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Etiqueta: tortura

Los nuevos distractores «Ja-Guaros» de esta semana: una muestra para analizar

Jiddu Rojas Jiménez

  1. Qué Laura F., en su «montaña rusa», cambió otra vez de opinión, y aparentemente, aparentemente, está de acuerdo con el FA, en el tema de las pensiones de lujo de los expresidentes. ¡Sospechoso!

Veremos qué nuevo giro da la semana entrante… Y sin derecho a «hablarle feo» o reclamarle políticamente a la presidenta.

Por supuesto, después de votar contra el proyecto del FA, sale con un nuevo proyecto aparente similar.

Pero el diablo está en los detalles: su supuesto proyecto alternativo en versión Ja-Guaro, está mal diseñado técnicamente, —por el obvio tema de la retroactividad—, para que así, la Sala Constitucional, objeto de ataques del oficialismo autoritario, deba obligatoriamente devolverlo por vicios inconstitucionales. Así, la demagogia contra la Sala Constitucional de Laura y Rodrigo, tendrá vía libre de nuevo… Avisados estamos.

2. Un nuevo protagonista Ja-Guaro. El MiniMini-ministro de Justicia, el «Superdotado», vigila a los «Zurdos de Closet» (sic) como si una opinión política, fuese un «delito», y como si su ridículo matonismo fuese legal. ¿Dónde habrá estudiado derecho este «Superdotado»?

Peor aún: ¿Estará esto conectado con la gravísima denuncia de los y las costarricenses exiliados/as y autoexiliados/as? ¿O será mera coincidencia?

Es hora de citar de nuevo, al literato y filósofo francés existencialista (que no marxista) Albert Camus: «Todo [el fascismo] comenzó con el anticomunismo».

3. Vamos ahora a las grandes ligas mundiales del anticomunismo, y de la extrema derecha internacional:

Resulta que Zelenski, —libertario, sionista y paradójicamente revisionista histórico del nazi ucraniano Stepan Bandera—, hizo una especie de «línea caliente» telefónica con Laura F. y amenaza con vendernos y mandarnos drones militares. Esto independientemente de las diferentes lecturas y opiniones, que se tengan sobre el conflicto entre Rusia versus Ucrania/EEUU/OTAN/Unión Europea, nos coloca en un alto riesgo geopolítico.

Mientras, un par de semanas antes, casualmente suponemos, el oficialista diputado (a medio tiempo) José Miguel Villalobos, —abogado litigante de presuntos narcos en el otro medio tiempo laboral—, le saca la lengua a Daniel Ortega, y lo reta, cuál «macho herido», a cruzar nuestra frontera junto a sus huestes, y morir en el intento. Pobre de Guanacaste en un escenario bélico.

Así, la «Proclama de Neutralidad Perpetua» con rango constitucional, es por lo demás, violada descaradamente. Y estos se dicen abogados…

4. Por si fuese poco, tenemos además que el gobierno alista una nueva estrategia «Ja-Guaro», para intentar imponer las impopulares jornadas de 12 horas en la Asamblea Legislativa. ¡Seas necio!

Persistente en el error, desesperado por el ‘rating’, el gobierno trata de seducir a algunas ambiciosas cámaras patronales, que por cierto, ya no le creen mucho. La patronal está dividida, aunque parece que le tiene miedo a posibles represalias tributarias del gobierno.

5. No podía faltar. Y esto es esencial, porque le movió el piso al todopoderoso Rodrigo Chaves y a la presidenta Laura Fernández: que a la marcha o plantón por la independencia del Poder Judicial, nos llevaron los «buses de lujo pagados por la Rectoría de la UCR». La ridiculez del que nunca ha marchado por la patria, porque la gracia está precisamente en desfilar y caminar desde la Universidad (UCR) hasta la Plaza de la Democracia en San José.

Troles van y vienen. Mentiras, manipulación y polarización. Y un gran etcétera.

Por cierto, malas noticias para el oficialismo: esto apenas comienza.

6. Agregamos una distracción nueva, pero posiblemente, vendrán otras nuevas para el fin de semana: una diputada oficialista calificó literalmente y en medio plenario legislativo, de «damas de compañía» a dos diputadas de oposición. Haciendo referencia directa a Abril Gordienko (PUSC), y a Claudia Dobles (CAC). Se ensaya una especie de disculpa pública y el oficialismo se divide en público… Prosigamos.

7. Versátil en el error, el polémico ministro de Justicia, y máximo responsable de la administración de Justicia y por lo tanto, del régimen carcelario, reincide. (Está desatado.)

Ahora, se ve aparentemente envuelto en una oscura trama con un conocido narcotraficante detenido, alias «Macho Coca», el cual denuncia en video público, aparentes tratos crueles e inhumanos y tortura, en su encarcelamiento.

Mientras, —según el mismo testimonio público en redes del imputado—, se le hacía creer al aparente narcotraficante en prisión, que esos tratos crueles e inhumanos, eran «encargos» y «regalitos» del señor fiscal general Carlo Díaz… Una trama realmente perversa, y donde obviamente, la seguridad personal del fiscal general estaría directamente amenazada. No es malo recordar que la dignidad humana del privado de libertad en democracia, nunca se pierde, sea quien sea.

Mientras tanto, el gobierno anuncia la imposición desde el Poder Ejecutivo del «secreto de estado», en ciertas materias delicadas… Atención al anterior punto #7. Se abre el debate técnico de seguridad ciudadana… Reaparece en escena el «Superdotado», el MiniMini-ministro de Justicia. No les bastó la inmunidad de algunos y algunas. Esta fue su semana de protagonismo, solo seguido por el diputado Villalobos y sus inapropiadas invitaciones al restaurante Saporo a las diputadas de oposición.

En fin, este último tema de la normalización del secreto de estado, sí es mucho más preocupante, porque está ligado acaso a lo realmente, más importante.

A saber:

Por fin, veamos entonces, ¿qué podría ocultar deliberadamente para esta semana y resto de sus casi cuatro años el gobierno Ja-Guaro?

8. Acaso no sea, la implementación del famoso software «Pegasus» de espionaje, hecho en el estado genocida de Israel, y utilizado en el actual genocidio en Gaza… Y el cual ya está siendo utilizado en Costa Rica para vigilar algo o a alguien, utilizando de mampara al Ministerio de Hacienda. ¿Eso nos queda del presunto TLC con el Israel de Netanyahu?

Pero bueno, no se sabrá muy bien, porque puede ser considerado «secreto de estado». Lamentable. Pasamos de la vergüenza nacional a la internacional. ¡Somos potencia!

Concluyo. Este gobierno Ja-Guaro es todo un espectáculo de «juegos de luces» permanente en su comunicación política. Todas las semanas, todos los días, se supera en cada escándalo. Una especie de gran circo romano, solo que nosotros somos, al mismo tiempo que los espectadores, también sus propias víctimas inmoladas.

Muy lamentable.

Sin embargo, pareciera que sus mentiras, sus distracciones, su desinformación sistemática, y su eterna demagogia, tienden a desinflarse:

El ‘rating’ de aprobación de la presidencia, comienza claramente a caer…

Es lo que hay.

Nuestra invitación desde el Encuentro Democrático, a la lucha cívica, patriótica, pacífica, innovadora, y creativa, no sobra.

¡Todos y todas a defender la democracia, al Estado Social de Derecho, y a nuestras conquistas sociales y a nuestra institucionalidad!

Ya se habla con orgullo y esperanza, de convocar de nuevo, a los históricos «comités patrióticos» en torno a la defensa de la República democrática:

«(…) ¡Sepamos ser libres, no siervos menguados! (…)»

#EncuentroDemocráticoCR

Comunicado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los supuestos actos de tortura referidos por la Fiscalía

San José, Costa Rica —14 de agosto 2026. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) recibió una notificación el día de ayer por parte de la Fiscalía General de la República relacionada a supuestos actos de tortura contra personas privadas de libertad en el Circuito de Alta Contención. Al respecto, el MNPT considera importante manifestar que:

Cualquier forma de tortura está totalmente prohibida y debe ser investigada. La prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es absoluta tanto en la Constitución Política como en los tratados internacionales ratificados por Costa Rica. En el ámbito nacional, este delito se encuentra tipificado en el artículo 381 bis del Código Penal.

Dicha prohibición no admite excepciones ni justificaciones, independientemente de la gravedad del delito imputado, la peligrosidad de la persona privada de libertad, el estado de emergencia o razones de seguridad nacional. La persecución de la criminalidad jamás justifica la adopción de prácticas arbitrarias o violatorias de los derechos humanos por parte del Estado, ya que esto vulneraría los fundamentos del propio Estado de derecho. En consecuencia, toda sospecha o denuncia de tortura debe ser investigada de oficio.

Sobre el MNPT. De acuerdo con la Ley 9204, el MNPT tiene un mandato estrictamente preventivo realizado a través de inspecciones periódicas, sin previo aviso e independiente, a cualquier lugar de privación de libertad en el país, sean cárceles, celdas de OIJ o Fuerza Pública, centros de detención migratoria, entre otros. No le corresponde tramitar denuncias individuales, ni realizar investigaciones de carácter judicial o administrativo.

Desde la creación del Circuito de Alta Contención en abril de 2025 —el cual incluye el centro conocido como «Máxima Seguridad»—, el MNPT ha elaborado nueve informes al respecto, resumidos en el Capítulo 3 del Informe Anual de Labores 2025. En estos documentos se advierte que las medidas restrictivas aplicadas corren el riesgo de constituir un entorno torturante. Dichos informes han sido remitidos a la Sala Constitucional, al Juzgado de Ejecución de la Pena y al Ministerio de Justicia y Paz, entre otras entidades, y también se encuentran disponibles en la página web del MNPT.

Defensoría investigará información aportada por Fiscalía sobre presuntos malos tratos y tortura

La Defensoría de los Habitantes recibió hoy a la 1:37 de esta tarde información de la Fiscalía General de la República relacionada con manifestaciones realizadas por dos personas privadas de libertad (extraditables) que estuvieron ubicadas en el Centro Nacional de Atención Específica, quienes les manifestaron a la Fiscalía haber sido presuntamente víctimas de actos de tortura.

Costa Rica es Estado Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo (OPCAT). Conforme a estos instrumentos vinculantes, existe el deber por parte del Estado de prohibir de manera absoluta la tortura, sin que puedan invocarse circunstancias excepcionales que la justifiquen.

Ante esta situación la Defensoría de los Habitantes adoptará las siguientes medidas concretas:

-Se formalizará la apertura de una intervención para realizar el procedimiento de investigación respectivo en relación con la información aportada por la Fiscalía General de la República.

-Una vez analizada la información, se valorará la realización de una inspección con el fin de recabar prueba en relación con las condiciones en las que se encuentra dicha población, las condiciones materiales de detención y los protocolos de custodia aplicados por personal de la Policía Penitenciaria.

Alertas preventivas tras visita al lugar de alojamiento de personas deportadas

Comunicado

El MNPT realizó, junto a la Defensoría de los Habitantes, una visita al espacio de alojamiento de las personas recientemente deportadas. Halló buenas prácticas en la atención de estas personas, pero identificó algunos riesgos que podrían vulnerar la dignidad humana y la integridad personal.

Este 14 de abril, la Defensoría de los Habitantes y el MNPT realizaron una visita al lugar en el que se alojan las primeras 25 personas deportadas (8 mujeres y 17 hombres) desde EEUU, provenientes de países como Honduras, El Salvador, Albania, Kenia, India, China, Marruecos y Camerún. Se constató que todas son mayores de edad, no hay adultos mayores, ni mujeres embarazadas.

Buenas prácticas con respecto a las personas deportadas y alojadas en el CATEM en el 2025. Se constató que tres de las principales preocupaciones encontradas por el MNPT hace un año se están protegiendo, ya que: 1) No tienen privación de libertad en el lugar en que se encuentran. 2) El Estado no les retiene sus documentos y tienen un estatus migratorio regular. 3) Están más claras las opciones migratorias por las que pueden optar (retorno voluntario, solicitud de refugio o visa humanitaria).

Asimismo, hay mayor disponibilidad de intérpretes. Se constató que hay equipos interdisciplinarios de la OIM atendiendo y se verificaron condiciones adecuadas en el lugar en cuanto a alojamiento, privacidad y alimentación. También, las personas expresaron una sensación de bienestar ante el trato en Costa Rica, el cual enunciaron como adecuado y cuidadoso, a diferencia del trato previo en EEUU.

Riesgos identificados. Para el MNPT es importante indicar algunos riesgos identificados a partir de la visita:

Riesgo de insostenibilidad de condiciones adecuadas. La cantidad actual de 25 personas es manejable para garantizar la atención, pero la viabilidad para dar un trato personalizado y humano a cada persona se va ir dificultando si esa cifra aumenta, en particular si ingresan personas con mayores condiciones de vulnerabilidad (menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas) o con complejidad para sus procesos de movilidad (personas sin documentos, de otros continentes, con otros idiomas, en “limbos” legales, etc.). Asimismo, no es claro el futuro para las personas que permanecerán en Costa Rica, en particular con respecto a cuáles serían sus espacios de alojamiento, medios de subsistencia o plan de vida.

No se constató presencia inter-institucional. Durante la visita no se pudo constatar la presencia de otras instituciones del Estado para un abordaje integral, tales como el INAMU, la CCSS o el IMAS; durante la visita tampoco se recibió información de la DGME sobre un sobre un plan interinstitucional al respecto.

Relatos de tratos crueles y vulneraciones previas. En los relatos de las personas deportadas se repiten quejas sobre los tratos recibidos en EEUU, en la detención, encierro y traslado. Aspectos como haber sido privadas de su libertad en espacios hacinados; recibir comida en estado inadecuado; incertidumbre de hacia dónde se dirigen o de su futuro; uso de grilletes en pies, caderas y manos durante traslados (incluido el vuelo hacia Costa Rica); la no devolución de objetos personales como celulares, relojes o ropa; tratos verbales que consideraron que afectan su dignidad. Formas asociadas a lo que se conoce como criminalización de la migración y cuyos efectos dañinos a los DDHH están muy documentados.

Riesgo de responsabilidad internacional. Desde una perspectiva del derecho internacional, en acuerdos como estos, Costa Rica no solo se debe de preocupar por el momento de llegada al país, sino que le deben ser relevantes las condiciones de trato en el país de origen, ya que se puede estar formando parte de una cadena internacional de vulneración de derechos humanos.

Informe internacional concluye que política de seguridad en El Salvador reúne elementos de crímenes de lesa humanidad

Un amplio informe titulado “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES), concluye que las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad implementada en ese país reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser consideradas crímenes de lesa humanidad.

El estudio examina el impacto del régimen de excepción y otras medidas adoptadas en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño en los últimos años, y sostiene que diversas prácticas documentadas —incluidas detenciones arbitrarias masivas, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y persecución política— forman parte de una política estatal que cumple los criterios establecidos por el derecho internacional para esta categoría de crímenes.

El informe plantea que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una política sostenida que se desarrolló en un contexto de debilitamiento institucional y concentración del poder político.


Qué es GIPES y quiénes elaboran el informe

El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES) está integrado por especialistas internacionales en derecho internacional, derechos humanos, justicia penal internacional y análisis político.

El grupo desarrolla investigaciones independientes con el objetivo de analizar la compatibilidad de las políticas estatales con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de derecho penal internacional, así como aportar elementos para la rendición de cuentas frente a violaciones graves.

El informe publicado en 2026 constituye uno de los análisis más amplios realizados hasta ahora sobre las consecuencias institucionales, jurídicas y humanitarias de la política de seguridad aplicada en El Salvador durante los últimos años.


Un análisis del debilitamiento del Estado de derecho

El documento señala que las violaciones masivas a los derechos humanos no surgen de manera espontánea, sino que requieren de un contexto institucional que las permita.

Según el informe, en El Salvador se habría configurado un entorno caracterizado por:

  • debilitamiento de los contrapesos institucionales,

  • concentración del poder político,

  • debilitamiento de los controles judiciales y legislativos,

  • uso prolongado de medidas excepcionales.

En ese contexto, el régimen de excepción instaurado desde marzo de 2022 se habría convertido en el instrumento central de la política de seguridad, con la suspensión prolongada de diversas garantías constitucionales.

El informe sostiene que este marco institucional permitió consolidar una estrategia de seguridad basada en detenciones masivas y amplias facultades policiales y militares.


Principales temas analizados en el informe

De acuerdo con su estructura y tabla de contenidos, el informe examina múltiples dimensiones del modelo de seguridad aplicado en El Salvador.

Entre los principales temas analizados destacan:

Destrucción de contrapesos institucionales

Uno de los primeros apartados analiza cómo la concentración del poder político y el debilitamiento de instituciones clave facilitaron la implementación de medidas extraordinarias sin controles efectivos.

Régimen de excepción y detenciones masivas

El informe examina la política de detenciones masivas desarrollada en el marco del régimen de excepción, así como los efectos sobre derechos fundamentales como:

  • la libertad personal,

  • el debido proceso,

  • la presunción de inocencia.

El documento también señala problemas estructurales para garantizar procesos judiciales dentro de plazos razonables para las personas detenidas.

Tortura, muertes bajo custodia y desapariciones

El informe analiza denuncias relacionadas con:

  • tortura en centros de detención,

  • muertes de personas bajo custodia estatal,

  • desapariciones forzadas,

  • posibles fosas clandestinas dentro de centros penitenciarios.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchas de estas situaciones no han sido investigadas adecuadamente por las autoridades.

Restricciones a la prensa y persecución política

El documento también examina el impacto del régimen de excepción sobre el ejercicio de la libertad de prensa y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.

Según el informe, el contexto de persecución y hostigamiento ha llevado incluso al exilio de periodistas y ha generado restricciones al acceso a la información pública, lo que afecta el derecho ciudadano a conocer la actuación de las autoridades.


Crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional

Uno de los ejes centrales del informe es el análisis jurídico sobre la naturaleza de las violaciones documentadas.

El GIPES concluye que los hechos analizados reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad, en tanto formarían parte de una política estatal sistemática dirigida contra la población civil.

Según el informe, esta conclusión implica no solo responsabilidad internacional del Estado, sino también posible responsabilidad penal individual de quienes diseñaron, ejecutaron o toleraron dichas políticas.


Recomendaciones del informe

El informe concluye con un amplio conjunto de recomendaciones dirigidas tanto al Estado salvadoreño como a la comunidad internacional.

Recomendaciones al Estado salvadoreño

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • restablecer plenamente el Estado de derecho, incluyendo la independencia del poder judicial;

  • garantizar el acceso inmediato a información sobre personas detenidas y su situación jurídica;

  • investigar de manera independiente las denuncias de tortura, desapariciones y muertes bajo custodia;

  • establecer un programa nacional de reparación integral para las víctimas, que incluya indemnización, atención médica y garantías de no repetición.

Recomendaciones a la comunidad internacional

El informe también plantea acciones dirigidas a organismos internacionales y Estados democráticos.

Entre ellas destacan:

  • apoyar investigaciones independientes sobre violaciones graves de derechos humanos;

  • aplicar mecanismos de jurisdicción universal cuando existan elementos para investigar a los responsables;

  • aplicar sanciones a individuos o instituciones implicadas en violaciones graves de derechos humanos.

Asimismo, el documento plantea que los Estados parte del Estatuto de Roma consideren la posibilidad de remitir la situación de El Salvador a la Corte Penal Internacional, para que se investiguen los hechos documentados en el informe.

También recomienda brindar protección internacional a víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos que enfrenten riesgos por su trabajo de denuncia.


Una advertencia sobre el rumbo institucional

El informe concluye señalando que ningún modelo de seguridad puede considerarse exitoso si se basa en la violación sistemática de derechos humanos.

En ese sentido, plantea que El Salvador se encuentra ante una encrucijada histórica, en la que debe decidir entre profundizar un modelo de seguridad basado en la excepcionalidad permanente o reconstruir una política de seguridad ciudadana plenamente alineada con el respeto al Estado de derecho y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Le invitamos a descargar el informe desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/GIPES-El-Salvador-en-la-encrucijada-crimenes-de-lesa-humanidad-bajo-la-politica-de-seguridad-publica-Informe-2026.pdf

Defensoría: País queda obligado a garantizar derechos de personas deportadas por Estados Unidos

Si bien la Defensoría de los Habitantes desconoce los detalles del acuerdo o negociaciones existentes entre el Gobierno de Costa Rica y el de los Estados Unidos para “colaborar en los procesos de repatriación de 200 inmigrantes a su país”, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado de atención a las autoridades de nuestro país, en relación con los procedimientos migratorios que se implementarán una vez que se reciban a estas personas extranjeras provenientes de Asia y de la India.

El Estado costarricense debe garantizar la protección de los derechos humanos de las personas extranjeras que son sujetas de estos procesos migratorios coordinados:

– Condiciones de salud y necesidades de atención prioritarias de las personas extranjeras provenientes de los vuelos de los Estados Unidos. Es urgente que, a su llegada al territorio nacional, estas personas reciban una valoración médica que permita identificar si tienen alguna necesidad urgente de salud o si requieren de alguna intervención para resguardar su vida.

– Condiciones de permanencia de estas personas hasta su traslado al CATEM-Sur y durante su permanencia en dicho centro. Resulta urgente que se defina un espacio adecuado para la permanencia de estas personas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, considerando que se trata de un número elevado de personas y que se desconoce si el grupo está integrado por personas menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad y grupos familiares. Igualmente, considerando que, como es sabido por esta Defensoría, en el CATEM Sur ya se encuentran más de 140 personas que han realizado su viaje de regreso hacia el sur sin que medie una autoridad migratoria, es necesario que se verifique que dicho lugar tendrá las condiciones y capacidad suficiente para albergar, en condiciones dignas, a estos grupos numerosos que forman parte de los acuerdos binacionales en cuestión.

– Independientemente del proceso migratorio que haya aplicado el Gobierno de los Estados Unidos, es necesario que el Estado costarricense verifique que, al regresar a sus países de origen, ninguna de estas personas será sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El riesgo de que una persona pueda ser víctima de tortura en caso de “retorno, repatriación, deportación o devolución”, según se trate de la legislación de cada país de origen, obliga a Costa Rica a realizar un análisis integral de la normativa que resultaría aplicable en estos países, para casos como el presente.

Debe tomarse en cuenta que, con la ratificación de la Convención contra la Tortura, Costa Rica asumió el compromiso de que “no se procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura” (artículo 3). Por otro lado, el Principio de No Devolución, regulado en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, pretende la protección de los bienes jurídicos de la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las personas extranjeras, precisamente, por ese deber que tienen los Estados de tomar todas las medidas necesarias para proteger esos bienes jurídicos, independientemente de la nacionalidad o condición migratoria de la persona extranjera.

La Defensoría de los Habitantes se mantendrá vigilante de que el Estado costarricense, independientemente de la existencia de acuerdos de cooperación de carácter migratorio con otros países de la región, genere los mecanismos y acciones necesarias para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas extranjeras que, por diferentes razones se han visto obligadas a dejar sus países de origen y que, en este momento, están siendo forzadas a regresar a ellos, a pesar de no tener certeza de que su vida, libertad o integridad personal no estará en riesgo.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Costa Rica es sede internacional para abordar la prevención de la tortura

Esta semana, 10 países de América Latina realizaron sesiones de trabajo

Costa Rica se convirtió, esta semana, en la sede internacional para el abordaje integral sobre los avances y desafíos de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, en la cual participan miembros de 10 países de América Latina.

En los últimos años, los países de la región han intensificado el uso de la respuesta penal para hacer frente a problemas sociales complejos, lo cual ha traído como consecuencia un uso excesivo de la fuerza y otras situaciones en materia de detención, así como el surgimiento de acontecimientos de violencia intracarcelaria, hasta la adopción de políticas de seguridad para el manejo de los movimientos migratorios, hechos que han elevado los riesgos para la existencia de casos de tortura y malos tratos.

Esteban Vargas, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Costa Rica, con sede en la Defensoría de los Habitantes, dijo que este es un espacio muy provechoso para armonizar procesos relacionados con inspecciones, registros y otros instrumentos, para que en América Latina, los países tengan las recomendaciones necesarias que les permitan prevenir este tipo de hechos de tortura.

Aparte de Costa Rica, los países que tienen una representación en esta sesión de trabajo internacional son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. Este evento es organizado y auspiciado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), una Organización No Gubernamental con sede Suiza, líder en la implementación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura.

Debemos recordar que recientemente el Tribunal Constitucional de Costa Rica resolvió un habeas corpus presentado por una persona detenida en la provincia de Guanacaste, y en la cual el órgano jurisdiccional logró acreditar que hubo tortura, a raíz de las acciones de oficiales de la Fuerza Pública.

El delito de tortura en Costa Rica está tipificado en el artículo 381 bis del Código Penal, y debe entenderse como: un acto intencional de producir a una persona dolor y sufrimiento, físico o mental, con el fin de obtener de ella (o de terceros) información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de coaccionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Alex Saab, su accionar revolucionario

Mg. José A. Amesty Rivera

Para entender el secuestro, tortura y encarcelamiento del diplomático Alex Saab, desde junio de 2020, debemos hacer un resumen-recorrido histórico sobre lo que acontecía en Venezuela, y en en-su contexto de América Latina y EEUU, unos 3 años antes, veamos, según el camarada Iñaki Gil de San Vicente en su artículo » El secuestro de Alex Saab y el secuestro de la humanidad«.

  1. En 2017, recordemos aquellas intensas agresiones internas y externas, incluido el terrorismo fascista, cuando quemaron personas vivas.
  2. Recordemos que el pueblo venezolano durante el 2017 y el 2018, resistieron y superaron las agresiones, incluido el bloqueo de EEUU con el apoyo de las fuerzas reaccionarias internas y externas.
  3. Rememoremos también, en esta época que los especialistas en guerra psicológica, persiguieron el pensamiento libre y crítico, dando forma a guerra cognitiva.  
  4. También en esta apoca, recrudeció la llamada guerra judicial propiciando los golpes blandos y judiciales.
  5. Igualmente, se incrementó el debilitamiento de las normas y leyes diplomáticas internacionales, hasta incluso obviarlas, suprimirlas y violarlas.
  6. Durante la pandemia, se retrasaron las vacunas a Venezuela, aun cuando se compraron y pagaron.

Puntualizamos que, el compañero Alex Saab, fue acreditado como diplomático venezolano, ante los pueblos africanos con base en la Convención de Viena, el Convenio de Ginebra y de Naciones Unidas, aun así, Alex Saab fue detenido y llevado a una celda donde se le vulneraron sus derechos.

Los elementos descritos y sin duda, otros más no mencionados, de alguna forma trastornan y exacerban el odio imperialista contra Venezuela y es cuando ya desde el 2018, el imperialismo norteamericano ya intensificaba la persecución contra el diplomático venezolano Alex Saab.  

De modo que, en octubre 2018, EEUU secuestra a Saab dentro de un incremento de las agresiones contra Venezuela, ya que Washington, no aceptaba más una derrota en (2017-2018) contra el pueblo bolivariano, además de que era un mal ejemplo para el resto de América Latina, especificamente contra la dictadura del dólar, lucha que se libraba desde el 2012.

Se agrega además que, Saab fue clave para poder traer alimentos y medicinas desde diversos países hacia Caracas, esto enmarcado del ilegal bloqueo de tipo económico, financiero y comercial que la Casa Blanca le impone al país suramericano desde hace varios años, según Telesur en su artículo, «Claves para entender el secuestro del diplomático Alex Saab«.

Además de, ejercer «como enviado especial de Venezuela ante los pueblos de África, Saab también hacía parte de la delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogo que se efectúa en México con las oposiciones del país».

La distinguida escritora Geraldina Colotti, en su artículo, «Alex Saab, un diplomático secuestrado«, señala enfáticamente que, según la abogada Laila Tajeldine, quien forma parte del equipo de defensa del diplomático y coordina el movimiento internacional por su liberación, presenta la figura de su defendido, que evidencian su colaboración con el gobierno bolivariano, en 2018, dice Laila, «Saab es designado como enviado especial de Venezuela, autorizado para realizar una determinada cantidad de acciones humanitarias en nombre del gobierno”.

Alex Saab, «no solo trajo alimentos y medicinas, sino también petróleo, enviado por Irán y rápidamente perseguido por Estados Unidos, que sancionó y amenazó a todo aquel que quisiera comerciar con Venezuela».

Por otro lado, Camilla Fabri, esposa del diplomático secuestrado, quien vive en Venezuela con sus hijos, cuenta las dificultades impuestas al país, creando la fundación Alex Saab, señala que, “Estados Unidos vieron la alegría del pueblo venezolano y se preguntaron: ¿quién está detrás de todo esto? E identificaron a Alex, que se convirtió en objetivo”, dice Camila, rodeada de los niños a los que la fundación Alex Saab dedica atención en Venezuela, acompañando la acción del gobierno. Funcionarios estadounidenses -recuerda Camilla- confesaron sus objetivos en un libro: querían secuestrar a Saab para saber cómo había logrado «burlarse» de sus sanciones, y convencerlo de traicionar a Venezuela».  

También, como indica Colotti, «Durante una parada técnica en el viaje de regreso de Teherán a Caracas, las autoridades de Cabo Verde desembarcan por la fuerza al diplomático. Un secuestro y una detención que (explica el experto de la ONU Alfred de Zaya), ha violado el artículo 29 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Un caso político, según todos los expertos, y también según las altivas declaraciones de los medios de comunicación de derecha. Alex fue torturado en dos prisiones de Cabo Verde, obligado a dormir sobre cemento y a llevar los mismos pantalones con los que fue detenido. Médicos, abogados y una ONG caboverdiana que pudo visitarlo y luego desapareció, constatan las consecuencias de las torturas infligidas a un sobreviviente de cáncer como Alex, al que se le impidió recibir tratamiento».

Últimamente, el 16 de octubre 2020, Saab es extraditado arbitrariamente a EEUU.

Rescatemos y reiteremos otras acciones de Alex Saab, para ser víctima de tan aberrado secuestro. Sin duda alguna, la construcción de viviendas de interés social por parte de la revolución bolivariana, y cuyo intermediario-constructor por parte de Saab, así como la implementación de alimentos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), fueron y son unos aciertos, en los cuales estaba involucrado Alex, y por los cuales lo sancionan.

Recordemos igualmente, según el escritor Ángel Guerra Cabrera, «El diplomático ha relatado al portal Rusia Today cómo comenzó en 2011 su actividad empresarial en Venezuela y en qué forma fue ganando sucesivamente la confianza del gobierno venezolano por realizar sus negocios con este, en el tiempo pactado y dentro del presupuesto establecido. “Aunque estoy orgulloso de mi origen barranquillero y libanés-palestino y, aunque en Colombia tuve una de las empresas más grandes de confección de ropa de moda y más de 300 almacenes en todo el país… cuando fundé mi empresa, que alterné con inversiones en proyectos de construcción, fue en Venezuela donde… pude establecer mis más grandes iniciativas empresariales y hacerlas prosperar con una magnitud que marcó la diferencia… estoy igual de orgulloso y honrado de ser un ciudadano venezolano que ha sido capaz de devolverle al país y a la gente lo que tanto me han dado”.

En fin y recalcando, según el escritor Anisio Pires, «Para enfrentar los sufrimientos del pueblo venezolano, su gobierno bolivariano ha tomado varias iniciativas para romper el bloqueo. El Enviado Especial Alex Saab participaba de una de ellas, cuando fue detenido por la Interpol en Cabo Verde, en un operativo claramente articulado por los servicios de inteligencia estadounidenses. Cabo Verde, específicamente en el aeropuerto Amilcar Cabral, donde fue detenido Saab, y que dijera Cabral, «Nuestra lucha no es solo contra el colonialismo portugués, queremos en el marco de nuestra lucha, contribuir de manera más efectiva para terminar para siempre, con la dominación extranjera en nuestro continente”; Lamentable accionar de Cabo Verde.  

En conclusión, estos son los hechos que hasta la fecha resumen las injusticias vividas por Alex Saab. En ellos se percibe el mismo proceso absurdo y angustiante que enfrenta Julian Assange. «Cuando las condiciones no permiten a EE.UU. destruir a sus adversarios por la violencia pura y directa, aplican todos los modos posibles de la guerra de desgaste, buscando la destrucción moral y espiritual de los individuos y pueblos que se atreven a enfrentarlos. Por eso toda la solidaridad a Alex Saab y su familia es importante».

Imagen: http://www.pensandoamericas.com

ANEP denuncia penalmente aparente tortura contra detenidos en el Centro de Aprehensión de Migración en Heredia

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su defensa por el respeto de los Derechos Humanos, denunció penalmente varios hechos de aparente tortura que se estarían presentado contra personas extranjeras detenidas por condición migratoria irregular en el Centro de Aprehensión Región Central (CARC), ubicado en Los Lagos de Heredia.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Probidad del I Circuito Judicial de San José, el pasado 22 de noviembre, por delitos de acción pública en contra de varios oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), destacados en dicho centro de detención, principalmente contra dos oficiales de apellido Delgado y Santamaría.

Según los hechos por los cuales se presentó la denuncia, en este centro de aprehensión de migración hay dos grupos de oficiales de policía, el grupo de Santamaría y el grupo de Delgado, que en apariencia están utilizando la tortura, los golpes y la agresión psicológica para obtener información, así como mecanismo de castigo cuando consideran de forma arbitraria que los detenidos no se comportan de forma adecuada.

En fecha 16 de noviembre del 2022, “en la guardia nocturna del Centro de Aprensión de Migración, los oficiales del grupo de día de Kenneth Delgado, se quedaron después de la salida con el grupo de Esteban de la O y golpearon de manera brutal e injustificada a dos detenidos identificados como Nelson Romero y Moisés Diaz, porque uno de ellos tenía una batería del control remoto de la pantalla de patios, los patearon y golpearon fuertemente, posteriormente a uno lo arrastraron del cabello por todas las celdas hasta llevarlo a una celda denominada bocho, que es una celda muy pequeña, al otro lo golpearon tan fuerte que se defecó y se orinó, esta situación no es la primera vez que sucede, ya que ocurre frecuentemente con otros detenidos, por ejemplo, con anterioridad a este evento, el grupo del oficial Delgado le dio una golpiza tan fuerte a un hombre de nacionalidad mexicana, que le ocasionaron sangrado en un oído”, indica la denuncia.

En otra ocasión reciente sin precisar fecha exacta la denuncia indica que, “accionaron con suma violencia contra un hombre de nacionalidad salvadoreña, los oficiales instigaron a dos nicaragüenses luego de abrirles la celda para que golpearan salvajemente al salvadoreño, la prueba de esto la consignaron en una bitácora de uno de los puestos, donde indicaron alevosa y falsamente “que por accidente” los nicaragüenses se salieron de la celda y golpearon al salvadoreño, lo cual es totalmente falaz comparado a lo verdaderamente ocurrido, Jorge Santa María es uno de los oficiales que provocan a los detenidos para luego vapulearlos de manera brutal e inmisericordia.”

También se detalla que, “Hace unas semanas hubo un incidente grave con un hombre de nacionalidad peruana, donde el oficial Santamaría provocó la ira del peruano y este por padecer de una enfermedad mental, utilizó un fierro del camarote para agredir gravemente a otro extranjero; por directriz superior, Santamaría no podía acercarse al peruano, debido a que el oficial de forma reiterada estuvo provocando a los aprendidos durante los días que estuvo a cargo de la supervisión”.

Según la información suministrada a la ANEP, la jefatura, aparentemente cohonesta y es cómplice de las actuaciones, encubriéndolas criminalmente, en especial las del oficial Santamaría quien “cuenta con múltiples antecedentes de agresiones contra los detenidos y aún así alega que no lo pueden tocar ni hacerle nada” ya que se ve respaldado por la jefatura.

La denuncia también hace referencia a que hace unas semanas sin precisar fecha exacta, “se reunieron varios detenidos con la Gestora de apellido Padilla, denunciando el mal trato recibido por el oficial Delgado, sin embargo, no se han tomado medidas al respecto, sin importar la existencia de violencia y tortura tanto física como psicológica que utilizan los oficiales como mecanismo para la resolución de conflictos.”

Por estos hechos presentados y denunciados a la ANEP por parte de una fuente interna del Centro de Aprehensión Región Central, se decide elevar el caso a una denuncia penal, amparados en el abuso de autoridad presente el artículo 338 y el artículo 123 bis sobre tortura del Código Penal que establecen.

Artículo 338.
-Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.

Artículo 123 bis.

Será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, la intimide o coaccione por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o un tercero información o confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil. Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público, la pena será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el ejercicio de sus funciones.

Esta acción de la ANEP, también busca salvaguardar el honor de los oficiales de migración que cumplen su labor con absoluta probidad. gran transparencia y sacrificio, y que este incidente de carácter aislado se investigue y no quede impune.

Para más información en: https://anep.cr/anep-denuncia-penalmente-aparente-tortura-contra-detenidos-en-el-centro-de-aprehension-de-migracion-en-heredia/

Por amor fue torturado atrozmente en el Gólgota

Freddy Pacheco León

«La punta algo roma, se perdió al instante en el interior de los tejidos. La piel que rodeaba el metal estalló como una flor, brotando al instante una densa corona de sangre. La punta del clavo, al abrirse paso entre los tendones, huesos y vasos, debió rozar el nervio mediano, uno de los más sensibles del cuerpo, provocando una descarga dolorosa difícil de comprender. Instantáneamente, los brazos se contrajeron y la cabeza de Jesús se disparó hacia lo alto, permaneciendo tensa y oscilante, paralela al suelo. (… )”

“Al fin, derrotado por el dolor, el Maestro dejó caer la cabeza, golpeándose con la roca. La sangre había empezado a brotar con extrema lentitud, formando un brazalete rojizo alrededor de la muñeca izquierda del Nazareno», escribe J.J Benítez en su novela El Caballo de Troya. Jerusalén.

Difícil no imaginar el magno sufrimiento padecido por el Hijo de Dios, durante su injusta Pasión a partir de una falsa acusación, algo que el novelista español hace magistralmente, y de la cual recogemos breves párrafos.

«El segundo mazazo fue tan preciso como el primero. El clavo se inclinó igualmente, apuntando con su cabeza hacia los dedos del Maestro. (…)”

“En este segundo enclavamiento, el rabí no levantó siquiera la cabeza. Gruesas gotas de sudor habían empezado a resbalar por las sienes, tropezando aquí y allá con los coágulos», continúa.

“Luego de clavarlo despiadadamente en la cruz, causándole un dolor indescriptible, no satisfechos con su fanático odio hacia Jesús, el verdugo separó el cráneo del Maestro del patibulum y de un golpe le encasquetó el capacete de púas en la cabeza… y la masa espinosa quedó medio bailando sobre las sienes del prisionero. (…)”

“El Maestro permaneció con la cabeza baja y sus torturadores continuaron con el izado del tronco».

«La operación fue laboriosa. Mientras la sangre salió corriendo, formando un extenso charco sobre la superficie del Gólgota»…