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Etiqueta: SUGEF

Escándalos financieros en Costa Rica: Aldesa, Coopeservidores, BCR SAFI y DESYFIN – por Sergio Ortiz Pérez

En los últimos años, el sector financiero costarricense ha sido golpeado por una serie de escándalos que han afectado a inversionistas, cooperativas y entidades financieras. Entre los casos más sonados están Aldesa, Coopeservidores, BCR SAFI y, recientemente, DESYFIN. Aunque cada uno de estos casos tiene un origen diferente, todos comparten un final similar: quiebras financieras que han dejado a miles de inversionistas sin sus ahorros.

Sobre este tema Sergio Ortiz Pérez expone: 

Aldesa: inversiones desaparecidas.

Uno de los primeros grandes golpes fue el caso de Aldesa. La empresa captó millones de dólares en inversiones que luego destinó a la adquisición de inmuebles. Sin embargo, estos proyectos no se desarrollaron y, en su lugar, Aldesa se sobre endeudó, generando la desaparición de más de 350 millones de dólares, que aparentemente terminaron en paraísos fiscales. La intervención judicial no fue suficiente para evitar que miles de inversionistas perdieran su dinero.

BCR SAFI: inversión cuestionada.

Otro caso relevante es el de BCR SAFI, cuestionado por la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico. La entidad pagó 70 millones de dólares por el inmueble, aunque el valor oficial del mismo, según la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), era de apenas 28 millones. La diferencia en los avalúos generó dudas sobre la transparencia de la operación y las gestiones dentro del Banco de Costa Rica.

Coopeservidores: fondos desviados.

En el caso de Coopeservidores, desde 2020 se detectó la desviación de fondos hacia la cooperativa COPA Fénix, que supuestamente brindaba servicios de cobro a clientes morosos. Esta mala práctica llevó a la pérdida progresiva del patrimonio de Coopeservidores, afectando la capacidad de la cooperativa para responder a sus acreedores, es decir, los ahorrantes e inversionistas.

DESYFIN: maquillaje financiero.

El caso más reciente es el de DESYFIN. La financiera fue intervenida judicialmente tras detectarse que sus administradores maquillaban los estados financieros, presentando datos incorrectos. Este engaño indujo a error a muchos ciudadanos y sociedades que invirtieron sus ahorros, sin saber que la situación financiera de DESYFIN era insostenible.

¿Dónde están los supervisores?

Estas situaciones han generado un fuerte cuestionamiento sobre el rol de las entidades supervisoras del sistema financiero costarricense, como la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). A pesar de contar con presupuestos millonarios, estas entidades no detectaron a tiempo los problemas que afectaban a las entidades financieras mencionadas, lo que llevó a la pérdida de ahorros de muchos costarricenses.

La figura de Rocío Aguilar.

Uno de los personajes más cuestionados es Rocío Aguilar, actual superintendente de la SUGEF y también de la SUPEN. Su gestión ha sido criticada por la falta de acción oportuna para prevenir las quiebras financieras. A pesar de los escándalos, sigue en su puesto, sostenida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), presidido por Laura Suárez Zamora.

¿Qué sigue para DESYFIN y los inversionistas?

El futuro de DESYFIN sigue el mismo camino que Coopeservidores: la resolución o disolución de la financiera. Con los activos que queden, se tratará de cubrir las deudas, aunque es probable que muchos inversionistas pierdan gran parte de sus ahorros. Este ciclo de quiebras pone en evidencia la fragilidad del sistema financiero costarricense y la necesidad urgente de una supervisión más rigurosa.

Para más detalles sobre este tema, te invitamos a ver el siguiente video de Sergio Ortiz Pérez:

Compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón.

Defensoría llama a SUGEF a reforzar información sobre entes financieros supervisados y autorizados

Para evitar que personas afectadas con ex cooperativa inviertan en entidades de dudosa reputación

Tal y como ha sido informado por diversos medios de comunicación, tras el anuncio de que el Banco Popular absorbería el 80% del banco bueno de Coopeservidores (CS Ahorro y Crédito), se han dado a conocer que, a partir del próximo 28 de agosto, este Banco hará el depósito a los ahorrantes con un monto menor a 6 millones de colones, ya sea en una cuenta que tengan en la entidad o bien en una que el banco abrirá y será a partir del próximo 16 de setiembre que se hará el depósito de los ahorros a quiénes tenían más de seis millones de colones.

En relación con este proceso, la Defensoría de los Habitantes hace de su conocimiento su preocupación ante la exposición y posibilidad de que las y los habitantes que reciban estos dineros, puedan ser sujeto de estafas o fraudes, así como a ofertas de inversión en entidades de dudosa reputación, que carecen de cualquier tipo de supervisión o control.

En este sentido, se hace un llamado a la SUGEF, con el fin de reforzar la comunicación hacia las y los habitantes, con información accesible sobre los mecanismos para la prevención e información sobre entes supervisados autorizados para realizar actividad financiera, con el fin de minimizar riesgos a través de información oficial y atención de consultas por parte de la SUGEF.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

ANEP pide, la separación inmediata de Rocío Aguilar Montoya de sus altos cargos en SUGEF y SUPEN

En esta mañana del miércoles 10 de julio, en las afueras del Banco Central de Costa Rica, ANEP entregó una carta dirigida al presidente del Banco Central de Costa Rica, Don Roger Madrigal López, a la honorable Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y a la señora Laura Suárez Zamora, presidenta del Consejo Nacional de Supervisión de entidades del sistema financiero (CONASSIF).

En la carta ANEP pide que se separe inmediatamente a Rocío Aguilar Montoya de los cargos importantes que ostenta, esto por las grandes fallas que ha tenido y el gran dolor causado en su gestión de supervisión financiera, donde la intervención que ya tenía en casos tan notorios y divulgados como el caso de ALDESA y el caso Coopeservidores, donde el mismo Ministerio de Hacienda tuvo el hueco fiscal.

Por último, se mencionó que ya no genera o nunca ha generado la debida confianza en el sistema financiero de Costa Rica.

ANEP brindará asesoría a personas afiliadas afectadas por caso Coopeservidores

La ANEP en conjunto con el Bufete Rosales & Asociados brindará asesoría a toda nuestra afiliación que está siendo afectada por el caso Coopeservidores. 

Este bufete está capacitado, no solo en materia jurídica para accionar según sea conveniente, sino que además cuenta con gran sensibilidad social.

Todos aquellos afiliados y afiliadas de ANEP que se hayan visto perjudicados debido al caso de Coopeservidores y quieran formar parte del proceso, tendrán que firmar un documento, el cual se plantea presentar oficialmente al Banco Central de Costa Rica.

Rodrigo Rosales Arce, el cual es el director del Bufete Rosales & Asociado, mencionó que se busca no tornar esto en un proceso litigioso, largo y cansado. Sino que se espera que las personas puedan recuperar su dinero.

Asimismo, destacó la inacción de las autoridades encargadas de supervisar a la cooperativa y como la SUGEF conocía desde hace ocho años la situación financiera de Coopeservidores. 

La ANEP también recuerda a esta afiliación afectada, la póliza colectiva de vida ANEP-INS, esto luego de que COOPESERVIDORES anunciara el cese de su contrato de la póliza de vida de sus ahorrantes, que mantenía suscrita con una aseguradora privada.

Video completo:

La sociedad al revés

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Hace pocos días se informó del revuelo que produjo la protesta de los médicos especialistas en la Caja. La prensa monta un escándalo porque les aumentaron un 10,47% de salario.

Antier La Nación dice, citando el estudio actuarial de la Caja, que, con el aumento, un médico especialista con salario global que ganaba ¢1.420.694 pasará a ganar un salario de ¢1.833.006 y un médico general pasará de ¢1.267.887 a ¢1.404.182.

Parece increíble que un médico especialista con 8 años o más de estudios reciba un salario tan bajo. Y nos quejamos de que quieran emigrar a la empresa privada.

Mientras tanto, el gerente general de Coopeservidores ganaba según información de 2017 más de ¢12 millones y la alta gerencia de esa empresa era la más costosa del sistema cooperativo financiero.

Los gerentes de los bancos ganaban hasta hace muy poco tiempo salarios superiores a los ¢10 millones por mes.

Según informaba Delfino, en 2021 el salario promedio de los superintendentes era de ¢9.5 millones.

Vean la diferencia: mientras un médico especialista con salario global recibe ¢1.8 millones, un superintendente gana más de ¢7 millones. Mientras el primero salva vidas, el segundo no sirve para casi nada.

Llama la atención la frivolidad, superficialidad, ligereza y ausencia de solidaridad que ha mostrado la SUGEF en el proceso de intervención de Coopeservidores, sin comprensión alguna acerca de que miles de personas han perdido los ahorros de su vida y serán condenados a vivir con mayores necesidades.

La SUGEF no sirvió para lo que existe, sea para prevenir y salvaguardar los intereses de los ahorrantes e inversionistas, muchos de ellos asociaciones solidaristas cuyos ahorros son las prestaciones de miles de trabajadores y trabajadoras.

¿Qué responsabilidad le cabe a la llamada alta gerencia de SUGEF y el CONASIF? No les pagamos los contribuyentes multimillonarios salarios para que vayan a hacer la autopsia de una institución financiera, sino para salvaguardar los intereses de cada ahorrante del sistema. Evidentemente hay una responsabilidad por faltar a su deber de debida vigilancia e incumplimiento de deberes ya que esa cooperativa, como se ha demostrado, desde hace muchos años venía mostrando índices y conductas irregulares.

Igual ocurrió con Aldesa y la Sugeval.

Mientras el país mantiene una estructura bancaria y supervisora con salarios multimillonarios, los usuarios de la Caja deben sufrir con las largas filas de espera por -entre otras causas- la falta de especialistas.

Una sociedad orientada hacia el bien común reconocería salarialmente principalmente a las profesiones que brindan bienestar a sus habitantes, como los médicos, los maestros y profesores, los recolectores de basura o los agricultores y menos a la casta bancaria nacional, por ejemplo.

Los salarios de estos trabajadores son muy bajos y los de los que no le producen casi nada al país, muy altos. Paradojas de una sociedad capitalista.

Se exalta gestión del Banco Popular y de Desarrollo Comunal por adquirir cartera crediticia de Coopeservidores

El presidente del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, Lenín Hernández Navas, exalta la labor que está realizando la Gerencia del Banco, con el rigor técnico financiero necesario por absorber la cartera crediticia de Coopeservidores.

Este tipo de acciones demuestran que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal es una entidad única, creada para brindar protección económica y bienestar a la población costarricense.

Se espera un accionar pronto de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) y dar así una respuesta a miles de costarricenses que esperan una solución a la incertidumbre que experimentan dada la situación de la cooperativa Coopeservidores. 

Caso Coopeservidores: ¡FUERA BOTELLONES!

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

El desenlace del caso Coopeservidores es un trago amargo para miles de personas.

La salida a los medios de comunicación de las autoridades de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) en vez de certezas, deja enormes dudas de las estructuras de vigilancia y control.

Es inadmisible que hayan sido engañados por la información generada a lo interno de Coopeservidores, además, por los auditores externos, quienes no habrían hecho la tarea.

¿Entonces, para qué sirven esas mega estructuras burocráticas? ¿Únicamente para recoger papeles y  cadáveres ante el dolor de los deudos?

Como si fuera poco, ahora el combo incluye la vigilancia de los regímenes de pensiones, con esa súper visión, a juzgar por los acontecimientos, andamos a tientas en la más oscura penumbra.

Si las superintendencias sirven únicamente para apilar documentos y pagar sueldos millonarios a botellones. ¡Apague y vámonos!

Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal exige intervención de SUGEF ante incumplimiento de directivos nacionales

Comunicado de prensa 

  • Según informe de empresa externa 21 miembros de los 25 incumplen requisitos de idoneidad.

  • Luego de 7 meses de emitido este informe no se conocen planes remediales. 

  • SUGEF recibe, al menos, ₡1.372 millones para supervisar entidades financieras.

18 de junio de 2024, San José, “Solicitamos la interposición de sus buenos oficios, a efectos de que se proceda a la subsanación de los incumplimientos de requisitos de idoneidad de las Juntas Directivas del Conglomerado Financiero  Banco Popular y Desarrollo Comunal”, así indica la nota enviada, el 13 de junio, a Rocío Aguilar Montoya Superintendente de Entidades Financieras (SUGEF), suscrita por Lenin Hernández Navas, Presidente del Directorio del a Asamblea Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular y Desarrollo Comunal (ATTBPDC).

“Nos preocupa que el presidente de Banco, José Eduardo Sánchez Sibaja, en apariencia no cumple con dos requisitos establecidos en la regulación 15-22 del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (CONASIFF):

  • Ocho años de experiencia en el ejercicio de altas gerencias en los últimos 10 años.
  • Formación académica en el manejo de entidades financieras.

De acuerdo con Hernández Navas lo alarmante es que el incumplimiento por falta de experiencia es insubsanable porque de acuerdo con el CONASSIF debe tener, “al menos ocho años en los últimos diez años, de experiencia práctica y profesional en puestos directivos o en puestos de Alta Gerencia según lo indica el Artículo 5, inciso a, Acuerdo CONSASSIF 15-22.

Por su parte Vivian Rodríguez Araya de la Secretaria del directorio emplazó al Consejo de Gobierno para que tome acciones ante el incumpliendo de requisitos de la junta directiva, que impuso a dedo, y advirtió que el Banco Popular tiene una función muy distinta a las otras entidades financieras por su visión social con que se creó e indicó que la idoneidad de los miembros de juntas directivas y altas gerencias debemos vigilarlo y asegurarnos de que las personas que optan por ocupar un puesto cumplan cabalmente con los perfiles y normativa correspondiente.

Acciones sobre las cuales no podemos claudicar máxime que el BPDC es una entidad que cuenta con un sólido patrimonio y con una relevante participación en la industria financiera y la banca social.

Por otra parte, Hernández Navas insistió que el Poder Ejecutivo debe asumir la responsabilidad porque nombró a la actual junta directiva y fue don Rodrigo Chaves quien es omiso en los requisitos de idoneidad que se requieren para miembros de juntas directivas de una entidad financiera, a pesar, de su experiencia bancaria.

BPDC 

El BPDC se creó hace 55 años, con la clara orientación de brindar protección económica y social, a través de servicios y productos financieros para los trabajadores, las organizaciones sociales y productivas y aquellos sectores que no encuentran soluciones en la banca tradicional.

ATTBPDC  

La ATTBPDC representa a sus dueños y tiene un mandato de ley de fiscalizar la gestión de la Junta Directiva y la Gerencia del Banco.  Por ello es vigilante y estricta de que las personas que optan por ocupar un puesto en la Junta Directiva cumplan cabalmente con los perfiles y normativa correspondiente.

La ATTBPDC está integrada por 290 personas delegadas ante la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, quienes representan a los dueños de la entidad financiera y su nombramiento se realiza cada cuatro años y es la máxima instancia del conglomerado financiero del Banco Popular y Desarrollo Comunal.

La ATTBPDC tiene entre sus tareas la definición de pautas y orientaciones estratégicas que guiarán el quehacer diario del conglomerado financiero integrado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Popular Valores Puesto de Bolsa S.A., Popular Fondos de Inversión S.A., Popular Seguros, Correduría de Seguros S.A. y la Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A.

Directorio Nacional 

Está conformado por cuatro personas delegadas que ocupan los puestos de Presidencia, Secretaria y dos Vocalías; su nombramiento dura un año con posibilidad de ser reelegidos.

En la actualidad esos cargos están ejercidos por Lenin Hernández Navas en la Presidencia, Vivian Rodríguez Araya, en la secretaría, Orietta Maria Zúñiga Vargas en la I Vocalía y Marco Vinicio Flores Arroyo, en la II Vocalía. 

Frente de Lucha Ciudadana solicita apertura de debido proceso con miras a la destitución de Rocío Aguilar Montoya

COMUNICADO DE PRENSA

El Frente de Lucha Ciudadana, mediante carta abierta de fecha 31 de enero del año 2023, se dirigió a la Junta Directiva del Banco Central y al CONASSIF, solicitando la apertura de un órgano del debido proceso con miras a la destitución de la señora Rocío Aguilar Montoya, actual superintendente de SUPEN y con recargo de la SUGEF.

Dicha petición se fundamenta en los siguientes hechos:

La señora Aguilar Montoya fue suspendida de su cargo como ministra de Hacienda para investigación por parte de la Contraloría General de la República. Al renunciar al cargo, al parecer también logró eludir la continuación de la misma y la sanción correspondiente al procedimiento administrativo CGR-PA-2019002299 que está protegido con archivos encriptados, de los que exigimos su apertura y se concluya la investigación con relación a lo que eufemísticamente llamaron el Hueco Fiscal, cuya sanción posiblemente la inhabilitaría de ejercer cargos públicos como le sucedió a su antecesor.

No solo quedó inconclusa dicha investigación, sino que sorpresivamente fue nombrada en un cargo con mayor remuneración y responsabilidad, que ha ejercido de manera negligente, causando una gran afectación a la mayoría de trabajadores y trabajadoras que nos encontramos en sometimiento, dado que mediante una ley de supuesta Protección al Trabajador, se nos obliga a cotizar parte de nuestro salario para un fondo de “supuesto interés público”, pero que se encuentra secuestrado alevosamente por el capital financiero. Mes a mes recibimos unos “estados de cuenta”, que demuestran que nuestros fondos fueron apostados en diferentes espacios especulativos y que por ello hemos perdido una suma significativa de nuestros ahorros.

Ningún funcionario público es ajeno a lo que dicta la Constitución Política de la República de Costa Rica, por tanto, la Junta Directiva del Banco Central y el CONASSIF están en la obligación de cumplir con el artículo 11, ya que siendo simples depositarios de la autoridad, no pueden eludir esta petición ciudadana que responde a un clamor nacional.

Puede ver el video en este enlace.