FRENAPI denuncia amenazas del PANI y gobierno hacia recuperadores indígenas

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

DENUNCIA PÚBLICA DEL FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)

El día jueves 22 de agosto del 2019, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a través de su Trabajadora Social, Laura Salazar Gonzales, volvió para amenazar a familias indígenas de la Finca Kapleña, en conflicto con el usurpador No Indígena, en Salitre. Personeras del PANI, han amenazado con regresar con la policía para llevarse a las/os niñas/os, ingresarlas/os a albergues y acusar a madres/padres de poner en riesgo y peligro a personas menores de edad si continúan con las acciones de recuperación. Han intimidado a estas familias al decir que pueden ser encarceladas y con ello declarar el abandono de sus hijas/os para “…quitarnos las/os chiquitas/os para siempre…”. Se ha amedrentado a las familias recuperantes proponiendo que se retiren del lugar y dejen al usurpador tranquilo.

Ante este escenario, el FRENAPI DENUNCIA la violencia sistemática en la que actúa el Estado/Gobierno de Costa Rica en contra de los derechos de los Pueblos Indígenas, en esta ocasión, al contrariar, lo acordado con Juan Alfaro López, Viceministro de la Presidencia, Encargado de la Coordinación y Seguimiento de las Medidas Cautelares que estableció la CIDH para Térraba y Salitre desde el 2015.

Esta acción por parte del Estado/Gobierno, a través del PANI y la Policía, la denunciamos como violencia sicológica sistemática, principalmente, contra las mujeres; conducta que ha operado desde hace mucho tiempo, en otras recuperaciones, por lo que denunciamos este hecho como “hecho continuado” y como medio utilizado por el Estado/Gobierno, a través de sus personeros, para intimidar y así aniquilar la causa indígena, concretamente, en cuanto a la recuperación de Tierra/Territorio. Esta actuación del Estado/Gobierno la denunciamos como actos que llegan a la TORTURA psicológica en perjuicio de nuestras compañeras indígenas, especialmente. Alertamos que el INAMU, no ha intervenido activamente en contra de esta violencia, a pesar de haberse denunciado esto en varias ocasiones.

Ante la Comunidad Nacional e Internacional, denunciamos al Estado/Gobierno costarricense por promover agresión y tortura psicológica contra nuestras compañeras madres y abuelas indígenas, de manera reiterada y desde hace mucho tiempo a través del PANI, institución pública que se supone, encargada de la defensa de los derechos integrales de las personas menores de edad, obligado su accionar a la normativa doméstica e internacional a favor de los derechos de la población indígena.

A pesar de haberse presentado denuncia contra las/os funcionarias/os que han llegado con carros policiales conocidos como “perreras” para llevarse a las personas menores de edad, no se han detenido las amenazas, con indiferencia de que las familias viven dentro de sus tierras y su Territorio.

El conflicto por Tierra/Territorio es cada vez más violento, desde que en el año 2010, después del desalojo violento de 27 compañeras/os indígenas de la Asamblea legislativa, las Comunidades Indígenas decidimos construir la Autonomía en los Territorios, iniciando con la recuperación de Tierras/Territorios, usurpadas por personas No Indígenas, a quienes las leyes nacionales les prohíben poseer tierras, construir casas y usar los servicios dentro de los Territorios Indígenas.

Este conflicto ha provocado agresiones a la integridad física de nuestras/os compañeras/os indígenas, quemas de sus viviendas, destrucción de sus enseres y cultivos por parte de usurpadores No Indígenas, que siguen entrando y saliendo impunemente de los Territorios, a pesar, de las denuncias presentas contra personas identificadas con nombres y apellidos con la finalidad de que opere justicia pronta y cumplida en la determinación de responsabilidades de estos hechos delictivos. El hecho más grave de violencia impune, reciente y de conocimiento público nacional e internacional, fue el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, bribri de Salitre, miembro del Concejo Ditsö Iriria Ajkönúk Wakpä, de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra, además fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas – FRENAPI.

Todo esto ocurre, a pesar de las Medidas Cautelares que estableciera la Comisión Interamericana de DDHH– CIDH y la visita reciente de una Delegación de esta Comisión.

Denunciamos lo ocurrido recientemente en la Finca Kapleña con el fin de poner Alerta Temprana y solicitar prevención inmediata de hechos contra la integridad física de las familias bribris recuperantes. Hacemos de conocimiento público que ante este escenario violento las compañeras bribris recuperantes amenazadas por el PANI han informado al FRENAPI que, si el Estado/Gobierno ejecuta la amenaza “tendrán que pasar por sus cadáveres para que se lleven sus hijas/os y nietas/os”.

Denunciamos también, como agravante a este contexto, que Tribunales de Justicia como los de Buenos Aires, contrariando la Ley Indígena y los Convenios de DDHH, han llegado a establecer mediante Resoluciones Judiciales, “Medidas Cautelares Agrarias” a favor del usurpador No Indígena Edwin Guevara Mora y ordenando el desalojo de la Finca recuperada dentro de Territorio indígena, en perjuicio directo de las familias bribris recuperantes, hoy amenazadas por el PANI.

Tanto el PANI, como el Poder Judicial y la Policía que interviene la zona, son parte de este acoso y agresión; violencia que no se detiene y que el Viceministro Alfaro prometió ante la CIDH, hace más de TRES MESES, poner FIN a este conflicto y esta tortura. Como lo denunciamos, este compromiso público no se ha sido cumplido, por lo que desde ya responsabilizamos al Viceministro Alfaro López de cualquier otro desenlace fatal contra nuestras hermanas/os indígenas. Varias familias recuperantes han tenido que salir de la Finca Kapleña, ante el temor de perder el cuido de sus hijas/os, hecho que demuestra la acción violenta del Estado/Gobierno y el terror promovido por el PANI, convirtiéndose así, en cómplice de la usurpación y violación de DDHH contra las Comunidades Indígenas, en este caso de mujeres y familias.

Ante esta Denuncia, alentamos a la opinión pública nacional e internacional a exigir al Gobierno de Carlos Alvarado Quesada el cese INMEDIATO de las agresiones, amenazas y tortura contra estas familias, especialmente, contra las compañeras mujeres, madres, hijas, hermanas y abuelas indígenas. Hacemos responsable al mismo Estado /Gobierno de los hechos que puedan sobrevenir ante esta situación.

¡Por una Justicia Pronta y Cumplida, NO MÁS IMPUNIDAD!

¡LA LUCHA SIGUE!

¡Autonomía Indígena YA!

¡Sergio Rojas VIVE!

FRENAPI, 25 de agosto 2019

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por Suyen Vega.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/