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Investigadoras UNA habían alertado al MINAE sobre visitantes en Manuel Antonio

En marzo anterior, la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa invitó a las académicas Laura Porras Murillo y Grace Wong Reyes, académicas e investigadoras del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional, (Icomvis-UNA), a dar su opinión sobre el proyecto de ley “Reforma de los párrafos primero y segundo del artículo tercero de la ley 9885, de 24 de agosto 2020, ley que reforma la ley 5100, de 15 de noviembre de 1972, y sus reformas, Parque Recreativo Playas de Manuel Antonio, Expediente N.° 22.734”, ya que ellas realizan investigación en el parque en mención.

Debido a su preocupación por esta propuesta de ley y otros aspectos relacionados a la conservación de los recursos naturales en el parque, también se reunieron el 14 de marzo de 2023 con el señor Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía (Minae) para expresar sus preocupaciones tanto en forma verbal como escriba, sobre estos aspectos. A continuación, el oficio enviado a Tattenbach:

14 de marzo de 2023
UNA-EXT-ICOMVIS-OFIC-036-2023

Señor
Franz Tattenbach Capra
Ministro de Ambiente y Energía

Estimado señor:

Reciban un cordial saludo. Este oficio tiene como propósito expresarle nuestra preocupación por las presiones a las que está sometido o potencialmente pueden darse en el Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA): a nivel externo el proyecto de ley que pretende modificar dos artículos de la ley de creación del parque y a nivel incluye interno, aspectos relacionados con el estado de conservación de los recursos naturales que se resguardan en esa área protegida, ambos niveles están relacionados. A la vez planteamos algunas sugerencias para abordar estos temas.

En primera instancia, nos preocupa las consecuencias que potencialmente pueda causar en el parque la aprobación del proyecto de ley “Reforma de los párrafos primero y segundo del artículo tercero de la ley 9885, de 24 de agosto 2020, ley que reforma la ley 5100, de 15 de noviembre de 1972, y sus reformas, Parque Recreativo Playas de Manuel Antonio, Expediente N.° 22.734”. Leímos el proyecto de ley y es alarmante que el mismo parte de la premisa de que no existe sustento técnico que respalde algunas decisiones que se han tomado sobre la gestión del parque, específicamente: en cuanto a los días habilitados para ingreso de los visitantes y el horario. La aseveración de que no existe sustento técnico se aleja de la verdad, ya que en el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional, hemos generado investigación sobre las especies de fauna silvestre que tienen interacciones con los humanos y turistas en el Parque Nacional Manuel Antonio desde el año 1990 y más permanentemente desde el 2012 y los resultados de esas investigaciones han sido circulados a nivel de MINAE, SINAC, ACOPAC y administración del parque.

Hemos logrado identificar que, a mayor visitación mayor número de interacciones negativas se presentan entre el ser humano y fauna en el parque, ya que los visitantes ingresan con alimentos para su consumo y hasta finales del 2022, la comida que podían adquirir en la soda que estaba concesionada dentro del parque. Ahora y hasta que se asigna la concesión de la soda, habrá más conflictos porque los turistas pueden llevar sus alimentos al parque. En los primeros meses de este año, ya se han reportado un incremento en los conflictos por la comida que llevan los turistas. Nos preguntamos, ¿Qué va a suceder si se aprueba la ley y el sistema de flujo de visitantes (sale uno ingresa otro) deje sin límite el ingreso de turistas? Ese escenario no solo predice una situación difícil de manejar para la administración del parque, por la cantidad de afectaciones que va a sufrir la fauna silvestre, sino que también por la capacidad física de los mismos senderos y de la infraestructura turística.

El proyecto de ley menciona erróneamente la falta de sustento técnico para restringir la cantidad de visitantes y el cierre de un día a la semana, pero tampoco presenta un estudio o un sustento técnico que justifique el incremento en el número de visitantes al parque. Cabe recordar que el parque pasó de recibir máximo 800 visitantes por día hace diez años y actualmente recibe 3000 diariamente.

Somos conscientes que los ingresos que se generan en esa área protegida son de suma importancia para el SINAC, así como para el sector turismo y para el país. Sin embargo, consideramos que este último componente no debería de sobreponerse al objetivo de conservación de la vida silvestre que habita en el PNMA y que a fin de cuentas es el recurso que promueve toda la actividad turística que se genera en el parque y en la zona de Quepos.

Los resultados obtenidos han servido como justificación científica para algunas de las decisiones de manejo que han sido tomado por la administración del parque, incluyendo la prohibición para acampar dentro del parque, el cierre de un día a la semana (actualmente martes), la restricción en el ingreso de alimentos, y el no aumento de la capacidad de carga. Todas estas medidas con el propósito de resguardar los recursos naturales que deben protegerse en un área silvestre protegida como lo es el Parque nacional Manuel Antonio.

Los otros temas preocupantes y problemáticos en el Parque Nacional Manuel Antonio son varios, y algunos de los de mayor relevancia relacionados con la conservación de la fauna de esta área protegida son:

  1. Interacciones fauna silvestre-visitantes.

Desde el año 2012 el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (ICOMVIS-UNA) realiza proyectos de investigación tanto dentro del parque como en el área aledaña, con el fin de conocer sobre las interacciones entre humanos y fauna y el estado de la fauna tanto a nivel ecológico como de salud.

Como parte de los resultados obtenidos en estos 10 años de investigación, hemos logrado identificar las principales presiones a las que están siendo sometidas algunas. Las interacciones entre algunas especies de fauna y turistas se han convertido en un problema que afecta tanto a los animales como a la administración de parque, ya que se tienen que dirigir los pocos recursos humanos con lo que cuentan a la vigilancia de turistas, más que a la educación y protección vigilancia de la fauna.

Como lo señalamos anteriormente, la problemática de las interacciones entre fauna silvestre y visitantes se centra en la disponibilidad de alimentos que los animales encuentran en las zonas de mayor concentración de visitantes. Por años ha habido reportes de turistas mordidos por mapaches, monos y garrobos en el área de uso público del parque, esta situación se produce porque los turistas les ofrecen comida a los animales y con el tiempo los animales se han acostumbrado a aprovechar este recurso, inclusive las crías han aprendido a tomar comida de los salveques de los turistas o a sacar del basurero restos de alimentos. Por suerte, ninguna de esas interacciones entre la fauna y los turistas ha pasado a más de un mordisco o un rasguño, ni ha pasado a la transmisión de una enfermedad, pero potencialmente si puede producirse una situación peligrosa, y podría pasar también que algún turista tome acciones legales contra el área por un incidente de este tipo.

De las múltiples interacciones identificadas mediante nuestra investigación, las que tienen relación con la comida son las que se presentan con mayor frecuencia e intensidad, y han causado problemas sobre las poblaciones de mono carablanca y mapache principalmente, quienes han cambiado su comportamiento natural debido a la presencia de alimento de origen humano en su dieta y a la insistencia de los turistas por alimentarlos de forma directa o indirecta.

En repetidas ocasiones le hemos hecho saber a la administración del parque, a las autoridades de ACOPAC, de SINAC, e incluso de los señores ministros de Ambiente que lo han precedido a usted, sobre el problema que genera el ingreso de alimentos al parque, que se ve agravado por el aumento en el ingreso de turistas que se estableció en 2019, en 1700 personas y ahora a partir de este mes incrementaron en 3000 personas por día. Más turistas significa más comida disponible dentro del parque, mayor concentración de personas en áreas específicas del parque (entrada, playas, sendero perezoso) y por ende más interacciones negativas con la fauna.

La prohibición de ingreso de alimentos y la apertura de la soda dentro del parque parecía una buena opción para disminuir el problema que genera la relación turista-comida-fauna. Sin embargo, el hecho de que la soda sea un sitio abierto, totalmente expuesto a la fauna, genera un problema: un punto de concentración de comida y turistas al cual los animales llegan y tratan de ingresar a la soda, inclusive a la cocina, pudiendo generar un problema mayor de salud.

Hace algunos años, cuando se planteó la opción de abrir la soda dentro del parque, hicimos la sugerencia a la administración del parque de construirla dentro de una “gran jaula”, o algo similar, con la idea de que los turistas ingresaran a esa “jaula” a consumir alimentos y salieran sin comida, y de esa forma los animales no tuviesen la oportunidad de entrar al recinto y, por ende, no tuviesen acceso a los alimentos ni a los turistas al momento de comer. Esta idea cobra nuevamente relevancia, ya que el problema ahora es real: los monos carablanca, principalmente, llegan a la soda atraídos por la comida, los turistas continúan ofreciéndoles comida y en los últimos meses hemos podido observar cómo los monos intentan ingresar a la cocina de la soda. Para reducir ese foco de interacciones entre visitantes y fauna silvestre, fuertemente sugerimos que un requisito para la concesión de la soda se incluya el cierre de los alrededores de la soda, como una jaula, y establecer como medida regulatoria, que los turistas consuman los alimentos solo dentro de ese espacio.

Está documentado mediante investigación científica, que el consumo de alimentos de origen humano les puede provocar a los animales silvestres: diabetes, hígado graso, caries, parásitos zoonóticos que pueden transmitirse al ser humano o viceversa, además de provocarles cambios en el comportamiento.

  1. Cierre de la visitación al parque por un día a la semana y ampliación de horarios de visitación.

Volviendo a las interacciones entre fauna y visitante, creemos que se debe mantener el decreto de cierre del parque un día a la semana y no se debe de ampliar el horario de acceso a visitantes. Y por ende creemos que el SINAC debe de procurar que no se apruebe el proyecto de ley que pretende cambiar dos de los artículos de la ley de creación del PNMA. Los animales que habitan en el parque, principalmente los que se mueven en el sector de uso público están sometidos a mucha presión por la cantidad de visitantes que llegan al parque, algunas especies que no tienen la capacidad de ajustarse a esas condiciones pueden sufrir estrés y otras, están “aprovechando” recursos extras (alimentos de los visitantes), no obstante, a fin de cuentas, esta situación les está deteriorando su estado de salud, además de la integridad del ecosistema. Tomando en cuenta que la fauna silvestre es un atractivo de gran importancia, el parque debería de mantener un horario que permita el disfrute del recurso por parte de los visitantes, pero que a la vez permita el mayor tiempo posible en “condiciones naturales” o sin visitantes a la fauna silvestre, eso implica mantener como mínimo un día cerrado a la semana para que los animales silvestres “descansen” y se “recuperen” de la presión de los visitantes y a la vez pueda contribuir al mantenimiento de los recursos en el área en el mediano plazo. El monitoreo de la fauna durante el cierre del parque por motivo de la pandemia del COVID-19, demostró que los animales vuelven a sus hábitos naturales cuando están sin presión por la visitación, dejaron de movilizarse en las áreas de mayor concentración de turistas, y su actividad dejó de concentrar su actividad en los horarios de alimentación de los turistas (hacia el mediodía).

  1. No incremento de la visitación del parque.

Como lo hemos planteado con anterioridad, es necesario que el conflicto entre la fauna silvestre y los visitantes se aborde desde varios ángulos y deben participar no solo el SINAC sino también el ente que dicta las directrices del sector turismo a nivel nacional, o sea el Instituto Costarricense de Turismo. No se debe perder de vista que no es lo mismo incentivar la actividad turística en cualquier sitio del país que en un área silvestre protegida. Originalmente las áreas silvestres protegidas fueron creadas para salvaguardar un recurso silvestre valioso y posteriormente se incorporó la parte de turismo. Creemos que en el escenario actual es factible un desarrollo turístico en las áreas silvestres protegidas, pero antes de la generación de fondos por turismo, es prioritario salvaguardar el recurso silvestre a largo plazo, que es el elemento generador de divisas económicas, y en segunda instancia el disfrute del visitante. Con un ingreso diario de 3000 personas o más al Parque Nacional Manuel Antonio, sin contabilizar en esa cantidad a niños y adultos mayores, se producirá un impacto negativo continuo y constante sobre el área protegida y un deterioro en todos los recursos a corto o mediano plazo, a la vez que se compromete el disfrute de área silvestre por parte del visitante y a largo plazo probablemente también afectará los

ingresos económicos, ¿quién querrá visitar un parque nacional deteriorado?

Según la página web del MINAE, el viceministerio de Ambiente “es el responsable de velar y promover el desarrollo de estrategias, políticas y planes que procuren la conservación de la diversidad biológica, in situ y ex situ, …”, creemos que una medida como incrementar el número de visitantes en un área físicamente limitada como es el Parque Nacional Manuel Antonio no se está promoviendo el propósito señalado en el sitio web. El ministerio debería apoyar la toma de decisiones en bases científicas y no decisiones políticas.

Es entendible que el ICT, las cámaras de turismo locales y nacionales hagan presión para que el ingreso de visitantes al parque sea ilimitado, ellos defienden su objetivo. No obstante, el MINAE es el ente responsable de salvaguardar y procurar la conservación de la diversidad biológica, por lo tanto, debe enfocar sus esfuerzos en lograrlo y no ceder ante la presión de otros entes. Es necesario que como país tengamos una visión a largo plazo para garantizar la existencia en buena forma de los recursos naturales y no ceder a las visiones corto plasistas que solo les interesa la inmediatez. En este caso el MINAE es el ente estatal que debe ser el guardián de nuestras áreas protegidas.

La importancia del Parque Nacional Manuel Antonio va en aumento, los datos que hemos recopilado el último año con cámaras trampa, muestran la presencia en el parque de especies de mamíferos medianos y grandes, tanto depredadores como presas, como pumas, coyotes, saínos, entre otros. No es sólo un parque con playas, es un ecosistema complejo que contribuye con la conservación de la biodiversidad del país.

  1. El área de uso público del PNMA es un área finita.

En varias ocasiones y también en el proyecto de ley de modificación a dos artículos de creación del PNMA se menciona que solo la afluencia de visitantes se concentra en 41 hectáreas, que es una extensión muy pequeña y por eso no hay efecto negativo, porque hay mucho terreno libre de turistas, No obstante creemos que esa forma de análisis del área de uso público del parque está errada, ya que no se está contemplando el sobre uso que se dá en un área tan pequeña, ya que un muy alto porcentaje de los turistas se concentran en el sendero Perezoso, el Paralelo, el que va a playa Espadilla y en las playas Manuel Antonio y Espadilla Sur. La presión sobre esa superficie es alta y está provocando su compactación y deterioro. Eso sin contar la capacidad logística del parque en servicios sanitarios para los visitantes.

Repetidamente hemos mencionado que ese sector de uso público del parque debería de bajársele la presión y una forma es que las diferentes instituciones públicas y privadas traten de desarrollar otros polos de desarrollo turísticos en el pacífico central. De esa forma la región tendría otras posibilidades de ingreso por turismo y el PNMA aseguraría la conservación de sus recursos naturales.

Para concluir queremos ser enfáticas y respetuosamente le solicitamos que en su calidad de ministro interponga sus capacidades para que no se apruebe el proyecto de ley que modifica dos artículos de la ley de creación del parque. En otro orden de temas, creemos que es necesario buscar alternativas para reducir la interacción entre el consumo de alimentos por parte de los visitantes y la fauna silvestre del parque, y ante ese escenario, la instalación de una estructura que aísle la soda y excluya a los animales es una excelente opción. Es primordial para la fauna silvestre y los recursos naturales del parque se les permita “descansar”, mediante el cierre del parque por un día a la semana y no incrementar el horario de visitación ni la visitación al parque. Según información difundida por la prensa nacional e internacional el año pasado, el Parque Nacional Manuel Antonio fue incluido en el documental titulado “Our Great National Parks”, y se menciona como un sitio turístico infaltable por su naturaleza. Muy respetuosamente, le solicitamos que el MINAE, como ente rector de la biodiversidad de este país siga defendiendo las áreas silvestres protegidas y sus recursos para asegurar su existencia a largo plazo.

Cordialmente,

Laura Porras Murillo, Dra
Grace Wong Reyes, Ph.D.

Cc. Señor Rafael Gutiérrez, Viceministro de Ambiente y Director SINAC
Señor Luis Sánchez, Director ACOPAC
Señor, Francisco Jiménez, Administrador PNMA

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen ilustrativa.

Proyecto CEG-UNA visualiza el desarrollo de pueblos autóctonos del país

  • La red DESC-ARUANDA/CEG/UNA, ha desarrollado investigación-acción participativa, en comunidades autóctonas en Costa Rica, desde el año 2008.

Antonio Arroyo Álvarez

Con el propósito de realizar un diagnóstico de la situación de los pueblos autóctonos de Costa Rica, y las posibilidades de acción de la Universidad Nacional en estas comunidades, así nació en el año 2008, la plataforma DESC-ARUANDA del Centro de Estudios Generales UNA. 

Desde ese periodo, se ha realizado un diagnóstico a profundidad, sistemático y transversal desde la perspectiva de sus derechos económicos, sociales y culturales (DESCA), y la agenda política de los pueblos.

“El proceso se da en diferentes comunidades y territorios indígenas del país y desembocó en la consolidación de una red solidaria de actores, en comunidades. El enlace se ha mantenido mediante el trabajo en comunidades, realizado en el marco de las actividades cotidianas de académicos, estudiantes y colaboradores del CEG. Así como, el aporte ad honoren de nuestros colaboradores a nivel internacional.”, indicó la coordinadora y académica de la UNA, Dra. Deborah Leal Rodríguez.

Como resultado de la plataforma, se desarrolló el proyecto “Observatorio de la Deuda Histórica (ODH)”, en el enfoque central de la visualización de la deuda histórica hacia los pueblos ancestrales, el apoyo a la reconstrucción del Buen Vivir comunitario, con la investigación-acción participativa en comunidades, y el intercambio político, social y académico, entre los espacios correlacionados.

Para lograr este proyecto se estableció la Oficina de Cálculo Jurídico de la Deuda Histórica: AMARUCANCHA, para democratizar el acceso a información jurídica estratégica, relacionada a los DESC, mediante la investigación y sistematización de contenidos correlacionados; la publicación y difusión de información pertinente; y la asistencia a estudios de caso y  autocapacitación estratégica para el cumplimiento de sus DESC y Buen Vivir comunitario, como en el aporte premiado, la “Historia de Mallkito.

Según la académica Leal, con este proyecto se ha generado “un constructo epistemológico, que estimula las habilidades estudiantiles en el rescate de información transcendental, desde las “entrañas de las comunidades”, en nano-perspectiva transdisciplinaria, que integra las capas de las realidades locales, al entorno nacional e internacional”. 

De manera que, la imprenta humanista emerge inexorablemente unida a la construcción de un sentido de pertenencia a un determinado origen, con el justo precio del reconocimiento de la historia, desde la resignificación de las verdades constituyentes de su realidad, superando las barreras de la especificidad disciplinaria. Este aspecto resignifica la formación humanista pública, como una inversión para el desarrollo del Estado-Nación, considerando el poder-potencial-biopolítico de la población estudiantil.

Red DESC-ARUANDA, CEG-UNA.

Durante el proceso se han logrado desarrollar trabajos de acciones comunitarias en el marco del trabajo estudiantil, con el desarrollo de mini-proyectos comunitarios, como viveros escolares, encuentros de jóvenes, niños y niñas y adultos mayores. Por ejemplo, la edición de boletines informativos y la sistematización de resultados, como en el DVD: Costa Rica Tierra Mía/Sobrevivientes y sus contrastes; y la edición de un material didáctico intercultural sobre la vida en los territorios indígenas y sus DESC, intitulado Río Arriba, Río Abajo: Notas de un diálogo intercultural.

“Este material viene siendo utilizado como guía de trabajo de campo, a través de nuestros colaboradores. Este proceso es un logro no solamente para el CEG y la UNA, sino para los pueblos indígenas y colaboradores que actualmente ya se encuentran solidariamente articulados”, añadió Leal.

Para este año 2023 se dio el inicio del proyecto: “Birriteca la Enciclopedia Viviente”, en el cual se pretende desarrollar una enciclopedia viviente itinerante, como instrumento pedagógico humanista, que facilite principios, elementos conceptuales y herramientas interdisciplinarias de investigación-acción comunitaria y saberes relacionados al buen vivir comunitario, derechos humanos y agroecología social, para apoyar a la defensa y reconstrucción de la ida del ambiente, cultura y sociedad cambiante.

Escuela de Historia UNA rechaza posible recorte al Archivo Nacional

La Escuela de Historia de la Universidad Nacional emitió un pronunciamiento en total desacuerdo contra el posible recorte de presupuesto del Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR).

Para el director de la Escuela de Historia, Dr. Rafael Ángel Ledezma Díaz, este recorte podría afectar el funcionamiento ordinario del Archivo Nacional, además de que es de suma importancia que el ANCR siempre cuente con los recursos financieros necesarios para custodiar y conservar ese patrimonio cultural de la Nación.

A continuación, lo expresado en el acuerdo UNA-SCU-ACUE-146-2023.

La Escuela de Historia de la Universidad Nacional manifiesta un rotundo rechazo al posible recorte de presupuesto que podría afectar el funcionamiento ordinario del Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR), institución desconcentrada del Ministerio de Cultura y Juventud que fue fundada el 23 de julio de 1881. El ANCR comprende el Archivo Histórico, el Archivo Notarial, el Archivo Intermedio y la Biblioteca Especializada en Archivística y Ciencias Afines.

Según la Ley del Sistema Nacional de Archivos, dicha institución resguarda la documentación histórica con valor científico-cultural de diferentes instituciones públicas. Entiéndase por valor científico-cultural aquellos documentos que forman parte del patrimonio científico cultural del país.

Por este motivo, es de suma importancia que el ANCR siempre cuente con los recursos financieros necesarios para custodiar y conservar ese patrimonio cultural de la Nación, el cual, a su vez, es necesario para la investigación histórica y, por ende, para el estudio riguroso y crítico del pasado y del presente.

El comunicado del acuerdo está firmado por el doctor Rafael Ángel Ledezma Díaz, director de la Escuela de Historia.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen: https://mcj.go.cr/

UNA gradúa guardaparques para conservar y proteger nuestros recursos naturales

La creciente demanda turística de los parques nacionales representa un reto para quienes velan por la conservación de estos recursos. Este 16 de mayo, 18 guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), obtuvieron su título universitario para el Diplomado en Conservación y Manejo de Áreas Protegidas, otorgado por la Universidad Nacional (UNA), cuyo objetivo es que el personal encargado de la protección directa de los recursos naturales y culturales existentes en cada área protegida, adquieran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, para la realización de un trabajo de calidad que cumpla con las condiciones de eficiencia y seguridad, que asegure las tareas de gestión y planificación pertinentes.

Este programa, impulsado desde el 2013 por el Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis-UNA) con el apoyo del Sinac, ha graduado a 85 profesionales, quienes cumplen funciones de control y vigilancia, seguridad y atención de los visitantes, educación ambiental / interpretación de la naturaleza, apoyo a la investigación científica, relación con las comunidades y resolución de conflictos, entre otros.

Sello UNA

Estos guardaparques, forman parte de los más de 170 profesionales graduados de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar (FCTM) de la UNA, quienes aportarán al país con conocimientos en materia de ambiente, ordenamiento del territorio, información geoespacial, producción agropecuaria y forestal, conservación y manejo de recursos naturales, salud humana, monitoreo de amenazas, variabilidad climática, gestión de riesgos ambientales y ocupacionales, conocimientos adquiridos en las carreras que se imparten en las escuelas de ciencias Agrarias, Ambientales y Geográficas, con el apoyo de los institutos de Conservación, y Manejo de Vida Silvestre, Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, de Investigación y Servicios Forestales, el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, quienes también conforman esta facultad.

“Entregamos al servicio de la sociedad costarricense personas graduadas con una gran calidad académica, gracias a la actualización constante de los planes de estudio y al acompañamiento de personal académico altamente capacitado, comprometido y con gran sentido humanista. Con gran orgullo decimos; que más de un 70% de los graduandos estudiaron gracias al apoyo que se les ofreció durante su paso para esta casa de estudio, a través de becas, horas asistentes, e incluso en ocasiones el apoyo decidido de personas de la universidad que en momentos difíciles dieron su apoyo”, dijo Lilliam Quirós Arias, decana de la FCTM-UNA.

La crisis ambiental y social en sus diversas formas, el cambio climático y sus afectaciones en los sistemas agroalimentarios, las poblaciones, los ecosistemas, los desastres naturales manifiestos en sequías, inundaciones producto de eventos cada vez más catastróficos, como los huracanes; la degradación de los recursos naturales, el despojo a los campesinos de sus tierras debilitando la agricultura familiar y la agricultura en general, la expansión desaforada de las transnacionales, el uso excesivo de agroquímicos en detrimento de sistemas más sostenibles como la agroecología, el aumento de la pobreza y la desigualdad, manifiesta que generan como consecuencia migraciones, entre otros. Son parte de ese complejo mosaico que vivimos hoy.

“Ustedes tienen entre sus manos grandes retos: a) ofrecer su aporte al servicio de la sociedad, y b) potenciar sus competencias, habilidades y valores construidos a lo largo de su formación para contribuir con un mundo mejor, que cada vez necesita mentes abiertas, innovativas, que comprenden la diversidad y sobre todo con un sentido humanista”, puntualizó Quirós.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Vehemente llamado a mantener presupuesto justo para cultura y educación

Cidea-UNA repudia todo intento por imponer una política represiva, que, bajo el pretexto de proteger a la ciudadanía de la violencia y el crimen, deteriore los servicios públicos de educación y la cultura en detrimento de la democracia.

El Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional (Cidea-UNA), y sus Unidades Académicas, emitieron este 17 de mayo un pronunciamiento ante el desmantelamiento sistemático del sector cultural del país.

Ante la propuesta del Poder Ejecutivo de restar cuatro mil millones de colones al presupuesto del Ministerio de Cultura para el 2024, académicos y artistas enumeran las afectaciones a programas específicos, talleres, fundaciones y fondos concursables para la producción artística.

Anuncian el recorte de empleos para el sector e inestabilidad laboral. Además afirman,“sin recursos para la educación y la cultura, nuestra juventud está condenada a la exclusión social, a la informalidad, la marginalidad y al desempleo; sin cultura y educación no hay política ni acción represiva que pueda impedir que nuestra juventud termine ingresando al crimen organizado”.

Pronunciamiento del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la UniversidadNacional (Cidea-UNA) y de sus respectivas unidades académicas, ante eldesmantelamiento sistemático del sector cultural del país.

Resultando:

  1. Al iniciarse el ejercicio de presupuestación para el año próximo, el Poder Ejecutivo propone eldesfinanciamiento de todo el sector cultura, restando cuatro mil millones de colones alpresupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud – MCJ, para el año fiscal 2024, reiterando yampliando la decisión ya manifestada el año anterior, cuando propuso disminuir el presupuestodel sector cultura en mil millones de colones.
  2. El recorte presupuestario propuesto para el sector cultural afecta directamente a la BeneméritaOrquesta Sinfónica Nacional, a las compañías y talleres de teatro y danza; a los museos yteatros públicos (Incluido el Teatro Nacional y al Teatro Popular Mélico Salazar), al InstitutoNacional de la Música (Programa Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional), a las Fundacionesdel Museo de los Niños y del Parque La Libertad; a los fondos concursables para producciónartística y a todos los proyectos de gestión, producción y enseñanza de las artes auspiciados por elMCJ.
  3. De concretarse el recorte presupuestario anunciado, se quedarían sin empleo las personas docentesde arte que hacen extensión en los teatros, compañías y en los proyectos de extensión cultural delMCJ en todo el país, con un doble impacto social por la pérdida de empleos, y por el cierrede programas de enseñanza y producción artística que llegan gratuitamente a personas de muyescasos recursos económicos en todo el país.
  4. Lo anterior ha generado una gran inestabilidad e incertidumbre laboral entre las personastrabajadoras de todos los programas adscritos al Ministerio de Cultura, en especial la OrquestaSinfónica Nacional, teatros, museos y compañías artísticas estatales.
  5. Ante la advertencia responsable y seria de destacados profesionales que ocupaban cargos dedirección y jefatura en diferentes instancias del MCJ, sobre el impacto que tal reducción de recursos presupuestarios causará en el sector cultural del país, la ministra de cultura procedió adestituir al director general del Archivo Nacional, al director del Centro de Producción Artística yCultural (CPAC), a la directora del Centro Nacional de Música, y a la encargada de la Dirección de Gestión Sociocultural del MCJ.
  6. Paralelamente a estos hechos, se presentó a la corriente legislativa el Proyecto de Ley “Alivio de costos para los establecimientos comerciales” (expediente 23.702), que pretende eliminar laprotección que otorga la Ley de Derechos de Autor y Conexos vigente en nuestro país a los autores,compositores en lo concerniente a la difusión pública de registros sonoros y producción musical,con lo cual se eliminan también los ingresos que aporta el sector privado a las personasartistas, como contraprestación por utilizar sus producciones en los centros comerciales y negocios privados.
  7. Se suma a lo anterior, la falta de compromiso del Gobierno con la revisión de la Política Nacionalde Derechos Culturales 2014-2023, y en general, la falta de priorización de las acciones y de política pública cultural.
  8. Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Hacienda, han redireccionadopartidas del presupuesto de educación 2023, por 3.200 millones de colones al Plan Costa RicaSegura Plus del Ministerio de Seguridad Pública, de los cuales 1900 millones de colonescorresponden a becas estudiantiles.

Considerando:

  1. La UNIVERSIDAD NACIONAL y en específico sus unidades académicas dedicadas ala investigación y enseñanza de las artes, tienen el compromiso de apoyar la preservación delos bienes culturales de la Nación, de fortalecer una cultura nacional pertinente y sustentable, democrática, facilitadora de la integración social. Compromiso que desarrollan mediante susprogramas académicos, de producción y de extensión artística y poniendo al servicio del país,profesionales de todas las áreas artísticas que fomentan la cultura como un bien inmaterial yaportan con su creatividad a la producción, el turismo y a la economía nacional.
  2. Esta acción docente, de investigación y extensión universitaria en el campo de la enseñanza yproducción de las artes, se realiza desde la UNA, en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación Pública, ente rector de la educación nacional, y en especial coordinación con elMinisterio de Cultura y Juventud, ente rector en materia cultural, responsable de promover laspolíticas públicas generales en materia de cultura y juventud, con el fin de fomentar y preservar lapluralidad y la diversidad cultural y de facilitar la participación de todos los sectores sociales,en los procesos de desarrollo cultural, artístico y recreativo, sin distingo de género, grupo étnico yubicación geográfica, a través de la apertura de espacios y oportunidades que propicien larevitalización de las tradiciones y la diversidad cultural, así como la creación y apreciación artísticaen sus diversas manifestaciones (Ley N° Ley N° 4788 del 5 de julio de 1971).
  3. El CIDEA-UNA asume este compromiso con el arte y la cultura, también desde el mandatode los artículos números uno y ochenta y nueve de la Constitución Política, que definen a Costa Rica como una República pluricultural, entre cuyos fines culturales está conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación.
  4. Lo anterior nos faculta para hacer un vehemente llamado de atención a las autoridades deGobierno y a la población en general, sobre el peligroso giro en las políticas culturales y educativas delpaís. Sorprende que se desconozca el papel de la educación y la cultura en la preservación de losvalores nacionales, en particular del trabajo, la democracia y la paz.
  5. Quitar fondos de educación y cultura para fortalecer programas de seguridad ciudadana opriorizar las políticas de seguridad en detrimento de la educación y cultura, nos avisa de la entradade un nuevo paradigma que modifica radicalmente nuestra tradición política y parece insertarnos en ladinámica de un Estado que pretende garantizar la paz social aumentando la represión a costa de debilitar la educación y la cultura.
  6. La sola idea de que podamos ingresar en la nómina de Estados que en afán de seguridad abandonaron sus responsabilidades con la democracia, nos obliga a reaccionar, recordando que es por la educación y la cultura que nuestro país alcanzó la paz social que noscaracteriza y distingue como una potencia democrática a nivel internacional.
  7. Sin recursos para la educación y la cultura, nuestra juventud está condenada a la exclusión social, a la informalidad, la marginalidad y al desempleo; sin cultura y educación no hay política ni acción represiva que pueda impedir que nuestra juventud termine ingresando al crimen organizado.

Por lo tanto:

El Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional – CIDEA, y susUnidades Académicas (Escuela de Música / Escuela de Arte Escénico / Escuela de Arte yComunicación Visual / Escuela de Danza), manifestamos al Gobierno de la República, a laAsamblea Legislativa, a la Defensoría de los Habitantes y al país:

  1. NUESTRO RENOVADO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD, CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y CON LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA LAPRESERVACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DE LA NACIÓN.
  2. LA MÁS ENÉRGICA DEMANDA AL PODER EJECUTIVO, PARA QUE MANTENGA EL FINANCIAMIENTO JUSTO Y NECESARIO EN EL PRESUPUESTO NACIONAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELMINISTERIO DE CULTURA Y DE SUS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN YEXTENSIÓN ARTÍSTICA; ASÍ COMO PARA QUE NO SE TRASLADEN LOS FONDOSDESTINADOS A FINANCIAR BECAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS A LOS PROGRAMAS DESEGURIDAD CIUDADANA.
  3. NUESTRA SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LACULTURA EN EL SECTOR PÚBLICOS Y PRIVADOS Y CON LAS PERSONASPROFESIONALES EN ARTES DEDICADOS A LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA, CUYOSEMPLEOS DEBEN PRESERVARSE.
  4. UNA VOZ DE ALIENTO A LAS PERSONAS ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS RAMAS ARTÍSTICAS, PARA QUE NO PIERDAN EL INTERÉS NI LA VOCACIÓN QUELES CONVOCÓ A FORMARSE COMO ARTISTAS Y PARA QUE SIGAN TRABAJANDO POR EL FORTALECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.
  5. NUESTRO REPUDIO A TODO INTENTO POR IMPONER UNA POLÍTICA REPRESIVA, QUE BAJO EL PRETEXTO DE PROTEGER A LA CIUDADANÍA DE LA VIOLENCIA Y ELCRIMEN, DETERIORE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y LA CULTURA ENDETRIMENTO DE LA DEMOCRACIA.
  6. AL PODER EJECUTIVO, CONCRETAR EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓNPRIORIZADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA CULTURAL Y EDUCATIVA, CONSTRUIDAS EN CONSULTAS CON LOS SECTORES DE LA SOCIEDADINVOLUCRADOS Y UTILIZANDO EL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIAACUMULADA, PARA QUE NO SEAN SIMPLES ENUNCIADOS RETÓRICOS O IMPROVISACIONES SIN VIABILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA.
  7. NUESTRO LLAMADO A LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, Y A LAASAMBLEA LEGISLATIVA PARA QUE SEAN GARANTES DEL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES ESTATALES, PRINCIPALMENTE PRESUPUESTARIAS CON EL SECTORCULTURA Y CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS; Y PARA QUE NO SE APRUEBAN POLÍTICAS Y LEYES QUE LESIONEN LOS DERECHOS DE LAS PERSONASPROFESIONALES DE LA CULTURA, NI SE ATENTE CONTRA SU DERECHO AL TRABAJO.
  8. NUESTRA VOZ DE ALERTA A LA CIUDADANÍA, PARA QUE ESTÉ ATENTA EINFORMADA SOBRE LOS RIESGOS POLÍTICOS Y SOCIALES QUE ENTRAÑA, DESFINANCIAR LOS SERVICIOS Y EDUCATIVOS PÚBLICOS.

M.Sc. José Pablo Solís Barquero Decano
M.A. Ileana Pérez Álvarez Vicedecana
Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística
Universidad Nacional

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UNA rechaza acuerdo de Incopesca

Comunicado de prensa

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (C.U-UNA) emitió un pronunciamiento en el que de forma contundente rechaza la lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas, donde el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables e incorpora iguanas, tortugas verdes de orejas rojas y amarillas, y hasta especies en peligro de extinción como el pez sierra, entre otras.

Para los concejales de la UNA, el impacto ambiental que representa esta decisión, al incluir especies silvestres que incluso se deben declarar bajo protección, además de agregar especies que ni siquiera se encuentran en Costa Rica, representa una preocupación inminente ante la posibilidad de un interés por abrir el mercado de comercialización e intercambio de especies.

Según lo expresado en el acuerdo UNA-SCU-ACUE-146-2023, es irresponsable el actuar de una institución como Incopesca, pues deja claro que se está anteponiendo los intereses comerciales por encima del resguardo de los recursos naturales de Costa Rica que se ha caracterizado por ser un país verde y amigable, y sus especies representan un 4% de las del planeta; es un retroceso en materia ambiental y una vileza a la lucha de décadas en conservación que tiene la sociedad costarricense en pro de la protección del ambiente y animales.

Reiterar que la experticia de las universidades públicas está al servicio del país, por tanto invitamos al Poder Ejecutivo y sus instituciones a aprovechar el conocimiento especializado que se desarrolla en estas, en donde la docencia, la investigación, la extensión y la producción científica genera productos de destacado valor, los cuales podrían servir de sustento científico riguroso para las iniciativas y sus acuerdos.


Acuerdo completo:

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
UNA-SCU-ACUE-146-2023

18 de mayo de 2023
Señores
Comunidad Universitaria y Nacional

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo 2, inciso 2.1 de la sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2023, acta no 24-2023, que dice:

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN RECHAZO AL ACUERDO N.° AJDIP/507-2023: LISTA DE ESPECIES DE PECES Y CRUSTÁCEOS DE AGUA DULCE Y DE INTERÉS ACUÍCOLA EN LAS AGUAS CONTINENTALES, COSTERAS Y OCEÁNICAS, DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA.

La Constitución Política de Costa Rica establece, en el artículo 50, la obligación del Estado de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como derecho fundamental de la ciudadanía costarricense.

Reconociendo la vital importancia del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) como institución reguladora de las actividades pesqueras en Costa Rica, tiene la responsabilidad estatal de evitar un impacto negativo en los ecosistemas marítimos costarricenses y sus especies; por consiguiente, resulta fundamental que sus decisiones estén basadas en criterios científicos, técnicos y comprobados que no vulneran su función.

El acuerdo n.° AJDIP/507-2023: Lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas, donde Incopesca incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables e incorpora iguanas, tortugas verdes de orejas rojas y amarillas, y hasta especies en peligro de extinción como el pez sierra, entre otras.

El impacto ambiental que representa esta decisión, al incluir especies silvestres que incluso se deben declarar bajo protección, además de agregar especies que ni siquiera se encuentran en Costa Rica, representa una preocupación inminente ante la posibilidad de un interés por abrir el mercado de comercialización e intercambio de especies.

El criterio enviado por la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, las escuelas de Biología de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia y la Carrera de Ingeniería en Acuicultura de la Universidad Técnica Nacional, el 8 de mayo de 2023, donde manifiestan que:

  1. 1. No todas las unidades académicas, aquí representadas, recibieron una solicitud oficial del INCOPESCA sobre la información requerida.
  2. Los funcionarios de algunas de nuestras unidades académicas, consultados, suministraron información y recomendaciones técnicas, que no fueron contempladas u omitidas del todo en el acuerdo mencionado.
  3. Aunque el mencionado listado contempla: peces, crustáceos, macroalgas, microalgas, zooplancton y cnidarios, en su nombre solo se consignan peces y crustáceos, con lo cual la nueva norma aprobada por INCOPESCA induce a error y evidencia negligencia sobre este importante tema.
  4. El extenso listado aprobado, que incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables, no fue preparado bajo una metodología clara y sustentada en datos confiables y verificables.
  5. Esta nueva lista incluye especies vulnerables, lo cual representa un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense.
  6. Además del daño irreparable y directo a valiosos ecosistemas, Costa Rica sufre un considerable perjuicio en su imagen de país, dedicado a preservar y utilizar responsablemente su biodiversidad, lo cual repercute a su vez en un grave deterioro económico y social.
  7. Conscientes del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, nuestras unidades académicas están a disposición para aportar conocimiento técnico y científico al INCOPESCA.
  8. Para la actualización de la lista indicada, se convoque oficialmente a expertos mediante nuestras unidades académicas.
  9. Por las anteriores consideraciones, el acuerdo AJDIP/057-2023 debe derogarse de inmediato.

Es evidente el riesgo y la amenaza que afecta de forma directa a las poblaciones de flora y fauna de nuestro país, las cuales representan la mayor densidad de biodiversidad del mundo; es irresponsable el actuar de una institución como Incopesca, pues deja claro que se está anteponiendo los intereses comerciales por encima del resguardo de los recursos naturales de Costa Rica que se ha caracterizado por ser un país verde y amigable, y sus especies representan un 4% de las del planeta; es un retroceso en materia ambiental y una vileza a la lucha de décadas en conservación que tiene la sociedad costarricense en pro de la protección del ambiente y animales. Por consiguiente, es importante recordar que atravesamos una crisis climática que está devastando el planeta y el mercado es el principal culpable, ante esto como país debemos comprender que urgen políticas para proteger el ambiente y combatir la crisis en beneficio de todos los costarricenses y la humanidad.

Con base en los argumentos expuestos, nos unimos al rechazo categórico de haber formulado un acuerdo carente de criterios especializados en el tema. A su vez, hacemos un llamado al Incopesca para que valore la importancia de considerar lo establecido por estas instancias y reflexione sobre la urgencia y la obligación de preservar nuestras especies, ecosistemas y ambiente en medio de las amenazas por la crisis climática y el mercado.

Reiterar que la experticia de las universidades públicas está al servicio del país, por tanto invitamos al Poder Ejecutivo y sus instituciones a aprovechar el conocimiento especializado que se desarrolla en estas, en donde la docencia, la investigación, la extensión y la producción científica genera productos de destacado valor, los cuales podrían servir de sustento científico riguroso para las iniciativas y sus acuerdos.

Atentamente,

Dra. Jeannette Valverde Chaves
Presidenta del Consejo Universitario

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

La engañosa baja del desempleo y la reducción de la población económicamente activa

Artículo de opinión por la académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, M.Sc. María Leonela Artavia Jiménez, quien coordina el Proyecto de Investigación Trabajo y Crisis

La disminución del desempleo es algo que todas y todos queremos en este país. Por lo cual si se presenta un decrecimiento hay que celebrarlo y reconocer los avances que ello significa, en especial en esta época post pandemia en la que se han profundizado las asimetrías en los mercados laborales. Sin embargo, festejar una caída del desempleo que no se acompaña de un crecimiento de la población ocupada es dejarse engañar por las cifras, es pasar por alto que en los mercados laborales siempre hay que revisar dos veces lo que está sucediendo y analizar las diferentes aristas, a no ser que se esté consciente de ello y aun así se quiera confundir a la población.

Por ello, aunque podemos notar en los resultados de la Encuesta Continua de Empleo del I Trimestre 2023 (INEC, 2023) que la tasa de desempleo se ubica alrededor del 11%, lo que también se puede visibilizar es que con respecto al trimestre anterior (INEC, 2022a) y al I Trimestre del 2022 (INEC, 2022b) hay una reducción significativa de la población ocupada.

Análisis interanual

En general, los datos del I Trimestre del 2023 con respecto al I Trimestre del 2022 reflejan que hay un total de 139.044 personas más fuera de la fuerza de trabajo y que la población ocupada se redujo en 3.974 personas, pese a que la cantidad de personas desempleadas bajó en 81.448, por lo que no se trata de que esas personas estén encontrando trabajo, por lo que se trata de una reducción de la Población Económicamente Activa (PEA) que, en total corresponde a 85.421 personas en el lapso de un año.

Análisis trimestral

Asimismo, si comparamos el I Trimestre del 2023 con el último trimestre del 2022 los cambios son más profundos, pues se evidencia una reducción de la cantidad de desempleados de 38.306, sin embargo, en este caso tampoco se trata de que pasen a engrosar la población ocupada, por lo contrario, esta se redujo en 74.958 personas, lo cual corresponde a una reducción de la PEA de 113.264 personas.

La población desalentada

Por otra parte, es importante considerar otro fenómeno importante en la población y es que si revisamos las cifras de las encuestas de empleo encontramos que la reducción del desempleo se explica en parte por la población desalentada -que termina ampliando aquella fuera de la fuerza de trabajo- y que corresponde a esa que no está buscando trabajo porque no tiene dinero, se cansó de buscar, no le dan trabajo, no hay trabajo en la zona o sabe que no en esta temporada no hay trabajo, en suma son 24.616 personas.

Pero, ¿quiénes son esas personas desalentadas? En cuanto a sus territorios, son personas mayoritariamente de zonas urbanas, se distribuyen mayoritariamente en la región Central, Brunca y Huetar Norte. En cuanto a su perfil educativo, son personas con una baja especialización, que se concentran mayoritariamente en el grupo etario que va entre los 45 y 59 años, y los 15 y 24 años, y que son sobre todo hombres.

Las presiones sobre la satisfacción de las necesidades

Por lo cual, se mantiene la preocupación sobre la condición de actividad de las personas en el país, pues si la PEA se reduce hay serias presiones sobre los ingresos de los hogares, los cuales dependen mayoritariamente de lo percibido por medio de sus labores -salario- para sostener la satisfacción de sus necesidades básicas. Es decir, ello significa una mayor dependencia económica, por lo cual podríamos esperar incrementos en los niveles de pobreza de la población.

Crecimiento económico que no se traduce en nuevos empleos

Todo esto, mientras el crecimiento económico del país se mantiene al alza, pues según el Banco Central de Costa Rica (2023) la tasa de crecimiento del PIB a precios de mercado fue de un 4.3%, y se proyectó en 3.3% para el 2023, es decir, producimos más pero con menos gente, lo cual es esperable ante un contexto de cambio tecnológico global; sin embargo, plantea el desafío de cómo dotar a la población de las herramientas necesarias para insertarse en esas nuevas formas de trabajo, por un lado. Por el otro, el de cómo generar nuevos puestos de empleo a fin a la población desempleada -y desalentada- mientras se ajusta el perfil de especialización de estas personas, otorgándole una atención especial a la población joven y a las mujeres, para incentivar su inserción en las ciencias.

Alternativas como responsabilidad gubernamental sobre el bien común

Seguimos esperando la reactivación económica necesaria para que la población desempleada sea absorbida por la población ocupada y no por la que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo. Continúa la necesidad de que los sectores productivos nacionales se fortalezcan para que puedan producir y generar empleo, para ello, es preciso -primero- saber leer adecuadamente las cifras del mercado laboral para no caer en eso de pasar un gato por una liebre.

Se mantiene la urgencia de que el sector productivo nacional junto con el Estado -incluida la academia- generen alternativas para incrementar la productividad de las actividades económicas y generen puestos de empleo de calidad, para ello, por supuesto que no basta con hacer a la población trabajar más horas.

Ojalá que se vean pronto propuestas en esta materia y en especial, ojalá que estas propuestas estén a la altura del bien común, y no, del aprovechamiento de un sector de la población en detrimento de otros y otras; lo cual no es otra cosa que la responsabilidad del Gobierno electo.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen ilustrativa.

Especialistas de la UNA presentan propuestas frente a Ruta de la Educación

Tras analizar la Ruta de la Educación 2022-2026 y coincidir en que el documento—presentado en formato Power Point por el Ministerio de Educación Pública (MEP)—tiene serias carencias, especialistas de la Universidad Nacional (UNA) plantearon propuestas que responden a las necesidades educativas del contexto actual, durante el panel “Ruta de la educación: Retos y propuestas”, realizado el pasado 24 de abril en modalidad virtual.

“Las universidades públicas somos instituciones clave para la investigación y análisis de la realidad educativa del país y también en la generación de propuestas que puedan enriquecer esta Ruta de la Educación, así como las políticas educativas”, afirmó Dora Hernández, moderadora y coordinadora de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia, entidad encargada de la organización del panel, junto al Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA).

“Hay ideas (en la Ruta de la Educación) que suenan preciosas, por ejemplo que al 2026 estaría todo escolarizado, el bilingüismo, la tecnología… Pero sabemos que eso no es verdad. Obviamente este tipo de propuestas se hacen en mejora de la educación, de la sociedad, del país, pero ¿han visitado las escuelas, las aulas? ¿se considera todo el contexto?”, cuestionó Vivian Patiño, académica de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la UNA y docente de preescolar del MEP.

En esa misma línea, Norman Solórzano, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y director del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), calificó la propuesta del MEP como “un conjunto de buenas aspiraciones”, que está muy lejos de contener los elementos para ser considerado una verdadera política de educación.

Entre esas aspiraciones, Solórzano destacó “calidad educativa con equidad”, la cual—dijo—no puede asegurarse haciendo abstracción de las condiciones reales de vida de las personas que participan en los procesos educativos. Añadió que el documento carece de acciones concretas para lograr la disminución de las desigualdades que empiezan a ser intolerables y constituyen el principal obstáculo para lograr esa educación.

Pablo Chaverri, académico del INEINA coincide en que la Ruta de la Educación presenta objetivos demasiado generales, sin desagregación ni articulación con acciones. “Hablamos de un documento sin contenidos detallados, ni estructura ni organización, lo cual nos hace preguntarnos cómo se va llevar a cabo y cómo se le va a dar seguimiento”, subrayó.

Inmersión en las aulas

Frente a un documento “muy limitado” y tomando en cuenta las necesidades educativas del país, los especialistas de la UNA plantearon propuestas concretas para responder a los desafíos en esta materia.

Desde su doble rol como pedagoga y como docente del MEP, Vivian Patiño propone una inmersión en el aula de las personas en el MEP encargadas de dictar estos planteamientos. “Ellos tienen que acercarse a la realidad, notar los diferentes contextos, tener una visión más cercana de lo que está sucediendo en las aulas, desde la infraestructura, hasta la parte de la calidad profesional”, enfatizó.

También se refirió a la importancia del trabajo en equipo. “Una triada entre la familia, la comunidad y la escuela es fundamental para que logremos avanzar todos en la misma sintonía”.

Asimismo, destacó la calidad docente como un elemento esencial. “Todo va enlazado, pero sobre todo tener muy bien focalizado qué es lo que queremos alcanzar”, insistió.

¿A qué apuntamos?

El académico del INEINA, Pablo Chaverri, considera indispensable privilegiar metas de aprendizaje y desarrollo. “Necesitamos saber a qué apuntamos y es el aprendizaje y el desarrollo. Necesitamos monitorear el progreso para tomar medidas en función del desarrollo”, destacó.

En el tema de infraestructura, Chaverri propone realizar un diagnóstico-plan detallado de necesidades y acciones. “Si no tenemos ese detalle, no podemos hacer promesas de cuánto tiempo se va a durar en cada caso; hay diferencias muy importantes entre centros educativos, que deben tomarse en cuenta”.

En lo referente a equidad, el especialista del INEINA estima que es preciso partir de que hay diferentes puntos de salida y condiciones diferentes, con el fin de llevar una educación que sea sensible a las diversas necesidades y capacidades.

Para Chaverri, no puede haber un sistema educativo de calidad sin docentes de calidad, por lo cual considera necesario que el país cuente con acreditación obligatoria de calidad de la formación inicial, prueba de conocimientos y habilidades, así como articular la contratación e incentivos con el aprendizaje del estudiantado.

En evaluación, el académico afirma que es preciso avanzar hacia un sistema centrado en los aprendizajes y la retroalimentación, que sirva como insumo para la formulación de un plan de mejoramiento del aprendizaje.

Norman Solórzano, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y director del IDESPO, plantea recuperar el sentido de la Ley Fundamental de Educación, que habla de que el sistema educativo debe buscar el desenvolvimiento de capacidades humanas, personales y sociales con los valores de convivencia y solidaridad, equidad y paz.

Además, considera que se debe desplegar un proceso de educación comunitaria que permita a las comunidades un involucramiento proactivo e informado para asumir corresponsabilidades tanto en la gestión de los centros como en el curriculum.

También propone la revisión de los procesos formativos universitarios del cuerpo docente.

Por último, el director del IDESPO propone impulsar un diálogo abierto, público y sincero con sectores productivos, culturales, sociales, organizaciones y gobiernos locales, entre otros, en un marco mayor de una visión de desarrollo, con el fin de contemplar de forma articulada e integrada, las necesidades, oportunidades y aportes que puede hacer la educación.

Para Ana María Hernández, académica de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia—quien tuvo a su cargo las conclusiones del evento académico, los planteamientos de los expositores coinciden con el informe de la Unesco 2021, que indica que la transformación profunda de la educación es tarea de todos, de la comunidad educativa y la sociedad, donde los padres de familia juegan un papel muy importante.

“Esa visión de transformación educativa desde una visión de cooperación, de colaboración, una visión solidaria, no verticalista, no cortoplacista, necesitamos que realmente se hable de una política educativa que trascienda los gobiernos, que sea con una visión de Estado”, subrayó.

Se refirió además al impacto del desempeño de los docentes en la calidad de la educación. Al respecto, citó una investigación que muestra que los estudiantes asignados a docentes con alto desempeño lograran avances tres veces más rápidos que alumnos con docentes de bajo desempeño. “Es decir, que la calidad de la educación tiene su techo en la calidad del profesorado”, señaló Hernández.

“Como universidades públicas, hemos estado y siempre estamos abiertos y dispuestos a involucrarnos con las autoridades del Ministerio de Educación Pública que tengan estas tareas porque tenemos muchísimo que aportar a esa transformación que requiere la educación y uno de los aspectos más importantes en los que estamos comprometidos es justamente la formación de un pedagogo de calidad con una formación integral”, enfatizó la especialista del CIDE.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Foro-Taller: Salud y bienestar para todas las personas

Desde la Universidad Nacional, Escuela de Economía-UNA y Mesa de Diálogo Social y Productivo realizan la invitación al foro-taller “Salud y bienestar para todas las personas” con la participación especial del Sr. Álvaro Ramos, ex presidente ejecutivo de la CCSS, este próximo martes 25 de abril en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional.

Este evento tendrá inicio a las 8:30 a.m. y hasta 12 medio día. *Incluye refrigerio*

Para confirmar su asistencia debe contactarse al número 8400-3435 o al correo alisson.qhernandez9420@gmail.com

Carta abierta al Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA) CXX Sesión Ordinaria del CSUCA 20 y 21 de abril de 2023 Universidad Nacional de Costa Rica UNA

ASUNTO:  El CSUCA en Costa Rica, alberga en su CXX Sesión Extraordinaria a un usurpador. LA USAC DE GUATEMALA NO TIENE RECTOR

Nos dirigimos a ustedes como ciudadanas y ciudadanos centroamericanos, académicos(as) de universidades públicas de la región, artistas, intelectuales y sociedad civil plenamente informada y conscientes de la trágica y valerosa resistencia que atraviesa desde el mes de abril del 2022 la universidad más antigua de Centroamérica y la única institución de educación superior pública de Guatemala: la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

La Universidad de San Carlos de Guatemala por ser la mayor universidad del país, la única universidad pública y la más antigua se le ha conferido por ley, participación con voz y voto en las decisiones de 100 entidades públicas. Este valor de representatividad tiene su fundamento en los ideales de servicio, en su autonomía constitucional, con vigencia a partir del 1 de diciembre de 1944 y en su coherencia crítica para ofrecer soluciones al país, además de proveer gratuitamente o con muy bajo costo, educación superior. La Universidad de San Carlos de Guatemala recibe fondos públicos y eso la convierte en una institución clave no solo por su voz y capacidad de voto en las decisiones de importantes instituciones públicas, sino porque con autonomía y criticidad, es una fuerza de oposición ante procesos de corrupción que emanan del gobierno, oficialismos de turno y de las redes de poder político.

Hacemos de su conocimiento que esta Alma mater fue tomada por la comunidad estudiantil, docente, administrativa, apoyada por diferentes sectores de la población (campesina, indígena, civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de Derechos Humanos) desde el 27 de abril de 2022 con la toma de Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC) y posteriormente el 19 de mayo de 2022 con la ocupación del Campus Universitario en su totalidad, en respuesta a los procesos ilegítimos del fraude electoral que colocó al señor Walter Ramiro Mazariegos Biolis en el cargo de rector con un procedimiento electoral que no se apegó al marco de la legalidad. La persona que se presenta en este encuentro como Rector de la USAC no cuenta con las capacidades académicas mínimas para el puesto; no cumple siquiera con el requisito mínimo de cinco años de experiencia docente universitaria, según la norma que rige la materia, pese a la información falaz que contiene su currículo. Además, es reconocido por una larga trayectoria de corrupción, su cercanía con el narcotráfico y sus vínculos con el presidente de Guatemala. A partir de esos hechos y hasta el día de hoy la comunidad universitaria sancarlista, la sociedad civil guatemalteca, y comunidad centroamericana universitaria y civil continúan apoyando la resistencia y rechazo a lo que se ha calificado como fraude electoral en esta casa de estudios.

Desde el 1 de julio de 2022 en que asumió el puesto de rector, en un acto igualmente anómalo, pues lo hizo en secreto y sin que estuviera presente el pleno del Consejo Superior Universitario, como lo manda la normativa de la universidad; la comunidad universitaria y diferentes medios de comunicación oficiales y alternativos nacionales y de la región han evidenciado el abuso de poder con que Mazariegos, apoyado por el gobierno y redes de la élite del país, han utilizado la violencia y la represión contra la propia comunidad estudiantil y académica, intimidando, criminalizando y atentando contra la vida de estudiantes, docentes y dirigentes en este proceso de oposición y resistencia, como respuesta al legítimo derecho de no aceptar la ilegalidad y corrupción en los procesos electorales.

Escribimos a ustedes ante la vergüenza histórica que representa para nuestra región, para la ciudadanía guatemalteca, centroamericana y la mirada internacional que, el señor Walter Mazariegos, conocido en su propio país como “El Usurpador” ocupe solo nominalmente el cargo de representación universitaria, debido a que, en Guatemala permanece escondido y sin ejercer todas las funciones de su puesto, consciente del rechazo de que es objeto por parte de la mayoría de la comunidad sancarlista.

Apelamos a ustedes señores y señoras representantes del CSUCA en esta CXX Sesión Ordinaria celebrada el 21 y 22 de abril de 2023 en la Universidad Nacional de Costa Rica para tomar conciencia de nuestro rechazo absoluto a la invitación que el órgano de representación regional universitaria hace a Walter Mazariegos, así como de cualquier otro espacio de representación por la ilegitimidad electoral del puesto que usurpa y por la cuestionable trayectoria académica, moral y política que le antecede.

Señores y señoras del Consejo Superior Universitario de Centroamérica CSUCA, este es un llamado a la conciencia sobre los mayores ideales que fueron planteados hace más de cien años en el Sueño de Córdoba, a sus pilares fundamentales de respetar la autonomía universitaria, libre de interferencia política y de garantizar la libertad de la comunidad estudiantil y docente. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha sentado un precedente histórico en la región centroamericana y en el continente desde el momento en que no aceptó el procedimiento ilegal de colocar a un rector de facto, que llevaron a cabo las redes de corrupción política y del poder oficial. Pese a esta difícil situación y al contexto en que la comunidad estudiantil y docente de la Universidad de San Carlos atraviesa, instituciones, importantes figuras intelectuales y sociedad civil no cesarán de apoyar y de brindar sus esfuerzos por rescatar la autonomía del mayor centro de estudios superiores de Centro América.

La invitación y el recibimiento de Walter Mazariegos al evento del CSUCA envía un mensaje equivocado a la sociedad centroamericana, a toda la comunidad estudiantil, docente y sociedad civil centroamericana. Su invitación está a contracorriente de los ideales de autonomía y libertad universitaria. Su presencia en este evento fomenta una cultura de impunidad que da la espalda a la realidad que atraviesa la propia comunidad universitaria sancarlista y niega los valores que deberían guiar el espíritu crítico, la acción y la educación superior en nuestra región.

Solicitamos a ustedes como representantes del CSUCA una moción de censura para Walter Ramiro Mazariegos Bioli en un pronunciamiento por escrito en el que se reconozca la ilegitimidad de su cargo y se le excluya absolutamente de toda representación en el CSUCA por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Que este precedente histórico sirva de ejemplo para todas nuestras universidades públicas centroamericanas y para que este hecho no se repita nunca más.

¡La Universidad de San Carlos de Guatemala no tiene rector!

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