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Etiqueta: violencia política

Red de Mujeres Rurales: la impunidad, causa de las violaciones a los derechos humanos

La Red de Mujeres Rurales denuncia que una vez los finqueros invasores del Territorio Indígena Bribri de Salitre, con el apoyo de los funcionarios racistas de las instituciones cometen agresiones contra el pueblo bribri, contra los legítimos dueños del territorio.

De nuevo los usurpadores comenten agresiones en el Sector Puente del Territorio indígena Salitre, de nuevo la compañera Magdalena Figueroa Morales ha sufrido violencia a causa de la indefensión en que se encuentran las comunidades indígenas y en particular las mujeres y los agresores no son castigados.

El viernes 12 de julio, se presentaron al rancho donde habita Magdalena, el finquero Edwin Guevara Mora, con el peón Francisco Figueroa Rojas, con bombas de fumigación, conteniendo agroveneno. Le atomizaron sobre las plantas que Magdalena ha sembrado en el patio alrededor del rancho y siguieron echando veneno en todas las cosas de uso doméstico, sobre los trastes y sobre los alimentos. Ante el reclamo de la compañera Magdalena, Edwin Guevara le echó veneno en la cara y en todo el cuerpo. Sus ropas quedaron empapadas de veneno y los nietos de ella de 4 y 6 años también quedaron rociados de veneno.

Como en otras ocasiones, Magdalena llamó a la policía que tardó más de una hora para llegar, tiempo suficiente para que los agresores se hubieran retirado. Los policías hicieron un parte y la pusieron a firmar, pero no le dejaron copia para saber qué habían escrito los policías y no se ha iniciado investigación.

La Red de Mujeres Rurales denuncia una vez más que aunque la comunidad indígena de Salitre cuenta con una medida cautelar que supone acciones de protección inmediata contra los agresores, estas medidas no son respetadas ni aplicadas por el Estado costarricense, ya que permiten que la población siga siendo violentada en sus derechos, como sucedió ahora con la compañera y como ocurrió hace cuatro meses con el asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz, en su casa de habitación.

Se repiten las agresiones al pueblo bribri de Salitre con la complicidad de la policía y se repite la impunidad ante la violación de los derechos del pueblo indígena. Existen resoluciones judiciales para proceder al desalojo de los usurpadores del territorio y el Estado costarricense no cumple ni con su misma ley. Cuando nos preguntamos por qué se siguen dando estas ocupaciones ilegales de los finqueros, por qué siguen las compañeras y compañeros indígenas viviendo atropellos, violaciones a sus derechos una y otra vez, la única respuesta que tenemos es la impunidad, la complacencia, la alcahuetería y la complicidad del Estado, de todas sus instituciones racistas.

Responsabilizamos al Gobierno de Costa Rica por la violaciones a nuestros derechos como mujeres de las comunidades indígenas, y de todos los miembros de los territorios indígenas, por el incumplimiento de las medidas cautelares, por la no investigación del asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz y por toda la impunidad que seguimos viviendo. Mientras tanto los usurpadores, los agresores, los violadores de nuestros derechos, se sienten protegidos por el Gobierno, porque siguen cometiendo toda clase de atropellos, ilegalidades, delitos y no les pasa nada.

Llamamos a repudiar públicamente estas agresiones y sumar a la denuncia internacional del Estado Costarricense y la constante violación a los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica. La sola presencia de finqueros no indígenas en los territorios viola los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios.

JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS

JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA

 

Enviado por Alejandra Bonilla Leiva.

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Justicia para los Pueblos Indígenas

Coordinadora de Lucha Sur Sur. El jueves 20 de junio, las organizaciones de la zona sur de Costa Rica que suscriben este comunicado enviaron a los Poderes Ejecutivo y Judicial un documento titulado “Pronunciamiento Público por la Justicia para Sergio Rojas y los Pueblos Originarios de la Zona Sur” y solicitaron una respuesta de estos dos Poderes antes del día de hoy.

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Denigrar y fomentar odio… y lo criminal

Luis Paulino Vargas Solís

Esta semana el presidente Alvarado se reunió con algunos grupos de estudiantes en casa presidencial. En uno de estos grupos -del liceo Rodrigo Facio- iba un jovencito, muy blanquito él, de pelo castaño. En algún momento él, y otras muchachas y muchachos, tomaron la palabra y expresaron sus ideas ante la prensa.

Al menos hasta donde pude escuchar, quienes hablaron, chicas y chicos, lo hicieron con gran propiedad y aplomo. Pero el que ha captado gran interés en las redes es precisamente ese jovencito al que hago mención. La razón de ello -que pareciera ser un horrible pecado- es que se presume que él es gay.

Esas publicaciones, que me han llegado por vías diversas, denigran al muchacho, al punto que su sola presencia en las reuniones con el presidente, es invocada como razón suficiente para quitar toda validez a esas reuniones y convertirlas en una “farsa”.

Creo que esto ilustra muy bien ese odio, espeso e irracional, que envenena a ciertos sectores. Pero, perdonen, en este caso es mucho peor. Porque agredir y acosar de esa forma a un muchacho tan joven es realmente criminal.

Enviado a SURCOS por el autor; publicado también en su página de Facebook.

Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena expresa preocupación ante violencia contra indígenas

Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena comunica a la comunidad nacional e internacional

  • El 17 de mayo de 2019 familias Brórán actuando de acuerdo con sus derechos legítimos continúan su movimiento de reivindicación de derechos fundamentales en el territorio indígena de Térraba en Buenos Aires de Puntarenas

  • El Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena expresa su preocupación por la violencia que puedan recibir las familias recuperadoras a horas de presentarse la Comisión Internacional de Derechos Humanos ya 60 días de impunidad del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz

Desde el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena respaldamos el comunicado de recuperantes shurines emitido el día 17 de Mayo del 2019 en Buenos Aires de Puntarenas. Hacemos un llamado de alerta e instamos al Gobierno Carlos Alvarado Quesada del Partido Acción Ciudadana y gobierno de la Unidad Nacional, actuar inmediatamente en la protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Desde este momento responsabilizamos de lo que pueda ocurrir en perjuicio de las familias recuperantes y su propiedad a causa de la indiferencia y falta de voluntad política durante este proceso reivindicatorio. Además, con el agravante denunciado por las y los shurines en cuanto a la injerencia judicial irregular del Juez agrario Jean Carlos Céspedes Mora, lo que de manera manifiesta se constituye como una afrenta al principio de imparcialidad judicial.

Recalcamos que las familias Brórán recuperantes tienen 14 meses de exigir apoyo ante las agresiones y amenazas que los usurpadores/»supuestos dueños», sus peones y matones a sueldo les hacen todos los días, creando zozobra y provocando violencia continua.

Hacemos un llamado urgente a los movimientos/organizaciones/colectivos solidarios con la causa indígena para visibilizar y apoyar la lucha de las y los shurines así como de los Pueblos Originarios en Costa Rica.

Nos encontramos a horas de la visita a Costa Rica de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el fin de verificar in situ la situación de violencia en Salitre y Térraba, este último Territorio es donde ocurre la violencia denunciada por las familias Brórán de Crun Shurín (Tierra de Venado). Es importante recordar que tanto el Territorio de Salitre como el de Térraba gozan de las medidas cautelares N. 321-12 del 30 de abril del 2015 de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y que el Gobierno ha sido negligente ante este llamamiento. Esta omisión por parte del Estado ha dejado el cruel asesinato, hasta el día de hoy impune, del líder bribri Sergio Rojas Ortiz, fundador y coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) hasta el día de su muerte, como también miembro del Consejo Ditsó Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra).

#SERGIO ROJAS VIVE

Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena San José,

18 de abril del 2019.

 

Imagen ilustrativa.

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Costa Rica está en deuda con protección de defensores de Derechos Humanos

  • Urge que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Ley Expediente No 19.610

  • Expediente cumple su plazo cuatrienal y está en peligro de archivarse

  • Consejo de Derechos Humanos de la ONU exige a Costa Rica proteger defensores de Derechos Humanos

(San José, 20/52019). Ser defensores de Derechos Humanos y ambientales es una de las ocupaciones más peligrosas del mundo según el informe de Global Witness (1): “Durante 2017, América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Sin embargo, la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (ambas industrias juntas representan el 60% de las vinculaciones conocidas)”.

La resolución A/RES/53/144 de la Asamblea de las Naciones Unidas ha señalado la obligatoriedad de los Estados a proteger a los defensores y defensoras. Esta resolución obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de su rol como defensor o defensora de los Derechos Humanos (2). Pese a esta orden de la ONU nuestro país sigue incumpliendo esta disposición internacional, pero los jerarcas del Estado costarricense venden al país como uno que respeta los derechos de todas las o personas, cuando en realidad está muy lejos de esta meta, así lo dejó caro el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recientemente en un informe (3).

El aumento de casos de agresión, amenazas, acoso, hostigamiento, judicialización y hasta asesinatos de defensoras y defensores de Derechos Humanos en Costa Rica. Lamentablemente no es ajeno a nuestro país y la mayoría de los casos quedan sin consecuencias para quienes comenten estos crímenes.

Recientemente el caso del indígena bribri, Sergio Rojas Ortíz, asesinado cerca de la medianoche en su casa de 15 disparos el pasado 18 de marzo en el Territorio Indígena de Salitre(4), debería de ser motivo suficiente para que los 57 diputados aprueben el expediente legislativo 19.610 para proteger la vida de activistas de los Derechos Humanos.

Otro ejemplo que existe es la impunidad que gozan los actores intelectuales del asesinato de Jairo Mora -hoy en su sexto aniversario- pone en perspectiva la urgencia de la protección legal de personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Casos paradigmáticos como este crimen o las muertes aún no esclarecidas de Oscar Fallas, María del Mar Cordero y Javier Bustamante en 1994; posteriormente el hallazgo del cuerpo sin vida de David Maradiaga siete días y 7 meses después, son muchas veces condenados a la impunidad.

Para mejorar la seguridad jurídica de las personas que se dedican a la protección de la naturaleza es urgente que se apruebe la “Ley a favor de la protección de activistas de los Derechos Humanos”, la misma propone la inclusión de una serie de artículos que logren salvaguardar de mejor manera la vida de personas defensoras de derechos humanos que estén en riesgo. El proyecto ya fue dictaminado en la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y está a punto de vencerse el plazo cuatrienal, por lo que está en peligro de ser archivada.

La reforma al Código Penal en el Expediente 19610 propone:

  • que a quien mate a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años
  • la pena de prisión será de cuatro a diez años a quien prive a otro de su libertad personal un defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos
  • serán consideradas víctimas las personas que de manera pública y notoria sean reconocidas como defensoras o activistas de los derechos humanos establecidos y garantizados en los instrumentos del Derecho Internacional Público ratificados y vigentes en el país, cuando en los delitos contra uno o varios de sus integrantes el móvil sea su condición de activistas o defensores

En el mes internacional del ambiente solicitamos a los diputadas y diputados proteja a quienes protegen el ambiente y la gente. Que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida. Es urgente que se vote afirmativamente el expediente legislativo 19610 para dar protección a defensores de Derechos Humanos.

Notas:

1) Nueva información revela que 197 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas en 2017. https://www.globalwitness.org/en/blog/nuevainformaci%C3%B3n-revela-que-197-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medioambiente-han-sido-asesinadas-en-2017/

2) Resolución de ONU sobre protección de defensoras de derechos Humanos. https://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx

3) Costa Rica hará un exhaustivo análisis de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU informa-tico.com/17-05-2019/costa-rica-haraexhaustivo-analisis-recomendaciones-consejo-derechos-humanos-onu

4) Sergio Rojas: https://semanariouniversidad.com/pais/organizaciones-denuncianasesinato-de-dirigente-indigena-sergio-rojas/

 

Organizaciones interesadas en firmar esta petición comunicarse al WhatsApp: 87609800 o al correo electrónico incidenciafecon@gmail.com

Contactos:

Larissa Arrollo Navarrete, Acceder 8822 1364

Angélica Alvarado, Ríos Vivos: 8583 0253

Henry Picado Cerdas, FECON: 8760 9800

 

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas y Alejandro García Valerio.

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