Quienes suscribimos, condenamos el lamentable asesinato del indígena Brӧràn Jerhy Rivera, durante la noche del 24 de febrero del 2020 en territorio Térraba. Este hecho, se enmarca en un contexto de violencia generalizada, actos vandálicos y amenazas realizadas por personas no indígenas en el centro de la comunidad de Térraba; lo anterior con el objetivo de amedrentar y disminuir la justa lucha que llevan adelante las poblaciones originarias de nuestro país, por la recuperación de las tierras ancestrales que les pertenecen.
Es de particular atención, que ni la Fuerza Pública, ni las autoridades políticas del cantón de Buenos Aires de Puntarenas, han sido beligerantes para acabar con la violencia; más bien en algunos casos, han sido parte de la misma, como bien lo señaló el Consejo de Mayores de Brӧràn en su comunicado urgente, el dia 25 de febrero del 2020.
Señalamos como principales responsables de estos hechos, a la empresa TELETICA, quienes en las últimas semanas han realizado una serie de reportajes insidiosos en los que dan una visión parcializada del conflicto por la tierra en el sur del país, fomentando el racismo hacia los pueblos indígenas que se encuentran en pie de lucha. De igual manera es responsable, el llamado Gobierno de Unidad Nacional de Carlos Alvarado, debido a que no ha tomado las acciones pertinentes para cumplir con las medidas cautelares impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas de las que Jerhy era beneficiario.
Exigimos la inmediata investigación de la muerte de Jerhy y el eventual encarcelamiento de las personas responsables de la misma; exigencia que se suma al clamor por el esclarecimiento del asesinato del líder indígena Sergio Rojas, quien fuera también asesinado en el marco del conflicto por la recuperación de tierras el año pasado; crimen que a la fecha se encuentra impune.
Reiteramos nuestra absoluta solidaridad con la lucha indígena en el sur de nuestra provincia, y nos ponemos a las órdenes del pueblo Brӧràn en estos momentos de dolor y angustia.
Colectivo La Corvina Studio
Colectiva Feminista Brujas de la Mar – Puntarenas Centro
Colectiva Feminista Hijas del Río – Esparza
Colectivo de Artistas Puntarenenses
Asociación de Estudiantes de la Sede del Pacífico – UCR
Conflictividad y violencia contra los pueblos indígenas en la Zona Sur de Costa Rica y en Latinoamérica, es el tema del programa Voces y Política de este miércoles 4 de marzo en Radio Universidad.
SURCOS recibió este “Posicionamiento de organizaciones y
grupos de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, colectivas feministas y
autoconvocadxs”. Se invita a leer el comunicado, y si está de acuerdo, firmar y
compartir. Para ello siga el enlace que se encuentra al final del texto que
transcribimos.
El pasado 24 de febrero la violencia racista nos arrancó a
otro líder indígena y defensor de derechos humanos, esta ocasión fue Jerhy
Rivera Rivera en su territorio ancestral Brörán, sumando dos asesinatos
políticos cubiertos en impunidad por un Estado racista y omiso a lo establecido
en el Convenio 169 de la OIT referente a los derechos humanos de los pueblos
indígenas y tribales. El asesinato de Jerhy ocurrió al ser las 10:30 p.m. del
lunes 24 de febrero del 2020, en China Kichá en Térraba y en el marco de una
legítima recuperación del territorio originario.
El asesinato de Jerhy fue a escasos días del primer
aniversario de completa impunidad de la muerte del líder Bribri Sergio Rojas
Ortiz miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y del
Consejo Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra). Ambas
ausencias jamás podrán ser sanadas pero nos recuerda a las personas que
luchamos por el respeto y vivencia de los derechos humanos, ¡no podemos
permitir más impunidad ni tampoco más víctimas!
El Estado y el Gobierno de Costa Rica son responsables del
irrespeto del uso de las tierras ancestrales, violentando el Convenio 169 de la
OIT. La somnolencia del Poder Legislativo para la creación de una Ley de
Autonomía Indígena se ha mantenido por décadas permitiendo solapadamente la
usurpación y violación de derechos humanos de estos pueblos. Por eso, es que
los grupos de recuperadorxs indígenas hacen valer su legítimo derecho no solo
consuetudinario sino desde instrumentos internacionales como el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
Asímismo, la violencia institucional se prolonga desde los gobiernos locales,
Fuerza Pública y otras instancias que han amedrentado a las recuperadoras y
recuperadores con acciones tan sensibles como no procesar denuncias de la misma
violencia que viven o la dudosa imparcialidad del sistema judicial en la Zona
Sur.
El Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, y su antecesor Luis
Guillermo Solís Rivera, son responsables directos de los asesinatos de ambos
líderes indígenas por su inoperancia en la aplicación de las Medidas Cautelares
(MC-321-12) establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde
el 30 de abril del 2015 en los territorios de Salitre y Térraba, áreas
geográficas donde acontecieron los crímenes. Ambos gobiernos, a sabiendas del
peligro de corren lxs defensorxs indígenas, han hecho caso omiso de sus
denuncias en las instituciones respectivas.
Tampoco debemos ignorar el papel de los medios de
comunicación comerciales que han puesto en duda o deslegitimado el derecho de
los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, promoviendo un discurso
racista y falaz ante una población poco informada sobre la lucha y resistencia,
en un contexto en que el cerco mediático está completamente controlado por los
intereses económicos, sin hacer prevalecer el derecho humano a la comunicación
e información en el uso del espectro radioeléctrico el cual falta hacerlo
democrático en Costa Rica. Vale señalar los reportajes malintencionados y
parcializados de Teletica que se transmitieron semanas antes y que, a pesar de
que grupos organizados de recuperadorxs y de líderes y lideresas indígenas
solicitaron derecho de respuesta, este fue negado. Ignacio Santos como director
de Telenoticias y todo su equipo de producción son co-responsables de la muerte
de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran y defensor de la Tierra y el
mundo entero debe saberlo.
También, denunciamos la violencia que viven las mujeres
recuperadoras, quienes por amenazas de violencia sexual y contra sus vidas no
pueden salir a trabajar sus tierras para comer, ni enviar a sus hijxs a la
Escuela o al Colegio; como en el caso de Térraba, por el acoso que viven por
parte de peones y terratenientes quienes se hacen presentes en el trayecto. Las
recuperaciones han sido exitosas gracias a las mujeres indígenas, quienes son
las que se mantienen defendiendo su cuerpo-territorio y su autonomía con
valentía y compromiso. De ellas también se olvidan, y son ellas quienes ponen
su existencia entera para defender cada una de las recuperaciones realizadas.
En Costa Rica se vive la vulnerabilidad del peligro ante la
vida de las personas defensoras de derechos humanos. El año anterior, la
Asamblea Legislativa no quiso continuar con el texto del proyecto de ley 19.610
“Ley para la Protección de los Activistas a favor de los Derechos Humanos”,
despojando a la población de una pequeña protección y reconocimiento del
trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos dentro del Estado de
derecho.
Las organizaciones, grupos, movimientos y autoconvocadxs
aquí firmantes, expresamos nuestra indignación, malestar y preocupación, ya que
al cumplirse 3 años del gobierno de Carlos Alvarado Quesada la aplicación de
las medidas cautelares establecidas por la CIDH y la exigencia de los grupos
indígenas organizados que exigen el saneamiento territorial y su plena
autonomía. La violencia continúa impune y se siguen sumando muertes de
defensores de derechos humanos. Por eso, gritamos con rabia e indignación
¡Basta YA! Basta de racismo, olvido, clasismo y cualquier otra violencia que
rodee el legítimo derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. ¡Basta ya de
medios de comunicación racistas y complacientes a los grandes terratenientes y
amistades en el gobierno! ¡Basta ya de asesinatos políticos de defensores de
derechos humanos!
¡Justicia para Sergio Rojas, Jerhy Rivera y los Pueblos
Originarios! Protección a todas las personas recuperadoras de sus territorios
ancestrales. ¡Autonomía Indígena YA!
La inacción del Gobierno en este conflicto desnuda su carácter racista
(FECON, 28-02-2020). Hoy viernes 28 de febrero se realizaron las ceremonias fúnebres de Jhery Rivera Rivera. Su familia fue acompañada por representantes de comunidades y organizaciones de todo el país que se hicieron presentes en Terraba. Osvaldo Durán representante de la Federación Ecologista despidió al compañero Jehry con una frase Bety Cariño: “Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo”, además se recordó a activista indígena, la hondureña asesinada en 2015, Berta Cáceres, y denunció que el conflicto que viven hoy los territorios indígenas es producto de la incapacidad y la inacción de los gobiernos.
“Lo primero que hay que exigirle al Gobierno es que se declare incompetente. Este Gobierno no tiene la capacidad de resolver el conflicto que hay en los territorios indígenas. El Gobierno debe aceptar que es incompetente, que es incapaz, que no tiene la fuerza, que no tiene el entendimiento político, ni el respeto cultural, ni el respeto por la vida humana”, señaló Durán en su homenaje a Rivera.
La ceremonia se da en medio de gran preocupación por la ausencia de justicia a menos de un año del asesinato de Sergio Rojas Ortíz, indígena acribillado en su casa de habitación la madrugada del 18 de marzo de 2019. Asesinato sin esclarecer a la fecha. Sumado a esto el día de ayer el asesino confeso de Jhery Rivera, de apellidos Varela Rojas, fue liberado el día de ayer por el Juzgado Penal.
En el mismo discurso en el funeral, Osvaldo Durán señaló que: “Nadie puede resolver un conflicto cuando dejan libre al sospechoso del crimen, aún sin haber puesto en la tierra el cuerpo de Jhery Rivera. Esto es una falta de respeto total, una falta de respeto a la familia, a las culturas indígenas”.
“Nuestra vida es insegura, aun en nuestra propia casa, aun en nuestro propio pueblo, de parte de estos terratenientes que día con día nos acosan, que nos pasan tirando balas. La policía no atiende a tiempo las llamadas por tiroteos en las montañas, que las hacen para amedrentarnos”.
En Salitre
la ignominia impunemente arrasa,
se pavonea,
tala y hace pedazos las mañanas,
las sonrisas, los árboles, las siembras,
la cotidianidad de un pueblo que no cede
ante siglos y siglo de abandono.
En Salitre
la muerte y sus secuaces,
el gobierno y sus frases desinfladas,
la retórica oscura,
las excusas…
En Salitre
la ira recorre los caminos,
el miedo tomar atajos,
la rabia hace buen rato que no encuentra razón de seguir ocultándose.
1. La Ley Indígena, N° 6172, promulgada en 1977, regula la situación jurídica de los territorios indígenas, y establece en los artículos 3 y 5:
Artículo
3.- Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no
transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los
no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera
adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas
sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o
negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre
indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales
del caso. (…)
(…) Artículo 5.- En el caso de
personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de
las reservas indígenas, el ITCO [Instituto de
Tierras y Colonización (ITCO), que luego pasó a llamarse Instituto de
Desarrollo Agrario (IDA). Hoy, Instituto de Desarrollo Rural (INDER).]
deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no
fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá
expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la
Ley de Expropiaciones. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización
serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI.
Si posteriormente hubiere
invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades
competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna.
(…)
2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la resolución N° 16/15, emitida el 30 de abril del 2015, dispone la medida cautelar N° 321-12 para el pueblo indígena de Teribe y Bribri de Salitre, tomando en cuenta que (…) los miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre (…) se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo.
3. El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en su artículo 3, establece que la Institución buscará la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo, con el propósito de contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común.
4. El respeto a la diversidad de etnias y culturas de la sociedad costarricense son parte de los principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica, según lo plantea el artículo 4 del Estatuto Orgánico.
5. En las sesiones N°s 5867 y 6000, el Consejo Universitario se refirió a la situación de violencia que se vive en los territorios indígenas en torno a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras, así como al papel que debe asumir el Estado costarricense para asegurar el cumplimiento de los instrumentos internacionales, la legislación nacional y los derechos humanos.
6. El jueves 21 de marzo de 2019, el Consejo Universitario, en la sesión N° 6265, artículo 7, se pronunció sobre el homicidio del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz.
7. El 24 de febrero de 2020 muere el líder indígena Jerhy Rivera Rivera, defensor del río Térraba, de la Cultura Brörán y su territorio, durante un enfrentamiento por la recuperación de territorios indígenas, situación que pone de manifiesto, nuevamente, la necesidad de establecer medidas concretas, que resuelvan los conflictos referentes a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras en los territorios indígenas del país.
ACUERDA:
Repudiar el homicidio de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Térraba del Pueblo Brörán, perpetrado el lunes 24 de febrero de 2020, en el marco de la inacción por parte del Gobierno de la República, así como por el incumplimiento de los principios institucionales que abogan por el respeto y la protección de los derechos humanos.
Reiterar al Gobierno de la República su obligación de intervenir y asegurar la protección de los pueblos ante actos de violencia u hostigamiento, de manera tal que se garantice la vida de quienes forman parte de estos pueblos, el respeto de las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretenden salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica.
Darle la mayor difusión posible a este pronunciamiento.
ACUERDO FIRME.
Atentamente, Prof. Cat. Madeline Howard
Mora, Directora
(Acuerdo firme de la sesión N.° 6355, artículo 6, del jueves 27 de febrero de 2020)
El Programa de Gestión Local repudia el asesinato del líder Bröran Jerhy Rivera, estudiante del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios del Pacífico Sur en el año 2010.
Jerhy Rivera se caracterizaba por su espíritu de lucha y compromiso con la causa ambiental y los derechos de los pueblos indígenas.
La falta oportuna de acción por parte de las autoridades Estatales, hoy nos dejan una víctima más del conflicto de tierras en el cantón de Buenos Aires.
Denunciarnos públicamente la corresponsabilidad que han tenido los medios de comunicación en agravar el conflicto de tierras en Buenos Aires; en especial los recientes reportajes de la televisora Teletica titulados «Continúa la lucha entre finqueros y grupos indígenas en Salitre», los cuales carentes de la información oportuna y veraz, fomentaron discursos de: odio, racismo y violencia.
Evidenciamos la violación al derecho de respuesta por parte de la cadena Teletica. El sábado 15 de febrero 2020 el Consejo Ditsö lrira AjKönuk Wakpa de Salitre entregó un oficio formal a la televisora con un manifiesto sobre la información inexacta trasmitida en los reportajes. No obstante, Teletica omitió la información e incluso alegó la falta de una persona encargada para recibir el oficio. Este derecho lo ampara el artículo 69 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Exigimos que se implementen los mecanismos que el Estado costarricense tiene para salvaguardar la integridad y los derechos de los pueblos indígenas, así como las medidas cautelares dictaminadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015.
Las acciones de toma de tierra son legítimas, pertinentes y urgentes para la salvaguarda de los Pueblo Originarios. Se amparan en La ley Indígena N 6172 de 1977, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU.
Demandamos una correcta rendición de cuentas a las comunidades indígenas por parte del INDER y el Ministerio de Justicia y Paz sobre los avances del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI) que inició desde el año 2015. Así como, acciones inmediatas a corto plazo que permitan generar avances en el tema de la tenencia de tierra.
¡No más impunidad! Exigimos al Ministerio de Justicia y Paz que entregue a los pueblos originarios un informe detallado sobre los avances de la investigación del asesinato del líder indígena cabécar Sergio Rojas. Así como, las acciones a seguir para la investigación del asesinato del líder indígena Bröran Jerhy Rivera Rivera.
Hacemos un llamado a las instituciones, el movimiento social y las fuerzas vivas de las comunidades para generar procesos de sensibilización e información en miras de evitar la reproducción de discursos racistas, xenofóbicos y violentos que validen nuevas acciones de agresión entre personas no-indígenas e indígenas.
El equipo de Programa de Gestión Local se solidariza con la familia Rivera y el pueblo Bröran.
Conferencia de presa UCR luego de agresión a Jerhy Rrivera, 2013
Los pueblos indígenas en Costa Rica continúan en guerra
Este lunes 24 de febrero asesinaron al compañero de lucha RECUPERANTE INDÍGENA BRÓRA JHERY RIVERA del territorio Térraba.
Consideramos inaceptable, inhumano e irresponsable que en nuestro presente, los pueblos indígenas sufran esta serie de atropellos, pues, precisamente queremos recalcar que no es la primera vez que esto sucede.
En este sentido, queremos en primera instancia hacer un llamado a la comunidad universitaria a unirse en la exigencia de que se cumplan los derechos, convenios y acuerdos firmados por el bienestar y vida digna para los pueblos indígenas.
Segundo, les instamos a no caer en la desinformación, a generar no solo hoy en el contexto de una noticia tan grave, sino que en cada momento de nuestra vida académica, espacios de diálogo, investigación e información de nuestros hermanos y hermanas indígenas para que busquemos ese cambio en el pensamiento colectivo; debemos revisarnos y reconocer que los pueblos indígenas son comunidades vivas en el país, y que son pilar fundamental de nuestra historia, cultura y vida.
Asociación de Estudiantes de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica
El 24 de febrero del 2020, en Costa Rica, Jerhy Rivera Rivera, un líder indígena de la zona de Térraba, fue asesinado con cinco disparos: véase nota de prensa del medio digital Delfino.cr y esta nota publicada en el Semanario Universidad. La noticia fue inmediatamente referida en varios medios internacionales: véase, a modo de ejemplo, está muy completa nota publicada en The Guardian en el Reino Unido.
En menos de un año, dos asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica
La ubicación geográfica de la muerte de Jerhy Rivera coincide con la región en la que fue asesinado el año pasado otro líder indígena costarricense, Sergio Rojas, el 18 de marzo del 2019. En ambos casos, estos líderes indígenas habían sido objeto de amenazas de muerte, las cuales eran de conocimiento público, en particular de las autoridades costarricenses: en el 2013, el mismo Jerhy Rivera fue entrevistado con respecto a las amenazas recibidas (véase nota con audio de Voces Nuestras).
Habíamos tenido la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos hechos a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR).
Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas hechos en marzo del 2019 buscaban que hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5, cuya lectura completa recomendamos).
El hecho que, a diferencia de Jerhy Rivera, el líder indígena Sergio Rojas fuese objeto de medidas cautelares ordenadas en el 2015 al Estado costarricense por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resguardar su vida y su integridad física, evidencia la total inoperancia estatal: remitimos a nuestra breve nota publicada en mayo del 2015 en el sitio jurídico de DerechoalDia sobre el alcance de estas medidas ordenadas el 30 de abril del 2015 a Costa Rica por este órgano interamericano.
Identificar responsables de asesinatos de líderes comunitarios: ¿una tarea imposible para el Estado costarricense?
Es de notar que a la fecha, las autoridades costarricenses no han logrado aún identificar a los autores materiales del asesinato de Sergio Rojas, ultimado con 15 disparos, y se tiene serias reservas sobre las posibilidades que tengan de identificar en el futuro a los autores intelectuales de este vil acto.
Esta incapacidad estatal no es para nada nueva y forma parte de una larga serie de episodios sumamente violentos contra poblaciones indígenas que se mantienen impunes: por ejemplo, la quema de varios ranchos ocupados por mujeres indígenas en julio del 2014, justo mientras la selección nacional de fútbol de Costa Rica jugaba contra Países Bajos en el Mundial en Brasil, persiste sin ningún responsable identificado y/o sancionado por parte de las autoridades policiales costarricenses.
La muerte de Jerhy Rivera viene ahora a interpelar nuevamente a las autoridades sobre su accionar con respecto al clima de violencia y de impunidad campante que persiste en la zona de Térraba, y que mantiene profundamente indignadas a las comunidades indígenas (así como a muchas organizaciones sociales costarricenses), cuyos legítimos reclamos siguen sin obtener una respuesta por parte del Estado costarricense.
Cabe precisar que unos pocos días antes del 24, la prensa internacional refirió – la nacional, mucho menos – a otro hecho de violencia en Salitre cometido en contra de otro líder indígena, Mainor Ortíz Delgado, herido con disparos (véase nota de The Guardian, en su edición del 17/02/2020): no se tiene claro si las autoridades costarricenses a cargo de esta zona geográfica del país percibieron que este hecho podría constituir una primera alerta, conllevando acciones inmediatas de su parte para contener el clima de violencia en la región de Salitre.
En declaraciones públicas, la representante de Naciones Unidas en Costa Rica no dudó en señalar (véase nota de prensa de Informa-tico) el vacío existente en Costa Rica con relación a quienes defienden a las comunidades indígenas:
«Las autoridades del país deben garantizar la protección de las defensoras y los defensores indígenas de derechos humanos«.
Foto extraída de nota de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019
A modo de conclusión
El marco legal costarricense a la fecha no tiene previsto ningún mecanismo de sanción contra la incitación al odio en contra de un determinado grupo. Un vacío legal señalado en diversos informes de entidades internacionales al examinar la situación de los derechos humanos en Costa Rica, y que puede explicar la facilidad con la que un determinado sector puede emprenderla públicamente contra una población en situación de vulnerabilidad (migrantes, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, población sexualmente diversa por ejemplo) y azuzar los ánimos sin verse frenado en lo más mínimo.
El ordenamiento jurídico costarricense tampoco prevé protección especial alguna para proteger a líderes sociales que son objeto de ataques, intimidaciones o bien de amenazas de muerte. La total incapacidad del aparato represivo costarricense para identificar a los autores intelectuales de la muerte del joven Jairo Mora Sandoval, biólogo asesinado en la playa de Moín en el 2013 (el cual contabilizaba los nidos de tortuga en esta precisa playa del Caribe costarricense con su grupo de voluntarios), demuestra cuán urgente resulta encontrar figuras legales y herramientas específicas para lograr identificar a los responsables de este tipo de asesinatos.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica UCR
