Promover la reflexión sobre el reconocimiento de la conectividad a internet como un derecho humano para todo habitante de Costa Rica, y en particular para la población estudiantil, es el objetivo de la conferencia virtual “La conectividad en la educación superior: retos y perspectivas postpandemia”, que impartirá Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC), el viernes 25 de junio a partir de las 10 a.m.
La conferencia, que subraya la necesidad del acceso a internet en la educación, con énfasis en estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, es organizada en el marco de la declaratoria de “2021 Año de las universidades públicas por la conectividad como derecho humano universal”, realizada desde el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El expositor invitado Francesc Pedró -quien funge como director de UNESCO-IESALC desde 2019- previamente lideró el servicio de asesoramiento en políticas educativas, incluyendo las revisiones de las políticas nacionales, así como estudios comparativos internacionales en el sector de educación de la UNESCO en París, Francia, desde 2010.
Además, trabajó en el Centro de Investigación e Innovación Educativas (CERI) de la OCDE donde fue responsable de proyectos como Teaching and Learning International Survey (TALIS) y New Millennium Learners Project.
También dirigió las revisiones de la investigación educativa en los países de la OCDE y el proyecto sobre Innovación Sistémica en Educación.
Como moderador de la conferencia participará Oscar Benavides Argüello, académico de la Escuela de Informática de la UNA e integrante de la comisión de la Vicerrectoría de Docencia encargada de la programación de actividades en el marco de la declaratoria de las Universidades Públicas por la conectividad como Derecho Humano Universal.
Las personas interesadas en participar en la conferencia impartida por el experto de la Unesco, pueden conectarse a través de la plataforma Zoom, mediante el siguiente enlace: https://una-cr.zoom.us/j/89899983085 ID: 89899983085
Habrá un espacio para consultas y reflexiones de los participantes sobre el tema.
Las universidades públicas promueven la conectividad universal y gratuita en todo el territorio nacional como un derecho fundamental, indispensable para ejercer la libertad de pensamiento y de expresión, cuyo acceso debe ser garantizado y protegido por el Estado.
Para más información con Oficina de Comunicación 8334-4150.
El pasado 8 de febrero las comunidades de Tamarindo y Sámara recibieron el reconocimiento Tsunami Ready, cuatro más trabajan en cumplir con todos los indicadores.
SURCOS comparte la siguiente información de la Oficina Comunicación UNA:
El pasado 8 de febrero la Junta Nacional Tsunami Ready de Costa Rica (NTRB), por sus siglas en inglés), dio a conocer que, de las seis postulaciones, dos cumplen con los 10 indicadores para obtener el galardón y las restantes, deben trabajar en los próximos meses para que se les otorgue el reconocimiento.
El Programa Piloto Tsunami Ready de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (IOC/UNESCO) está presente en los cuatro sistemas de alerta de tsunami del mundo: Pacífico, Caribe, Índico y Noreste Atlántico-Mediterráneo, cuenta con un logo unificado y su objetivo es reconocer a la comunidad sus esfuerzos para minimizar la pérdida de vidas y propiedad ocasionada por el embate de un tsunami y promover la preparación ante el peligro de un evento de este tipo.
Algunos de los indicadores que deben cumplir las comunidades son:
Señalar rutas de evacuación por tsunami.
Elaborar un mapa de evacuación por tsunami.
Elaborar y distribuir material educativo y divulgativo.
Realizar actividades divulgativas sobre tsunamis.
Preparar un Plan de Preparativos y Respuesta ante tsunamis.
Contar con mecanismos redundantes y funcionales 24/7 de recepción y diseminación de alertas de tsunami.
Realizar una simulación o simulacro de tsunami.
Las cuatro comunidades con indicadores pendientes a quienes también se les aprobó la entrega del galardón fueron:
Jacó y Quepos: solo falta la realización de la simulación o simulacro de tsunami.
Tivives tiene pendiente la simulación o simulacro y la realización de una actividad divulgativa de tsunami.
Uvita-Bahía (Osa) tiene pendiente colocar las señales de rutas de evacuación por tsunami y definir un tercer mecanismo de difusión de la alerta.
Las comunidades con requisitos pendientes deben cumplirlos en los próximos meses para la entrega oficial del reconocimiento.
Estas comunidades se suman a las de Ostional (reconocida en el 2017) y Playas del Coco (reconocida en el 2020). De esta manera Costa Rica se convierte en el país de América Central con más comunidades reconocidas Tsunami Ready. Este reconocimiento se debe renovar cada cuatro años.
“Este es un reconocimiento al trabajo de las comunidades y sus organizaciones que incluyen Comités Municipales de Emergencia (CMEs), Comités Comunales de Emergencia (CCEs), Asociaciones de Desarrollo Integral (ADIs), ASADAS, entre otras. Además, en algunas comunidades las escuelas y hoteles se han involucrado activamente en el proceso, por ejemplo, en Sámara y Tamarindo”, comentó Silvia Chacón, coordinadora del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional (SINAMOT-UNA).
En algunos casos las señales de rutas de evacuación fueron donadas por entidades internacionales, como en Sámara que fueron donadas por la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y en Jacó, Quepos y Tivives, que fueron donadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América junto con las sirenas. En el caso de Tamarindo la mayoría de las señales fueron compradas por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI-Tamarindo), quienes además elaboraron un video informativo para los turistas. Algunas de las señales de Tamarindo y las señales de Uvita y Bahía fueron suministradas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).
Para Chacón, el reconocimiento Tsunami Ready y el uso de un logo unificado a nivel mundial, “representan un plus para el turismo en las comunidades reconocidas, contribuyendo a la reactivación económica que tanto necesita el país, ya que los turistas nacionales e internacionales que las visiten saben que encontrarán comunidades mejor preparadas para enfrentar un tsunami”.
Quepos con buena nota
La Municipalidad de Quepos inició en el 2017 un trabajo conjunto con la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (Edeca-UNA). Uno de los múltiples frutos que ha dejado esta alianza, es la creación de la Comisión para el Cambio Climático, desde donde se realizaron las acciones para poder cumplir con los requisitos propuestos para obtener el Tsunami Ready.
“Hemos logrado trabajar sobre las dos amenazas más importantes del cantón: tsunamis e inundaciones, y ya la Comisión cuenta con una política sobre cambio climático aprobada por el Concejo Municipal que incluye protocolos para la atención de tsunamis y la afectación por inundaciones. En relación con los tsunamis con los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental, logramos hacer videos informativos y educativos para el comercio, el sector pesquero, los hoteles, la comunidad y los centros educativos, explicó Vanessa Valerio, coordinadora del proyecto Estrategias participativas de cambio climático a nivel local, de la Edeca-UNA.
Para Warren Umaña, coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental, este es un trabajo de voluntad y apoyo de distintos sectores. “Hemos tenido que implementar muchas acciones como la rotulación de puntos seguros, las rutas de evacuación, la divulgación de videos y otros. Ya estamos muy cerca de recibir este reconocimiento, vamos a coordinar cuanto antes con la CNE para hacer el simulacro que nos hace falta, porque esto es un orgullo: qué bonito que el turista nos puede visitar y disfrutar de la biodiversidad del cantón, y además puede hacerlo de manera segura. Esto es muy importante principalmente ahora que necesitamos la reactivación económica”, dijo Umaña.
Para el vicealcalde Ronald Sánchez, este trabajo se une a otros que se están realizando en materia ambiental como la distribución de composteras y las rutas de reciclaje. “Es bonito recibir este reconocimiento porque nos dice que estamos haciendo bien las cosas, es un trabajo de alianzas donde participa la municipalidad, el sector público, el privado, el comercio, y los habitantes trabajando por el bien y la seguridad de nuestro cantón”.
Más información con Silvia Chacón, 8309- 6690, coordinadora del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional (SINAMOT-UNA).
La sección regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí, el Fondo para el Desarrollo de las Regiones (FUNDER) de Etnomatemática de la Universidad Nacional (UNA), con apoyo de la red latinoamericana de Etnomatemática, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), invitan al acto oficial de entrega del primer libro de matemática en Bribri-Cabécar.
Esta se realizará el martes 16 de febrero de 2021, a las 9:30am en el Territorio Indígena Suretka, Talamanca (Instalaciones de ADITIBRI). Dicho texto brinda los primeros intentos por incluir saberes etnomatemáticos de estos pueblos originarios y contextualizar contenidos curriculares en la educación secundaria. Se pretende mostrar la fase cualitativa de construcción como un proceso crítico de trascendencia, dando voz a los participantes y mostrando imágenes ilustrativas.
Para mayor información y detalles del evento comunicarse con: Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (2277-3464/8674-8535).
“Con todos y para el bien de todos” Del 25 al 28 de enero de 2022 La Habana, Cuba
FORO PLURAL Y MULTIDISCIPLINARIO CONVOCADO POR El Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional
Auspiciado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde su creación en 2003 ha contado con el acompañamiento de la Organización de Estados Interamericanos para la Ciencia, la Educación y la Cultura (OEI) y otras instancias internacionales. Coordinado por la Oficina del Programa Martiano de Cuba (OPM), en sus casi dos décadas de trabajo, el Proyecto ha demostrado su alcance mundial gracias a sus múltiples iniciativas. Sobresalen el otorgamiento del Premio Internacional UNESCO/ José Martí, y la generación de un gran movimiento internacional, dirigido a expandir el legado del Apóstol de la Independencia y Héroe Nacional cubano y a respaldar las prioridades de la UNESCO.
LA PRESENTE EDICIÓN
Llamamos a todas las personas de buena voluntad, a los intelectuales, artistas, políticos y activistas; a educadores, escritores, periodistas, luchadores sociales, dirigentes políticos, sindicales y religiosos, a miembros de organizaciones no gubernamentales científicas, feministas, juveniles, campesinas, ecologistas… movidas por principios de justicia y equidad. Deseamos convertir este foro de pensamiento plural y multidisciplinario en un escenario donde se contribuya a sensibilizar a la opinión pública mundial para crear una conciencia contra los males que hoy aquejan a la Humanidad y ponen en riesgo la propia existencia de nuestra especie.
En la edición anterior, la Conferencia reunió a casi mil delegados de 63 países los días del 28 al 31 de enero del 2019 en La Habana, Cuba. En esta ocasión convocamos a la V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO “Con todos y para el bien de todos” en conmemoración del 169 Aniversario del natalicio de José Martí, gran pensador universal de profundas convicciones humanistas, antimperialistas, éticas y de justicia social. Se abordarán en ella los más acuciantes problemas globales que afectan a la Humanidad en la época actual.
Esta Conferencia Internacional seguirá siendo una extensión de los debates del Congreso Mundial de Humanidades efectuado en agosto de 2017 en Lieja, Bélgica, auspiciado por la UNESCO y el Consejo Internacional para la Filosofía y la Ciencias Humanas.
Mediante conferencias magistrales, intervenciones especiales, comisiones, paneles, talleres, un espacio juvenil y otras modalidades de reflexión se abordarán temáticas variadas, como corresponde a un foro plural y multidisciplinario de esta naturaleza y magnitud. Como es habitual, el evento desarrollará una abarcadora agenda que incluirá:
Experiencias derivadas de la Pandemia del COVID-19.
El dialogo y la diversidad cultural.
Papel y desafíos de los movimientos sociales.
Necesidad de la solidaridad.
La impostergable lucha por la paz y el desarme nuclear.
La problemática del agua en todos sus aspectos.
Riesgos y esperanzas de las nuevas tecnologías de la información (TIC).
Noticias falsas, ética y redes sociales.
Responsabilidades del periodismo en la coyuntura presente.
El ecosistema y su defensa.
Políticas culturales e identidad nacional.
Las artes y las letras y particularmente la poesía en la formación de una espiritualidad y una cultura de resistencia.
El multilateralismo como mecanismo indispensable para el equilibrio mundial.
La integración como una necesidad para asumir los desafíos del mundo contemporáneo.
Desarrollo sostenible y equidad social.
El hambre y la seguridad alimentaria.
Educación y derechos humanos en el siglo XXI.
La lucha contra todas las formas de discriminación.
Igualdad de género en su expresión verdadera y real.
Los sindicatos en medio de la globalización neoliberal.
Diversidad religiosa, ecumenismo y espiritualidad.
El problema del consumo de estupefacientes y al narcotráfico.
El papel de la juventud y de las nuevas generaciones: hoy y mañana.
El combate al terrorismo en todas sus formas, incluido el terrorismo de Estado.
Construcción de una democracia participativa y efectiva.
La justicia como sol del mundo moral.
Aportes del pensamiento latinoamericano, -desde Simón Bolívar y José Martí- hasta los más relevantes pensadores de la contemporaneidad.
INFORMACIONES GENERALES
SEDE E IDIOMAS: A desarrollarse en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, los idiomas oficiales de la Conferencia serán: español, inglés y portugués, mientras que en plenaria también habrá traducción simultánea en francés y ruso.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: Los participantes en la modalidad de Ponentes deben inscribir su trabajo en el Comité Organizador antes del 30 de noviembre del 2021, con el título de la ponencia, los datos del autor y un resumen de no más de 100 palabras (Arial 12) especificando qué medio audiovisual requiere para su exposición.
MEMORIAS DEL EVENTO: Al concluir este foro se publicará un libro en soporte digital para ser distribuido en universidades y en la amplia red de Contactos del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. Por tal motivo, se pide a quienes se inscriben como ponentes que entreguen sus trabajos íntegros.
CRÉDITOS: Los delegados inscritos como ponentes o participantes recibirán diploma acreditativo con los correspondientes créditos académicos, según normas internacionales.
INSCRIPCIÓN
Delegados
120,00 USD
Estudiantes de pregrado
70,00 USD (presentar documento acreditativo)
Acompañante
50,00 USD
El pago puede hacerse a su llegada en el Palacio de las Convenciones, en el momento de la acreditación, o vía online a través del sitio web oficial del evento: http://www.porelequilibriodelmundocuba.com
Declaración del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional
APLAZAMIENTO para los días 25 al 28 de enero del 2022
El Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, tras una consulta con todos sus miembros, ha tomado la decisión de aplazar para los días 25 al 28 de enero del año 2022 la V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, que originalmente estaba prevista para el próximo 2021.
Los integrantes del Consejo Mundial reconocemos que el desastre provocado por la Pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto muy claramente la necesidad de trabajar por el equilibrio del mundo, la colaboración y la solidaridad internacionales, la equidad, el desarrollo sostenible, justicia social y la paz, lo que hace más oportuna que nunca antes la celebración de este cónclave que tiene el coauspicio de la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y otras muchas instituciones. No obstante –vista la situación y las condiciones que prevalecen en la actualidad en la mayoría de los países, agobiados por una profunda crisis sanitaria, económica y social- un análisis frío y realista conduce necesariamente a la necesidad de aplazar un año la cita.
Esto permitirá contar con más tiempo para favorecer la asistencia al evento de muchísimos académicos, profesores e investigadores, promotores culturales, activistas sociales, representantes de partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales y de otras instituciones de la sociedad civil, de todas partes del mundo, que han manifestado su interés en participar en este foro internacional, plural y humanista, que se realiza en La Habana, cada dos años en homenaje al gran pensador cubano, latinoamericano y universal José Martí.
Este evento internacional se efectuará en La Habana, Cuba. Salvo el cambio de fecha (ahora sería del 25 al 28 de enero del 2022), la convocatoria que oportunamente se libró para este evento mundial mantiene total vigencia.
La V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO tiene carácter plural y multidisciplinario, tiene el propósito de darle continuidad al Congreso Mundial de Humanidades efectuado en el 2017 en Lieja, Bélgica, y, entre otros temas cardinales abordará la importancia del diálogo y la diversidad cultural, el papel y los desafíos de los movimientos sociales, la lucha por la paz y el desarme nuclear, los riesgos y esperanzas de las nuevas tecnologías de la información, los ecosistemas y la necesidad de su preservación, las políticas culturales y la identidad nacional, el multilateralismo como mecanismo indispensable para el equilibrio mundial, las artes y las letras en la formación de una cultura de resistencia, el desarrollo sostenible y la equidad social, la educación y los derechos humanos en el siglo XXI, el combate contra la discriminación racial y por la igualdad de género, la diversidad religiosa, el ecumenismo y la espiritualidad, el problema global del narcotráfico, el papel actual de la juventud en los procesos de cambio, la construcción de una democracia participativa, y los aportes del pensamiento latinoamericano, desde Simón Bolívar y José Martí hasta nuestros días.
En correspondencia con la actual crisis mundial, hemos propuesto al Comité Organizador de esta V Conferencia Internacional, añadir en la agenda de discusión un nuevo punto que, de manera general, se ha titulado “Experiencias derivadas de la Pandemia del COVID-19”.
El propio Comité Organizador nos ha pedido dar a conocer que todas aquellas personas que ya se habían inscripto en el sitio web del evento (http://www.porelequilibriodel mundocuba.com) como ponentes o con el estatus de participantes en dicho cónclave mantienen todos sus derechos.
Llamamos a todas las personas de buena voluntad (intelectuales, educadores, artistas, escritores, periodistas, activistas sociales, miembros de organizaciones no gubernamentales, políticas, feministas, campesinas, juveniles y estudiantiles, sindicales, religiosas, científicas, ambientalistas…) a esforzarse por participar en este foro de pensamiento plural y multidisciplinario, a fin de convertirlo en un escenario para contribuir a sensibilizar a la opinión pública mundial en torno a la necesidad de crear una conciencia tangible contra los males que hoy aquejan a la Humanidad y ponen en riesgo la propia existencia de nuestra especie.
15 de julio del 2020 Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional
Integrantes del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional:
Federico Mayor Zaragoza (España), ex director general de la UNESCO; presidente de la Fundación Cultura de Paz. Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Premio Nobel de la Paz; destacado activista por los Derechos Humanos. Ignacio Ramonet (Francia), analista internacional, escritor y periodista francés. Frei Betto (Brasil), teólogo e intelectual; Premio Internacional José Martí UNESCO/2012 Carlos Bojórquez Urzáiz (México), intelectual, investigador y profesor; responsable del Consejo Científico de la Universidad José Martí de Latinoamérica, sede en Mérida, Yucatán. AtilioBorón (Argentina), sociólogo y analista político; Premio Internacional José Martí UNESCO/2009. Vittorio Di Cagno (Italia), jurista; Presidente de Honor de la Comisión Internacional de la Unión del Notariado Latino. Miguel Ángel Candanedo (Panamá), filósofo, director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Panamá. Guillermo Castro Herrera (Panamá), especialista en estudios ambientales; Asesor de la Fundación Ciudad del Saber, Panamá. Paul Estrade (Francia), Profesor Emérito de la Universidad de París VIII; Ex Presidente del Centro de Historia de las Antillas Hispánicas y de la Sociedad de amistad Francia-Cuba. Pablo Guayasamín (Ecuador), Presidente Fundación Guayasamín. Pablo González Casanova (México), intelectual; Ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Jean Lamore (Francia), profesor adjunto en la Universidad de Burdeos, Francia. Luigi Lombardi Vallauri (Italia), destacado jurista y profesor. Juan Marchena Fernández (España), profesor latinoamericanista y Coordinador del Centro de Estudios Avanzados para América Latina y el Caribe, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Mario Alberto Nájera Espinoza (México), filósofo, profesor en la Universidad de Guadalajara, México; y Coordinador de la Red Internacional de Cátedras Martianas. Raúl Pérez Torres (Ecuador), prestigioso escritor. Max Puig (República Dominicana), intelectual y político; Ex Secretario de Estado de Trabajo de la República Dominicana. Tony Raful (República Dominicana), poeta e historiador; Ex Secretario de Estado de Cultura de la República Dominicana. Pedro Pablo Rodríguez López (Cuba), investigador titular del Centro de Estudios Martianos; Premio Nacional de Historia y de Ciencias Sociales de Cuba. Luis Gomes Soromenho (Portugal), profesor universitario, economista y político. Emilio Lambiase (Italia), profesor y activista social. Francisco Galindo (España), promotor cultural y profesor adjunto de la Universidad Complutense de Madrid, España. Alicia Kirchner (Argentina), activista social y política; Ex Presidenta del Comité Intergubernamental del Programa MOST de la UNESCO. Chung Kyung Won (Corea del Sur), catedrático en la Universidad de HANKUK; presidente del Instituto de Estudios Latinoamericanos de esa institución de Seúl, Corea del Sur. José Antonio Ruz Hernández (México), Rector de la Universidad Autónoma del Carmen, México. VivianAuffant (Puerto Rico), catedrática del Departamento de Literatura y Español de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. Jorge Cuellar Montoya (México), Rector de la Universidad José Martí de Latinoamérica, de Monterrey, México. Eduardo Torres Cuevas (Cuba), historiador; Director de la Oficina del Programa Martiano y Presidente de la Sociedad Cultural José Martí, Cuba Francisco Beltrán Lloris (España), profesor de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, España. Guillermo Daniel Ortega Reyes (Nicaragua), parlamentario; secretario de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento Centroamericano. Marjorie Jiménez Castro (Costa Rica), profesora de Filología y Lingüística en la Universidad de Costa Rica. Peter Koenig (Suiza), economista y analista geopolítico. Héctor Hernández Pardo (Cuba), profesor universitario; Coordinador Ejecutivo del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional.
*Imagen de cabecera: Clausura de la IV Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO
Perspectivas de jóvenes colegiales evidencian la necesidad vigente de crear políticas públicas inclusivas
Resultados de la medición constatan un escaso contacto social de las personas consultadas con las poblaciones afrocostarricenses e indígenas. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La iniciativa se ejecutó durante el primer semestre del año 2019 como resultado de una alianza estratégica entre el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La medición estuvo a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR y encuestó una muestra aleatoria de 1200 estudiantes de 37 colegios públicos de todo el país, a fin de conocer sus actitudes, creencias y experiencias en torno a las poblaciones indígenas y afrocostarricenses.
Como parte de los resultados de la consulta se determinó que el 74.3% de los jóvenes encuestados estarían dispuestos a recibir en su casa a alguien con un color de piel diferente al suyo, pero al mismo tiempo la cifra se redujo al 58.8% si se tratara de una personas de otra etnia.
Pese a que el 81.5% de los colegiales está de acuerdo con que el país apoye la preservación de tradiciones y costumbres de diferentes grupos culturales, sólo el 37.5% de los consultados está de acuerdo con que las sociedades multiculturales son más capaces de resolver problemas.
La investigación evidenció también niveles de contacto social limitados con ambas poblaciones, pues sólo el 28.8% de los jóvenes cuenta con personas afrocostarricenses en su grupo de amistades, cifra que se reduce al 4.6%, cuando se trata de personas indígenas.
El 60.2% de los colegiales reconoció sentimientos favorables hacia las personas afrocostarricenses y sólo el 52.2% lo hizo con las personas indígenas, mientras que los grupos recibieron una valoración social de 5.77% y 4.13% respectivamente, frente a un 6.2% que se atribuyeron los propios encuestados.
Aunque los jóvenes relacionan a ambas poblaciones con calificativos positivos como trabajadores y alegres, al mismo tiempo les atribuyen estereotipos vinculados con violencia, superstición y pobreza que según la investigación, tenderán a producir actitudes adversas y conductas discriminatorias.
Presentación de los aprendizajes de la Encuesta se realizó por medio de una transmisión en la página de Facebook de UNESCO-San José. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La investigadora del IIP, Vanessa Smith-Castro, afirmó que, tal como lo han detectado otras investigaciones en el mundo, la contradicción es una parte inherente de los seres humanos y refleja la coexistencia de visiones negativas y positivas respecto a un mismo objeto, que se activan en distintos momentos.
“Las visiones o representaciones se activarán frente a aspectos como el discurso imperante en la sociedad o las experiencias personales acumuladas. Nadie es totalmente consistente y en este caso, lo importante es saber que hay ideas que resuenan más que otras cuando los jóvenes piensan en unos u otros grupos” argumentó la investigadora.
Sin embargo, la psicóloga reconoció que las opiniones y los estereotipos negativos tienen impactos reales en las relaciones sociales que además de generar sufrimiento a las personas que se les atribuyen, pueden afectar su desarrollo académico, profesional y por tanto, también otros ámbitos de la vida.
“Los estereotipos terminan modificando nuestras conductas hacia las personas a las que se los atribuimos y al mismo tiempo afectan a esas personas cuando llegan a pensar que eso que se dice sobres ellas es real y entonces se terminan limitando” enfatizó la académica.
Por su parte, la directora de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe (CEAC) de la UCR y una de las principales impulsoras de la encuesta, Rina Cáceres Gómez afirmó que las opiniones de los estudiantes consultados son “un espejo” de la sociedad costarricense y evidencian muchas preguntas respecto a la forma en que nos reconocemos.
“Estos jóvenes son el resultados de sus familias, vecinos, amigos medios de comunicación, pero también de los textos y las currículas educativas. Este espejo de lo que somos como sociedad nos muestra que hay una población que no es reconocida y que está siendo invisibilizada en el día a día”, explicó.
La académica considera que la opinión de los jóvenes hace un claro llamado de atención respecto a la necesidad de implementar políticas públicas inclusivas como las que amerita una sociedad multiétnica y pluriculturalidad, al tiempo que “nos obligan a preguntarnos si la modificación constitucional del 2015 quedó en la folclorización de las demandas”.
“Creo que en este momento hay un grito desesperado en todo el mundo que demanda el reconocimiento de quienes componen cada nación. ¿Cuántos de nuestros héroes o símbolos nacionales recuperan el legado indígena o afrodescendiente?, el espacio de la representación política es excluyente y esto hay que cambiarlo, porque es la única forma de que nadie se quede atrás” concluyó la experta.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
El Comité de Memoria del Mundo de Costa Rica, en cooperación con la Unesco, declaró que los documentos que posee la UCR son de indiscutible importancia histórica
“De inigualable legado histórico y de gran relevancia para la cultura y la sociedad costarricense”. Estas fueron parte de las razones por las que una serie de documentos del Dr. Clodomiro Picado Twight (únicos en su tipo y resguardados por la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Archivo Nacional) fueron declarados “Memoria del Mundo Costa Rica 2019”.
Así lo manifestó el Comité de Memoria del Mundo (CCMM), de la Comisión de Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Para el caso específico de la UCR, el patrimonio de la Institución se compone de un total de nueve piezas que están bajo la protección del Instituto Clodomiro Picado (ICP). Dicho acervo va desde títulos, certificados y medallas originales obtenidas por el Dr. Picado en sus años de vida, hasta una pintura al óleo (1954), en la cual se representa al afamado científico.
Con este nombramiento, la Unesco (que promueve dicho registro desde 1992) procura incentivar la preservación y el acceso del patrimonio histórico documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo. ¿El objetivo final? Fortalecer la memoria colectiva y así impulsar el desarrollo de los países a través de la educación, la ciencia y la cultura.
“Los documentos son de indiscutible importancia y fueron producidos por un insigne costarricense que, gracias a sus importantes hallazgos, impulsó el desarrollo científico del país. No cabe duda de que la labor realizada por el Dr. Picado ha sido fuente generadora de nuevos conocimientos y avances científicos para el país y otras latitudes del mundo, lo cual permitió que Costa Rica se posicionara muy bien a nivel internacional”, manifestó Magda Cecilia Sandí, presidenta del Comité Nacional de Memoria del Mundo (CCCU).
El Dr. Picado vivió durante los años de 1887 a 1944 y escribió cerca de 115 trabajos científicos en diversos campos relacionados con la biología, la microbiología médica, la fisiopatología y la inmunología.
Además, fue un pionero en la investigación del veneno de serpientes. Ese hecho lo llevó al reconocimiento internacional por demostrar la eficacia de una alternativa que, incluso hoy, es clave para salvar vidas alrededor del mundo: los sueros antiofídicos.
“Cuando uno lee la historia de Clodomiro Picado, sobre cómo él sale de un colegio público y genera todo su haber para aportarle a la sociedad, ciertamente vemos de lo que somos capaces en Costa Rica. Este registro nos permite no olvidar a esas personas que a lo largo del tiempo lograron marcar un hito para el país y el mundo. Es necesario generar nuestra propia memoria colectiva en función de mostrarle a todas las personas de lo que somos capaces y realzar los logros de los científicos costarricenses que, en muchos casos, son olvidados”, enfatizó Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
La actividad de reconocimiento se efectuó en diciembre del 2019 en las instalaciones del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit). Por parte de la UCR, quien recibió el certificado Memoria del Mundo 2019 fue el Dr. José María Gutiérrez. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Con esta nueva mención, la UCR recibe por tercera vez el reconocimiento Memoria del Mundo por tener un patrimonio considerado como invaluable.
La primera designación de la UCR fue en el 2009, cuando ingresó la colección bibliográfica de Carlos Meléndez, pertenecientes al Centro de Investigaciones Históricas de América Central (Cihac-UCR). Posteriormente, en el 2018, se incorporaron las actas del Consejo Universitario que se encuentran en el Archivo Universitario.
A nivel nacional, se contemplan otras nueve Memorias del Mundo. Entre ellas está el Álbum de Figueroa, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cómputo de votos desde 1949 al 2016 del Tribunal Supremo de Elecciones, los documentos sobre la independencia de la Corona Española y sobre la Corte de Justicia Centroamericana, así como el registro de defunciones de la Campaña de 1856-1857.
Asimismo, de reciente ingreso (2019), están el expediente del Premio Nacional de Historia Cleto González Víquez, el libro de la visita pastoral de Monseñor Esteban Lorenzo de Tristán a Costa Rica y el libro titulado Breves lecciones de aritmética para el uso de los alumnos de la Casa de Santo Tomás.
“Es muy gratificante saber que tenemos un Comité Nacional que ha estado trabajando muy arduamente por preservar la memoria de Costa Rica y que no se pierdan estos bienes tan valiosos. Al contar con esos aportes, tanto científicos como históricos de los diferentes países del mundo, las informaciones se pueden poner a la disposición de otros continentes y países”, afirmó Flor Cubero Venegas, miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Costarricense de Cooperación con la Unesco.
Título de doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Costa Rica. Fecha de emisión: 16 de octubre de 1942. Foto: Karla Richmond.
Dennis Portuguez, viceministro administrativo del Ministerio de Cultura, destacó que es un orgullo saber que Costa Rica sigue sumando registros de patrimonio documental de gran valor público. Sin embargo, se debe fortalecer el número de postulaciones, con el propósito de salvaguardar la “gran cantidad de tesoros que marcan el pasado del país y aún siguen invisibilizados”, afirmó.
En eso coincidió el ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, así como Jamion Knight, del Programa de Comunicación e Información de la Unesco. Este último hizo hincapié en otros aspectos, como la necesidad de tratar el tema de la gestión de riesgo para proteger estos documentos de los accidentes y desastres, además de la importancia de utilizar los recursos tecnológicos para su difusión.
“El patrimonio documental registra el desarrollo del pensamiento, la evolución de las lenguas, las culturas, los pueblos y su comprensión. Este acervo favorece la educación intercultural y los avances científicos y tecnológicos. Por lo tanto, es un recurso vital para el desarrollo. Sin embargo, hay una palabra muy importante y esa es ‘accesibilidad’. Podemos guardar documentos en archivos, pero no son útiles si no son accesibles. Si queremos promover este tipo de patrimonio, debemos pensar cómo aprovechar la tecnología para alcanzar a los jóvenes”, señaló Knight.
La Unesco realiza las convocatorias para la Memoria del Mundo Costa Rica todos los años. Igualmente, posee otras dos categorías de postulación de carácter regional y mundial.
“La cultura, la educación y la ciencia nacional hacen su aporte a la memoria de la humanidad. En nuestro caso, como entidad promotora de la ciencia, la tecnología y la innovación, nos mostramos complacidos de compartir la obra del Dr. Clodomiro Picado Twight”, concluyó Arturo Vicente León, secretario ejecutivo del Conicit.
Conversatorio sobre Educación en Derechos Humanos y el Sistema Educativo Público Costarricense
La educación en derechos humanos debe estar presente desde los primeros pasos de los niños y niñas en el sistema educativo, según se pudo concluir durante el conversatorio del INIE-UCR.
“Porque un derecho solo es un derecho, si vale para todos”. Con esa contundente frase, la embajadora de Alemania en Costa Rica, la Sra. Martina Nibbeling-Wriessnig, resumió el desafío que representa la enseñanza de los derechos humanos para los sistemas educativos, cómo debe enfocarse en los grupos excluidos y cómo no debe dejar a nadie atrás. Sus afirmaciones formaron parte del Conversatorio Educación en Derechos Humanos y el Sistema Educativo Público Costarricense, organizado por el Instituto de Investigación en Educación, de la UCR (INIE-UCR), el pasado 25 de noviembre, en el marco de la Cátedra de Estudios sobre Religiones.
La directora del INIE, Jacqueline García Fallas, destacó que se debe asegurar el compromiso de las futuras generaciones con los derechos humanos mediante los sistemas educativos, como un código ético compartido. Por esta razón, mencionó el reciente voto de la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 21.096, por medio del cual 26 legisladores se opusieron a la enseñanza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un contenido más en la temática que se estudia en nuestros centros educativos. Precisamente, ante esa posición de los legisladores, el INIE-UCR emitió hace unas semanas un comunicado oficial en el cual no compartían dicha decisión de los legisladores.
Pasar de la obligación a la convicción
Durante el conversatorio, el público pudo analizar los aportes y posiciones de las expertas en el tema: Astrid Hollander, especialista del Programa de Educación Unesco; Alicia Vargas Porras, exviceministra académica del MEP; Janeth Carrillo, directora de la Dirección de Promoción y Divulgación de la Defensoría de los Habitantes; Susanne Müller-Using, catedrática invitada, y Lupita Chaves Salas, exrepresentante de la UCR ante el Consejo Superior de Educación, quien fungió como moderadora del conversatorio.
Durante décadas se generó un vacío en torno a la educación en derechos humanos en el sistema educativo costarricense, el cual se ha venido atacando en las aulas gracias a nuevas políticas que se aplican desde el 2017. Foto: María Peña.
Para Janeth Carrillo, existen en Costa Rica resistencias significativas sobre la educación en derechos humanos ya que, según trabajos llevados a cabo por la Defensoría de los Habitantes, la institucionalidad pública tiene pocas capacidades de empatía actitudinal para comprender al otro. Por lo tanto, aseguró Carrillo, es determinante lograr que las personas, a la hora de abordar el tema de los derechos humanos, pasen de la obligación a la convicción personal sobre la importancia de respetarlos, de hacerlos valer, para una sana convivencia.
De acuerdo con esa necesaria convicción a lo interno de la institucionalidad pública, Astrid Hollander sostuvo que para alcanzar una educación de calidad en derechos humanos, esta debe desarrollarse desde una estrategia interinstitucional y no únicamente del MEP. Los estudiantes, los docentes, las familias, las comunidades locales, diferentes organizaciones de la sociedad civil, etc. deben participar. Además, agregó, se deben democratizar los espacios escolares, desarrollando una educación de acción, basada en problemas reales, donde se tomen en cuenta los contextos culturales y se tengan mecanismos de evaluación pertinentes. Al respecto, la Unesco tiene diferentes dimensiones en la educación en derechos humanos, en las cuales la relevancia y la pertinencia son vitales para alcanzar pedagogías centradas en las personas
Hollander enfatizó que en el derecho humano a la educación está inherente el derecho a la educación en derechos humanos. Es decir, a enseñanza que provea las habilidades cognitivas necesarias, las habilidades socioemocionales y un ambiente habilitador (un ambiente educativo) con pedagogías centradas en las personas.
El concepto de ciudadanía y su interrelación con los derechos humanos trata de mitigar las debilidades que durante décadas experimentó el sistema educativo en cuanto a la importancia de que las generaciones jóvenes sean educadas en, para y por los derechos humanos. Foto: María Peña.
Educar para una nueva ciudadanía
Sin embargo, ese ambiente habilitador y esas pedagogías centradas en las personas han sido débiles durante bastantes años en el sistema educativo costarricense, tal como se desprende de la intervención de Jeannette Carrillo, quien afirmó que “la educación en derechos humanos en Costa Rica no ha sido un tema álgido en el sistema educativo. Por este motivo, la formación del personal docente en derechos humanos (para generar el proceso de transformación necesario) ha sido, en consecuencia, deficitaria”.
Respecto de ese déficit, Alicia Vargas agregó que la educación en la temática mencionada se ha integrado a través de una política de Estado que ha definido lineamientos a los centros educativos del país.
Vargas destacó la actual «Política curricular para una nueva ciudadanía y una Política Educativa 2016», conformada por cinco ejes y centrada en la persona. En esta política educativa vigente, encontramos el quinto eje denominado «ciudadanía y derechos humanos», el cual persigue que la educación en esos derechos trascienda y sea el sujeto el actor del proceso educativo (conceptualizado este como un proceso integral que se desarrolla a lo largo de la vida).
«Educar para una nueva ciudadanía» es el estandarte de la actual política educativa costarricense, la cual está respaldada por el Consejo Superior de Educación. Foto: María Peña.
El vacío en torno a la educación en derechos humanos, que durante décadas tuvo el sistema educativo costarricense, se viene atacando en las aulas gracias a esas políticas, aseguró Vargas, desde tres visiones: educación sobre los derechos humanos, educación por medio de los derechos humanos y educación para los derechos humanos.
Por su parte, Susanne Müller-Using enfatizó cuáles criterios se usan para estructurar una educación en derechos humanos de calidad y cómo tenemos que cultivarlos, cómo aprendemos los derechos humanos, cómo incentivamos el diálogo sobre derechos humanos en el entorno, qué indican hasta hoy estudios internacionales sobre los derechos humanos, etc. Esas fueron algunas de sus inquietudes durante su intervención.
Como muestra de lo importante que es dar respuestas a tantas interrogantes alrededor de la educación en derechos humanos, la experta presentó un reciente estudio llevado a cabo entre Alemania y unidades académicas de las universidades públicas costarricenses que imparten la carrera de educación. El grupo, conformado por docentes y por estudiantes de docencia, dio respuesta a algunas de esas incógnitas. Entre los más destacados resultados de la consulta se puede asegurar que, para ambos grupos de participantes, la educación en derechos humanos sí es importante y que “la labor docente sí es hablar o trabajar la temática de derechos humanos”.
Entre las especialistas que conformaron el conversatorio del INIE, hubo consenso en que es necesario e imprescindible que un sistema educativo pertinente y de calidad trabaje día a día el tema de los derechos humanos. Esta es una labor y un deber interinstitucional de muy diversos actores del Estado y de la sociedad civil. Foto: María Peña.
La Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO a través del Programa de Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfica (IODE) impartió durante los días de 13 al 17 de agosto del 2018 el curso: “Manejo Integrado de Zonas Costeras y Planificación Espacial Marina (MIZC – PEM)”.
En el curso participaron más de 10 países representados por especialistas en diversos temas en manejo de zonas costeras, en la sede del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) ubicado en Santa Marta, Colombia.
Al respecto, el académico extensionista Gonzalo Mora Cortés del Programa de Desarrollo Integral de las Comunidades Rurales Costeras del Golfo de Nicoya del Departamento de Física (PDICRC) de la Universidad Nacional (UNA), expresó la importancia que tienen estos espacios de capacitación para los diferentes investigadores: “Este tipo de cursos son importantes para mejorar las capacidades de acción en nuestro trabajo como extensionistas, el vínculo y la convivencia con especialistas en temáticas relacionadas con el mar y los espacios costeros me abrió la posibilidad de conocer otros contextos internacionales y obtener juicio para valorar el que tenemos”.
Agregó que: “Es importante motivar a inscribirse y participar en este tipo de actividades”, ya que los participantes reciben también un certificado por 40 horas por la asistencia al curso.
Finalmente, Mora hizo un llamado a los académicos interesados en este tipo de formación, para que inscriban en futuras actividades a través del sitio oficial de Ocean Teacher Global Academy, donde pueden encontrar una variedad de actividades y tendrán acceso a una red de más de 3000 profesionales de la oceanografía y afines que trabajan en distintos lugares del mundo.
En días recientes, se informó de un inédito traslado realizado el 24 de abril de varias esferas del Diquís denunciado por los vecinos de las fincas Chánguina y Térraba en Palmar Sur (véase nota de la Extra). Como bien se sabe, estas misteriosas esferas precolombinas, descubiertas en los años 40 en Costa Rica, y que pueden llegar a pesar más de 15 toneladas, constituyen un vestigio arqueológico único. Este reciente traslado se refiere a esferas situadas en lo que antiguamente se denominaba «Finca 2-4» o más comúnmente «Finca 4», un lugar con posiblemente la mayor cantidad de esferas descubierto en Costa Rica.
Si bien la discusión se ha centrado en el tema de las esferas, una breve puesta en perspectiva del contexto social permite entender mejor la controversia suscitada, en particular para el lector poco familiarizado con esta precisa región de Costa Rica. Se intentará esbozar de forma muy resumida a continuación el entorno social de Finca Chánguina y Térraba; posteriormente, se analizará lo ocurrido desde la perspectiva de las obligaciones internacionales de Costa Rica en materia de preservación y protección de sitios arqueológicos, finalizando con algunas breves sugerencias en aras de cumplir estas obligaciones a cabalidad.
La Zona Sur: una zona históricamente azotada por la injusticia
Como bien se sabe, los nombres de lugares con un numeral de fincas en la Zona Sur de Costa Rica obedecen al hecho que, en una época, las empresas bananeras arrasaron gran parte de esta zona, incluyendo los nombres nativos de aldeas y caseríos existentes. La obra mundialmente famosa de «Mamita Yunai» del escritor Carlos Luis Fallas (más conocido como Calufa) editada en 1940, describe, como también varios textos de las escritoras Carmen Lyra y Yolanda Oreamuno, los abusos de todo tipo que marcaron la vida dentro de las fincas bananeras costarricenses en los años 20 y 30 del siglo pasado. La primera huelga de los trabajadores bananeros tuvo lugar en 1934. 50 años después, la «Yunai» anunció el cierre de sus operaciones en Costa Rica (véase nota de El Pais de diciembre de 1984). Cabe señalar que en el 2010, las autoridades educativas vieron frustrado su intento de retirar «Mamita Yunai» de los programas de lectura obligatoria en colegios costarricenses (véase nota de La Nación). En este estudio de Antoni Royo sobre la historia del banano en Costa Rica, titulado «La ocupación del Pacífico Sur costarricense por parte de la compañía bananera (1938-1984)», disponible en la red, se lee que: «en el Pacífico sur, en las zonas donde se presentaban mejores condiciones para el cultivo del banano, esto es las planas aluviales de los valles de los ríos Grande de Térraba, Esquinas y Coto Colorado, la Compañía emprendió una política de acaparamiento de tierras que a menudo vulneró los derechos de los ocupantes legítimos» (p. 12).
Fotografía de esferas en terrenos de la United Fruit Company (UFC) en Costa Rica en los años 1930 (ver artículo).
Dentro de esta sufrida región sureña de Costa Rica, hay una precisa zona que ha sido objeto de discusión y titulares de prensa en los últimos años. En el 2015, y durante varios meses, más de cien familias campesinas de Finca Chánguina permanecieron en la calle a raíz de una orden de desalojo a todas luces irregular ordenada por los tribunales (véase nota del Semanario Universidad, en particular la irregularidad detectada por la Procuraduría General de la República). En esta nota de La Nación del 2015 se lee que:
“Nosotros fuimos trabajadores de esas empresas (Chánguina y Térraba). Desde el 2001, el empresario (Echeverría) empezó a atrasarnos los salarios, a pagarnos con cupones para cambiarlos por comida, y, a lo último, ya ni una ni la otra. Cuando nos vimos sin posibilidad de salario y sin posibilidad de trabajo, nosotros decidimos tomar la tierra como una forma de cobrarnos el salario”.
En marzo del 2016, la orden de desalojo fue suspendida por un juez agrario (véase nota de La Nación), no sin antes el Presidente Luis Guillermo Solis proceder a declaraciones un tanto desafortunadas recogidas por la prensa (véase nota de La Nación). Hace pocos días, en abril del 2017, un artículo de opinión reseñaba la gran incógnita que persiste para estas familias campesinas.
Esta indefinición, de mantenerse, podría empezar a interesar a órganos interamericanos de derechos humanos, e incluso dar pié para activar un mecanismo previsto en un instrumento que Costa Rica ratificó en el 2014: el Protocolo Facultativo al Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (véase nota nuestra al respecto publicada en DIPúblico).
Ante una sensación de zozobra colectiva tan delicada, cualquier acción del Estado costarricense debiera de ponderarse y realizarse con la mayor cautela, consultando a las comunidades de la zona.
Mapa de ubicación de los principales sitios con esferas en el delta del Diquis, extraída de esta nota de Ifigenia Quintanilla titulada «Las esferas de nadie sí son de alguien».
Las esferas del Diquis ubicadas en «Finca 4», en Palmar Sur
La noticia de un traslado de esferas realizado sin ninguna comunicación previa evidencia un sorprendente desconocimiento del clima social que se vive en Chánguina y Térraba. Al tratarse de esferas indígenas declaradas en el 2014 por la UNESCO como «Patrimonio Mundial de la Humanidad», y ello a solicitud de las mismas autoridades de Costa Rica (véase listado oficial de 814 bienes o sitios declarados como tal en el mundo), este traslado realizado por las autoridades costarricenses plantea una serie de interrogantes que se intentaron aclarar (véase al final de esta nota el comunicado de prensa de la Directora del Museo Nacional de Costa Rica – Documento 1).
Como todo intento de aclaración, puede lograr su objetivo o bien, por el contrario, arrojar aún más dudas. Los enigmas, al parecer, no son exclusivos de las esferas del Diquis.
Nótese que «Finca 4» (como la denominan los especialistas en esferas del valle del Diquis) no fue seleccionada como uno de los cuatro sitios por el Estado costarricense ante la UNESCO. No por ello las esferas que ahí se encuentran, en particular las «esferas blancas» (piedra caliza) son de menor importancia: muy por el contrario, su fragilidad con relación a las esferas de color gris (granito) amerita por parte de las autoridades un cuido mucho mayor. Se lee en esta nota de la arqueóloga costarricense Ifigenia Quintanilla, titulada «Haber sido grande no significa nada: una pequeña crónica de la gran desgracia de Finca 4» que:
«Finca 4 fue el centro principal de los poblados con esferas de piedra del Diquís. Mi inventario ubica 30 esferas de piedra solo en las secciones 23 y 36, muchas de ellas monumentales, así como las únicas hechas de rocas de caliza con datos de contexto. Lothrop lo estudió en 1949 y recolectó la información de un saqueo donde se extrajeron 186 piezas de oro de dos enterramientos, hoy distribuidas entre el Museo del Oro del Banco Central de Costa Rica y Dumbarton Oaks, en Washington D.C.»
Breve recuento de las gestiones de Costa Rica ante la UNESCO
Las diversas gestiones de Costa Rica en vistas de obtener una declaratoria mundial iniciaron en el año 2002, y hacia finales del 2011 se perfiló la recta final que culminaría exitosamente a mediados del 2014 (véase nota nuestra de abril del 2014). En este voluminoso documento en inglés del 2013 producido por el Ministerio de Cultura de Costa Rica titulado «Precolumbian Chiefdom Settlements with Stone Spheres of the Diquís» y colgado en el sitio de la UNESCO (véase document completo) se detallan los pasos seguidos por Costa Rica ante esta organización internacional y la descripción detallada de los cuatro sitios de esferas escogidos. Tal y como se puede apreciar, se trata de una iniciativa de larga data llevada adelante contra vientos y mareas, e intereses de diversa índole siempre prestos a interponerse en el camino. En esta nota publicada por ICOMOS, la misma especialista costarricense señala que:
«Hace unos meses la encargada de asuntos culturales de una Embajada de Costa Rica en un país europeo me preguntaba: ¿Contra quién competimos en la candidatura ante UNESCO? Mi respuesta fue que competíamos contra nosotros mismos, que competíamos por ser competentes en la gestión de nuestro patrimonio».
Aún no se conoce de un trabajo o investigación que recopile las diversas etapas y vicisitudes de este largo trajinar así como los apoyos decisivos que lograrían finalmente el objetivo fijado, y ello pocos meses después de finalizar la administración de la Presidenta Laura Chinchilla (2010-2014).
En efecto, fue en el marco de la 38 Reunión del Comité de Patrimonio Mundial realizada en la ciudad de Doha (Catar) que la UNESCO anunció oficialmente el 23 de junio del 2014 que había declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad, conjuntamente con 30 otros sitios en el mundo, las esferas precolombinas ubicadas en cuatro sitios del sur de Costa Rica (véase nota de la UNESCO). En esta nota de Redcultura.com, se puede leer el texto oficial de la declaratoria, en las páginas 42 y 43 del documento oficial adoptado en Catar).
Al acogerse a una declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad, a su solicitud, Costa Rica asume, desde la perspectiva del derecho internacional público, una serie de compromisos vinculantes. Están los de carácter general, que derivan, por ejemplo de la Convención de la UNESCO sobre sitios arqueológicos. Una de estas obligaciones es la que se lee en el Artículo 5:
Articulo 5
a) adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general;
b) instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban;
c) desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural;
d) adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y
e) facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica en este campo.
Otra obligación de carácter general para el Estado se desprende de los incisos 2 y 3 del Artículo 6 de este mismo instrumento adoptado en 1972 por la UNESCO:
Los Estados Partes se obligan, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la presente Convención, a prestar su concurso para identificar, proteger, conservar y revalorizar el patrimonio cultural y natural de que trata el artículo 11, párrafos 2 y 4, si lo pide el Estado en cuyo territorio esté situado.
Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se obliga a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural de que tratan los artículos 1 y 2 situado en el territorio de otros Estados Partes en esta Convención».
Foto extraída de nota de Icomos/Costa Rica (ver nota). Foto 2: extraída de nota de prensa de Redcultura.com, con ocasión de la visita de la Directora General de la UNESCO a Costa Rica en mayo del 2013 (ver nota completa).
Las obligaciones jurídicas derivadas de la Declaratoria de la UNESCO.
Al final de esta nota, remitimos a algunos artículos de doctrina sobre las implicaciones que conlleva para un Estado la inscripción de un sitio por parte de la UNESCO. De manera general, se puede afirmar que a las obligaciones de carácter general previamente referidas, se añaden las más específicas contempladas en la misma Declaratoria hecha por la UNESCO (y disponible en las páginas 42-43 de este enlace de Redcultura.com). Es altamente deseable que Costa Rica traduzca en términos legales la serie de recomendaciones de carácter técnico formuladas en junio del 2014 por parte de la UNESCO. No se tiene claridad en torno al punto de saber si la reciente decisión de trasladar esferas de un lugar a otro responde a una directriz técnica de la UNESCO (o de un órgano técnico en Costa Rica a cargo de este tema – ICOMOS, véase sitio oficial) o si estas entidades fueron consultadas previo a ordenarla. Cabe recordar que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios -ICOMOS- es una entidad internacional no gubernamental, creada en 1964 para velar por el resguardo del patrimonio histórico y arquitectónico. En Costa Rica, cuenta con una oficina (véase sitio oficial sobre su labor), la cual, entre muchos otros casos, ha externado serias reservas con relación a la construcción de un nuevo edificio para albergar el Poder Legislativo (véase secuencia de comunicados en su sitio bajo el acápite «Documentación sobre la polémica del nuevo edificio para la Asamblea Legislativa»).
Tal y como se desprende del texto de la misma Declaratoria de la UNESCO de junio del 2014 (también disponible en este enlace oficial), esta entidad recomendó a Costa Rica: «Recommends that the States Parties give consideration to the following:
a) Conducting detailed Heritage Impact Assessments (HIA’s) in accordance with the ICOMOS Guidance on Heritage Impact Assessments for World Cultural Heritage for the Diquís Hydroelectric Dam and the Southern International Airport, to identify their potential negative impacts on the property; and submitting all proposals for development projects to the World Heritage Committee for examination, in accordance with paragraph 172 of the Operational Guidelines,
b) Reaching a consensual agreement with the property owner of El Silencio to ensure the site’s long-term protection,
c) Completing the development of risk preparedness and disaster management plans including protective measures and emergency plans for Finca 6 during major flood events and completing the formal integration of the revised buffer zones in the Regulatory Plan for Osa County,
d) Ascertaining the required financial and personnel resources outlined in the management plan, including providing for a guardian or site manager for each of the properties to ensure their long-term protection and also assist visitors to the site; ICOMOS considers that further public involvement may have the potential to attract volunteers who may contribute to expanded security and visitor services,
e) Involving the local teams in the process of monitoring and provide training to facilitate both monitoring and documentation tasks».
Se ha intentado obtener una versión traducida al español del texto de la declaratoria de la UNESCO del mes de junio del 2014, sin éxito a la fecha. Se agradece desde ya a nuestros estimables lectores el enviárnosla en caso de que exista (correo electrónico: cursodic@gmail.com). En caso de que no exista, se sugiere a las autoridades de Costa Rica proceder a realizar su traducción oficial y su debida divulgación sin mayores preludios, al cumplirse el próximo 23 de junio, tres años desde que se adoptó en Catar.
La inauguración de las placas conmemorativas, en cambio, tuvo lugar pocos meses después de adoptarse la declaratoria, en noviembre del 2014 (véase nota de La Nación que incluye extractos de cierto interés de los discursos pronunciados por parte de las autoridades de Costa Rica).
Foto extraída de nota de Ifigenia Quintanilla, titulada «Una arqueóloga ajena al espectáculo», mayo del 2017, cuya lectura completa se recomienda al evidenciarse una lectura errada por parte de las autoridades nacionales en la organización de un reciente «festival de esferas».
Cuatro sitios declarados Patrimonio Mundial de muchos más
La península de Osa resguarda una enorme cantidad de sitios con esferas precolombinas. Se trata de un vasto territorio que ameritaría, desde el punto de vista arqueológico, una mayor protección por parte del Estado. Una de las esferas que se puede observar en la ciudad norteamericana de Boston fue extraída de Finca 5, cuando los propietarios de fincas bananeras de los años 40 en Costa Rica decidían ellos mismos qué hacer con estas esferas (véase nota de ICOMOS del 2012).
Son muchas esferas en muchos sitios, y sería muy oportuno que el Estado proceda a clasificarlos en función de su importancia y de su valor arqueológico, estableciendo algún tipo de zonificación. Esta clasificación /zonificación permitiría a las autoridades costarricenses concentrar sus esfuerzos en ciertos sitios, con la ayuda de las comunidades aledañas a estos. Nótese que la UNESCO coloca el beneficio a las comunidades aledañas a sitios declarados como patrimonio mundial como una prioridad de su accionar. Subyace a esta idea central la de asesorarlas, capacitarlas y empoderarlas en la identificación, conservación, valorización y conocimiento técnico de esos sitios únicos a nivel del planeta. Ante las serias limitaciones del Estado costarricense en la materia, iniciativas provenientes de centros académicos, entidades estatales desconcentradas y de la sociedad civil pueden permitir alcanzar estos loables objetivos.
En un artículo titulado precisamente «Oportunidad para rectificar«, que tuvimos la oportunidad de publicar en julio del 2014, indicábamos que:
«El cantón de Osa fue declarado hace exactamente 20 años «cantón de interés arqueológico» mediante el Decreto Ejecutivo 23387-C del 22/06/1994. Unas 20 primaveras más tarde, en el marco de la XXXVIII sesión del Comité de Patrimonio Mundial realizada en la ciudad catarí de Doha, la UNESCO declaró oficialmente el pasado 23 de junio del 2014 como Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad las esferas precolombinas ubicadas en cuatro sitios del sur de Costa Rica. El comunicado de prensa del Museo Nacional de Costa Rica con relación a esta declaratoria precisa que: “Es importante mencionar que uno de los principales compromisos asumidos por el Estado de Costa Rica es efectuar un estudio de impacto patrimonial, a fin de contar con un desglose detallado de los factores que podrían incidir en forma negativa en el futuro de los cuatro sitios declarados; así como el pronto diseño de estrategias de mitigación”.
Un «estudio de impacto patrimonial» es una novedosa herramienta que debiera ser ampliada a toda la Zona Sur, y regulada en las demás regiones del país en las que permanecen bajo tierra vestigios arqueológicos. A la fecha, no se tiene información sobre el estado en el que se encuentra este estudio que Costa Rica se comprometió a entregar a la UNESCO al recibir la declararatoria en junio del 2014.
En esta nota oficial de la UNESCO sobre las esferas del Diquis, se lee que: «It seems essential for the success of the management plan implementation that the financial and human resources required for the administration and management of all four site components will be available to the National Museums of Costa Rica, to allow for site managers and guardians to be present on site. For the future protection and conservation of the Precolumbian Chiefdom Settlements with Stone Spheres of the Diquís it also seems essential that Heritage Impact Assessments are undertaken for any proposed developments which might have the potential to negatively impact the property«.
Mapa de ubicación de sitios arqueológicos con esferas precolombinas en la zona sur de Costa Rica elaborado por el Museo Nacional, órgano adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Extraído de nota de ICOMOS.
Nótese que la última frase refiere a posibles proyectos futuros que puedan impactar significativamente estos sitios declarados patrimonio de la humanidad y que la UNESCO es muy vigilante en torno al respeto que los Estados deben tener con los sitios de este tipo, y su entorno inmediato: ello significa un rediseño de políticas públicas que integre estos sitios dentro de un entorno que trascienda los linderos de las cuatro propiedades de estos sitios. El respeto a la integridad del Patrimonio de la Humanidad obliga a preservar no solamente sitios, sino restringir el uso del suelo en propiedades circundantes, en aras de preservar su entorno paisajístico, social y natural.
En otras palabras, un Estado que alberga en su territorio vestigios precolombinos considerados como Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la comunidad internacional, debería, en buena lógica, proceder a redefinir algunos aspectos de su política interna en la zona en la que se localizan.
La deuda histórica de Costa Rica con los pueblos indígenas, que se mantiene pese a innumerables declaraciones, estrategias y leyes persiste en la Zona Sur, como en tantas otras partes de Costa Rica: ello puede (al menos en parte) explicar esta falta de atención que se expresa en la poca valoración del legado cultural precolombino ubicado en el territorio costarricense. En este artículodel 2014 publicado en el Semanario Universidad, sobre las amenazas climáticas que enfrentan las esferas del Diquis, se puede leer que:
“Como costarricenses no nos hemos dado cuenta de los valores arqueológicos que tenemos y que están en riesgo».
También Costa Rica desde junio del 2014 hubiera podido extender su oferta turística a un sector preciso del volumen de visitantes internacionales. En particular cuando se trata de una zona como la Zona Sur, la cual mantiene los Indices de Desarrollo Humano (IDH) más bajos en Costa Rica. En este artículo titulado «Ambiente, Pueblos Indígenas y Megaproyectos: el caso de las esferas precolombinas de Costa Rica», publicado en julio del 2014, nos permitíamos referir a una posible estrategia regional al respecto: «Costa Rica entraría a formar parte del grupo de Estados que se benefician de un sector importante del turismo cultural y de las rutas de visitantes que siguen el patrimonio mundial en cada región o subregión del mundo. En ese caso se trataría de enlazar estas rutas con las ya existentes en Colombia, Panamá, Nicaragua, Guatemala y Honduras, Estados que cuentan con varios monumentos y sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad». Hay muchos más cambios en la política pública que esta importante declaratoria de la UNESCO hubiese podido incentivar desde y para la Zona Sur de Costa Rica.
Comunidades vigilantes ante amenazas a las esferas
Nótese que varias de las comunidades organizadas del Sur de Costa Rica se muestran particularmente vigilantes y atentas a cualquier daño causado a estas esferas precolombinas. Es gracias a sus acciones que se detectó un traslado a todas luces insólito en estos días recientes. Son muchas las amenazas que pesan sobre estas misteriosas esferas: están las relacionadas al inexorable paso del tiempo, las desacertadas decisiones de unos y otros, el saqueo, como bien lo ilustra esta reveladora nota titulada «El drama del silencio o el drama de El Silencio» de la arqueóloga Ifigenia Quintanilla.
Existen otras amenazas que provienen de acciones de entidades privadas (en particular de empresarios turísticos, o los dedicados a monocultivos, en particular a la producción de piña en pleno auge, como lo denunció la FECON el pasado 21 de abril, entre otros) así como del mismo Estado costarricense: la declaratoria de interés público por parte de la Presidenta Chinchilla de un aeropuerto internacional en la zona sur fue considerada como contradictoria con los esfuerzos de Costa Rica ante la UNESCO años después realizados por su administración. En el 2012, similares discusiones tuvieron lugar con relación al proyecto hidroeléctrico Diquis del ICE.
Con relación a la piña, el Estado costarricense parece inclinarse por favorecer este monocultivo, a punto tal que las comunidades afectadas y cansadas de clamar por justicia, han tenido que recurrir al sistema interamericano de derechos humanos (véase nota sobre audiencia ante la Comisión Interamericana celebrada en marzo del 2015). Nótese que la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) con base en un formulario D-1 a la empresa piñera que pretende ubicar 600,2 hectáreas de piña en Palmar Sur fue tramitada en de forma expédita y fue aprobada el 15 de diciembre del 2016 (véase resolución 2331-2016), recordando otros polémicos expedientes tramitados por la SETENA pocos días antes de las festividades de fin de año en Costa Rica. Se reproduce al final de este texto el comunicado de prens del Museo Nacional de Costa Rica con fecha del 12 de mayo del 2017 (Documento 2). En esta nota de La Nación del 15 de mayo, se lee que la SETENA omitió varias consultas a otras entidades públicas, posiblemente debido al «modo express» con el que tramitó este expediente.
Más allá de las aprobaciones decembrinas expeditas a las que están acostumbrados los abogados especializados en derecho ambiental en Costa Rica (y que usualmente terminan en los tribunales siendo consideradas ilegales), se puede apreciar cuán apetecida es la región del Diquis. En el caso de los dos megaproyectos anteriormente mencionados (aeropuerto en Palmar Sur y Proyecto Hidroeléctrico El Diquis del ICE), ambos han sido objeto de duras (y, en nuestra modesta opinión, fundamentadas) críticas en los últimos años: en el caso del proyecto del Diquis, la polémica con las poblaciones indígenas fue tal que dio lugar a la visita en tres ocasiones entre el 2011 y el 2013 del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas, James Anaya: véase penúltimo informe de septiembre del 2013, Documento A/HRC/24/41/Add.4 disponible en la red, que concluye (punto 78) señalando que:
«78. El Relator Especial continuará monitoreando esta situación y el desarrollo del proceso de consulta entre el Gobierno y los pueblos indígenas concernidos con respecto al proyecto hidroeléctrico El Diquís».
En su informe de septiembre del 2014 Documento A/HRC/27/52/Add.4 (disponible en la red) leemos (página 22, punto 70) que:
«70. El Relator Especial lamenta que no consta en los archivos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos una respuesta por parte del Gobierno de Costa Rica a su última comunicación del 25 de febrero de 2014. No obstante, valora el diálogo que ha mantenido con el Gobierno de Costa Rica desde la publicación de su informe de 2011 y los esfuerzos que ha dado el Gobierno en implementar las recomendaciones hechas por el Relator Especial».
En el 2016, Costa Rica finalmente adoptó mediante Decreto Ejecutivo una guía denominada «Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas» para garantizar una consulta previa e informada a las poblaciones indígenas. En este mes de mayo del 2017, las comunidades indígenas de Costa Rica han sido llamadas a validar o enmendar esta propuesta de las autoridades costarricenses (véase nota de Elpais.cr del 14 de mayo del 2017).
Los vestigios arqueológicos en Costa Rica y su protección
En la actualidad, el tema de los vestigios arqueológicos es a veces incorporado al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y no se tiene conocimiento de una decisión de la SETENA suspendiendo un proyecto por afectar el patrimonio arqueológico en una determinada zona. El saqueo y venta de objetos precolombinos es común en muchas partes de Costa Rica.
¿Qué ocurre cuando un determinado proyecto, de cierta envergadura, puede tener algún impacto en materia arqueológica? Muy poco, como lo veremos en las líneas que siguen, evidenciando algunas (graves) lagunas en la legislación vigente aplicable, la cual fue adoptada en 1981. El artículo 13 de la Ley 6703 precisa en efecto que: «Artículo 13 – Si al practicar excavaciones, para ejecutar obras públicas o privadas, fueren descubiertos objetos arqueológicos, por el propio dueño o por terceros, los trabajos deberán ser suspendidos de inmediato y los objetos puestos a disposición de la Dirección del Museo Nacional. El Museo Nacional tendrá un plazo de quince días para definir la forma en que se organizarán las labores de rescate arqueológico».
Todo proyecto, en particular de cierta envergadura, supone proceder a excavaciones a diferentes profundidades en el suelo. Es muy común encontrar esta afirmación en las decisiones de la SETENA: «El Arqueólogo Alexander Rodríguez Villegas, CI-152-2008, determina que no existen vestigios, ni restos arqueológicos que puedan verse afectados por el desarrollo del proyecto» (en este caso se trataba de la contrucción de un muro de retención de unos 100 metros de longitud, véase resolución de la SETENA 2153-2016, p. 2). En el caso de la ampliación de la represa hidroeléctrica de Brasil, en Santa Ana, se indicó que «La prospección arqueológica en la zona de impacto no evidencia ningun afloramiento o depósito de restos arqueológicos» (véase texto de informe de consultoría, página 4).
En el caso de la represa hidroeléctrica del Reventazón realizada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se hallaron objetos de más de 12.200 años AC, sin que ello significara un rediseño de las obras (véase nota de La Nación del 2015). En el EIA del Proyecto Pailas II del ICE, se lee (véase texto del EIA) que: «Con el propósito de proteger el Patrimonio Nacional Arqueológico el responsable ambiental deberá velar por el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y compensación (prospección, supervisión de movimientos de tierra en casa de máquinas, cercar sitios funerarios en terrenos adquiridos por el ICE, traslado del petroglifo Zapote, charlas de sensibilización a la población) planteadas en este documento. Estas medidas se ejecutarán durante la etapa de construcción del proyecto; en el caso de la prospección deberá realizarse con antelación a cualquier movimiento de tierra ya que de este estudio puede derivarse una evaluación o rescate arqueológico» (p. 31). A inicios del mes de mayo del 2017, se informó del traslado de un petroglifo por parte de los encargados del proyecto Pailas II del ICE (véase nota de La Nación).
La declaración de un perito incluido en un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) financiado por la empresa a cargo de un proyecto es un primer paso. El cuido que la empresa a cargo de un proyecto quiera tener con estos vestigios depende del valor que les atribuya. El ICE sí pareciera tenerlo, y sería muy oportuno revisar cuáles son las demás empresas a cargo de proyectos hidroelectricos alertando a las autoridades sobre la presencia de objetos de valor arqueológico en el sitio de su proyecto, en aras de tener una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Sólamente el ICE detecta vestigios arqueológicos al realizar una represa hidroeléctrica en Costa Rica?
Como se puede apreciar de las líneas anteriores, las regulaciones vigentes y el mecanismo previsto se basan en el interés que pueda demostrar el proyectista en lo que encuentra al excavar una zona determinada con su maquinaria:
– si desea proteger vestigios arqueológicos, acude a las autoridades del Museo Nacional de Costa Rica.
– si no desea hacerlo, los sepulta bajo tierra. Puede ser que el ojo atento de algunos de sus operarios brillen al detectar la presencia de objetos antiguos en cada movimiento de tierra: en este caso, es muy posible que los ojos del jefe de la cuadrilla o supervisor brillen aún más que el de sus subalternos.
Resulta claro que, cuando se habla de una zona en la que existen vestigios de alto valor arqueológico de interés mundial, esta regulación resulta a todas luces insuficiente. En zonas con estas características, estas regulaciones debieran ser sustancialmente modificadas, y es probable que la UNESCO se muestre atenta al accionar del Estado costarricense en este preciso ámbito, en particular con relación a las recomendaciones hechas desde el 23 de junio del 2014.
Nótese que el recurrir a las autoridades del Museo Nacional es un buen primer paso. Pero lamentablemente, lleva al proyectista a extraer las piezas consideradas de importancia por el Museo Nacional, dejando todo lo demás para proseguir con su proyecto. La historia del suelo en la que se encontraron estas piezas se borra conforme avanza la excavadora. Precisamente, en una reciente nota sobre el uso del formulario D-1 usado por la SETENA, titulada «¿Qué es un D1 de arqueología y cómo determina las decisiones sobre el patrimonio de Costa Rica?«, la arqueóloga Ifigenia Quintanilla concluye su texto advirtiendo que:
«La práctica actual de la arqueología que surge a partir de los D1 se orienta a “liberar” terrenos. La arqueología se convierte en una herramienta técnica para permitir el desarrollo de los proyectos amparada en el criterio del salvamento de los objetos y de la información. Esta tendencia a mediano y largo plazo mostrará un país desprovisto de sitios arqueológicos, con información fragmentaria y a un cúmulo de objetos depositados en las bodegas del Museo Nacional sin posibilidades de ser mostrados ni puestos en valor».
A modo de conclusión
Lo ocurrido el pasado 24 de abril trascendió a la luz pública gracias a una activa vigilancia de una comunidad organizada en Palmar Sur. Pareciera incluso que esta última tiene mayor comprensión que las autoridades sobre el significado y el alcance de los compromisos adquiridos por Costa Rica desde junio del 2014 ante la UNESCO y ante la comunidad internacional como tal.
Las comunidades de la zona, pero también las unidades académicas y los entes especializados, las asociaciones que luchan por la preservación del patrimonio cultural y arqueológico, deben mantenerse vigilantes y denunciar cualquier anomalía en el accionar del Estado costarricense con relación a estas esferas en una zona tan rica desde el punto de vista arqueológico.
Nos inclinamos a pensar que la declaratoria de la UNESCO debió invitar a Costa Rica y a sus diversas instituciones públicas, a replantear algunas cosas en materia de arqueología y de protección a su patrimonio. En el caso de la península de Osa, y mientras se proceda a lo que podríamos denominar una «zonificación del patrimonio arqueológico», se impone una verdadera moratoria regional para megaproyectos que signifiquen la remoción de grandes cantidades de tierra (como la piña y algunos megaproyectos turísticos así como proyectos hidroeléctricos, entre otros) y un reglamento que obligue a cualquier proyecto en Osa a someterse a un riguroso análisis sobre el posible daño al patrimonio arqueológico (con la intervención directa de las autoridades del Museo Nacional de Costa Rica y de unidades académicas independientes).
Estas y algunas otras herramientas, a consensuar con las comunidades de la Zona Sur, permitirían, sin lugar a dudas, resguardar de forma mucho más eficiente este verdadero tesoro declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en el 2014.
DOCUMENTO 1:
Comunicado de Prensa, Museo Nacional de Costa Rica, 24 de abril del 2017
Aclaración pública del Museo Nacional
MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA, 24 DE ABRIL DEL 2017
Con relación al movimiento de esferas arqueológicas que el Museo Nacional intentó realizar la mañana del 24 de abril en la Finca 2-4 de Palmar Sur aclaramos que:
El Museo cuenta en la zona sur con un robusto programa de investigación en conservación a cargo del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural (DPPC). Su énfasis son los cuatro sitios arqueológicos declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco en el 2014. Una de las acciones de protección previstas en la agenda de trabajo de este año es el traslado de las esferas arqueológicas localizadas en la Finca 2-4 de Palmar Sur a la zona de acopio del sitio Museo Finca 6, para su mejor protección y atención especializada.
La reubicación que piensa realizarse es con fines de conservación, investigación y de carácter temporal. Una vez ejecutadas las acciones técnicas necesarias, los restos arqueológicos volverán a su ubicación el Finca 2-4.
El traslado, previsto para hoy 24 de abril, no fue posible realizarlo, por una reacción inmediata de la ciudadanía vigilante de su patrimonio. La alerta pública se expandió mediante las redes sociales y puso en evidencia la falta de comunicación de nuestra Institución ante una comunidad organizada, a la cual felicitamos por demostrar su alto nivel de compromiso en pro de la protección de su legado precolombino.
En el intento de traslado no participó personal técnico debidamente identificado (conservadores y arqueólogos del DPPC); tampoco se divulgó previamente su propuesta de conservación. Esto generó confusión en la comunidad. La Dirección General del Museo Nacional reconoce esta omisión y se disculpa por ella.
Además de disculparnos, el Museo se compromete a no incurrir a futuro en acciones de intervención que no sean de conocimiento previo de las comunidades aledañas a los sitios arqueológicos patrimonio de la humanidad.
Rocío Fernández S., directora MNCR
DOCUMENTO 2:
Comunicado de Prensa, Museo Nacional de Costa Rica, 12 de mayo del 2017
El Museo Nacional y la protección del patrimonio
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de patrimonio nacional arqueológico, el Museo Nacional de Costa Rica (MNCR) ejerce potestades en la protección, investigación y conservación de dicho patrimonio.
El Cantón de Osa tiene registrados por el MNCR cerca de 200 sitios arqueológicos de la época precolombina, de los cuales a la fecha se conocen nueve dentro del área del proyecto de la compañía piñera.
Ninguno de los cuatro sitios arqueológicos declarados Patrimonio Mundial se encuentran dentro del área de dicho proyecto, ni se ven afectados de forma directa por el mismo.
En diciembre de 2016, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó la viabilidad ambiental al proyecto piñero, por considerar que cumplía con los requisitos establecidos; estos incluyen la inspección y dictamen de un arqueólogo independiente (no vinculado al MNCR).
El 31 de marzo 2017, el Museo Nacional envió una nota al ingeniero Marco Arroyo, secretario general de SETENA, solicitando revisar los protocolos vigentes en el caso de proyectos a desarrollarse en un área mayor a los 500m2. Antes de dar la viabilidad ambiental, el MNCR promueve sustituir la inspección vigente por una evaluación arqueológica con el propósito de prevenir cualquier daño del patrimonio arqueológico.
El 09 de mayo el arqueólogo del Museo Nacional Adrián Badilla, así como funcionarios de SETENA, ACOSA-SINAC, Dirección de Aguas y consultores del proyecto, realizaron una nueva inspección del área. De esta visita, el Museo concluye que, debido al potencial arqueológico, debe de hacerse una evaluación al área total del proyecto.
En seguimiento a los cambios sugeridos por el Museo Nacional a SETENA en relación con los protocolos para otorgar permisos para futuros proyectos, el 10 de mayo 2017, la arqueóloga en jefe del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional, Myrna Rojas, hizo una presentación sobre los cambios que promueve el MNCR ante la Comisión Plenaria de SETENA.
En cumplimiento de la Ley 6703, de comprobarse cualquier afectación al patrimonio arqueológico durante el proceso de preparación del terreno y el cultivo de piña en el área del proyecto, el MNCR actuará de inmediato en ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades.
Por lo anterior, el MNCR puntualiza:
Los permisos se otorgaron en apego a los estudios arqueológicos realizados por un consultor independiente, según los requisitos establecidos por SETENA, sin embargo, después de una inspección arqueológica por parte del Museo Nacional, el arqueólogo a cargo por parte de nuestra institución recomienda una evaluación al área total del proyecto.
El Museo Nacional coordina con SETENA la implementación de cambios en los requisitos legales vigentes en materia arqueológica para otorgar permisos a proyectos de gran escala.
El Museo Nacional ejercerá una labor vigilante de protección y rescate del patrimonio arqueológico durante el desarrollo del proyecto piñero. Ninguno de los 4 sitios arqueológicos declarados patrimonio mundial se encuentran en el área del proyecto de la piñera.
Material adicional:
Emisión de radio del programa «El Hormiguero», Radio U, realizado el 5 de mayo del 2017. Invitados: Daniel Villalobos, Erick Morales, Ifigenia Quintanilla, Nicolás Boeglin, disponible aquí
Emisión radial, «Desayunos de Radio Universidad», realizado el 9 de mayo del 2017. Invitados: Mauricio Álvarez, Ifigenia Quintanilla y Bernardo Aguilar, disponible aquí (buscar programa Desayunos del 9 de mayo del 2017).
Emisión radial «Interferencias», realizado el 11 de mayo del 2017, Radio Universidad. Entrevistadas: Ifigenia Quintanilla y Rocío Fernández, disponible aquí.
Foto de una de las 60.000 tumbas bogomilas de la época medieval (que se encuentran dispersas en Bosnia Herzegovina, y parte de la frontera con Croacia, Montenegro y Serbia) conocidas como «Stecci» y propuestas a la UNESCO desde el 2011 para ser inscritas como Patrimonio Cultural de la Humanidad (ver nota). Ver artículo en francés de la UNESCO con ocasión de su declaratoria como patrimonio de la humanidad en el 2016.
Jóvenes turistas costarricenses sonrientes pese al calor de medio día, posando entre lápidas bogomilas, en las cercanías de Stolac, Bosnia y Herzegovina, agosto del 2003. Archivo personal.
Artículos de doctrina / Breve selección
BIRAULT Charline, «L’inscription des mégalithes du Sud-Morbihan au Patrimoine mondial de l’UNESCO», 65 páginas. Texto disponible aquí.
DISKO Stefan, TUGENDHAT Helen and GARCÍA-ALIX Lola, «World Heritage Sites and Indigenous Peoples’ Rights: An Introduction», 35 páginas. Texto disponible aquí.
FEIGERLOVA Mónika & MALTAIS Alexandre L., «Obligations Undertaken by States under International Conventions for the Protection of Cultural Rights and the Environment, to What Extent they Constitute a Limitation to Investor’s Rights under Bilateral or Multilateral Investment Treaties and Investment Contracts?» Tésis, IUHEI (Ginebra, Suiza), 55 páginas. Texto disponible aquí.
PRIEUR Michel, «Les conséquences juridiques de l’inscription d’un site sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO», Revue Juridique de l’Environnement, 2007, Volume 32, pp. 101-112. Texto disponible aquí.
SÁNCHEZ Ana María, «Patrimonio cultural natural. Efectos jurídicos de su declaración». Texto disponible aquí.
SAN MARTIN CALVO Marina, «La acción normativa de la UNESCO y su órganos asesores en el ámbito de la protección de los bienes culturales», 44 páginas. Texto en línea disponible en la red.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
