Esa es una pregunta que suele asaltarnos cada vez que un ente académico o una empresa de estudios de opinión difunde los resultados de una nueva encuesta. Especialistas de la comunicación social han concluido que lo que realmente miden las encuestas es la opinión pública construida por los medios informativos. Es decir, miden la eficacia de los medios para colocar su relato en la conciencia ciudadana. De eso va la hegemonía cultural. Ese relato se refiere al planteamiento del hecho, objeto de la información y a su interpretación, haciendo referencia a un nicho interpretativo previamente instalado en la conciencia colectiva.
El hecho de que la inseguridad ciudadana aparezca como la principal preocupación ciudadana en el Estudio de Opinión Pública del CIEP de abril, por encima del costo de la vida y del desempleo, es un caso típico.
El objetivo aumento de la violencia y de la consecuente inseguridad ciudadana, permanentemente tratado por los medios informativos, termina colocando el tema en la “agenda ciudadana”, pero los medios omiten la necesaria reflexión sobre las causas estructurales de la violencia: el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, como resultado del debilitamiento sistemático de las políticas sociales.
Si las pugnas entre bandas de “narcomenudeo” están ocasionando la muerte de jóvenes, habría que decir que esos jóvenes están, en su mayoría, expulsados del sistema educativo y proceden de las comunidades más abandonadas por el Estado.
La perseverancia mediática en el tema de la violencia criminal, sin reflexión sobre la causalidad, conduce al fomento del miedo, en particular, el miedo a ser víctima del crimen. Y es un miedo tan grande y poderoso, que pone a la violencia criminal por encima de la violencia estructural, que condena a 399.439 hogares costarricenses a no poder satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda.
La ausencia de reflexión sobre la causalidad estructural y la búsqueda colectiva de soluciones alternativas convoca la indefensión y empuja a esa ciudadanía asustada a buscar soluciones individuales, encerrados en nuestras casas, pensando en adquirir armas de fuego y a clamando por más medidas punitivas, más cárceles y mayor represión.
El hecho objetivo
De acuerdo con las estadísticas del OIJ, los actos de criminalidad que sustentan percepción de mayor inseguridad ciudadana son los siguientes:
Durante el 2022, la tasa total de homicidios dolosos aumentó a 12,6 por cada 100.000 habitantes
Se registran 68 víctimas más de homicidio doloso en comparación al mismo periodo del 2021.
El 92,7% de las víctimas son hombres, el 7,2% mujeres y 0,2% con sexo desconocido.
En promedio, se registran 55 víctimas de homicidio doloso al mes, 6 víctimas más al mes en comparación al mismo periodo del 2021.
Las principales víctimas de homicidios dolosos continúan siendo personas jóvenes, el 53% de ellas tenía entre 20 y 34 años.
El 72% de los homicidios dolosos se cometió utilizando un arma de fuego, 16% utilizó un arma blanca y un 12% otros métodos.
Por tipo de móvil, 63% de los homicidios dolosos se vinculan a la delincuencia organizada.
Las provincias de mayor ocurrencia son: Limón, San José, Puntarenas y Alajuela.
Las mujeres constituyen las principales víctimas de la violencia doméstica: 8 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 5 personas agresoras son hombres (2021).
Durante el año 2021, 5.419 personas fueron imputadas por infringir la Ley de Armas y Explosivos según el Ministerio de Seguridad Pública, 9 de cada 10 infracciones estaban relacionadas con la portación ilegal de un arma blanca o de fuego.
Durante el año 2021, 84.770 personas fueron imputadas por infringir la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El 98% de estas infracciones estaban relacionadas con la tenencia de droga.
Ocuparnos de las causas
Para el Programa de Análisis de Coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), detrás del aumento de la violencia criminal hay elementos socioculturales, políticos y económicos relacionados con la violencia estructural que interpelan al Estado, llamado a garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos para todas las personas.
Costa Rica fue el país de América Latina en el que más creció la pobreza y la desigualdad entre el 2017 y el 2022. Según un cálculo hecho por el Banco Mundial, la pobreza aumentó al menos 2,3 puntos porcentuales en este periodo.
Los datos del BM coinciden con los del Instituto en Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), según los cuales para el cierre del 2022 la cantidad de hogares en condición de pobreza en el país podría haber crecido a 24% o 25%. Esto sería levemente superior al 23% reportado por el INEC para noviembre del 2022 y superior a lo registrado en el 2017, cuando se calculaba en 20%.
Mientras tanto, frente a este panorama, el país no cuentacon una estrategia de combate a la pobreza ni con acciones definidas para acortar la brecha social entre ricos y pobres, en su defecto, cobran vitalidad las soluciones paliativas de corte punitivo, esgrimidas por autoridades gubernamentales y aupadas por los medios de información. No tardarán en aparecer los estudios de opinión que digan que eso es lo que quiere la gente.
Chaves Robles cede a la toma de muelles, puertos, aeropuertos, fronteras, áreas de distribución de combustible y comunidades claves por parte de las fuerzas represoras del estado.
MSc. Jerry Alonso Mora Profesor Universitario.
19 de abril
El Presidente Rodrigo Chávez, el Ministro de Seguridad Pública Jorge Luis Torres y el Viceministro de Seguridad Daniel Calderón se habían reunido para improvisar un plan de seguridad en el país, motivados y presionados, por un pronunciamiento que había hecho La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) en donde les exigían al gobierno Chaves Robles declarar “emergencia nacional” la ola de violencia en las calles.
Los tres al unísono el miércoles 19 de abril en conferencia de prensa anunciaban lo siguiente:
“Hoy anunciamos acciones concretas que hacen parte de la operación ‘Costa Rica Segura’. A partir de mañana (jueves) el país tendrá hasta 9.500 policías más en la calle como una medida temporal y excepcional por un espacio de seis meses. Tuvimos también que cambiar los roles de trabajo de 12.000 policías que actualmente trabajan 3×3 y 6×6, vamos a tener que pasar a roles de 6×4; trabajan seis días continuos y descansan cuatro”, dijo Jorge Luis Torres, ministro de Seguridad.
Recuerdo al presidente en esa conferencia de prensa del 19 de abril aplaudiendo las palabras de sus subalternos cuando, entre otras cosas, cuestionaban al poder judicial y reiteraban las medidas en los cambios de roles de los policías para, según ellos, apaliar las olas de violencia e inseguridad presentes en el país.
20 de abril 2023
La toma de áreas estratégicas para la circulación del capital: los policías “¿violentado la ley?”
Horas después policías de todo el país se tiraban a las calles con la intención de paralizar áreas claves de la economía del país: muelles, puertos, aeropuertos, autopistas: Interamericana norte y sur, fronteras, comunidades y sectores estratégicos como la distribución de combustibles: a la altura de RECOPE, y de acción mediática como la fuente de la hispanidad en horas pico.
La intención sin duda era golpear al gobierno y afectando al sector empresarial para que les devolvieran lo que para ellos parecía ya impensable, a la par del congelamiento de sus salarios, el despojo de su tiempo de descanso.
El presidente Chaves cede a la presión en las calles y legitima que es la calle el espacio de incidencia política más importante.
Un día después de que la fuerza pública “violentara la ley” tomando las calles para impedir el flujo de bienes que afectara a las empresas de esos sectores, y que la noticia le diera la vuelta al mundo, el presidente Chaves Robles cede a la presión de los cuerpos de represión policial, que, ante los ojos impávidos de las autoridades, se rebelaban contra ellas.
Un atolladero ¿Desdecirse y legitimar la toma de las calles por parte de la gente, o profundizar la crisis? “Echar para atrás” debía ser orquestado, y es cuando asesorados, inventan una visita a una delegación de un barrio empobrecido del sur de San José, llevan las cámaras, le desabrochan la corbata al presidente y comienza el show.
¿Qué significa que la fuerza de represión del estado se insubordine contra el presidente de la república y sus autoridades oficiales? Y no solo eso, y lo más importante ¿Qué significa que lo hagan tomando muelles, puertos y aeropuertos, áreas de distribución de combustible y comunidades claves? La legitimación de la lucha popular en las calles.
La respuesta a ceder debía generarse como “una equivocación”, “ yo no tenía conocimiento”, “yo no sabía de las condiciones de los policías en las zonas rurales”, etc, etc, etc. Y es así como Rodrigo Chaves monta un Show, un día después, en la delegación de Sagrada Familia, y echa para atrás implicando a su ministro y viceministro de seguridad como únicos responsables: “Voy a pedir cuentas, me dijeron que había acuerdo” señalaba desligándose del atolladero en que él y su equipo de seguridad se habían metido.
Chaves no se come la bronca y cede. La toma de las calles se legitima como espacio de lucha popular.
Las acciones de las fuerzas represoras del estado nos han permitido reafirmar, aun cuando esto parezca una profunda contradicción, que es la calle el camino para enfrentar los embates del neoliberalismo. Las fuerzas represoras del estado son eso, nada más, trabajadores si, pero al servicio del poder, de los ricos y de sus capitales. Quienes crean que luego de esta experiencia en las calles, lo pensaran para gasear o garrotear a los manifestantes (no policías) están profundamente equivocados. El propio Chaves tuvo que ir a negociar, en el marco de un show, pero a negociar finalmente con un grupo de ellos: terminada la negociación volverán a ser patriotas garroteando a los manifestantes no policías.
Pero volviendo al tema de la calle como ejercicio de poder popular, es esta, el camino para frenar la inseguridad, luchando para que no se privatice a la Caja Costarricense del Seguro Social, bajen los precios de la Canasta Básica y demás productos, se eleven los salarios, se provea de casa a los millones que no la poseen, se diseñe un plan nacional de apoyo a los pequeños productores y campesinos del país, se mejore la infraestructura en los colegios y en las escuelas de los barrios más empobrecidos, se acompañe a los jóvenes de los barrios mejorando la infraestructura deportiva, de ocio y recreativa y los programas de vivienda y trabajo joven, a través de programas desde los barrios y el liderazgo de los propios jóvenes en los territorios, se aborde de una vez por todas el tema del desempleo, no se privatice el Instituto Costarricense de Electricidad, ni el AyA, ni se vendan las tierras que denominan “ociosas” en las zonas rurales, todas estas luchas, y otras que existen solo tendrán sentido y efecto en las calles. Chaves Robles cedió por ello, no por ninguna otra razón. Aprendamos el ejercicio. Nos vemos en las calles.
Con el agravamiento paulatino de las olas de violencia en el país, el investigador Marco Vinicio Fournier propone un artículo que analiza el origen emocional, coyuntural e interinstitucional sobre el cual la violencia se hace presente en la sociedad costarricense.
Recientemente, entre la noche del viernes 13 de abril y el sábado 14 de abril hubo una cantidad de 9 asesinatos en menos de 12 horas en diferentes zonas del país, esta cifra alarmó a los ciudadanos. Aunque la cultura violenta sea un patrón mostrado en indicadores de los últimos años.
Por lo que Fournier comparte en once apartados un análisis de datos y su evolución en los últimos años.
Entre los primeros apartados se hace mención de elementos psicológicos como el enojo y la frustración, siendo una respuesta hacia los factores externos, específicamente a las normas de convivencia y dando paso a lo que el autor cita como anomia que corresponde a una situación en la cual se deslegitima valores de integración y regulación entre los individuos teniendo en consecuencia olas de violencia, debilitando así, las formas de autoridad institucional y proponiendo lo que popularmente se le conoce como “ la ley del más fuerte”.
Tales manifestaciones se convierten en agresiones de tipo proactiva (conductas intencionales) o reactiva (respuesta a un estímulo). Ejemplificados en homicidios dolosos, delitos contra la propiedad, suicidio, violencia doméstica y contra la mujer, accidentes de tránsito y otro tipo de emergencias violentas.
Asimismo, es conveniente contemplar los efectos de la pandemia que aún persisten en la sociedad costarricense como lo son el empobrecimiento en la calidad de vida; el afrontar una nueva crisis financiera son procesos socio-económicos que debilitan al sistema político, lo que provoca una reacción negativa en la convivencia pacífica. Evidencia de ello es que desde el Coeficiente Gini (mide el grado de inequidad): “Si se calcula la relación de este coeficiente con la tasa de homicidios en Costa Rica de 2000 a 2022, se obtiene una correlación de Pearson de 0,71, valor particularmente alto que indica conforme aumenta el grado de desigualdad, proporcionalmente tenderá a aumentar la cantidad de homicidios en el país” (p. 12)
En la arena política se proyecta la necesidad de un actor político autoritario sobre la cual se encuentra una sumisión hacia las decisiones que este actor ponga en práctica teniendo un efecto de satisfacción y seguridad de la autoridad, las actitudes agresivas se redirigen hacia grupos de minorías en la sociedad, esto es una de las condiciones sobre el facismo, estudiado por el Theodor Adorno (1959). Se puede decir entonces, que en situaciones de alta tensión se evoca a una figura que aparente seguridad, aunque esto sea irrespeto en el diálogo, o la negociación. La figura presidencial “refuerza permanentemente estilos de comportamiento violentos, minando las normas y valores propios de una coexistencia pacífica, al tiempo que continúa con el proceso de debilitamiento del Estado […]”(Estado de la Nación, 2021, citado por Fournier, p.16).
Entre las conclusiones de Fournier, atribuye a diferentes elementos emocionales como el enojo, resentimiento y ansiedad la razón de una respuesta que reproduce patrones violentos prolongados en un contexto post-pandémico que intensificó las fracturas sociales, económicas y culturales. Estos motivos se agravan cada vez más en los procesos de elección, ya que ocurre una reiteración de interés desde los candidatos presidenciales por la búsqueda de soluciones a las cuestiones que aquejan a la colectividad social, pero que en los resultados reales no se manifiesta un cambio verdadero, trayendo así a la visión pública un carácter autoritario, individualista o hacia la paralización como alternativas a las oleadas de violencia.
Finalmente, Fournier apunta a lo siguiente: “La única forma de enfrentar el problema es llegar a su raíz, es decir, reducir drásticamente la violencia estructural mediante un cambio sustancial en el modelo actual de desarrollo y de distribución de la riqueza y en el sistema educativo público, cambios que deberán surgir desde las mismas bases de la población, por lo que es urgente un diálogo nacional amplio y participativo que analice a profundidad todos estos aspectos y proponga estrategias de enfrentamiento integrales e inclusivas.” (p. 18)
Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)
La lucha contra la discriminación es continua y no se detiene. Plantea desafíos improrrogables y la tarea pareciera no concluir, dados los acontecimientos que lo confirman en lo cotidiano.
En Costa Rica esa disputa contra discursos y prácticas discriminatorias no cesa. Son cientos de ejemplos de cómo nacionalidad, género, color de piel, preferencia sexual y clase resultan categorías definitorias de un proceso irreversible, en franco deterioro en las interrelaciones sociales y la convivencia.
Hemos dicho en esta columna que toca refundarnos. Volver a redactar la letra menuda de un contrato social que debiera integrarnos a todos y todas. Esa actitud debe pasar justamente por un ajuste en el que debiéramos empezar por el principio.
Convendría entonces revisar nuestros vínculos. Asumirnos como comunidad de distintos en la diversidad. Eso es justamente lo que nos falta. La ausencia declarada de horizontalidad.
Un reciente juego de futbol de primera división desarrollado en el Pacífico costarricense tuvo que ser intervenido dos veces con el protocolo indicado por actos de homofobia y racismo. Dos veces.
La implicación social de este acontecimiento no es menor si se considera la asistencia de niños, niñas y jóvenes al evento. Irán naturalizando estas prácticas y del acto simbólico al físico sólo habrá un paso.
Un grito homofóbico y un insulto racista en un juego de fútbol sólo expresan la decadencia a la que asistimos. El contexto también es importante ya que la zona pacífica del país es objeto en la actualidad de una violencia generalizada propiciada por grupos criminales que pugnan por el control de sus territorios. Pobreza, desigualdad y fractura social son rasgos que caracterizan esa región.
Pero un grito homofóbico y un insulto racista también señala la cobardía de un gesto que escudado en el anonimato del colectivo encuentra su mejor forma para desarrollarse.
Es necesario no solo parar un partido de fútbol por estos actos. Es necesario detenerlos y cambiarlos por acciones formativas en materia sociocultural.
Es claro a toda la ciudadanía que el residente de Zapote actúa constantemente intimidando, amenazando, descalificando, burlándose de la gente, de los periodistas, de los analistas y críticos políticos, de sus opositores. Para ello había montado, como parte de su argucia a las baterías de troles.
Sus poses normales son del bravucón, del presionador, del amenazador, del extorsionista, del que espera controlar comportamientos sin dar posibilidad de elección. Por eso intimida procurando disminuir la autoestima y el valor de sus “contrincantes”, los que él escoge para atacarlos exhibiéndolos de mala forma, y manipulando, de esa manera, sus imágenes públicas, casi reduciéndolas a cosas para tratar de lograr sus propósitos. En esto hay que reconocerle al mandamás de Zapote que es eficaz y eficiente, sabiendo sacar provecho de esas situaciones, que le provocan una imagen pública fuerte, de autoridad necesaria que faltaba en el país, y bastante simpatía en las encuestas, cuando en el entorno nacional se ha venido socavando, desde hace mucho tiempo, todo lo que es “político”, la misma democracia y sus instituciones, de modo que el gobernante aprovecha la situación para presentarse como el salvador. Poco falta para que se le vea como el “Amado Líder”. Ya empezaron a soltar sus jaurías políticas en las calles alabando y ladrándole salameramente al líder.
Su intimidación, sus amenazas, su forma de extorsionar a la gente, aparte del temor reverencial que provoca, lo hace sin ofrecer compensaciones positivas. Al contrario, ofrece la violencia, la destrucción moral de su atacado y difamado, por la forma que lo hace, procurando que se actúe de una determinada forma.
Es claro que no ha entendido, hasta hoy, cuál es el papel del gobernante frente a la ciudadanía y frente a los grupos organizados, que no son parte de su argolla. Desconoce lo que es la tolerancia en todo sentido, pero especialmente la tolerancia política, que es la que debe primar en un régimen democrático y con gobernantes democráticos. Y, carece, en ese sentido de esa inteligencia política que debe adornar a cada gobernante.
Los actos del gobierno son por su esencia políticos, realizados o impulsados por el gobernante. No puede un gobernante esperar que todo se le acepte a ciegas, sin lectura de sus propuestas, sin analizar los efectos de las mismas.
Toda la vida política de Costa Rica se ha construido y desarrollado a base de conversaciones políticas, de pactos, de acuerdos, de convencimientos políticos. Desde el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, del 1 de diciembre de 1821, se trazó la idea del Pacto, del Acuerdo, como conceptos para hacer caminar la nación costarricense al momento de la Independencia. Hoy tenemos su resultado enriquecido con 13 Constituciones y una inmensa cantidad de acuerdos y pactos políticos, en las más duras condiciones, que permitieron dar pasos de gigantes. Justamente en estos días podemos recordar algunos de esos Pactos, el de Ochomogo, el de la Embajada de México, el Figueres Ulate, que se firmaron hacer 75 años, que modelaron la Costa Rica actual, surgidos esos acuerdos de las balas, del humo de los fusiles y de los 3000 muertos que cayeron en aquellos difíciles días.
El Presidente de Zapote frente a la ausencia de una guerra como la de 1948, sin contexto de ella, como Don Quijote, ha visto molinos frente a él que debe enfrentar. Dinamitar puentes, ha dicho, y todo lo que se le enfrente y obstaculice en sus propósitos y luchas es lo que amenaza hacer.
En ese afán carece el Presidente de una Dulcinea a su alcance inmediato, y ni siquiera imaginario, a quien le pueda ofrecer sus hazañas gubernativas, que no se ven. Más que una Insula Barataria quizá sueña con su Insula Zapotaria, donde él es el Gobernador nombrado, donde ejerce su gobierno como si fuera el Gerente moderno de ese feudo, en la práctica más asimilado en el ejercicio gubernativo a Sancho Panza que al propio don Quijote.
Pues bien, nuestro gobernador de Zapotaria, ha propuesto, junto con sus escuderos parlamentarios un chantaje, una extorsión, una amenaza a los diputados. Ha propuesto en la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo que se eliminen las objeciones, que diputados del Frente Amplio han puesto al Proyecto de Ley que tiene que ver con el aumento de jornada a 12 horas diarias, a cambio de aprobar los proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad ciudadana, hoy tan amenazada, tan frágil, por las acciones del crimen organizado, por la posible liberación de jefes de bandas criminales en los próximos días.
Estos proyectos de ley no se pueden mezclar porque responden a realidades y valores sociales diferentes. Urge atender la seguridad ciudadana. No urge resolver lo de aumentar las jornadas de trabajo a 12 horas diarias. Con la extensión de las jornadas la inseguridad de la vida de los trabajadores va a aumentar porque estarán en las calles hasta 14 o 16 horas diarias, por el desplazamiento, de ida y vuelta, a sus trabajos, oportunidad ideal para que sean asaltados, secuestrados o asesinados mientras esperan los buses a esas horas de la madrugada o de la noche.
Si el gobierno no atiende la urgencia de la aprobación de la Ley del Crimen Organizado, en las discusiones parlamentarias que inician en mayo, es porque al Gobierno no le interesa, como parece ser, atender el problema de la seguridad ciudadana, porque el miedo y el temor que la inseguridad produce le favorece al gobierno para ejercer su autoritarismo, su militarismo, sus desplantes de acciones gorilescas de la policía sobre la población y periodistas. O, en el peor, y extremo de los casos, porque desde Zapotaria hay coordinación con los líderes de esos grupos delictivos, como hacen los líderes autoritarios en algunos países cercanos, para que sus actuaciones, no del todo reprimidas ni controladas, permitan alentar el ambiente de miedo y de terror, que el gobernante autoritario de Zapotaria usa y aprovecha para ejercer su dominio institucional con temor, con intimidación, como se está ejercitando en el país.
La urgencia en Costa Rica es detener el crimen organizado. Esta es la prioridad nacional en cuanto a las leyes que estarán en discusión a partir de mayo.
La forma en que los representantes del Presidente y el mismo Presidente presionan a los diputados, con el chantaje de la aprobación de los dos proyectos, los coloca en la misma situación de esos líderes criminales delictivos, que de esa forma presionan en las comunidades a ciudadanos, a trabajadores, a pequeños empresarios para pagar peajes o pagar seguridad, para asegurarles su vida o sus bienes.
El chantaje que se está proponiendo a los diputados con el trámite simultáneo de las dos leyes, en la forma que lo quiere hacer el gobierno, es un delito de amenazas, que viola un bien jurídico fundamental, el de la libertad y la intimidad de los diputados en este caso, y el de las personas en general, ya que se atenta contra el normal desarrollo de la vida de las víctimas del crimen organizado y las de sus familiares.
Ese chantaje emocional y político que se impulsa por el Gobierno y sus voceros parlamentarios es una forma inadecuada, irrespetuosa y agresiva de comunicación, como suele hacerlo el Presidente.
Los diputados no deben caer en la trampa, en el engaño del trámite de los dos proyectos de ley, el de seguridad y el de jornadas de 12 horas, como si estuvieran en una balanza. El que cae por su peso, por su importancia, el que debe discutirse separada y exclusivamente es el de la Ley del Crimen Organizado.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
“En Colombia hay dos países: el país político que se preocupa por las elecciones, las sinecuras burocráticas, los intereses económicos, los privilegios y las influencias… El país político y la oligarquía son la misma cosa…Y el país nacional, el pueblo que piensa en su trabajo, su salud, su cultura… Nosotros pertenecemos al país nacional, al pueblo de todos los partidos que luchan contra el país político, contra las oligarquías de todos los partidos.
JORGE ELIÉCER GAITÁN.
Hace tres cuartos de siglo, un viernes 9 de abril de 1948, a la una y cinco de la tarde, la oligarquía colombiana conservadora y liberal materializó la vía que había escogido de antemano para imponer su proyecto fascista al conjunto de la sociedad, por medio de la violencia y el exterminio colectivo de los sectores populares de filiación liberal gaitanista, asesinando al gran líder popular Jorge Eliécer Gaitán (1898-1948), quien venía clamando por la paz, el establecimiento de una democracia directa y por el fin de la violencia conservadora, cuando salía de su oficina en la Carrera Séptima con la Avenida Jiménez de Quesada, en la ciudad de Bogotá, en plena IX Conferencia Panamericana, con la presencia del General George Marshall, entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, que daría lugar a la fundación de la OEA, como un instrumento de la hegemonía estadounidense en la región, dando al traste con las esperanzas populares de justicia social, paz y democracia directa, originando una gran insurrección popular que hizo arder muchos edificios del centro histórico de la capital colombiana (donde fue aplastada rápidamente, de manera cruenta, con miles de muertos y heridos, por parte del ejército y de los sectores del lumpen afines al Partido Conservador y la reacción clerical) y en todo Colombia donde la prolongada resistencia dio lugar a un largo y sangriento conflicto armado, cuyas consecuencias se sienten todavía, sobre todo en la Colombia Rural del nuevo siglo, después de la firma de sucesivos acuerdos de paz, cuyo cumplimiento ha sido burlado reiteradamente por el establecimiento político, dando lugar a masacres contra los combatientes de la insurgencia desmovilizados, entre ellos más de tres mil dirigentes y militantes de la Unión Patriótica hacia fines de los ochenta y principios de los noventa.
En lo inmediato, y como consecuencia del propio Bogotazo, sucedió que: “El pueblo respondió al asesinato de Gaitán con un levantamiento espontáneo, conocido como el Bogotazo. La multitud se tomó la ciudad en una oleada de furia colectiva, y saqueó y destruyó todo lo que simbolizaba las estructuras de poder que la excluían y empobrecían. No fue tan solo el lumpen el que se insubordinó, sino también los obreros, los pequeños comerciantes y la clase media baja, a quienes el liberalismo había dado identidad política…En provincia, la reacción al magnicidio fue más organizada y duradera. En Barrancabermeja, Rafael Rangel encabezó una Junta Revolucionaria durante 14 días. Eliseo Velázquez en los Llanos y Hermógenes Vargas en el sur del Tolima organizaron grupos de resistencia armada, que endurecieron la represión conservadora. A lo largo de 1948, hubo más de 43 mil víctimas de violencia, y el teatro de la lucha política se trasladó a las áreas rurales. El populacho urbano fue políticamente neutralizado y el gaitanismo no sobrevivió a la muerte de su líder.”(Jenny Pearce Colombia dentro del laberinto Altamira Ediciones Bogotá 1992 página 64).
Los conservadores, una vez asesinado Gaitán pactaron con la oligarquía liberal e intensificaron la persecución al movimiento sindical, crearon sindicatos afines al catolicismo conservador como la UTC, especialmente en Antioquia, y a la patronal, junto con el capital financiero y los intereses estadounidenses restringieron las conquistas sociales alcanzadas por los sectores populares, durante las décadas de 1930 y l940, dando lugar a numerosos despidos y a una aparatosa caída de los salarios reales, mientras que “La represión golpeó duramente al movimiento sindical: bajo el estado de sitio en vigor, se prohibieron las huelgas y las reuniones políticas, Fueron arrestados muchos líderes sindicales y reemplazados por delegados gubernamentales. Las sedes de los sindicatos fueron ocupadas y se despidió a miles de trabajadores en los sectores público y privado. En un solo ingenio azucarero del Valle del Cauca, fueron despedidos 900 obreros” (ibidem).
En medio de la violencia, del terror y de la ruina que cundía entre los campesinos, obreros y medianos empresarios, los patronos más poderosos obtuvieron ganancias insospechadas, de manera que: “A lo largo del período de la violencia, el proceso de acumulación de capital fue tan grande que Alberto Lleras Camargo escribió que sangre y acumulación iban juntas. “La situación colombiana es la mejor que hemos conocido jamás”, declaró el presidente de la ANDI (Asociación de Industriales de Colombia), en 1949, año en el que murieron 18.500 personas. “Reina la paz social”, se leía en un informe del ministro de Trabajo en 1951, año en el que fueron asesinadas 10.300 personas…Para la burguesía urbana y particularmente par los industriales, la situación no podría haber sido mejor…En 1954, los salarios descendieron en un 14% con relación a sus niveles de 1947, a pesar de que el año de 1949 anunciaba un período de gran prosperidad, entre 1948 y 1953, la producción industrial aumentó en un 56%” (Pearce, ibid, p 69).
El asesinato del caudillo liberal fue una respuesta homicida al aglutinamiento de fuerzas sociales y políticas alrededor de la figura de Jorge Eliécer Gaitán, que se vino consolidando al promediar la década de 1940, en medio de una crisis interna del Partido Liberal que se movía entre el gaitanismo, de gran base popular y el aparato de los viejos líderes de la oligarquía liberal que se oponían a las necesarias transformaciones sociales destinadas a llevar a Colombia a la modernidad, todo esto terminó dividiendo a los liberales y abriendo las puertas a la inmensa tragedia que vino después.
Los conservadores, o godos reaccionarios que habían ganado las elecciones generales de 1946, llevando a su candidato Mariano Ospina a la presidencia de la república, como resultado de la mencionada división del Partido Liberal que fue a esas elecciones con dos candidatos (Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán), una vez instalados en la Casa de Nariño, emprendieron primero numerosas masacres de campesinos liberales gaitanistas en los departamentos del Eje Cafetero, en el Valle del Cauca, el Tolima, el macizo cundinoboyacense que comprende la mayor parte de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, los santanderes y en la región de los Llanos orientales asesinando, torturando, hiriendo, robando y obligando a la huida o al desplazamiento de miles de pobladores rurales, de cuyas tierras se apropiaban los grandes latifundistas, las que han venido cambiado de manos en sucesivos ciclos de violencia y nuevos desplazamientos de la población campesina, a lo largo de las ocho décadas transcurridas,
La muerte violenta y el terror acechaban a quienes se enfrentaban a las bandas paramilitares, de asesinos a sueldo, de la policía conservadora como fue el caso de los “chulavitas” o chulavos de Boyacá, los pájaros en el Valle del Cauca, los “aplanchadores” y otros grupos armados que sembraban el terror en aquellas comarcas o veredas donde se enraizaban el liberalismo y los afanes de justicia social entre los campesinos. El paramilitarismo de los latifundistas ganaderos del Magdalena Medio, el Urabá Antioqueño y otras regiones tanto del Pacífico como del Caribe ha hecho lo suyo, sembrando la muerte y el terror a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y en las dos primeras décadas del presente.
El pensamiento de Gaitán está hoy más vigente que nunca, forma parte del ideario del Pacto Histórico y de las fuerzas que apoyan al actual presidente colombiano Gustavo Petro Urrego, en su búsqueda de la paz total, la democracia directa, el cese de la corrupción y la violencia oligárquicas, la justicia social y la distribución de la riqueza, en especial las tierras cultivables. Por la regeneración moral, a la Carga con Gaitán… era la consigna de los valientes liberales gaitanistas de aquellos tiempos de lucha y coraje, incluso contra toda esperanza.
Ante el caso de las niñas de Cartago víctimas de violencia, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (INEINA-UNA) emitió un pronunciamiento en el que destaca la urgencia de que en el país se cambien las normas culturales permisivas que facilitan la existencia de relaciones impropias entre personas adultas mayores y menores de edad, las cuales son ilegales y constituyen delitos penados con cárcel.
“Si las normas legales cambian, pero las normas culturales siguen tolerando las relaciones impropias, entonces éstas se seguirán manteniendo y será difícil que las personas las censuren y denuncien”, subraya el pronunciamiento del INEINA-UNA, instituto que ha hecho importantes aportes para atender las problemáticas de las relaciones impropias y del embarazo adolescente en el país.
En el documento, el INEINA-UNA asegura que Costa Rica debe pasar del discurso a la acción estratégica en el compromiso con los derechos de todas las personas menores de edad en su territorio, por lo cual solicita, de manera respetuosa pero vehemente, que las autoridades en materia de niñez y adolescencia del Poder Ejecutivo:
a) Convoquen y normalicen a la brevedad posible las sesiones del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, para que este pueda llevar a cabo sus funciones de articulación interinstitucional e intersectorial de las políticas públicas para esta población.
b) Consideren la experiencia de las Universidades Públicas y las convoquen en el corto plazo para robustecer las acciones estratégicas de política pública en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las personas menores de edad.
c) Convoquen un proyecto de Ley de fortalecimiento del SNPI, considerando las recomendaciones del estudio realizado por el INEINA.
d) Aceleren las acciones para que el país pueda contar en el plazo más corto posible con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia clara, sólida, validada y basada en evidencia, que defina el rumbo del país en este campo en los próximos años.
A continuación, el pronunciamiento completo del INEINA-UNA:
El Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional frente al caso de las niñas de Cartago víctimas de violencia, desea aportar algunas consideraciones para análisis:
– Es urgente que en Costa Rica se cambien las normas culturales permisivas que facilitan la existencia de relaciones impropias entre personas adultas y menores de edad. Es importante destacar que estas relaciones son ilegales y constituyen delitos penados con cárcel. Si las normas legales cambian, pero las normas culturales siguen tolerando las relaciones impropias, entonces éstas se seguirán manteniendo y será difícil que las personas las censuren y denuncien.
– El embarazo adolescente es una problemática compleja por sus diversas implicaciones, frecuentemente la adolescente madre ve truncado o significativamente perjudicado su proceso de desarrollo humano a una edad en que el organismo y la madurez mental son insuficientes para enfrentar el muy demandante proceso de gestación y crianza. Además, con frecuencia, los padres no asumen su corresponsabilidad de cuido, crianza y manutención. Si la madre adolescente sale del sistema educativo antes de finalizar alguna forma de educación terciaria (técnica o universitaria), tendrá menos posibilidades de encontrar empleo formal y esto disminuirá sus ingresos.
– El INEINA de la UNA ha hecho aportes para atender estas problemáticas de la realidad costarricense. Por ejemplo:
Desde el 2018 el INEINA tiene un proyecto de extensión llamado “Redescubriendo a la persona en la adolescente madre” que trabaja interinstitucionalmente para el desarrollo integral, la promoción y garantía de sus derechos.
En el 2021 el INEINA produjo evidencia de que los programas de educación familiar en el contexto costarricense para la crianza positiva muestran capacidad para reducir significativamente el uso del castigo físico y aumentar la satisfacción de las figuras parentales con su rol de crianza.
El INEINA por medio de la investigación ha demostrado que Costa Rica requiere fortalecer su Sistema Nacional de Protección Integral, (SNPI) dadas las carencias y vacíos que le impiden ejercer sus funciones interinstitucionales a cabalidad. Pese a que se elaboró una propuesta para fortalecer el SNPI que ha sido reconocida por diversos sectores y que ha sido presentada en dos ocasiones en administraciones anteriores a la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, no han surgido cambios en el quehacer del SNPI. En este sentido, es importante trascender las acciones aisladas y promover reformas de fondo orientadas a la gestión de políticas públicas basadas en evidencia científica que promuevan la protección de las niñas, niños y adolescentes.
El INEINA ha colaborado con Visión Mundial en un proyecto de fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de las personas adolescentes en la Zona Norte del 2020 a la fecha, desde el cual se han capacitado a personas de 12 a 19 años en temas como el abuso sexual, las relaciones impropias, el derecho a una vida sexual sin violencia y a la responsabilidad en materia de salud reproductiva.
Es preocupante que Costa Rica se encuentre sin una Política Nacional de Niñez y Adolescencia vigente, pues la última tuvo su vigencia de 2009 a 2021, lo cual implica una falta de rumbo estratégico para esta población en general, así como en materia de protección de derechos en particular. Esta política nacional debe definir las prioridades, objetivos específicos, metas y procesos de implementación que permitan aclarar el camino y avanzar en la protección de los derechos de todas las personas menores de edad, especialmente de las más vulnerables. Por otra parte, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) no ha sesionado como corresponde, lo cual desatiende el accionar social y la articulación interinstitucional e intersectorial.
Pronunciamiento:
Costa Rica debe pasar del discurso a la acción estratégica en el compromiso con los derechos de todas las personas menores de edad en su territorio, por lo cual el INEINA solicita, de manera respetuosa pero vehemente, que las autoridades en materia de niñez y adolescencia del Poder Ejecutivo: a) Convoquen y normalicen a la brevedad posible las sesiones del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, para que este pueda llevar a cabo sus funciones de articulación interinstitucional e intersectorial de las políticas públicas para esta población, b) Consideren la experiencia de las Universidades Públicas y las convoquen en el corto plazo para robustecer las acciones estratégicas de política pública en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las personas menores de edad, c) Convoquen un proyecto de Ley de fortalecimiento del SNPI, considerando las recomendaciones del estudio realizado por el INEINA, d) aceleren las acciones para que el país pueda contar en el plazo más corto posible con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia clara, sólida, validada y basada en evidencia, que defina el rumbo del país en este campo en los próximos años.
Las tragedias como esta nos recuerdan que debilitar la inversión social y la educación, solamente traerá perjuicios y resultados negativos a las familias, y nos pronunciamos vehementemente por una atención integral de estas problemáticas. Nos ponemos a disposición para apoyar en esta importante tarea.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Sea cual sea el desenlace sobre la desaparición de la bebé Keibril, ya este país habrá transitado irremediablemente hacia uno más de los cierres, una más de las clausuras socioculturales a las que se ha estado enfrentando desde hace aproximadamente dos décadas.
El estupor, la indignación y la pregunta han sido señales que durante una semana cientos de personas han mostrado al referirse al caso, que podemos resumir en una cadena de violencia y abuso del poder por parte de allegados a la niña-madre de la niña, aún desaparecida al escribirse estas notas, más los desaciertos en el abordaje institucional que todavía hoy están por ser aquilatados.
En el fondo, el estupor y la incertidumbre colectivas tienen asidero en un hecho concreto: el desamparo que buena parte de la población siente ante la inseguridad que se ha instalado como organizadora de lo social.
El sentido de lo expuesto debe dimensionarse aún más en medio de una semana en la que se discute, todavía se discute, si la inseguridad como hecho concreto responde más a un asunto de percepción y de agenda setting de los medios de comunicación del país.
Un argumento así se cae por pobre y hasta mal intencionado. Entre la noche del 13 y la madrugada del viernes 14 de abril, 9 asesinatos despertaron a la ciudadanía costarricense aumentando la cifra real, empírica y cierta de las estadísticas, en un año que será el más violento de la historia del país.
Ensayando un sentido de urgencia inusitado, las autoridades en materia de seguridad han previsto que, hacia noviembre, cuando el año más violento de la historia esté por terminar, empezarán a implementar la política que busca contenerla.
Entre tanto Keibril no aparece.
Y la nueva clausura sociocultural a la que hacíamos referencia líneas arriba tiene que ver justamente con algo en lo que todos, absolutamente todos en este país, somos responsables: la confirmación que el sistema ampliado de protección a la niñez ha colapsado.
En otros países de la región centroamericana este rasgo de quiebre institucional ha producido un exilio doloroso y permanente desde hace ya varios años, de quiénes se supone deberían estar pensando en proyectar su futuro en la sociedad que los vio nacer.
La perplejidad debería ser materia de política pública. Y ser atendida como nuevo rasgo de la identidad nacional costarricense. Porque ya nada volverá a ser igual.
La conmemoración del Día del Niño de la Calle este 12 de abril pasado no sólo trajo como tema el hecho de que los menores de edad estén, bajo condiciones deplorables, teniendo una vida llena de inseguridad, incertidumbre y expuestos a todos los peligros que la calle y el ambiente de soledad y además la criminalidad que inunda el ambiente, sino que también, surgieron denuncias y manifestaciones sobre hechos que suceden todos los días a vista y paciencia de todos, incluidas autoridades.
Llevamos muchos meses de observar cómo muchos niños son expuestos a todo tipo de peligros. Todos hemos visto en esquinas en las vías públicas a muchos adultos, parejas, o solo hombres o solo mujeres con niños y niñas, solicitándonos dinero y desde luego la excusa “el gancho” y el llamar a la lastima es la exposición que se hace de niños y niñas, eso es absolutamente contrario a los derechos de los niños.
Independiente de la nacionalidad de quienes lo hagan e independientemente de las razones que puedan estar viviendo, lo cierto del caso es que los niños y niñas no son responsables de eso y no deben de exponerse a situaciones de peligro como ahora se hace. Incluso, hay manifestaciones sobre el hecho de que se “alquilan” niños y niñas para utilizarlos en esa pretensión de obtener ayudas económicas, moviendo a la lástima especialmente por la situación de eso niños y niñas.
El Patronato Nacional de la Infancia no debería permitir este tipo de actuaciones y deben de impedir que se utilicen a los niños, aunque sean hijos de quienes están en esas actividades, insistir en que ellos no son responsables para exponerse a esas situaciones.
Las autoridades del gobierno deben tomar acciones inmediatas y máxime con las situaciones que se han denunciado en contra de la niñez y la adolescencia en cuanto a violaciones y a abandonos de los menores. Las decisiones deben tomarse ya, para mañana será demasiado tarde y quienes no actúen serán responsables de lo que les suceda a esos menores.
Dios quiera que las autoridades responsables tomen acciones inmediatamente y logren sacar a esos menores de edad de esos ambientes y tomar acciones también contra quienes les exponen.
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario Titular Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr Ex Directivo Nacional Propietario JD ANEP – Representante Sector Académico-, Secretaría de Organización y Conflictos, Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Ex Funcionario Banco Mundial IFC Sede Ecuador, Centro América y, América Latina, Escritor, Científico Social
Costa Rica es el segundo país en la ruta centroamericana del tráfico de cocaína.
Nuestro país se encuentra posicionado estratégicamente dentro del continente americano, lo cual resulta muy proclive para algunos grupos criminales organizados nacionales como extranjeros manejar desde nuestro territorio toda la logística relacionada con el tema del narcotráfico, sea para efectos de recibir la droga de países productores de Suramérica, ocultarla y venderla en suelo costarricense, o trasladarla hacia países consumidores de Norteamérica y de Europa, entre otros.
Tenemos grupos de delincuencia organizada y violenciade nacionalidad costarricense en conexión con extranjeros dedicados al tráfico de drogas como cocaína, marihuana, drogas sintéticas y precursores químicos, flujos humanos, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y, existe violencia en zonas vulnerables. Y, siendo Estados Unidos el principal consumidor de cocaína del mundo nuestro país es un puente. La oferta crea su propia demanda. Sin consumidores no hay productos…
“Costa Rica surge como un punto estratégico para el tránsito de cocaína por tierra, aire y rutas marítimas, como zona de tránsito y almacenaje de la droga”
Somos un lugar para el almacenaje y tráfico de la droga liderado por redes criminales-comerciales de personas jóvenes de nacionalidad costarricense. No hay estructuras jerarquizadas. Repitámoslo son grupos de delincuencia organizada compuestos únicamente por nacionales que establecen relaciones de negocios con pesos pesados en este mundo:
Traficantes internacionales
Grupos de Apoyo logísticos y transportistas
Vendedores y distribuidores
La violencia es parte de su modo operativo. Plata o plomo como decía Pablo Escobar Gaviria es lo en nuestros días está sucediendo en distintos cantones de Costa Rica en el Siglo XXI. Tenemos sicariato, por supuesto que sí …pero ellos son individuos costarricenses que actúan como asesinos a sueldo. Han aprendido. No nos equivoquemos. Son criminales locales lamentablemente para las familias involucradas conformados por jóvenes en circunstancias socio-económicas vulnerables. La violencia es el medio de resolver conflictos entre los grupos criminales y la manera de saldar ajustes de cuentas por tumbes de drogas. Ese es el meollo del asunto. Es un hecho que existe vinculación con grupos extranjeros cuyo origen tienen raíces mexicanas y colombianas, pero eso es otro tema. Quienes dirigen lo que está sucediendo en Costa Rica con las drogas son personas jóvenes de nacionalidad costarricense.
San José, sigue siendo el lugar preferido de los consumidores de cocaína y por tanto allí llegan los oferentes nacionales. En Costa Rica, aún no están presentes los grupos depredadores (tumbadores) de droga que son grupos especializados en tumbar (robar) los cargamentos de droga a los transportistas e incluso a otros grupos traficantes…
“La participación de menores de edad en los delitos de tráfico de drogas cada vez es mayor: los traficantes encuentran en la población joven alguien de quien aprovecharse. Los grupos de crimen organizado reclutan a jóvenes como narcomenudistas sirviéndose de la tentación que supone la obtención de ganancias y bienes materiales. Además, los criminales también pueden convertir a los jóvenes en adictos para más tarde forzarles a vender la droga. Este fenómeno no es exclusivo de zonas marginales, sino que también ha sido identificado en centros de educación secundaria.” Y, cuando las estadísticas nos dicen que solo el 50% de los estudiantes que ingresan al colegio se gradúan el semillero esta para cultivo…
El consumo del crack nos está despedazando a todos, pero específicamente a las personas jóvenes que están entre 15 a 35 años. Principalmente en los cantones de San José – Escazú es mayor demandante de cocaína-, Alajuela, San Carlos, Desamparados, en el Distrito Hatillo, en la provincia de Limón y, Puntarenas.
Las drogas ingresan por tierra, mar y aire a nuestro país.
Nuestras zonas productoras agrícolas (banano, piña, cítricos, etc.) son usadas para ocultar la droga entre los productos de exportación hacia los distintos mercados. La zona atlántica como la pacifica son los puertos de ingreso. Y San José la zona de bodega. Tenemos hechos contundentes: La mayoría de los condenados por tráfico de drogas son ciudadanos costarricenses. ¿Quiénes son los traficantes? Bueno son ciudadanos costarricenses con conexiones en el exterior. El 85% de los condenados por tráfico de drogas son costarricenses. Como nos diría la tira cómica creada por el genial Walt Kelly, “Jefe, hemos encontrado al enemigo: ¡somos nosotros mismos!”.
La pregunta de fonde es: ¿Tenemos creada o está en proceso una mafia costarricense basada en distribución de drogas de cualquier tipo? Mi hipótesis es que se está gestando su creación. ¿Estamos a tiempo de frenar su nacimiento y gestación? Quizás no. Talvez sí. Debemos actuar e ir por la juventud de nuestro país esos casi 2 millones de estudiantes que están en escuelas y colegios de nuestros centros educativos. ¡Hay que actuar!
Las “mafias” – como se ha estudiado a fondo- conforman una macro criminalidad del reciclaje de dinero obtenido por venta de drogas que opera sin controles en todo el planeta y hace difícil la reconstrucción de los flujos financieros de dinero sucio.
La mafia es invisible, es asociación dirigida y explotada por personas autorizadas por edad, inteligencia, posición social, pruebas, expedientes judiciales, experiencia y pericia en el arte de delinquir impunemente. No existen estructuras organizacionales visibles… son sin rostro. ¿Quiénes conocen la Junta Directiva de la Mafia? ¡Nadie! Solo el “directorio” de los hombres de mayor confianza. La mafia es “una asociación ilícita, autentico sistema de poder criminal” que ubican a sus miembros al filo del Código Penal. Es complejidad organizativa y “mafia financiera”. Su estrategia es obtener el máximo prestigio y la máxima ganancia, el silencio y olvido, establecer relaciones e intereses con la política, obstaculizar las investigaciones, campañas de deslegitimación, de desprestigio, de agresiones contra fiscales y magistrados. La búsqueda de coberturas, asesinatos y masacres. El terror y miedo. Impedir el control de la legalidad de sus negocios. La impunidad, falsificación de datos, la santificación de imputados. Desgranar la justicia y la legalidad. Vínculos secretos. La mafia costarricense se está apenas gestando… ¡No existe!
Costa Rica, es una bodega y puente de las guerras de las drogas. Se movilizan anualmente 1.150 toneladas en ruta a México, Brasil, UE y EEUU –donde hay más de 50 millones de consumidores que gastan más de US$ 50.000 millones anuales de dólares para consumo de cocaína, heroína y marihuana proveniente de Irán y Afganistán, Myanmar, Laos, Tailandia, México, Perú, Bolivia y Colombia-. EE UU se pudre con la nueva droga zombie que carcome la piel y pone en alerta a EEUU… Se llama fentanilo y xilacina. No queremos eso para nuestros casi 2 millones de jóvenes costarricenses…
¿Cómo combatir la delincuencia criminal organizada y frenar el ascenso de una mafia costarricense?
Primero, estrategia de seguridad nacional y regional. Estamos inmersos en un área geopolítica, geoeconómica y militar en donde la seguridad nacional tiene un gran peso y cuya agenda tiene temas prioritarios, p.ej. el terrorismo, los grupos armados, los paramilitares, el narcotráfico, el tráfico de personas, las posibilidades de migraciones masivas, el lavado de dinero, los secuestros, las bandas como Mara Salvatrucha, los Zetas y el Populismo Radical. Debemos establecer una política exterior activa con Centroamérica para combatir el narcotráfico. Debemos articular esfuerzos con Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Como estado-nación aislados no vamos a lograr ningún objetivo. Y dado que la guerra contra las drogas está perdida debemos hacer una solución regional.
Segundo, estrategia cantonal. Hay que nombrar 81 Comisionados Cantonales Antidrogas reportando a un (una) Comisionada Nacional Antidrogas. Uno por cantón para articular y coordinar esfuerzos con el Ministerio de Seguridad Publica y el Ministerio de Educación. Debemos salvar, rescatar, restaurar a nuestros casi 2 millones de jóvenes costarricenses que son el objetivo de grupos de delincuencia organizada y violenciade nacionalidad costarricense en conexión con extranjeros. Es conocido que el crimen organizado costarricense utiliza las tentaciones, las carencias y la provocación que genera la ostentación para atraer a los jóvenes.
Tercero, estrategia de premios e incentivos. Requerimos una política seria de incentivo de los arrepentimientos y colaboración con la justicia por parte de quien, por haber sido mafioso, puede revelar desde adentro esos secretos de la organización absolutamente necesarios de conocer. Hay que promulgar una legislación de “premio e incentivo” equilibrada e inclusive de impunidad total (100%) para el colaborador (res) que nos lleven a los peces gordos. Esta estrategia supera “el rastreo de llamadas”, “la prisión preventiva”, “la plataforma de información policial”, el “Centro Judicial de Intervención Policial”, “El secreto bancario” e incluye el perdón por el Poder Ejecutivo para los que colaboren.
Cuarto, estrategia de autonomía al Poder Judicial. Elección de magistrados por la Corte Suprema de Justicia y no por la actual Asamblea Legislativa.
Quinto, estrategia de comunicación pública. Hay que revisar el Plan “LODI” (Logic Distribution), en donde la solución pasa por una forma de legalización que no ha de ser libre, precisamente, sino que viene supeditada a una “distribución organizada y controlada de la droga – cualquier tipo-” que bien puede estar en manos de la Caja Costarricense del Seguro Social, los EBAIS, el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Seguridad Publica y, el Poder Judicial.
Sexto, fortalecimiento del Ministerio de Seguridad Publica.
Séptimo, la juventud costarricense (escuela, colegio, universitaria) requiere intervención estatal para que puedan enfrentar las disyuntivas de la vida. Nuestra juventud se mueve por incentivos. La recompensa es lo que los mueve. El Estado puede mejorar los resultados con la juventud costarricense – para que no ingrese al Club de Mafia- ¿Cómo? Si el mundo de las drogas les ofrece dinero y bienes corto plazo y muerte segura, el Estado bien puede ofrecerles apoyo vía educación para salir de la pobreza, construir un proyecto micro, pequeño o mediano que les genere satisfacción, acceso a crédito con tasas blandas y sin garantías hipotecarias, y un tipo de educación pública atractiva que no los lleve a la deserción ni la frustración y los aleje de las aulas. Darles herramientas para construir su propio destino. La criminalidad se combate con los aparatos ideológicos del Estado (Ministerio de Educación) y los aparatos represivos del Estado (Ministerio de Seguridad Publica)
A MODO DE CONCLUSION
Somos una bodega de almacenaje de drogas al igual que los demás países centroamericanos, hay conexión de nuestro grupos de criminales organizados costarricenses dada la filtración por el lado de demanda de drogas con los oferentes que son carteles mexicanos y colombianos, que están pagando con drogas sintéticas y crack y no con dinero por ayudar en el transporte; tenemos un mercado de consumidores nacionales y espiral de violencia por drogas, sabemos que la droga se transporta por vía marítima (78%), aérea y terrestre (22%).
Debemos actuar en cada distrito y cantón de lo contrario serán tomados por los grupos criminales organizados costarricenses y alianza estratégica con las verdaderas mafias que existen y están consolidadas como las mexicanas, colombianas, los yakuza, las trías chinas, la cosa nostra o la rusa. Aún estamos a tiempo… la mafia costarricense está en proceso de gestación aún no ha nacido.
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
