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Etiqueta: universidades públicas

Preguntas esenciales a propósito del FEES

José Manuel Arroyo Gutiérrez

En el debate sobre el FEES y el peligro que corre la autonomía universitaria con propuestas que pretenden imponerle reglas para definir en qué y dónde invertir los dineros asignados, se han levantado voces mucho más autorizadas que la mía para demostrar la falta de seriedad en el informe legislativo de mayoría, así como las evidentes ilegalidades e inconstitucionalidades que contiene y la ausencia de buenas razones para sustentarlo.

Quiero dedicar estas líneas a un “argumento” que me parece el que revela las falacias y barbaries que se esconden detrás de las apariencias. Tristemente no hay motivos para ser optimistas. También estoy convencido de que el asunto de fondo no es de mera ignorancia, sino de posiciones ideológicas muy arraigadas. El diálogo sano y democrático sobre la financiación de la educación pública superior y la autonomía universitaria en un Estado de Derecho está hoy contaminado por fuerzas políticas que apuntan a su destrucción. En mi opinión, el problema medular consiste en defender que los centros de educación superior públicos deben producir profesionales –ojalá rápidos diplomados– que respondan con exclusividad a las exigencias de un mercado laboral atado a un muy cuestionable concepto de lo que es el desarrollo económico y social. Al contrario, en esa estrecha concepción de lo que debe ser el conocimiento y su utilidad salen sobrando las bellas artes y las ciencias sociales.

El diálogo es un ejercicio difícil de satisfacer porque, ¿cómo empezar por explicarle a alguien –digamos un diputado o diputada con poder decisorio– que en el mundo actual no solo existe la posibilidad del capitalismo salvaje y la economía de mercado sálvese quien pueda, y en cambio es legítimo apostar por construir sociedades mucho más igualitarias, solidarias e inclusivas?

¿Cómo empezar por explicarles a esos mismos que la condición humana –y por cierto la “libertad” con la que se llenan la boca– pasa por respetar la diversidad de identidades, personalidades, vocaciones y profesiones? ¿Cómo explicarles que esa es la esencia de la dignidad humana, sus derechos irrenunciables y su obligación moral de desplegar el conatus de humanidad -único y sublime en cada persona–, a lo que nos llama Baruch Spinoza? ¿Cómo puede convencerse a alguien de que tan importantes para la civilización son los ingenieros que construyen puentes como los músicos que ejecutan una partitura? ¿Cómo decirles que se necesitan filósofos que vuelvan siempre sobre las preguntas fundamentales, historiadores que nos digan de dónde venimos, sociólogos cuyo pensamiento crítico nos advierta lo que anda mal, o psicólogos que ayuden a construir sociedades sanas y felices?

¿Cómo se puede hacer para que entiendan que hay seres humanos para los que hacer dinero, acumular chunches inservibles y consumir hasta reventar no es precisamente ni su prioridad existencial ni su ideal de vida? En fin, ¿cómo se les puede explicar que hay actividades “inútiles” –desde el punto de vista de que no pueden traducirse a términos monetarios–, (ver Ordine, Nuccio) y que obedecen a las más nobles pasiones del ser humano, lo único que ha sobrevivido a las catástrofes naturales, a las pestes, a las guerras y todo aquello que ha “servido” para levantar poderosos imperios que tarde o temprano se derrumban?

¿Cómo hacerles saber, a quienes lo ignoran, que hay seres humanos con talentos especiales para las matemáticas y las herramientas; claro que sí, pero otros talentos irreprimibles para la música, la danza, el teatro, el cine o las letras? ¿Cómo recordarles a estos que lo mejor que quedó de los Mayas fue su arquitectura, escultura, pinturas y algunos códices; o que hubo príncipes y cardenales –de cuyos nombres ya nadie se acuerda– que humillaron y mal-pagaron a Mozart; o que Van Gogh murió en la miseria siendo leal a sí mismo sin haber logrado vender sus cuadros.

Estas son las cuestiones difíciles de superar en el debate abierto sobre el futuro de la educación pública superior. Es un tema de legitimidad en la interlocución. Lo obvio, lo que dábamos por sentado, aquello de que “no solo de pan vive el hombre” , que es igual que preguntarse “¿para qué tractores sin violines?”, aquello que hizo que los fundadores de la UCR abrieran la Escuela de Estudios Generales, parece que ya no está tan claro para las mayorías que nos (des)gobiernan.

Eso es lo que espanta. Personajes inmersos en semejante oscurantismo, actuando con la arrogancia propia de los que se sienten poderosos, ¿esos son los que van a decidir qué se hace con la educación superior en Costa Rica? Me niego a aceptar que la autonomía universitaria quede en manos de las fuerzas de turno, sin conciencia de lo que las instituciones significan y atreviéndose, sin recato alguno, a violentar los valores más sagrados que este pueblo ha logrado conquistar.

* Artículo de José Manuel Arroyo Gutiérrez publicado en la columna ¿Gato o Liebre? del Semanario Universidad y cuyo texto fue compartido con SURCOS por el autor.

Los salarios y el agro: claves contra la crisis pandémica

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Son muchas las voces en el mundo que prevén la necesidad de modificar las prácticas que los poderes han impuesto a las sociedades, no se trata de un asunto moral ni de justicia social, se trata de la supervivencia de la humanidad.

El capitalismo desde sus inicios hizo propio “las fuerzas y capacidades de las masas”, no para la transformación de las sociedades en aras de la construcción del bienestar y el progreso individual y colectivo, sino para seguir usándolas en guerras, invasiones y ocupaciones contra pueblos y también como objetos, como “mulas de carga” para labores en beneficio de quienes aún detentan el poder de disponer de sus trabajos y vidas.

Las sociedades se han transformado precisamente con la creatividad, imaginación y trabajo colectivo en las ciencias y las técnicas, se modernizaron los modos de elevación de la productividad del trabajo. Todos sin excepción, nos hemos visto involucrados en una gigantesca maquinaria de interdependencia nacional y mundial. La globalización capitalista masificó como nunca las labores de los individuos y sociedades. El gobierno del capital se estableció como un imperio en la historia, con armas y muertes, con tiranías y leyes, como en el pasado, pero también se crearon nuevas formas en ese imperio. Así, se prolongó la esperanza de vida, en muchos casos en no todas las sociedades, se vive en mejores condiciones y se trabaja con técnicas que elevan la efectividad, eficiencia y productividad, se creó la ilusión que somos gestores de nuestros propios gobiernos, que somos iguales ante la ley, el progreso y el bienestar. Pero, no se transformó el destino del trabajo de las masas, perdura la explotación de las capacidades intelectuales, la socialidad y las fuerzas físicas de las personas para seguir trabajando y haciendo más ricos a los ricos.

Asimismo, el capitalismo hizo de las capacidades de las masas, el medio no solo para seguir enriqueciéndose con la explotación del trabajo, pero a diferencia de otros tiempos, creó también nuevas y múltiples formas para apropiarse de los recursos, riquezas y salarios de las personas y las sociedades del mundo. En el esclavismo, el amo era el dueño del trabajo y vidas de esclavos, con el capitalismo esta relación se moderniza y transforma: el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, su salud, su desarrollo intelectual y perfeccionamiento de su creatividad, habilidad y capacidades e incluso las formas de hacer sus labores, depende de los propios trabajadores. Los dueños del trabajo en las jornadas labores están eximidos de esas obligaciones y supuestamente deben ser suplidas por los Estados, que social, política y económicamente son incapaces o impedidos de realizarla. Esto es, la vida del trabajador depende cada vez del salario, pero no solo para su vida, también para los ingresos fiscales del Estado y para los empresarios que nos venden lo que necesitamos, lo inútil, lo deficiente o lo que afecta a la salud. El esclavismo se modernizaba con el capitalismo, sin desaparecer.

El salario se ha convertido no solo el medio de vida para los trabajadores, sino también en un recurso que tienen los gobiernos para obtener nuevos y mayores apropiaciones ilegales del ingreso por el trabajo realizado. Así, en Costa Rica y muchos otros países, permanentemente se confiscan salarios, se suprimen complementos salariales y se privatizan pensiones con leyes y decretos. Los legisladores, serviles e ignorantes, se arrogan ser dictaminadores y sancionadores los montos de los salarios, como si estos fueran ilegales o autodefinidos por quienes los reciben y denigran la función pública de legislar, irrespetando derechos y leyes incluida la propia ley de leyes: la Constitución de la República.

Pero, el salario acumulado a través de los fondos de capitalización laboral y de pensiones complementarias, son usados para dinamizar e incentivar al sector financiero nacional y también para ser apropiado por las bolsas de valores que sus administradores privados determinan, con la venia estatal y sin injerencia de los trabajadores propietarios de esos dineros.

Las funciones que debe cumplir el salario que son propias, privadas e inalienables, se transformaron en recursos apropiables por los empresarios a través de precios especulativos de los negocios de bienes y servicios y de préstamos usureros, así como del Estado para paliar sus déficits y gastos corrientes, o las inversiones de las instituciones de servicio público, con la asesoría e imposiciones de los privatizadores del bienestar: las Cámaras de Empresarios y el Fondo Monetario Internacional.

Los salarios son la versión moderna de los “boletos de café”, “fichas” o “tokens”, que eran monedas privadas usadas para pagar el trabajo en las haciendas y que al cambiarse no alcanzaban a pagar los adelantos en especie recibidos, de este modo, esas monedas eran garantía para una eterna esclavitud y el empobrecimiento absoluto para aquellos trabajadores. Hoy, los salarios no garantizan poder adquirir lo necesario y pagar las deudas que compensan artificialmente la insuficiente capacidad adquisitiva de los salarios. Los empresarios pagan salarios cada más próximos a los africanizados, los agiotistas privados y bancarios se apropian de parte de los salarios, así como los trabajadores que han reducido los salarios o han sido despedidos, están siendo sentenciados a ser víctimas del hambre, la enfermedad y la muerte. Los problemas de la pandemia se agudizan a partir de una estructura social y estatal que expone a sus peligros a muchos y protege a pocos.

Los que se dicen ser empresarios y los otros que se creen periodistas, repiten oligofrénicamente que solo eliminando las restricciones por la pandemia se resolverá la crisis. Abrir negocios sin compradores, es absurdo, como infame y cruel es agudizar la difusión del virus, la enfermedad y los fallecimientos. Imponer los intereses privados como necesidades de todos, evidencia que un poder privado no solo subordina lo público, también lo hace sobre la inteligencia. Paradójicamente las decisiones privadas agudizan la crisis y amenazan con el exterminio de los negocios, la sociedad y la propia humanidad. El poder en su inconsistencia política y económica condena sociedades y personas, suicidándose.

Sin embargo, la inteligencia, esfuerzo y compromiso existentes en algunos, en todos los sectores sociales, son quienes hacen ingentes esfuerzos por paliar el hambre de los más vulnerables de la sociedad. No obstante, es insuficiente, como también lo fue, el regalar alimentos, dinero y el pago con sobreprecios a mercancías, por el Estado norteamericano, para proteger a consumidores y productores en momentos previos a la gran crisis mundial de 1929. La superación de aquella crisis se resolvió con el New Deal, como revelaron estudios, entre ellos el Myrdal Keynes en 1936, que básicamente proporcionaba trabajos, en apariencia inútiles, a los miles de desplazados, desocupados, despedidos y subocupados, fueron los salarios o, mejor dicho, los consumos de los trabajadores y los incrementos de las compras del gobierno, los que permitieron la reactivación económica. Este referente histórico exitoso muestra que no fue de modo alguno, despidiendo, confiscando y pauperizando salarios, destruyendo la institucionalidad pública ni contrayendo el gasto estatal como se solventó la crisis, en ese entonces. Sin embargo, es totalmente lo contrario a lo que proponen y hacen el gobierno, los legisladores y los empresarios de Costa Rica. La reedición contemporánea de las políticas de shock aplicadas en la década del ochenta y noventa del siglo pasado, mostraron ser contraproducentes y iatrogénicas para los espacios sociales latinoamericanos. Es un crimen social aprovecharse de la pandemia para aplicar tales medidas de dramáticas consecuencias contra todos.

El gobierno ya hace ajustes para reducir el gasto en 335,000 millones de colones para complacer las miopes visiones de los que se creen dueños del país y de los entes financieros internacionales que no abandonan sus afanes de colonialidad del poder, a pesar del fracaso económico de sus propuestas y acciones, así como de las nefastas consecuencias sociales en nuestra América. Dicha contracción del gasto afectará al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que financia a las universidades públicas del país, en 65,000 millones de colones, así como liquidará gran parte de la institucionalidad pública. No cabe la menor duda, que la crisis pandémica está sirviendo de pretexto para continuar con la destrucción del Estado Social de Derecho, para liquidar los logros y conquistas alcanzadas en la historia nacional, así como, eliminar el pensamiento crítico y la práctica consecuente del pueblo que nutre nuestras universidades. Mientras que los ricos, los propietarios del capital, gozan de la inmunidad e impunidad para sus prácticas ilegales contra el erario público, contra el trabajo, privatizan la función pública y exigen incentivos, subsidios y exoneraciones. Las consecuencias de la crisis pandémica no solo son sanitarias, es también la consecuencia de las intolerables prácticas políticas y económicas de los poderes prevalecientes, de los que no pierden la oportunidad para atentar contra lo público, los derechos, la libertad y la democracia.

Los propietarios del capital nacional están muy alejados de la lucidez del empresario norteamericano Henry Ford, que aumentó de modo significativo los salarios, para permitir el aumento de la capacidad adquisitiva de sus trabajadores, que no quebraron a la empresa, sino que permitió su auge y la adquisición de los autos Ford. Pero remontémonos a ejemplos más cercanos en tiempo y espacio: aquí, en nuestro país podemos observar que, al incrementarse los precios internacionales del café, se mejoró la calidad de vida de los agricultores al adquirir las mercancías que necesitan, como también permitió el progreso de los comerciantes y mercaderes con quienes intercambian en sus espacios sociales.

La agricultura costarricense ha sido el ámbito donde surgió el capital en la circulación mercantil, para luego ser la fuente de la diversificación del capital productivo, así como fueron las relaciones y confrontaciones sociales en el agro, donde se gestaron y conquistaron derechos laborales y se crearon las bases sociales por la libertad e igualdad ciudadana. El agro fue importante en la modernidad de la historia nacional, como es importante en la actual pandemia, pues permite garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, ofrece mayor cabida laboral y crea esperanzas en un espacio rural igualitario, ante la desigualdad y el desprecio a los trabajadores y los prejuicios contra la vida rural existente en el espacio social urbano.

No es ninguna locura hacer del agro un emporio laboral, sostenibilidad alimentaria y fuente para reducir la desigualdad de las relaciones sociales, así como, el rescate y fortalecimiento cultural de las raíces sociales solidarias de nuestra historia. Es seguro que será imposible efectuar este reencuentro con el espacio rural con las finanzas privadas, tampoco será lograble con el liberalismo gubernamental, pero podrá ser una realidad con la labor colectiva, solidaria y transformadora de mujeres y hombres, que no han perdido ni reniegan de sus orígenes rurales y compromisos sociales, pero también podrá alcanzarse con las riquezas socialmente inútiles para el bien común, de propietarios identificados con el bienestar y el desarrollo nacional, riquezas que eventualmente podrían disminuir o desaparecer entre la pandemia y la voracidad competitiva y financiera urbana.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica

Pronunciamiento del Comité de Personas Interinas UCR

El siguiente formulario tiene por intención la lectura y firma del Pronunciamiento del Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica acerca de la coyuntura que atraviesan las universidades públicas costarricenses, en general, y la Universidad de Costa Rica, en particular.

“En defensa de la universidad pública, sí, pero de una universidad más justa y menos desigual”

Consideramos que:

Vivimos tiempos muy difíciles, tanto en Costa Rica como a nivel mundial, por motivo de la pandemia del Covid. Esto ha implicado, de parte de las personas trabajadoras de la Universidad, enormes esfuerzos y sacrificios para sostener el ciclo lectivo. Por si fuera poco, en las últimas semanas se han recrudecido los ataques y amenazas a la autonomía y el presupuesto de las universidades públicas, por parte del Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Es fundamental la defensa de la autonomía y del presupuesto de las universidades públicas, sin embargo, esta lucha debe ir de la mano con transformaciones sustantivas a lo interno de estas, sobre todo en lo que concierne al régimen de precarización que estamos sometidas las y los trabajadores interinos, tanto docentes como administrativos.

No se trata de “defender la universidad” en abstracto, sino de qué modelo de universidad queremos defender. La educación superior pública ha sido un pilar fundamental para el desarrollo del país, especialmente en términos de movilidad social, producción de conocimiento y trabajo en las comunidades. Por esto, nos oponemos a un modelo de universidad empresarial, el cual concibe la educación como un bien mercantil y en donde unas áreas del conocimiento se valoran más que otras, en función de su rentabilidad para el mercado.

La Universidad de Costa Rica no es un ente homogéneo, sino que se compone de muy diversos sectores, entre los cuales hay fuertes desigualdades, en cuanto a salarios y condiciones laborales. No queremos defender esa universidad excluyente y desigual, que sistemática e impunemente violenta nuestros derechos y dignidad, al mismo tiempo que perpetúa privilegios desproporcionados sobre un pequeño sector de la institución (lo cual inclusive le da fuerza y argumentos a los “enemigos” externos de las universidades públicas).

Las personas interinas somos la mayoría del personal docente de la Universidad de Costa Rica: un 66,3% del total, pudiéndose además sumar el 7,9% de las personas que se encuentran en una condición “mixta”, con lo cual se alcanza un total de 74,2%. Sin embargo, a pesar de ser mayoría en términos numéricos, las políticas y directrices emanadas desde los centros del poder universitario nos perjudican y excluyen directamente.

Las personas interinas y el personal administrativo estamos excluidos de la mayoría de los procesos donde se toman decisiones que nos afectan directamente, por ejemplo, de las asambleas de escuela y las elecciones universitarias. Por lo que exigimos se establezcan mecanismos que aseguren nuestra participación, como mayoría del sector universitario que somos, pues esta es la única forma de caminar hacia una democratización real de los espacios de toma de decisiones.

El régimen laboral precarizado e inestable al que estamos sometidos(as) provoca secuelas en nuestra salud mental y física, así como nos impide realizar planes a largo plazo y un proyecto profesional y de vida dignos ¿Cómo podríamos hacerlo si durante cuatro meses del año percibimos un ingreso disminuido o nulo y si no tenemos certeza que el siguiente semestre nos contratarán? En ese sentido, la reciente campaña institucional “Nuestra salud mental importa” nos parece hipócrita y ofensiva, por lo cual hacemos un llamado a las autoridades universitarias a hacer realidad su discurso.

Si no se realizan modificaciones a lo interno de la universidad, en dirección a mayor equidad y justicia, los impactos de origen externo (recortes a presupuesto, ataques a autonomía, etc) recaerán, sin lugar a dudas, sobre el sector más vulnerable: las personas interinas. Si no se toman medidas serias para distribuir de manera más sensata los recursos institucionales, se puede esperar un escenario de ajuste dramático y aparatoso (despidos o reducción de jornadas, recortes a becas, cierres de carreras, proyectos, programas, sobre todo en las áreas más débiles -sedes regionales, acción social, etc.-) como ya se ha venido dando en los últimos años.

El ataque a la autonomía y el presupuesto de las universidades públicas no es un hecho aislado, sino que forma parte de un proyecto de estrangulamiento de las instituciones públicas y los derechos sociales y laborales de la población costarricense, por parte de grupos de poder político-económicos. En ese sentido, nos parece lamentable el papel de las autoridades de la Universidad de Costa Rica y las demás universidades públicas las cuales se han aislado de otros sectores sociales, sobre todo, los más vulnerables y golpeados por la crisis económica y el ajuste fiscal.

Por estos motivos, hacemos un llamado a estudiantes, personas interinas de otras universidades públicas, funcionarios(as) propietarios(as) solidarios(as) y otros sectores sociales, a luchar y organizarnos en defensa de la educación superior pública y a exigir el inicio de una serie de transformaciones que eliminen -o por lo menos, disminuyan- la desigualdad y los abusos a los que estamos sometidas las personas en condición de interinato. Al final de cuentas, es la Universidad en su conjunto la que se verá beneficiada.

¡En defensa de la educación superior pública!

¡Por una Universidad más justa y menos desigual!

Para firmar ingrese en este enlace

Alberto Gutiérrez Arguedas 113690344
Alexia Ugalde Quesada 113930458
Jose Antonio Mora Calderón 113430572
Esteban Fernández Quirós 111670737
Héctor Ferlini Cartín 113220032
Eduardo Bolaños Mayorga 1-1386-0823
Andrés Dinartes Bogantes 113010879
Dylanna Rodríguez Muñoz 206890824
Santiago Navarro Cerdas 304230655
Gustavo Jiménez Barboza 113580886
David Maroto Gómez 303830742
Graciela Mora Padilla 113750889
Karla Guzmán Sánchez 110470442
Jennifer Bermúdez Guillén 111850756
Josué Arévalo Villalobos 109790015
Valeria Montoya Tabash 115430086
Guillermo Navarro Alvarado 114190096
María Andrea Araya Carvajal 110900787
Helga Arroyo Araya 603030677
Carmen Caamaño Morúa 105770718
Flory Chacón Roldán 113900025
Gabriela Montero Sandoval 115290527
Adriana Vindas González 108760608
Alejandra Paniagua Bonilla 205740948
Juan Gabriel Chanto Corrales 111870985
Ruthman Moreira Chavarría 110170869
Jorge Marchena Sanabria 112550362
María José Chaves Groh 110810478
Roberto Marín Villalobos 206560935
María José Guillén Araya 304400473
Allen Cordero Ulate 302170094
Héctor Ferlini Salazar 104540856
Lucía Brenes Chaves 109770333
Sofía Delgado Redondo 305180455
Roberto Fragomeno Castro 801370052
Nataly Ugalde Quesada 114930329
Sebastián A. Coto Murillo 113900221
Zuiri Méndez Benavides 114250934
Harlen Alpízar Rojas 113540606
Liliana Monge Sánchez 701450142
Mariana Porras Montero 114510828
Dany Villalobos Villalobos 206430273
Jiddu Rojas Jiménez 107290371
Fernando Camacho Mora 112980013
Silvia Azofeifa Ramos 402000281
Tatiana Herrera Ávila 108850940
Braulio José Solano Rojas 109650332
Jorge Arturo Montoya Alvarado 104080419
Rodrigo Jiménez Sandoval 105370978
Jairol Núñez Moya 603110623
Sofía Cortés Sequeira 113360901
Laura Álvarez Garro 111540669
Marcela Alfaro Castillo 110820900
Cristina Vargas Rodríguez 104780360
Bernardo Castillo Gaitán 801030369
Adriana Maroto Vargas 205190760
Esteban Aguilar Arias 303840828
Kira Schroeder Leiva 109360159
Daniela Moya Víquez 112050574
Ronulfo Vargas Campos 204370534
Pablo Hernández Hernández 108960977
Rocío Alfaro Molina 108280886
Ana Lucía Mora González 113970478
Melissa Molina Campos 50334090
Jorge Luis Nuñez Arias 111710521
Milena Castro 1011280794
Veronique Morel 800870176
María Fernanda Quirós Moya 304700503
Cynthia Molina Rodríguez 108220923
Óscar Navarro Rojas 302470940
Fabiola Bernal Acevedo 801030029
Adriana González Serrano 112320650
Sergio Rojas Peralta 108350925
Franciny Oses Marín 702030181
Luis Diego Cascante Fallas 1749570
Diana Martínez Alpízar 113010292
Óscar Durán Valverde 106510477
María José Cabezas Castro 114650289
Luis Diego Cascante Fallas 1749570
Adrián Jaén 109470641
Luis Adrián Mora Rodriguez 11024031
Gabriela Arguedas Ramírez 108310136
Jorge Prendas-Solano 111760484
Alexis Delgado González 604550665
Obed Herrera 118460244
María Isabel Novoa Segura 604610996
José Pablo Alvarado Barrientos 111270177
Viviana Guerrero Chacón 112170267
Álvaro Carvajal Villaplana 601680673
Jimmy Washburn 105750660
Kevin Hernández Jiménez 115370078
Yeimi Jiménez Oviedo 303530439
Mauricio Álvarez Mora 108770217
Cinthya Soto Calvo 204540610
Yanela Castro Monge 116790645
Gloriana Martínez Sánchez 113710751
Roxángel Acosta Barquero 113330557
Adrián Ramírez 401860190
Valeria Sancho Quirós 114230749
George García Quesada 901070687
Alexandra Chacón Reyes 207180470
Bercy Silva Jimenez 701360423
Kemly Camacho 106040476
Anderson Granados Trejos 2028340283
Hernán González Acuña 108930872
Kathleen Ruiz Castillo 604730323
Karen Calvo Díaz 304030928
Alberto Gagneten Jiménez 110890037
Laurencia Sáenz Benavides 110650190
Luis Fernando Rodríguez Jiménez 402570449
Andrea Calvo Díaz 303950397
María Flórez-Estrada Pimentel 801110010
Daniel González Quesada 111190017
Mónica Pera Anda 8050903
Jessica Cerdas Fernández 117720636
Tania Vicente León 106670029
Daniel Fernández Fernández 112000023
María Alexandra Durán Blanco 207480611
David Ibarra Arana 111310664
Pablo Andrés Quirós Solís 111330988
Ana Lucía Fonseca Ramírez 105290511
Raimy Camacho Ramírez 108090068
Valeria Solano Bolaños 116170230
Asaneth Marchena Leiva 304720461

Tierra de nadie o barco a la deriva

Tomada del Facebook de Arabella Salaverry.

Arabella Salaverry

Una sensación de tierra de nadie, de barco a la deriva, de papalote que se lo lleva el viento. Y no es aleatoria. Tiene su origen bien definido y tiene nombres. Sabemos quiénes son los responsables.

Esos nombres son los de un porcentaje muy grande de los nunca más mal llamados «padres de la patria». Se ha creado una especie artera, que de a callado va socavando las bases de lo que ha sido Costa Rica.

Van por las universidades públicas (estas representan para ellos un peligro, allí se enseña a pensar). Las universidades que ocupan en el contexto latinoamericano los primeros lugares, que han formado artistas, pensadores, científicos, ingenieros, en resumen, el verdadero capital, la verdadera riqueza del país. Personas sin ninguna preparación, de una incultura supina, pretender dictar cátedra y cambiar la constitución para meter mano, perdón, zarpa, en la educación superior. ¿Cómo se atreven? ¿Quién los manda?

Van por la naturaleza: pretenden revivir la explotación petrolera. De a calladito y a pasito lento. Y destruir otra de las fortalezas que tenemos como país: nuestra naturaleza, la riqueza de nuestros ecosistemas.

Niegan el concepto de igualdad y creen, en su ignorancia, que los derechos humanos son para unos cuantos. Que algunos son más humanos que otros, o que algunos tienen más derechos que los demás.

Y allí están, en sus curules, destrozando los logros de los que nos enorgullecemos. El país de avanzada, una luz en el continente, navega ahora sin rumbo, da tumbos y parece que se lo tragará el abismo. ¿Cómo se atreven?

Aporte de las universidades públicas y de su autonomía

Las universidades públicas son centros de generación de conocimiento, formación profesional y proyección a la sociedad. Son centros de reflexión y pensamiento crítico. No se dedican solo a atender problemas del presente, sino que proyectan su trabajo hacia el futuro. La autonomía garantiza ese espacio de reflexión crítica.

En este video de menos de dos minutos de la Alianza por una Vida Digna se presentan y amplían estas ideas:

En este enlace puede ver el artículo que contiene estas ideas escrito por el doctor José María Gutiérrez:

https://wp.me/p6rfbZ-bvW

Imagen: UCR

¿La Universidad del futuro?

Orlando Arrieta Orozco, Decano Facultad de Ingeniería UCR

Luis Felipe Arauz Cavallini, Decano Facultad de Ciencias Agroalimentarias UCR

Recientemente se dieron a conocer los informes de mayoría y de minoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que fue nombrada para estudiar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), mediante el cual se financia a las Universidades Públicas.

El informe de mayoría resulta preocupante, pues refleja la visión poco informada que tienen algunas de las personas que integran la Asamblea Legislativa sobre un modelo de Universidad Pública que, desde su concepción, ha aportado enormes contribuciones al desarrollo de Costa Rica, y lo sigue haciendo. De entrada, reconocemos la necesidad de mejorar la gestión administrativa, incluido el modelo salarial, pero no debe tergiversarse políticamente lo que significa una verdadera universidad, como lo pretende el informe de mayoría.

Las Universidades Públicas deben reconocer que en ocasiones ha hecho falta más autocrítica para mejorar su funcionamiento. Sin embargo, la mayoría de las propuestas incluidas en el informe de mayoría lejos de fortalecer la educación superior pública, la debilitarían hiriendo sus fundamentos bases más importantes, como la autonomía universitaria. El informe de mayoría habla de una “universidad del futuro” ligada a lo tecnológico, y dejando así por fuera otras áreas fundamentales para un país que busca un desarrollo integral y equilibrado.

¿Cómo debe ser la universidad del futuro? Debemos recordar que una de las principales razones por las que el Estado costarricense creó instituciones de educación superior fue para para que estas contribuyeran al desarrollo del país por medio de su actividad académica. Esta contribución se manifiesta de muchas maneras, entre ellas:

  1. Formación de cuadros profesionales cuya excelencia académica y responsabilidad social contribuyen al desarrollo económico, social, cultural y la preservación ambiental.
  2. Fomento de la movilidad social para personas de bajos recursos mediante el acceso a una educación superior de calidad.
  3. Generación de conocimiento, solución de problemas y desarrollo de tecnologías por medio de la investigación científica.
  4. Transferencia a la sociedad de los resultados y productos de la investigación.
  5. Creación de cultura en todas sus manifestaciones.
  6. Atención de las comunidades con programas educativos y sociales en diversos ámbitos, y por medio de la difusión de las artes.

Este modelo de Universidad Pública ha sido y sigue siendo fundamental en el desarrollo nacional. Por eso, cualquier modelo de “universidad del futuro” depende de la visión de desarrollo que se tenga para el país, y este tiene que verse de manera integral, pensando en el bienestar de las personas. El informe de mayoría parte de una visión sesgada del desarrollo, centrado en la tecnología y la productividad vista en términos económicos, y no de una visión amplia, integral y equilibrada, que tenga como guía el bienestar de la población, para el cual la tecnología y la productividad son medios y herramientas, no fines últimos. No se puede perder la perspectiva total sobre el país y desde hace muchas décadas la sociedad, incluyendo a los empresarios, han reconocido que sin humanismo, sin pensamiento crítico, sin ética, la humanidad estaría condenada a repetir sus mayores errores y a desvirtuar su capacidad de creación y de sensibilidad, de forma que dejaríamos de ser humanidad y nos convertiríamos en una comunidad de autómatas.

El consenso mundial sobre los objetivos que deben guiar el desarrollo está delineado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, en los cuales el balance entre lo ambiental, lo social, lo económico, la paz, la justicia y la inclusividad se resume en el lema de “no dejar a nadie atrás”; ese es el mismo ideal de fundación de la nación costarricense y está inscrito en nuestra Constitución Política. Ninguno de los ODS habla de la tecnología como un objetivo per se del desarrollo, sino como un vehículo, una herramienta que facilite el proceso.

De todo lo anterior, se concluye que para aportar a los desafíos de un verdadero desarrollo, la universidad del futuro debe promover la generación de conocimiento científico y tecnológico, sin duda, pero debe ser crítica, artística, cuestionadora, original, imaginativa y humanista. No podemos tecnocratizar la educación superior pública, menospreciando las actividades académicas en el ámbito de las humanidades, las artes, las letras o las ciencias sociales. ¿De qué nos servirían profesionales del ámbito científico-tecnológico, pero sin capacidad de análisis social, apreciación del arte y muchas otras variables? Debemos ver la educación superior pública desde un enfoque global e integral, como hasta el momento lo han hecho todas las Universidades Públicas.

El país debe tener claro que la inversión en educación superior pública debe verse como una especie de seguro, que le permite al país tener una capacidad instalada en cuanto a recurso humano altamente calificado y equipamiento de punta, capaz de responder en momentos de crisis como el actual, proponiendo un abordaje integral del problema, desde todas las perspectivas de las áreas de conocimiento.

El informe de mayoría se aparta de nuestras tradiciones nacionales y amenaza esa visión global e integral de la educación superior pública, y cae en una visión economicista. La idea de modificar la Constitución Política de Costa Rica para limitar la autonomía universitaria no puede ni debe aceptarse.

Por el contrario, se debe continuar resguardando la necesaria libertad que tiene la universidad para no estar sujeta a vaivenes políticos o presiones de sectores, que constituye uno de los meollos de la autonomía universitaria.

Existe, una muy pequeña minoría de académicos a quienes el actual sistema salarial le permite alcanzar salarios excesivamente altos. Pero es totalmente innecesario reformar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política para lograr cambiar ese aspecto. Las Universidades Públicas, en pleno uso de su autonomía, deben analizar y revisar su política salarial, y establecer una clara priorización de la calidad del trabajo y la producción académica sobre el crecimiento puramente vegetativo. Se deben valorar más factores como el desempeño de las labores que la antigüedad, y es necesario establecer topes en rubros que pudieran llegar a amenazar la sostenibilidad financiera. Esto último requiere de cambios y ajustes normativos internos relativamente simples, imprescindibles para desarmar a quienes utilizan esos salarios como argumento para atacar a las universidades y proponer medidas que debilitan un importante (e incómodo para algunos) pilar de nuestro Estado Social de Derecho.

Vivimos tiempos complejos en que debemos hacer un llamado a la unión y no a la división, tanto en el seno de CONARE como en el conjunto del Estado y las instituciones públicas que contribuyen a resguardar ese Estado Social de Derecho, en donde salud y educación han sido base fundamental para lograr una mejor sociedad.

Hacemos una instancia respetuosa pero firme a las diputadas y diputados a rechazar el informe de mayoría, que propone una universidad y una nación mercantilista en donde la cultura, la ética y la conciencia crítica parecen ser lujos innecesarios, y a defender el modelo de una universidad igualitaria, centrada en el ser humano, promotora de la ciencia y la cultura, que siga siendo un pilar del desarrollo integral de nuestro pueblo. En ese sentido, extraña que miembros del partido político bajo el cual se creó el Ministerio de Cultura, tengan una visión tan antagónica y diferente a la del fundador y líder histórico de su partido; “¿Para qué tractores sin violines?”

Enviado a SURCOS por Luis Felipe Arauz Cavallini.

Academia Costarricense de Filosofía y Pensamiento Complejo destaca papel histórico de universidades públicas

Ante los diversos cuestionamientos surgidos en contra de las universidades públicas-estatales

INDICA QUE

El tejido social acoge la diversidad de formas de vida y prácticas sociales, y su conformación ha sido una preocupación permanente de la humanidad. por cuanto se requiere de acuerdos y respeto mutuo, de manera que nadie sufra por falta del debido reconocimiento social. En virtud de ello, la pregunta por los modos como se preserva y fortalece dicho tejido social también ha sido una preocupación de instituciones públicas y privadas. Por supuesto, los logros han sido desiguales, y en tiempos alejados de la normalidad habida, nuestro tejido social se ha mostrado vulnerable, de lo que algunos sectores se aprovechan.

La sociedad que queremos resulta de una concertación de esfuerzos venidos de los personajes políticos, empresarios, líderes de diferente índole y por supuesto de la ciudadanía. Diatribas e informaciones malintencionadas contribuyen a generar animadversión y dificultar el debido funcionamiento de una sociedad en la que todos quepan equitativamente;

CONSIDERANDO QUE:

1.- Que las universidades pública-estatales han sido objeto de ataques públicos por la prensa y las redes sociales, y la información transmitida no se basa en un conocimiento del funcionamiento de dichas instituciones Por lo que, estos ataques contrastan profundamente con el papel que han tenido estas instituciones en la escena nacional.

2.- El protagonismo de las universidades públicas-estatales durante las últimas décadas de la historia de Costa Rica, en particular, las constituyen en claro mecanismo de movilidad social, para una creciente cantidad de ciudadanos y ciudadanas.

3.- La cada vez mayor y diversa oferta académica ha garantizado un creciente número de profesionales cada año, todos con alta empleabilidad y, por ende. ha contribuido al crecimiento de la vida económica del país.

4.- Los proyectos de acción social e investigación a través de los cuales las Universidades se han comprometido con el desarrollo, promoción y bienestar de la comunidad, particularmente de aquellos grupos o sectores sociales menos favorecidos.

5.- La confianza depositada por la mayoría de nuestros gobiernos, así como por la comunidad nacional para con la universidad pública-estatal. reconoce no solo una trayectoria sólida y humanística sino que, a su vez e implícitamente, el uso responsable de los recursos asignados.

6- Las universidades son instituciones públicas, de administración estatal, abiertas a todos y todas las personas interesadas, como también a todas las instancias gubernamentales pertinentes, para que conozcan desde dentro su funcionamiento y mostrar cómo llevan a cabo su gestión.

7.- El lugar que las universidades han puesto al país en la escena internacional a través de la tecnología, la ciencia, las letras y las humanidades. es de privilegio; por lo que. estas instituciones gozan de convenios de cooperación y movilidad en virtud de los cuales estudiantes, docentes y funcionarios logran llevar el quehacer a otras latitudes, así como aprender de otros modos de trabajo universitario. promoviendo visiones más cosmopolitas e integradoras.

MANIFIESTA:

1.- Su rotundo rechazo frente a aquellas críticas de las que han sido objeto las universidades públicas-estatales cuando se han fundado en razones incompletas, tendenciosas y desconocedoras de la gestión del trabajo universitario integralmente, de los modos como se recolectan e invierten los fondos, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, del uso y mantenimiento de la infraestructura y de los procedimientos para la toma de decisiones y la proyección democrática y humanística.

2.- Apoyamos toda rendición de cuentas fruto de una actitud sincera y responsable, siempre y cuando se parta de un conocimiento derivado de datos evidentes, reales y adecuadamente interpretados, así como de reglamentos y procedimientos ampliamente conocidos; todo lo cual, acompañado de una exhaustiva documentación de manera que se tenga una clara imagen del papel de las universidades estatales-públicas.

3- La invalidez de cualquier crítica vaciada de parcialidad y que pierda de vista el contexto institucional e histórico en que se desarrollan las universidades públicas-estatales, dejando sospechosamente de lado incluso el universo de las educación superior privada, así como desconociendo los marcos constitucionales que la tutelan.

4- Nos sumamos a la institucionalidad que ha caracterizado la historia costarricense para canalizar todo desconocimiento del modus operandi de las universidades estatales-públicas y convertir el tema en un escenario didáctico; pues estamos seguros que estas instituciones, con un alto grado de transparencia y apertura, no presentarán ningún obstáculo ante el escrutinio ciudadano, pero el mismo debe pretender la justeza y partir de la buena fe.

5- Hacer una respetuosa excitativa a las diputadas y los diputados de Asamblea Legislativa, para que promuevan un ejercicio responsable del control político de su competencia, frente al importante e incuestionable papel histórico que han tenido las universidades públicas-estatales; para que con sus decisiones procuren garantizar su fortalecimiento, en beneficio de nuestras sociedad.

Acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Academia Costarricense de Filosofía y Pensamiento Complejo, a propuesta de varios de los asociados, a los 13 días del mes de junio de 2020.

Dr. Eval Araya V., Presidente. Lic. Emmanuel Campos, Tesorero.
M. Ph. Kattya Arroyo G., Vicepresidenta. M. Ph. Randall Jiménez R., Vocal I.
Lic. Tobías Murillo P., Secretario. Lic. Andrés Gallardo C., Vocal II.
Lic. Gerado Mora Burgos, Fiscal.

Por una visión sin estereotipos de las Universidades Públicas de Costa Rica – para firmar

La Asamblea Legislativa de Costa Rica votará el próximo martes 23 de junio los informes de la Comisión que estudio el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). El informe de mayoría que se debatirá en el plenario evidencia una visión economicista sobre el desarrollo y el bienestar, además de reproducir estereotipos sobre las universidades públicas.

Costa Rica es una nación que apuesta por la educación, que sabe que el conocimiento es esperanza, y aunque es urgente y necesaria la crítica y evaluación sobre aspectos diversos de la gestión de la educación superior, no se debe permitir el aval de un documento que no considera o interpreta de manera parcial y sesgada las fuentes de información a las que tuvo acceso como comparecencias, documentos oficiales y los Informes de la OCDE 2017 y el Estado de la Educación 2019. El estudio de esos documentos evidencia que de dichas fuentes se pueden extraer conclusiones muy diferentes a las del Dictamen de mayoría.

El claro énfasis dado a las debilidades puntuales de las universidades públicas lo hace desconocer sus mucho más numerosas fortalezas, lo que implica, por ejemplo, omitir del todo el desarrollo e impacto social, económico y científico que las carreras STEM y la investigación que en esos campos tiene en la Universidad de Costa Rica, que la sola lectura del dictamen deja la impresión de ser inexistentes. Nada más fuera de la realidad.

Varias de las conclusiones del informe de mayoría son de recibo, y la Universidad de Costa Rica reconoce que debe reconocer que urge la puesta en marcha de medidas de fondo en temas como salarios, equilibrio financiero a largo plazo y regionalización.

Para firmar:

Por una visión sin estereotipos de las Universidades Públicas de Costa Rica