abogado litigante.
José Pablo Garro Arce, estudiante universitario y militante de la Juventud Vanguardista Costarricense.
José Fabio Gámez Fernández, estudiante de la Universidad Nacional.
Humberto García Loría, estudiante.
Rodrigo Zárate Solano, estudiante.
Roy González Cascante, estudiante UCR.
Lorena Coghi Robleto, militante de JVC y estudiante de la UCR.
Jorge Morales Piedra, activista, militante del Frente Amplio.
José Amesty Rivera, teólogo.
Alberto Quesada Pacheco, médico general.
Peter Tonkin, profesor.
Kiany Chavarría Oreamuno, socióloga.
Paulo Barrera Rivera, profesor e investigador universitario.
Oscar Barrantes Rodríguez, historiador y geógrafo, Círculo Bolivariano Yamileth López
Xochilt Esther Zambrana Areas, geóloga, docente UNAN.
Ana María Vega Torres, estudiante universitaria.
María José Monterroso Solís, gestora de los recursos naturales.
Rosa Irene Guevara Cantón, secretaria pensionada.
Brandon Roa, poeta costarricense.
Héctor Vega Torres, educador popular.
Ana Victoria Arce Solís, terapeuta del lenguaje.
Lenin Eugenio Jarquín Salazar, empresario.
Vlademir Lucio Ramos, profesor.
Ulises Araya Chaves, regidor Municipalidad de Belén.
Sonia Solís Umaña, antropóloga social, pensionada.
Fonlana Cheung, profesora.
Jorge Arturo Lobo Segura, biólogo, profesor universitario.
Gilberto Calvo Zúñiga, abogado y notario.
Nidia Fonseca Rivera, docente.
Mariana Carmona, trabajadora social, militante Juventud Vanguardista Costarricense.
Jorge Arguedas Mora, ex diputado, dirigente sindical ICE.
Ismael Salas Cortés, artista artesano.
Ileana Quesada Carballo, maestra pensionada.
Paula Quesada Soto, médica CCSS.
Candida Hayde Blanco Fitoria, Vanguardia Popular.
Ana Luisa Cerdas Albertazzi, historiadora, funcionaria pública pensionada.
Byron Renato Barillas Girón, sociólogo, profesor de la UNED.
Sonia Ulate Fallas, orientador MEP, lider sindical APSE.
Oscar Daniel Espinoza Ramos, artista independiente.
Gabriela Soledad Guerreros, ministra religiosa, pastora evangélica pentecostal.
Hazel Rodríguez Araya, estudiante.
Guillermo Gutiérrez Durán, ingeniero agrónomo, pensionado.
Juan Muñoz Carrión, funcionario jubilado.
Dayana Ureñ Solís, docente.
Cristhian Alvarado Segura, médico dermatólogo ELAM.
Tomás Echavarría Vela, profesor pensionado, ex asesor educación de adultos MEP.
Xinia Villalobos Zúñiga, trabajadora social.
Cecilia Rojas Orellana, psicóloga.
Marcelo Valverde Morales, investigador UNA.
Ericka Henchoz Castro, periodista y gestora en cultura.
Hálder Paniagua Navarro, pensionado.
María Laura Sánchez Rojas, sindicalista y socióloga.
Berta Rodríguez Buitrago, trabajadora de servicios domésticos.
Josefa Rodríguez Buitrago, trabajadora de servicios domésticos.
Marcos Chinchilla Montes, docente Universidad de Costa Rica.
Isabel Sánchez Rojas, filóloga jubilada.
Jorge Alfaro Loría, agricultor.
Aura Isabel Salas Vargas, jubilada.
Sary Montero, trabajadora social, jubilada.
Juan Ramón Elvir Salgado, ingeniero agrónomo, pensionado.
José Alfredo Pineda Dubón, ex decano de la Sede Región Brunca de la Universidad Nacional de Costa Rica, pensionado.
Jeffy Castro Bermúdez, informático.
Carlina Molina Vizcaíno, estudiante de medicina veterinaria, técnica laboratorio, Universidad Nacional.
Ana Monge Pereira, profesora jubilada Universidad de Costa Rica.
Manuel Monestel, cantautor, sociólogo.
Mario Cabrera Burgos, promotor voluntario de Salud sin Paredes.
Mariette Uitdewilligen, relaciones internacionales y defensora de derechos humanos.
Aurelia Trejos París, artista, militante del Partido Acción Ciudadana.
Carmen Cecilia Naranjo Castillo, ama de casa.
Jeannette Chiny Naranjo, docente jubilada.
Dionisio Cabal Antillón, cantautor.
Marcelino Ureña Alvarado, agricultor.
Manuel Antonio Ledezma Cordero, habitante de esta Tierra.
Carlos Manuel Campos Méndez, diseñador y redactor.
Célimo Guido Cruz, ex diputado.
Martín Rodriguez Espinoza, Partido Vanguardia Popular.
Pacífico Rebolledo Franco, sociólogo, doctor en ciencias de la educación, jubilado, pensionado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Para firmar: Solidaridad con Cuba

Lecciones de un microbio

Hernán Alvarado

            La tragedia COVID-19 suma más de 182.000 fallecidos y contando. El 17 de marzo, el senador colombiano Gustavo Petro afirmó que solo hay dos medidas efectivas contra esta pandemia:

            «a) Confinar drásticamente a la población en sus casas y

    b) Aumentar sustancialmente la capacidad hospitalaria».

            La primera es más importante dada la debilidad de los sistemas de salud, mas no cabe descuidar la segunda. Tal la enseñanza de otras virosis, así que obviarla configura un «genocidio por omisión». Tómese en cuenta para evaluar las diferentes respuestas gubernamentales. Este microbio sacude nuestras certezas y sin decir nada cambia los términos del debate ideológico, al desnudar las aberrantes desigualdades que la globalización neoliberal ha auspiciado. Asimismo, facilita una expansión de conciencia que presagia aprendizajes significativos.

  1. El mercado es de cristal opaco

            En el mercado, la mercancía preñada de ganancia representa el valor en su máximo esplendor, aunque la inversión pasa por su momento más crítico. Ahí el valor parece sólido, pero su dueño lo necesita líquido. Por lo demás, el dinero es un invento fabuloso, como medio de cálculo e intercambio facilita la distribución del producto social; pero cuando se convierte en un fin, como en la usura, resulta tan peligroso que debiera vigilarse como una central atómica.

            En cuanto todo transcurre normalmente el mercado luce tan útil como una columna, pero se hace añicos en las crisis. Además, su falsa transparencia oculta la desigual distribución de riqueza, es decir, el mecanismo mediante el cual pocos se enriquecen cada vez más, mientras la gran mayoría se empobrece. Pese a que Jeffrey Sachs mostró, en 2005, cómo se puede conseguir El fin de la pobreza, Costa Rica es ahora uno de los diez países más desiguales del mundo.

  1. La crisis como modus operandi

            El Subcomandante Marcos denunció, desde el año 2000, que la crisis es el modus operandi del neoliberalismo.[1] En rigor, así opera el capitalismo para concentrar la riqueza. En la crisis, el pez grande se come al chico, mientras la clase trabajadora se encarga de los desempleados vía solidaridad familiar. En realidad, la crisis es una fase necesaria y cíclica de la acumulación capitalista mediante la cual se aumenta la productividad promedio, o sea, la innovación del capital es tan destructiva como su desarrollo.

            La crisis no se origina en el sistema financiero, pero se incuba ahí, por eso resulta su principal protagonista. Mediante maniobras monetarias y crediticias genera las condiciones para ese sorprendente fenómeno que es la desaparición del dinero. Entonces, ramas enteras de la producción colapsan y reestructuran. De carambola, los negocios mejoran su rentabilidad empeorando las condiciones laborales. De hecho, esta crisis ya había sido anunciada, el Covid-19 la desencadenó y hará más dura la reactivación.

  1. Una economía para la vida

            Entre otros efectos, este microorganismo contrasta esa economía para la concentración de riqueza con la alternativa que sería para la vida. Además de condenar a millones de personas a la pobreza, esa economía letal ha eliminado a millones de especies vivas, cuyos beneficios potenciales, ecológicos y económicos, ni siquiera fueron explorados.

            Pero ahora ha quedado claro que el motor de la economía son las personas que trabajan, producen y consumen. Sin personas las empresas son meras ficciones jurídicas; la producción de riqueza se detiene cuando ellas no trabajan, la ganancia se congela si no compran. En una cuarentena, el capital se muere de sed, como un vampiro en su cueva.

            Paradójicamente, una economía para la vida debe superar primero el antropocentrismo, puesto que el ser humano no sobrevive sin el ecosistema. Edgar Morin ha mostrado el camino en La vida de la vida, donde el sujeto no es el ser humano sino la vida misma. Al destruir su ecología el Homo Sapiens cava su propia tumba o, como dice Franz Hinkelammert, corta la rama en la que está sentado. Sin embargo, la economía para la muerte contamina el aire, recalienta la Tierra, contamina los ríos y ensucia los océanos; pareciéndole solo un daño colateral del desarrollo.

  1. Huelga general de compras

            Según Zygmund Bauman (1925-2017), en la post modernidad el trabajador ha sido licuado como consumidor, en rigor como comprador; del mismo modo el productor ha sido licuado como inversionista. La mayoría son consumidores, la minoría inversionistas. Si las huelgas de trabajadores públicos se restringen y el sector privado no admite más sindicato que el de los empresarios (UCAEP), al pueblo todavía le queda la huelga de compras.

            Ahora los compradores finales saben que la producción responde a su demanda y que muchas cosas son más publicitarias que necesarias. Podrían abandonar entonces lo que arruina su salud o daña a la Madre Tierra. Ese poder de compra puede usarse, por ejemplo, para reducir la ingesta de animales y el uso de plásticos. Solo los compradores detendrán el consumismo voraz que conduce al colapso planetario. Eso viene sucediendo espontáneamente, verbigracia el caso del petróleo. No comprar es más potente que cualquier acción; de hecho no puede reprimirse, no infringe la ley y detiene la codicia más irresponsable. Como esta crisis revela, el capitalismo es una máquina ciega que debe ser conducida mediante una coordinación facilitada por la tecnología colaborativa. Según Manuel Castells, la política es hoy fundamentalmente comunicación.

  1. El Estado no basta

            Existe un impulso irrefrenable hacia la comunidad y la solidaridad, cual instinto de especie o de «manada» que se manifiesta en el cuerpo médico, los empleados públicos y las miles de personas que se quedan voluntariamente en casa. Además, como escribiera Alan Woods, nada puede reprimir el «deseo inconsciente» de transformar el mundo preservado en la clase trabajadora. A la vez, hay una resistencia tenaz al trato indiferenciado que la política pública impone como parte de la reacción inmunitaria revelada por Roberto Esposito (Véase: Communitas e Inmunitas). Esto significa que el éxito de una política pública depende sobre todo de la colaboración de sus destinatarios.

            El poder real radica en los ciudadanos que mueven las ruedas del mundo cotidianamente y no, como pareciera, en sus delegados. Quienes gobiernan ostentan el poder formal, como ilusión de élite sostenida por la creencia mayoritaria en ficciones del tipo Estado y empresa; fenómeno destacado por Harari en Homo Deus. Por eso, al final depende del monopolio de la violencia legítima. Pero separado del representado, el poder del representante deviene fetiche que oculta en vano su ejercicio ilegítimo; según lo ha revelado Enrique Dussel en sus 10 tesis de política. Ese poder «legal» pero ilegítimo es una bomba de tiempo. Poder formal cada vez más difícil de alcanzar, ejercer y sostener, según lo descrito por Moisés Naím en el Fin del poder. En realidad, el poder formal parece sólido solo mientras el Soberano está silente.

            Además, el Estado costarricense existe en el Gran Área Metropolitana, pero conforme se aleja del centro se va desdibujando, hasta que en lugares remotos, como fronteras y costas, se reduce a la policía. Hay comunidades que ni cuentan con eso, como se sufre particularmente en el sur, donde se asesinan dirigentes sociales en territorio indígena.

            En el mar patrimonial el Estado prácticamente no existe; ahí yace buena parte de la riqueza de la nación, pero es coto de caza de atuneros y narcotraficantes. Una gestión de desarrollo de espaldas al mar significa que se ha abandonado el 92% del territorio nacional (574.725 km²) mientras las comunidades pesqueras se convierten en las más vulneradas. Alguna vez la burguesía costarricense fue patriótica, pero ha dejado de serlo, salvo honrosas excepciones. Tal vez comenzó a desnacionalizarse desde que fusilaron a Juanito Mora (1814-1860), cuyo cadáver quisieron arrojar al estero de Puntarenas.

  1. La democracia representativa no es suficiente

            La democracia representativa pasa por su peor crisis, a despecho del Fin de la historia y el último hombre, anunciado por Francis Fukuyama. Los ciudadanos creen cada vez menos en la «clase» política, en sus partidos de pacotilla y en las instituciones que dirige. Hasta las judiciales se están desprestigiando porque su independencia es una aspiración más que una realidad. En América Latina, según Manuel Castell, alrededor del 80% de la población no se siente representada por sus gobernantes.[2]

            Aunque sea claro que las elecciones limpias y transparentes son necesarias, también lo es que no son suficientes. De hecho, los representantes ganan con «mayorías» reglamentarias, no de verdad, y rápido su legitimidad se erosiona. Los ciudadanos tampoco creen en los medios de comunicación, por su servilismo a mezquinos intereses económicos. Esa crisis crónica de gobernabilidad es en términos de Antonio Grasmci (1891-1937) una crisis de hegemonía moral y cultural.

            En suma, sin una renovación radical la democracia representativa se seguirá desplomando como los glaciares por el cambio climático. La oligarquía, menos del 1% de la población, se ha vuelto su peor enemiga porque boicotea sistemáticamente el Estado de derecho y la institucionalidad pública, dejando de pagar sus impuestos y sus contribuciones a la seguridad social, exportando sus ganancias a los paraísos fiscales, cabildeando para obtener cuantiosas exenciones y amnistías, incidiendo en el poder judicial, haciendo campañas truculentas para disimular su evasión tributaria y cargando sobre los hombros del pueblo los costos hundidos de todas sus crisis. A la vez que usufructúa de la deuda, la inversión y los servicios públicos. Su liberalismo in extremis conduce al caos o al fascismo y desemboca, en el mejor de los casos, en la indignación y la movilización general.

  1. La renovación democrática impostergable

            En 2003, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional más importante después de la abolición del ejército. Consistió en una modificación aparentemente inocua que a algunos les pareció redundante y muchos ni se dieron por enterados. El artículo 9 describe nada menos que las características del gobierno: popular, representativo, responsable y alternativo. La reforma agregó «participativo» significando que el gobierno es ejercido por el pueblo junto a tres Poderes independientes. A la letra dice:

El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (…).[3]

            O sea, renovar la democracia es un imperativo constitucional desde hace 17 años, pero se ha avanzado poco o nada. Al respecto, la Asamblea Legislativa ha pecado por omisión, incumpliéndole al Soberano que ya debería haber sido apoderado. Eso hubiera sido más digno de su investidura que dedicarse a confiscar pensiones a personas adultas mayores, cohonestando la violencia simbólica del estigma difamatorio que se ha usado contra ellas cual caballo de Troya.

            Tal reforma política es urgente e indispensable porque ninguna democracia puede llamarse realmente representativa si no es participativa y ningún gobierno puede decirse popular y responsable sin una ciudadanía activa. Ella implica formas de participación, directas e indirectas, en todas las instituciones de los tres Poderes. Asimismo, se trata de garantizar que los reguladores de servicios públicos no sean capturados por los proveedores. Toda la institucionalidad pública debe hacer efectivo ese gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, simplemente por ser un mandato superior. En cuyo caso ¿cuántos desfalcos, confiscaciones, evasiones y extorsiones dejarían de ser viables? Además supone la aprobación de mecanismos como el plebiscito revocatorio de mandato de todos los representantes, incluyendo diputados. Así como prácticas regulares de rendición de cuentas, como la patrocinada, ejemplarmente, por el «Movimiento Territorios Seguros».

            Por su parte, los tres Poderes deben ser independientes entre sí para que el diseño de Estado funcione, si no se pierde el contrapeso. A la Asamblea Legislativa le toca una oposición visionaria ante el Ejecutivo y al Judicial parar los abusos de ambos. Sin embargo, esos Poderes lucen hoy confundidos, configurando un tipo de gobierno antidemocrático. En consecuencia, ya no debieran valerse esas leyes que un grupito de iluminados aprueba a espaldas de la ciudadanía, aplaudidos únicamente por la prensa desprestigiada, como fue el «plan fiscal» y la ley 9796 contra el derecho a una pensión digna. En contraste, pese a ser inmoral e ilegal, los diputados no se han atrevido a poner fin a la usura, lo cual no se limita a poner un tope de verdad a la tasa de interés. Alguien debiera recordarles que un gobierno de los ricos y para los ricos no solo es ilegitimo, además es anticonstitucional.

  1. Refundar la República del bicentenario

            Por eso, la responsabilidad debe asumirla ahora, directamente, el pueblo de Costa Rica. Cuando existan las condiciones este debe impulsar una reforma integral de la Constitución de 1949, que sería la forma más seria de honrar el bicentenario de la independencia. Dicha reforma debería girar alrededor de tres ejes temáticos preliminares:

A. Transformación de la democracia representativa en democracia participativa, según el artículo 9 ya reformado. Eso implica revisar críticamente el sistema electoral y garantizar la independencia absoluta de los tres Poderes respecto a cualquier presión externa política o económica. De igual manera, consolidar y ampliar las autonomías institucionales y territoriales. Asimismo, supone la gestión soberana, participativa, integral, descentralizada, sustentable e inclusiva de la totalidad del territorio nacional, incluyendo el mar en toda su extensión.

B. Garantías jurídicas para un avance progresivo de los derechos humanos de todos los habitantes: personas, poblaciones, culturas, etnias, naciones, comunidades, géneros, edades y condiciones, incluso más allá de las convenciones internacionales ratificadas.

C. Principios de una economía para la vida que implica, por ejemplo, un ingreso digno y universal para cada habitante, de acuerdo con el artículo 50 sobre el «bienestar de todos» y el «reparto de la riqueza»; dignidad y libertad del trabajo que no puede ser degradado, según artículo 50, «a simple mercancía»; reforma tributaria justa y progresiva (que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres); y, de acuerdo con los derechos de la Naturaleza, incentivar la generación de negocios realmente sustentables, socialmente responsables y solidarios.

            La meta mínima debe ser que la Constitución se cumpla sin interpretaciones antojadizas o acomodaticias. El programa mínimo implica avanzar sobre el eje A, que no es negociable. Sin una determinación férrea y unitaria de quienes constituyen la polifonía del Soberano, el futuro de la patria seguirá en manos de cuatro gatos cuya astucia ideológica les permite caer siempre parados al ser fieles a los intereses foráneos.

[1] Hoy Subcomandante Galeano del EZLN de México.

[2] Ruptura fue publicado en 2017 con el subtítulo: La crisis de la democracia liberal, como el libro de Rodolfo Cerdas de 1972 sobre el caso de Costa Rica.

[3] Constitución de la República de Costa Rica, artículo 9. Así reformado en 2003.

Un balance sobre políticas de apoyo solidario, afectación laboral y la participación ciudadana en tiempos de COVID-19

Licda. Marjorie Hernández Delgado

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos”. Martin Luther King

Esta frase de Martin Luther King, se adapta perfectamente a la situación actual que se vive en Costa Rica a raíz de la crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo entero causada por la pandemia COVID-19.

El forzado, pero necesario aislamiento y distanciamiento social, han provocado el aumento en el desempleo, generado subempleo y suspensión de contratos en el sector privado formal. En el sector informal los trabajadores han visto mermada en gran manera o prácticamente desaparecida su fuente de ingresos. Las personas que laboran de manera independiente también han sido muy afectadas con el confinamiento obligatorio bajo el llamado “Quédate en casa”.

Por su parte, el sector público también está sufriendo laboralmente las consecuencias de esta pandemia debido a que, el Poder Ejecutivo congeló el pago del aumento salarial anual aprobado para el 2020 según decreto #42121-MTSS-H-Mideplan, del primero de enero del 2020. Estos dineros se emplearán para cubrir en parte la emergencia. Además, está aplicando la Ley #9635, respecto a la eliminación de pluses y el congelamiento de otros componentes salariales.

Pero como si eso fuera poco, existen varias propuestas y proyectos de ley del Poder Ejecutivo que representan una verdadera violación a los derechos humanos, constitucionales y laborales de las personas trabajadoras ya que pretenden imponer un tributo “solidario” al salario de los trabajadores tanto del sector público como privado, que se rebaje a un 50% el salario de los empleados públicos y se elimine el pago del aguinaldo y el salario escolar. Respecto a este último ya se pronunció la Ministra de Planificación, Pilar Garrido en nota MIDEPLAN-DM-OF-0443-2020 del 16 de abril del 2020, quien después de realizar un amplio estudio sobre el origen del Salario Escolar concluyó que es un componente salarial que no pueden eliminar porque corresponde a un pago diferido y de hacerlo se debe indemnizar a todos los empleados del sector público o bien incorporarle ese monto al salario base y que el Estado no está en las condiciones económicas para hacerlo. Por eso se paga de esta manera.

Al ser una situación de emergencia nacional sin precedentes y de una afectación socioeconómica de gran magnitud, le corresponde al Gobierno de la República tomar las decisiones certeras y que se apliquen las políticas de acción eficientes y eficaces que permitan mitigar los efectos de la crisis, proteger a los trabajadores y a sus familias de manera sostenida durante y después de la emergencia, así como también se deben crear mecanismos de contención del desempleo.

Por esta razón, se hace indispensable establecer también mecanismos que permitan un apoyo integral, considerando no solo el pago de los servicios públicos, sino los créditos y tarjetas de crédito, debido a que no pueden dejar de recibir los servicios básicos. Pues de ser así, esto violentaría no solo sus derechos humanos y constitucionales, sino que rompería la paz social y afectaría todo el esfuerzo en materia sanitaria que se ha implementado para contener la propagación de la pandemia a nivel nacional.

Es necesaria la total transparencia (Constitución Política, Artículo 11: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad… La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes…”) y precisión en las políticas de apoyo solidario, las cuales se deben desarrollar según lo establece la Carta Magna que vela por el bien común, protegiendo a los más vulnerables y que además brinda el equilibrio que contribuye a la paz social de la nación, proporciona justicia social, tributaria y cubre a todos los habitantes del país.

Es relevante la participación de las personas ciudadanas en la toma de decisiones dentro de esas políticas públicas, sobre todo al tratarse de una crisis sanitaria que trae graves repercusiones a toda la población y porque es precisamente ésta la que sufre las consecuencias, no solo en materia de salud, sino en el área económica y social.

Esa trascendental participación ciudadana está estipulada en el Artículo 9 de la Constitución Política: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el Pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias…” (Reforma del 1 de julio del 2003, publicado en la Gaceta N°146 del 31 de julio del 2003), por tanto, las autoridades gubernamentales deben trabajar en conjunto con la ciudadanía responsable, en la búsqueda de las soluciones por el bien común.

Por otra parte, la Constitución Política establece que se debe proteger la vida de todas las personas en el Artículo 21: “La vida humana es inviolable”. Pero salvaguardar la vida de las personas no solo se refiere al aspecto sanitario, sino que también es asegurar el suministro de alimentos y servicios básicos.

Sin embargo, en esta emergencia se han dejado de lado derechos muy importantes como lo estipulado en el Artículo 33: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”, pues se han aprobado leyes que benefician a unos y desprotegen a otros, omitiendo que todas las personas ciudadanas tienen el derecho constitucional y humano a no ser objeto de discriminación o exclusión ya sea en materia tributaria, social, económica o de cualquier otra índole, sobre todo cuando se trata de la población con mayor riesgo social y económico, que además, no son los dueños de los medios de producción sino que contribuyen con su fuerza laboral a la dinamización de la economía nacional.

Es por esta razón, que el mandato constitucional debe ser respetado y ejecutado por el Gobierno de la República plenamente, para que se cumpla lo determinado en el Artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…” Es así como el Estado tiene la obligatoriedad de velar por el bienestar de toda la población en un ámbito de equidad, justicia social y tributaria.

Por tanto, la moratoria en el pago de los impuestos del IVA, Renta, Aduanas y Selectivo de Consumo al sector empresarial, violenta no solo la Constitución Política en sus artículos 21, 33 y 50, sino también la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas #9635. Además, la Regla Fiscal de esta ley amerita ser suspendida, pues es prioritario el destino de la mayor cantidad de fondos públicos a las transferencias sociales en momentos de recesión económica y de gran afectación en materia laboral.

En consecución a este tema, el pago de los impuestos por parte del sector empresarial, durante y después de la emergencia es de vital importancia para brindar sostenibilidad al erario y que no se desfinancien los fondos públicos con los que se debe hacer frente a la emergencia, pues estos se sustentan de los tributos que pagan tanto personas trabajadoras como los empleadores. La situación no se resuelve con más impuestos sobre la espalda de quienes subsisten de un salario, y que ya se están viendo sumamente afectados con la crisis, sino con el pago puntual y solidario de los tributos que ya existen, por parte de todos los actores de la sociedad.

En cuanto al Programa PROTEGER, es necesario asegurar no solo la puesta en marcha de este, sino su sostenibilidad, pero no a costa de los sectores más vulnerables y maltratados, sino con el verdadero apoyo solidario de los sectores económicamente más estables y fortalecidos: Las Grandes Empresas Territoriales, Los Grandes Contribuyentes y el sector Financiero Privado. Para tal fin se deben establecer estrategias de recaudación de fondos solidarios, con la finalidad de fortalecerlo y darle el soporte necesario durante y después de la emergencia, pero sobre todo restablecer el pago de los impuestos cuya moratoria beneficia injustamente al sector empresarial y recarga el peso de la crisis en el resto de la población, compuesta precisamente por los trabajadores, marcando aún más las desigualdades, discriminación e injusticia social y tributaria.

Finalmente, PROTEGER debe ser administrado dentro del marco de la transparencia y la Rendición de Cuentas según el Artículo 11 de la Constitución Política. Y esperamos que cuando esta crisis pase y podamos tratar de volver a la normalidad, no recibamos la desagradable noticia que una vez más los fondos públicos han sido saqueados y que los que menos recibieron las ayudas fueron los verdaderamente necesitados. Porque las autoridades deben recordar que un pueblo con hambre es una bomba con la mecha a medio encender y que la desigualdad ha acrecentado el malestar de la población día con día, que todos estamos en un mismo mar, en diferentes barcos, pero cuando hay una tormenta todos los barcos pueden naufragar.

“Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga”. Homero

 

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En tiempos del Coronavirus: una radiografía perversa

Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de pandemia.
(Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

Para un sector de la clase política actual, La Nación, Canal 7 y los ideólogos de la privatización, el pensionado del Magisterio Nacional es un “pensionado de lujo”. Es decir, un privilegiado y hasta un descarado que no tiene vergüenza de aprovecharse de obtener beneficios, para los que no ha cotizado, a costa de los impuestos que paga el pueblo. Es el enemigo número uno del pueblo y uno de los principales causantes y responsables de la crisis fiscal que padece el país.

Esta radiografía perversa, odiosa y mentirosa no ha logrado convencer a un pueblo inteligente que sabe que quienes así opinan son “lobos vestidos con piel de ovejas”. Los ricos que hoy se visten de pobres, siendo los principales responsables de tener al país en el noveno lugar de los países más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial del 2016.

Las razones de su riqueza mal habida sobran. Unos desfalcan bancos, como en el caso del ex presidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), el señor Samuel Yankelewitz, juzgado y condenado por deudas de 37 millones de dólares. Otros, como los empresarios del ALDESA, con el señor Javier Chaves a la cabeza -y esposo de la ex coordinadora del equipo económico del actual gobierno, la señora Edna Camacho, hoy premiada con un alto puesto internacional-, amasando y derrochando capitales a costa de los ahorros de pequeños y medianos inversores. Y otros, utilizando puestos políticos para obtener dividendos personales o para sus allegados, tales como el banquero y ex vicepresidente del gobierno liberacionista de doña Laura Chinchilla, el señor Luis Libermann, el gran cabildero del sector financiero, que gestionó para lucrar bajos impuestos de renta con intereses del 8% mientras los asalariados pagaban entre 15 y 30%, además deducir intereses de préstamos obtenidos en bancos del exterior, entre muchos otros beneficios, según lo denunció el expresidente del Banco Central, el señor Jorge Guardia. Por su parte, el ex canciller de la República, también liberacionista, el señor Fernando Naranjo, quien usufructuó de verdaderos privilegios como gerente del Banco Nacional, con un salario superior a los 19 millones de colones mensuales, a los que se suman dividendos anuales millonarios.

Sumen a la lista a los grandes empresarios que declaran cero ganancias al fisco, mientras explotan a sus trabajadores con salarios casi de hambre, que el actual ministro sin “cartera” y representante ante el sector empresarial, André Garnier Kruse, los considera demasiado elevados. Y entre ellos, otro banquero, el señor Leonel Baruch del BCT, que declara cero ganancias mientras presta casi 10.000 millones de colones a la mayoría de los principales partidos políticos de la contienda pasada, lucrando con la deuda política que pagamos todos los costarricenses, sobre los que deduce los intereses y se gana los cupones del bono. Y también patrocina a Canal 7 con el programa “Ayer y hoy en la Historia” de don Ignacio Santos.

Con qué cara se atreven estos señores y sus defensores, como doña Pilar Cisneros, entre otros, a lanzar ataques contra pensionados del Magisterio que apenas alcanzan a ser parte de una debilitada clase media, después de haber servido al país por 35 o 40 años, y en muchos casos continuar sirviendo, de manera voluntaria, después de pensionados; asimismo, haber cotizado hasta 6 tantos más que los cotizantes de la Caja, además de pagar puntualmente todos los meses de todos los años de servicio el impuesto de la renta como asalariados y pensionados, sin utilizar subterfugios para eludir esa responsabilidad ética y patriótica como mandar la plata a los paraísos fiscales. Además, continúan, después de pensionados, pagando las altas cuotas como si fueran asalariados y no pensionados, como una contribución solidaria para que las nuevas generaciones puedan llegar a disfrutar de una pensión digna. Asimismo, quienes sobrepasan el salario de un catedrático universitario, hacen un aporte solidario adicional que lleva a que las deducciones oscilen entre un 40% y un 55% de su salario bruto. Eso es SOLIDARIDAD, doble o triple. ¿A cuál asalariado de los que devengan salarios más altos del sector público o privado se le deduce más del 50%?

¿Quién en su sano juicio y con los pies puestos en la tierra firme del derecho y de la ética puede catalogar a un trabajador de la educación costarricense como “pensionado de lujo”? Se trata de personas que han sabido sacrificar una suma muy alta de su salario, y ahorrar lo suficiente para vivir una vejez digna. ¿Cuál aprovechamiento o descaro? Trabajo, trabajo honrado y ahorro, ahorro…Previsión con visión de futuro y solidaridad.

Esa perversa radiografía solo cabe en la mente de personas de mala fe, inducidas por el odio y la mentira a utilizar las armas más innobles de la manipulación y la violencia simbólica, para agredir a los trabajadores y pensionados del sector público, y hacer que el pueblo vea para otro lado. Buscan continuar presentándose como mansas ovejas, hoy vestidos como defensores de los pobres para hundir a los mismos pobres y a la clase media trabajadora y siempre solidaria.

Por dicha, tenemos trabajadores públicos y privados solidarios que, junto con un remanente de empresarios y políticos honestos y honrados, al igual que nuestros campesinos, han sabido ganarse el pan con el sudor de la frente, y por su nobleza y solidaridad este país ha logrado ubicarse en los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, Asimismo, en salud, seguridad social y educación ocupar un sitial de privilegio a nivel mundial.

 Este país, ejemplo en el mundo en esos aspectos, lamentablemente, es el mismo que ocupa el vergonzante octavo lugar entre los más desiguales del mundo, debido, en gran medida, a la mezquindad de los grandes evasores y elusores de impuestos del sector empresarial y financiero, así como a una clase política rentista y electoralista, que perdió la brújula de gobernar para el bien común.

Imagen: http://clif.in/2018/08/26/evasion-y-elusion-fiscal-hacen-de-america-latina-la-region-mas-desigual-del-mundo/

La pandemia y la voracidad del sector financiero

Carlos Campos Rojas, 21 de abril de 2020

No me sorprendí con la acción del sector financiero de secuestrar el Bono Proteger, que el gobierno, con el apoyo de la ciudadanía, le está haciendo llegar a algunas personas vulnerables para que tengan con qué comprar alimentos básicos en estos momentos tan difíciles.

Nadie puede alegar descoordinación en el gobierno, si fuera así, el gobierno se caería. Todo está debidamente articulado, toda acción gubernamental cuenta con un soporte social, político y económico para que el gobierno funcione.

En la ingenuidad popular se ha construido la leyenda urbana de que existe un desorden gubernamental. Eso le sirve a la mafia política, para distraernos. Pero todo está debidamente enhebrado, sino la corrupción y la impunidad estarían derrotadas hace rato.

En lo que más coordinación existe, es en la exclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones, violentando la Constitución Política, pues somos una República Participativa, el Art. 9 es preciso.

Ahora sabemos para qué, desde Casa Presidencial se está llamando a que depositemos en el sistema financiero parte de los pocos recursos que nos quedan, alegando que debemos demostrar nuestra solidaridad con los que menos tienen. Porque la solidaridad es de abajo para arriba.

Arrebatarles a las personas trabajadoras sus derechos laborales, no ha sido suficiente para la voracidad de los que más tienen. Lo quieren todo, sobre todo en esta pandemia. Ahora que estamos aislados, débiles y desconcertados.

Secuestrarle el Bono Proteger a las personas vulnerables, por sus deudas financieras, solo demuestra lo inhumano a que ha llegado el régimen, porque las reglas las impuso el gobierno.

Mientras los costarricenses nos preocupábamos por socorrer a los más necesitados, los zopilotes se frotaban las manos.

Desde luego que aflorarán las justificaciones inmorales que da el derecho, para eso sobran corsarios en la justicia y el gobierno, sustentados por un sector empresarial carente de responsabilidad social.

Este asalto a la solidaridad costarricense solo demuestra la importancia del valor de cada colón que genera la ciudadanía, en la economía nacional. Somos los que sostenemos el país. Para que haya extrema riqueza, tiene que haber extrema pobreza, somos el país más desigual de América. La mafia política ha demostrado que no tiene escrúpulos.

Todo tiene, solución en el diálogo. El que necesita el país, no es a la distancia y en una sola dirección, como propagandísticamente se pretende hacer. Debe ser en el marco constitucional, respetando y reconociendo a la ciudadanía como el Primer Poder de la República, como El Soberano que es.

¿Hacia dónde va Costa Rica?

Vamos a celebrar
La misa del amor esta mañana.
Haremos una hostia, con masa de maíz, harina y esperanza.
En un filo de roca,
Sobre el vientre de un cerro,
Consagraremos la hostia de la vida
Y el vino del derecho.
Jorge Debravo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

La oligarquía empresarial y financiera ha sacado sus sables para blandirlos con fuerza contra los trabajadores del sector público. Realmente, sus desmanes resultan repugnantes y desenfrenados. Se ha envalentonado por su poder extralimitado, conferido por los gobiernos de turno.

Apelar a estas armas innobles, también, la delata en su debilidad ética para encarar situaciones adversas, que demandan, por parte de toda la ciudadanía costarricense, patriotismo, sensibilidad humana y solidaridad.

Es una oligarquía que se ha venido despatriando porque ha traicionado valores fundamentales de una patria solidaria y amiga. Ha endeudado al país porque no ha pagado debidamente los impuestos. Ha estafado a los bancos del Estado. Ha atacado con saña a los empleados y pensionados del sector público, exhibiéndolos como responsables de la crisis fiscal, de la que ella y sola ella es la principal y verdadera responsable. Y ahora, pretende dictarle medidas leoninas para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Vive en otro mundo, y su ceguera es total. El poder extralimitado la ha segado al punto de pensar que puede eximirse de contribuir solidariamente, quizá porque sigue pensando que sus riquezas son el fruto de su esfuerzo y capacidad, desconociendo el aporte de sus trabajadores –la mayoría mal pagados– y el soporte que le brinda la institucionalidad social pública -esa que buscan desmantelar para privatizarla-, sin los cuales se moriría de hambre.

Este pueblo se está cansando de que lo trate como ignorante y pordiosero. Ya no puede seguirle mintiendo, declarando cero ganancias mientras acumula riquezas en paraísos fiscales. Y pretende que le crean el cuento de que los privilegiados son los empleados del sector público, que hoy se parten el alma por sacar adelante al país de esta pandemia, dando lo mejor de sí con generosidad solidaria, precisamente, lo que esta oligarquía no tiene.

Tales comportamientos, son producto de su ambición ilimitada de poder; aspira a tener todos los poderes. Y como hay poderes que no puede comprar, como el de los intelectuales dignos, entonces los ataca y desprestigia; como no tiene el poder de la humildad, entonces busca ganarse el favor de los pobres con las migajas que le tira de su mesa, es decir, los humilla; y como no tiene la delicadeza y la sabiduría de los maestros, entonces los persigue y los degrada.

Pero toda su vanidad se diluye como la neblina. ¡Vanidad de vanidades, todos es vanidad!, dice el sabio escritor del Eclesiastés, en tiempos muy parecidos a los nuestros donde la dinastía tolomea celebraba el auge tecnológico, comercial y cultural del imperio griego-macedonio. La palabra que se traduce como vanidad, en este texto, corresponde más propiamente a palabras más triviales como “cochinada”, “porquería” o “mierda” (Tamez, Elsa. Cuando los horizontes se cierran. pp.15-21). Y en su “vanidad”, esta oligarquía no perdurará. Como la pandemia del coronavirus, dejará muchas víctimas en el camino, pero las mayorías sobrevivirán.

¿Hacia dónde va Costa Rica? Hacia un Estado Social de Derecho del Siglo XXI, más fortalecido que nunca en su historia. Será la nueva gesta victoriosa de mujeres y hombres libres que, así como se sacudieron la bota filibustera en 1856, se sacudirán de esta oligarquía que ha pretendido doblegarlos, empobreciéndolos y ofreciéndoles falsas promesas de reactivación económica.

Todavía hay reservas suficientes de dignidad en este pueblo valeroso y solidario, que vencerá a ambas pandemias: la del coronavirus y la oligárquica.

Imagen: UNED

Virtualización Solidaria

Asociación de Estudiantes de Sociología UCR

En el marco de la emergencia nacional, debido a la expansión del COVID-19 en nuestro país, la Universidad de Costa Rica emitió la directriz de recibir los cursos durante este semestre en la modalidad virtual. Desde la Asociación de Estudiantes de Sociología (AES) reconocemos que la desigualdad social y tecnológica afecta el desempeño de la población estudiantil en el desarrollo del semestre, por esto la AES ha diseñado el proyecto “Virtualización Solidaria” que busca apoyar a los y las estudiantes afectadas por la propagación de la pandemia en Costa Rica.

Gracias al trabajo de la comisión de Evaluación, Orientación y Matrícula de la Escuela de Sociología (mediante una encuesta) se logró obtener los datos del acceso a las herramientas tecnológicas para integrarse a la virtualización, por parte del estudiantado. Si bien los datos son limitados, por la forma en que se recopiló la información, sirve de guía tanto para la AES como para la Escuela en la elaboración de un plan de acción.

La Virtualización Solidaria consta de 2 pilares fundamentales:

1. La creación de un fondo solidario a través de la cuenta bancaria de nuestra tesorera Génesis Mora, con el propósito de reducir el impacto negativo de la virtualización en la población estudiantil de Sociología.

1.1. Este fondo solidario busca contribuir con la población estudiantil que requiera apoyo con alimentación debido a la situación actual del país.

1.2. El fondo solidario servirá de apoyo a las personas que no cuentan con acceso a Internet, por lo que se gestionaría para la instalación de Internet -de ser posible- en las zonas donde residen les estudiantes. Este apoyo se brindará mensualmente hasta que se levante la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud.

1.3. En el caso de las personas estudiantes que no cuenten con acceso a Internet por una situación geográfica, se les ofrecerá la opción de hospedaje solidario por lo que resta del semestre.

1.4. El Fondo Solidario cubrirá, asimismo, las recargas de las líneas prepago para que estudiantes que lo requieran, puedan realizar sus asignaciones académicas.

1.5 Los gastos por servicios de transporte (encomienda, mensajería o inclusive pases) también serían cubiertos por el Fondo Solidario.

2. Una campaña de recolección de aparatos inteligentes con la intención de facilitarlos a las personas que no tienen acceso a un dispositivo móvil, para que lleven a cabo sus asignaciones a lo largo del semestre.

Hospedaje Solidario

Quienes no cuenten con acceso a Internet por una situación geográfica, se les buscará un hospedaje solidario por lo que resta del semestre.

Para brindar hospedaje:

https://forms.gle/f8on6yk24DvjhDuH8

Recolección y Préstamo de Computadoras

A quienes no cuenten con un dispositivo móvil para realizar sus asignaciones académicas, se les buscará facilitar computadoras durante su semestre virtual.

Para donar o prestar una computadora:

https://forms.gle/bP4ym1NkGHLkSByk9

Invitamos a la comunidad estudiantil y al profesorado a solidarizarse con las personas que lo necesiten para que puedan llevar a cabo su semestre.

Evento en Facebook donde pueden unirse:

https://www.facebook.com/events/233336477872552

Facebook: Asociación Estudiantes Sociología UCR

Solidaridad sin privilegios en tiempos de pandemia

Carlos Campos Rojas

Son momentos de incuestionable unión y de esfuerzos conjuntos. De la mano, así tenemos que salir de este desafío que nos impuso el Covid 19.

Es inaceptable que la mafia política se aproveche de la situación, para enriquecerse más.

Hemos recuperado la solidaridad que habíamos perdido por los desvaríos de una sociedad de consumo, que consideraba moral y correcto, pisotear al “otro”, para lograr sus privilegios y su estatus.

La economía globalizada tenía su soporte en el consumo irracional, irresponsable e inescrupuloso. Se consideraba el consumismo como el centro del desarrollo y la forma de demostrar la integración a las nuevas tendencias posmodernistas de hacer política y establecer modelos de gobernanza, que profundizaban la dominación a la que habíamos estado sometidos.

Este gobierno sabía al asumir su mandato, que se enfrentaba en su trabajo a un terrible legado de las administraciones que, después del gobierno de Rodrigo Carazo, tuvieron como norte destruir nuestro estado de bienestar por uno presuntamente más moderno, más acorde a la privatización y a la negación del ejercicio de los derechos políticos de la persona ciudadana. Entregaron nuestra riqueza, como si fueran bienes de difunto a banqueros privados, alquiladores de edificios, prestatarios de servicios, etc., que aparecieron sin percatarnos, para hacerse del botín, como una gollería.

Pasamos a ser el país más desigual de América, porque la riqueza se concentró en muy pocas manos. Se imponía que era más importante el bienestar del individuo, aunque fuera pisoteando la espalda de los demás.

Así, entre las múltiples herencias aportadas por esa vieja mafia política que asumió el mando en la oscuridad, está la Concesión de la Ruta 27. Uno de los contratos más leoninos a los que nos ha condenado un gobierno.

Oscar Arias, lleno de malinchismo y sin ningún amor por nuestra patria –entre muchos de sus actos-, nos encadenó a enriquecer una empresa extranjera, a través de una concesión que demostró que el artilugio legal, servía para legitimar el saqueo de la riqueza que nos ha pertenecido.

La Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos Nº 7762, aprobada el 22 de mayo de 1998, fue el instrumento para que una legalidad viciada, finalizara un proceso de años de irresponsabilidad estatal. En el mejor de los casos tuvimos que pagar $3 millones por comisiones al BID, por créditos que no se usaron y así se puso al desnudo la cultura de corrupción y de impunidad que se consolidaba.

Hoy todos debemos ser solidarios, la ciudadanía saca para ayudar al prójimo, incluso de donde no tiene y estamos dispuestos a correr al llamado del gobierno. Los ticos, somos solidarios porque no han podido arrebatarnos todas nuestras raíces, eso nos tiene con esperanza de salir adelante en estos momentos difíciles.

Resulta que ese leonino convenio de la Ruta 27 y las posteriores Adendas, dejaron establecida la obligación del gobierno –o sea el pueblo costarricense- de pagarle a la empresa Concesionaria Autopistas del Sol (c.c. Globalvía Ruta 27), los ingresos que la empresa no obtuviera, si por los peajes no pasan, los vehículos suficientes para cubrir los costos y obtener las ganancias que –en el gobierno de Arias- se le prometieron a la empresa extranjera, calculados con el Índice de Precios al Consumidor Urbano de los Estados Unidos (CPI-U).

La Ruta 27 está desierta porque en estos momentos todos debemos estar en casa. Es la orden gubernamental para no ser castigados por el Covid 19 y ésa debe ser la responsabilidad ciudadana.

Debemos saber de manera transparente, si para cumplirle a la Concesionaria, hay que arrebatarle en esta emergencia a las personas desempleadas y en alta vulnerabilidad social, la plata para comprar alimentos, que, con mucho esfuerzo, hemos aportado con nuestros impuestos para ellos.

Aunque el contrato tiene una cláusula de Caso Fortuito, está más relacionada con los aspectos de construcción de la carretera y referidos desde luego a eximir a la empresa de cualquier responsabilidad.

Que sepa el gobierno que en estos momentos la probidad y la transparencia son la prioridad del país. Que cuenta con la ciudadanía como respaldo, ante los desafueros y la ignominia que una mafia política organizó, con una legalidad espuria.

La Concesionaria Autopistas del Sol ha estado en silencio, todavía no sabemos cuándo se dará por satisfecha y nos devolverá lo que nos pertenece. Para defenderla sobran los corsarios del derecho y la justicia.

Ya algunas empresas han manifestado que demostrarán en estos momentos, su solidaridad y responsabilidad social con el país.

La solidaridad debe ser de todos los que convivimos en esta patria, la ciudadanía ya ha puesto su parte.

Ahora le toca demostrarlo, sobre todo, a ese tipo de empresas que se enriquecen con lo que nos pertenece.

Lo que cambiará post-pandemia

Óscar Madrigal, abogado

Muchas cosas cambiarán después de esta pandemia, pero esas cosas y los asuntos sociales y de Estado no lo harán automáticamente, de manera mecánica, sino que requieren del empuje de los movimientos sociales y políticos para que el país avance. Cuando no se genera una fuerza innovadora, las sociedades se estancan, se inmovilizan y tienden inercialmente por volver al viejo estado de cosas. En estas circunstancias, como lo ha mostrado la historia, por regla general ocurre una descomposición social, que se traduce en más pobreza, desigualdad y desesperación.

De aquí surge la imperiosa necesidad de la articulación del movimiento social y del movimiento progresista para desarrollar un programa que permita a la sociedad costarricense planear y avanzar en un nuevo concepto de sociedad.

Esa nueva alternativa de sociedad deberá fundamentarse en nuevos conceptos. Pienso en los siguientes:

1-. Ciudadanía. La ciudadanía debe concebirse de manera activa, contralora y propositiva. Los ciudadanos dejan de ser solo sujetos de momentos electorales, para asumir el poder ciudadano desde la sociedad misma para pedir cuentas, exigir cumplimiento de promesas o censurar a todos los ciudadanos que ocupan puestos de dirección en el Estado.

2-. Nación. La globalización como ha sido concebida ha mostrado ser insuficiente para afrontar los problemas globales. El concepto de Nación debe ser retomado para asumir el compromiso de desarrollo económico nacional y para exigir normas internacionales que resguarden los intereses laborales y económicos de todos los países.

3-. Soberanía. Solo mediante un concepto de soberanía que recupere el poder de decisión nacional en cuanto al apoyo a la producción nacional, así como la capacidad del país de mantener una política internacional independiente, sea manteniendo una neutralidad y respeto por a la autodeterminación de los países.

4-. Producción. El desarrollo productivo seguido hasta ahora debe cambiar de paradigma. El crecimiento económico desmedido sin considerar a la Naturaleza y la igualdad social es insostenible. El crecimiento del PIB no debe ser un único parámetro de medición de la riqueza social o natural. El respeto por la Naturaleza debe sustentarse en el apoyo y desarrollo de un fuerte movimiento ecologista para revertir los daños que estamos ocasionando a nuestro Planeta.

5-. Igualdad. La brecha social que cada vez se agranda más entre unos cada vez más ricos y otros cada vez más pobres, debe revertirse inmediatamente. La distribución de la riqueza, que es producida por los trabajadores, debe hacerse de manera equitativa. La igualdad de derechos humanos y patrimoniales entre hombres y mujeres es la única forma de mantener un desarrollo realmente humano.

6-. Solidaridad y humanismo. La sociedad debe fundamentarse en nuevos conceptos de solidaridad para que el desarrollo se vea como responsabilidad de todos, pero también para beneficio de todos. El humanismo es el fundamento del respeto a los derechos humanos de todas las personas como un atributo natural: creencias religiosas, preferencias sexuales, políticas, etc., la política es la no discriminación.

La democracia es el mecanismo político que permitirá el acceso de todos los grupos sociales y partidos políticos, en un plano de igualdad, a los medios de comunicación y a los procesos electorales.

Estos son algunos conceptos que debemos asumir para la sociedad post-pandemia. No son, lógicamente, los únicos, ni tal vez lo mejor elaborados, pero pueden ser una base de pensamiento.  De ellos se deducirán medidas concretas, como debe ser.