Mesa redonda «Agua y saneamiento en Costa Rica: avances y retos en el marco de la Agenda País 2030»
En el marco del Ideario “Costa Rica Bicentenaria: Diálogo Nacional”, se llevó a cabo en la Universidad Nacional (UNA) el pasado 20 de marzo de 2019 la Mesa redonda «Agua y saneamiento en Costa Rica: avances y retos en el marco de la Agenda País 2030»; la cual trató los retos y perspectivas en torno al acceso al agua y al saneamiento de las aguas residuales posteriores a los usos del agua.
El evento contó con la presencia del Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector de la UNA; la M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta, Presidente Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Además se contó con invitados reconocidos en los temas convocados, al igual que personeros de las universidades del CONARE y de administradores de los servicios del agua en el país.
El Rector de la UNA resaltó la importancia de tomar realmente en cuenta a las personas y al medio ambiente en el que se convive y mencionó las ansias de la UNA (particularmente) por llevar a cabo este evento: “se mencionaba en la antigüedad que el agua era un recurso abundante, pero actualmente se sabe que esto no es así y necesitamos tomar conciencia sobre esto ya que es un recurso agotable y escaso”. De igual forma citó la importancia de que los administradores de los servicios de agua aprovechen de manera responsable los mantos acuíferos para dotar del vital líquido limpio y potable y no abusar del uso del recurso hídrico. Invocó la importancia de aprender a captar agua de otras fuentes, por ejemplo el agua de lluvia. También agradeció la presencia de los asistentes e instó a la comunidad en general a ocuparse más de los temas de uso responsable del agua y el saneamiento de esta; así como convertir estos tópicos del agua en una de las preocupaciones fundamentales del quehacer científico, así como hacerlo también de prioridad política para que sea de interés general.
Posterior a esto se transmitió un video de conciencia sobre el tema, en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 “Agua y saneamiento” de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible propuesta por la Organización de las Naciones Unidas en el 2015. Este objetivo pone especial atención en hacer una gestión eficaz y sostenible de los recursos hídricos para la vida en el planeta.
Posteriormente, se hizo la presentación de los miembros que participaron en la mesa redonda: Yamileth Astorga Espeleta, Presidente Ejecutiva del AyA; Rolando Marín León, Vicepresidente de la Confederación Nacional de Federaciones, Ligas y Uniones de Asociaciones de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales CONAFLU; Irene Murillo Ruin, Secretaria Ejecutiva del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, CEDARENA; Armando Moreira Mata, Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud del Ministerio de Salud; Nelly López Alfaro, Directora del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO-UNA); además de la M.Sc. María Chaves Villalobos del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO-UNA), quién fungió como moderadora.
Estas personas llevaron a cabo una discusión en torno al tema que convocó dejando en claro la importancia de tener conciencia sobre el agua y el saneamiento de esta. Se comenzó con una aseveración de cada uno de los panelistas en torno a temas específicos. Posteriormente se respondieron preguntas realizadas por el público; y finalmente se hizo un cierre global a manera de conclusión del evento.
Finalmente, desde el Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua-PRIGA de la Vicerrectoría de Investigación, se agradeció la presencia del público, se exhortó a tomar conciencia sobre la importancia del agua y se invitó también a participar del V Latinosan, a llevarse a cabo en los próximos días; así como a sumarse al accionar del Ideario: Costa Rica Bicentenaria-Diálogo Nacional que organiza y dirige la Vicerrectoría de Investigación.
Si desea detallar más la actividad, puede acceder al video completo mediante el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=e5Ta-Rh8zmM, de la página de YouTube del Auditorio Clodomiro Picado Twigt de la UNA.
Por:
Rolando Ramírez Segura-Estudiante RI-UNA
Efraín Cavallini Acuña-Rectoría UNA
Sylvia Arredondo Guevara-Vicerrectoría de Investigación
La obra tuvo en costo de Costo: 1.487.000.000,00 colones (Licitación 2016LPNS-00001-PMIUNABM) a cargo de la constructora Contek. Trabajo de construcción que inició en 10 de octubre del 2016 y fecha de recepción corresponde al 5 de febrero del 2018
Este viernes 15 de marzo de 2019 en el Campus Liberia-Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional, se construyeron residencias y espacios necesarios para uso de los y las estudiantes de dicha sede universitaria.
El área total de construcción es de 2380 m2, cuyas obras para el proyecto de Residencias estudiantiles, obras deportivas y recreativas Liberia se ubican dentro de Campus universitario de la sede en Liberia, ubicado en la provincia de Guanacaste, distrito de Liberia, Cantón de Liberia, 500 mts sur del Instituto Guanacaste.
La inauguración de estas obras estuvo a cargo del Dr. Alberto Salom Echeverría, Dr. Victor Julio Baltodano, Decano Sede Regional Chorotega, Dra. Ana María Hernández Segura, Rectora Adjunta, la Msc. Dorian Díaz, Vice Decana Sede Región Chorotega, así como miembros del Consejo Universitario, Consejo de Rectoría, CONSACA, así como académicos, funcionarios y estudiantes de la Sede.
El proyecto comprende la construcción de un módulo de residencias estudiantiles en dos niveles y una cancha multiuso con área de servicios sanitarios y duchas.
La infraestructura del edificio de residencias estudiantiles tiene la capacidad para albergar a 50 estudiantes que incluye lo siguiente:
25 dormitorios (12 en el nivel 1, 13 en el nivel 2)
2 cocinas ( 1 por nivel)
2 cuartos de pilas ( 1 por nivel)
2 comedores ( 1 por nivel)
1 oficina (nivel 1)
1 sala estudio ( 1 por nivel)
1 sala de tv ( 1 por nivel)
4 núcleos de servicios sanitarios para hombres ( 2 por nivel)
En el nivel 1 se ubica 1 núcleo de servicios sanitarios para ley 7600
4 núcleos de servicios sanitarios para mujeres ( 2 por nivel)
En el nivel 2 se ubican 2 núcleos de servicios sanitarios para ley 7600
Ascensor
Escalera principal
2 escaleras de emergencia laterales.
2 Cuartos de redes ( 1por nivel)
2 cuartos eléctricos (1 por nivel)
La infraestructura está constituida por 25 dormitorios: 12 habitaciones en el nivel 1 y 13 habitaciones en el nivel 2, compartidos por dos estudiantes. Cada habitación se encuentra equipada con un área de estudio (con escritorio) y closet.
Así mismo, las residencias cuentan con espacios de uso común en los que se ubican las áreas de cocina, lavado y tendido, servicios sanitarios con duchas, áreas de tv y áreas de estudio.
Algunas de las áreas se encuentran debidamente equipadas con muebles de uso diario como por ejemplo las mesas del comedor, las mesas de acero inoxidable en la cocina, sillones en área de tv, las mesas en áreas de estudio y mobiliario en oficinas administrativas. La superficie total para el edificio de residencias es de 1257 m².
Cada estudiante residente también dispone de los servicios de internet, recolección de basura y sistema de seguridad.
En cuanto a la obra deportiva y recreativa concentra un área de juego que será utilizada para las disciplinas de básquetbol, vóleibol, fútbol sala y balonmano, la cual tendrá la instalación de una cubierta de techo abierta a los cuatro costados de la cancha; para una superficie total de 1100m² además, se construirán implementos estructurales deportivos (tubulares) como un tablero para básquetbol, así como las porterías para fútbol sala-balonmano y los postes para colocar la malla de vóleibol.
Adicional a lo anterior contará con un área de duchas y vestidores con una superficie de 123 m², más cuarto eléctrico, cuarto de redes, bodega y aceras de ingreso a las instalaciones deportivas.
Además del edificio de residencias y las obras deportivas el proyecto está compuesto por obras complementarias de aceras, iluminación, vegetación y calle.
Colaboración: Javier Rodríguez Ramírez- Coordinador UCPI – Efrain Cavallini A-Rectoría Fotografías: Cristian Chávez y Ricardo Castro, Sede Chorotega-Eliécer Berrocal- Ofic. Relaciones Públicas.
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Trabajo académico de la UNA pone a un clic un recuento de los efectos que han ocurrido en el país desde 1970 hasta el 2018. Este inventario permite el análisis y la representación espacio-temporal de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, de manera retrospectiva y prospectiva, para aplicaciones en la gestión de riesgos
Laura Ortiz C./Periodista UNA
Conocer dónde, cuándo y cuáles han sido los daños producidos por desastres en el país, nos permite entender el presente y prever consecuencias para el futuro. Desinventar, es una herramienta conceptual metodológica para la construcción de bases de datos de pérdidas, daños o efectos ocasionados por emergencias o desastres, disponible en Costa Rica desde 1996 y que se alimenta desde el 2011 por el trabajo de búsqueda y análisis de funcionarios del Programa Institucional de Gestión del Riesgo de Desastres de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional (PIGRD-UNA), coordinado por la académica Alice Brenes.
“Desinventar es un software que se ha desarrollado con la Corporación OSSO de Colombia. Es una herramienta que facilita el análisis y la representación espacio temporal de las amenazas por provincia, cantón, distrito y ahora por comunidad, de manera retrospectiva y prospectiva, para aplicaciones en la gestión de riesgos, desde las actividades de planificación y mitigación hasta la atención y recuperación. Se incluyen eventos hidrometeorológicos, sismos, actividad volcánica sequías y recientemente corrientes de resaca’, explicó Ricardo Orozco, académico del PIGRD-UNA.
Hasta mediados de los 90 no se disponía en América Latina de información sistemática sobre la ocurrencia de desastres cotidianos de pequeño y mediano impacto. En 1994 se construye un marco conceptual y metodológico común por parte de investigadores de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (LA RED), que concibe un sistema de adquisición, consulta y despliegue de información sobre desastres. La Corporación OSSO, con su base en Colombia, es la responsable de coordinar Desinventar para América Latina.
¿Cómo se alimenta?
La base de datos, de acuerdo con Orozco, se alimenta de informaciones publicadas en medios de comunicación, informes de la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto Meteorológico Nacional, el sistema 911, Bomberos de Costa Rica, incidentes reportados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional Vial, datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional, la Red Sismológica Nacional, municipalidades y el Organismo de Investigación Judicial, entre otros.
A nivel nacional, Desinventar se utiliza para elaborar el Informe del Estado de la Nación, el Informe de Situación de Vivienda y Desarrollo Humano en Costa Rica, Informes Internacionales de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias y artículos científicos.
También ha sido utilizada para cuantificar y expresar espacialmente los efectos de grandes desastres como el Huracán Mitch en Honduras y Nicaragua (1988), las lluvias torrenciales en el estado de Vargas en Venezuela (1999) el terremoto de Arequipa en el sur de Perú (2001) y los efectos del tsunami de Indonesia sobre varios países de la región (2004).
“El beneficio para el país de contar con esta herramienta, es el de poder tener información histórica de los eventos, así nos podemos dar cuenta de qué provincia o qué comunidad está siendo afectada por un evento, esto nos permitiría hacer planes de gestión municipal”, dijo Orozco.
Durante 5 y 7 de febrero el PIGRD-UNA y la Vicerrectoría de Extensión, organizaron dos talleres con la participación de académicos e investigadores de distintas unidades académicas, centros e institutos, con el objetivo de fomentar la incidencia en la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al Cambio Climático (RRD/GRD/ACC) en poblaciones, sectores y territorios priorizados a partir de la investigación y la extensión universitaria.
El PIGRD-UNA articula recursos, iniciativas y aportes de la Institución desde la reducción y gestión del riesgo de desastre, desde una perspectiva interdisciplinaria y coordinada en beneficio del logro del bienestar de la población y del desarrollo seguro y sostenible de sectores y territorios nacionales.
El acceso a Desinventar es libre y gratuito, solo debe ingresar a www.desinventar.org donde encontrará los datos de Costa Rica y otros países del mundo.
*** Para mayor información comuníquese al 2277-3066.
La Rectoría y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional tienen el agrado de invitarles al acto de inauguración del IDEARIO: Costa Rica Bicentenaria-Diálogo Nacional, que se llevará a cabo este miércoles 6 de marzo de 2019 a partir de las 6.00pm en el Auditorio Nacional (Museo de los Niños).
La Universidad Nacional ha asumido el reto de llevar adelante durante el año 2019 un proceso de construcción del nuevo Ideario, con el firme propósito de dar apertura de espacios de comunicación en los cuales se entrecrucen, mezclen y dialoguen la comunidad científica, artística e intelectual, los sectores sociales, los actores políticos y la ciudadanía en general en torno a los desafíos y los retos de la Costa Rica del pos Bicentenario de la Independencia.
La inauguración de esta importante actividad estará presidida por el señor Presidente de la República de Costa Rica, los presidentes de los tres poderes del Estado y el Rector de la Universidad Nacional.
Asimismo, se espera contar con la participación de la sociedad civil, para que se integren a la elaboración de este nuevo Ideario; que reviste de importancia, dado que se constituye en una oportunidad para establecer espacios de diálogo, análisis y reflexión, tanto conceptual como metodológica, entre la comunidad universitaria y los diferentes sectores populares, comunitarios, sociales, políticos y culturales del país.
Cabe mencionar que estos espacios reflexivos permitirán construir, de manera participativa, las respuestas que la sociedad costarricense deberá ofrecer ante los grandes retos y desafíos que nos espera en un futuro horizonte de dos a tres décadas.
Extendemos la invitación para acompañarnos en la apertura de este diálogo nacional por Costa Rica.
La Universidad Nacional en el marco de la Declaratoria por la Igualdad, la Equidad y la no violencia, le invitan a la Lección Inaugural del I ciclo lectivo 2019
Educación, género y derechos humanos, impartida por la Dra. Graciela Morgade
Investigadora y especialista en Educación Sexual, con enfoque de Género y Derechos Humanos, Universidad de Buenos Aires, Argentina
La perspectiva de género apunta a la construcción de una sociedad respetuosa de la diversidad y de los derechos humanos, porque reconoce que las mujeres y los hombres son protagonistas del desarrollo, por lo que deben tener acceso, uso y control sobre los recursos, las propiedades, los saberes y la toma de decisiones en condiciones de igualdad, implica, por ende, una acción directa sobre la sociedad para transformar los términos de las relaciones sociales, así como una voluntad política para cambiar dichos términos de manera que sea posible la igualdad. En este sentido, involucra también la revisión de las capacidades de las instituciones existentes y sus mecanismos de acción afirmativa para lograr la igualdad entre los sexos.
Las instituciones de educación superior están llamadas a cumplir con el compromiso de respetar el derecho que tiene toda persona a no sufrir ningún tipo de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, discapacidad, orientación sexual, origen, condición económica, entre otras.
Asimismo las Declaraciones mundiales sobre Educación Superior (1998, 2009) enfatizan sobre la importancia de proseguir e intensificar esfuerzos para aumentar el índice de acceso de las mujeres a todas las esferas de la educación superior, especialmente a los estudios científicos y tecnológicos y a los cargos de responsabilidad y garantizar su permanencia y graduación.
La perspectiva de género plantea que al ser históricas y socialmente construidas, es posible cambiar las estructuras sociales en las cuales se basa la desigualdad entre las mujeres y los hombres. Por ello promueve el reconocimiento de otras dimensiones como las que provienen de la clase social, etnia, orientación sexual, discapacidad, condición económica, entre otras.
***Para mayor información comuníquese al 2277-3066.
Aprovechando el interés que ha generado la reciente actividad del volcán Poás, el académico Gustavo Barrantes, de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (UNA), en un trabajo conjunto con el también geógrafo, Eduardo Malavassi, ha puesto a disposición de los usuarios interesados un mapa de peligros del volcán Poás.
Este mapa, elaborado con la aplicación ArcGIS Online, permite detectar qué lugares se pueden ver afectados por una eventual erupción; es decir, identifica por capas dónde puede haber afectación por la caída de ceniza, emanaciones de gases, caída de materiales piroclásticos e incluso, aunque menos probable, emanación de lava, detalló Barrantes.
El mapa se puede acceder desde cualquier dispositivo electrónico en la dirección https://arcg.is/1O1rOz
Si bien el mapa de peligro se basa en una investigación previa que habían realizado los autores, ahora está disponible desde el 19 de febrero de 2019, en la plataforma de ArcGis, la cual permite el uso masivo y público de la información científica. Barrantes adelantó que ya se tienen estudios parciales sobre el volcán Irazú que a futuro se publicarán en esta misma plataforma; de igual forma, se dará a conocer el registro de deslizamientos provocados por el terremoto de Cinchona (enero 2009) y el huracán Otto (noviembre de 2016).
Barrantes comentó que para la elaboración de estos mapas se ha trabajado con la colaboración del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).
— Para mayor información comuníquese con el académico Gustavo Barrantes (8841-8862) o co la Oficina de Comunicación de la UNA 2277-3066.
Los rectores de las universidades públicas hemos observado con preocupación ataque que, principalmente desde, mediados del 2018, diputados de diversas fracciones y medios de comunicación han hecho a las instituciones de la educación superior.
Estamos preocupados porque, como intento probar, no obstante, el respeto que nos merecen tanto los diputados, como los representantes de los medios de prensa, la mayor parte de los argumentos son descontextualizados, se basan en información falsa y contienen con frecuencias descalificaciones contra lo rectores. Para probar lo dicho me referiré, como un ejemplo al editorial de La Nación del 14 de enero pasado informativo.
1- El editorial cita un fragmento del artículo 85 de la Constitución Política, según el cual las rentas que reciben las Universidades con cargo al Presupuesto Nacional (o FEES), no podrán ser abolidas, ni disminuidas, y que las mismas serán ajustadas de acuerdo con la variación en el poder adquisitivo de la moneda.
El editorialista tiene el afán de resaltar lo que denomina “el riesgo moral” que—según él—se alimenta cuando las universidades obtienen un elevado aumento en la base. Este afán lo lleva a omitir algunos hechos muy importantes. El primero de ellos, sobre el cual no se dice media palabra, es que al aprobar el último Presupuesto Nacional de la República, el 20 de noviembre, los diputados disminuyeron las rentas que reciben las universidades, en clara violación del artículo 85 Constitucional.
En segundo lugar, el mismo artículo 85 señala que: “Cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.” Pero no surgió ningún diferendo en el seno de la Comisión de Enlace. Considero imposible que el editorialista desconozca este hecho.
2-Por otra parte, se omite decir que los aumentos “elevados” del FEES a la base como el que se produjo al inicio de la administración Solís, son una excepción en los últimos nueve años. También se guarda el editorial de puntualizar que según el artículo 85 constitucional, el presupuesto de cada año no puede ser disminuido, ni abolido, “…si no se crean, simultáneamente otras mejoras que las sustituyan.” Si bien es cierto desde el 2010 el presupuesto universitario creció a una tasa un poco inferior al 10%, de nuevo se omiten dos circunstancias concordantes entre sí:
Durante buena parte de la década de los años 90 el presupuesto de las universidades fue decreciente con relación al PIB nominal. En ese lapso hubo un año inclusive, en el que el crecimiento del presupuesto de las instituciones públicas de educación superior fue inferior al crecimiento del poder adquisitivo de la moneda y al menos en dos años de la misma década fue casi similar a la inflación. O sea, las universidades arrastraron un rezago importante en su presupuesto respecto del PIB.
En el 2011 se reformó el artículo 78 de la Constitución, ley 8954-06-02, mediante la cual se aumentó la dotación del presupuesto nacional a la educación en su conjunto, del 6% al 8%. El transitorio I de dicha ley señala que: “El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente.” Como es sabido, en la fecha indicada no se llegó al 8% del PIB para la educación en su conjunto.
Por todas las circunstancias antedichas, el presupuesto en conjunto de las cuatro universidades (UCR, TEC, UNA y UNED) ni siquiera había llegado al 1.5% respecto del PIB, como parte del 8% del presupuesto total del gobierno destinado a la educación. No es sino hasta el 2019 que se llega al 8%; es decir, con un retraso de cuatro años. Esta relación del 1.5% respecto del PIB, en tanto el presupuesto total de educación llegase al 8%, nació de un acuerdo con el gobierno de Laura Chinchilla, el cual ha sido rubricado ya por dos gobiernos más.
3- El editorial pretende abordar el tema de los pluses, de una manera sesgada. Veamos:
El freno del crecimiento del FEES en el 1.5% del PIB, impedirá un crecimiento del mencionado presupuesto de las universidades, y por lo tanto, no se comerá “…año a año porciones mayores de los recursos económicos y fiscales del país” como lo supone el editorialista. Lo que sí puede ocurrir, si no se introducen correctivos a determinados pluses instalados en toda la administración del Estado, de los cuales las universidades públicas no son excepción, es el indeseable efecto de que los aumentos de la masa laboral crezcan en un porcentaje mayor respecto del total de los recursos del FEES. Empero, con los planes de control del gasto que se comenzaron a implementar, los rectores estamos dados a la tarea de impedir que eso suceda.
El editorial quiere desconocer lo que los rectores hemos hecho frente a gastos indebidos, al afirmar que “…es poco -o más bien, nada- lo que han hecho para evitarlos o moderarlos.” La Nación sabe algunas de las iniciativas que hemos emprendido, puesto que las noticias han sido publicadas en sus mismas páginas y los rectores en ocasiones hemos sido entrevistados. Ejemplos: Henning Jensen, de la UCR, se ha referido públicamente a un plan de contención del gasto, dentro del cual una de las medidas más importantes fue reducir la anualidad de un 5.5% a 3.75%. El rector Marcelo Prieto de la UTN disminuyó de un 55% a un 30% del salario el monto de la dedicación exclusiva; dejando el beneficio solamente a jefes, directores o coordinadores, ya antes se había eliminado el acceso de bachilleres a este beneficio.
Finalmente, vuelven a arremeter contra este servidor y contra la UNA, al publicar que parte de los ingresos que recibimos las universidades por concepto de transferencias (FEES) los dedicamos a la construcción de obras de baja importancia social, y mencionan la ya existente Plaza de la Diversidad Cultural. Hemos aclarado que no nos propusimos construir una plaza. Pero al repetir ese estigma una y otra vez, como lo hacen hoy La Nación y otros medios, han logrado instalar en la conciencia de mucha gente una idea errónea, desnaturalizando una obra cultural y académica, que se proponía crear una galería de arte, una concha acústica para la expresión artística de la danza, del teatro y de la música, junto a la ampliación de la soda Padre Royo, indispensable para una población universitaria creciente, así como oficinas para la dirigencia estudiantil de la UNA. Con la línea editorial de La Nación uno puede tener diferencias, pero siempre he leído con interés su trabajo en el ámbito cultural. No entiendo cómo pueden ahora separarse alevosamente de esa línea, buscando crear la imagen de que los universitarios malbaratamos los recursos en bagatelas. Esas “bagatelas” son obras del arte y la cultura. El desprestigio provocado no es sano ni justo con una institución a la que le ha costado años labrar la imagen que hoy tiene entre muchos conciudadanos, como una institución que usa los recursos para becar a cerca del 60% de sus estudiantes y otorgar beca completa al 78% de nuestros jóvenes en las zonas rurales. En cambio, no es posible por la ley de promoción de desarrollo científico y tecnológico, según el artículo 95, tomar los recursos que con sacrificio obtenemos de la venta de servicios en el ámbito externo a la universidad para, como lo pretende el editorial “…otorgar becas a estudiantes provenientes de familias de recursos limitados.” Es cierto que en ese mismo artículo la ley permite usar los recursos en lo que dispongamos las autoridades universitarias, cuando la venta de servicios se haga a lo interno. Sin embargo, los recursos de esta venta suelen ser exiguos como para pensar que se pueda otorgar un monto significativo en becas a estudiantes de escasos recursos. La pretensión del editorial refleja un desconocimiento supino acerca de cómo se deben manejar los recursos públicos que recibimos.
Tampoco es cierto, que los subsidios del FEES “…beneficien a estudiantes provenientes de familias acomodadas, que en mayor proporción concluyen la educación media.” La UNA posee uno de los sistemas de admisión más justos de las universidades del país. Lo que no podemos directamente es impedir, como universidad, que sean los estudiantes de familias acomodadas los que en mayor proporción concluyen la educación media. Endosarnos esto también es el colmo de la distorsión de la realidad, solo para desprestigiar a las universidades públicas.
Con la comisión recientemente instalada en la Asamblea Legislativa, si desean analizar los recursos del FEES, estamos prestos a colaborar, somos entidades que no tenemos nada que esconder y estamos dispuestos al diálogo. Las universidades estatales estamos al servicio del país.
Enviado a SURCOS por M.Sc Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación Rectoría UNA.
UNA ofrecerá oferta técnica deportiva para entrenadores y atletas de la provincia limonense
El día viernes 01 de febrero de 2019, la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional, ha presentado en la provincia de Limón la iniciativa de una oferta curricular de formación y capacitación a entrenadores de esa región caribeña.
La Dra. Ana María Hernández Segura, Rectora Adjunta de la Universidad Nacional comentó que en el marco de las Carreras Itinerantes que promueve la Rectoría Adjunta, hoy en Limón se está concretando la oferta de formación: “Técnico en entrenamiento deportivo” para atletas y entrenadores de Limón en coordinación con la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional. De esta manera, en el mes de abril de 2019 se estará dando inicio la primera promoción
Para la Master Yadira Cerdas Rivera, Vicerrectora de Extensión, con esta iniciativa se da respuesta a uno de los temas de las mesas de diálogo sobre Cultura, Deporte y Recreación del III Encuentro Regional que la Vicerrectoría de Extensión realizó en el 2018.
Para el Dr. Braulio Sánchez Ureña, Director de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la UNA, con este esfuerzo desde la academia se pretende mejorar los niveles de conocimiento y por ende mejoras futuras en los procesos de detección y desarrollo del talento deportivo de la región caribeña.
El encuentro se realizó en la casa de la Cultura de la ciudad de Limón y se contó con la presencia de autoridades de los gobiernos locales de la provincia, comités cantonales de deporte y recreación, casa presidencial.
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Accion de Inconstitucionalidad promovida por la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional contra la Ley N29632 del 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, publicada en Alcance 207 a La Gaceta (Diario Oficial) número 230 del 11 de diciembre de 2018.
Señores
Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Ciudad
Estimados señores:
Los suscritos, HENNING JENSEN PENNINGTON -mayor, casado, Doctor en Psicología, vecino de Mercedes, Montes de Oca, San Pedro, San José, con cédula de identidad número 8-041-334, como rector de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, cédula jurídica número 4-0000-42149; JULIO CESAR CALVO ALVARADO -mayor, casado, Ingeniero Forestal, vecino de Santo Domingo de Heredia, con cédula de identidad número 1-639-541-, como rector del INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA, cédula jurídica número 4-000-042145; ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRIA -mayor, viudo, Doctor en Politología, vecino de Concepción de Tres Ríos, La Unión, Cartago, con cédula de identidad número 1-443-578- como rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL, cédula jurídica número 4-000- 042150; CARLOS MAURICIO MONTOYA RODRIGUEZ -mayor, divorciado, Máster en Administración de Empresas, vecino de San Rafael, La Unión, Cartago, con cédula de identidad número 1-845-995- como rector de la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA, cédula jurídica número 4-000-042151 y MARCELO PRIETO JIMENEZ -mayor, casado, Licenciado en Derecho, vecino del cantón central de Alajuela, con cédula de identidad número 2-283-288- como rector de la UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, cédula jurídica número 3-007-556085, atentos nos presentamos a plantear acción de inconstitucionalidad contra el artículo segundo de la Ley N29632 del 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, publicada en Alcance 207 a La Gaceta (Diario Oficial) número 230 del 11 de diciembre de 2018, por los siguientes:
MOTIVOS:
Violación del artículo 85 de la Constitución Política, por asumir el Poder Legislativo competencias no autorizadas constitucionalmente para disminuir la partida correspondiente al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal, incorporada por el Poder Ejecutivo en el proyecto de presupuesto de egresos de la República, en detrimento de las potestades constitucionales señaladas para el Poder Ejecutivo por el párrafo cuarto del mismo artículo 85.
Violación constitucional por omisión al no haber sido incorporado en el artículo 22 de la Ley N29632 del 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, el monto del FEES preceptuado por el artículo 85 de la Constitución Política, esto es, una partida correspondiente al FEES vigente en el presente año, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.
Todo lo anterior según pasamos a exponer en la siguiente fundamentación:
SOBRE LA LEGITIMACION DE LOS ACCIONANTES:
La Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 6162 del 30 de noviembre de 1977, reunidas en el seno del Consejo Nacional de Rectores, formulamos conjuntamente el Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de esta Ley, para los efectos de la determinación del financiamiento universitario requerido para la atención de sus gastos e inversiones, de conformidad con el artículo 85 de la Constitución Política vigente.
La dotación de este financiamiento no sólo determina y condiciona la operatividad misma de dichas instituciones, posibilitándoles el cumplimiento de sus cometidos estatales, sino que constituye el medio necesario para garantizar la efectividad y progresividad del Derecho a la Educación de nivel superior universitario, cuyos beneficiarios directos son los estudiantes matriculados en estas instituciones.
El artículo 75 de la Ley N27135 de 11 de octubre de 1989, Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa; cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o cuando sea presentada por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes, el desempeño de sus propias competencias.
La legitimación que ostentan las instituciones de educación superior universitaria estatal aquí representadas para promover la presente acción de inconstitucionalidad proviene del artículo 75 párrafo 22 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por cuanto por la naturaleza del asunto no existe lesión individual y directa, se trata de la defensa de intereses difusos que atañen a la colectividad en su conjunto y no es posible, por su naturaleza, obtener un supuesto justiciable de aplicación singular y concreto.
Se acude en defensa de intereses difusos o colectivos relacionados con el Derecho fundamental a la educación superior universitaria estatal y el control sobre el manejo de los fondos públicos conforme a su determinación en el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) y su incorporación en el presupuesto de la República.
En este caso existe la legitimación en la defensa de «intereses difusos», dentro de los que la Sala Constitucional ha identificado el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país, el buen manejo del gasto público, el derecho a la salud, el derecho a la educación pública, entre otros, casos en los que se ha pronunciado en el sentido de que no resulta necesario contar con un asunto previo que sirva de base a esta acción.
Las violaciones aquí alegadas no son tampoco susceptibles de generar una lesión individual que legitime a una persona determinada o determinable a solicitar el contro! de constitucionalidad, motivo por el que resultan aplicables las resoluciones 480-2002 de las 14:41 horas del 23 de enero de 2002, la 481-2002 de 14:42 horas del mismo día y la resolución 5798-2014 de 16:33 horas del 30 de abril de 2014, pues “dada la naturaleza de la disposición impugnada no es posible obtener un supuesto justiciable de aplicación singular y concreto (sentencia n.”2004-14986 de las 12:17 horas del 24 de diciembre de 2004),
Adicionalmente, en el presente caso se acusa el rebajo de un monto presupuestario global (FEES), destinado al financiamiento del conjunto de instituciones de educación superior universitaria estatal en general y no a alguna institución en particular, motivo por el que sería también imposible por dicha razón obtener un supuesto justiciable de aplicación singular y concreto, conforme lo señala la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
HECHOS:
PRIMERO.- El monto anual destinado al fondo especial para el financiamiento de la educación superior universitaria estatal (FEES) para el ejercicio económico 2019 en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES), fue fijado por la Comisión de Enlace mediante acuerdo suscrito entre las instituciones de educación superior universitaria estatal y el Poder Ejecutivo, representado por los Ministros de Educación, Hacienda, Planificación y de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, el pasado 13 de julio de 2018, conforme lo acredita el documento adjunto.
SEGUNDO.- El FEES correspondiente al año 2019 fue definido en este acuerdo en los siguientes términos:
“El presupuesto del FEES en el 2019 será de (511.154,72 millones y para la UTN el presupuesto será de ¿34.868,93 millones; montos que corresponden al presupuesto asignado en el año 2018, tomando en cuenta la estimación del 3%, prevista como inflación para el año 2019” (cláusula primera).
El monto del FEES para el año 2019 se determinó tomando como base el monto del FEES vigente para el año 2018 “ajustado de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda”, expresando así la ejecución directa de lo que a este efecto ordena preceptivamente el artículo 85 de la Constitución Política.
TERCERO.- Para dar cumplimiento a dicha disposición constitucional, también fue dispuesto que las eventuales variaciones en el poder adquisitivo de la moneda causarían una revisión de su monto aprobado. El acuerdo de financiamiento correspondiente indica en su cláusula segunda:
“Si en el transcurso del año 2019 la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) supera el 4%, límite superior proyectado en el Programa Macroeconómico del Banco Central, la Comisión de Enlace se reunirá para valorar los términos del presente acuerdo.”
CUARTO.- El monto del FEES para el año 2019 por la suma de 511, 154,72 millones de colones, fue incorporado por el Poder Ejecutivo en el proyecto de presupuesto ordinario de egresos de la República, según lo ordenado por el artículo 85 de la Constitución Política. Durante la discusión de dicho proyecto de ley de presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa, los señores diputados aprobaron un rebajo de 10.000 millones de colones a la asignación del monto del FEES acordado, fijándolo en su lugar en la suma de 501.154,72 millones de colones, con lo cual el FEES vigente para el año 2018 no fue incorporado en el presupuesto 2019 “ajustado de acuerdo con la variación en el poder adquisitivo de la moneda”, tal y como lo establece el artículo 85 de la Constitución Política, en forma preceptiva y obligatoria.
QUINTO.- El pasado 11 de diciembre de 2018 fue publicada en Alcance 207 a La Gaceta (Diario Oficial) número 230 la Ley N29632 del 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, cuyo artículo 22 incorpora con destino al FEES dos partidas por un total de 501.154,72 millones de colones, rebajando 10.000 mil millones de colones la suma que preceptúa asignar para el año 2019 el artículo 85 de la Constitución Política. (Véase Ley 9632, Tomo Il, página 521).
FUNDAMENTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD QUE SE ACUSA:
La variación en el poder adquisitivo de la moneda que se incorpora en el programa macroeconómico del Banco Central de Costa Rica para el ejercicio 2019 es un insumo de naturaleza técnica, que no es definido ni por las instituciones de educación superior universitaria estatal integrantes del CONARE ni por los Ministros de Educación, Hacienda, Planificación ni de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
La disposición constitucional que regula la determinación del monto o asignación del FEES para determinado año está contenida en el artículo 85 de la Constitución Política que, en lo que aquí interesa, dice:
“El Estado… mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. … Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan. … El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.”
En ejecución de este precepto constitucional, las instituciones de educación superior universitaria estatal y los Ministros de Educación, Hacienda, Planificación y de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, acordaron fijar el FEES correspondiente al año 2019 en los mismos términos constitucionales, por la suma de 511.154,72 millones de colones, no obstante lo cual el Poder Legislativo se atribuyó competencias que corresponden al Poder Ejecutivo y en su lugar incluyó en el presupuesto ordinario de egresos de la República para el año 2019 la partida del FEES con una disminución de 10.000 millones de colones, por la suma de 501,154,72 millones de colones, con lo cual dicha partida no corresponde a la asignación constitucional prevista para el FEES, la cual debe ser ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.
La determinación del monto del FEES planteada por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2019 deriva de la aplicación directa del artículo 85 de la Constitución Política. Esta situación resulta de particular importancia toda vez que el mismo artículo 85 establece el supuesto jurídico único bajo el cual el Poder Ejecutivo perdería su competencia constitucional para incluir el monto del FEES y ser sustituido por el Poder Legislativo. Indica el artículo 85 en su párrafo final:
“Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.” Por tratarse de una norma constitucional imperativa debe entenderse que, fuera de este supuesto jurídico, le está vedado a la Asamblea Legislativa determinar la asignación del FEES, incorporando un monto distinto del acordado y definido constitucionalmente. En el presente caso no hubo diferendo alguno respecto a la determinación del monto a presupuestar para el FEES del año 2019. Por el contrario, su monto fue determinado siguiendo la literalidad misma del artículo 85 constitucional, ajustando el monto del FEES del año 2018 a la variación del poder adquisitivo de la moneda, según las proyecciones macroeconómicas aprobadas por el Banco Central de Costa Rica, autoridad competente en esta materia.
Como consecuencia de esta intervención de la Asamblea Legislativa se cometieron las violaciones constitucionales que aquí se acusan y reclaman, ya que asumió competencias que constitucionalmente no le están atribuidas en detrimento de las potestades constitucionales reservadas para el Poder Ejecutivo, dejando sin contenido la garantía constitucional de conservación del poder adquisitivo de las rentas destinadas al FEES, obstaculizando con ello el disfrute del Derecho a la Educación superior universitaria y su progresividad, cuya efectividad constituye el cometido estatal de las instituciones aquí representadas.
VIOLACIONES CONSTITUCIONALES:
Si bien corresponde al Poder Legislativo conocer y aprobar el presupuesto ordinario de la República, tratándose de la determinación del presupuesto del FEES, la misma Constitución estipula un procedimiento especialísimo, dentro del cual la competencia del Poder Legislativo queda condicionada a la existencia de una ausencia de acuerdo en cuanto al monto a asignar para el FEES en determinado año por parte del Poder Ejecutivo.
La determinación del monto a presupuestar para el FEES del año 2019 es resultado directo de lo dispuesto por el artículo 85 de la Constitución Política, pues corresponde estrictamente al monto del FEES del período vigente, ajustado únicamente por la variación en el poder adquisitivo de la moneda, según las estimaciones oficiales contenidas en el programa macroeconómico emitido por el Banco Central.
Como consecuencia, se da en el presente caso el concurso de dos violaciones constitucionales contenidas en la Ley N29632 del 28 de noviembre de 2018:
Violación del artículo 85 de la Constitución Política, por asumir el Poder Legislativo competencias no autorizadas constitucionalmente para disminuir la partida correspondiente al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal, incorporada por el Poder Ejecutivo en el proyecto de presupuesto de egresos de la República, en detrimento de las potestades constitucionales señaladas para el Poder Ejecutivo por el párrafo cuarto del mismo artículo 85.
Violación constitucional por omisión al no haber sido incorporado en el artículo 2? de la Ley N29632 del 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, el monto del FEES preceptuado por el artículo 85 de la Constitución Política, esto es, una partida correspondiente al FEES vigente en el presente año, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.
PETITORIÍA:
Con fundamento en todo lo expuesto, solicitamos a la Sala Constitucional dar trámite a la presente acción de inconstitucionalidad, para lo cual aportamos copias de ley, y acoger la inconstitucionalidad acusada y reclamada contra el artículo 22 de la Ley N29632 declarando en sentencia:
A.- La legitimación que poseen las instituciones de educación superior universitaria estatal para la interposición de la presente acción de inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley N29632 del 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, publicada en el Alcance 207 a La Gaceta (Diario Oficial) número 230 del 11 de diciembre de 2018.
B.- La inconstitucionalidad de la reducción (en 10.000 millones de colones) que el Poder Legislativo ha hecho de la partida incorporada por el Poder Ejecutivo en el proyecto de presupuesto (por 511,154,72 millones de colones), efectuada durante la tramitación del proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019. Lo anterior como consecuencia de una intervención indebida del Poder Legislativo en el ámbito de las competencias constitucionales asignadas por el artículo 85 al Poder Ejecutivo, que mediante acuerdo con las instituciones de educación superior universitaria estatal suscrito el pasado 13 de julio de 2018, determinaron la asignación constitucional para el FEES correspondiente al año 2019 en la suma de 511.154,72 millones de colones, monto que corresponde al presupuesto asignado en el año 2018, tomando en cuenta la estimación del 3%, prevista como inflación para el año 2019.
C.- La inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley N29632 del 28 de noviembre de 20138, por no haber incorporado la partida correspondiente al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) en los términos preceptivos y obligatorios contenidos en el artículo 85 de la Constitución Política, esto es, una partida correspondiente al FEES vigente en el presente año, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda, variación que ha sido fijada en un tres por ciento de inflación, de conformidad con el programa macroeconómico publicado por el Banco Central de Costa Rica.
D.- Dimensionar los efectos de la sentencia que acoja la presente acción previniendo tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa a incluir por medio de un presupuesto extraordinario del año 2019 los fondos necesarios para incorporar los 10.000 millones de colones que fueron inconstitucionalmente rebajados de las partidas destinadas a la asignación que constitucionalmente corresponde para el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política.
D.- Prevenir tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa de abstenerse de realizar acciones u omisiones que impliquen incumplir durante el proceso de formulación, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la República, el monto del FEES que debe ser incluido según los términos señalados por el artículo 85 de la Constitución Política.
DOCUMENTOS:
Acompañamos a la presente acción de inconstitucionalidad los siguientes documentos:
Documentos que acreditan nuestras personerías
Copia de la Ley N26162 del 30 de noviembre de 1977
Acuerdo de financiamiento del FEES suscrito el 13 de julio de 2018
Copia del programa macroeconómico publicado por el Banco Central de Costa Rica
Copia del artículo 22 de la Ley N29632 del 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, (Tomo ll, página 521)
NOTIFICACIONES:
Oiremos notificaciones mediante el correo electrónico gbaudritfWconare.ac.cr, debidamente autorizado al efecto, asociado al celular 8388-5148.
San José, 22 de enero de 2019
En el primer día de campamentos, se realizó un taller de guitarra para adultos en la comunidad de Pacayitas. Foto: VAS UCR.
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Académicas de la UNA desarrollan proyecto de investigación – extensión como parte de la Red Análisis Multidimensional de las Interacciones Universidad- Sociedad para el bienestar social en Iberoamérica (MULTIBIEN)
Las académicas Msc. Rita Gamboa Conejo, la MAP. Priscila Mena García de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS, de la Facultad de Ciencias Sociales y MSc. Carmen Monge Hernández, de la Vicerrectoría de extensión, de la Universidad Nacional (Costa Rica), UNA, participaron de actividades académicas con la Red de Análisis Multidimensional de las Interacciones Universidad-Sociedad para el Bienestar Social en Iberoamérica (Multibien). Esta Red es impulsada por la Universidad Politécnica de Valencia y financiada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).
La red MULTIBIEN es un espacio para estudiar y visibilizar el resultado y el potencial de la universidad pública en su interrelación con la comunidad, centrado en las acciones para su bienestar. La riqueza y variedad de los estudios de caso dentro del marco de la red es una de las fortalezas del proyecto. Se espera se traduzcan en guías y procedimientos para, desde los distintos contextos y con una mirada multidimensional, poder evaluar el impacto de la universidad en la sociedad a través de las distintas interacciones que tiene con los agentes sociales.
Las Red MULTIBIEN cuenta con 13 equipos de académicos, provenientes de siete países de Iberoamérica y organizados de la siguiente manera.
Equipos de trabajo por país:
3 de España: 1 de la Universidad Politécnica de Valencia, 1 de EDUCO, 1 de Fundación Descubre
1 de la Universidad Federal de Uruguay (UDELAR)
2 de Universidades de Argentina: 1 de la Universidad de Lomas y otro de la Universidad Litoral
1 de la Universidad de Aveiro- Portugal
2 de Colombia, ambos de la Universidad de Antioquia
2 de Brasil: 1 Universidad Federal de Rio de Janeiro y 1 Universidad Federal de Amazonas
1 de la Universidad Nacional de Costa Rica
1 de la Organización de Estados Iberoamericanos.
Dada la naturaleza de la red, ésta trabaja de forma virtual, sin embargo, anualmente se realiza una reunión en uno de los países participantes. En el año 2018 la reunión se realizó del 17 al 21 de septiembre en Valencia-España, cuyo objetivo fue conocer los participantes integrantes de la red, así como sus enfoques y metodologías. Asimismo, se discutieron y se acordaron los elementos teóricos y metodológicos para la reunión del siguiente año (2019) y el seguimiento en relación al proceso de formulación y desarrollo de los proyectos que cada grupo desarrollará. Además en la reunión realizada en Valencia se definieron aspectos de logística para la reunión del año siguiente.
En esta red se estudian las formas de interacción entre la universidad y la sociedad, así como la contribución de esta organización (compuesta por instituciones de educación superior) en la mejora de la calidad y el bienestar de las personas. De ahí, que se convocó un equipo de académicos y académicas de diferentes universidades de Iberoamérica que presentarán y desarrollaran sus respectivos proyectos de investigación y/o extensión en conjunto con la red (Multibien) en el período 2018-2021.
Al respecto las académicas de la EPPS-UNA (dado que la tercera participante está en España, realizando su doctorado) asumieron el proyecto de investigación sobre el distrito de Cureña ubicada en Sarapiquí de Heredia. Según Mena, en este se buscará trabajar con jóvenes, mujeres y hombres para conocer desde estos grupos que se entiende como bienestar.
Sin embargo, las investigadoras son conscientes que debe considerarse el contexto social y cultural de la comunidad, así como el papel de la UNA en relación a las comunidades como el caso de Cureña.
De hecho, uno de los principales conceptos más profundizados en esta primera reunión, son los de calidad de vida y bienestar. Para el economista Max Neef se deben medir según las necesidades de las personas. Por ello, para medir la calidad de vida y el bienestar de alguna persona debe hacerse desde su visión, ya que es diferente el contexto de una persona a otra.
Al respecto, Gamboa cuestiona la necesidad de ver la perspectiva de calidad de vida y bienestar no solo desde la universidad y lejos de la comunidad: “no es solo imponer una visión de desarrollo de la Gran Área Metropolitana, sino considerar la realidad rural de la comunidad, por ejemplo, el uso de tecnología y el alfabetismo. Es decir, no es darle lo que la universidad cree que necesitan, sino lo que la comunidad realmente ocupa, de lo contrario podría suceder que la comunidad agradezca grandemente la intervención de la universidad, pero no pueda manejar el proyecto después de que los académicos se vayan”, indicó Rita Gamboa.
Las académicas de la UNA, buscan que su proyecto se desarrolle desde la visión e intereses de la comunidad de Cureña. De esta manera, medir cómo funciona la interacción universidad y sociedad desde la visión de las personas de las comunidades involucradas en el proyecto; que permita evidenciar la construcción colectiva del proyecto entre las académicas y la comunidad.
Cabe mencionar, que para las académicas de la UNA es importante asegurar que la universidad no imponga su conceptualización de bienestar y calidad de vida, sino, rescatar la propia vivencia y realidad de la cotidianidad de la comunidad en estudio, para plantear sus necesidades, aspiraciones, intereses y prioridades que ayuden a un impacto positivo de la calidad de vida: “En el caso de estudio de nuestra investigación la idea es iniciar en los primeros meses del 2019 con el trabajo en la comunidad con dos tareas fundamentales: “Primero, definir el concepto de bienestar desde lo objetivo, subjetivo y relacional según los propuesto desde la RED, y segundo construir un concepto de bienestar desde la población del distrito de Cureña” comentaron las académicas Gamboa y Mena.
Al finalizar los proyectos en el tiempo previsto, se realizará un seminario donde se presentarán los resultados de avance de las investigaciones realizadas por cada uno de los grupos y como producto final se diseñará un libro recopilador del proceso académico de investigación, en ambos continentes.
Mayor información del evento en el Link de Iberoamérica divulga:
