«(…) ¿qué sucede con la universidad pública cuando sus miembros violan la normas y los valores institucionales formales? ¿Cuando no somos modelos ideales o, peor aún, cuando nos convertimos en perpetradores de las injusticias exactas que pretendemos combatir? (…)»
La lección inaugural: justicia social y la universidad pública: una revisión crítica, será impartida por la Dra. Carrie Dennett el próximo 21 de agosto a las 2 p.m. en la Sala 4 de la Escuela de Antropología.
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Imagen ilustrativa tomada de la página oficial de la UCR.
Enviado por Vania Solano.
Sea parte de SURCOS:
Con estupor somos testigos de una oleada de medidas y descalificaciones orquestadas contra la universidad pública costarricense. La primera embestida ha sido fraguada en contra del FEES a través de la violación a los principios constitucionales que lo reguardan y sus resultados son ya realidad en nuestra institución. El recorte sistemático al presupuesto en el último lustro, contribuyó a una formulación presupuestaria deficitaria para el año 2020, de cerca de 2.500 millones de colones; situación que obligará a hacer más ajustes en áreas sensibles. Ello augura un deterioro aún más significativo de cara al futuro inmediato y, en consecuencia, conllevará una limitación directa al cumplimiento de la misión universitaria.
El segundo golpe arremete contra las convenciones colectivas y los derechos laborales logrados por los trabajadores universitarios. Algunos de estos logros fueron gestados y defendidos desde la creación misma de la UNA. La estrategia se ha enfocado en crear una imagen social distorsionada del funcionario universitario tergiversándolo como un personaje ominoso, cuyo aporte a la sociedad costarricense es casual, simple y mínimo, sumado a lo especialmente caro que le resulta al país por estar cargado de privilegios económicos.
El tercer frente y, desde mi perspectiva, el más peligroso por su carácter perversamente desarticulador de la Educación Superior Costarricense, es el manifiesto interés de algunos diputados de la Asamblea Legislativa de modificar los artículos 84 y 85 de Constitución Política, los cuales resguardan la autonomía universitaria y que desde 1949, aseguran que la educación universitaria se constituya en un bien público social y no en un servicio público más. Dichos artículos garantizan el compromiso financiero del Estado costarricense con la educación, concebida como un medio de desarrollo social, cultural y económico y un vehículo de movilidad social en una sociedad democrática como la nuestra, que apostó por la educación como un derecho humano insoslayable.
Los principales actores de tan feroz ofensiva no ocultan sus rostros ni mucho menos sus pretensiones. Se aglutinan alrededor de la Asamblea Legislativa y de otras instituciones con componendas más o menos evidentes con el gobierno central: se trata de las cámaras empresariales, de la gran mayoría de medios de comunicación, de los grupos asociados al capital nacional y transnacional aunados a una opinión pública profundamente mediatizada que, posiblemente por primera vez en la historia, rebaja el papel cultural y dinamizador de la universidad en su misión y acción a órgano detentador de prebendas. Estos actores han venido orquestado una campaña sistemática que busca la privatización de las instituciones públicas y también eliminar el presupuesto constitucionalmente establecido de las universidades estatales. Con ello se consolida el más duro golpe al estado social de derecho y a la democracia costarricense.
Creo decididamente que para enfrentar estos planes destructivos que afectan a nuestra sociedad como un todo y a la universidad pública en particular, debemos unirnos como comunidad universitaria que somos. Debemos reconocernos como un solo colectivo para luchar contra la desarticulación de la educación superior. Este unirnos bajo un solo objetivo es el reto más grande y urgente. No debemos caer en la trampa de prácticas políticas nacionales partidistas ejercidas fuera o dentro de la universidad para profundizar aún más la ya seria polarización social. Son discursos y prácticas que dividen, que excluyen y que nos roban la ilusión de un futuro más floreciente, de mayor justicia y madurez democrática. Órganos superiores, autoridades electas y aspirantes, funcionarios sindicalizados al SITUN y la Anepuna, funcionarios no sindicalizados, personal académico y administrativo, FEUNA, estudiantado becado y no becado, colectivos universitarios, todos somos la Universidad Nacional. Todas y todos debemos elevar UNA voz, porque hay UNA lucha inminente y esa es la de la defensa de la Universidad Pública Costarricense.
La estrategia a seguir no puede –ni debe– reposar exclusivamente en las autoridades actuales, en el Rector y su Consejo de Rectoría. Allí, lamentablemente para nuestra universidad, el poder de convocatoria ha demostrado ser insuficiente.
Es tiempo de que el tejido universitario fundamental compuesto por las unidades académicas vibre de otra vez. Que la academia como un todo se empodere, convoque al diálogo y articule esfuerzos nuevos, sin dejar de lado la posibilidad de la lucha en las calles. Son las sedes y las unidades académicas, articuladas desde los decanatos, con el apoyo y participación conjunta de las instancias administrativas, quienes conforman la red neurálgica del funcionamiento académico. Ellas son el lugar donde la universidad adquiere sentido para nuestra sociedad, para nuestro pueblo, para nuestro estudiantado. Es desde allí, en las asambleas, los consejos académicos, en las reuniones, en los pasillos y, sobre todo, en las aulas, con nuestros jóvenes, donde debemos recuperar el diálogo y establecer las estrategias de la defensa de la U pública. No tengo duda de que en esta cruzada las organizaciones gremiales universitarias comprenden su papel histórico y que reconocen la importancia de hacer nuevas lecturas sociales y actuar consecuentemente.
Es claro que estos son tiempos complejos que exigen nuestro mayor compromiso y responsabilidad que asegure heredar una universidad pública mucho más fortalecida y legítima, que la que a cada uno de nosotros nos tocó en diferentes momentos de la historia institucional. Llamo, sobretodo, a recuperar su memoria, a reconocer sus principios fundacionales, los aportes sociales logrados en casi cinco décadas, pero también llamo a reflexionar y a actuar sobre las deudas pendientes y los nuevos retos, donde la sostenibilidad financiera asoma preponderantemente. Sólo así podremos defendernos, con todo ahínco, del ataque neoliberal contra la educación superior pública y como Universidad Nacional construir un futuro con sentido y pertinencia social.
Respetuosamente,
Med. Francisco González Alvarado
Académico
División de Educología-Escuela de Historia
Exvicerrector Académico 2010-2015
204510487
Imagen ilustrativa de rector de la UNA en firma de acuerdo del FEES con Gobierno.
Enviado a SURCOS por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Sea parte de SURCOS:
Con el fin de propiciar un trabajo articulado y la puesta en marcha de acciones positivas orientadas a impulsar y potenciar el desarrollo en la Región Brunca, los representantes de las cinco universidades públicas locales, agrupados en la figura de Órganos de Coordinación Interuniversitario Regionales, llevarán a cabo el Encuentro de fortalecimiento regional interinstitucional de Extensión y Acción Social (Región Brunca) los días 18 y 19 de junio en el Centro Universitario de la UNED en Ciudad Neily.
“Este Encuentro propone ser una estrategia de diálogo que permita principalmente a las universidades públicas, instituciones y comunidades, discutir acerca de las necesidades, desafíos actuales y futuros del contexto regional”, explica el señor Mauricio Paniagua Brenes, coordinador del Órgano de Coordinación Interuniversitario de la Región Brunca y administrador del Centro Universitario de la UNED en Buenos Aires de Puntarenas.
Comunicado completo en el documento adjunto:
Imagen ilustrativa de la UNED.
Enviado por MSc. Martha Verónica Herrera Pérez, Comunicadora social, Dirección de Extensión Universitaria, UNED.
Sea parte de SURCOS:
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), instó al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, a enmendar el Decreto Ejecutivo Nº 41564-MIDEPLAN-H, publicado el pasado 18 de febrero en el diario oficial La Gaceta, debido a que lo considera inconstitucional.
Para el CONARE, dicho decreto, que lleva por título REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO, incorpora de manera indebida a las instituciones de educación superior estatales, mismas que se rigen mediante la Ley Nº 9635, la cual es diferente a lo que señala en Decreto Ejecutivo.
Según el Decreto Ejecutivo Nº 41564-MIDEPLAN-H, se establece en su artículo 1º inciso h) que se entenderá por institución autónoma, entre otras, a las universidades públicas, concepto que también reitera en su artículo 3º en el que se define su ámbito de aplicación.
Además, se señala como objetivo del Decreto Ejecutivo definir las reglas necesarias para la interpretación y aplicación en estricto cumplimiento de las disposiciones del Título III de la Ley N° 9635 del 3 de diciembre de 2018, relativo a las remuneraciones de los servidores del Estado.
Ante este hecho, el CONARE, indican que, “no sólo resultaría contraria a la Constitución Política una ley que pretendiera hacer desaparecer tal régimen”, sino que se estaría desobedeciendo lo que señala la Ley Nº 9635 del 3 de diciembre de 2018, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, al cual se le adicionaron capítulos y disposiciones transitorias, leyes constitucionales que amparan a las Universidades Estatales.
Otra de las anotaciones emitidas por el ente rector de las Universidades Públicas, señala que, “debe notarse que el artículo 3º del Decreto Ejecutivo 41564 incluye en su texto a las Universidades Públicas sin que el artículo 26 de la Ley 2166 reformada, que se pretende reglamentar, las mencione”.
Por esta razón, las instituciones de educación superior universitaria estatal se encuentran fuera del ámbito de la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº9635, especialmente en el tema que se pretende reglamentar con el Decreto Ejecutivo 41564.
Cabe mencionar, que el documento también les fue remitido a los Ministros titulares de la Presidencia, de Planificación y de Hacienda.
Por tanto, el CONARE acordó:
Instar al Presidente de la República a enmendar el Decreto Ejecutivo Nº 41564-MIDEPLAN-H del 11 de febrero de 2019, publicado en Alcance Nº38 a La Gaceta del 18 de febrero de 2019, denominado “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”, a fin de que se elimine la mención que contiene de las universidades públicas en su artículo 1º inciso h) y artículo 3º, referido a la definición de su ámbito de aplicación, en razón de su evidente inconstitucionalidad.
Fuente original: https://www.uned.ac.cr
Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.
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