Etiqueta: territorios indígenas

Doctor Marcos Guevara, antropólogo.

Don Salomón Ortiz, presidente de la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena de Salitre, en declaraciones al Diario Extra del 9 de marzo de 2020, achaca la conflictividad que se ha vivido en su comunidad a “grupos externos que vienen especialmente de la capital y nos hacen ver solo nuestros derechos, nos meten las ideas de reclamar a través de la violencia”. Dice luego que se trata de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de universidades públicas.

Estas declaraciones, producto de una entrevista, me motivan a hacer algunos comentarios. Coordino un grupo de investigadores de la Universidad de Costa Rica de diferentes disciplinas y nuestro objeto de estudio es, casualmente, la conflictividad en territorios indígenas de Buenos Aires. Imposible no sentirse aludido.

Pero los académicos no inventamos el conflicto, lo constatamos, porque es palpable, existe sin necesidad de nosotros, sale en las noticias recurrentemente. Hasta la Wikipedia en internet tiene una entrada sobre “enfrentamiento étnico en Salitre”. Y es un tema complejo que hunde sus raíces en los tiempos de la Colonia, tiene manifestaciones históricas, geográficas, sociológicas, políticas, cuyo estudio nos ha parecido importante, no solo para entender su origen, sino para comprender los aspectos que cualquier propuesta para atenderlo debe considerar. Algunos de los hallazgos hasta los hemos compartido con la Asociación de Desarrollo de Salitre y hemos recibido manifestación de interés al respecto, como don Salomón bien sabe.

El conflicto no es nuevo, si bien desde hace unos años atrás se evidencia de manera violenta hasta llegar al lamentable asesinato de Sergio Rojas en marzo de 2019, replicado en Térraba hace unos días con el de Jehry Rivera. Dos crueles asesinatos en menos de un año.

El asunto de las llamadas “recuperaciones” no es resultado de una incitación de personas de universidades públicas o de ONG. Es la consecuencia, no la causa, de un problema que tiene más de 40 años y que tiene por nombres “desaplicación legal”, “conculcación sistemática de derechos humanos” y hasta “racismo”, que igualmente se manifiesta en desinterés del Estado por atender sus obligaciones, desinterés del primer poder de la República por actualizar leyes que implementen los instrumentos de Derechos Humanos que el país suscribe. Los universitarios no hacemos ver los derechos, están contenidos en normas que la Asamblea Legislativa promulgó y resultaron de exigencias sociales. El mismo don Salomón califica como “importante” que se firmara la Ley Indígena en 1977. Entonces ¿para qué decir que los universitarios “nos hacen ver nuestros derechos” si, como da a entender la entrevista, él mismo fue parte de la creación de esa norma?

El tema de la visita del Sr. Rector de la Universidad de Costa Rica y su comitiva, que refiere don Salomón diciendo que “gente violenta los emboscó por un rato”, amerita recordar quiénes son los que han ejercido actos violentos en esta región. Hasta donde hemos podido entender la situación, no son personas indígenas las que han ejercido la violencia y las llamadas “recuperaciones” se han hecho pacíficamente en tierras en las que no han tenido que sacar a la fuerza a ninguna familia pobre no indígena, sino en predios que responden a adquisiciones producto del engaño y la brutalidad, donde no habita nadie, han deforestado y han metido ganado. Quienes han despojado a indígenas de sus tierras de forma fraudulenta y hasta usando la fuerza son parte de esa “gente violenta” que refiere don Salomón, esa es la verdad.

Comprendemos, y hasta hemos podido consignar, con nuestras investigaciones, que hay personas no indígenas que posiblemente usurpen tierras indígenas sin haber comprendido la ilegalidad de sus adquisiciones y sin haber intentado engañar a nadie. Comprendemos también que el Estado, al desaplicar la Ley Indígena que debía indemnizar a no indígenas que ya estaban en esas tierras cuando se promulgó, agravó la situación y es por eso, en una gran parte, responsable de la situación. De acuerdo al entendimiento que hemos logrado de la situación de Salitre y otros territorios indígenas de Buenos Aires, la solución propuesta ahora por el gobierno nos parece deficiente. El trabajo del INDER de censar fincas no indígenas para después definir a quiénes se aplica la indemnización tendrá efectos adversos, pues una gran cantidad de ocupantes no indígenas (para no decir mayoría) no está a derecho. Pero, además, la forma en que se están definiendo derechos de algunos de estos ocupantes, mediante “certificados” de ser indígenas o poseedores de buena fe por parte de organizaciones muy cuestionables, da a pensar que el plan del INDER tiene algunos vicios insalvables. Ojalá me equivoque.

Aunque este no sea un “derecho de respuesta”, pues el Diario Extra solo consigna declaraciones de don Salomón, apelo a su buena fe para publicar mi comentario haciendo notar que el titular de esas declaraciones, “Universidades públicas y ONG son los culpables”, incita a una lectura desafortunada de las palabras del dirigente de Salitre.

En medio de la confusión, la frustración, cólera quizás, es fácil acusar a terceros de problemas que tienen causas estructurales y no coyunturales. Resulta muy cómodo que las universidades públicas, en los enfrentamientos que se han producido en estos días en Buenos Aires y en las palabras que ha generado, se conviertan en “chivo expiatorio”, una forma de distraer a todo el mundo sobre la urgente reflexión que se debe hacer sobre la conflictividad en territorios indígenas, una forma de disimular la violencia de quienes atacan, asesinan, queman las fincas, amenazan y portan armas, como si fuera una demostración por sus derechos. Los victimarios siempre justifican sus crímenes haciéndolos parecer como justos.

Las universidades investigamos con seriedad. Tomamos criterio de todas las partes, analizamos, establecemos conclusiones ponderando muchas facetas de esa realidad. Nuestros hallazgos son refutables, prueba de un proceder acorde con la ciencia. Pero para refutar hay que aportar argumentos que demuestren lo contrario. Es lo que no veo. Hay información que puede molestar a algunas personas, eso no la hace menos urgente, todo lo contrario.  A don Salomón lo estimo y respeto, no lo increpo con mi comentario pues creo que lo que señaló el titular que recoge sus palabras no refleja su capacidad de producir un análisis más integral de la situación.

Conflictividad y violencia contra los pueblos indígenas en la Zona Sur de Costa Rica y en Latinoamérica, es el tema del programa Voces y Política de este miércoles 4 de marzo en Radio Universidad.

SURCOS recibió este “Posicionamiento de organizaciones y grupos de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, colectivas feministas y autoconvocadxs”. Se invita a leer el comunicado, y si está de acuerdo, firmar y compartir. Para ello siga el enlace que se encuentra al final del texto que transcribimos.

El pasado 24 de febrero la violencia racista nos arrancó a otro líder indígena y defensor de derechos humanos, esta ocasión fue Jerhy Rivera Rivera en su territorio ancestral Brörán, sumando dos asesinatos políticos cubiertos en impunidad por un Estado racista y omiso a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT referente a los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales. El asesinato de Jerhy ocurrió al ser las 10:30 p.m. del lunes 24 de febrero del 2020, en China Kichá en Térraba y en el marco de una legítima recuperación del territorio originario.

El asesinato de Jerhy fue a escasos días del primer aniversario de completa impunidad de la muerte del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y del Consejo Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra). Ambas ausencias jamás podrán ser sanadas pero nos recuerda a las personas que luchamos por el respeto y vivencia de los derechos humanos, ¡no podemos permitir más impunidad ni tampoco más víctimas!

El Estado y el Gobierno de Costa Rica son responsables del irrespeto del uso de las tierras ancestrales, violentando el Convenio 169 de la OIT. La somnolencia del Poder Legislativo para la creación de una Ley de Autonomía Indígena se ha mantenido por décadas permitiendo solapadamente la usurpación y violación de derechos humanos de estos pueblos. Por eso, es que los grupos de recuperadorxs indígenas hacen valer su legítimo derecho no solo consuetudinario sino desde instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Asímismo, la violencia institucional se prolonga desde los gobiernos locales, Fuerza Pública y otras instancias que han amedrentado a las recuperadoras y recuperadores con acciones tan sensibles como no procesar denuncias de la misma violencia que viven o la dudosa imparcialidad del sistema judicial en la Zona Sur.

El Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, y su antecesor Luis Guillermo Solís Rivera, son responsables directos de los asesinatos de ambos líderes indígenas por su inoperancia en la aplicación de las Medidas Cautelares (MC-321-12) establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 30 de abril del 2015 en los territorios de Salitre y Térraba, áreas geográficas donde acontecieron los crímenes. Ambos gobiernos, a sabiendas del peligro de corren lxs defensorxs indígenas, han hecho caso omiso de sus denuncias en las instituciones respectivas.

Tampoco debemos ignorar el papel de los medios de comunicación comerciales que han puesto en duda o deslegitimado el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, promoviendo un discurso racista y falaz ante una población poco informada sobre la lucha y resistencia, en un contexto en que el cerco mediático está completamente controlado por los intereses económicos, sin hacer prevalecer el derecho humano a la comunicación e información en el uso del espectro radioeléctrico el cual falta hacerlo democrático en Costa Rica. Vale señalar los reportajes malintencionados y parcializados de Teletica que se transmitieron semanas antes y que, a pesar de que grupos organizados de recuperadorxs y de líderes y lideresas indígenas solicitaron derecho de respuesta, este fue negado. Ignacio Santos como director de Telenoticias y todo su equipo de producción son co-responsables de la muerte de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran y defensor de la Tierra y el mundo entero debe saberlo.

También, denunciamos la violencia que viven las mujeres recuperadoras, quienes por amenazas de violencia sexual y contra sus vidas no pueden salir a trabajar sus tierras para comer, ni enviar a sus hijxs a la Escuela o al Colegio; como en el caso de Térraba, por el acoso que viven por parte de peones y terratenientes quienes se hacen presentes en el trayecto. Las recuperaciones han sido exitosas gracias a las mujeres indígenas, quienes son las que se mantienen defendiendo su cuerpo-territorio y su autonomía con valentía y compromiso. De ellas también se olvidan, y son ellas quienes ponen su existencia entera para defender cada una de las recuperaciones realizadas.

En Costa Rica se vive la vulnerabilidad del peligro ante la vida de las personas defensoras de derechos humanos. El año anterior, la Asamblea Legislativa no quiso continuar con el texto del proyecto de ley 19.610 “Ley para la Protección de los Activistas a favor de los Derechos Humanos”, despojando a la población de una pequeña protección y reconocimiento del trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos dentro del Estado de derecho.

Las organizaciones, grupos, movimientos y autoconvocadxs aquí firmantes, expresamos nuestra indignación, malestar y preocupación, ya que al cumplirse 3 años del gobierno de Carlos Alvarado Quesada la aplicación de las medidas cautelares establecidas por la CIDH y la exigencia de los grupos indígenas organizados que exigen el saneamiento territorial y su plena autonomía. La violencia continúa impune y se siguen sumando muertes de defensores de derechos humanos. Por eso, gritamos con rabia e indignación ¡Basta YA! Basta de racismo, olvido, clasismo y cualquier otra violencia que rodee el legítimo derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. ¡Basta ya de medios de comunicación racistas y complacientes a los grandes terratenientes y amistades en el gobierno! ¡Basta ya de asesinatos políticos de defensores de derechos humanos!

¡Justicia para Sergio Rojas, Jerhy Rivera y los Pueblos Originarios! Protección a todas las personas recuperadoras de sus territorios ancestrales. ¡Autonomía Indígena YA!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffLnxgNTDPNO1Dj2Z_9Lwova2WxqK-gm8giz9AjB3PwiE7TQ/viewform

Enviado a SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.