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Etiqueta: Térraba

Dia de los pueblos indígenas: 60 fincas recuperadas en 12 años. ¿Por que se dieron las recuperaciones?

PRONUNCIAMIENTO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre  y Concejo de Mayores Brörán

El día 9 de agosto de 2010 en la Asamblea Legislativa fueron sacados a la fuerza con violencia compañeras y compañeros de diferentes territorios originarios que reclamaban que se le diera trámite o se archivara el proyecto de ley de desarrollo autónomo. Hoy 9 de agosto de 2022 TRAS 12 AÑOS DE ESE ACTO VIOLENTO HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS LA SITUACIÓN NO HA CAMBIADO Y POR EL CONTRARIO HAN SUCEDIDO ATROCIDADES EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS. El Concejo Ditsö iriria Ajkonuk de Salitre, el Concejo de Mayores Bröran de Térraba, Concejo Iriria Satkok de Cabagra y recuperador@s de China Kicha se permiten pronunciar lo siguiente:

-Tras el inicio de la reafirmación impulsada por el Pueblo Bribri de Salitre en 2010, al día de hoy se han recuperado más de 60 fincas usurpadas por personas no indígenas distribuidas en Salitre, Térraba, cabagra y China Kicha. La USURPACION es uno de los principales factores que ha traído la violencia hacia nuestros pueblos. ¿CUANTAS FINCAS HA DEVUELTO EL ESTADO COSTARRICENSE AL 2022? Tras años de reclamos el estado no ha devuelto ni una finca desde que existe la Ley 6172 en el año 1977, YA SON MÁS DE 40 AÑOS DE DEUDA HISTÓRICA DEL ESTADO COSTARRICENSE CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

-En el año 2014 se recuperan 2 fincas ubicadas a la entrada del territorio, en donde se reunieron más 200 personas no indígenas usurpadoras guiadas por Thais Vidal (condenada por usurpación) e indígenas malinches tales como Doris Ortiz (promotora de violencia y non grata en el territorio). Se bloquea la entrada principal al territorio y se queman y destruyen los ranchos que habían hecho los recuperadores. Antes de eso estas personas y su grupo de agresores participaron de diversas formas agrediendo al pueblo bribri de Salitre. Incluso recientemente han sido parte de las reuniones en donde se reúnen los usurpadores. TRAS TODO ESTO, LA DEFENSORA DE LOS HABITANTES IRRESPETANDO Y VIOLENTANDO EL PUEBLO BRIBRI SE REÚNE EN EL TERRITORIO DE SALITRE CON AQUELLOS QUE POR AÑOS HAN VIOLENTADO LOS DERECHOS DEL PUEBLO BRIBRI DE SALITRE. ESTE ACTO ES TOTALMENTE CENSURABLE Y REPROCHABLE.

En estos momentos en el Territorio Bribri de Cabagra en el sector llamado Di butuk Wuyirke la familia Sandi morales están siendo asediados por usurpadores no indígenas en la recuperación legítima que ejercieron hace unos meses, ¿QUE ESTÁ HACIENDO EL ESTADO PARA ASEGURARLES EL DERECHO A LA TIERRA A ESTA FAMILIA?

-Ha habido muchas denuncias judiciales en donde no se resuelve conforme al derecho sino más bien el Poder Judicial ha puesto todos sus departamentos en contra de la población nuestra. LA IMPUNIDAD ha jugado un rol principal en contra del cumplimiento de la ley y la aplicación de los diferentes instrumentos jurídicos que protegen los derechos de los Pueblos Indígenas. Incluso el poder judicial tuvo la intención de desestimar la causa por asesinato de nuestro compañero Sergio Rojas. EXIGIMOS JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA.

-En el año 2019 es asesinado nuestro compañero Sergio Rojas Ortiz del clan Uniwak miembro del FRENAPI e integrante del Concejo Ditso Iriria Ajkonuk Wakpa (CODIAW) quien fue uno de los principales compañeros que impulsan la reafirmación territorial, aquella que por muchos años ha sido negada por el Estado (Sergio fue uno de los compañeros expulsados de la Asamblea Legislativa en 2010). Esto a pesar que desde 2015 fueron dictadas medidas cautelares(MC321-12) a favor del Pueblo Bribri QUE INDICABAN EL RIESGO A LA INTEGRIDAD FÍSICA QUE CORREN LAS PERSONAS LÍDERES Y LIDERESAS DE LOS TERRITORIOS ORIGINARIOS.

En China Kicha en este 2022, recientemente hay amenazas de muerte contra los recuperadores Greivin Fernández y Juan de Dios Fernández, compañeros que han dado la lucha por defender su tierra, ¿El PODER JUDICIAL YA EMPEZÓ A INVESTIGAR ESTE CASO O UNA VEZ MÁS HARÁ CASO OMISO?

-En el 2020 es asesinado Jehry Rivera del Pueblo Bröran de Térraba por una turba de usurpadores no indígenas que al día de hoy siguen generando conflictos en el territorio, además hay múltiples amenazas contra los recuperadores tal como el compañero Pablo Sibar, líder bröran y otro de los compañeros expulsados de la Asamblea Legislativa en 2010, todo esto sucede cuando existe las medida cautelares a favor del Pueblo Bröran y que en muchas ocasiones se le ha expresado al estado gobierno que ni siquiera ha podido implementar estas medidas, ¿SERÁ QUE EL NUEVO GOBIERNO IMPLEMENTARÁ ESTAS MEDIDAS A CABALIDAD?

-En los territorios existen entes capaces de administrarse y gobernarse desde antes de la creación de la ley indígena, hoy en día después de más de 40 años de comprobar que los territorios indígenas se rigen de una forma diferente a la política del Estado, el Estado no ha hecho nada para dar seguridad jurídica y sobre todo mayor autonomía a los territorios mediante el fortalecimiento de sus organizaciones, más por el contrario se ciñe en seguir utilizando las ADIS, CONAI y otros entes para socavar los principios más básicos de la organización política de los Pueblos. EXIGIMOS SE RECONOZCAN NUESTRAS PROPIAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN

-Los Pueblos Originarios EXIGIMOS al Estado costarricense el cumplimiento de la normativa nacional e internacional para la protección de la tierra-territorio como parte de los derechos como ciudadanos. YA BASTA DE NEGAR CON LA OMISIÓN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES QUE PROMUEVE UN CLIMA DE INSEGURIDAD PARA NUESTRA POBLACIÓN.

 

Imagen ilustrativa: Semanario Universidad.

Mujeres Mano de Tigre invita a defensora a no «alarmarse» y actuar

SURCOS comparte la carta enviada por Elides Rivera Navas, presidenta de la organización de Térraba Mujeres Mano de Tigre a la jerarca de la Defensoría de los Habitantes Catalina Crespo Sancho. En la nota se invita a la funcionaria «… a no alarmarse, sino a actuar y abrir diálogo propositivo y efectivo en busca de la paz y el respeto a la diferencia étnica que corresponde a los pueblos indígenas, que también tienen derechos humanos y territoriales… «.

Esta es la nota enviada:

Térraba 10 de julio 2022

Señora Catalina Crespo Sancho
Defensora de los Habitantes de Costa Rica

Le extiendo un fraternal saludo de parte de la Organización de Mujeres Indígenas Mano de Tigre (Orcuó-Dbón) del Territorio Indígena Térraba.

Con suma preocupación hemos hecho de nuestro conocimiento los reportajes del medio informativo La Extra, donde su persona se ha reunido únicamente con personas de la parte conocida por sus intereses como foráneos o no indígenas, en el territorio hermano de Salitre, personas que buscan legitimar sus conveniencias de posicionarse de las tierras indígenas; dicho medio informativo, señala que su persona se «espanta» de la situación y que además ve con gran preocupación el conflicto en los territorios del Sur.

Señora defensora, la situación empieza desde 1977 cuando se aprueba la ley indígena 6172, donde se delimitan los territorios y se reducen a pequeñas áreas que oficializa el catastro nacional, pero desde ese entonces ningún gobierno o institución encargada de velar el cumplimento de la misma se interesara por hacerlo realidad.

Los tres poderes del Estado han optado por hacer su mirada a otra dirección y se ha generado lo que hoy se mira como conflicto, los mismos grupos de siempre que han explotado las tierras indígenas y a sus pueblos en su favor hoy denuncian e invocan no objetividad de funcionarios de la defensoría y otras instancias nacionales e internacionales, porque estos no se han rendido a sus mentiras y manipulaciones.

Me refiero de manera enfática a la señora Maryuri Herrera Castro y al señor Álvaro Paniagua, actual director del departamento de la niñez y adolescencia de la DDH, los cuales son mencionados en discursos llenos de mala fe con el fin de menoscabar sus capacidades en el tema de Derechos Humanos, cuando su reputación como profesionales ha sido siempre intachable e integra.

Desde hace 10 años enfrentamos los brotes de violencia en el cantón de Buenos Aires por el grupo de personas que se reunió con su persona en Salitre, dirigidos (en parte) por Thais Vidal, y como efecto de dichas acciones hemos enfrentado los asesinatos de dos compañeros defensores de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas, así como un sin fin de situaciones que se encuentran en los juzgados que corresponden, este grupo organizado que se mueve en todos los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires, todas estas denuncias han llegado a la defensoría a su despacho donde ha podido constatar la información de hechos de violencia, abusos, y la criminalización de la defensa indígena.

Hacemos de su conocimiento que la señora Vidal no es indígena como ella aduce, ya que en los tribunales quedó demostrado a través de un peritaje cultural, además fue desalojada del territorio de Salitre por usurpar tierras indígenas.

Señora Catalina Crespo; señora Defensora, la invitamos a no alarmarse, sino a actuar y abrir diálogo propositivo y efectivo en busca de la paz y el respeto a la diferencia étnica que corresponde a los pueblos indígenas, que también tiene derechos humanos y territoriales en las instituciones gubernamentales, que la asamblea legislativa apruebe presupuesto para que se liquide a quién corresponden las indemnizaciones y con el Ministerio de Seguridad Pública ejecutar los desalojos que corresponden, con el instituto Mixto de Ayuda Socia ly el Instituto de Desarrollo Rural, para que las familias que no ostenten indemnización y lo ameriten, puedan ser atendidos como corresponde como seres pertenecientes a la sociedad costarricense.

Con el más profundo respeto exhortamos a su persona desde su investidura para que actúe cumpliendo los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y apegados a la justicia como primer pilar de la democracia.

Atentamente:

Elides Rivera Navas
Presidenta de Mujeres Mano de Tigre

Información compartida con SURCOS por Pablo Sibar.

Comunicado ante los acontecimientos recientes en el territorio indígena China Kichá

El pueblo indígena de China Kichá vive una constante agresión. Es lamentable e indignante ver los maltratos y agresiones físicas y psicológicas que sufren los y las hermanas cabécares. En el verano sus tierras fueron incendiadas, tierras cultivadas que habían iniciado un proceso de recuperación, no solo en la posesión de la tierra, sino también recuperando diversidad biológica, con variedad de plantas para alimentos y otros usos, árboles, habían iniciado un proceso de rehabilitación del suelo, reconstitución de equilibrio con los diversos seres de la Naturaleza. Estos incendios son una brutal manifestación de violencia racista contra el pueblo de China Kichá y contra todo el sagrado trabajo realizado por las mujeres y sus familias.

El Estado costarricense, sus instituciones racistas y los distintos gobiernos de turno, siguen órdenes de grupos de poder económico, cuando deberían cumplir las leyes y convenios internacionales firmados y ratificados, que parecen ser solo fachada internacional. 

En una Costa Rica que se dice pacífica y respetuosa de los Derechos Humanos, de los Derechos Ambientales y Declarada Pluricultural, no se debe permitir tanta violencia. Aquí siguen impunes los agresores, los asesinos de Sergio Rojas y Yhery Rivera, incitando a más violencia de los finqueros y de sus peones serviles, contra la población indígena que reivindica su tierra ancestral. 

Sabemos que el derecho internacional (Convenio 169 de la OIT) y la ley nacional (Ley Indígena de Costa Rica” (Nº 6172), respaldan la lucha de los pueblos indígenas por sus territorios. Sin embargo, el pueblo de China Kichá vive una gran injusticia, por defender su derecho a la tierra. Son violentados los derechos humanos de estos pueblos indígenas porque están defendiéndose del genocidio del Estado. Se supone que estamos en un «estado de derechos», pero a la población indígena se le han negado esos derechos, a tal punto de casi desaparecer al pueblo y su territorio. Es triste ver que nuestros niños y niñas crezcan viendo tanta violencia y no puedan vivir feliz y seguros en el territorio que les pertenece. 

La violencia se expresa de muchas formas hacia los pueblos que defienden su derecho a la tierra. Aunque existe un puesto policial en China Kichá, la familia usurpadora Rivera Hernández hostiga y agrede a diferentes compañeros y compañeras indígenas, han causado heridas y ha habido intentos de asesinato. Se supone que los policías están para dar protección, pero solamente protegen a los violentos usurpadores y dejan que mujeres, ancianos y niños sean expuestos a las agresiones y los mismos policías llegan a agredir, como sucedió cuando les rociaron gases lacrimógenos a población pacífica e indefensa. 

Como mujeres del campo organizadas, exigimos que los policías cumplan su trabajo, y que sean sancionados por actuar como espectadores y cómplices de las agresiones. Exigimos que el Ministerio de Seguridad garantice y cumpla la ley deteniendo y abriendo procesos para castigar a los agresores. Ya no más impunidad. 

Los finqueros matones agreden en lugares públicos como calles y plazas. Con piedras han herido a nuestros hermanos y hermanas de China Kichá. En las comunidades nos preguntamos: ¿Por qué la policía no actúa contra los agresores y no son detenidos? La semana pasada arremetieron con piedras contra la casa de una adulta mayor; causaron daños a la casa, además de romper el mobiliario del salón comunal en un acto de matonismo, que se alimenta con la impunidad. Cuando la población indígena pide ayuda al puesto policial, la policía llega, agrede y detiene a las personas que habían sido agredidas por los finqueros. Esto ya ha sucedido en dos ocasiones. 

Los y las compañeras indígenas han ido a denunciar a la Fiscalía las agresiones y amenazas de muerte, pero eso no sirve de nada, los procesos de investigación no se abren. 

Nos preguntamos y preguntamos a la población en general: ¿Por qué la justicia no llega para proteger a los pueblos indígenas? 

Como Red de Mujeres Rurales queremos que se detenga esta violencia y se castigue a estos violentos. Esta historia de racismo e impunidad se repite en los territorios Salitre, Térraba, Cabagra y China Kichá. 

También queremos comunicar que sentimos orgullo por las familias y los pueblos que defienden su derecho a la tierra, a su cultura e identidad. Nos solidarizamos con sus luchas.

¡BASTA YA DE IMPUNIDAD!

¡JUSTICIA ANTE LAS AGRESIONES Y ASESINATOS DE DIRIGENTES INDÍGENAS!

¡PROTECCIÓN REAL DE LAS MUJERES Y LAS FAMILIAS INDÍGENAS!

¡PROHIBICION DE ENTRADA DE LOS FINQUEROS A LOS TERRITORIOS INDÍGENAS!

23 DE MAYO 2022

Red de Mujeres Rurales de Costa Rica

Asociación Tinamaste

ADIs en Térraba y Salitre: figura ilegítima administra tierras indígenas

Cindy Vargas y Heylin Figueroa*

En la década de 1970 se crearon las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) en Costa Rica. El Estado impuso esta figura en nuestros territorios indígenas para administrar conflictos respecto a la tenencia de tierra y para la implementación de programas sociales y proyectos de desarrollo rural. A pesar de que el Estado ha promovido las ADI como figuras legítimas en los territorios indígenas, lo cierto es que para nuestros pueblos esta es una forma de organización impuesta, creada por el Estado para dirigir, manejar y manipular los territorios indígenas. En repetidas ocasiones ha violentado nuestra autonomía y no coincide con nuestras tradiciones y cosmovisión.

Además, las ADI se han prestado para entorpecer procesos de recuperación de tierras y han dado pie a la corrupción, a la acumulación de poder por parte de personas y familias no indígenas y han desencadenado conflictos violentos que han resultado en los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera, de Salitre y Térraba respectivamente.

Las ADI en territorios indígenas, al tener la administración de la tierras, pueden realizar traspasos, ventas, inscribir tierras a nombre de personas no indígenas e incluso certificar como poseedores de buena fe a quienes no lo han sido. En Térraba la ADI ha comprado fincas a personas que no son poseedoras de buena fe con dinero de Pagos de Servicios Ambientales, ha impulsado al Ministerio de la Vivienda, al AyA, al MEP, al mismo Dinadeco y a la CCSS a invertir recursos en personas a las que había que expropiar. Por ejemplo, en tierra que ha sido pagada por instituciones, la ADI permite que personas terratenientes que ya han recibido su pago sigan haciendo uso de la tierra para sus actividades extensivas. Entonces vemos el EBAIS, el Acueducto, el Liceo y el salón comunal de Térraba con ganadería a la par.

Y, por otro lado, vemos como la ADI bloquea apoyos a personas indígenas. Cuando se trató de familias San Andrés, no reconocieron su derecho a la tierra y les llamaron invasores (caso que perdieron y tuvieron que reconocer que sí son familias indígenas), además han impedido que el ICE ponga electricidad en recuperaciones o que den bonos de vivienda a familias indígenas que lo necesitan.

En el caso de Salitre, cuando Sergio Rojas era presidente de la ADI, encabezó la recuperación de tierras desde el 2010 y por esta última razón fue asesinado. Después de su muerte, las recuperaciones se detuvieron y la ADI dejó de dar seguimiento a los procesos de recuperación iniciados por Sergio. Actualmente, el Consejo de Salitre, órgano de determinación autónomo del territorio, está asumiendo las recuperaciones nuevamente.

Térraba, por su lado, ha sido administrado por una ADI que lleva más de 23 años cooptada por una familia aliada de los terratenientes no indígenas de la zona, familia que ha apoyado proyectos extractivistas en el territorio desde la década de 1980, ha sido cómplice del encarcelamiento de indígenas defensores del ambiente y ha dictado de manera arbitraria quiénes pueden afiliarse a la ADI, excluyendo a las personas indígenas que se oponen a sus intereses.

Ante este panorama, el pueblo indígena brörán se ha organizado para crear mecanismos de gobernanza propios que han puesto en evidencia la ilegitimidad de la ADI en su territorio. En el año 2010 lograron que la Sala IV resolviera que todas las personas brörán tuvieran derecho a afiliarse a la ADI, puesto que únicamente el Consejo de Mayores (autoridad tradicional del territorio) como autoridad consultiva puede reconocer su identidad indígena, no la ADI.

Como consecuencia, también se logró elaborar una base de datos a petición del Consejo de Mayores que consistió en un estudio histórico de las familias que desde un inicio formaron el territorio. A partir del estudio se obtuvieron 12 troncos genealógicos que son los que dan estructura al territorio: si una persona pertenece a alguno de esos troncos, entonces es reconocida como indígena bröran, tanto por el mismo pueblo de Térraba como por las instituciones del Estado.

Desde Salitre y Térraba estamos construyendo y tenemos otras formas de organización representativas de nuestras tradiciones y cosmovisiones como los consejos de mayores y territoriales, y más espacios que se han construido bajo la opinión, conceptos y criterios de diferentes personas. Dentro de nuestros territorios hay grupos que se organizan alrededor de temas de espiritualidad, vivienda, agua, ambiente, educación. Tenemos la capacidad de análisis y diálogo político con las instituciones y de tomar decisiones territoriales consensuadas en beneficio de la comunidad, por lo que reclamamos nuestro derecho al reconocimiento de nuestras estructuras de gobernanza autónomas.

* Fuente: semanariouniversidad.com

Sergio Rojas Ortiz 1960-2019 / Jerhy Rivera Rivera 1974-2020

Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, fue un líder fundamental en la defensa de los Derechos, cosmogonía y modos de vida de los Pueblos Originarios que habitan Costa Rica. Sergio fue clave en los procesos de recuperación de tierras-territorios ancestrales, acciones que son una respuesta a las décadas de violencia estructural contra los Pueblos Originarios.

Otro de los grandes líderes de los pueblos originarios fue Jerhy Rivera Rivera específicamente del sector de Térraba. Ambos líderes mencionados anteriormente comparten el hecho de que sus muertes siguen impunes en cuanto no se han castigado a los causantes de sus fallecimientos. 

Si desea observar el video, ingrese en el siguiente enlace: https://fb.watch/bPjAoCAQSQ/

Justicia para Jerhy Rivera

Por Mauricio Álvarez Mora. Coordinador del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes», docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR, IDELA-UNA.

Hoy 24 de febrero se cumplen dos años del asesinato de Jerhy Rivera, defensor de los derechos humanos, ambientales y territoriales del pueblo Brörán.

Jehry nació el 1 de noviembre de 1974 en Térraba. Desde joven, fue un valiente y vehemente dirigente indígena, luchó contra el despojo de tierras y la discriminación hacia los pueblos indígenas, por la recuperación del territorio y otros bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos luchando por la protección del Río Grande de Térraba ante la amenaza de la construcción de la represa hidroeléctrica Diquís, decía “el río no se entrega a cambio de una carretera o una construcción”.

El activista fue acribillado a balazos por la espalda dentro del territorio Bröran de Térraba, a la edad de 46 años, como resultado de un linchamiento por parte de usurpadores que han invadido el territorio Brörán. Este devastador acontecimiento involucra de manera directa al Estado, que siendo testigo del hecho, no intervino.

Hoy hace dos años, en horas de la mañana varias familias del pueblo originario Brörán iniciaron una nueva recuperación de su territorio, una de esas familias fueron los Rivera.  Antes de las recuperaciones, los indígenas Brörán solo tenían la propiedad efectiva del 10% de su territorio, mientras el 90% estaba en manos de no indígenas, fincas de ganado de hasta 1000ha están en manos de una sola persona no indígena, así muchas familias fueron expulsadas, viéndose forzadas a migrar fuera de sus tierras, asignadas legalmente.

La respuesta a la recuperación de dichas tierras hace dos años, fue una turba de personas no indígenas que en principio quería, como se dice que expresaban, “tajadear” a machetazos al líder Pablo Sibar Sibar, quien además es investigador indígena de la Universidad Estatal a Distancia. Por milagro no hubo más víctimas, como cuenta la misma familia de Jehry, quienes sobrevivieron a un ataque la noche antes del asesinato, perpetrado por un grupo armado de más de 100 personas no indígenas que ejercieron violencia, “a vista y paciencia” de la Fuerza Pública.

Por décadas, la inacción, la omisión y la impunidad, han marcado la relación del Estado con los territorios indígenas, lo que ha implicado que instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenen al Gobierno, tal y como sucedió en 2015 y nuevamente en 2016, tomar medidas especiales para proteger a los pueblos indígenas de la violencia y las amenazas que sufren por parte de los usurpadores no indígenas, ocupantes ilegales en los territorios de Térraba y Salitre.

Dos asesinatos, 16 líderes y lideresas amenazadas de muerte y más 86 actos de violencia dirigidos a pueblos indígenas, registrados solamente durante 2020, evidencian que el gobierno no sólo ha incumplido las medidas cautelares, sino también que es responsable de no intervenir para la detención de la violencia que sufren los pueblos indígenas, que además se ha incrementado y se ha extendido a la mayoría de territorios del Sur y hasta Bajo Chirripó en Matina, donde a finales de años pasado hubo un violento ataque contra el dirigente indígena cabécar Leonel García, catalogable como intento de homicidio.

En 2021, el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC-IIS) registró 143 acciones como concentraciones, denuncias, marchas, bloqueos y otras relacionadas con la defensa de los territorios y los derechos de las personas indígenas, principalmente en las comunidades originarias al sur del país en donde son comunes las recuperaciones de tierras organizadas por las comunidades Salitre, Cabagra, Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y el pueblo Brunca de Rey Curré.

En 2020 el Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas, rechazó la solicitud de la prisión preventiva y ordenó la libertad de los sospechosos por el asesinato de Jehry; quienes pasan libres y frecuentemente, frente a la casa de la familia Rivera y el jardín donde descansan los restos del activista. El ente judicial solamente impuso medida cautelar a uno de los implicados.

En octubre de 2021, tras una audiencia preliminar, ese mismo juzgado elevó a juicio la causa contra un sujeto de apellidos Varela Rojas, acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida.

La información del Ministerio Público apunta que al inicio de la investigación figuraron como imputados dos de los hermanos de apellido Varela, pero que “durante el proceso de recolección y análisis de pruebas por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, únicamente se logró vincular a un acusado” con el delito. En síntesis, en dos años no hay asomo de justicia pronta y cumplida.

Sigamos luchando por la justicia y el fin de la impunidad, sumando acciones para que la verdadera democracia llegue a estos territorios.

*edición de estilo Rebeca Arguedas Ramirez, académica UNED

Testimonios de la madre y el padre, familiares y otro líderes indígenas:

Enrique Rivera Rivera
Digna Rivera Navas
Asdrúbal Rivera Villanueva
Pablo Sibar Sibar
Jason Ríos Ríos
Paulino Nájera Rivera

Sala IV declara inconstitucional decreto sobre Conveniencia e Interés Público del Proyecto Hidroeléctrico Diquís

Mediante una resolución que otorga justicia ambiental, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo N°34312-MP-MINAE del 06 de febrero de 2008, denominado «Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los Estudios y las Obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad».

La resolución de la Sala señala que: “se declara parcialmente CON LUGAR la acción, en consecuencia, se anula por inconstitucional el Decreto Ejecutivo”. Este fue firmado y promulgado durante la administración Arias Sánchez 2006-2010 en aras de facilitar el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Diquís. 

De haberse llevado a cabo, las implicaciones y consecuencias de este proyecto hidroeléctrico se habrían traducido en un daño ambiental sin precedentes a la cuenca, ya que en su momento se consideraba el más grande de Centroamérica. Adicionalmente, implicaba el traslado de comunidades indígenas Térraba por la inundación de una parte de su territorio, así como la afectación del patrimonio arqueológico que se hubiera quedado sepultado por el embalse.

La resolución de la Sala tiene efectos declarativos y retroactivos ya que en la misma se señala que: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el efecto retroactivo de la anulación no se aplica respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando éstos fueren materialmente o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe”.

Esto implica que la declaración se hace sin perjuicio de los acuerdos alcanzados entre el Instituto Costarricense de Electricidad y las asociaciones representativas de las comunidades indígenas, que tuvieron como resultado el desistimiento del proceso en la sede de la jurisdicción ordinaria.

Información compartida con SURCOS por Elides Rivera Navas.

Foto: Semanario Universidad (2018).

Las mentiras de otros nos hacen más fuertes. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Pablo Sibar Sibar, Indígena Bröran/territorio de Térraba, Buenos Aires

Hace once años que nos arrastraron y desalojaron violentamente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde estábamos pidiendo que se aprobara el Proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos indígenas. Después de lo cual acordamos que lo mejor era venir a recuperar nuestras tierras por la vía de hecho y por la ley que nos asegura ese DERECHO.

Hoy estoy en nuestra recuperación en Crun Shurín, disfrutando el paisaje, del río, después de estar sembrando ayotes y revisando muchos de los cultivos que estamos sembrando. Estoy junto con mi hijo tomándonos un rico chocao (bebida indígena).

Reviso el teléfono y me encuentro un Facebook que me enviaron con un reportaje del señor Camilo Rodríguez dedicado a la señora Hilda Granados, en el que la señora hace las mismas declaraciones de siempre, defendiendo sus posesiones ilegales dentro del territorio indígena de Térraba.

Recuerdo que hace años hice un programa con el señor Rodríguez para una reunión que se llevó a cabo en Costa Rica sobre Bosques Tropicales y Pueblos Indígenas, en el que expuse los graves problemas que vivimos los indígenas costarricenses y las constantes violaciones a nuestros derechos humanos individuales y colectivos. Ese programa lo hicimos de manera similar a muchos otros en espacios de radio y de televisión, foros y actividades, en las que tanto otros compañeros y compañeras indígenas como yo, hemos participado para que el resto de la sociedad costarricense sepa cómo vivimos, porqué vivimos así y cuáles son las causas de nuestros problemas.

Hemos expuesto con claridad la causa de la violencia en nuestros territorios y por dicha cada vez más personas y hasta instituciones entienden que estas son nuestras tierras con plenos e irrenunciables derechos. Por eso, como defensor de los derechos de los pueblos indígenas que ha luchado por más de 40 años, a veces se me hace difícil aceptar que en pleno siglo XXI haya periodistas como Greivin Moya y Camilo Rodríguez que usan su poder informativo solamente para destruirnos con información totalmente parcializada y mintiendo, faltando a la verdad sin escrúpulos. Me parece que no les falta capacidad para leer y entender lo que dice la Ley indígena, lo que dice el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y lo que dicen los documentos y sentencias de la Sala I, que deberían estudiar antes de arremeter contra nuestros pueblos originarios. Pero parece que puede más su mala saña contra la gente indígena y su falta de profesionalismo.

En estos años de lucha hemos topado con muchas barreras, como hace once años que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa. Me han perseguido, tirado carros encima, me han dado pedradas; nos han asesinado a dos defensores del derecho indígena y hoy el periodista Rodríguez me dice “precarista” de mi propia tierra, de una tierra que está dentro de los límites reconocidos jurídicamente como territorio indígena de Térraba. Me pregunto ¿dónde quedó la ética de estos señores para hacer periodismo? ¿Cuáles son los anteojos con los que nos están mirando? ¿A quién buscan complacer con su trabajo completamente alejado de la realidad?

Además, dice claramente don Camilo que el Obispo Gabriel Enrique Umaña le pidió que le ayude con esa investigación, mientras por otro lado el Obispo le contestó al Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, una carta en la que dice que él no tiene ninguna participación en los conflictos de los indígenas, porque el es un siervo de Dios. Entonces no entiendo cómo el Obispo se declara “siervo de Dios” y el periodista dice que le está pidiendo ayuda a él.

Los pueblos indígenas seguiremos en nuestras luchas que son nuestro pleno derecho. En un día como hoy, celebrar el Día internacional de los pueblos indígenas, sólo tiene sentido si redoblamos trabajo para volver, recuperar, sembrar y disfrutar de las tierras que nunca debieron dejar de ser nuestras. Lo que esos periodistas y otras personas posiblemente esperan es que claudiquemos, pero tenemos la fuerza espiritual y la memoria con toda la dignidad, para que la arrastrada de hace once años, y todas las injusticias que han seguido sucediendo a nuestros pueblos, continúen alentando con fuerza los procesos de recuperación. Esas recuperaciones son nuestra vida, la esperanza para nuestras futuras generaciones y para la existencia misma de nuestros pueblos y culturas milenarias, ahora mismo y el futuro.

¡LA LUCHA SIGUE Y SIGUE!
¡SERGIO Y JEHRY VIVEN Y VIVEN!

Programa Voces y Política: “¿Qué pasa cuando una mujer recuperadora de territorios necesita atención de salud en la Zona Sur?”

Este miércoles 16 de junio a las 5 p.m., el programa Voces y Política de Radio Universidad 96.7 FM tendrá el programa: “¿Qué pasa cuando una mujer recuperadora de territorios necesita atención de salud en la Zona Sur?”.

Durante el espacio se tendrá la participación de las compañeras indígenas: Doris Ríos, del territorio Cabécar de China Kichá y Cindy Vargas, del territorio de Térraba.

Usted puede seguir el programa en la frecuencia 96.7FM o en el Facebook Live de la página Radio Universidad de Costa Rica. Además, puede participar de la conversación en redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234 3233.

Canción: “Esta es nuestra tierra”

En memoria de Jhery Rivera la Cátedra José Martí de la Universidad de Costa Rica Sede del Pacífico presenta la canción: “Esta es nuestra tierra”.

La pieza artística fue musicalizada por Mario Solera y Gerardo Ramírez. Acompañada de la letra de Mario Solera y el libro de la Historia de Térraba.

Rivera fue líder indígena, asesinado en medio de la lucha de los pueblos indígenas por la recuperación de sus tierras.

Compartimos el video: