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Etiqueta: Tribunal Supremo de Elecciones

Costa Rica en la encrucijada electoral. Un análisis a inicios del bicentenario de la Independencia

Vladimir de la Cruz

Costa Rica, como país, goza de una fama internacional de Democracia centenaria, de gran estabilidad política y de ser un país sin Ejército desde 1949, aparte de gozar, también, de uno de los índices de mayor felicidad en el mundo.

La tradición antimilitarista es real. Desde el siglo XIX, aun cuando hubo un Ejército Nacional que desempeñó un papel heroico, derrotando la presencia filibustera norteamericana en Costa Rica, en Nicaragua y en Centroamérica, durante los años 1856 y 1857, a partir de 1869 empezó a debilitarse su presupuesto nacional, fortaleciéndose a la vez los presupuestos orientados a la educación e instrucción pública.

El primer Jefe de Estado, luego de la Independencia de España, en 1821, fue un educador, quien gobernó el país desde 1824 hasta 1833, marcando desde entonces un impulso al proceso educativo, contrastado con el resto de los países centroamericanos que no apostaron por la educación como una política prioritaria de Estado y de Gobiernos.

Desde aquellos años iniciales después de la Independencia hasta hoy los Jefes de Estado y los Presidentes han sido principalmente educadores, abogados, médicos y civiles. No se desarrollaron ni surgieron líderes militares, porque el Ejército desde 1869 estuvo controlado en su dirección política superior por civiles, y por ausencia de conflictos militares internos y externos, que hubieran facilitado el desarrollo de castas y líderes militares.

Excepcionalmente militares han ocupado, por breves períodos el Gobierno sin haberse perpetuado como dictadores o tiranos, al estilo de los países centroamericanos y latinoamericanos.

Dictaduras y golpes de Estado en el Siglo XX fueron dos, una desde 1917 hasta 1919, que cayó por la lucha y presión popular, y la otra, desde 1948 hasta 1949, que resultó de la Guerra Civil, de marzo abril de 1948, que voluntariamente dejó el Poder entregando la Presidencia de la República al candidato Otilio Ulate, a quien el Congreso le anuló la elección de febrero de 1948, lo que provocó ese alzamiento armado y el establecimiento de esa Junta de Gobierno de Facto.

En la práctica electoral desde 1872 los gobiernos han sido alternos, cada seis, tres o cuatro años, que han sido los plazos de gobiernos, en distintos momentos. Desde 1882 cada cuatro años los gobiernos han alternado regularmente.

Hasta 1890 las autoridades de gobierno se elegían sin participación de partidos políticos, que empezaron a funcionar desde 1890. Desde entonces solamente a través de partidos políticos se puede ser candidato a puestos de elección popular, municipales, provinciales, de diputados, y presidenciales.

La reelección de diputados y concejales municipales se permitió de manera continua hasta 1948. Desde 1949 no se permite la reelección consecutiva de diputados ni de presidentes. Sí se permite la reelección consecutiva de concejales municipales y de partidos políticos en las estructuras de poder ciudadano, y alternativa al menos de un período de gobierno para los puestos de diputados y presidentes.

El sistema electoral desde 1821 se ha perfeccionado, ampliado y democratizado. Hasta 1913 las elecciones eran indirectas, y de segundo grado, con pocos electores. Directas a partir de ese año por parte de todos los electores. A partir de 1924 se establecieron las votaciones secretas, frente a la práctica del voto público imperante. En 1935 se estableció un mecanismo que le dio mayor estabilidad al proceso electoral, de decidir las elecciones con el 40% de los votos válidos.

En 1949 se estableció el voto universal reconociendo el voto de la mujer, quien lo empezó a ejercer en 1951 siendo electas por primera vez en el nivel legislativo en 1953, y a nivel presidencial por primera vez en el 2010. Desde 1974 se estableció el voto a los 18 años.

Un elemento clave en este proceso fue el desarrollo de las instituciones electorales, la legislación electoral anterior a 1948, la constitución de un Tribunal Nacional Electoral en 1946, que a partir de 1949 se le dio rango constitucional, llamado desde entonces Tribunal Supremo de Elecciones, como cuarto Poder de Estado, separado e independiente de la esfera del Gobierno, con capacidad de organizar plenamente los procesos electorales y con la capacidad declarativa de sus resultados sin posibilidad de su revisión o apelación.

La experiencia electoral desde 1949 le ha dado a este organismo la confianza pública, en los procesos electorales y sus resultados.

Un elemento que distingue a Costa Rica en estos procesos electorales es que durante el período electoral, que cubre en la práctica 5 meses, cuatro anteriores a las elecciones y uno posterior, toda la Fuerza Pública, y todas las policías administrativa, como la de Tránsito, pasan a la potestad administrativa y dirección política nacional del Tribunal Supremo de Elecciones, y durante el día de las elecciones, ningún miembro de la Fuerza Pública puede presentarse a los recintos y juntas electorales con sus armas de servicio.

Todo el proceso electoral, y de los materiales electorales, papeletas de votación, y lo que se necesita para ese día de las elecciones, lo entrega el Tribunal Supremo de Elecciones a los miembros civiles, que son representantes de los partidos políticos, que participan en las elecciones, que son quienes componen o integran esas Juntas Electorales. Del resultado electoral se hacen actas de cada Junta Electoral, con copia a cada miembro de partido de esa Junta, para los controles ciudadanos y partidistas correspondientes.

Desde 1949 hasta hoy se ha perfeccionado bastante el sistema de partidos políticos y de la participación. Electoralmente desde 1953 hasta hoy han habido 17 gobiernos. El próximo 6 de febrero se harán las elecciones nacionales para elegir un nuevo gobierno.

De los 17 gobiernos que ha habido, nueve los ha ganado el partido Liberación Nacional, de orientación social demócrata, seis por tres coaliciones de partidos en general socialcristianos y tres por el partido Unidad Social Cristiana, y los dos últimos gobiernos por el Partido Acción Ciudadana, que no tiene una ideología de referencia. De esto se desprende que en el país se haya hablado de un Bipartidismo dominante que corresponde al dominio de los socialdemócratas y socialcristianos en 15 de 17 gobiernos. Actualmente podemos hablar de un tripartidismo gobernante. También se ha hablado de un Bipartidismo legislativo en tanto hasta 1998, desde 1953, estos dos grupos dominantes también ejercieron la mayoría parlamentaria, lo que les permitía tomar acuerdos políticos fácilmente, aun cuando había otras fuerzas representadas en el Poder Legislativo. Pero, a partir de 1998 ese bipartidismo legislativo parlamentario se perdió. Los grupos hasta entonces dominantes perdieron su conjunta mayoría, y desde ese momento se ha entrado en una situación cada vez más amplia de partidos políticos parlamentarios.

A nivel presidencial hasta las elecciones del 2018 participaban hasta 15 partidos a nivel presidencial. Para las próximas elecciones de febrero hay 27 partidos en trámite de inscripción presidencial, pudiendo quedar finalmente en unos 20 participando, con orientaciones políticas muy divididas entre sí. Los resultados electorales de los últimos dos procesos electorales significaron que el Partido Acción Ciudadana, partido gobernante, eligiera 14 y 10 diputados de los 57 que integran la Cámara legislativa, lo que lo ha hecho un partido débil parlamentariamente, lo que no le ha impedido hacer acuerdos legislativos más por la agenda nacional común política que por proyectos propios.

Esta situación ha alterado ligeramente el ambiente electoral, porque a nivel legislativo se estima que todos esos partidos participarán con sus propios candidatos para elegir los 57 diputados nacionales, más 26 partidos provinciales que solo participan en este nivel legislativo, para un total de probablemente más de 45 partidos finalmente inscritos, para las elecciones legislativas, con un total de por lo menos 2500 candidatos a diputados, con una población electoral que ronda los 3 millones de ciudadanos, de los cuales puede haber un electorado abstencionista de un 25 al 30%.

Esta es la encrucijada electoral que enfrenta Costa Rica a partir de esta publicación, cuando ya estará definido todo el panorama electoral, que volveré a atender en diciembre, al realizarse la tregua electoral, de quince días, de la navidad.

Ante un inmediatismo político vacío

Vladimir de la Cruz

Estamos a pocos días, el próximo 22 de octubre, cuando se cierre el plazo de inscripción definitivo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, de saber con exactitud cuántos partidos políticos participarán a nivel presidencial y cuántos a nivel legislativo. Del mismo modo, cuántos con sus dobles candidaturas, a nivel presidencial y a nivel de diputados, y cuántos solo a nivel de diputados.

Lo que para algunos sobresalta es el número de partidos a nivel presidencial con relación a los procesos anteriores, en tanto habrá, finalmente, alrededor de 20 partidos cuando el promedio de los últimos procesos electorales fue de 13. De esto destaca la cantidad de candidatos presidenciales que postulan doblemente a la candidatura de diputados, poco más de la mitad de ellos.

A nivel presidencial solo uno de todos ellos ganará. A nivel de diputados pocos de ellos, los doble candidatos, tienen la posibilidad real de ser electos diputados. Si eso sucede puede empezar a tener resultados positivos si no llegan, por este camino, “populistas”, y lleguen dirigentes serios, que entiendan bien el arte del Gobierno, y del buen gobierno construido con pactos y acuerdos legislativos de cara a la población y el electorado.

Hasta hoy la campaña electoral ha mantenido un bajo nivel. Poca presencia de los candidatos y de los partidos. Probablemente ante la duda de la cantidad real han preferido no empezar a gastar dinero en vallas ni en publicidad hasta tener la certeza de cuántos efectivamente son, y dentro de estos cuáles perfilan como principales o punteros. También, porque ante tantos partidos y candidatos es mejor concentrar todos los recursos propagandísticos al final, para que los partidos que tienen más recursos provoquen mayor impacto publicitario, y no gastar esos recursos ahora, que sería, para usar el refrán popular, como gastarlos en zopilotes.

Se está ante una táctica no militar sino propagandística al estilo de un blitzkrieg, ante una guerra relámpago, de atacar enemigos e influir sobre todo el electorado de una manera rápida, simultánea y constante durante los días finales de la campaña, desde enero hasta el día de las elecciones. Quizá sea la mejor manera de hacerse sentir, de visualizarse y de distinguirse ante tantos candidatos y partidos.

Incluso un partido como Liberación Nacional, que tenía en sus manos la fecha del 70 aniversario de su fundación, el pasado 12 de octubre, y el ejercicio de nueve gobiernos de los 17 que ha habido desde 1953, desaprovechó esa oportunidad para haber hecho un gran escándalo sobre ese aniversario, de los logros que pueden atribuirse a Liberación Nacional en estos 73 años de Segunda República, considerando el Gobierno de Facto de 1948-1949. En este caso la sensación que me produce es que este partido se desmemorió, su edad de 70 años lo tiene olvidando constantemente sus principales momentos. Padece de un mal, ¿un alzheimer político?, que no le permite ni siquiera recordar bien los hechos y eventos de su pasado, de su “glorioso” pasado como algunos lo podrían ver, como lo exalta constantemente el “único” liberacionista que queda de ese estilo, Francisco Morales Hernández, y de vez en cuando le acompaña Fernando Berrocal Soto, porque del presente prefieren no acordarse conscientemente por las políticas que han venido impulsando, que probablemente continuarán, que chocan violentamente con el Estado Social de Derecho que contribuyeron a impulsar, y que contribuyen a desmembrar y acabar. Más se mantiene a flote Liberación Nacional por el escándalo familiar alrededor de la ex Primera Dama y ex Diputada, madre del actual candidato, que es un asunto interno de familia, que se presenta, por otra parte, como la defensa de una adulta mayor.

Los otros partidos tradicionales, todos, los grandes y los pequeños, los que han entrado compactos a la Asamblea Legislativa y los que allí se han dividido, los que han venido participando en elecciones desde 1998, que todavía están jugando, no tienen memoria política pública porque no tienen eventos que lucir como parte de su patrimonio político y electoral de estos años.

Lo que hasta ahora se nos presenta en el panorama electoral es un inmediatismo político vacío. No hay caminos recorridos por esos partidos que puedan verse con dignidad e importancia en sus resultados ante los ciudadanos. No es la discusión de grandes temas. Es la discusión fundamental de lo que se está acabando, el Estado Social de Derecho, lo que debe interesarnos a los ciudadanos. Es el conjunto de leyes sociales y laborales que se han venido afectando y que están en la mira de limitarlas, debilitarlas y eliminarlas hasta donde se pueda. Es el conjunto de políticas orientadas a eliminar la autonomías institucionales existentes, para desde el Poder Político, del Poder Ejecutivo principalmente, con el Ministerio de Planificación de ejecutor, golpear definitivamente los rasgos democráticos que aún existen institucionalmente. Quienes así están actuando, e impulsando estas medidas restrictivas de esas instituciones, y concentrando estos poderes, de esta manera distorsionada, o están impulsando un modelo fascista de Estado, que pareciera ser, o están creando las condiciones para que cualquier líder populista que pueda llegar al Gobierno con esos mecanismos tenga todos los poderes para actuar a lo Maduro, a lo Ortega o a lo Bukele. ¿Eso es realmente lo que quieren quienes impulsan estas políticas? No se quejen después si esto llega a suceder, sea por la izquierda o por la derecha, pero las condiciones institucionales que se están creando, en ese sentido, hacia eso se orientan.

¿La clase política y gobernante se está dando cuenta realmente de este camino institucional que están creando hacia el fascismo “a la tica”, hacia el “totalitarismo” institucional? ¿O son tan tontos o retontos?

Ningún populista tiene nada que alterar, del sistema político, para desarrollar sus políticas populistas, cuando ya le han dado en bandeja de plata toda la institucionalidad y legalidad para actuar de esa manera bien servida.

Hasta ahora no han aparecido, en sus discursos y mensajes estos líderes populistas. Pero pueden resultar y salir, y saltar, como si surgieran de un sombrero de mago, que las elecciones dan para todo. Veo esto con asombro, pero no dejo de preocuparme por la Democracia costarricense.

Los 200 años de la República de Costa Rica

(Conferencia del Historiador Vladimir de la Cruz, en el acto de Clausura del XXXIII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Patología, SLAP, realizado en San José, Costa Rica, los días 25 y 26 de setiembre del 2021)

Celebramos en Centroamérica, y en Costa Rica, los 200 años de la Declaración de la Independencia de España.

Con la celebración del Bicentenario deberíamos estar valorando el desarrollo de nuestros países durante estos 200 años. Sin embargo, la atención de los historiadores y especialistas, así como de los comentaristas de diverso tipo, no han atendido este proceso histórico y, por el contrario, se han concentrado en recordar la fecha de la Independencia, de acuerdo al Acta de Independencia de Guatemala del 15 de setiembre de 1821, que actuó como detonante de las Declaraciones de Independencia de El Salvador, el 21 de setiembre, de Comayagua, Honduras, y de Nicaragua, el 28 de setiembre y de Costa Rica, el 29 de octubre.

Los sucesos que provocaron la Independencia de Guatemala, entonces, la cabecera de la vieja Capitanía General de Guatemala, del Reino de Guatemala y de la Diputación de Guatemala, según lo queramos considerar, fueron el resultado de luchas anteriores.

En 1808, el costarricense, joven estudiante de Medicina en la Universidad de San Carlos, de Guatemala, Pablo Alvarado Bonilla, el 15 de setiembre de ese año, enterado de los sucesos de ocupación francesa de España, y ante los movimientos que se orientaron a favor de la monarquía, inmerso en las ideas de la Ilustración que ya se conocían en Guatemala, y de los grupos que a su alrededor se formaban con sentido republicano e independentista, se alejó de esas posiciones exaltando opiniones contra la presencia española.

Las mismas razones de protesta y de lucha contra la ocupación francesa de España eran válidas para los movimientos anti españolistas e independentistas de la América Hispana. La lucha contra la ocupación francesa de España era igualmente válida contra la ocupación española de América, la lucha por la Libertad de los españoles de Francia, era igualmente válida de la libertad de los americanos de España, la lucha por la Independencia de España de la ocupación francesa era igualmente válida de la independencia de América de la ocupación española, la lucha por la expulsión de los ocupantes y usurpadores franceses de España era también igualmente válida en América, de la expulsión de los españoles y del cese de su autoridad colonial.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, de carácter pontificio, como lo fueron prácticamente todas las universidades durante la colonia, fue fundada en 1681. La práctica médica durante esos años de la colonia fue fundamentalmente asistencialista en los dos hospitales que se fueron creando en Guatemala, administrados por órdenes religiosas.

Desde la fundación de la Universidad se dieron los estudios de Medicina, iniciados el 20 de octubre de 1681. Así, puede considerarse a la Universidad de Guatemala como la primera del imperio hispanoamericano en desarrollar estudios de Medicina, en tener una Cátedra de Medicina, en tanto en México, en el Virreinato, la carrera de Medicina se estableció hasta 1729.

Los médicos Manuel de Avalos y Porres, Joseph Felipe Flores y Narciso Esparragosa y Gallardo marcaron los primeros pasos de los estudios de Medicina en Guatemala colonial. Estos médicos influyeron, en su formación, a discípulos que en los días de la lucha por la Independencia destacaron, como médicos comprometidos en esta lucha, entre ellos, a Pedro Molina, uno de los más prominentes patriotas, liberal y luchador por la Independencia.

El estudiante de medicina Pablo Alvarado se formó en esos últimos años de la colonia, al calor de estos ilustres médicos guatemaltecos, inquietos políticamente y comprometidos en la lucha anticolonial.

Así el 15 de setiembre de 1808 publicó Pablo Alvarado unas notas en El Hispanoamericano, que le provocaron la cárcel en Guatemala, considerándose Pablo Alvarado el primero en haber caído preso por esta lucha en la Capitanía General, y de hecho en el Virreinato de Nueva España.

Su Grito de Independencia fue precursor de estos movimientos en la región. Pedro Molina, profesor de Medicina en la Universidad de Guatemala, impulsor del periódico El Editor Constitucional, luego llamado El Genio de la Libertad, donde difundía las ideas liberales, junto con el prócer independentista salvadoreño José Matías Delgado, ambos eran amigos de Pablo Alvarado.

Al declararse la Independencia en Guatemala junto con la copia que se envió a las Provincias de la Capitanía, Pablo Alvarado envió escritos a los costarricenses para apoyar la Independencia. Días después, proclamada la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821, había enviado escritos que fueron la base de la redacción de la Primera Constitución Política de Costa Rica, que se denominó Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia.

Así, con el Acta de Independencia de Guatemala operando como el detonante de la Independencia, el resto de las Provincias lo hicieron de seguido, terminando esas Declaraciones con la de Costa Rica.

Entre el Grito de Independencia de Pablo Alvarado, en 1808, y los días que precedieron la Declaración de Guatemala, en Centroamérica, el 15 de setiembre de 1821, se dieron una serie de movimientos anti españolistas e inconformistas que prepararon el rompimiento con el orden colonial español, entre ellas en 1809 la insurrección en Ciudad Real de Chiapas, en 1810 el intento del Ayuntamiento de Guatemala de desconocer el Consejo Supremo de Regencia y establecer la autonomía del Reino de Guatemala, en 1811 la sublevación de San Salvador, León y Granada de Nicaragua, Honduras, en 1812, la sublevación de Chiquimula en Guatemala y la Segunda Conspiración de San Salvador, en 1812 y 1813 la Conspiración de Belén en Guatemala, en 1814 la Conspiración de San Salvador, y en 1812 las protestas contra los estancos y estanquillos en Costa Rica.

A ello se sumaron las luchas internas en el Virreinato de México que culminaron en febrero de 1821 con el Plan de Iguala de Agustín de Iturbide, quien también se proclamó emperador, invitando a la anexión a su Imperio, arrastrando a las Provincias de la Capitanía General de Guatemala a sumarse.

Declarada la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821, se inició la marcha de estos 200 años, que se acaban de celebrar el pasado 15 de setiembre, que se tiene como fecha oficial de celebración de la Independencia de Centroamérica. En Costa Rica se celebrará el próximo 29 de octubre.

El arranque inicial, por impulso de la Declaración de Independencia de Guatemala fue la convocatoria a un Congreso centroamericano para tomar una decisión conjunta, ya declaradas las independencias de cada provincia, para valorar la continuidad de una unidad política regional, en período independiente, como se había tenido y vivido en el período colonial.

Así entramos a partir de 1823 a las llamadas Provincias Unidas de Centroamérica y en 1824 a la República Federal de Centroamérica, siguiendo el modelo de federalismo que se había constituido en las colonias que se habían independizado de Inglaterra, las que impulsaron la creación de los Estados Unidos.

Como símbolos de las Provincias Unidas y de la República Federal se imitó la Bandera de Argentina en sus colores, celeste, blanco, celeste, de igual forma, que la creó Manuel Belgrano, ya enarbolada el 27 de febrero de 1812 que, junto con su Sol, recuerda la gesta del 25 de mayo de 1810, cuando inicia el proceso independentista en el Virreinato del Río de la Plata.

Bajo la Federación Centroamericana, con un régimen presidencialista, y la constitución de los tres poderes clásicos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, impuso la creación de Estados en las antiguas Provincias coloniales, de manera que a partir de 1824 empezamos a tener la forma de Estado de Costa Rica, con la estructuración de los tres poderes políticos.

Las Provincias Unidas de Centroamérica dio paso a la República Federal de Centroamérica, que por circunstancias internas, se desagregó de hecho en 1838. Costa Rica, bajo la Jefatura de Francisco Morazán, en 1842 intentó reunirla de nuevo. Sin embargo, por la caída de Morazán y su fusilamiento en setiembre de ese año, este proyecto federal fracasó. Costa Rica bajo la Jefatura de Estado de José María Castro Madriz declaró la República el 31 de agosto de 1848, elaboró su nuevo símbolo nacional, la Bandera, siguiendo los colores de la Bandera de Francia y lo que ellos enarbolaban de la Gran Revolución Francesa.

Durante el período de 1821 a 1823 Costa Rica estuvo gobernada por una Junta de Legados y Juntas Superiores Gubernativas. La primera, nombrada el 12 de noviembre de 1821, la cual impulsó la redacción de la Primera Constitución Política, el 1 de diciembre de ese año. Las otras dos Juntas impulsaron dos Estatutos Políticos dando origen a nuestro desarrollo constitucional, que desde esos tiempos hasta hoy ha tenido 13 Constituciones Políticas, 11 de ellas entre 1821 y 1871, período clave en la gestación del sólido Estado Derecho que se ha formado en el país. La última, y vigente, Constitución viene desde el 7 de noviembre de 1949

La estructuración política del país se ha mantenido con los tres poderes clásicos. De excepción el Poder Legislativo, en breves períodos, ha tenido un sistema bicameral, con Congreso y Senado. La última vez que existió el Senado fue entre 1917 y 1919.

Desde los días de la Independencia se establecieron mecanismos de elección de autoridades políticas y de representantes populares, que con el tiempo se han ido perfeccionando, y de amplia participación ciudadana en cabildos y ayuntamientos. Al inicio el sistema electoral era muy excluyente. No podían votar las mujeres, los analfabetas, los que carecieran de cierto monto de ingresos o rentas. Había un sistema de elección de Electores, entre los que tenían la capacidad de votar o la condición de ciudadanos políticos, y de votación de segundo grado, donde los electores escogían entre ellos a otros que finalmente votaban o elegían, y lo hacían de manera pública.

Con motivo de unos sucesos que se interpretaron como una intención de posible fraude a favor de un candidato en la elección de 1889, que tenía esas condiciones de elección, se produjo una movilización ciudadana, entonces cercana a los 5000 habitantes, cerca de medio millón hoy, entre ellas mujeres para hacer respetar el resultado electoral. Ello, dio origen a que esa fecha 7 de noviembre de 1889, haya sido declarada como fecha de la Fundación de la Democracia Nacional, asociada en este caso a la defensa de un resultado electoral.

De esta fecha destaca la participación de las mujeres en esa lucha cívica que dio base para que el Presidente José Joaquín Rodríguez, 1890-1894, favorecido por esa elección, empezara a hablar del reconocimiento de voto de las mujeres, lo que se alcanzó hasta la Asamblea Constituyente de 1949, que estableció el voto universal, a pesar de que desde ese momento, 1889, se empezara a agitar la idea del sufragio femenino, más tarde alentado por la Liga Feminista y sufragista, y por intenciones que así se plantearon en la Asamblea Constituyente de 1917 y en otros movimientos políticos.

De esa fecha, del 7 de noviembre de 1889, destaca también el surgimiento de un régimen electoral basado en partidos políticos, de manera que desde esa época hasta hoy solo por medio de partidos políticos los ciudadanos pueden aspirar a cargos de elección popular.

En 1913 se introdujo la reforma electoral del voto directo de los ciudadanos, eliminando el voto indirecto, pero manteniendo aún el voto público, que se eliminó en 1924 cuando se estableció el voto secreto. Más tarde, en 1935 se realizó otra modificación en el sistema electoral que estableció que los resultados electorales para elegir presidente se resolvían con el 40% o más de los votos a favor de un candidato, lo que le empezó a dar más estabilidad al sistema electoral y al resultado de las elecciones.

Hasta 1948 los resultados electorales se pasaban al Congreso para conocer de los mismos y resolver sobre ellos, si fuera del caso, cuando no se alcanzaba, en esa época, el 50% de los votos por algún candidato.

Las leyes electorales que venían funcionando hasta 1948 daba esa facultad al Congreso y los Tribunales Electorales que operaban eran muy controlados por el Poder Ejecutivo. Esto empezó a corregirse en 1946 y en 1949 cuando se constituyó el Tribunal Supremo de Elecciones como un Poder de Estado, absolutamente independiente y director con facultad declarativa de los procesos y resultados electorales.

La integración de los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones es de elección de la Corte Suprema de Justicia. Interesante es que el Tribunal Supremo de Elecciones desde que se declara el período oficial de elecciones, y se convoca a las mismas, a inicios del mes de octubre, del año anterior a las elecciones, hasta 3 meses después de las mismas, todas las autoridades policiales y de seguridad del Estado quedan bajo la potestad y mando de este Tribunal para asegurar el mismo proceso electoral y evitar cualquier intromisión política de gobiernos que pudiera haber. De igual modo es prohibido a los miembros de los cuerpos policiales y de la Fuerza Pública durante el día de las elecciones asistir a los recintos electorales con armas. Como ciudadanos en ejercicio de su función policial deben presentarse, a las urnas, para emitir su voto, sin armas. Los recintos electorales están al cuidado de Juntas Electorales compuestas por ciudadanos, así como las mesas electorales están bajo el cuido de delegados que nombran, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, los partidos políticos.

Los otros avances en materia electoral dentro de estos 200 años de Independencia, es el voto de los jóvenes mayores de 18 años logrado en 1994, y especialmente las leyes que se han ido aprobando para asegurar la mayor equidad e igualdad entre hombres y mujeres en la participación como candidatos a elección, así se llegó a la paridad vertical en las listas de diputados y se avanzó a la paridad horizontal, obligando a los partidos políticos que participan en varias provincias a que también haya igualdad de posibilidad electoral en los primeros puestos de elección por provincia.

Administrativamente con la Independencia se tuvo un país que era una unidad en sí mismo, sin ninguna división interior. Costa Rica como región era una parte de la Capitanía General de Guatemala y de la Diputación de León de Nicaragua. Al independizarnos la región se mantuvo tan solo dividida por la presencia de los distintos pueblos, villas y ciudades existentes. En 1824 se unió a Costa Rica el Partido de Nicoya, que era una región territorial autónoma entre Nicaragua y Costa Rica, dependiente tanto de Guatemala como de Nicaragua en distintos aspectos administrativos de la colonia.

Con la Independencia, la población del Partido de Nicoya, por plebiscito, el 25 de julio de 1824, acordó su agregación a Costa Rica. Esto facilitó para que en 1835 se estableciera una división interna territorial que comprendía tres Departamentos, el Oriental y el Occidental, que se dividían en el Valle Central del país, y el de Guanacaste como se conocía el Partido de Nicoya. En 1848 con el Dr. José María Castro Madriz se estableció la actual división administrativa por Provincias. En ese momento cinco, San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y dos Comarcas, Puntarenas y Limón, que luego alcanzaron la condición de Provincias. A su interior se fueron creando Cantones y al interior de los Cantones se crearon Distritos administrativos. Actualmente el país se constituye de 7 Provincias, 82 Cantones y alrededor de 487 Distritos.

Las Provincias hasta 1998 tuvieron de autoridad superior un Gobernador, cargo que fue eliminado ese año. Se fortalecieron los órganos de representación popular cantonal y distrital con Consejos Municipales y Consejos Distritales, y a partir del año 2002 con Alcaldes cantonales, cuya elección separada de las elecciones nacionales se hace desde el 2010, para darle más importancia a los gobiernos locales.

Desde 1821 se empezó a fortalecer la educación y los valores cívico ciudadanos. La educación en la colonia fue muy reducida, muy pocas escuelas con una orientación de enseñar a leer, escribir y contar. En 1814 se creó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás que fue un bastión importante, a pesar de las limitaciones de época, de divulgación de las ideas liberales.

Con la Independencia, y bajo la dirección del primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, que era educador, se dio impulso a las escuelas con apoyo municipal, tanto para la educación de niños como de niñas. Más tarde, en 1847, se fortaleció la enseñanza de mujeres y hacia 1885-1887 se produjo una revolución educativa bajo la dirección del Ministro de Instrucción Mauro Fernández, fortaleciendo la educación secundaria y la formación de maestros. Esto se fortaleció luego con otras reformas impulsadas, entre otros, por Miguel Obregón Lizano, otro Ministro de Instrucción, que también impulsó Bibliotecas, entre ellas la Nacional, que esta semana acaba de ser declarada Institución Benemérita Nacional.

En 1914 se creó la Escuela Normal, en la ciudad de Heredia, para la formación y preparación de maestros y profesores, que en esos días jugaron también un importante papel en la lucha contra la dictadura de Federico Tinoco Granados, 1917-1919, con cuyas movilizaciones junto a las luchas populares y el movimiento cívico militar encabezado por Julio Acosta la derrumbaron.

Dentro de esos alcances educativos estuvo la Reforma Liberal que, desde 1882, separó la educación religiosa de la enseñanza pública estatal, lo que se mantuvo hasta 1940, junto con otras reformas liberales de julio de 1884, que también se mantuvieron casi todas hasta 1940.

La Universidad de Santo Tomás creada en 1843 fue cerrada en 1888, manteniendo unas pocas áreas de estudio abiertas. En ella se impulsaron los estudios de Medicina, con poca participación de estudiantes. Los jóvenes que deseaban estudiar Medicina lo hacían yendo a la Universidad de Guatemala, o a la de León de Nicaragua, que se había fundado al calor de los sucesos de Cádiz. Unos pocos, a partir de la década de 1840 pudieron ir a estudiar a Europa, especialmente con motivo de los primeros contactos comerciales de exportación de café a partir de 1843.

En 1940 se creó la Universidad de Costa Rica y en 1956 dentro de ella la Escuela de Medicina. La Universidad de Costa Rica por su proyección regional centroamericana es la más importante en investigaciones y programas académicos. La Escuela de Medicina ha sido modelo de formación de médicos desde su creación. Hoy Costa Rica tiene una medicina de primer mundo prácticamente en todos los campos médicos, disciplinas y especialidades.

La educación ha sido un gran motor del desarrollo nacional. En el siglo XX ha tenido grandes reformas. En 1956 la reforma que amplió y fortaleció la escuela primaria y secundaria.

A nivel universitario se diversificó los estudios. La escuela privada se desarrolló como complemento de la pública. A partir de la década de 1970 se amplió la educación superior pública que hoy tienen seis universidades, y a nivel privado hay 50 universidades y más de 60 instituciones parauniversitarias. La población estudiantil de escuelas y colegios alcanza el 1.200.000 niños y jóvenes, hoy gravemente afectados en sus estudios por el impacto de la Pandemia del Coronavirus, que ha sacado del proceso educativo a cerca de 120.000 estudiantes en el último año.

Las tierras que pertenecieron al Rey y a la Corona durante al período colonial, al momento de la Independencia pasaron a ser tierras estatales, conservando y respetando los títulos que en el régimen colonial se habían dado a particulares. Esto hizo posible importantes políticas de colonización por parte del Estado desde 1821 hasta 1948 cuando todavía se daban tierras para colonizar o había grupos sociales, políticamente organizados, que luchaban por tierras para colonizar. Esto permitió desarrollar un régimen de pequeña propiedad muy desarrollado asociado al cultivo del café principalmente, producto que se había introducido en el país a finales del siglo XVIII.

De ese período traíamos como cultivo principal el tabaco, y se tenía el cacao, además de otras actividades productivas o agro productivas, como la ganadería. Hacia la década de 1840, sobre experiencias del cultivo de caña en la colonia, se vuelve a activar sus cultivo en Valle Central.

Desde 1819 hasta 1844 se explotaron minas en los Montes de los Aguacates, en el Valle Central, que sirvieron de acumulación de riqueza que fue reinvertida en café y caña de azúcar en esos años.

En 1843 se empezó a realizar comercio de café con Europa. Fue exitoso y poco tiempo después se fortaleció dando origen a la construcción de la vía férrea al Atlántico, como se denominaba la región Caribe. Para ello se trajo a contratistas extranjeros que entre 1870 y 1884 terminaron la construcción del Ferrocarril al Atlántico. De ello derivaron beneficios para los contratistas que estimularon las plantaciones de banano en toda la región Atlántica caribeña y de explotaciones mineras en las regiones norte del país, en los distritos de Abangares y de Tilarán.

Junto a los constructores del ferrocarril se abrió el país a procesos migratorios fuertes tanto para trabajar directamente en esa obra, dado que la mano de obra del país no podía desplazarse a esos trabajos por estar, prácticamente empleada en su totalidad a los cultivos agrícolas de Café y Caña de azúcar en el Valle Central. Aquí hubo migraciones de negros traídos de Panamá, cesantes de los trabajos en la construcción del canal cuando paralizaron su obra, y de Jamaica.

Igualmente trajeron ciudadanos de Italia y chinos que eran literalmente comprados, bajo la fórmula de contratos de trabajo con los cuales podían adquirir su libertad laboral.

También migrantes de Europa, de todos los países, en la segunda mitad del siglo XIX, que se proyectaron en los campos de la cultura, la educación, las ciencias, las artes, la ingeniería y la arquitectura, y en la medicina.

El progreso social y material que se iba desarrollando con la Independencia cubrió las preocupaciones por las obras públicas básicas, las de impulsar caminos que comunicaran a los principales pueblos el Valle Central y del resto del país, especialmente hacia los puertos del Pacífico y en la búsqueda de la ruta hacia el Caribe. Se dio la preocupación por el saneamiento público, letrinas, aceras y desagües en la construcción de poblados, desarrollo de hospitales, el Leprosario o Lazareto y luego el Hospital San Juan de Dios en 1845. A finales del siglo XIX ya había varios hospitales en otras partes del país y se habían desarrollado los llamados médicos de pueblo.

Se impulsó el consumo de agua potable con una cañería pública en 1865. Desde entonces hasta hoy, en todo el territorio nacional se puede consumir o beber agua de cualquier tubo de agua de la administración pública de Acueductos y Alcantarillado.

En las actividades agrícolas se impulsaron grandes campañas de saneamiento, especialmente en la de grandes cultivos como el banano con el concurso en la década de 1920 de las Fundaciones Rockefeller y Kellogg.

En 1924 se creó la Secretaría de Salud que jugó un papel muy importante en este sentido, y en 1928 se creó la Secretaría de Trabajo.

Intentos de políticas de seguridad social se dieron en 1917 cuando en la Constitución Política de ese año se estableció la obligación del Estado por políticas de seguridad social, lo que se logró hasta 1940 cuando se fundó la Caja Costarricense de Seguridad Social. Siendo hoy, esta institución, junto con el Ministerio de salud, los dos pilares más importantes de atención de la salud de los costarricenses, y los grandes buques insignia en la lucha contra la Pandemia del Coronavirus que nos afecta a todos. En materia de salud basta señalar que en 1800 la expectativa de vida de los costarricenses era de 30 años, en 1900 era de 35 años, en 1943 era de 45 y hoy es de 82 años las mujeres y de 78 los hombres. Hoy también tenemos una zona azul, en la región de Nicoya, donde se alcanzan edades mayores de los 100 años.

En cuanto a otros eventos que afirmaron la independencia, y aseguraron el desarrollo del Estado y de la democracia costarricense podemos señalar lo siguiente:

En 1841, el Jefe de Estado Braulio Carrillo estableció lo que se llamó el Código General de Carrillo, que fue un compendio de legislación básica nacional que dejaba atrás la legislación española que todavía se usaba, por lo que se le llama el constructor del Estado costarricense.

En 1856 la amenaza de la intervención filibustera norteamericana en Centroamérica, en Nicaragua particularmente, y en Costa Rica, nos hicieron desarrollar el Ejército Nacional, pero después de esos sucesos por contradicciones políticas y económicas internas profundas, que provocaron el asesinato de Estado, de los héroes nacionales y jefes de la lucha antifilibustera, Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas, hicieron que el Ejército poco a poco fuera debilitándose, al reducirle sus gastos para dárselos a la educación. En 1949 en la Asamblea Constituyente se tomó la decisión de eliminar el Ejército Nacional, lo que ya se había propuesto en el Congreso en 1946. Del impacto del asesinato de Estado contra el Presidente Mora y el general Cañas se abolió la pena de muerte en 1882.

La clave más importante del desarrollo de la democracia nacional fue que en el ejercicio de la Jefatura de Estado o de la Presidencia de la República, y en el ejercicio del cargo de diputados, han predominado educadores, abogados, médicos y civiles sobre militares. Los militares casi no han ejercido cargos públicos, de tipo político, de importancia. El debilitamiento de lo militar fortaleció la educación pública, en general, y se ha alcanzado un régimen de garantías individuales, de libertades públicas y de derechos ciudadanos amplio, hoy fortalecido con políticas audaces de Derechos Humanos.

Otro elemento que caracteriza la Costa Rica de estos 200 años es que, desde el inicio de la vida republicana, aún sin imprenta, en el período 1821-1830, se estimuló prensa escrita en periódicos murales, con fortalecimiento en la libertad de opinión, de pensamiento. Con la imprenta, en 1833 aparecieron los primeros periódicos que fueron de gran vida ciudadana, de organización alrededor de ellos de grupos preocupados por la política y por la formación ciudadana. En los gobiernos del Dr. José María Castro Madriz se fortaleció la libertad de prensa y de la prensa crítica opositora al gobierno. Desde entonces se ha tendido a fortalecer el ejercicio de la libre emisión y publicación del pensamiento, y de la libertad de prensa.

Los proyectos unionistas centroamericanos, tratando de mantener la unidad regional existente antes de la Independencia, solo se dieron en el período 1823-1838, luego en 1842 y con la proclamación de la República en 1848 empezamos a caminar por cuenta propia en el escenario internacional. Se iniciaron las relaciones diplomáticas con Europa, el Vaticano y Estados Unidos principalmente. Con el Vaticano se logró en 1852 la Diócesis de Costa Rica con lo cual se creó la Iglesia Católica costarricense con autoridad propia. Antes de esto se dependía de la Iglesia de León, de Nicaragua.

La apertura a procesos migratorios, de carácter laboral, principalmente, en el siglo XIX fue importante para estimular una sociedad tolerante y solidaria, que han permitido que hoy el país se defina como una país multiétnico y pluriracial.

La Guerra Nacional y Centroamericana contra los filibusteros norteamericanos, encabezados por William Walker, que llegando invitados a Nicaragua en 1855, amenazaron con anexar los territorios centroamericanos a los estados sureños de los Estados Unidos y de esclavizar estos pueblos a sus intereses. Walker estableció el esclavismo en Nicaragua en 1855. La Guerra Nacional dirigida por Juan Rafael Mora, su hermano Joaquín y el General José María Cañas, con colaboración de los ejércitos centroamericanos, después de la peste del cólera en 1856, que derrota a los filibusteros, afirma la Soberanía, la Independencia y la Libertad de Centroamérica, y de Costa Rica, en lo podría considerarse la primera gran derrota, de este tipo, que sufrió Estados Unidos, el único país que reconoció a William Walker como Presidente de Nicaragua.

Desde 1849 los procesos electorales han sido bastante estables, con períodos de gobierno de 6 o cuatro años, con ligeros momentos de interrupción, lo que ha hecho en el país, una práctica democrática de ejercicio político cada vez más consolidado. Así desde 1882 el proceso político solo se ha interrumpido ligeramente en noviembre de 1889, bajo la dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919, y bajo el Gobierno de Facto de José Figueres, 1948-1949.

El desarrollo municipal desde el siglo XIX fortaleció la democracia política, distribuyendo poder y aliviando tensiones políticas.

A partir de 1980 con el impulso de los Planes de Ajuste Estructural, y a partir de 1990, con la política de Tratados de Libre Comercio, que se han firmado 17, Costa Rica ingresa a un nuevo modelo de desarrollo económico, que hace girar las exportaciones de pocos productos tradicionales, café, azúcar, ganadería y algunos otros a una canasta de exportación de más de 5000 productos.

En política exterior del país ha girado alrededor de los siguientes ejes, como políticas de Estado: derecho de asilo político, defensa de la democracia y del sistema democrático, la paz, la lucha contra el militarismo y la defensa de los derechos humanos en todas sus formas, lucha y condena contra regímenes militares y dictaduras, atención de refugiados, la defensa del derecho de asilo.

La inserción en las nuevas relaciones internacionales, abiertas. Especialmente las relaciones con la República Popular China desde el 2008 ha hecho gravitar la economía nacional con otros motores, y potenciarlos en esta década 2020-2030, que se vislumbra que China llegará a ser el principal motor económico del mundo. La Incorporación a la OCDE y la posibilidad del Tratado de la Cuenca del Pacífico serían también parte estos pilares del desarrollo próximo.

Estos han sido algunos de los principales caminos de estos 200 años en la construcción de la actual Costa Rica.

Hacia el primer domingo de febrero

Vladimir de la Cruz

Este 6 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el pitazo de salida hacia las elecciones que se harán el primer domingo de febrero próximo. Hasta el 22 de octubre próximo tienen los partidos políticos tiempo para terminar sus procesos internos y presentar oficialmente sus candidaturas a Presidente, Vicepresidentes y a Diputados.

A partir de ese 6 de octubre, igualmente, toda la Fuerza Pública del país queda supeditada al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Creo no exagerar al resaltar que este acto es único en el mundo, que es una de las fortalezas y distinciones de la Democracia costarricense como sistema político y electoral de vida. Ningún país entrega sus fuerzas policiales, armadas o militares, durante el tiempo de un proceso electoral, casi siete meses, que puede prolongarse hasta el primer domingo de abril, si hubiera segunda ronda electoral.

De igual manera, el día de votaciones, ningún efectivo de la Fuerza Pública o de la Policía puede entrar o presentarse a votar armado, o con las armas oficiales que debe portar. Entran al recinto electoral desarmados. En países vecinos y del continente esto es absolutamente infrecuente, impensable. En muchos de esos países son los mismos uniformados del Ejército, y los cuerpos militares, los que prácticamente “cuidan” los procesos electorales, y en no pocos casos se quedan con las urnas electorales y los resultados.

Al escribir esta columna no tengo los datos finales de cuántos partidos políticos han terminado exitosamente sus procesos de inscripción definitivos, y cuántos tienen asuntos pendientes con el Tribunal Supremo de Elecciones, de que les aprueben sus trámites. Pero andan en una suma superior a los 20 partidos políticos nacionales y otro tanto de partidos provinciales.

El Tribunal Supremo de Elecciones sin lugar a dudas desempeña una encomiable y excelente labor en la parte organizativa del proceso electoral, en la confianza que se deposita en él, en la certeza y seguridad que produce el sistema electoral con los partidos que participan en las elecciones, en la hechura de la papelería que se usa el día de las elecciones, en la distribución de las mismas desde varios días antes a los miembros de las Juntas Electorales, y en su recolección. Del mismo modo como ha ido perfeccionando sus sistemas de conteo de votos de manera que el mismo día de las elecciones a las 9 de la noche prácticamente ya hay un primer resultado, no definitivo oficialmente, de quién puede ser el ganador o de quienes pueden ir a una segunda vuelta, así de cómo se configurará la próxima Asamblea Legislativa.

Lo que el Tribunal Supremo de Elecciones está fallando, fardo que arrastra de su historia electoral, es que no ayuda en el buen sentido a la participación electoral partidaria. Hace todo lo que puede no para que los ciudadanos puedan inscribir partidos, sino para ponerles obstáculos de inscripción, algunos totalmente absurdos, como se ha visto en este período de Pandemia.

El Tribunal Supremo de Elecciones debería contribuir a llevar de la mano a los ciudadanos para que puedan ver cristalizados sus procesos de inscripción partidaria. Es tan burocrática esa acción del Tribunal que hace que algunos de sus funcionarios y funcionarias, a cargo de esta tarea, actúen de una manera autoritaria, despótica, de tipo fascista, contra los partidos y sus procesos de inscripción poniéndoles trabas, anulándoles asambleas, obligándolos a repetirlas absurdamente, estableciéndoles el cumplimiento de requisitos que aunque estén en sus vetustos Estatutos partidarios, el Código Electoral, norma suprema los ha eliminado, lo que tácitamente significa que también los borró de esos Estatutos, sin embargo les obligan a aplicar los Estatutos y no el Código, en lo que los beneficia, creando también una desigualdad real de aplicación de una Ley que es para todos.

De esa manera, este accionar, de esos funcionarios y funcionarias, pareciera favorecer, con esos actos, a los grandes y tradicionales partidos. Eso sí es una cochinilla, o mejor dicho una gran cochinada que todavía se hace en el Tribunal Supremo de Elecciones.

Si la cochinilla no estuviera concentrada en asuntos de obras públicas bien podría pensarse que alguna cochinilla, y no solo de dádivas económicas, de comidas, de hoteles, o de favores sexuales, sino ideológicas, o de persecución política, o antipatía personal contra algunos posibles candidatos, podría haber en esos empleados y empleadas ensañados y empeñados en impedir la inscripción de partidos, o de anular sus inscripciones, cuando en buena filosofía democrática, y de la mayor participación ciudadana, deberían estimular la inscripción de partidos, sin importar su número.

Hoy no hay restricciones ni impedimentos constitucionales o legales para la inscripción de partidos, por razones ideológicas o políticas, como existieron con el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno y el Segundo párrafo del Ar. 98 de la Constitución, párrafo vigente hasta 1975, que el Tribunal solo lo aplicaba a la siniestra sin ningún miramiento, con solo olfatear o suponer algo de izquierda, por la sola firma de quienes solicitaban una inscripción partidaria, o por pertenecer a los órganos constitutivos de esos partidos que les aplicaban esas normas.

En esos años no había mucha distinción entre el dominio que se ejercía, desde partidos políticos gobernantes, o desde gobiernos, sobre los magistrados, como se hace actualmente en Nicaragua o en Venezuela.

Lamentablemente siguen existiendo rémoras institucionales, para mí, de corte fascista, en algunos funcionarios, que me imagino actúan al margen y sin directrices de los Magistrados electorales, en esas actitudes negativas, poco estimulantes para la participación más amplia electoral.

Aparte de este hedor que me provocan esos actos de esos funcionarios, de menor escala, pero con fuerte poder anulatorio de procesos de inscripción de partidos, saludo la apertura del proceso electoral.

Nos queda a los ciudadanos exigirle, en esta campaña electoral, a los candidatos presidenciales y a sus diputados, como a los partidos políticos, que nos digan cuáles van a ser, por lo menos, sus primeros cinco Proyectos de Ley y sus primeros cinco Decretos Ejecutivos, a partir del 1 de mayo y del 8 de mayo próximo, de los diputados y del próximo presidente. Esto por cuanto todo lo que ofrezcan en la campaña electoral, en discursos y programas, tienen oportunidad de traducirlo desde el primer día que asuman su puestos, el 1 o el 8 de mayo, los diputados y el Presidente, en Proyectos de Ley o en Decretos Ejecutivos. Si esto lo cumplieran empezarán a contribuir para restituir confianza en la Política, en los Políticos, en los Gobernantes, en el Presidente, en los Diputados y en los Partidos políticos… Ya sería algo.

Los tufos y perfumes de las encuestas

Vladimir de la Cruz

El ambiente electoral tienden a caldearlo, un poco, con las diferentes encuestas que se vienen publicando que retratan partidos políticos, y a sus principales dirigentes, especialmente a aquellos que han venido sonando como posibles precandidatos presidenciales, como reconocidos dirigentes de sus partidos o de la vida nacional. También retratan a los funcionarios del Poder Ejecutivo, al Presidente y sus Ministros, como a veces a otros funcionarios de las Instituciones públicas y Poderes del Estado.

Las encuestas técnicamente son un rico instrumento de medición de comportamientos individuales, en un momento determinado, del momento o día cuando se hacen las encuestas, las que a veces se llevan a cabo en días diferentes y también en días distanciados unos de otros. Tan solo son eso, un retrato de un momento, como son las fotografías.

Las encuestas son perversas en la manipulación que se puede hacer de ellas, por el tipo de pregunta que se hace al entrevistado o encuestado. Así por ejemplo, si existen 10 partidos y solo se pregunta sobre cuatro de ellos o, si hay 20 precandidatos y solo se pregunta sobre unos cuantos.

Las encuestas también se pagan, en lo que puede interesar a quienes contratan a las casas encuestadoras para realizarlas. Quien paga tiene derecho a establecer las preguntas y a conocer sus resultados. Dependiendo como se haga una pregunta así puede haber un resultado. Esto vale hasta para asuntos judiciales.

En este caso, el de las encuestas, solo el que paga conoce el resultado de lo preguntado. Así las casas encuestadoras hacen un tren, un conjunto de vagones, con diferentes temas cada uno a preguntar, y de la misma manera se “venden”. De este modo, en el caso de partidos políticos pequeños y de precandidatos, o ya candidatos, con menos recursos menos acceso tienen a toda la encuesta.

Hay partidos y candidatos, que por sus capacidades económicas tienen a su servicio exclusivo una casa encuestadora permanente, y llevan el pulso, técnicamente al día, del movimiento partidario, del candidato y de los temas sensibles de la población como de la agenda nacional, para saber como opinar o para dirigir mensajes. Los gobiernos generalmente tienen este seguimiento diario desde una Oficina que les realiza este trabajo, evaluando al Presidente, sus Ministros, los dirigentes de las instituciones públicas y de los poderes de Estado, así como a dirigentes de la oposición política, comentaristas, analistas y críticos de la situación del país, llevándole el pulso a esas críticas que se hacen a la gestión gubernativa, a las políticas públicas y a los pronunciamientos de los funcionarios públicos, y al impacto que tienen en la población, o en los sectores que se quieren evaluar y conocer.

Una encuesta mata a otra encuesta, dice el refrán técnico. En la guerra de encuestas, cuando los partidos políticos tienen sus propias casas encuestadoras, porque las contratan de manera exclusiva, se desata una guerra de desinformación de resultados, de manera que si se favorece en una encuesta a un candidato otra encuesta opuesta lo puede desfavorecer. Las encuestas son también armas y así se pueden usar en campañas electorales, sobre todo cuando los candidatos y partidos políticos “se venden” como “productos” de consumo y de alto consumo. Desde 1958, en Estados Unidos, desarrollaron las encuestas políticas, de candidatos y de campañas electorales, al estilo de venta de productos en una sociedad de consumo. Un libro en esa época, “Cómo se vende un Presidente”, hecho por uno de los asesores de Richard Nixon, es muy ilustrativo de la nueva época que se iniciaba en ese sentido, como hoy pueden ser las armas de las nuevas perspectivas electrónicas, como los tweets muy desarrollados por Trump, y otros candidatos presidenciales, y Presidentes en ejercicio, para la comunicación de sus mensajes.

En las campañas políticas, cuando se han abierto los bancos nacionales y privados para facilitar créditos a los partidos, para financiar sus campañas electorales, estas instituciones se guían justamente por las encuestas que se orientan a proyectar posibles resultados electorales, con lo cual, de esa manera, solo “prestan” dinero, “dan” créditos o “adquieren” bonos de la deuda electoral, que emiten los partidos, a los que puntean en esas encuestas y por ello aseguran que con su posible resultado puedan recuperar los dineros girados a los partidos políticos.

El financiamiento público para los partidos políticos, en sus campañas electorales, es igualmente manejado, de manera perversa para solo asegurar a aquellos partidos que sacan más de un 4% de votos, o que eligen un diputado. Así ha funcionado siempre, con lo cual solo se favorece a menos del 10% de los partidos que participan, y estableciendo mecanismos para asegurar, en una época al bipartidismo dominante, y desde 1998 hasta hoy a un poco más de esos partidos del bipartidismo, siempre y cuando cumplan con esos resultados. Cada ciudadano que vota no vale igual para el Tribunal Supremo de Elecciones, respecto al costo por voto de lo que vale cada ciudadano.

Uno de los elementos que se atiza constantemente hoy, o en estos tiempos, es valorar el porcentaje de las personas que no tienen partido político, que no están definidas respecto a candidatos, con referencia también a la actitud que tienen frente a la Política, los Partidos Políticos, los candidatos presidenciales, o las elecciones mismas. En esta época, en estos meses, cuando aún no se ha definido en todos los partidos políticos los candidatos oficiales, que entrarán a la contienda es natural que haya altos índices de indiferencia electoral y a las opciones electorales, como partidos y como candidatos. El desánimo de las encuestas que puede rondar el 70% en promedio es técnicamente igual al mismo porcentaje de hace cuatro años o de hace ocho años, o de otros períodos electorales similares. Lo que se mide hoy no es lo que va a resultar cuando ya estén todos los partidos y candidatos jugando. Allí empezará de nuevo a jugar la rueda de la fortuna de las encuestas.

Si consideramos que el abstencionismo nacional, en promedio, desde 1953 hasta el 2018 ha sido de un 24%, y que desde el 2002 hasta el 2018 ha girado entre el 31% y el 34%, bajando en la segunda ronda del 2018 al 31%, ese es el abstencionismo histórico, que puede moverse muy poco hacia arriba, como ha sucedido. Los que se asustan, desaniman o sorprenden, con las encuestas que se están publicando deben tener esta referencia del abstencionismo histórico, no el momentáneo actual ante un panorama que todavía no muestra todos los partidos ni a todos los candidatos. Aún hay partidos en procedo de inscripción. Aún no se han desconfigurado las posibilidades de coaliciones, ni de candidatas femeninas, que podrían hacer algo de bulla.

Tengo la sensación, sin embargo, que en la próxima campaña puede reducirse ese abstencionismo por los candidatos que hoy suenan como principales en la disputa, y por el esfuerzo que harán todos los partidos por sacar del Gobierno, y evitar un tercer gobierno continuo del Partido Acción Ciudadana. Igualmente, tengo la sensación, de que en la próxima Asamblea Legislativa habrá fracciones de partidos más fuertes y con más diputados de los que ahora tienen, sin perjuicio de que partidos pequeños sigan representados.

Así los tufos de las actuales encuestas ahorita empiezan a aromarse, a perfumarse. Es tan solo un problema de esperar algunas semanas para ver partidos y candidatos debidamente perfumados en las encuestas y en los índices de opinión, hasta con la nota olfativa oriental de Pachuli, que como aceite tiene bondades medicinales aptas para cualquier campaña política, es antiséptico, desinfectante, antiinflamatorio, cicatrizante, regenerador celular, diurético, afrodisíaco, antidepresivo, sedante para el sistema nervioso… todo lo que necesitan los candidatos y también muchos electores por la forma como se va a llevar esta campaña que viene.

Hacia la elección del Presidente y la Asamblea Legislativa para la Costa Rica del Bicentenario… de los próximos 30 años

Vladimir de la Cruz

La realización de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional ha sido lo más importante para ese Partido, y en cierta forma para los demás partidos, que están con procesos de convocatoria de Convención, abierta o cerrada, sobre todo porque no aplazó ni postergó la Convención fechada para los primeros días de junio. Liberación Nacional está marcando la cancha y obligando a andar detrás de ellos.

Esta es una prueba de fortaleza de ese Partido que le permitirá evaluar sus fortalezas y debilidades organizativas, de este proceso, que mínimamente movilizará a los 20.000 candidatos que aspiran a distintos puestos de la estructura política verde y blanco. Y, que movilizará, por lo menos, 60.000 personas contando dos más por cada candidato que hay a elegir.

Por electos esos candidatos sabrán también las debilidades regionales, considerando que la Convención es nacional, en todo el país, con casi mil puestos de votación, y empezarán a afilar machetes hacia la campaña electoral, a potenciar la organización partidaria alrededor de los candidatos electos y, especialmente, a prepararse para la Asamblea Nacional que deberá ratificar al candidato presidencial y también escogerá los candidatos a diputados.

El reto más importante del resultado de la Convención es mantener en la línea partidaria a los otros candidatos, a saber, negociar con los que no queden electos sus posibilidades políticas dentro de la campaña electoral, considerando igualmente, en proporción a los resultados, sus intereses y aspiraciones partidarias. Si Liberación Nacional quiere ganar las elecciones debe integrar, y amarrar sólidamente, a todos los restantes candidatos en el carro presidencial. Al menos ya están bien consolidados los que se adhirieron a José María Figueres.

La próxima campaña, para todos los partidos, pero especialmente para Liberación Nacional, Acción Ciudadana y la Unidad Social Cristiana, que han sido partidos gobernantes, es ganar en la primera vuelta. Una segunda vuelta, dependiendo de los finalistas, puede llegar a ser más tensa que la segunda vuelta del 2018.

La verdad, para mí, es que, en estos partidos, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, en cierta forma las cartas ya están echadas. No hay mucho margen para jugadas políticas sorpresivas, ni para que los precandidatos levanten más de lo que ya tienen.

En estos partidos quedan las candidaturas de diputados. En Liberación Nacional entiendo que los definirá, como corresponde, la Asambleas Nacional, que le dará más atención a la calidad política de los diputados y les permitirá escudriñar mejor sus candidatos de manera que no les aparezca otro Viales. Hay partidos que no aguantan mucho este tipo de escándalos. Y hay escándalos que provocan manchas casi indelebles.

En mi opinión la Asamblea Nacional deben realizarla cuanto antes le sea posible. No tiene por qué ser convocada en la víspera del cierre de inscripciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones de las candidaturas, porque esto también les da ventaja sobre los otros partidos políticos, especialmente sobre los que han postergado sus procesos convencionales internos, mostrando más debilidad organizativa que atención a las medidas precautorias frente al COVID.

En la Unidad Social Cristiana más dependen de las Asambleas Provinciales. Los candidatos que piensan que deben ocupar los primeros lugares tienen que presionar rápidamente para la realización de ellas y definir así las candidaturas. Asamblea que nombra candidatos no puede moverlos. Las últimas tendrán que ajustarse a la representación paritaria horizontal, como ya se las aplicó el Tribunal Supremo de Elecciones en la pasada campaña cuando obligó a invertir la candidatura de San José porque ya había electo los candidatos masculinos de la cuota horizontal del primer lugar. Los diputados actuales, en cierta forma los haló su candidato presidencial del 2018, Rodolfo Piza. En esta elección van sin un Rodolfo Piza que les asegure esa cantidad de diputados. Arriesgan a disminuir su bancada actual diputadil con los candidatos que tienen a la vista. Tampoco tienen mucho donde escoger y con el planteamiento conservador que tiene, la Unidad Social Cristiana, tratando de competir con los partidos cristianos no católicos, ramachecos, no llega a esa población, porque los ramachecos la tienen cautiva, sobre todo si tienen un tema nacional que explotar electoralmente que en este momento no está en la agenda nacional, ni me parece que les aparecerá natural ni artificialmente.

En los otros partidos tampoco hay mucho de sorpresa porque varios de esos partidos son personales, tienen dueño o patrono, y no tienen mucho que discutir respecto a candidaturas presidenciales, ni mucho que decidir respecto a los primeros puestos de candidatos a diputados.

En Acción Ciudadana solo definirán en la Convención el candidato presidencial. Le dejan a la Asamblea Nacional las candidaturas a diputados y al propio candidato que tiene una cuota de nombramiento de los primeros puestos.

El postergar la Convención, como las Asamblea Nacionales, o Provinciales, cuando éstas tienen poder de designación de candidatos, es riesgoso por pleitos internos, por procesos viciados en la convocatoria y realización de la Convención como de las Asambleas, que deben reprogramarse, y lleva sus días y atraso frente al electorado de mostrar las candidaturas, así como por apelaciones que puedan producirse.

La gente, los electores, en mi experiencia, cuando aparecen los candidatos oficiales empiezan a definirse, a dar apoyo y a declarar y comprometer lealtades.

En los otros partidos las aguas parecen bastante mansas, pero como en las lagunas y ríos debajo de esa tranquilidad de aguas en la superficie, puede haber corrientes muy fuertes y remolinos que pueden engullirse a cualquiera. Así es también la política.

Las posibilidades de la coalición alrededor de la candidatura de Rodrigo Chaves, que impulsa principalmente el Partido Republicano Social Cristiano no se ha agotado, pero se les está yendo el tiempo. Sin coalición, por pequeña que sea, su candidatura se verá muy disminuida. Y si la coalición tiene un sesgo conservador también se depreciará. Tiene Rodrigo Chaves la capacidad y el talento, como pocos de los candidatos, para un discurso social desde su propia óptica por la experiencia internacional que ha tenido atendiendo y tratando de resolver problemas de pobreza en casi 50 países, de manera que sabe cómo enfrentar causas estructurales de la pobreza y sus posibles soluciones, en países como Costa Rica. De lograrse esta coalición es la única, y por sí da imagen de mayor tamaño que sus propios partidos. ¿Acaso no fue así la coalición de la UNIDAD en 1978, que lo que tenía era un gran candidato? Me parece que algunos de quienes impulsan su candidatura, de manera oportunista, lo que les interesa es su nombre para ver si pueden elegir unos cuantos diputados más, haciendo uso de él como lo hizo el Partido Integración Nacional con Juan Diego Castro en el 2018.

Las otras fuerzas electorales de signos parecidos van hasta hoy divididas e individualizadas cada una de ellas, con pocas posibilidades de elección incluso de diputados porque sus rediles electorales los tienen divididos. Y tienen buenos candidatos a la vista, y de lo que suena, más allá de si a uno le gustan o no esos candidatos o sus planteamientos, pero que son candidatos buenos lo son, para las necesidades que tiene el país, y el trabajo parlamentario.

Tarea política urgente es llevar calidad política a la Asamblea Legislativa, y especialmente a la Presidencia a quien con certeza se sepa que no es un candidato improvisado, ni ad hoc, para la ocasión del 2022. Este debe ser el objetivo y propósito de todos los partidos políticos en la contienda electoral que está en marcha.

Es el Presidente y la Asamblea Legislativa para la Costa Rica del Bicentenario, a partir del 2022 al menos con visión y acción hacia los próximos 30 años.

La marcha de una Democracia bicentenaria

Vladimir de la Cruz

La democracia costarricense es una forma de vida desarrollada desde los albores de la Independencia, el 29 de octubre de 1821, la fecha costarricense de su Declaración, que se originó con el detonante en Centroamérica con la Declaratoria de Independencia de Guatemala, el 15 de setiembre de 1821, la sede de la Capitanía General y del Reino de Guatemala, que hizo que El Salvador se pronunciara por la Independencia el 21 de setiembre y, Nicaragua y Honduras el 28 de setiembre.

Desde 1821 hasta 1823 el inicio de la Independencia condujo, en Costa Rica, al establecimiento de Gobiernos provisionales, transitorios, Junta de Legados y Juntas Superiores Gubernativas, hasta que de nuevo, en un afán de reconstruir la unidad política que se tenía de la región antes de la Independencia, se encaminaron estas comunidades, en 1823, y luego en 1824, a fundar las Provincias Unidas de Centroamérica, y la República Federal de Centroamérica, que bajo un modelo federal las agrupó, gestando al interior de cada una de ellas el nacimiento de Estados, con sus particulares órganos de Poder y Constituciones Políticas.

En Costa Rica la Junta de Legados, de mediados de noviembre de 1821, estableció una Comisión redactora de una Constitución, que se aprobó el 1 de diciembre de 1821, “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, la primera de la región en época independiente, siguiendo los lineamientos clásicos de los contractualistas y de la propia Constitución de Cádiz de 1812.

Al mismo tiempo se evidenció desde el origen mismo de la Independencia la autonomía y separación real que vivían estos Estados, desde finales de la colonia, por múltiples razones, que hicieron que a partir de 1837 el modelo de la República Federal de Centroamérica se desintegrara, a pesar de los esfuerzos que hiciera en 1842, Francisco Morazán, desde su llegada al Poder en Costa Rica, por pocos meses.

Los mecanismos inmediatos que siguieron a la Independencia para el desarrollo del Estado y la vida independiente, además de declarar abolida la esclavitud en Centroamérica en 1824, pasó, en el caso costarricense, por la llegada al Gobierno, desde 1824 hasta 1833, del Primer Jefe de Estado, educador de formación, que impulsó la educación tempranamente de niños y de niñas, encomendándole esta tarea a las municipalidades en gestación. Desde entonces Costa Rica, a diferencia de los restantes países, o estados centroamericanos, apostó a la educación popular, fortaleciéndola de distintas maneras con el correr de los años, hasta hoy, lo que sigue siendo una distinción en la región.

La ausencia de una lucha militar por la Independencia no impulsó, en Costa Rica, estructuras militares ni caudillos surgidos de estas luchas que se impusieran en el Poder. Tampoco la lucha militar fue necesaria porque no había una fuerza militar colonia que derrotar.

El Ejército como institución se desarrolló especialmente a partir de 1835, y alcanzó su mayor esplendidez en la lucha nacional libertadora contra la presencia de los filibusteros norteamericanos, encabezados por William Walker, que se había establecido en Nicaragua en 1855, donde aprovechando contradicciones políticas en ese país, se impuso y hasta estableció la esclavitud, que quería expandir a toda la región, motivo por el cual el Gobierno de Costa Rica, jefeado por Juan Rafael Mora Porras decidió avanzar sobre Nicaragua para acabar con esa usurpación del poder por Walker y para evitar su llegada a Costa Rica, como para asegurar la Independencia existente, que lo hizo a finales de marzo de 1856, cuando invadió el territorio nacional y fue derrotado el 20 de marzo. A partir de ese momento dos nuevas derrotas, el 10 de abril, en Sardinal, territorio costarricense y el 11 de abril, en la ciudad de Rivas, en Nicaragua, produjeron la derrota de los filibusteros, interrumpida, en toda la línea, en ese momento, por la peste del cólera que se desató, lo que obligó a suspender las acciones militares hasta que de nuevo, en el segundo semestre de 1856, continuaron los combates, con mayor presencia de los ejércitos centroamericanos que se sumaron al costarricense, hasta que en 1857, el 1 de mayo, William Walker se rindió y fue expulsado de Centroamérica. En 1860 intentó de nuevo invadir Centroamérica, y apoyándose en los intereses británicos en la región llegó a Honduras donde fue capturado y fusilado.

Las contradicciones internas por el Poder en Costa Rica produjeron la caída del gobierno del Presidente Mora Porras y, en 1860, ante un intento de recuperarlo fue detenido y ejecutado, con otro de los héroes de la lucha contra los filibusteros, el General José María Cañas, de origen salvadoreño y cuñado suyo.

Los siguientes diez años se impusieron dos militares, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, detrás de los mandatarios civiles, anulando el recuerdo de la Campaña Nacional contra los filibusteros y la imagen de los conductores de la Guerra, los Mora, Juan Rafael y su hermano, el General Joaquín Mora, y el propio General Cañas.

En 1869 el Presidente Jesús Jiménez limitó el poder de estos militares, impuso la educación primaria obligatoria, gratuita y costeada por el Estado, afirmando una vez más esta vocación democrática apoyada en la educación.

En 1871, bajo el gobierno del General Tomás Guardia Gutiérrez, cuyo gabinete era de civiles, se aprobó el Código Militar estableció controles civiles y políticos sobre el Ejército y el aparato militar. Desde entonces se impulsaron políticas para ir debilitando al Ejército, sus militares y reforzando el aparato educativo, con nuevas reformas de educación pública a partir de 1885.

En 1877 el General Guardia desaplicó la pena de muerte, y en 1882, la abolió proclamando del Derecho a vida con rango constitucional, elemento que también distinguió a Costa Rica en la Región y desde entonces en el mundo, entre los pocos países que entonces la había eliminado como castigo supremo.

Respecto al Ejército a principios del siglo XX se hizo una modificación al Escudo Nacional eliminándole dos cañones que estaban en su base, afirmando de esa manera este “civilismo” en marcha que había de la institucionalidad costarricense.

Con el breve golpe de estado, de 1917 a 1919, el Ejército se volvió a fortalecer, pero caída la dictadura, por acción popular, de nuevo el Ejército se debilitó hasta, que, en la década de 1940, resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se impuso un gobierno de facto, jefeado por José Figueres, quien gobernó hasta 1949, y tomó la decisión en diciembre de 1948 de abolir el Ejército como una institución permanente del Estado costarricense.

Desde entonces ningún costarricense sabe lo que es el Ejército como institución, ni sus militares, ni son convocados a ejercicios militares o a incorporarse al ejército, por circunscripción, conscripción, alistamiento o servicio militar obligatorio militar, como parte de su formación ciudadana.

Desde la abolición constitucional del Ejército, Costa Rica no puede participar en eventos militares, ni campañas militares, ni guerras ajenas. Esto ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Constitucional estableció que tampoco puede dar apoyos a actos de guerra de otras naciones o Estados.

Las contradicciones generadas del mismo proceso productivo y del desarrollo económico del siglo XIX, hicieron surgir grupos económicos y clases sociales en formación, que de distinta manera se enfrentaron por la lucha del control político nacional, originando 10 Constituciones Políticas hasta 1871.

A partir de esta Constitución que desarrolló un régimen presidencialista fuerte, y por los vínculos con el mercado europeo e internacional, a partir de 1849, con las exportaciones de café, se logró mayor estabilidad política y gobiernos estables de duración cuatrienal.

Los procesos electorales fueron la principal fuente de poder. Con limitaciones en el ejercicio del sufragio se fue formando la democracia electoral costarricense. Desde 1890 con el surgimiento de partidos políticos se impuso la llegada a órganos de elección popular solo a través de partidos políticos. La elección directa se impuso sobre la de segundo grado en 1913, la elección secreta sobre la pública se impuso en 1924 y la elección universal, con el reconocimiento de voto a la mujer, se logró en 1949. En 1974 se bajó la ciudadanía de los 21 años a los 18.

Un elemento distintivo de la sociedad costarricense, respecto a la centroamericana, fue el desarrollo de libertades ciudadanas y políticas, y de derechos ciudadanos y Derechos Humanos, junto con Garantías Sociales, de rango constitucional desde el inicio constitucional en el siglo XIX hasta hoy.

Del mismo modo un aparato electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, con rango de Poder Estatal, independiente, alejado del control de los gobernantes, desde 1949, afirman la democracia nacional, le generan confianza institucional y popular a los resultados electorales, y al acatamiento popular de esos resultados.

Educación, elecciones por medio de partidos políticos, ejercicio político electoral como práctica de la vida ciudadana marcaron la diferencia también con el resto de los países centroamericanos, donde predominaron dictadores, tiranos y militares autoritarios en ejercicio del Poder.

A finales del siglo XIX el Presidente Barrios de Guatemala intentó sin éxito formar de nuevo la República Federal. Intentos unionistas vinieron después desde la sociedad civil sin éxito también.

El desarrollo de gobiernos autoritarios, despóticos, militaristas en la región alejaron esta posibilidad de reunión política. Costa Rica se alejó más de ese proyecto. Los intentos integracionistas vinieron de fuera, de la presencia económica extranjera en la época del imperialismo. Sin embargo, continuaron y a inicios de la década de 1950 se impulsó la Organización de Estados Centroamericanos, que políticamente no condujo a nada, pero estimuló la creación de la Secretaría de Integración Centroamericana, SICA, que si funciona, y bien, en el ámbito de las actividades económicas y comerciales.

Los sucesos ocurridos en Centroamérica, con motivo de las revoluciones y movimientos insurgentes, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala condujeron a salidas políticas para restaurar la democracia política y sociedades democráticas que descansaran en la práctica de libertades y Derecho Humanos, que poco se ha logrado en esa dirección, pero que ha sido importante. Los Acuerdos de Esquipulas no fueron un acuerdo político para establecer el unionismo centroamericano. Tan solo fueron, importantes en ese sentido, para alcanzar la paz en la región, y estabilizarla.

Ante el bicentenario de la Independencia en Centroamérica estos 200 años transcurridos solo han afirmado la separación política de los países de la región, a los que se han integrado en el SICA Panamá y República Dominicana. Los organismos Regionales de tipo político que surgieron de los acuerdos de Esquipulas, la Corte de Justicia y el Parlamento, Costa Rica los ha rechazado, y no hay manera de que pueda integrarse a ellos mientras no se produzcan cambios sustantivos en su integración.

Por ahora los festejos del Bicentenario de la Independencia a nivel Centroamericano tan solo serán una fiesta especial en la región, que cada país también celebrará en su especificidad.

Los otros partidos aún están verdes

Vladimir de la Cruz

En el escenario electoral lo que tenemos a la vista, en primer lugar, son los partidos que han ejercido el Gobierno de la República, que fundamentalmente son Liberación Nacional, 9 veces, la Unidad Social Cristiana, 3 veces, y Acción Ciudadana, 2 veces. Junto a ellos las viejas coaliciones, que ya no existen que llevaron a la Presidencia de la República a Mario Echandi Jiménez, José Joaquín Trejos Fernández y a Rodrigo Carazo Odio. De un total de 17 gobiernos, desde 1953 hasta hoy, de los partidos existentes, Liberación ha dirigido el país desde el Gobierno en 9 ocasiones, los ocho restantes gobiernos se los han dividido entre 5 partidos, tres coaliciones y dos partidos. Esto hace a los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana los más fuertes, los más visibles, lo de más reconocimiento público entre la población en general y los electores. Son como los grandes equipos de la Primera División de fútbol, pero de la misma manera pueden caer de ser punteros hasta descender a la Segunda División, porque hay otros equipos que pueden dar sorpresas, por su capacidad de juego, su disciplina, su entrenamiento, sus directores técnicos, sus asesores y por la contratación de los jugadores que logren, que por sus cualidades personales y deportivas, en este caso políticas, enamoran y se ganan el corazón de los aficionados, en nuestro caso de los electores.

En el segundo lugar, podemos apreciar a los partidos que están con representación parlamentaria, aparte de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, que son Restauración Nacional, Integración Nacional, el Republicano Social Cristiano y el Frente Amplio, que en su conjunto tienen 11 diputados de un total de 57. Hasta hoy estos partidos poco se oyen en su proyección electoral hacia las elecciones de febrero del 2022.

En tercer lugar están los partidos que están en proceso de inscripción nacional, junto a los anteriores, que están fuera de todo foco de los medios de comunicación, porque los que están en la Asamblea Legislativa, y en el Gobierno, son seguidos diariamente por los periodistas de los distintos medios de comunicación. Así, para estos partidos y sus seguidores o ciudadanos que están tratando de desarrollarlos para participar en las elecciones de febrero se les hace más difícil su participación.

Algunos de estos partidos actúan como franquicias, incluso a disposición de venta de candidatos o de grupos de ciudadanos. Me han dicho que a una persona, que representa un grupo de personas, que anda buscando casa política para participar, le ofrecieron uno de estos partidos, que en realidad son cascarones, en 150.000 dólares, sin seguridad de que esté al día en todos los tramites de su inscripción electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

En este sentido hay grupos de ciudadanos que están preocupados de participar sin tener todavía un partido debidamente inscrito, lo que se les hace cuesta arriba en el tiempo que les queda para cumplir con todos los requisitos de inscripción que establece la legislación electoral, y los trámites administrativos de la misma.

El financiamiento público electoral de la próxima campaña no puede aplicarse para pagar deudas de los partidos que en campañas anteriores dejaron, y que se les están cobrando. Legalmente no justifica ese financiamiento esos pagos, como algunos dirigentes de esos partidos piensan que pueden hacer.

Los partidos que están sometidos a esos procesos de cobro tienen que pagar lo que deben o reintegrar al erario público lo correspondiente. El Tribunal Supremo de Elecciones, como ente rector del proceso electoral, está obligado a hacer cumplir esos pagos antes de que entre el próximo proceso electoral en la marcha final, a partir de noviembre. En esta materia no puede haber prescripción de deudas, porque se estaría avalando un “robo” de dineros públicos, que a los partidos que así actuaran se les presentaría como un grupo organizado en capacidad de delinquir, casi permanentemente, de campaña electoral a campaña electoral, serían como una gavilla, término del Presidente Juanito Mora, para referirse a los filibusteros, no de aventureros si no de pillos y sinvergüenzas.

En esta tesitura tiene que investigarse igualmente por qué quedan dineros en las arcas de los partidos políticos, cuando esos dineros solo están justificados para los gastos de las campañas electorales, contra facturas que debe aprobar, en su revisión final, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones.

Por ahora el ambiente electoral solo se aprecia en el primer escenario, el de los partidos que han gobernado, que ya tienen en marcha sus Convenciones para definir entre junio y julio sus candidaturas y renovación de autoridades partidarias, otro requisito de inscripción para las elecciones.

En Liberación Nacional se simplificó la lista de 9 candidatos a 5, cuando Rolando González, Fernando Zamora, Antonio Alvarez y Guillermo Constenla le dieron su adhesión y apoyo a José María Figueres, que peleará la candidatura con Rolando Araya, Claudio Alpízar, Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides.

En la Unidad Social Cristiana se definieron las candidaturas con Pedro Muñoz, Lineth Saborío y Erwen Masis. En Acción Ciudadana solo lo han manifestado Hernán Solano, Marta Zamora, Carolina Hidalgo y Edgar Mora.

De los otros partidos no se conoce nada. Solo rumores. En algunos casos se sabe que los dueños de algunos de esos partidos aspiraran a la Presidencia incluso en la doble postulación, también como candidatos a diputados.

En los esfuerzos de impulsar una gran coalición nacional, sin signo ideológico todavía, está el ex Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves Robles en intensas conversaciones con grupos de ciudadanos, de destacadas personalidades políticas y con otros líderes políticos, de pequeños partidos, con este propósito. Esta posible coalición de llegar a constituirse podría ser una sorpresa, y contribuiría a definir la campaña electoral sobre bases más políticas, teóricas, e ideológicas, que tanto le hace falta a este país y a los electores.

Frente a todos los partidos políticos, en esta etapa de las elecciones, no les pueden aparecer mas “viales”. Aquí no pueden ni deben darse sorpresas. Los dirigentes de los partidos tienen que ser muy contundentes en fumigar, combatir y sacar de sus organizaciones todo aquello que huela, a narcotráfico y narcopolítica.

Las direcciones de los partidos políticos deben ser determinantes y ellas llevar la iniciativa de la suspensión de esas personas. Allí no pueden darse márgenes de semanas para actuar o pronunciarse públicamente, ni retiros “temporales” de los presuntamente involucrados en estos asuntos “hasta que se aclaren los nublados del día”.

Los afectados que puedan aparecer que se defiendan en los tribunales, pero los partidos no pueden acuerparlos bajo ninguna formalidad. Cuando son dirigentes partidarios de las altas esferas y Comités Nacionales, deben dejarlo inmediatamente y de manera definitiva. La honradez y la honorabilidad de personas puede discutirse en los tribunales, y mientras no haya un pronunciamiento judicial en contra, deben considerarse a todos los efectos inocentes. Pero, las acusaciones y las informaciones asociadas a narcotráfico, narcopolítica y similares producen manchas indelebles, que puede afectar también, de manera indeleble, a los partidos políticos en los cuales esas personas militan.

Los equipos de dirección de las campañas electorales de cada partido político, sus principales directores y agentes partidarios, sus asesores, sus técnicos, y sus candidatos a puestos de elección popular, deben ser sumamente investigados, en todas sus dimensiones, desde las relaciones familiares, y la violencia que se da en ella, hasta las de vínculos con personajes que los puedan complicar o enlodar en plena campaña política. Los partidos políticos en este momento están a tiempo de actuar, no les vayan a aparecer sorpresas…

La calidad de los candidatos que acompañarán a los candidatos presidenciales va a ser muy importante en esta campaña electoral.

Los tentáculos del narco están metidos en todo el escenario nacional. Hay que evitar que controlen el escenario político y la institucionalidad del Estado y del Gobierno. El peligro está en todos los partidos. Allí hay hombres de carne y hueso, no hay ángeles y dioses. Y con las personas también las hay muy ambiciosas…

Los diputados por su naturaleza son beligerantes políticos

Vladimir de la Cruz

Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones advirtió a los diputados, y a sus asesores de no caer en la figura de la beligerancia política, lo que pareciera una intromisión sin precedentes en la figura del Diputado, y sus asesores, los que él escoge, generalmente de su propio partido político, indicándoles que no podían hacer actividades, en su tiempo laboral, de carácter político electoral, o que estuvieran relacionadas con la próxima campaña electoral.

Fue en forma directa un jalón de orejas, especialmente, a los diputados que aspiran ser candidatos presidenciales, o que ya han anunciado sus intenciones en esa dirección. Fue ponerles un bozal político, un tapabocas, además del bozal de la pandemia que deben usar.

La Constitución Política, ni la legislación electoral, ni ninguna ley en particular establece prohibición alguna para los diputados, ni los consideran “empleados públicos”, ni se les puede considerar “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, los que sí tienen esa expresa prohibición, siempre y cuando estén en la categoría constitucional de “funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas”, que en ninguna parte ni ley alguna se señala a los diputados.

De los altos funcionarios que sí tienen prohibición son, entre otros, el Presidente de la República, los Ministros de Gobierno, los Ministros Diplomáticos, el Contralor y Subcontralor Generales de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Y, es la Asamblea Legislativa, el conjunto de los diputados que la constituyen e integran, los que conocerán el resultado de la investigación que realice el Tribunal Supremo de Elecciones contra esos específicos altos funcionarios, si realizaran actos considerados de beligerancia política, si son investigados a ese efecto.

¿De dónde se saca el Tribunal Supremo de Elecciones que los diputados no pueden ser beligerantes políticos las 24 horas del día, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, en sus oficinas como en sus curules, Plenaria y de Comisiones, o en los actos que realice en comunidades, visitas, reuniones, actividades a las que es invitado o él mismo organiza para rendir cuentas, o para pasar facturas políticas ciudadanas, más allá del propio control político que puede realizar en el propio recinto parlamentario, que es quizá el acto de beligerancia más extremo que puede hacer contra los representantes y funcionarios de los Supremos Poderes y de las Instituciones del Estado y del Gobierno.

Los diputados aunque electos por Provincias tienen el carácter de “nacionales”, de ser la representación de la voluntad popular expresada por el sufragio, en la figura de cada diputado, y de cada grupo de diputados pertenecientes a los partidos políticos que eligen diputados. En la propia Asamblea Legislativa se organizan por partidos políticos, así se sientan, con curules que “pertenecen” a esas fracciones legislativas, en el orden en que se colocan, porque nombran un Jefe de Fracción partidaria, porque tienen reuniones de jefes de fracción para coordinar aspectos del debate parlamentario y de la agenda parlamentaria. Así, los diputados electos por la Nación actúan en nombre de sus partidos políticos. Es lo lógico, es lo natural, es lo usual, es lo inherente a cada diputado. En las notas de prensa, radiales, escritas o televisivas se les reconoce como diputados de tal o cual partido.

Toda la labor parlamentaria de los diputados es política, es partidaria, es calculadoramente electoral, porque de su buen o mal desempeño así les puede ir en la siguiente campaña electoral.

La Campaña Electoral no termina con la integración de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo siguiente a la elección nacional. Allí continúa en el escenario legislativo. Esto es lo real, es lo que funciona.

Todos los diputados en sus intervenciones, en las Comisiones o en el Plenario, pueden hablar a nombre de sus partidos políticos, identificarse como miembros de esos partidos, hacer alarde de la Historia parlamentaria o nacional de sus partidos. Los que casi no hacen alarde de nada, casi siempre ha sido así, son los diputados oficiales, los del partido de gobierno en ejercicio. Les cuesta mucho defender al Gobierno, y porque muchas veces por las acciones y compromisos de los Gobiernos los diputados toman distancia silenciosa de su partido gobernante.

La jornada laboral de los diputados es 24 horas en el cargo. A los efectos de las reuniones que tienen, por asistir a las Comisiones o al Plenario, reciben un pago. Si faltan no se les paga lo correspondiente. Pero esto es un problema tan solo de responsabilidad laboral.

Toda la labor de un diputado, desde su presencia en la Asamblea Legislativa, hasta por sus actos y discursos es para beneficiar a su partido político, y a su propia figura política como dirigente parlamentario de su organización partidaria. Todo lo que tiene en la Asamblea Legislativa, desde su Oficina hasta los dineros que le dan de gasolina mensual, son para justificar su trabajo parlamentario que es político partidista. No se puede entender de otra manera.

Insisto. En la Constitución ni en ley alguna hay una solo sanción para los diputados, que pueda caer en la figura de la beligerancia política.

En mi opinión los asesores parlamentarios, nombrados por los propios diputados para su trabajo diputadil, con salario de la Asamblea Legislativa, están igualmente amparados por la misma protección que tienen los diputados para realizar su trabajo político y parlamentario, y aunque pagados por la Asamblea no caen en la categoría de “empleados públicos”, de “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”. Son funcionarios que la sociedad paga para el mejor desempeño de los diputados como expresión de la soberanía popular que ellos representan.

Los que sí son “empleados públicos”, “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, son todos los Asesores de Servicios Técnicos parlamentarios que le sirven a todos los diputados, como un alto equipo o grupo especializado para esos trabajos. Igualmente aquellos funcionarios del Poder Legislativo que por su naturaleza le sirven a todos los diputados sin distinción de su pertenencia partidaria.

Está bien que se regule la ausencia de los diputados del Plenario y de las Comisiones, lo que se les sanciona con el no pago respectivo si no tienen autorización para ausentarse para atender asuntos personales, o funciones o labores propias de su cargo, que eso no se paga de esa manera.

Por este mismo motivo no se obliga a que un diputado que quiere ser candidato a la Presidencia tenga que renunciar a su cargo de diputado. Implícitamente se reconoce su papel de ser un representante de un partido político, que no tiene impedimento constitucional ni legal para ser candidato siendo también diputado.

Lo inmoral es lo que hacen algunos diputados que ausentándose cobren sus respectivas dietas por los mecanismos que les permite hacerlo.

Bastaría que cualquiera de los diputados candidatos empezara sus discursos parlamentarios o legislativos diciendo: “En mi condición de diputado del Partido XXXX, y de mi condición de aspirante a la Presidencia por mi partido XXXX, o si ya fuera candidato oficial, dijera que, en esa condición, se dirige al resto de los diputados y al público, a los ciudadanos, a los electores, que oyen o ven las sesiones parlamentarias, sobre ZZZZ, proyecto de ley que está en discusión, o haga referencia en el control político que en un gobierno, bajo su mandato, eso que está criticando no va a ocurrir. ¿Se le podría acusar de beligerancia política por esa forma de dirigirse en el Plenario o en el Trabajo de Comisiones?

Hay que dejarse de hipocresías políticas. Eso es lo que le hace daño al país, a la imagen de la Política, de los Partidos Políticos, de los dirigentes políticos, y a la misma Democracia política que vivimos como sistema.

La pertenencia a un partido político no le quita la credencial a ningún diputado. Lo único que se la puede quitar es que pueda ser empleado o tener cargo en otros poderes del Estado o de elección popular. Ni siquiera pierde su credencial de diputado cuando transitoriamente es llamado a ejercer un puesto de Ministro.

Tampoco pueden “celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos”, lo que se considera incompatible con el cargo de diputado lo que sí les hace perder su condición de Legislador.

Para los asesores contratados por los diputados, para que los acompañen sus cuatro años en Congreso, por ley se les fija “la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados”.

La única restricción que puede tener un diputado, es la que tiene el Presidente de la Asamblea Legislativa, cuando en ejercicio de su cargo por disposición constitucional, sustituye transitoriamente al Presidente de la República, como sucedió en la Legislatura 2009-2010, cuando el Presidente del Congreso, el diputado Francisco Antonio Pacheco varias veces sustituyó al Presidente Oscar Arias, siendo también el diputado Presidente de su partido Liberación Nacional, a lo que no tuvo que renunciar. En ejercicio del cargo de Presidente de la República si se sometió a las prohibiciones que para ese cargo existen, pero sin dejar ni renunciar a su condición de diputado, ni de su partido, ni de la Presidencia de su partido.

Es hora de dejarse de hipocresías políticas que solo dañan la imagen de los Poderes Públicos, de la Política, de los dirigentes políticos, de los mismos partidos políticos, de la Política como quehacer humano, y de la Democracia política que vivimos.

El diputado por su naturaleza es un beligerante político. Que actúe como tal. Eso es lo que necesitamos para ver si también mejoramos el debate y el análisis político.

Peligrosa llamada de atención hace el Tribunal Supremo de Elecciones a los diputados, de intromisión en el Poder Legislativo, de intentar ponerles a los diputados un bozal, o un tapabocas, en el ejercicio de su palabra, de su Parlamento, de su crítica general y de su crítica política, que es la que sería sujeto de “beligerancia política”, una manera sutil de decirles a los diputados cómo deben realizar su control político.

Camino peligroso para la democracia política y electoral el que abre el Tribunal Supremo de Elecciones.

Habrá partidos políticos para escoger

Vladimir de la Cruz

El Tribunal Supremo de Elecciones ya dio el banderazo de salida hacia las elecciones nacionales del 3 de febrero del 2022, con la publicación del Calendario Electoral, que es el que fija la hoja de ruta de todos los partidos políticos que quieran participar en las elecciones, y el que le señala a los ciudadanos los plazos y términos para organizar e inscribir en debida forma a los partidos políticos.

De lo novedoso es que el plazo de inscripción de partidos se prolongó del 5 de febrero al 5 de mayo, lo que siempre es un plazo muy corto pero imposible de prorrogarlo más. Quienes han estado interesados de inscribir partidos debieron haberse movido y actuado desde el año pasado. No es un proceso fácil para dejarlo para última hora.

La fecha importante que sigue es el viernes 5 de febrero que es el plazo que tienen los siguientes funcionarios, Vicepresidentes de la República, Ministros, Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, quien ocupe la Dirección General del Registro Civil, los directores o gerentes de las instituciones autónomas y el Contralor y el Subcontralor Generales de la República, para renunciar a sus cargos si quienes postularse a Presidente o Vicepresidente de la República para el período 2022 – 2026.

Para ser candidato a Diputado los siguientes funcionarios, si a ello aspiran, deben renunciar a sus cargos, seis meses antes de la elección, es decir, el 6 de agosto, el Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección; los Ministros de Gobierno; los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia; los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y el Director del Registro Civil; los militares en servicio activo; los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia; los gerentes de las instituciones autónomas; y los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.

De todos estos funcionarios los Vicepresidentes, deben renunciar, antes del 5 de febrero, si quisieran volver a ser candidatos a ese mismo puesto o al de Presidente. Pareciera que igual concepto vale para los actuales diputados, que no tienen más prohibición expresa de que no pueden reelegirse consecutivamente, pero si renuncian suspenden sus consecutividades, como lo haría un Vicepresidente que quiera postularse para ese mismo cargo.

Por inscrita una papeleta presidencial quienes la integran no pueden renunciar a su postulación, ni en la primera, ni en la segunda vuelta, mientras esté el proceso electoral en curso y no se hayan hecho las elecciones.

El 5 de febrero vence el plazo para que los costarricenses por naturalización obtengan la carta que los acredite como ciudadanos, a efecto de que puedan ejercer su derecho al sufragio en las elecciones nacionales. Esto es muy importante porque así se conoce con certeza cuántos nacionalizados, y de qué países, pueden ejercer el voto el 6 de febrero del 2021 y evita los rumores que a veces hacen correr de que migrantes o ilegales fueron inscritos para votar.

También, el 5 de diciembre pasado, del 2020, quedó establecida la División Territorial Administrativa por parte del Poder Ejecutivo, de manera que seguimos con las 7 Provincias, los 82 cantones y los casi 500 distritos, sin que puedan variarse para nada mientras está el proceso electoral en marcha.

Esta División Administrativa es la que permite al Tribunal Supremo Electoral realizar su propia División Territorial Electoral que no calza necesariamente con la Administrativa, y que generalmente es más amplia y compleja, sobre las cuales se distribuyen las Juntas y Mesas Electorales, que se deben llenar con los delegados de los partidos políticos para la vigilancia electoral del día de las elecciones. Todavía el 18 de febrero, como último día, ante el Tribunal Supremo de Elecciones se puede solicitar la creación de distritos electorales. Esto generalmente lo han hecho los partidos grandes, no los pequeños. Y, hasta el 5 de junio, en este mismo campo, el Tribunal puede dividir un Distrito en dos o más distritos electorales.

Ese número de Juntas y Mesas varía de una elección a otra. A los partidos pequeños les ponen mayores dificultades de participación y control electoral que a los grandes, aunque esto se ha subsanado bastante con los llamados Delegados Electorales que oficialmente nombra el Tribunal Supremo de Elecciones para que colaboren con los miembros de Mesa, y garantizar que en todas las Mesas haya al menos un Delegado del Tribunal, que son funcionarios pagados por ese día.

El día 5 de febrero es también el plazo para que el Tribunal Electoral establezca el monto que el Estado reconocerá de la contribución pública a los partidos políticos por su campaña electoral, tomando en cuenta como base de cálculo el producto interno bruto a precio de mercado, según certificación emitida por el Banco Central de Costa Rica.

Para fortalecer el funcionamiento del Tribunal Supremo se integrarán dos nuevos Magistrados a partir del sábado 6 de febrero, constituyendo los cinco Magistrados el equipo a cargo, de forma exclusiva e independiente, de la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, es decir, de todo lo atinente al proceso electoral que ya está en marcha.

Las elecciones nacionales se realizarán el domingo 6 de febrero de 2022 donde se elegirán 60 puestos: un Presidente, dos Vicepresidentes de la República y 57 diputados.

Para estas elecciones hay más 25 partidos nacionales y al menos 8 provinciales, inscritos en posibilidad de completar todos los trámites para su debida participación.

Los partidos nacionales son la Agenda Democrática Nacional, Alianza Democrática Nacional, Cambiemos, Ciudadanos por el Bien Común, Democracia Participativa, Encuentro Nacional, Frente Amplio, Fuerza Nacional, Integración Nacional, Liberación Nacional Movimiento Social Demócrata Costarricense, Partido Costa Rica Justa, Renovación Costarricense, Republicano Social Cristiano, Restauración Nacional, Salvemos Costa Rica, Social Demócrata, Socialdemócrata Independiente Todos por Costa Rica, Unidad Social Cristiana, Unión Costarricense Democrática, Unión Liberal, Unión Pacífica Costarricense, Vida.

A estos hay que sumar el Liberal Progresista, Nueva Generación, el Movimiento Libertario, el de Natalia Díaz, el Partido de los Trabajadores, y los intentos de Coalición que se impulsa, especialmente por los Presidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón Fournier, así como el esfuerzo que están haciendo militantes de izquierda de volver a inscribir Pueblo Unido.

Los partidos provinciales son Confraternidad Guanacasteca, Ciudadanos por Cartago, Alternativo SOS Costa Rica, Nuevo Partido Socialista Cartago, Unidos por Costa Rica, En Pedazos, Fuerza Solidaria.

Sin lugar a dudas de todos estos habrá dónde escoger, después de que se haga la repela de los procesos de inscripción que son rigurosos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que conlleva hacer las 82 asambleas cantonales, las siete provinciales y la nacional, para todos los partidos nacionales, y lo correspondiente a las provinciales con los cantones de sus respectivas provincias y la asamblea provincial, que todos son procesos engorrosos y exigen mucho trabajo organizativo de los ciudadanos de cada partido.

Indudablemente que las elecciones atraen, apasionan, son inevitables para públicos y pueblos electoreros y electorales. Por todo lo mal que se hable de la política, de los políticos, de las instituciones como los partidos políticos, la gente sigue confiando en ellos y se apunta para participar.

Veremos y seguiremos el pulso de este proceso.