Sus contribuciones por más de 30 años impactan la salud nacional
Al preguntarle a María Laura Arias Echandi sobre cómo vive un microbiólogo su disciplina, ella saca a relucir la pasión y el carisma que engloban la profesión. «Me encanta lo que hago y trabajar en la Universidad es precioso. Uno cambia lo que hace todos los días, no es una rutina. Entonces, se viene feliz porque uno quiere ver qué novedad va a encontrar», expresó. Foto: Anel Kenjekeeva.
Su nombre es María Laura Arias Echandi y tiene 30 años de laborar como investigadora en la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica (UCR). La pasión de esta profesional la ha llevado a descubrir cuáles son las bacterias que afectan a los alimentos y a las aguas; microorganismos que, si no hubiesen sido estudiados, en este momento estarían perjudicando con creces la salud nacional.
El trabajo que María Laura desarrolla lo lleva a cabo en dos laboratorios. El primero es el de Microbiología de Aguas, acreditado a nivel nacional, y el segundo es el laboratorio de Alimentos. Ambos recintos, ubicados en el segundo piso de la Facultad, son para ella espacios que combinan la curiosidad y la entrega; un esfuerzo que hoy se traduce en importantes descubrimientos en beneficio de la población costarricense.
Uno de los primeros hallazgos lo hizo tan solo cuando recién iniciaba su carrera profesional. Ella fue parte del equipo que se encargó de ejecutar los análisis microbiológicos de alimentos en ventas ambulantes. Los resultados obtenidos fueron alarmantes: la gran mayoría de esas comidas presentaban una alta contaminación, por lo que la UCR procedió a generar sugerencias a fin de disminuir los contagios.
Ese empeño refleja solo una de las múltiples acciones efectuadas por María Laura Arias durante años, mismos que fueron oficialmente reconocidos el jueves 30 de agosto por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Academia Nacional de Ciencias (ANC).
A lo largo del acto de entrega se exaltaron los aportes que realizan las mujeres costarricenses en el campo científico, principalmente, en un país que aún presenta inequidad de género en carreras afines a la ciencia y a la tecnología, así como un mayor apoyo a los hombres en el campo laboral, de acuerdo con el suplemento de Ciencia y Tecnología publicado el 1 de agosto.
“El premio significa un reconocimiento a mi equipo de trabajo. Sin ellos y ellas no podría hacer absolutamente nada. También, es un honor a 30 años de labor. Para mi el galardón constituye un premio a la Facultad, que siempre ha demostrado ser de excelencia” afirmó Arias, que también se desempeña como docente.
Pero llegar a ejercer la profesión de microbióloga no fue fácil. Para convertirse en la experta que es hoy, María Laura tuvo que decidir entre estudiar Ingeniería Informática o Microbiología. La razón que la hizo cambiar de carrera fue sencilla: informática no era su área, y una charla impartida por el Dr. José María Guitérrez sobre accidentes ofídicos, fue suficiente para saber que contribuir con la salud de las personas era lo que realmente la motivaba.
Pedro León, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, describió los aportes de María Laura Arias como “impresionantes”, por ser escogida entre varias candidatas de excelencia. Así mismo, Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, agregó que el premio representa la capacidad, la tenacidad y la lucha, elementos que, en este caso, sobresalieron en esta científica de la UCR. Foto: Anel Kenjekeeva.
Ahora esta profesional, quien ostenta una maestría en Microbiología Médica del Instituto Karolinska en Suecia -una de las entidades académicas más prestigiosas a nivel mundial- se dedica no solo a identificar bacterias, su comportamiento en diferentes condiciones y su afectación en seres humanos, sino también en cómo prevenirlas.
“Dentro del Laboratorio de Microbiología de Aguas y Alimentos tenemos dos líneas, una es la de investigación. Nosotros buscamos las bacterias que producen enfermedades, deterioro de alimentos y analizamos cómo controlarlas. Esto lo hacemos para darle al país pautas de dónde hay peligro y, sobre todo, cómo combatir esa amenaza que puede transmitirse por agua o alimentos. De igual forma, le damos servicios a la industria, con resultados certeros sobre qué contaminantes podrían estar en sus productos y qué hacer para corregirlo”, destacó Arias.
Investigaciones de impacto
En tres décadas, Arias elaboró más de 100 publicaciones, mismas que fueron difundidas a nivel nacional e internacional y cuyo abordaje fue más allá de la Microbiología. Su conocimiento ha dado la posibilidad de aportar a otras disciplinas como: Farmacia, Química y Biología.
“En Farmacia se examinó el metabolismo de medicamentos, en Química se sintetizó compuestos orgánicos probados para controlar bacterias. En cuanto a Biología, se analizó la calidad de algunos ríos y, en la actualidad, tenemos un proyecto de genética en el que estamos analizando la presencia de carne de caballo en embutidos”, dijo Arias.
Actualmente, uno de los estudios más significativos en los que trabaja María Laura es la bacteria del género Arcobacter, causante de importantes cuadros de diarrea.
Dicho microorganismo puede encontrarse principalmente en el pollo. Si el alimento se cocina de manera incorrecta, el riesgo de el contagio aumenta. La UCR es la única institución del país que investiga este peligroso patógeno, el cual ya tiene un caso documentado.
De acuerdo con Arias, en una muestra se encontró la presencia de la Arcobacter cryaerophilus -parte de las especies dañinas para el ser humano-, lo que hace fundamental continuar con su estudio. Por el momento, se tiene registrado 23 especies de este microorganismo; cuatro son nocivos para las personas.
La entrega del premio se llevó a cabo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Arias no esperaba recibir el reconocimiento, pues la postulación la realizó uno de los estudiantes de la Facultad de Microbiología, Carlos Mora Garro.
Estudiantes de la escuela Eulogio Salazar de Sarchí en la Sala de Historia Regional del Museo Regional de San Ramón. Foto Juan Gabriel Madrigal Cubero.
Las visitas guiadas del Museo Regional de San Ramón, dirigidas a niños y jóvenes, tienen como fin ser un complemento a la educación que reciben en sus centros de enseñanza. Este servicio se ofrece como un apoyo a los procesos de aprendizaje, especialmente en las materias de Estudios Sociales y Cívica, Español y Ciencias.
De esta forma, la Universidad de Costa Rica se pone al servicio de la educación por medio de esta actividad, diseñada con base en los contenidos planteados en los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Según el M.Sc. Mainor Badilla Vargas, Director del Museo Regional de San Ramón, las visitas guiadas se constituyen como espacios en los cuales se ejecutan acciones didácticas y pedagógicas y se da respuesta a lo que los programas de estudio de educación primaria y secundaria están planteando en materia histórica, natural, geológica, entre otros aspectos.
El Museo cuenta con una Sala de Historia Regional, Sala de Colecciones Patrimoniales, Sala de Historia Natural (con dos muestras: megafauna y murciélagos), Sala de Exposiciones Temporales; muestras como Pasillos del Tiempo (maquetas, esculturas y objetos) y el Mural del Café; una tumba arqueológica instalada en los jardines y la Galería 1930 en la cual se le da la oportunidad a artistas de la región de compartir sus obras.
La Mag. Elena Valverde Alfaro, encargada de la Sección de Educación del Museo, es la persona responsable de planear y organizar esta actividad. Mencionó que fue una tarea muy minuciosa, ya que se revisaron los planes de estudio de los programas de las materias de Estudios Sociales y Cívica, Español y Ciencias que son las áreas en las que se puede ofrecer un mayor acompañamiento.
Explicó que el trabajo realizado permitió analizar los objetivos y contenidos planteados por el MEP, con base en ello se identificaron los temas que el Museo puede reforzar como patrimonio, historia natural, literatura y patrimonio lingüístico y se planean actividades por nivel según las necesidades planteadas por los docentes.
Valverde destacó que en la visita los niños y jóvenes pueden conocer la importancia del Museo, tanto por su historia como por su labor actual, así como hacer un recorrido por las diferentes exposiciones permanentes y temporales. Además participan en un taller sobre algún tema específico, el cual puede ser solicitado por la docente del grupo para reforzar algún contenido de su interés.
El programa de visitas está dirigido a centros educativos públicos y privados de todo el país, los interesados solo deben llenar la boleta de solicitud y la Sección de Educación se encarga de adaptar las actividades según las necesidades planteadas y las edades de los visitantes.
Valverde destacó que cualquier grupo organizado puede pedir una visita guiada, ya que esta es la forma ideal de conocer el Museo. De esta forma, se le puede explicar al visitante sobre el edificio y su importancia, todo lo relacionado con la historia regional, la historia natural, la labor del Centro de Literatura Infantil y Juvenil, la importancia del centro de documentación que resguarda y protege documentos históricos y las exposiciones abiertas de forma temporal.
Las personas interesadas pueden obtener más información sobre las visitas guiadas al teléfono 2511-7103.
Por Nicolás Boeglin Naumovic, profesor de Derecho Internacional
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
Como bien es sabido, la crisis política que se ha desatado en Nicaragua desde el pasado 18 de abril ha significado un arribo masivo de nicaragüenses a suelo costarricense. No obstante, fiel a su legendaria tradición de tierra pacífica y de acogida, no se había registrado en Costa Rica ningún acto xenófobo antes del que fue organizado este 18 de agosto en el céntrico Parque de la Merced. Una acción policial muy certera permitió desactivar a tiempo una acción violenta dirigida por un pequeño grupo contra la población nicaragüense que se concentra usualmente en este parque josefino durante los fines de semana.
Este concurrido espacio público se cerró por parte de la policía, y se reabrió con fuerte presencia policial al reiniciar esta semana (véase nota de prensa).
Sobre el contexto muy peculiar en el que se dio esta marcha, se recomienda, entre muchas otras, la lectura de este artículo del Semanario Universidad en el que leemos, entre otras cosas, que: «según el censo del 2011, las personas nicaragüenses alcanzan “el 6% o 6,5% del total de la población, mientras que su contribución al PIB –según ese estudio– es del 12%, un dato muy significativo”.
Este 25 de agosto, organizaciones y gremios sociales, así como universidades públicas convocaron a una exitosa marcha contra la xenofobia (véase galería fotográfica en este enlace de Elmundo.cr): nótese que el Ministro de Educación participó personalmente a esta marcha (véase nota e CRHoy).
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
La intolerancia y el papel del Estado: “Estado… ¿estás?»
Una lectura desde el ámbito internacional permite detectar algunas lagunas en el caso de Costa Rica, que a continuación detallaremos, en materia de lucha contra la xenofobia y la incitación al odio. El tema se torna particularmente preocupante en la medida en que la última campaña electoral vivida en Costa Rica evidenció actitudes y discursos de odio raramente escuchados contra la población sexualmente diversa. Ello sin hablar de la quema de ranchos de mujeres indígenas en Salitre acaecida en julio del 2014 durante el partido de fútbol entre Países Bajos y Costa Rica, sin que a la fecha haya sanción alguna contra los responsables de estos hechos (véase nota de prensa y este valioso análisis de la jurista Karine Rinaldi sobre los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las autoridades costarricenses para apaciguar los ánimos en Salitre).
En términos generales, la lucha contra las diversas formas de intolerancia supone medidas de muy diversa índole para un Estado: la intolerancia nace usualmente del desconocimiento y de la ignorancia, obligando a un Estado a proveer espacios educativos para permitir un acercamiento a la «otredad». Con relación a la población nicaragüense en Costa Rica, algunas iniciativas de carácter privado, en particular en el ámbito educativo y en la esfera cultural, así como algunos proyectos universitarios, han intentado materializar este acercamiento. Se trata de acciones muy valiosas, más aún si consideramos que el Estado costarricense mantiene una cargada deuda en este preciso tema.
Usualmente, el discurso de odio antecede acciones violentas, por lo que hay que mostrarse extremadamente alerta ante mensajes que susciten el odio. En el caso de la reciente campaña electoral en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica fue muy enfática en advertir sobre la imperiosa necesidad de cesar el discurso de odio después de la primera ronda electoral celebrada el 4 de febrero del 2018 (véase comunicado oficial del 14/02/2018): semanas después de este llamado, se registró un aumento significativo de agresiones contra personas sexualmente diversas (véase artículo del Semanario Universidad del 28/02/2018).
Según las circunstancias, el odio puede convertirse en un peligroso combustible, siendo su punto de ignición un soporte discursivo que lo propague. Las constantes imágenes y discursos promovidos por grupos radicales en Europa y en Estados Unidos y por algunos sectores en América Latina estigmatizando a los migrantes constituyen para algunos una fuente de inspiración: la marcha del pasado 18 de agosto evidencia que ya algunos de sus adeptos se localizan en Costa Rica. Es muy posible que la influencia de grupos ubicados en el exterior haya dejado algun rastro en las redes sociales, que solo una investigación a profundidad en las redes sociales permitiría aclarar en cuanto a su alcance y origen exactos.
Algunas medidas de carácter legal, que por sí solas no resuelven el problema de la incitación al odio, pueden contribuir a frenar notablemente los ardores de algunos en Costa Rica, como lo veremos en las líneas que siguen.
La sanción de conductas sociales repudiables (y repudiadas): «Estado… ¿estás?»
A raíz de esta manifestación organizada contra migrantes oriundos de Nicaragua el pasado 18 de agosto en este parque capitalino de San José, es muy posible que las diversas actitudes registradas de incitación al odio, a la intolerancia y a la xenofobia no sean sancionadas como tal. Si bien han sido condenadas por muy diversas organizaciones, incluyendo el Colegio Profesional de Psicólogos (véase comunicado ), y por las mismas autoridades del Estado costarricense, así como por las Naciones Unidas (véase comunicado oficial ), no pueden dar lugar a acción penal alguna, al menos hasta la fecha.
En efecto, un proyecto de ley (véase el texto del Expediente 20.174, presentado por siete legisladores) que pretende precisamente sancionar estas actitudes y estos discursos de odio se mantiene como simple proyecto de ley (y ello desde varios años) en la Asamblea Legislativa: este proyecto es similar a uno presentado en el 2014 (véase el texto del Expediente 19.062, presentado por un solo diputado). Es de notar que este último proyecto de ley fue incluido por Costa Rica ante Naciones Unidas para hacer ver sus esfuerzos por erradicar las diversas formas de discriminación en el 2015 (véase observaciones del CERD del 2015, punto 13). En mayo del 2017, se leyó que los promotores de esta iniciativa consideraban su tramitación «urgente» (véase artículo del Semanario Universidad).
Al igual que el proyecto 20.174, el proyecto 19.062 no ha sido aprobado, y sería muy interesante saber en cuántas oportunidades fueron convocados por el Poder Ejecutivo desde el 2014.
Dicho en otras palabras, en la actualidad, emprenderla públicamente contra los migrantes nicaragüenses; o bien, contra la población LGTBI, tal y como ocurrió durante la última campaña electoral en Costa Rica en la que el derecho internacional fue tema de álgidos debates (Nota 1); o bien contra la población indígena, afrodescendiente, o contra portadores del VIH-SIDA o contra algún otro grupo objeto de algún tipo de discriminación, ya sea en declaraciones públicas o ya sea en redes sociales, no se considera como un delito penal en Costa Rica. Como sí lo es en otros Estados, en los que la instigación al odio y a la intolerancia es considerada como un delito y es sancionada penalmente como tal.
Es también muy probable que la misma convocatoria a una marcha como la organizada en el Parque de la Merced este 18 de agosto tampoco sea sancionada, salvo en lo que refiere a la portación de armas blancas y a la preparación de bombas caseras artesanales decomisadas por la policía costarricense.
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
El derecho penal como herramienta de prevención ante las diversas formas de intolerancia
El tipificar como delito en el código penal una conducta social reprochable tiene un efecto preventivo. Mantener un código penal en el que persiste un preocupante vacío con relación a la discriminación, el racismo y la xenofobia, es tolerar expresiones de intolerancia y de odio como las que se oyeron este 18 de agosto sin poder jurídicamente sancionarlas.
Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos órganos de Naciones Unidas, y ello desde varios años: su tipificación como delito penal es generalmente recomendado por estas entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminación y de cómo prevenirla.
Así por ejemplo, encontramos en la legislación penal de Uruguay, el siguiente artículo: “TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I
Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)
El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión”.
ARTÍCULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión”.
De igual forma, una reforma legislativa (véase texto) fue aprobada y firmada por la Presidenta Bachelet en setiembre del 2017 en Chile (véase nota de prensa).
De varias advertencias pasadas hechas a Costa Rica: «Estado… ¿dónde estás?»
En el 2016, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había señalado en sus observaciones al Informe de Costa Rica que: “10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, racismo o xenofobia, mediante recursos judiciales eficaces y adecuados”.
Habíamos tenido la oportunidad de escribir con respecto a estas observaciones que:
«En esta materia, pese a innumerables casos de humillaciones y vejámenes sufridos por los integrantes de las poblaciones señaladas por el Comité, el Estado costarricense no ha desarrollado mayormente su legislación, incluyendo la penal, con lo cual actos que podrían calificar en otros Estados como crimen de odio, instigación al odio, a la discriminación o a la xenofobia no encuentran eco alguno en materia represiva»
(véase nota nuestra titulada «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes», publicada en Derechoaldia, edición del 10/04/2016).
En el marco de estas mismas reflexiones, nos permitimos señalar que:
«En el caso específico de la población nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su decisión (ver texto completo) sobre el caso de Natividad Canda Mairena (nicaragüense, destrozado por dos perros Rottweiler, en noviembre del 2005, en la Lima de Cartago, ante la mirada de bomberos, transeúntes, camarógrafos y personeros de fuerzas policiales) había advertido en el 2007 que: “Los Estados que, como Costa Rica, tienen bajo su jurisdicción a una elevada cantidad de inmigrantes no pueden dejar de tomar en consideración que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos. Esta vulnerabilidad es aún mayor cuando un Estado acoge en su territorio a un alto número de ciudadanos de otro Estado, pues a menudo se genera en la población del Estado receptor una predisposición negativa hacia la población inmigrante. Esa predisposición negativa frecuentemente está acompañada de estigmatización social y, aunque manifestaciones de xenofobia o discriminación pueden estar latentes en toda sociedad, la población migrante es especialmente vulnerable a estas manifestaciones” (párrafo 293). En esta decisión del 2007, la Comisión rechazó la solicitud de Nicaragua al no haberse agotado los recursos internos en Costa Rica. Luego de varios años de procedimientos, en octubre del 2012, fueron absueltos todos los integrantes de las fuerzas de seguridad por los tribunales costarricenses (ver nota de La Nación)».
Devolviéndonos un momento a la idea que el desconocimiento del «otro» constituye una raíz muy fértil para la xenofobia, nos podemos preguntar: ¿Qué conocen de la cultura nicaragüense en el 2018 los colegiales costarricenses que desconocían antes del caso Canda del 2005/2007? ¿Qué ha hecho el Estado costarricense desde el 2005/2007 para proporcionar espacios en las aulas de sus colegios en aras de prevenir actitudes xenófobas de sus colegiales mediante el acercamiento a la cultura de estudiantes oriundos de Nicaragua?
Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, se podría pensar que han pasado muchos años desde el caso de Natividad Canda, sin que se haya procedido a implementar políticas efectivas para prevenir la xenofobia contra los migrantes nicaragüenses en Costa Rica (Nota 2).
Con relación a las poblaciones indígenas y afrodescendientes que sufren muy a menudo humillaciones y vejaciones de todo tipo en Costa Rica, desde 1999, el Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación (CERD) de Naciones Unidas había externado a Costa Rica lo siguiente:
«14. El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas legislativas pertinentes para procurar que los artículos 2 y 4 de la Convención se reflejen plenamente en el derecho nacional. En particular, el Comité destaca la importancia de prohibir y castigar adecuadamente los actos de segregación y discriminación racial, tanto si son cometidos por particulares como por asociaciones.
Se recomienda también que el Estado Parte intensifique sus medidas orientadas a prevenir y perseguir todo acto o manifestación de discriminación racial o xenofobia, incluidos los actos de violencia contra las personas pertenecientes a minorías étnicas y nacionales»
(véase observaciones hechas a Costa Rica en 1999, página 190, de este muy útil compendio que a la fecha no han encontrado eco alguno en la legislación penal costarricense).
En el 2015, el mismo CERD externó a Costa Rica que:
«14. El Comité recomienda priorizar en la agenda legislativa las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas para su urgente discusión y adopción, en consulta con dichos pueblos, para contar con un marco legal adecuado en materia de lucha contra la discriminación racial»
En estas mismas observaciones hechas a Costa Rica (y pocamente difundidas), los integrantes del CERD señalaron a las autoridades que:
«Tipificación de delitos discriminación racial 19. El Comité constata con preocupación que, a pesar de sus recomendaciones anteriores, no se modificó la legislación sobre los delitos de discriminación racial, la cual sigue siendo considerada en Costa Rica una infracción menor castigada con una multa (art. 4).
El Comité reitera su recomendación al Estado parte (A/62/18, párr. 299) de enmendar su legislación penal de tal manera que sea compatible con la Convención a la luz de sus Recomendación general Nº 35 (2013) relativa a la lucha contra el discurso de odio racista, elevando la sanción de las conductas delictivas de manera proporcional a la gravedad de los hechos. El Comité también recomienda al Estado parte incluir en su legislación penal un agravante por motivos de discriminación racial».
A modo de conclusión
Más allá de la muy limitada divulgación que se hace en Costa Rica de las observaciones de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas a Costa Rica, no cabe duda que desatenderlas comparecencia tras comparecencia en Ginebra no resuelve mayormente el problema: el cual tiende, como muchos de los problemas en materia de derechos humanos, a agravarse con el tiempo.
Tal y como tuvimos la oportunidad de concluir un análisis a las observaciones hechas desde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Costa Rica en el 2016.
«No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años» (Nota 3).
Con relación a la imagen de una sociedad pacífica que acepta las diferencias, en los últimos tiempos, varios analistas han detectado que la sociedad costarricense ya no es tan tolerante como otrora (Nota 4).
Si bien las autoridades del Estado han calificado la marcha de este 18 de agosto del 2018 como «contraria a la idiosincrasia costarricense», el derecho internacional de los derechos humanos invita desde ya hace (muchos) años a los Estados a revisar su legislación penal, en aras de incorporar una útil herramienta jurídica, bajo la figura del «delito de odio o de incitación al odio».
Nótese que en diciembre del 2016, Costa Rica ratificó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de Intolerancia (véase estado oficial de ratificación), cuyo artículo 4 – el primero del capítulo «Deberes del Estado» – podría interesar a muchas entidades en Costa Rica que luchan por erradicar conductas sociales repudiables como las que se manifestaron este 18 de agosto en San José (véase texto completo).
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Notas:
Nota 1: véase con respecto a esta atípica campaña vivida en Costa Rica nuestro breve análisis: BOEGLIN N.,»Costa Rica y el derecho internacional: una aclaración en medio de una campaña convulsa», febrero del 2018, publicado en DerechoalDia y disponible en este enlace.
Nota 2: véase al respecto un muy interesante análisis: BARRANTES CECILIANO A., “Caso Natividad Canda: pendientes de Costa Rica para sanar resabios de xenofobia“, publicado en el 2016 en DerechoalDia, disponible en este enlace.
Nota 3: véase BOEGLIN N., «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes», publicado en el sitio de Derechoaldia en abril del 2016, disponible en este enlace.
Nota 4: entre muchos análisis, se recomienda esta emisión radial del programa Hablando Claro de Vilma Ibarra (Radio Columbia) de enero del 2018 con los sociólogos Montserrat Sagot y Carlos Sandoval (disponible en este enlace).
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
Nicolás Boeglin Naumovic
Profesor de Derecho Internacional, Universidad de Costa Rica
Las Jornadas 2018 Prosic-UCR abordaron la actualidad nacional en materia de ciberdelitos
Las compras por Internet incrementaron en los últimos años. Esto ha agilizado el servicio para los proveedores y los usuarios, pero también genera mayores retos en términos de ciberseguridad para ambas partes. Foto: Anel Kenjekeeva.
Publicar fotos personales y familiares, conversar con amistades fuera del país por medio de teléfonos inteligentes, hacer compras en línea, sacar dinero de los cajeros automáticos, realizar trámites bancarios, solicitar transporte o comida a domicilio son acciones que realizan millones de personas diariamente. Sin embargo, todas y cada una de ellas requiere de la toma de medidas de seguridad para evitar los llamados ciberdelitos.
La responsabilidad de evitar los delitos en Internet no solo le corresponde a los proveedores de productos o servicios, sino también a los usuarios, quienes deben tener cuidado al publicar o brindar datos, que eventualmente pudieran ser utilizados por otras personas para cometer crímenes informáticos.
Esta fue una de las llamadas de atención hechas en las Jornadas 2018 sobre Ciberseguridad, del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica (Prosic-UCR), realizadas durante los días 27 y 28 de agosto.
“Estamos fascinados, estamos muy contentos de tener en nuestros celulares, en nuestros dispositivos, todo en la mano. Tenemos un celular que conecta remotamente, tenemos los bancos, tenemos los videojuegos, tenemos todas las páginas, tenemos bibliotecas. Estamos muy hipnotizados con el Internet, pero, nos hemos olvidado de darles medidas de seguridad a nuestros hijos, a nosotros mismos. Ahí es donde vienen los problemas que nos han afectado y han influenciado nuevos crímenes, y los delitos que vemos en la Institución, los cuales nos llevan a nosotros a realizar investigaciones”, expresó Federico Vásquez Campos, de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Lamentablemente, uno de los delitos que más crece en los últimos años es el de pornografía infantil por vía dispositivos conectados a Internet. En este caso, el OIJ se enfrenta a diversas modalidades como la tenencia, producción, difusión, corrupción, seducción o encuentros con menores por medios electrónicos, informó Vásquez. En ese sentido, en el 2014 se investigaron 36 casos, mientras que en 2015 fueron 68. Y en adelante el promedio es de más de 40 casos por año, en los cuales se logra encontrar prueba; pero, se reportan muchas más situaciones en las que se investiga pero no se consigue recopilar los indicios necesarios para una acusación formal.
Otros delitos que se cometen por estos medios son la estafa informática, la extorsión, la violación de correspondencia o comunicaciones, la suplantación de identidad, la violación de datos personales, la clonación de tarjetas. El Organismo ha concluido que muchos de los crímenes podrían evitarse, al establecer medidas como tener mayor vigilancia sobre los menores de edad, no brindar datos sensibles a extraños, tener cuidado con lo que se publica en redes sociales, vigilar las tarjetas de débito o crédito, tener cuidado al visitar cajeros automáticos y similares.
Costa Rica a la vanguardia en materia legal
A pesar del aumento de la ciberdelincuencia, Óscar Serrano, fiscal de juicio y miembro de la Comisión de Derecho Informático, del Colegio de Abogados, considera que en Costa Rica se cuenta con una legislación robusta para hacer frente a este tipo de delitos, lo cual, incluso, según su criterio, pone al país a la vanguardia en este campo.
En ese sentido, el país es parte del Convenio de Budapest y del Convenio de Nassau, cuenta con la Ley de Delitos Informáticos del 2012, reformada en el 2013, y ya desde 1995 incluye en diferentes leyes de los ámbitos tributarios, de aduanas y de administración financiera, aspectos relacionados con estos temas.
Igualmente, se cuenta con cooperación internacional en el campo de la ciberdelincuencia de organizaciones como la Interpol, organizaciones especializadas en España, Colombia, República Dominicana y del FBI de los Estados Unidos, según reporta Vásquez.
Servicios financieros en el medio digital
La competencia internacional y las necesidades de los clientes hace que cada vez se brinden más productos y servicios por vía Internet y a través de distintos dispositivos como computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes y otros, que le brindan a los usuarios una mayor facilidad y rapidez para hacer compras, trámites, obtener servicios y otros.
Esta tendencia no es ajena al sector bancario y más bien la gama de servicios que se brindan por Internet aumenta cada día, generando tanto en las entidades financieras, como en los usuarios una gran responsabilidad en el manejo de los datos que se acceden por los diferentes canales, sean cuentas bancarias, cajeros automáticos o tarjetas de crédito.
Para Roberto Valerio, jefe de Seguridad de la Información del Banco Nacional, existe una gran presión de la banca externa a la banca nacional, que se ve obligada a desarrollar productos y servicios en línea. “O te conviertes en un banco digital o estás fuera”, expresa.
Empero, no solo la competencia aligera estos procesos sino también las necesidades de los clientes que, según Valerio, “quieren poder ser capaces de realizar cualquier transacción, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Ojalá sea un dispositivo móvil, ojalá sea desde la computadora, pero primero desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, en un tiempo mínimo. Es decir que sea rápido, además, yo no quiero tener ningún tema de back office, yo no quiero que me atiendan por un canal digital y luego tener que ir al banco a finalizar un proceso”.
Todo ello llama la atención a las entidades financieras sobre las medidas de seguridad que deben brindar a sus clientes en los servicios y productos que les ofrecen por Internet. Esto toma mayor relevancia si se toma en cuenta que de acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, del 2017, los ciberataques afectaron a personas en un trillón de dólares.
En el ámbito financiero, todos los procesos se están moviendo hacia las plataformas digitales, “es una transformación del negocio a la parte digital”, dice Valerio, quien considera que ello va a generar mucho más volumen, mayor tráfico y más transacciones no solo dentro del mismo banco sino en relación con el Banco Central y otras entidades financieras del país, a través de Sinpe. Esto hace que la superficie de ataque se amplíe, lo cual implica nuevos riesgos que no estaban contemplados cuando el servicio se brindaba en las propias oficinas.
Aparte de ello, se debe considerar si los clientes están preparados para poder afrontar este cambio vertiginoso que va del servicio en ventanilla al ofrecido en línea a través de dispositivos móviles o fijos.
Ante ello, las instituciones bancarias recomiendan a sus clientes no brindar ningún tipo de información personal por vía telefónica, fijarse que en los cajeros automáticos no haya objetos extraños en la ranura donde se inserta la tarjeta, y en el caso del pago en comercios con tarjetas de débito y crédito no perderlas de vista, sino levantarse e ir a ver dónde se hace la transacción de pago.
Otras medidas que pueden tomar los usuarios de servicios financieros y específicamente de medios de pago, es el uso de tarjetas virtuales o la división del monto de crédito de la tarjeta, en varias tarjetas. También se recomienda revisar siempre los estados de las cuentas, sean estos de ahorro o de crédito, para verificar que no existan cargos erróneos, además de que se puede solicitar a los bancos la activación de alertas, de modo que les avisen cada vez que se use alguno de estos dispositivos de pago.
Para los bancos, el llamado es a efectuar análisis de riesgo y diseño de herramientas, y a realizar pruebas en sus sistemas, para brindar mayor seguridad a los clientes en el desarrollo de sus transacciones.
El actual modelo de universidad pública, autónoma, democrática y humanista está en riesgo
La conferencia inaugural del Primer Foro Institucional 2018 estuvo a cargo del actual director de la Escuela de Estudios Generales, el Dr. Gustavo Adolfo Soto Valverde, quien trató de evidenciar el sello humanista con el que la UCR marca su quehacer.
En su conferencia “La visión y el quehacer humanista e integral de la Universidad de Costa Rica”, el académico advirtió que el extraordinario impacto de la Universidad en la vida nacional ––al cual hizo referencia el rector Henning Jensen Pennington en sus palabras de apertura– no hubiera sido ni sería sin el contenido ideológico y doctrinal que la Institución defiende.
“Somos la UCR, pública, autónoma, democrática y humanista”, dijo, y así señaló cuatro pilares que hasta la fecha sostienen el derecho a la educación superior para todos los ciudadanos, la excelencia académica y la transparencia de su gestión.
Según los académicos, es fundamental que los gremios se conozcan entre sí para agilizar el alcance de los objetivos
La transdisciplinariedad se conoce como la habilidad de trabajar un tema desde distintas áreas. Foto: Karla Richmond.
La necesidad de que estudiantes de distintas disciplinas se desarrollen en equipos de trabajo fue uno de los puntos clave de discusión en el III Encuentro Académico de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En esta oportunidad, docentes de diferentes facultades coincidieron en el objetivo de lograr una mayor convergencia entre los futuros profesionales, lo cual ahorraría meses de capacitación o “de prueba”, una vez que se inserten en el mercado laboral.
Una de las principales razones por las que se prioriza este tipo de procesos, para los ya graduados, es que desde su formación académica, no se dio un involucramiento provechoso con personas de otras áreas.
“Tenemos una desconexión entre lo que estamos ofreciendo en la Universidad, con lo que se está necesitando en el mercado laboral. Como docentes, debemos descubrir nuestras necesidades comunes a fin de lograr una mayor integración en los estudiantes”, comentó el decano de la Facultad de Ciencias, el Dr. Javier Trejos.
“Algo tan simple como conocer las jergas de otros gremios, puede ahorrar tiempo y agilizar el trabajo”, comentó el Dr. Javier Trejos Zelaya, en su charla de apertura del encuentro académico. Foto: Karla Richmond.
Un ejemplo es la RedIC-UCR, un programa en el que el Dr. Trejos ha estado involucrado y que ha logrado incentivar a profesores de diferentes unidades académicas a que organicen sus mallas curriculares. Esto ha permitido evaluar un mismo trabajo en cursos de distintas carreras.
“Una profesora de la carrera de Farmacia, en una reunión, dijo que ella tenía un problema con sus estudiantes, pues el 80% de sus alumnos terminan en el sector comercial. Sin embargo, a ellos no se les enseña a vender. Fue ahí cuando una profesora de Dirección de Empresas dijo que ella necesitaba casos reales para sus estudiantes de Mercadeo”, señaló.
Como resultado, las docentes reunieron a sus estudiantes durante un semestre y crearon una estrategia de ventas para medicamentos específicos. Al presentar los resultados al final de ese periodo lectivo, otra docente expresó tener un problema similar. Ella enseñaba en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y necesitaba casos reales para su curso en Publicidad.
“Al siguiente semestre ya eran estudiantes de tres facultades distintas y el resultado fue aún mejor. Los jóvenes no solo sabían cómo vender, sino que también elaboraban una campaña publicitaria”, afirmó el decano.
El Dr. Trejos insiste en que es necesario crear espacios en los que la gente interactúe para que nazcan ideas nuevas. La UCR ya ha dado sus primeros pasos con programas como RedIC-UCR, Ucrea o Edomit, para que los docentes quieran tomar la iniciativa de la transdisciplinariedad.
En este encuentro se realizaron actividades teórico-prácticas entre el personal docente, administrativo y estudiantes de las distintas carreras de la Facultad de Medicina, además de dar a conocer el quehacer académico.
Transdisciplinariedad más allá de las aulas
Algunas de las oportunidades transdisciplinarias han sido los proyectos de extensión docente y de unidades de investigación. Aquí los profesores y estudiantes de distintas escuelas colaboran entre sí. El Centro de Investigación en Neurociencias (CIN) de la Facultad de Medicina no es la excepción.
Desde su origen, en 1999, el CIN-UCR ha tenido 196 asistentes de 24 carreras, en las que se destacan Psicología, Biología y Medicina. En estos años se han realizado 67 proyectos y 91 publicaciones científicas.
“Hay que romper las barreras que tenemos entre facultades cuando se trabaja en la academia, en la investigación o en la acción social, porque tenemos que conocernos y saber cómo entendernos con nuestros colegas. Tenemos que olvidar los problemas personales. No trabajar con los que me caen bien, sino con los mejores profesionales”, expresó el Dr. Jaime Fornaguera, fundador del CIN-UCR.
Por otro lado, el rector de la UCR, el Dr. Henning Jensen Pennington, retomó la importancia de este encuentro como espacio de compartir historias al investigar y enseñar.
“Tener estos espacios de discusión y reflexión, para el intercambio de ideas sobre el quehacer de esta Facultad, es la mejor manera de entender el trabajo y progreso de los demás en sus múltiples facetas”, señaló el Dr. Jensen.
El rector, nacido en El Salvador, de padre inmigrante danés y madre guatemalteca, hizo un llamado a parar la xenofobia que se ha manifestado en las redes sociales y en las calles del país en las últimas semanas.
El rector de la UCR, el Dr. Henning Jensen Pennington, insta a crear espacios de integración para poder trabajar entre profesionales de varias disciplinas. Foto: Karla Richmond.
“Mi familia y yo llegamos Costa Rica cuando tenía menos de 12 años. Nos dedicamos a la agricultura, al derecho y a la educación. Encontramos aquí una tierra hospitalaria y todos nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de vivir en esta tierra y ser costarricenses. Orgullosamente decimos somos inmigrantes. Digamos no a la xenofobia”, finalizó.
El III Encuentro Académico de Medicina tuvo lugar en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación, los días 21, 22 y 23 de agosto. Para esta edición se presentaron ponencias de las escuelas de Nutrición, Medicina, Enfermería, del Centro de Investigación de Neurociencias (CIN) y del Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa).
El Primer Foro Institucional 2018 de la Universidad de Costa Rica, «UNIVERSIDAD DE COSTA RICA: SU VISIÓN Y QUEHACER INTEGRAL, HUMANISTA Y UNIVERSAL, PARA ENTENDER, ORIENTAR Y ATENDER LOS RETOS DE UNA SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN», se celebrará los días 27, 28,29 y 30 de agosto, en las instalaciones de la Plaza de la Autonomía, Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica.
Como actividad de clausura la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un concierto el jueves 30 de agosto, entre las 7:00 p.m. y las 8:30 p.m., en el Aula Magna de la Plaza de la Autonomía, abierto al público, sin costo alguno, excepto el requisito de inscribirse mediante el formulario de inscripción.
Oficinas de la Junta de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica en la Sede Rodrigo Facio Brenes. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Con respecto a la publicación titulada “UCR no paga impuestos por ¢29 900 millones: mediante entidad financiera privada”, de este 24 de agosto del 2018, la Universidad de Costa Rica le recuerda al medio y al periodista Sergio Jiménez su deber de ejercer la profesión periodística presentando información veraz y confiable.
La Universidad alerta a los lectores del medio y aclara que La Extra miente al señalar que la Universidad «omitió» en el pago de impuestos correspondientes a los fondos que administra la Junta de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica (Jafap), ya que esta no puede omitir ese pago debido a que en la actualidad ninguna ley le exige esa contribución.
Igualmente, es necesario evidenciar que la misma nota aclara, líneas más abajo, que no existe ningún tipo de obligación impositiva en la actualidad para la Junta. Es claro, que el medio y el periodista tratan de confundir a sus lectores haciendo parecer ilegal un acto que no lo es.
La Universidad de Costa Rica, desde su fundación en 1941 y declarada Benemérita de la Patria en el 2001, tiene como único objetivo responder a los más altos intereses de Costa Rica, protegiendo y guiando con conocimiento el bienestar de las mayorías.
Con ese objetivo, la UCR le recuerda a los medios de comunicación que su labor esencial es brindar a la sociedad costarricense información veraz y confiable sobre el acontecer nacional, con estricto apego a la ética, profesionalismo, imparcialidad y responsabilidad.
Este llamado que se transformó en un pronunciamiento formal del Consejo Universitario surge de la preocupación por las constantes noticias vinculadas con el quehacer de la UCR, que se han publicado en las últimas semanas en diversos medios, en el marco del análisis del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y a la luz de la firma del Convenio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El Consejo Universitario considera que dichas informaciones contienen datos sesgados que pretenden demeritar la labor de las universidades públicas y que, además, de manera irresponsable, por medio de argumentos falaces, buscan desacreditar la organización y el trabajo de las instituciones de educación superior estatal.
La Junta UCR es propiedad de los funcionarios de la Universidad de Costa Rica, cerrada a ellos, quienes confían en esta organización para administrar sus ahorros obligatorios.
La Universidad de Costa Rica (UCR) respeta y protege la dignidad de todas las personas, por tanto, inició una campaña que pretende unir a toda la comunidad universitaria en contra de cualquier hecho de acoso dentro de la institución.
«UCR libre de acoso sexual» es la campaña que lanzó la institución para visibilizar la problemática del hostigamiento e instar a las víctimas a denunciar. Foto: Anel Kenjekeeva.
“UCR libre de acoso sexual” es el nombre del proyecto, este tiene como objetivo principal empoderar a las víctimas y promover el proceso de denuncia ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual.
La iniciativa intenta visibilizar la problemática y que las personas de la comunidad universitaria que están siendo víctimas de este tipo de violencia se sientan respaldadas por la Universidad, conozcan la normativa y los mecanismos para denunciar ante el ente respectivo.
La campaña generó materiales de sensibilización con la frase “Que el miedo no me calle”, por medio de los cuales se dan a conocer algunas situaciones de acoso sexual y se posiciona el número de teléfono de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, donde se deben presentar las denuncias formales.
La Dra. Montserrat Sagot, directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), recalcó la importancia de que se esté haciendo un esfuerzo por visibilizar la problemática y la necesidad de que el apoyo sea sólido desde la administración.
Por su parte, el Dr. Henning Jensen, rector de la UCR, indicó que “para reforzar esta labor, estamos lanzando esta campaña de comunicación, pues queremos que la UCR sea un espacio libre de acoso sexual y con esto pretendemos incentivar los procesos de denuncia, con el fin de que cada caso sea documentado y sancionado. Queremos que las personas que están viviendo algún hecho de acoso sepan que contarán con todo el apoyo, pues el hostigamiento es una conducta inaceptable que hay que erradicar de nuestra Universidad”.
En las redes sociales circulará el Manual para identificar a un acosador, un compendio de frases típicas que dicen o escriben las personas acosadoras y cuya viralización pretende fomentar el debate, el intercambio de experiencias y evitar que se normalicen dentro de las aulas.
La campaña se presentó oficialmente durante una conferencia en la que participaron Montserrat Sagot, directora del CIEM; Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer; Marlen León, vicerrectora de Docencia, y Teresita Ramellini, coordinadora de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual. Foto: Anel Kenjekeeva.
La Dra. Marlen León, vicerrectora de Docencia, expresó que el objetivo principal es empoderar a las víctimas y promover el proceso de denuncia ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual.
«Necesitamos que la comunidad universitaria, en especial la mujeres, quienes son la población que más sufre esta violencia, se sienta respaldada por la Universidad, que sepa que existe la normativa y los mecanismos para denunciar», señaló León.
Además, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) está realizando “pegatones” en todas las sedes y recintos de la UCR, en los que se reparte información acerca del proceso de denuncia y se colocan junto con el estudiantado los materiales gráficos de la campaña.
Estos pegatones ya se realizaron en Guanacaste, Santa Cruz, San Ramón, Tacares, Limón y en la finca 2 de la Sede Rodrigo Facio.
Como parte de la presentación de la campaña se contó con la presencia de la M. Sc. Patricia Mora, Ministra de la Condición de la Mujer, quien mencionó la necesidad de articular esfuerzos interinstitucionales para combatir la violencia en contra de las mujeres, al amparo del decreto de emergencia que firmó el Gobierno en días pasados.
La institución reitera el llamado para formalizar las denuncias
Desde 1997, esta casa de estudios cuenta con un Reglamentoen contra del hostigamiento sexual, en cumplimiento de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (Ley N°7476), que garantiza un clima académico fundamentado en los principios constitucionales de respeto a la libertad, trabajo, igualdad, equidad y respeto mutuo.
Dicho reglamento establece el procedimiento formal para presentar denuncias contra docentes, administrativos y estudiantes, las cuales son canalizadas por la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, instancia que además asesora al denunciante sobre el proceso de investigación, sus derechos y obligaciones.
El material gráfico e informativo de la campaña se está llevando a las sedes regionales y en los próximos días se colocará en la sede Rodrigo Facio. Foto: Anel Kenjekeeva.
Según detalló la M. Sc. Teresita Ramellini, coordinadora de la Comisión, para formalizar la denuncia, la víctima debe presentar de forma escrita un detalle de las situaciones desagradables que ha experimentado y la forma en que tales acontecimientos le han hecho sentir, sin calificarlos o no como una forma de hostigamiento.
El documento debe ser firmado por la víctima para que pueda considerarse como una denuncia formal y es deseable presentar pruebas directas de los acontecimientos descritos, aunque en algunos casos existirán solo pruebas indiciarias como el testimonial de terceras personas.
En este sentido, Ramellini fue enfática en instar a las personas víctimas de acoso a presentar la denuncia formal, pues sin esta la Universidad no puede actuar.
A partir de la formalización de la denuncia, la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual creará una Comisión Instructora que estudiará cada caso en específico, comunicará la situación al denunciado y generará espacios de audiencia, tanto con las partes involucradas como con los eventuales testigos.
La Comisión Instructora valorará la situación para dar lugar a un dictamen del caso, que de considerar culpable a la persona denunciada definirá el tipo de falta en la que ha incurrido, ya sea leve, grave y muy grave. Las sanciones van desde una amonestación escrita, la suspensión como estudiante o funcionario y hasta el despido sin responsabilidad patronal.
La víctima puede solicitar medidas cautelares durante el proceso de la investigación para evitar el contacto con el presunto hostigador y tal como lo establece la ley, se ofrece absoluta confidencialidad de la información, tanto de la víctima como del denunciado e incluso, respecto a la sede o recinto donde se presentaron los hechos.
Junto a la labor de la Comisión, trabaja el Equipo Interdisciplinario contra el Hostigamiento Sexual del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), el cual cuenta con profesionales en las áreas de psicología y derecho que ofrecen asesoría y acompañamiento a las víctimas.
Durante el año 2016, la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual recibió 12 denuncias formales, cifra que incrementó en el 2017 a 14 casos. En lo que va del 2018 se reportan seis denuncias, cinco de las cuales fueron presentadas por mujeres en condición de funcionarias o estudiantes.
La institución reitera el llamado para que los estudiantes, docentes o funcionarios que experimentan situaciones de hostigamiento sexual realicen una denuncia formal, pues las quejas en espacios públicos, redes sociales o las denuncias sin firma carecen de validez para iniciar un proceso de investigación y sanción.
La exoneración de impuestos a la compra de bienes y servicios para las universidades públicas fue rechazada
Esta es la Comisión Especial de Reforma Fiscal, precedida por don Welmer Ramos González de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Desde las 9:00 de la mañana de este jueves, los rectores de cuatro universidades públicas se reunieron en la Asamblea Legislativa con asesores de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, y el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, con el fin de conversar sobre posibles acciones que permitan proteger los presupuestos provenientes de leyes específicas.
Los fondos de leyes específicas actualmente proporcionan un aporte vital que impulsa la educación superior a nivel nacional, pues permiten recibir ingresos que son destinados, prioritariamente, al funcionamiento de sedes regionales, así como instruir nuevos profesionales en diversas localidades del país.
Tan solo en la UCR, dichos fondos han incentivado la investigación, promovido el desarrollo y el crecimiento del país, la transferencia tecnológica al sector productivo e, incluso, las tareas de análisis de la red vial del país que lleva a cabo el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR); todo esto, sin dejar de lado el trabajo con las comunidades y los grupos vulnerables que se benefician con actividades de acción social y de extensión docente.
En el encuentro participaron los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Henning Jensen Pennington; del Tecnológico de Costa Rica, el Dr. Julio Calvo Alvarado; de la Universidad Nacional (UNA), el Dr. Alberto Salom, y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el M. Sc. Luis Guillermo Carpio Malavasi.
De acuerdo con el rector de la UCR, es necesario tener claro que las leyes relacionadas con fondos específicos son rentas adicionales, incorporadas dentro del presupuesto universitario, actualmente amparadas por la Constitución Política y que no deben ser afectadas.
“La Constitución Política establece que las rentas de las universidades públicas no pueden ser disminuidas.Entonces, lo que nosotros hemos enfatizado en la reunión de hoy es que, si hay un cambio en las leyes, no debe haber una disminución de esas rentas y, por lo tanto, debe existir una garantía que asegure que no va a darse esa reducción”, afirmó el Dr. Jensen.
Se tiene planeado que la adenda se redacte en horas de la tarde y esté dentro del acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). En el documento se buscará proteger los fondos específicos, los cuales actualmente no se encuentra explícita en el expediente 20 580: “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
Para aprobarlos intervendrá la Comisión de Enlace, ente integrado por representantes del gobierno y del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
“Hemos aclarado, de una manera absolutamente contundente, que estas rentas adicionales propias de las universidades no pueden ser disminuidas y que tampoco deben ser consideradas como parte del FEES. Una cosa es el FEES y otra son las rentas que las universidades públicas perciben por otras leyes que no pueden ser debilitadas según el texto constitucional”, enfatizó el rector.
Otro tema de inequidad es el 2% impuesto a la compra de bienes y servicios por parte de las universidades. El miércoles 22 de agosto, la moción de exoneración para las universidades públicas presentada por el diputado José María Villalta fue rechazada.
Para las universidades públicas, lo anterior significaría una reducción del presupuesto universitario dentro del cual está el FEES. Ante eso los rectores acordaron hacer una presupuestación anticipada, esta se presentaría con el presupuesto institucional pero, en este caso, sin considerar el FEES. El objetivo es fortalecer las finanzas de las instituciones.
Ante el nuevo panorama, momento en que la Comisión Especial de Reforma Fiscal tiene que votar 873 mociones que proponen cambios sustitutivos, la ministra de Hacienda destacó que será necesario pensar si “tiene sentido seguir con un texto que se está drenando o valorar otra opción. La responsabilidad del Poder Ejecutivo es resolver el problema fiscal y controlar la evasión”, manifestó.
