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La mayoría de diputados de Pueblo Soberano le permite actuar con cierto autoritarismo, e imposición, en la conducción de la Asamblea Legislativa

Escrito en 18/02/2026. Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La mayoría de los diputados, 31 de 57, que tiene el Partido Pueblo Soberano le permite holgadamente dirigir la Asamblea Legislativa.

Con 29 diputados, sin transar con nadie, de ninguna otra de las fracciones que allí van a coexistir, la de Liberación Nacional, la del Frente Amplio, la de la Coalición Agenda Ciudadana y la de la Unidad Social Cristiana, necesitan sus votos para integrar todo el Directorio Legislativo y para dominar y presidir todas las Comisiones Parlamentarias.

Los grupos opositores o minoritarios ni siquiera deben preocuparse por obtener ventaja en estas decisiones. Lo mejor que pueden hacer es apoyar todos los nombramientos que ellos quieran hacer, sin ofrecerles contrincantes. No vale la pena, ni siquiera para la foto. Que se luzcan en esos puestos los diputados de Pueblo Soberano, para ver si cómo roncan, duermen.

Así pueden elegir todo el Directorio Legislativo sin compartir puestos, y sin discutir quien preside el Poder Legislativo y quien es su secretario, que son los puestos más importantes del Congreso, y sin discutir quien preside las Comisiones legislativas.

La Presidencia Legislativa es la más importante por ejercer públicamente la dirección y representación del Poder Legislativo y por ser quien, en una situación excepcional, le correspondería asumir la Presidencia del Poder Ejecutivo, por muerte y ausencia absoluta del presidente y de las dos vicepresidencias.

En el segundo caso, ausencia de las dos vicepresidencias y del presidente de la República ya sucedió, cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco, asumió por unos días, la Presidencia de la República en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, que en su tercer año de gobierno se había quedado sin vicepresidentes y él tuvo que salir del país. Ha sido el único caso en el período de la Segunda República, 1949-2026, en que esto sucedió.

El secretario de la Asamblea Legislativa por ser, en la práctica, el jefe de Personal de todo el Poder Legislativo, de más de 900 empleados del Poder Legislativo, le sigue en importancia de nombramiento.

Los demás puestos son literalmente de relleno. Para figurar en el protocolo legislativo y constar en el currículum de quienes ocupen esos cargos.

El presidente legislativo tiene además la función de nombrar, él, solo él, si así quisiera, a todos los miembros de las distintas Comisiones Legislativas. Literalmente lo puede hacer cómo le dé la gana. Generalmente, se acostumbra a negociar con las otras fracciones legislativas la integración de sus diputados en las Comisiones, en la que a los partidos políticos les interesa estar.

En las últimas Asambleas Legislativas cuando no ha habido una sola fracción parlamentaria que por sí misma se imponga en los nombramientos y en las Comisiones, la negociación era obligatoria, sobre todo en los últimos tres gobiernos en que el partido de gobierno, ganador de las elecciones, no pasaba de los 12 diputados, como fue el caso de los dos gobiernos de Acción Ciudadana y el actual de Rodrigo Chaves, con el partido Progreso Social Democrático.

En ocasiones, a la fracción de gobierno, se le daba la Presidencia de la primera Legislatura, del primer año de gobierno, lo que no es obligatorio. Se ha hecho por cortesía política para el arranque del primer año de gobierno del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Así se hizo con el partido Acción Ciudadana.

En el caso del actual gobierno no se le dio esa cortesía en ninguna de las cuatro legislaturas, en ninguno de los cuatro años de gobierno. Quien ha presidido durante todo el período de cuatro años, y lo ha hecho muy bien, en las condiciones difíciles que se ha tenido de la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo, ha sido Rodrigo Arias Sánchez, diputado del partido Liberación Nacional.

Mi consejo para las diputadas de la Unidad Social Cristiana y de Agenda Ciudadana, es que no se dejen embarcar en algún nombramiento de dirección de las Comisiones. Eso es amarrarles las manos y su capacidad de discusión.

Es obvio que en los próximos cuatro años solo habrá presidentes electos por el Partido Pueblo Soberano. En las condiciones de ese partido, seguramente, cada año cambiarán de presidente legislativo, porque resaltará en sus filas el ego político de los diputados que querrán tener el Honor de presidir la Asamblea Legislativa. Y de la posibilidad de sustituir a Laura Fernández si así llegare a suceder, como en el gobierno de Oscar Arias.

Aparentemente, hoy no tienen condiciones para proponer un presidente Legislativo que se mantenga por los cuatro años seguidos. No es obligatorio rotarlo, cambiarlo, pero en la actual fracción mayoritaria de gobierno ya hay más caciques que indios disputándose ese galardón y ese chicharrón.

En la lucha por presidir la Asamblea Legislativa ocasionalmente, y cada vez con mayor frecuencia, ha florecido la tesis de que una mujer la presida. En las condiciones actuales la Asamblea legislativa tiene más mujeres diputadas que hombres diputados. Es la primera vez que esto sucede, reflejando también que había más mujeres votantes que hombres votantes. ¿Por qué no pensar desde ahora que sea una mujer, aunque sea de Pueblo Soberano, la que presida al Poder Legislativo, en el primer año de arranque del gobierno de Laura Fernández, la segunda mujer en presidir al Poder Ejecutivo? Sería hasta congruente que Laura Fernández impulsara esta tesis e impulsara su propia candidata.

La fracción mayoritaria de Pueblo Soberano se constituyó con el apoyo de los grupos cristianos, no católicos, que le dieron apoyo a Laura Fernández, que se lo quitaron a Fabricio Alvarado y sus grupos conservadores. Por todo el territorio nacional estos grupos así se expresaron a favor de Laura Fernández, con el empujón y apoyo que les hadado Rodrigo Chaves. En este sentido, por amplitud política Pueblo Soberano podría promover, a la Presidencia del Congreso, al diputado Gonzalo Ramírez Zamora, quien ya ocupó en una ocasión anterior la Presidencia legislativa. Tiene la ventaja de que ha sido diputado y también presidente legislativo. Para el inicio del gobierno de Laura Fernández esto puede ser importante, porque él tiene capacidad de negociación política parlamentaria comprobada. Desde el momento mismo en que fue electo presidente parlamentario demostró esa capacidad. Además, tiene buen carácter, buenas relaciones sociales, personales y políticas, lo que le ayuda mucho. Hay que tomar en cuenta que, según la experiencia y práctica parlamentaria, los diputados recién electos se llevan casi ocho meses en aprenderse los trámites legislativos y el uso del reglamento parlamentario. Ya Gonzalo lleva eso adelantado. De todos los 57 diputados, muy pocos, entre ellos Gonzalo Ramírez, han sido diputados, y conocen ese trajín parlamentario. Los otros son duchos parlamentarios y el más destacado es José María Villalta, que inicia su tercer período de diputado. El que algunos diputados electos hayan sido ministros o funcionarios públicos no les da esa experiencia, por esa razón.

Otro grupo que se mueve en el Congreso en lucha por la Presidencia es el del diputado Nogui Acosta Jaén, quien ha sido ministro de Hacienda, uno de los hombres más cercanos al presidente Chaves y el de su mayor confianza. Tiene el carácter para presidir la Asamblea Legislativa, y la experiencia de su ministerio para atender situaciones complejas de sectores sociales y empresariales difíciles.

Un grupo de diputados que lucha por estar presidiendo la Asamblea Legislativa es el que reúne a todos los diputados, que son bastantes, que son imputados judiciales, que son sospechosos de haber cometido delitos, que son deudores del erario público y de instituciones como la CCSS. Es el grupo de los diputados imputados, que quieren dirigir el Congreso, que representa, a modo de imagen, a un sindicato mafioso, también por las vinculaciones de algunos de ellos, interesado en dominar el Poder legislativo. Hace algunos años un diputado de igual ralea intentó presidir el Congreso. Fue rechazado y su historia post legislativa demostró sus vínculos constantes con la narco mafia.

Las comisiones legislativas se dividen en permanente ordinaria, permanente especial, las especiales, los mini plenarios, donde también se pueden aprobar ciertas leyes.

De las comisiones legislativas, las de mayor importancia política son la de asuntos hacendarios, económicos, gobierno y administración, de control y gasto público, jurídicos, de consulta de constitucionalidad, agropecuarios y sociales y 13 comisiones más. Hay comisiones sobre Provincias, Regiones y asuntos particulares. Los mini plenarios son tres, cada uno de ellos con potestad legislativa que conocen proyectos de ley delegados por el Plenario Legislativo.

Puestas así las cosas es entendible que la oposición parlamentaria tiene pocas posibilidades de estar en todas las comisiones. Liberación Nacional y el Frente Amplio son los partidos que más posibilidad tendrán de atender la mayor parte de las comisiones lo que dependerá del interés de los diputados y de las fracciones. Los diputados miembros de las comisiones actúan con derecho a voz y voto en ellas. Los otros que quieran asistir solo tiene derecho a voz.

La Comisión que estudia y atiende lo del Presupuesto Nacional ha sido usual que la mayoría de los diputados sean del partido de Gobierno, para facilitar su aprobación en Comisión y así pasarlo con votos de mayoría al Plenario para su aprobación final. En este momento, si Pueblo Soberano quisiera tener la totalidad de los miembros de esa Comisión lo podría tener. Pienso, por ahora, que allí permitirán tener un representante de cada una de las otras fracciones para guardar las apariencias, sin que ellos puedan tener capacidad de decisión sobre el diseño del Presupuesto que se prepare para su aprobación en el Plenario. En cualquier caso, en esta Comisión habrá minoría opositora. De esto no queda duda.

La Discusión fuerte en la materia hacendaria nacional será en el Plenario Legislativo, y dependiendo de los temas y partidas que se reduzcan o se aprueben, el escenario también será la calle, con movilizaciones populares, sindicales y de los distintos grupos que puedan verse afectados, sectores universitarios, de salud, de educación en general, y también de salarios.

Las luchas por la defensa de los salarios y las pensiones, las luchas por la defensa de los derechos laborales, como las jornadas de trabajo, tendrán que empezarse a mover en las calles, en el escenario público, en la conciencia ciudadana, con fuerte presión en las instancias judiciales para evitar que se lesionen derechos constitucionales, legales y los derechos adquiridos no se menoscaben y violen.

Con la mayoría de diputados de Pueblo Soberano le permitirá al gobierno de Laura Fernández actuar con cierto autoritarismo político público, y por su imposición, en la conducción de la Asamblea Legislativa, se le facilitará su conducción política hacia el continuismo autoritarista político, al riesgo de su desviación hacia las formas tiránicas y dictatoriales de gobierno, sin descuidar el nepotismo político y la persecución oficial e institucional hacia ciudadanos disidentes y opositores en general.

Por ahora, hasta finales de abril, hay que concentrarse en las luchas que vienen por la presidencia de la Asamblea Legislativa, donde las aguas del partido Pueblo Soberano se mueven agitadamente, en esas direcciones, por ahora conocidas, con iniciativas de grupos internos: las mujeres, los cristianos, los de Nogui, que son los del presidente Chaves, los de los diputados y la del sindicato de los diputados ligados a los grupos narco delincuenciales, y los que la propia Presidenta Laura Fernández impulse como su tendencia.

Recordemos sus palabras la noche de su triunfo: “los diputados electos serán disciplinados”, es decir llevarán línea de gobierno, y actuarán “disciplinadamente”, sin divisiones ni fracciones, sin negociación si es necesario …tic tac, tic tac…

¿Hacia una Tercera República o una República de Tercera?

Escrito en 05/02/2026. Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

En términos generales la Historia de Costa Rica la podemos dividir en grandes períodos. El primero, el del surgimiento del territorio, su conformación geológica, geomorfológica, el de sus ambientes naturales y ecológicos, el de sus paisajes geográficos, su desarrollo hidrológico, su modelado fluvial, sus tipos de relieves, sus suelos, los paisajes naturales y diversas zonas de vida vegetal, que siguen siendo la base del territorio, y de los factores culturales, sociales, económicos y políticos que en ese territorio se fueron dando. El segundo, el del poblamiento migracional antiguo hasta el establecimiento de sociedades humanas, sencillas y complejas, las tribales y cacicales. El tercero, el del contacto con las exploraciones europeas, españolas, en su período de conquista y el período de la colonia, el de la formación política de Costa Rica como parte del Reino de España, del Virreinato de Nueva España o México, el de la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala y el de la Provincia de Costa Rica en ese contexto. El cuarto, el del período de la Independencia, desde 1808 hasta 1821, con sus particularidades en el contexto de la Independencia de América, con la desintegración del colonialismo español y el surgimiento de las sociedades, regiones o países independientes. El quinto, el del inicio de la vida independiente.

A partir de la Independencia, declarada el 29 de octubre de 1821, tenemos, del mismo modo, un primer periodo, corto, el período de Las Juntas de Gobierno, 1821-1824, un segundo período, el de la incorporación de Costa Rica y del establecimiento del Estado de Costa Rica, 1824-1838, en la República Federal de Centroamérica, 1823, cuando se estableció la Asamblea nacional Constituyente que la originó hasta 1839, el período de la República de Costa Rica, 1848 – 2026.

En términos generales desaparecida la República Federal de Centroamérica se mantuvo su imagen hasta que los Estados que la constituían iban surgiendo como Repúblicas, y desarrollando sus propias relaciones exteriores en la década de 1840-1848.

El período de la República, a su vez puede dividirse en dos grandes períodos. El de la República, desde 1848 hasta 1948 y el de la llamada Segunda República desde 1948 hasta momento actual, 2026.

Las autoridades políticas de Costa Rica, desde esta perspectiva, las podemos considerar, en su conjunto de la siguiente manera: Caciques indígenas, Reyes de España y Virreyes de México, Gobernadores y Autoridades Superiores de la Capitanía General de Guatemala y de Centroamérica, que se proyectaron sobre Costa Rica, Autoridades Superiores de la Provincia de Costa Rica durante la dominación española, la Autoridades Políticas de las Juntas de Gobierno al iniciar la Independencia, los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, los Jefes de Estado de Costa Rica cuando pertenecimos como Estado en la República Federal de Centroamérica y los Presidentes de la República, a partir de 1848 hasta nuestros días.

En la Asamblea Legislativa se reconoce como autoridades a los Jefes de Estado y a los Presidentes, con sus retratos o pinturas, del período independiente. Falta allí, por lo menos, la lista de quienes dirigieron el país, bajo las Juntas del Gobierno del período inicial de la Independencia, 1821-1824 y la de los Presidentes de la República Federal, 1823-1839.

Durante la República de Costa Rica tuvimos las Constituciones Políticas de 1848, 1859, 1869, 1871, 1917. La Constitución de 1917 correspondió al período de la Dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919.

La de 1871 en ocasiones fue suspendida y restablecida con modificaciones en 1871, en 1882 y en 1919 cuando cayó la dictadura de Tinoco. Fue finalmente suspendida por los acontecimientos de marzo-abril de 1948, la llamada Guerra Civil de 1948, que dieron origen al establecimiento de la Junta de Gobierno, 1948-1949, que se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República.

La Constitución del 10 de febrero de 1847 es del Estado de Costa Rica, mientras que la del 30 de noviembre de 1848 se establece como Constitución de la República de Costa Rica.

La República de Costa Rica fue establecida por el Congreso Legislativo del Estado de Costa Rica, el 30 de agosto de 1848, lo que fue ratificado el 31 de agosto de 1848, fecha a partir de la cual se reconoce la Declaratoria de la República, por el Jefe de Estado en funciones y Primer Presidente José María Castro Madriz, título de Presidente que se consagró constitucionalmente el 30 de noviembre de 1848.

Cuando se aprobó la Constitución Política de 1949, el 7 de noviembre de ese año, no se consignó que la Constitución fuera la Constitución de la Segunda República.

¿En qué descansó el pronunciamiento de Figueres de su Declaratoria de Segunda República? A mi modo de ver, entender y comprender el contexto de la década de 1940-1949 fueron dos factores fundamentales: primero, el centenario de la Declaratoria de la República, en 1948 y segundo, las consideraciones que Figueres y el grupo insurgente hacía de los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de corruptos, nepóticos, fraudulentos electoralmente, que por sus hechos habían dado al traste con la República, la que había que refundar.

Así surgió la Segunda República de Costa Rica, sin asidero constitucional. ¿Qué le dio contenido y fuerza a la Segunda República? Las medidas y políticas que se tomaron por Decretos Leyes durante la Junta de Gobierno y las políticas de los gobiernos iniciales una vez que Otilio Ulate asumió la Presidencia de la República el 7 de noviembre de 1949, con la Constitución vigente a partir de ese momento, que incluía las Garantías Sociales que se habían aprobado en 1943, junto al Código de Trabajo que se mantuvo, a la par de la CCSS y la Universidad de Costa Rica, como los grandes pilares del Estado costarricense. A ello se sumó la nacionalización bancaria, la nacionalización de los recursos hidroenergéticos, la creación del ICE. Constitucionalmente se fortalecieron mecanismos de control de la administración pública, se creó la Contraloría General de la República, se desconcentró el Poder Ejecutivo, se fortalecieron autonomías institucionales, se debilitó el presidencialismo existente, se fortaleció el régimen municipal, se le dio más poder a la Asamblea Legislativa en su control político, se eliminó el Ejército, brazo muy importante para sostener autoritarismos, despotismos, dictaduras y tiranías, se fortaleció el sufragio y se le dio al Tribunal Nacional Electoral, de 1946, bautizado como Tribunal Supremo de Elecciones, por la Junta, rango constitucional igual a los poderes del Estado.

Frente al Estado liberal, que heredábamos del siglo XIX, que fortalecimos en el período liberal de 1882-1888, la Segunda República originó el Estado Social y Democrático de Derecho, con fortalecimiento de libertades y derechos ciudadanos y más de una treintena de instituciones sociales y económicas, junto con el reconocimiento de voto de las mujeres y de los jóvenes a los 18 años.

Se habla de avanzar a una Tercera República. La razón la dio el presidente Rodrigo Chaves cuando afirmó que todos los presidentes de la Segunda República habían sido dictadores y tiranos que gobernaron para ciertos grupos elitistas de poder y de la economía, sin que hubieran gobernado para el pueblo, autodenominándose como el Presidente que le devolvía el poder al Pueblo, al soberano, como el Presidente que queriendo gobernar para el pueblo, esos grupos del pasado incrustados en la administración general del Estado no le dejaban gobernar.

Institucionalmente Rodrigo Chaves no ha hecho nada nuevo que lo distinga, en comparación con las presidencias anteriores, que fundamenten esa Tercera República.

Tampoco hay un planteamiento político orientado en esa dirección. Tan solo se ha señalado la posibilidad de la modificación constitucional para la reelección continua, la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, quitarle o debilitarle funciones a la Contraloría General de la República, destituir a los Magistrados del Poder Judicial y con ellos destituir a los del Tribunal Supremo de Elecciones, y nombrar nuevos magistrados en armonía con el Poder Ejecutivo, obligar de la misma forma a los diputados con las políticas del Poder Ejecutivo, para que actúen “disciplinadamente”, con el gobierno, como dijo la Presidenta electa, facilitar el establecimiento del estado de excepción suspendiendo libertades y derechos, y garantías constitucionales, como lo han anunciado varias veces.

El gobierno de Laura Fernández, por ahora, solo será un apéndice del gobierno de Rodrigo Chaves. La continuidad que garantiza está amarrada con su reincorporación como ministra de la Presidencia hasta el 7 de mayo, y como eventual ministro de la Presidencia a cargo de Rodrigo Chaves, a partir del 8 de mayo.

La llamada Tercera República apenas asegura el cogobierno de Rodrigo Chaves, considerado como un segundo gobierno del mismo equipo de gobierno y de sus nuevos sectores empresariales, económicos y financieros que están subiendo a las estructuras del poder político nacional, con el entramado mafioso, lavador de dinero, exportador de drogas, que opera a su amparo con bastante libertad en el país.

El objetivo político del actual grupo dominante y el que llega con Laura Fernández al Poder Ejecutivo y con mayoría en el Poder Legislativo es acabar con el Estado Social de Derecho que se ha construido en estos 78 años, desde 1948, desde el período de la Junta de Gobierno, u 83 años desde las Reformas Sociales de 1943.

La Segunda República se justificó con un ideario político, filosófico e ideológico, en el marco de las tesis políticas de la socialdemocracia con algunos ribetes del socialcristianismo.

La Tercera República carece de un ideario político, filosófico, que justifique su instauración. Por ahora, lo que me parece el llamado a la Tercera República es tan solo un canto a La Luna, con agua en las manos, que podría resultar en una República de Tercera.

Algunas notas sobre las elecciones del pasado domingo

Escrito en 04/02/2026. Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El lunes pasado el país amaneció, como sucede cada lunes, cada cuatro años, después de que se ha cerrado el proceso electoral, cuando se ha ejercido el derecho al sufragio para escoger al presidente, y se conoce provisionalmente, al ganador, en la primera ronda, o a los dos que pasan a la segunda ronda.

La tranquilidad nacional, porque es en todo el país, refleja la cultura cívica, la cultura democrática, el respeto al proceso electoral y su resultado. Ganadores y perdedores se diluyen y se vuelven a mezclar en el tejido social cotidiano como si nada nuevo hubiera ocurrid, sin heridos ni muertos en las calles. No hay protestas, movilizaciones a favor o en contra de los resultados, acusaciones de fraudes electorales, enfrentamientos de fanáticos seguidores o cuestionamientos al Tribunal Supremo de Elecciones. En esta elección se produjo un fenómeno en la última semana en el cual al término de los debates todos los simpatizantes de los candidatos, de esos debates, se marchaban unitariamente en desfiles hasta el centro de la ciudad, disfrutando la alegría de las elecciones, y por los que adversaban a los del gobierno, unidos por el “Fuera Chaves”, que se convirtió en un grito apasionado de todos los que así se movilizaban.

Veinte partidos con sus candidatos se presentaron a la elección. Había para todos los gustos. Se podían agrupar, con alguna dificultad en dos grandes grupos, los que se “identificaban” con el gobierno y la posibilidad de su continuismo en ejercicio de gobierno, y quienes le adversaban.

En el primer grupo un partido, Pueblo Soberano, era el centro de los focos. En el segundo, lo era Liberación Nacional. El resultado final así lo demostró. A estos partidos los siguieron en importancia electoral presidencial la Coalición Agenda Ciudadana y el Frente Amplio, ambos ubicados en el anti continuismo. El resultado final así lo demostró. En un tercer grupo forzaron la presencia de otros cuatro partidos, a mi modo de ver, con la intención de debilitar a los dos anteriores, que fueron Unidad Social Cristiana, Nueva República, Avanza y Unidos Podemos. Así también sucedió. Incluso en un momento de la campaña cuando intentaron subir a la candidata de Unidos Podemos y luego, las fuerzas que apoyaban a esos partidos la sustituyeron por el partido Avanza, que logró “impresionar” a organizadores y a las audiencias de estas actividades, como mejor opción para enfrentarlo a Liberación, Coalición Agenda Ciudadana y Frente Amplio. Los últimos debates, en los que no asistió la candidata de Pueblo Soberano pareciera que fueron organizados con la intención de ponerlos a discutir sobre quien iría de segundo a la final. No estaba en discusión quién iba a ser el ganador de la primera ronda. Por la ausencia de la candidata de Pueblo Soberano la eximía de esos debates porque la consideraban ya clasificada. Al final, toda la red electoral giró alrededor de estos ocho partidos.

Al resto de los partidos las redes que ayudan a hacer sobresalir los partidos y sus candidatos, redes sociales, casas o empresas encuestadoras, medios de comunicación en general, periodistas que entrevistan candidatos, los tomaron en cuenta solo para el registro democrático de decir que tomaron en cuenta a todos.

El mismo Tribunal Supremo de Elecciones se abstuvo de publicitar adecuadamente a todos los candidatos con sus partidos. No hubo un solo anuncio en páginas pagadas en medios de comunicación, o en páginas electrónicas, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, informándole a los electores, con la muestra de la papeleta, quienes eran los candidatos y sus partidos.

El Tribunal Supremo de Elecciones no tiene impedimento ni prohibición para hacer esto, o para haber pagado un suplemento electoral con esta información básica. No es suficiente tener esa información en la página electrónica del Tribunal Supremo de Elecciones, porque ese acceso electrónico está vedado para la gran mayoría de la población por la carencia de los medios electrónicos para consultarla. No es suficiente tener teléfonos que funcionan con pagos de uso, con tarjetas de pago, de cargas bajas, para las cosas básicas de consumo de sus usuarios.

A esta falla, hay que agregar que el Tribunal Supremo de Elecciones no ha impulsado una reforma legal, y constitucional, para que todos los partidos tengan acceso al derecho del pago de la campaña, y no solo aquellos que tienen o logran la elección de un diputado o saquen un 4% de la votación, lo que les limita su plena y decente participación electoral.

Este es un lastre aún presente de la tradición del control bipartidista que se ha tenido históricamente de estos fondos. Ni siquiera por la presencia de partidos de izquierda en la Asamblea Legislativa han podido luchar por ampliar este derecho al pago de la campaña para todos los partidos. Este lastre todos los partidos que llegan a la Asamblea, consolidado su derecho, no les interesa que se lo extiendan a los demás.

El conjunto de los otros 12 partidos políticos apenas alcanzó alrededor de un 2.6% de los votantes, que reflejan democráticamente una expresión multipartidista, y diversa, de la voluntad de los ciudadanos que votaron por ellos.

La cantidad de partidos en esta elección fue menor en cinco partidos que la campaña electoral del 2022. La tensión que había en torno al “continuismo” hizo bajar el abstencionismo, de la elección de 2022, prácticamente, en un 10%, lo que puede considerarse un éxito democrático y ciudadano.

En la polarización política, que había, la cantidad de partidos favorecía al Gobierno y a su principal partido, Pueblo Soberano, porque todo el espectro opositor estaba bien dividido políticamente, y azuzaban constantemente en mantener esta división, mezclados los que estaban en el cabús del tren del gobierno y los que estaban en contra.

Desde el mismo proceso de inscripción de partidos se obstaculizó la formación de coaliciones. Miguel Ángel Rodríguez en la Unidad Social Cristiana habló de buscar esa coalición, pero condicionó que fuera sin la izquierda y sin Liberación Nacional. En Liberación Nacional se hizo algo semejante, sin la izquierda y sin la Unidad Social Cristiana. José María Figueres era partidario de una coalición. En el Frente Amplio no se estaba de acuerdo con ninguna coalición. Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana por sus bancadas de diputados no estaban dispuestos a ceder lugares en una coalición. Liberación Nacional logró salir airoso con un número diputados casi igual al que tiene ahora. La Unidad Social Cristiana casi se queda sin diputados. Solo logró elegir una diputada. Inteligentemente el Partido Acción Ciudadana promovió la Coalición, con Agenda Democrática Nacional, que recibió también el apoyo del partido de Rafael Ángel Calderón Fournier que no estaba participando como partido en la campaña. El resultado electoral se dio una diputada. El Frente Amplio logró un diputado más de los que ya tiene. Siete, resultado de una excelente labor parlamentaria que han tenido en estos cuatros años y a un buen papel de participación de su candidato presidencial, el diputado Ariel Robles.

No tenemos cultura política de coaliciones. La izquierda en el pasado las realizó con éxito, en 1978 y 1982, para la elección de diputados. Los grupos opositores a Liberación Nacional con éxito lo hicieron en 1978, cuando eligieron a Rodrigo Carazo Odio, un exliberacionista, coalición que luego se fusionó originando a la Unidad Social Cristiana en 1983.

En esta campaña que acaba de finalizar, por los resultados de votos, si hubiera habido una coalición de Liberación Nacional el Frente Amplio, la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana prácticamente hubieran superado los votos de Pueblo Soberano y probablemente la composición de la Asamblea Legislativa hubiera sido diferente. Pero eso no sucedió. El partido Acción Ciudadana, indirectamente renace y la Unidad Social Cristiana casi desaparece. La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana no debe olvidar que es diputada de una Coalición. Tamaña tarea tiene.

Durante la campaña, como suele suceder, casi no se hizo propaganda por los candidatos a diputado. En esta campaña el enfoque estaba en los candidatos a presidente.

La campaña publicitaria en vallas era simplemente horrorosa, lo digo para todos los partidos. Sin mensajes claros y directos sobre las necesidades, expectativas y problemas importantes de los ciudadanos. Vacías de contenidos llamativos que provocaran darles apoyo. Algunas contra otros candidatos, que en la práctica se convertían en vallas a favor de esos otros candidatos. En los spots publicitarios por radio, con mensaje de candidatos a veces les ponían de fondo música en un tono más alto que la voz de candidato, lo cual dificultaba oír el mensaje principal. Hasta Liberación Nacional cayó en el este error siendo su candidato una persona sin audición.

En materia legislativa hubo cambios importantes. Desaparecieron el partido de Eli Feingzag y el de Fabricio Alvarado. No eligieron un diputado. Se quedaron sin los seis que tenía cada uno, siendo ambos hasta abril todavía diputados. El partido de Eli sufrió divisiones importantes y no desarrolló organización partidaria que le apoyara. Eli Feingzag y Fabricio Alvarado se subieron al tren del gobierno sin distinguirse literalmente en cada. Fabricio más que Alfonsa fue felpudo del Gobierno. A ambos el propio presidente los enfrentó duramente de manera pública. Fabricio le entregó sus listas de pastores que el presidente supo aprovechar para su propio caudal y para lograrle el apoyo de ellos a su candidata a Laura Fernández, que los supo tomar en cuenta, comprándolos, con puestos y con ofrecimiento de cargos públicos. Casi 4000 centros religiosos de estas sectas y grupos cristianos no católicas en todo el país, especialmente los de las provincias periféricas y costeras, donde se concentran más los problemas sociales, se hicieron sentir. Las giras presidenciales por esas provincias acompañado de pastores de esos grupos religiosos tuvieron su repercusión.

También desapareció parlamentariamente el partido de Luz Mary Alpízar con el cual llegó Rodrigo Chaves a la Presidencia. Sergio Mena con su programa radial de muchos años, con el buen candidato presidencial que llevaba, no caló lo suficiente porque sus programas radiales, a mi modo de ver, carecen de un enfoque político directo, y no le dan la figura política atractiva, además de que se ha hecho sumamente conservador en esos programas.

En las condiciones actuales, desde la campaña electoral del 2018, donde Fabricio Alvarado fue finalista electoral, la agenda conservadora tuvo auge. Pero, el presidente Rodrigo Chaves y sus partidos “taxis”, con los candidatos del cabús presidencial, se la robaron, porque se las puso bien servida. Así le pagaron. Tratar de pelar y ganar con esta agenda para todos esos partidos era pelear por migajas electorales, como les resultó.

Hay que reconocer que Laura Fernández se la jugó bien. Lo más importante en ella, a mi modo de ver, fue la lealtad con que se identificó con Rodrigo Chaves y su gobierno. Desde el inicio lo dijo claramente: que iba a continuar las políticas y el proyecto de gobierno que Rodrigo Chaves había iniciado. Lo mantuvo todo el tiempo, sin temor a polarizar en contra de ella como ocurrió. En la misma campaña dijo que de ganar lo nombraría ministro de la Presidencia. Así lo ha anunciado después de su triunfo. Atizó más contra ella en la idea del continuismo, lo que no le obstaculizó su resultado.

Rodrigo Chaves, nos guste o no, tiene un bien ganado reconocimiento popular como presidente y como persona. Quienes le siguen fanáticamente, quienes le apoyan en las encuestas, se identifican con sus mensajes de que él ha querido gobernar para esos ciudadanos, para el pueblo, o para el populacho, culto o inculto, de sectores de las clases altas, empresariales, de los barrios ricos, como de los barrios pobres y las barriadas de la pobreza extrema.

Rodrigo Chaves se ha convertido en el representante de los nuevos sectores neo oligárquicos, neo burgueses, neo empresariales de distintos tipos, pro imperialistas, conservadores, neoliberales, que están en todos los altos estratos de la sociedad, pero también de algunos importantes sectores de las clases medias nacionales.

En lo personal muchos se identifican con él por su lenguaje, por sus pachucadas, por su verbalismo popular, por su lenguaje violento que lo hace el líder de la manada de la nación de borregos que le siguen. Incluso mujeres, no pocas, se identifican con él probablemente por el Síndrome de Estocolmo que seguramente sufren y viven con sus parejas, familias o machos alfas con los que conviven.

La idea del soberano, del pueblo con poder, del pueblo al que hay que darle y devolverle el poder, ha envalentonado a esa parte de la población que Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros, que Laura Fernández también agitó en la campaña, de que con ella se ha devuelto el poder político al pueblo.

Cuando Rodrigo Chaves violentamente atacó a todos los Presidentes de la República diciendo que habían gobernado como tiranos y dictadores, al servicio de pequeños grupos de empresarios y oligarcas en contra del todo el pueblo, lanzó justamente ese límite de separación, donde él, y ahora Laura Fernández, no responden a esos grupos tradicionales del poder, porque ellos responden y representan otros grupos empresariales y oligárquicos.

Lo que se ha manifestado política y gubernativamente en estos últimos cuatro años, que continuará, es una dura pugna de estos grupos económicos, financieros y políticos, que con sus políticas populistas y neoliberales están encendiendo una mecha muy peligrosa.

La idea de impulsar la Tercera República, el período histórico que hemos vivido desde 1948 hasta ahora, es justamente ese desencuentro y ruptura con el pasado histórico, surgido en 1948, sin que Rodrigo Chaves ni Laura Fernández, entiendan lo que es esa Segunda República así declarada en 1948.

La Tercera República no es un tema solo de agitación y de decir hacia allá vamos. Es un tema y un concepto político institucional más serio.

Como la anuncia Laura Fernández, por ahora más parece un canto a La Luna, con agua en las manos, que puede terminar en una República de Tercera. ¡Cuidado!

El proceso electoral – Algunas claves para entender la democracia ante sus amenazas en las elecciones presidenciales

Escrito en 31/01/2026. Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Costa Rica ha sido reconocido como un país, como una República, de una tradición democrática muy sólida y antigua. La más vieja y estable del continente americano. Dictaduras, tiranías, satrapías, despotismos gubernativos caben en un mano. Gobiernos militaristas, de excepción.

Hoy esta situación se siente amenazada. Hay las posibilidades de que se rompa esa tradición democrática costarricense en las elecciones presidenciales del primer domingo de febrero próximo.

De seguido algunas claves para entender mejor la situación que enfrenta Costa Rica ante las elecciones de febrero.

Especial relieve en la tradición democrática costarricense ha tenido el predominio de gobernantes, desde 1824, que han sido educadores, abogados, médicos, periodistas, civiles en general. Militares de hecho desde 1890 solo uno, por un breve período, mientras duró su dictadura, 1917-1919.

Sobresaliente reconocimiento ha tenido Costa Rica el que haya eliminado su Ejército, desde 1948, y se le reconozca como una Democracia Desarmada. Al decir Costa Rica se afirmaba que era un país con más maestros que soldados, frase que se usaba como dato distintivo aun cuando existía el Ejército, hasta 1948.

Supremo de Elecciones, TSE; el órgano o institución encargada de administrar todo proceso electoral nacional, provincial, cantonal o distrital del país, que tenga que ver con la representación política, para los diversos cargos de la Dirección política Estatal y Administrativa, del país, de sus 84 cantones y casi 500 distritos. Los resultados electorales en Costa Rica, declarados por el TSE tienen carácter inapelable. Hasta hoy nunca se han cuestionado los resultados ni las declaratorias de presidentes, diputados o representantes cantonales.

Este Estado de Derecho se ha caracterizado por el respeto absoluto que se ha tenido de las funciones de cada uno de los Poderes Públicos, en la especificidad, indelegabilidad e insubrogabilidad de sus funciones, las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales, en el respeto que se han tenido entre sí, de sus propias áreas de trabajo.

Desde el punto de vista de procesos electorales, se han tenido para la escogencia de representantes populares, desde que se eligió al Diputado ante las Cortes de Cádiz, en 1812. Durante el proceso de la Independencia la escogencia de los delegados de los pueblos que fueron enviados a Cartago, la vieja capital colonial, para discutir y aprobar la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821.

De seguido a la Independencia con la constitución de los primeros gobiernos de carácter colegiado, las Juntas Gubernativas del período 1821-1824, y a partir de allí, cuando nos incorporamos a las Provincias Unidas de Centroamérica, luego llamada República Federal de Centroamérica, período en que Costa Rica se llamó Estado, y nombró sus jefes de Estado, siendo el primero de ellos Juan Mora Fernández, electo en tres ocasiones hasta 1833. Durante la República Federal elegimos las autoridades federales y las locales y elegimos diputados en el Congreso Federal.

A partir de 1838 Costa Rica se separó de la Federación de Centroamérica, el mismo año en que también se separaron Nicaragua y Honduras, permaneciendo bajo la figura de Estado hasta el 31 de agosto de 1848 cuando Costa Rica se proclamó República.

Bajo la República Federal de Centroamérica, en el Estado y en la República de Costa Rica funcionaron los tres poderes públicos clásicos. Durante la República Federal, los presidentes de la Federación lo fueron también de Costa Rica, en armonía con los jefes de Estado costarricenses.

La estabilidad política del país se caracterizó, entre otros factores, por el desarrollo constitucional que se fue impulsando, 11 constituciones entre 1821 y 1871 y tres constituciones desde 1871 hasta hoy, dos de ellas de largos períodos, (1871-1917 y 1919-1948), la de 1917-1919 que correspondió al periodo dictatorial de Federico Tinoco, y la actual desde 1949.

La estabilidad política se acompañó con el desarrollo de libertades individuales y de derechos ciudadanos, así como con la promulgación del Capítulo de las Garantías Sociales, que desde 1943 se incorporó a los cuerpos constitucionales de Costa Rica, la Constitución de 1871 y a la de 1949, derechos y libertades que se han ido ampliando y fortaleciendo al calor del desarrollo de los Derechos Humanos y sociales internacionales de nueva generación ratificados por Costa Rica, dando origen al Estado de Derecho Social y Democrático de Costa Rica.

Parte de este desarrollo democrático institucional se vio fortalecido por la periodicidad y regularidad de los cambios de gobierno, por la vía de las elecciones, que desde 1847 se mantienen en periodos gubernativos de cuatro años, con excepción de breves gobiernos que se establecieron por períodos de seis años, con el derecho de reelección presidencial y de diputados de forma consecutiva. Actualmente, desde 1949 la reelección consecutiva no se permite. La alternativa de presidente se permite dejando pasar ocho años entre una gestión y otra. En este sentido, solo dos presidentes han tenido la oportunidad de elegirse de esta manera constitucional, José Figueres Ferrer, en sus gobiernos de 1953-1958 y en 1970-1974, y Oscar Arias Sánchez, en los suyos, 1986-1990 y en el 2006-2010.

En el desarrollo democrático institucional de Costa Rica el derecho al sufragio evolucionó desde el siglo XIX al XXI fortaleciendo el sufragio y el régimen de partidos políticos.

Hasta 1889 el voto era indirecto. Había una ronda de electores que escogían entre ellos a otros electores que decidían la votación. Los electores debían ser hombres, mayores de edad, alfabetos, con capacidad económica comprobada. El voto era público hasta 1924, que se estableció secreto. Desde 1949 se estableció el voto universal, reconociéndose el voto de la mujer, que empezó a votar en 1951. Empezaron a ser electas diputadas desde 1953, y en el 2010 se eligió la primer mujer presidenta en Costa Rica.

Es posible, y hay gran probabilidad, que en las elecciones de febrero del 2026 alguna otra mujer pueda ser electa presidenta de la República, habida cuenta que en el proceso actual electoral destacan cinco candidatas mujeres que compiten por ese alto cargo público, Claudia Dobles, Ana Virginia Calzada, Laura Fernández, Natalia Díaz y Luz Mary Alpízar.

Desde 1890 se estableció que para aspirar a cargos de elección popular solamente se podía hacer por medio de partidos políticos. De esta forma, desde esa fecha se desarrolló la democracia política electoral de Costa Rica, que en términos generales ha sido bastante democrática, sin restricción de partidos políticos exceptuando las restricciones que se establecieron para la participación de los comunistas en 1929 que se prohibió que lo hicieran con ese nombre, por lo que el Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931, cambió de nombre para efectos electorales, por el del Bloque de Obreros y Campesinos, nombre con el que participó en elecciones desde 1934 hasta 1942. En 1943 el Partido Comunista, resultado de una alianza con la Iglesia Católica y el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para aprobar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, cambió de nombre por Vanguardia Popular. Con este nombre participó en la coalición Bloque de la Victoria, en 1944 y lo intentó en las elecciones de 1948. El resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948 lo proscribió electoralmente desde 1948 hasta 1975.

En el siglo XX se desarrollaron las corrientes político-electorales de izquierda, socialistas, comunistas y las social cristianas y social demócratas, especialmente a partir de la década de 1940

Varios intentos de partidos de izquierda, para participar en elecciones entre 1948 y 1969 fueron sometidos a la proscripción que existía desde 1948. A los comunistas les prohibieron elegir por ellos mismos, pero a las personas comunistas no les impidieron votar por otros partidos, durante esos años. Este es el lunar que la democracia electoral de Costa Rica que ha tenido.

Desde 1970 hasta hoy ha habido representación electoral de izquierda en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desde dos hasta nueve diputados, de 57 parlamentarios que integran el Poder Legislativo costarricense. Actualmente hay seis.

En la vida parlamentaria de Costa Rica, por la fuerza liberal de finales del siglo XIX se prohibió en 1898 que los católicos se organizaran en partido político, y se estableció que no se podía participar en elecciones aduciendo o agitando sentimientos religiosos.

A partir de 1970 empezaron a surgir partidos de orientación cristiana no católicos, que han venido participando en las elecciones, eligiendo diputados desde 1998. La restricción para los partidos católicos sigue vigente, no así para los partidos cristianos no católicos, que actualmente tienen seis diputados.

En el desarrollo político gubernativo de Costa Rica desde 1953 hasta hoy ha habido 18 gobiernos estables de cuatro años cada uno. Nueve de ellos la socialdemocracia ha gobernado, seis lo ha hecho el socialcristianismo. Esto dio origen para que se estableciera el criterio del bipartidismo político, para destacar el control que, del gobierno, especialmente, ha tenido el Partido Liberación Nacional, social demócrata, y el partido Unidad Social Cristiana.

Este bipartidismo también se dio por el control que ambos partidos y tenían mayoritariamente de la Asamblea Legislativa, por la capacidad de pactos o acuerdos político-legislativos que podían establecer o imponer.

En 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió, obligando a esos partidos a tomar en cuenta a los otros partidos, por pequeños que fueran para los acuerdos y pactos parlamentarios.

En el 2010 el bipartidismo gubernativo se rompió cuando surgió un nuevo partido político, en el 2002, Acción Ciudadana, que llegó a gobernar de manera seguida en los gobiernos del 2014-2018 y del 2018 al 2022. Este partido surgió con ex militantes de Liberación Nacional y de otras corrientes de izquierda. A partir de ese momento bien se podía hablar del tripartidismo gubernativo.

Pero, para las elecciones del 2022 surgió participando, por primera vez, el Partido Progreso Social Democrático, que eligió al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda del gobierno de Acción Ciudadana del 2018-2022, que funcionario internacional del Banco Mundial por 35 años, igualmente alejado de la vida política por esos mismos años, desconectado de la tradición política y democrática del país, modelado al estilo de los ejecutivos de estos organismos internacionales, acostumbrados a imponer a los países en que actúan sus políticas y decisiones, como verdaderos tiranos, y acostumbrados por la debilidad de los gobiernos tercermundistas donde actúan a ser acatadas aceptadas sus decisiones, bajo la amenaza de retirarles los apoyos financieros y de asesorías que les acompañan. Del Banco Mundial salió expulsado acusado de acoso sexual a funcionarias de esa institución, existiendo una disposición que le prohíbe entrar a las oficinas de dicho Banco.

En la campaña electoral Rodrigo Chaves logró capitalizar la simpatía electoral enfrentando al bipartidismo tradicional, habida cuenta de que los dos partidos que lo representan habían tenido escándalos políticos asociados a expresidentes, que habían sido acusados penalmente. Su discurso también se orientó hacia los sectores sociales y de las regiones marginales y periféricas que en las políticas y acciones públicas habían sido marginadas o excluidas, donde se concentraba la mayor pobreza del país.

En esas elecciones su partido Progreso Social Democrático apenas pudo elegir 10 diputados, situación que no ha podido manejar, por la no tradición y experiencia política de su ausencia del país, y por la improvisación que ha tenido que hacer de los funcionarios y equipos de gobierno que ha nombrado, que están sometidos al Estado de Derecho, a la Constitución Política, Leyes de la República e instancias controladoras públicas, como la Contraloría General de la República, encargada de la vigilancia y buena administración de la Hacienda Pública, que solo les permite actuar en el marco de las leyes, bajo controles, y no como quisiera el presidente, actuar sin controles y sin leyes.

Como presidente ha enfatizado en el discurso de “que no lo dejan gobernar”, que “los gobiernos anteriores, desde 1953, han sido de dictadores y tiranos, que solo han gobernado contra el pueblo favoreciendo a grupos económicos, financieros y empresariales asociados a los presidentes” de esos 17 gobiernos anteriores al suyo.

En su práctica política y gubernativa se ha enfrentado a los Poderes Públicos, a la Sala Constitucional del Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, a los partidos políticos con representación parlamentaria, a los medios de prensa y de comunicación nacional, a sus periodistas y a gestores de opinión y comunicadores sociales. Su enfrentamiento es al cuerpo de los integrantes de estas instancias, con lenguaje soez, vulgar, provocador, amenazante, actuando desde a institucionalidad que el gobierna y maneja como un déspota o tirano, contra las personas que pueda afectar con las acciones de esas instancias gubernativas.

Ha dicho claramente que desearía gobernar con mayoría legislativa de por lo menos 40 diputados, con mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la mayoría plena de los magistrados del Tribunal Supremo de elecciones y sin la institución Contraloría General de la República. en su

En su accionar y en sus ataques ha debilitado al Estado de Derecho y al Estado Social de Derecho. Ha impulsado nacionalmente una situación de tensión social aguda, de falta de respeto, de agresiones orales a las personas que se le oponen o critican, ha provocada que eso se extienda a la ciudadanía y a los grupos que moviliza cubriéndoles gastos de transporte, comida y un pago por participar en las movilizaciones o convocatorias que realiza. Ha convocado a grupos de ciudadanos para ir a pedir la destitución y agredir verbalmente a los miembros de la Corte Suprema de la Corte, de su Sala Constitucional, de la Contralora General de la República y también contra el Tribunal Supremo de Elecciones. A este último lo acusa de intentar un golpe de Estado en su contra.

Constantemente habla de ese peligro que él corre, provocando con la violencia ciudadana que se vive, estimulada por el mismo gobierno, un estado de inseguridad, con el ánimo de poder establecer, de ser posible antes de las elecciones de febrero o de abril, si hubiera una segunda ronda, un Estado de Excepción, que le permita gobernar sin leyes, y en condiciones de un Estado de Sitio, como en las dictaduras.

Ha mostrado su interés de continuar gobernando a partir de mayo próximo cuando se le acaba su período presidencial, lo que no puede hacer porque no tiene opción de reelección continua. Tiene que esperarse ocho años. Esto lo tiene desesperado.

Pero existiendo elecciones, ha logrado inscribir varios partidos políticos con el ánimo de lograr esa mayoría parlamentaria, con la cual acabaría con el Estado de Derecho.

De los partidos que inscribió, que se identifican con él, el que recibe todo su apoyo principal es el que propone la candidatura presidencial de su ex ministra de Planificación y ex ministra de la Presidencia, Laura Fernández, que repite el mismo discurso del presidente. Ella ha sido clara: quiere 40 diputados. Ha dicho contundentemente que quiere gobernar sin controles de ningún tipo para poder gobernar. Claramente ha manifestado que el problema principal del gobernante es que está sometido a leyes y a controles de administración.

Este es el peligro fundamental que tiene hoy la democracia costarricense: que se acabe con su Estado de Derecho, con su Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos ciudadanos, que por la vía electoral se mantenga un gobierno interesado en desarrollarse con formas tiránicas, dictatoriales, despóticas, autoritarias, que por la fuerza y sin controles, legales ni político administrativos, puedan impedirles actuar.

Continuar con el gobierno, con su partido Pueblo Soberano, con su candidata Laura Fernández, es avanzar hacia la bukelización de la sociedad costarricense. Es colocar al país en la balanza de los mandatarios de la ultraderecha latinoamericana, como Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile; Nayib Bukele, en El Salvador; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Novoa, en Ecuador; Nasry Asfura, en Honduras, en caso de que se imponga como ganador, junto a los presidentes de Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, y como faldero sumiso de Donald Trump.

Compartido con SURCOS por el autor.

¿Por quién votar el próximo domingo?

Escrito en 30/01/2026. Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El próximo domingo iremos todos los costarricenses a una gran fiesta nacional, que tiene las características de una fiesta electoral. Así se le conoce, y así se le dice porque durante todas las semanas que dura el proceso electoral, desde que se convoca hasta que se acaba con el resultado electoral final, la población en general se adhiere, se incorpora, se identifica, se compromete, toma decisión con alguna de las propuestas que existen para escoger partido, candidato a presidente y candidatos a diputados.

Aunque haya abstencionistas en todos los procesos electorales las elecciones tienen ese carácter festivo. Hasta 1998 el promedio del abstencionismo fue del 18%. A partir de allí empezó a subir hasta las del 2018 con un promedio del 32%. La últimas alcanzaron el 40%.

Hace algunos años la elección incluía, de una sola vez, a los candidatos municipales o cantonales, lo cual hacía de la actividad electoral un acto más de masas, donde ese compromiso se hacía vibrar con más fuerza desde los distritos, pasando por los cantones y expresándose en las provincias, todo girando alrededor de un partido y su candidato presidencial.

Se separó la elección de presidente y de diputados para darle mayor fuerza a las poblaciones y ciudadanos de los distritos y de los cantones, que eligen sus gobiernos distritales y cantonales, para fortalecer en cierta forma a esos ciudadanos con sus propios cantones.

Hasta 1998 existieron como funcionarios políticos, nombrados por los presidentes, los Gobernadores provinciales, que poco a poco fueron perdiendo funciones, quienes no eran elegidos popularmente.

Las elecciones en Costa Rica existen desde antes de la Independencia. Fueron evolucionando, mejorándose y perfeccionándose en el transcurso del tiempo, modelando en su resultado, por la conformación de los gobiernos, el Congreso o la Asamblea Legislativa y los gobiernos cantonales, el sistema político y la democracia viva que hoy tenemos, cuyo sombrero y escudo protector son la evolución y fortalecimiento, durante todos estos años, poco más de 200, de las columnas vertebrales de este sistema político que gozamos, los órganos de poder del Estado de Derecho, los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, junto con el conjunto de Libertades y Derechos que se fueron consagrando en las 14 Constituciones Políticas que hemos tenido.

A finales del siglo XIX aparecieron los partidos políticos como las organizaciones por medio de las cuales, y solo a través de ellas, se puede aspirar a puestos de elección popular.

Las reformas electorales importantes que tuvo este proceso electoral se dieron de hecho bajo el manto de la llamada República, cuando en 1913 se estableció el voto directo, y cuando se impulsó la foto en los documentos cedulares existentes.

Igualmente, cuando en 1924 cuando se estableció el voto secreto, permitiendo el voto de conciencia del ciudadano, protegido de la presión que públicamente podía tener de sus patronos o empleadores, o de aquellas personas que podían de una u otra manera ejercer presión para lograr su voto. Así mismo, cuando en 1935 se estableció la norma de que el resultado electoral se definiera a favor de quien obtuviera el 40% de los votos válidamente emitidos.

Con la Segunda República, a partir de 1948, se produjeron las últimas reformas que fortalecieron el proceso electoral y la llamada democracia electoral.

Así se estableció en la vigente Constitución Política de 1949 el reconocimiento de voto de la mujer, ampliándose el universo electoral a los mayores de edad, haciendo que prácticamente dos terceras partes de la población tomaran la decisión de la escogencia de las autoridades supremas de los órganos de gobierno de Costa Rica.

Del mismo modo, en 1973 se tomó la decisión de fortalecer la democracia electoral dándole mayor poder de decisión a la Juventud, cuando se estableció el derecho al sufragio a los mayores de 18 años.

Desde 1951 votaron las mujeres y, desde 1953, empezaron a ser electas en la Asamblea Legislativa, llegando a presidir este Poder de Estado en 1986, con Rose Marie Karpinski de Murillo, posibilitando la elección de la primera mujer Presidenta, Laura Chinchilla Miranda, en el 2010.

En esta etapa republicana en cada proceso electoral fueron participando cada vez más mujeres, lo que se fortaleció electoralmente obligando a los partidos políticos a proponer una representación igualitaria en sus candidaturas.

Más se preocupan hoy los partidos por la representación de las mujeres que por la de los jóvenes, que pueden ser electos a diputados a los 21 años, que constituyen una parte importante del padrón electoral.

En el caso de las mujeres han constituido generalmente una mayoría electoral sobre los hombres, así como los adultos mayores van, poco a poco, obteniendo una franja significativa cada vez más alta, del padrón electoral.

El proceso electoral estableció históricamente restricciones a partidos religiosos católicos y a los comunistas o de izquierda. Así, por ejemplo, a finales del siglo XIX se prohibió el Partido Unión Católica y se estableció la prohibición de usar propaganda y sentimientos religiosos con fines electorales. En 1929 se restringió la participación del Partido Comunista, aún sin haberse fundado, lo que obligó a este partido, surgido en 1931, a participar en las elecciones desde 1934 hasta 1942 con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos. En 1943 cambió de nombre por el de Vanguardia Popular, como actualmente lo mantiene, sin participar en los últimos procesos electorales.

Los triunfadores de la guerra civil de 1948 pusieron fuera de la ley, por el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno de la Segunda República, y por la aplicación del segundo párrafo del Art. 98 de la Constitución Política, al Partido Comunista, Vanguardia Popular, o cualquier nominación que tuviera, situación que duró hasta 1975 cuando se derogó la restricción constitucional fortaleciendo, a partir de ese año, la participación ciudadana en los siguientes procesos electorales, y de esa manera se fortaleció la democracia política nacional. Víctima de esta prohibición fue casi una decena de partidos.

Otra reforma que contribuyó a fortalecer el régimen democrático y electoral fue la de establecer el Referéndum y el Plebiscito como consultas nacionales, dando mayor participación directa a los ciudadanos.

Por un Recurso de Amparo que interpuse en la elección de 1998 se estableció, por la Sala Constitucional, la obligatoriedad de invitar y tomar en cuenta, para los debates de candidatos presidenciales, a todos, condición obligada en debates organizados en instituciones públicas o financiadas por el Estado. Luego se permitió que los debates organizados por sectores privados podían hacerse solo con los que los organizadores invitaran.

Fundamental reforma en este proceso democrático nacional fue la abolición del Ejercito Nacional desde 1948, proceso que se había iniciado desde 1946-1947.

Yo nací en 1946. En la práctica soy hijo de las reformas sociales logradas por la alianza calderocomunista de los años 1943-1948 y de las reformas institucionales, de carácter revolucionario y reformistas, que transformaron y sentaron las bases de la actual Costa Rica, impulsadas desde la Junta Fundadora de la Segunda República.

Nací en un hogar comunista, que la guerra civil fragmentó. Mi padre tuvo que salir para Venezuela por la represión que se dio. Mi madre no pudo seguirlo porque enfermé gravemente. Terminaron en divorcio. Mi padre se volvió a casar en Venezuela y me dio seis hermanos.

Mi madre se mantuvo en su militancia política hasta avanzada su edad, lo que me permitió conocer de cerca a la dirigencia comunista desde niño. Joven me vinculé a la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana, desde que se fundó, 1959-1960, al Partido Vanguardia Popular, del que fuí dirigente juvenil y estudiantil universitario, luego al Partido Socialista Costarricense y finalmente a Fuerza Democrática, 1996-2006.

El partido Vanguardia Popular durante la clandestinidad, 1948-1970 no convocó a la lucha armada para recuperar su legalidad. Hizo todos los esfuerzos políticos posibles por recuperar su derecho político de existencia y de participar en elecciones. Aprendimos quienes nos vinculamos y militamos en Vanguardia Popular a luchar por recuperar esa legalidad, aunque el Partido preparara a sus miembros para luchas más avanzadas. Prueba de ello fue la extraordinaria y heroica participación de la Brigada militar internacionalista en la lucha contra la dictadura de Somoza, en la que participaron militantes de los otros partidos de izquierda que ya existían, y que preparaban a sus militantes para posibles luchas armadas, que habían cobrado importancia en América Latina y en Centroamérica al calor de la Revolución Cubana.

Como niño me vinculé a las elecciones, acompañando a mi madre y mis familiares a votar por Fernando Castro Cervantes, en 1953 contra José Figueres. La fuerza opositora era lo que quedaba de la represión política contra los calderocomunistas del período anterior a 1948. En las elecciones de 1958 participé, como niño de 11 años apoyando la candidatura de Mario Echandi Jiménez, bajo la consigna de la “oposición triunfará”, que llevaba en un cartel amarrado a mi bicicleta. Los 21 años, edad para votar entonces los cumplí en 1967, de manera que mi primer voto fue en 1970, por el Partido Acción Socialista, por Lisímaco Leiva Cubillo para presidente, y por Manuel Mora y Marcial Aguiluz para diputados, que fueron electos.

En la década del 60 aparecieron otras fuerzas políticas de izquierda, el Partido Socialista Costarricense y el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que luego evolucionaron en las elecciones de 1978 en la Coalición Pueblo Unido. También de izquierda participaron la Organización Socialista de los Trabajadores y el Frente Popular.

La izquierda marxista leninista se fracturó a mediados de la década de 1980 y con la desintegración del sistema mundial socialista, en 1991, prácticamente colapsó.

Surgieron otras manifestaciones políticas de izquierda como fueron en 1990 el Partido Revolucionario de los Trabajadores en Lucha y el Partido del Progreso. Desde 1994 hasta el 2006 participó el partido Fuerza Democrática.

Desde entonces, evolucionó la izquierda política, con altos y bajos electorales, eligiendo diputados desde 1970 hasta 1998. En el 2002 la izquierda no eligió y de nuevo con el Frente Amplio empezó a elegir diputados a partir del 2006.

En el 2006 también surgió la Coalición Cambio 2000, cuando aparece también electoralmente el Partido Acción Ciudadana. En la elección del 2002 y 2006 también participaron los partidos Rescate Nacional y la Coalición Izquierda Unida. En la elección del 2014 participó el Partido de los Trabajadores. En la elección del 2018 lo hizo el partido de los Trabajadores. En la elección del 2022 participaron Pueblo Unido y el Partido de los Trabajadores. En el actual proceso electoral, 2026, participa el Partido de la Clase Trabajadora.

A nivel de candidaturas a diputados en todos estos procesos electorales ha habido esfuerzos partidarios de izquierda localizados en distintas provincias, con partidos provinciales.

No he pertenecido como militante a ningún otro partido político, pero no he dejado de votar en los procesos electorales.

A partir del 2010 he votado razonando mi voto por lo que he creído es mejor, en cada proceso electoral para dirigir el país. Pude haberme equivocado o no. Esa fue mi responsabilidad.

En las elecciones del 2022 no voté por Rodrigo Chaves. Desde entonces lo consideré un peligro para la democracia nacional y para el desarrollo institucional del país.

En la actual coyuntura política y electoral considero que es un deber y una obligación moral o ética votar.

Los que nos formamos y participamos en la izquierda, que entendemos la evolución social, como grandes etapas históricas de desarrollo, que no acudimos históricamente en Costa Rica a una lucha armada para obtener el poder político, y que históricamente nos formamos en la posibilidad de la lucha pacífica y electoral para alcanzar ese poder, con más razón debemos contribuir para que electoralmente se pueda avanzar a desarrollar más democracia política, económica y social.

Quienes desde la izquierda han luchado por la representación política parlamentaria, para tener diputados de la izquierda, lo han hecho considerando al parlamento, a la Asamblea Legislativa, como una tribuna política de agitación política e ideológica, como una herramienta para la movilización social y como instrumento de organización partidaria y social. Esa es la esencia de la presencia parlamentaria revolucionaria: agitación política, movilización social y organización partidaria. Esa fue la experiencia política que enseñó Manuel Mora Valverde y su partido en el período 1934-1948.

Las dificultades históricas y coyunturales de la Guerra Fría hicieron que la presencia política de la izquierda se proyectara más en la lucha por la paz, el desarme, la coexistencia pacífica, la lucha anticolonial y antiimperialista, en las vías pacíficas de la Revolución.

El momento que vivimos de nuevo nos coloca en la lucha antiimperialista, anti neo colonial, antimilitarista, anti autoritarista y, de nuevo, antifascista.

La tribuna parlamentaria en este momento es un espacio que no debe despreciarse, ante la imposibilidad de alcanzar el poder o gobierno del Poder Ejecutivo. Hay que fortalecerla con diputados de izquierda y diputados demócratas, que permitan dar grandes batallas por la defensa del Estado de Derecho que tenemos, por la defensa del Estado Social de Derecho, por la defensa de las instituciones sociales avanzadas de la sociedad costarricense, por la defensa de los Derechos Sociales, Laborales y Políticos amenazados en Costa Rica por los grupos autoritarios, militaristas, inscritos en el nuevo proyecto político de dominación geopolítica imperialista que campea en el continente, manifestaciones que también tenemos en Costa Rica.

El próximo domingo tenemos las elecciones nacionales para elegir un nuevo presidente y una nueva composición legislativa. Es importante participar con nuestro voto para tratar de asegurar la mayor expresión electoral del progresismo social costarricense.

¿Qué oferta política y electoral tenemos? Separo a todos los candidatos en dos grupos.

En primer lugar, tenemos las fuerzas retrógradas que quieren darle continuidad al nefasto gobierno de Rodrigo Chaves Robles, continuidad a sus políticas antipopulares y anticostarricenses.

Los partidos políticos y los candidatos presidenciales que SE IDENTIFICAN con este proyecto antinacional, a mi manera de ver, y de apreciar por sus planteamientos, por los que no hay que votar, son los siguientes:

Pueblo Soberano, que postula a Laura Fernández Delgado

Nueva República, que postula a Fabricio Alvarado

Avanza, que postula a José Miguel Aguilar

Unidos Podemos, que postula a Natalia Díaz

Integración Nacional, que postula a Luis Amador

Alianza Costa Rica Primero, que postula a Douglas Caamaño

Aquí Costa Rica Manda, que postula a Ronny Castillo

Unión Costarricense Democrática, que postula a Boris Molina

Progreso Social Democrático que postula a Luz Mary Alpízar

Liberal Progresista, que postula a Eliécer Feinzig

Unidad Social Cristiana, que postula a Juan Carlos Hidalgo

Los partidos políticos y los candidatos presidenciales que NO se IDENTIFICAN con este proyecto antinacional, que tratan de preservar el desarrollo democrático nacional y el ejercicio pleno de libertades y derechos, a mi manera de ver, y de apreciar por sus planteamientos, por los que HAY QUE VOTAR, son los siguientes:

Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes

Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo

Esperanza Nacional que postula a Claudio Alpízar Otoya,

De la Clase Trabajadora, que postula a David Hernández Brenes

Liberación Nacional, que postula a Alvaro Ramos

Justicia Social Costarricense, que postula a Walter Hernández Juárez

Nueva Generación, que postula a Fernando Zamora

Esperanza y Libertad, que postula a Marco Rodríguez Badilla

Sin embargo, ante la incertidumbre, por la información de encuestas, y los temores y ansiedades que ellas provocan, sintetizo de esta forma las posibilidades para escoger a quien darle el voto para presidente, al día de hoy. Yo escogería entre los siguientes candidatos:

Liberación Nacional, que postula a Álvaro Ramos

Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo

Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes

Esperanza Nacional que postula a Claudio Alpízar Otoya,

Centro Democrático y Social que postula a Ana Virginia Calzada

Para diputados el pueblo costarricense ha sido sabio. Desde hace muchos procesos electorales divide el voto, dándole menos diputados al partido ganador. Es el principio de darle fuerza política al control parlamentario sobre el presidente. Así, desde las elecciones del 2010 ningún presidente ni su partido ha tenido más de 12 diputados de los 57 que integran la Asamblea Legislativa.

Los mencionados partidos oficialistas no deben ser votados para la Asamblea Legislativa, mucho menos el Partido Pueblo Soberano que tiene casi el 50% de sus candidatos a diputados acusados en trámites de investigación judicial. Lo que tiene no son candidatos a diputados sino IMPUTADOS como candidatos a diputados.

En este momento que varios partidos se identifican con el presidente Chaves, con continuar sus acciones antinacionales, es más importante que quienes por atracción sientan la necesidad de votar por su principal candidata, partan su voto, para fortalecer la Asamblea Legislativa en su control político parlamentario.

MI opción presidencial la definiré el sábado entre Liberación Nacional, que postula a Álvaro Ramos, la Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo y el Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes.

Mi opción para diputado se la daré a Claudio Alpízar, amigo de muchos años, académico, persona preparada para desempeñarse bien en el puesto que se le elija, buena persona, correcta, honesta, clara políticamente para el momento que vivimos, que me parece podrá desempeñarse como un gran diputado, como los necesita el país hoy.

Compartido con SURCOS por el autor.

Ciudadano guadalupano no vote por los que quieren destruir y cementar el Parque

Escrito en 28/01/2026. Publicado en Comunidad.

Vladimir de la Cruz

La Municipalidad de Guadalupe está integrada con un alcalde del partido Liberación Nacional y por regidores del Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana, Cambio Ciudadano, Unidos Podemos. Cambio Ciudadano con integrantes, me dicen, del Partido Acción Ciudadana, y por regidores chavistas.

Todos estos partidos actualmente disputando la Presidencia de la República y luchando por elegir diputados. Todos estos partidos ofreciendo, desde distintos ángulos mejores condiciones de vida a los ciudadanos, a los votantes, a los habitantes de los pueblos, ciudades, distritos, cantones, provincias y del país.

De todos estos partidos y de los que participan en la elección nacional, Liberación Nacional, en sus gobiernos, ha sido el que más apoyo ha dado a preservación de la naturaleza, de los recursos naturales, de la conservación de áreas silvestres, refugios y de impulso a los Parques nacionales, que hoy son visitados por miles de personas, costarricenses, y extranjeros que nos visitan, la mayoría atraídos por nuestra riqueza natural, por las playas, volcanes, por los bosques tropicales, húmedos y secos, por las reservas especiales de animales y aves que tenemos en el país.

Esfuerzos similares, a menor escala, se hacen cuando en las municipalidades se apoya la construcción de espacios públicos, de zonas verdes para disfrute de los ciudadanos, de los adultos mayores, las mujeres y los niños. En todas las urbanizaciones se obliga la construcción de estos espacios, que incluso comprenden espacios para las mascotas y se instruye en su uso para que quienes las lleven también recojan sus desechos orgánicos.

Hoy tenemos cada vez más sólida y fuerte la conciencia de que los parques y las zonas verdes son necesarias, son vitales, para los barrios, las ciudades, para disfrute y deleite de sus ciudadanos. Se les consideran “pulmones urbanos”, que contribuyen a mejorar la calidad de vida, a tener mejor calidad de aire, para refrescar temperaturas, para aliviar la bulla y la contaminación acústica generada por los autos, motos, buses, para proteger la biodiversidad que alrededor de los parques y zonas verdes hacen vida, palomas, pájaros de diversos tipos, ardillas y muchos otros animales. Se les consideran sitios especiales para la salud mental, para el descanso, para reducir la depresión, el estrés o la ansiedad de las personas.

Los parques y las zonas verdes ayudan a fortalecer las relaciones sociales de las personas que allí asisten, impulsan y promueven los sentimientos comunitarios, la cohesión social. En algunos parques las bandas musicales realizan conciertos y en los parques también se organizan actos culturales de diverso tipo. Recuerdo siempre cuando mi madre me llevaba al Parque Central de San José, los domingos al mediodía, para oír en sus conciertos a la Banda de San José, que llegaba marchando desde su local ubicado, en aquellos años, al sur del antiguo edificio del Registro Civil, donde estaba también la Gobernación de San José, a pocos metros de las paradas de buses en la entonces “Cañada” de San José. Igual que yo muchos otros niños con sus padres. Allí estaba, bajo el quiosco del Parque Central una Biblioteca, sitio obligado de visita. El concierto se daba a la salida de la misa de 11 a.m.

Los parques también ayudan a mejorar los ecosistemas y a regular las temperaturas urbanas. Son albergue y refugio para la biodiversidad.

Lamentablemente no se tiene una sólida política pública de impulsar más parques y áreas verdes en las ciudades. Se hace bastante cuando se impulsa el cultivo de árboles y arbustos en las aceras. Algunos de bellas flores que ayudan a embellecer el entorno. En la ciudad de Liberia hay enormes árboles metidos en las calles que se han respetado por su antigüedad y hermosura.

Cuando fui Embajador en Venezuela, alquilé un apartamento en el distrito de Chacao, cerca de la Oficina de la Embajada, a unos 700 metros, que me encantaba recorrerlos, caminarlos y disfrutarlos, por la enorme cantidad de árboles de mango que había en las calles y aceras, árboles en plena producción que se respetaban y admiraban, produciendo unas sombras deliciosas cuando pegaba duro el sol. En la capital de Bulgaria, en Sofía, me tocó ver en 1968 cantidad de árboles de manzana cultivados en la capital, que la gente también respetaba. Sus frutos, que libremente podían ser comidos por las personas, eran recogidos para llevarlos a escuelas, hospitales y sitios de descanso de personas, cuando estaban en pleno las cosechas. Nosotros podríamos hacer algo parecido, de cultivar mangos, naranjas, limones, guayabas, cases… ¿Por qué no? He visto por las rutas que me movilizo matas de bananos, en propiedades, cuyos racimos se salen hacia las aceras…es algo parecido.

Según la Organización Mundial de la Salud, por un análisis que realizaron, en 1000 ciudades, se podrían prevenir más de 50.000 muertes prematuras si se estimularan en esas ciudades los espacios verdes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, debería haber un espacio verde de media hectárea, en líneas rectas, cada 300 metros en áreas de residencias o domicilios. En el estudio de la Organización Mundial de la Salud el 62% de las personas de Europa vive en áreas urbanas con menos espacios verdes de lo que ellos recomiendan. ¡Ni qué decir Costa Rica!

Los espacios verdes la Organización Mundial de la Salud lo asocia también a beneficios para la salud de las personas, a mejorar la esperanza de vida, para reducir problemas de salud mental. Reducir enfermedades cardiovasculares, especial importancia tienen para los niños en sus funciones cognitivas y lograr niños y bebés más sanos, a la vez que mitiga la contaminación atmosférica.

Lamentablemente, muchos espacios verdes, parques de las ciudades, no todos verdes en su conjunto, puesto que tienen aceras y cemento por todo lado, y a veces se prohíbe pasear o caminar por el césped, están lejos de las casas y residencias. Ya no se construye con patios traseros que servían para tener pequeñas huertas y siembra de algunos árboles y arbustos. Viví esa experiencia de tener y disfrutar esos patios.

Pues bien, en Europa impulsan tener un 30% de cobertura de árboles en cada barrio y los parques deberían promoverse a distancias de 300 metros entre ellos.

Algunos países por su hacinamiento y formas de desarrollar sus complejos habitacionales motivan para que en las ventanas de sus apartamentos se cultiven flores y frutos.

Pues bien, en la Municipalidad de Goicoechea, de Guadalupe, uno de los centros más poblados del conjunto capitalino, se aprobó por los partidos antes mencionados, un acuerdo para cementar totalmente el Parque Central de Guadalupe. Acordaron eliminar todas las áreas y zonas verdes del parque. Un regidor, seguramente descerebrado y hasta deficiente de salud mental, justificó este acuerdo porque según él un millón de personas cruzan o atraviesan diariamente ese parque, por lo que es necesario cementarlo.

El parque de Guadalupe es un espacio verde, un parque bonito, con cierta belleza escénica, con árboles que le dan vida al sitio y le producen un ambiente agradable, que no debe ser alterado, ni destruido por una plaza de cemento. Los jóvenes, los estudiantes, los padres y madres de niños y los hijos de adultos mayores deben organizarse y protestar para que ese acto criminal de los regidores y del alcalde no pueda ser ejecutado. ¿Quién sabe qué negocio habrá detrás de este cementazo?

En esta campaña electoral, a estos partidos que tienen asiento municipal, con el alcalde y los regidores, que están empeñados en acabar con el Parque, con las pocas zonas verdes que le quedan a la ciudad de Guadalupe, no se les debe dar el voto, no se les debe apoyar.

¡Ciudadano guadalupano no vote por los que quieren destruir y cementar el Parque!

¡Ciudadano guadalupano, pídale cuentas a estos partidos de la barbaridad que quieren hacer sus regidores!

Compartido con SURCOS por el autor.

La verdad fáctica sobre la elección del 1º de febrero

Escrito en 14/01/2026. Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Todos los partidos con sus candidatos, a la presidencia de la República, en las elecciones que se realizarán el domingo primero de febrero, están obligados a presentar un Plan de Gobierno, una oferta de intenciones para realizar una vez que, alguno de ellos, asuma el gobierno, el Poder Ejecutivo, en caso de que resulte triunfador ese día.

De no lograrlo, pasarán a la segunda ronda, el primer domingo de abril, los dos que hubieren logrado el porcentaje más alto de votos. En este segundo caso, de nuevo quedan a la disposición de los votantes escoger entre dos candidatos, dos partidos y supuestamente dos programa posibles de Gobierno.

Los electores, los votantes de la primera ronda, que no salieron favorecidos con las propuestas de sus candidatos de la primera ronda, se verán obligados a aceptar alguna de los dos propuestas de esta segunda ronda, gusten o no gusten.

Pero, ¿es real la posibilidad de que esos planes de gobierno se realicen de modo inmediato, en cuanto el candidato ganador asuma el gobierno el 8 de mayo próximo? La verdad es que no es real.

El Presupuesto Nacional de la República para el año 2006, que ya inició, que ya empezó a funcionar en su ejecución, fue aprobado en noviembre del año pasado, del 2025, y estamos en el 2026. No hay posibilidades reales de que ese Presupuesto Nacional pueda modificarse para adaptarlo al Programa de Gobierno que ofreció el candidato ganador o candidata ganadora. Esto ha sido así para todas las elecciones anteriores. El candidato ganador tan solo puede gestionar, administrar lo más correctamente el Presupuesto Nacional hasta el 31 de diciembre, ejecutar ese Presupuesto garantizando el buen uso de esos dineros nacionales para lo que han sido dispuestos. A lo sumo podrá modificar algunas partidas presupuestarias, si lo tiene bien estudiado y en posibilidad de hacerlo en los meses de mayo, junio y julio. Si no lo hace allí, ya no tendría oportunidad de modificar prácticamente nada, porque en noviembre tiene que aprobarse el Presupuesto Nacional de la República del próximo año, del 2027. ¿Y, cuando se elabora ese Presupuesto?

Desde marzo se inicia la preparación institucional de ese Presupuesto del 2027. Toda la institucionalidad pública ya está trabajando en esa dirección. En marzo se empiezan a recoger las primeras directrices y resultados de lo que se va armando como Presupuesto del próximo año.

El próximo presidente o presidenta asumirá el gobierno el 8 de mayo, de manera que han transcurrido cuatro meses sin que pueda accionar de manera pura, solo él, su partido, sus ministros, sus asesores, en la elaboración del nuevo Presupuesto, puesto que, al asumir la Presidencia, ya el Presupuesto del 2027 tiene casi tres meses de estarse preparando.

En la práctica institucional este Presupuesto, en borrador debe estar técnicamente terminado en agosto, puesto que en setiembre y octubre inicia el trámite legislativo para que sea aprobado a más tardar el 30 de noviembre.

De esta forma, el Programa de Gobierno, que ofrecen los candidatos y sus partidos son básicamente Planes de Buenas Intenciones para el futuro Gobierno.

En los Informes presidenciales del primer año de gobierno, que se rinde obligadamente a la Asamblea Legislativa, como parte del control político constitucional, que tienen los diputados sobre el presidente y su Poder Ejecutivo, que yo recuerde, ningún presidente les dice o informa a los diputados lo que ha cumplido de lo que prometió en la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia. Generalmente, hacen un balance de la buena marcha que hicieron de la gestión y administración de las partidas que estaban asignadas en el Presupuesto para su ejecución.

En mi opinión esta situación ha sido el factor principal de desilusión, de desencanto que ha habido, de manera acumulada, con los gobernantes y partidos políticos que han ejercido el mando del Poder Ejecutivo. Los votantes de esos presidentes y partidos se han visto desmotivados ante el incumplimiento de sus presidentes y partidos, y esa desmotivación abraza a los no votantes por ellos, por cuanto tampoco ven buenos resultados frente a las expectativas que todos pusieron en las elecciones y sus resultados.

A esto podemos agregar los escándalos en que presidentes, y su Poder Ejecutivo, en sus ministerios e instituciones que dirige, se ven involucrados por prácticas de corrupción administrativa, de sus personas y equipos ministeriales e institucionales, que embarriala a todo el aparato de Gobierno, a quienes lo dirigen y a sus partidos políticos.

Todo esto produce un cansancio político, un agotamiento, una desesperanza anímica que desde 1998 viene expresándose en el aumento del abstencionismo electoral, en el no deseo de votar de los ciudadanos “por más de lo mismo”, o “de los mismos”.

Antes de 1998 el promedio del abstencionismo histórico era del 18%. Desde ese año ha aumentado pasando el promedio histórico en estos últimos siete procesos electorales a más del 25%, con procesos electorales que han pasado del 30%. Pero, recordemos que, con cualquier número de abstencionistas, siempre se elige presidente, porque para ello solo cuentan los “votos válidamente emitidos”, que son aquellos que se depositan para cualquiera de los candidatos. Quedan fuera de la cuenta de votos los emitidos en blanco, o los que se anulan por alguna razón porque así lo establezcan en la mesa electoral.

Los actos de corrupción son personales, son realizados por personas, no por entes abstractos, como por ejemplo, “Poder Ejecutivo”, “partidos políticos”, “la política”. El presidente, cuando no está directamente involucrado, en esos actos y no actúa contra la persona responsable queda involucrado fácticamente. Lo mismo sucede con el partido político que los llevó al gobierno, si se hacen los “tontos”, se “separan” del escándalo, como si no fuera con ellos como partido, porque como partido no se pronuncian sobre esos escándalos y sobre esas personas, ni tampoco establecen sanciones partidarias.

También suma en este sopor electoral el que antes del 2022 las sesiones parlamentarias, empezaban en mayo con las llamadas “ordinarias”, que es cuando los diputados tienen la iniciativa de ley. Es cuando solo los diputados y sus partidos pueden proponer proyectos de ley. Antes del 2022 esas sesiones “ordinarias” se prolongaban casi todo el año: mayo, junio, julio, setiembre, octubre y noviembre. Quedaba en este período solo el mes de agosto para las llamadas sesiones “extraordinarias”, que es cuando el Poder Ejecutivo, el presidente, puede proponer proyectos de ley, quedándole luego los meses de diciembre a abril, del siguiente año para seguir proponiendo proyectos de ley.

Esta situación cambió justamente en el 2022, cuando las sesiones legislativas se modificaron en sus períodos de arranque, para que las extraordinarias inicien en mayo, junio y julio, y por períodos de tres meses se van alternando. Esta iniciativa fue de quien esto escribe en la Comisión de Notables del 2010, que duró bastante para ser aprobada. Teóricamente le da al presidente electo, en febrero o en abril, del año electoral, que arranque sus primeros tres meses de gobierno con posibilidad de presentar sus primeros e importantes Proyectos de Ley, que son de su interés para marcar la ruta del gobierno y satisfacer en parte lo que ofreció en la campaña electoral.

En el año 2022 el presidente Rodrigo Chaves no tenía nada preparado. No tenía partido político que le ayudara, por su experiencia o por sus cuadros o dirigentes políticos a elaborar esos primeros proyectos. Si recordamos bien, los primeros días de mayo el gobierno no presentó proyectos, y si no presenta proyectos la Asamblea Legislativa no trabaja. Así empezó Rodrigo Chaves, sin presentar importantes proyectos de ley. Entró con las manos vacías y sigue con las manos vacías de Proyectos de Ley. La ruta de la educación fue un fiasco, la del arroz, ni qué decir de sus resultados.

Las únicas rutas que se activaron y desarrollaron fueron las del narco tráfico, las del desmantelamiento de los controles de lucha contra las bandas narcotraficantes, las que han permitido que Costa Rica se convierta en la bodega más importante del narco de la región, y consecuencia de ello el país se halla dividido en bandas que controlan regiones, lo que ha repercutido al incremento de crímenes, que ya pasan de los 1000 al año.

Lo que se destaca de la lucha contra el narco es lo que frecuentemente se decomisa en distintos países Europa que ha salido, campantemente, desde Costa Rica, a vista y paciencia de las autoridades de gobierno, con complacencia del presidente, que han desmantelado las bases navales de esa lucha y han debilitado las aéreas, debilitando los controles, incluso tecnológicos de control, como el apagón que se hizo por casi doce horas en el tráfico aéreo y de sus radares, de todo el país.

En los debates organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones, para que los candidatos presidenciales expliquen o divulguen a los televidentes, radioyentes y seguidores de sus redes sociales, se les da entre 30 segundos y no más de un minuto y medio, para que se refieran al tema que se le proponen de un formato de cuatro temas, lo que se convierte en un Canto a la Luna, sobre todo cuando se cuestionan entre ellos mismos a la posibilidad de justificar los fondos para sus proyectos de ley o de reformas institucionales, sobre un ejercicio de gobierno que inicia sin que ellos puedan literalmente hacer casi nada.

Los debates deberían concentrarse sobre los ejes principales de los candidatos para dirigir su gobierno, y no sobre las tareas específicas. No se ha perdido el tiempo con estos encuentros con los candidatos, pero no se les ha dado la mejor dirección para lucirlos, para presentarlos. En las instancias privadas que seleccionan candidatos se comete el mismo error de conducción de esos encuentros, preparados sobre algunos temas específicos, ignorando, que poco pueden hacer en la inmediatez de la asunción al Gobierno.

Estamos a 19 días de la elección. La elección va a depender más de la emoción que puedan causar estos candidatos a los votantes. Hasta ahora no destaca nada que atraiga como un gran imán a las masas electorales sobre los programas presentados al Tribunal Supremo de Elecciones.

El elemento que atrae centrífuga o centrípetamente, en el proceso electoral en marcha, es si el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles debe continuar proyectado, en su candidata oficial Laura Fernández, en primer lugar. Y si se le debe dar 40 o más diputados a ese partido para tener mayoría parlamentaria, dándole la posibilidad y capacidad de dirigir el país de una manera autoritaria, dictatorial, tiránica, despótica y militarista más fuerte que como lo ha intentado el presidente Rodrigo Chaves. A ello sumémosle la posibilidad, que le ha sido ofrecida a Rodrigo Chaves para que continúe en el Gobierno, como ministro de la Presidencia, que lo haría el ministro más poderoso que la misma presidenta, en su lucha de dinamitar los poderes públicos y la institucionalidad democrática del país. Sería darle las armas para que pueda acabar con el Estado de Derecho, que es acabar con la independencia de poderes, acabar con la exclusividad de funciones, acabar con la indelegabilidad de esas funciones y de promover la subrogabilidad de los Poderes Públicos a la voluntad dictatorial y autoritaria de la mandataria, que solo estaría obedeciendo el Mandato de su ministro y no el Mandato del pueblo costarricense, que en el resultado electoral es el que se representa.

Por lo anterior, lo urgente es detener el peligro que significa el triunfo de Laura Fernández a la presidencia de la República, e impedir la elección de los candidatos a diputados, muchos de ellos cuestionados por estar con procesos judiciales pendientes, incluso de dineros que deben a las instituciones públicas y por ser defensores de destacados líderes del narcotráfico nacional, lo que recuerda el caso de otro diputado de condiciones similares, que en el pasado casi llegó a ser presidente legislativo, y ha terminado varias veces detenido y apresado por sus defensas y compromisos con estos personajes.

Lo que parece real es que la derrota posible de Laura Fernández descansa principalmente en la mayor cantidad de votantes que lleguen a las urnas electorales. Entre más personas voten, estadísticamente está comprobado, más posibilidad de que no gane. Esta es la realidad.

El esfuerzo de la ciudadanía debe ser de ir a votar. Derrotar a Laura y a su partido Pueblo Soberano con menos abstencionismo. Votar es la tarea política más importante del momento y trance histórico que tiene Costa Rica, para su democracia futura y para la defensa del futuro de todos los costarricenses.

Si votar le produce algún mal olor en la urna electoral, como me ha dicho un ciudadano, aconsejo que escoja el partido y el candidato que mejor considere, o que estime que tiene más posibilidad de ganarle a Laura, si así lo percibe, se presente a la urna, y con la mano que tenga que votar así lo haga y con la otra se tape la nariz. Pero, no se quede sin votar. Es la democracia costarricense la que está en juego. No lo olvide.

Ante las elecciones defendamos el futuro de Costa Rica

Escrito en 09/01/2026. Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Notas para un improvisado e hipotético discurso electoral, de última hora.

Ciudadanos,
Compatriotas,
Costarricenses,

Gracias por asistir a esta Convocatoria política, a este balance de cuentas de estos cuatro años que han transcurrido desde febrero del 2022, momento que se escogió al actual presidente del país.

Gracias por presentarse a las urnas electorales el próximo 1 de febrero, después de trabajar la tierra, de ordeñar temprano las vacas y las cabras.

Gracias por manejar horas para llegar a un Ebais.

Gracias por estirar el colón hasta donde ya no da más.

En este momento no estamos aquí para discursos finos.

Estamos para ir a los centros de votación, para presentarnos a las urnas electorales, para emitir el voto.

Estamos para darle rumbo al país, que no lo ha tenido, en esta elección.

Estamos aquí para hablar claro, como se habla en el campo, como se habla con los compañeros de trabajo, como se habla con los amigos, como se habla en la Familia.

Cuando el futuro se pone cuesta arriba no se debe hablar con excusas.

El futuro de Costa Rica no se arregla con excusas. No se arregla con promesas que no se cumplen y menos con las que se ofrecieron y no cumplieron. Y mucho menos con las que se ofrecen para continuar las que no se cumplieron.

¡Aquí nadie está confundido!

Los problemas se sienten todos los días.

No es necesario que alguien explique qué es una crisis.

La crisis se siente y se vive cuando:

⁠ ⁠Los salarios, las pensiones y los ingresos de los trabajadores no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas, para tener una vida estable, digna, decente, decorosa.
⁠ ⁠Los salarios se mantienen congelados desde hace cinco años, proyectada su congelación por otros cinco años.
⁠ ⁠Los salarios mínimos Pilar Cisneros, en la Asamblea Legislativa, los quiere reducir en casi un 40% para equipararlos con los salarios más bajos de América Latina.
⁠La jornada de 8 horas diarias quieren cambiarla por jornada de trabajo de 12 horas diarias, al estilo de las jornadas esclavistas del siglo XIX.
⁠ ⁠Los precios de los productos básicos de subsistencia y de alimentación en general, de la canasta básica, los llevan en ascensor y los salarios los mantienen en escalera.

⁠•⁠ Los hijos no tienen por qué dejar el colegio, y perder las oportunidades de vida que la educación ofrece.

⁠ ⁠La deserción escolar y colegial aumenta, y con ello los ninis, los que NI trabajan NI estudian.
⁠ ⁠La Caja Costarricense del Seguro Social no resuelve el problema de las citas y posterga cirugías que son de inmediata necesidad.
⁠ ⁠El sistema de transporte público no satisface las necesidades de las personas y se hace cada vez más caro.
⁠ El régimen y sistema de trabajo se hace cada vez más largo, más duro y peor pagado.
⁠ ⁠El crédito público no se orienta a proteger y estimular al pequeño productor, a la clase media, cada vez más empobrecida.
⁠ ⁠Aumenta la pobreza y la pobreza extrema.
⁠ ⁠Cuando las instituciones sociales consumen más del 65% de sus ingresos en aspectos administrativos.

Pero, ante esto, díganme ustedes: ¿Quién primero dividió social y económicamente este país?

¿Los agricultores que trabajan de sol a sol, muchos de ellos hoy por míseros salarios o salarios inferiores al salario mínimo, como sucede con trabajadores de las plantaciones agrícolas, especialmente de productos de exportación?

¿Los trabajadores que son expulsados de los trabajos formales?

¿La inmensa masa de trabajadores, casi el 60%, de trabajadores informales?

¿Los trabajadores de las fábricas y de las empresas?

¿Los pequeños propietarios obligados a vender sus parcelas?

¿O los que toman decisiones desde oficinas donde nunca falta nada?

En Costa Rica no hay pelea social inventada. La lucha de clases existe, con conciencia o sin conciencia de ella.

Aquí hay un modelo económico y político que aprieta al que produce, a los micro, pequeños y medianos propietarios, a los productores, a los asalariados.

En Costa Rica no hay un centro político, cuando el grueso de la población paga los ajustes económicos que imponen los gobiernos. ¿En cuál extremo social usted se ubica?

Se le pide a las personas no quejarse, no polarizar, no confrontar y no señalar lo que les molesta.

Se han restringido los derechos sociales y laborales de la organización sindical, la huelga y la convención colectiva de trabajo.

Decir lo anterior no es populismo. Si eso es populismo, ¡qué nos digan populistas!

⁠Decir lo anterior es la verdad, ¡qué molesta!, ¡Molesta!

Escuchen bien, ciudadanos:

No es populismo decir que:

⁠ ⁠No es normal trabajar más horas por menos plata.
⁠ ⁠No es normal cerrar colegios nocturnos donde estudiaban trabajadores.
⁠ ⁠No es normal quitar becas en zonas rurales.
⁠ ⁠No es normal quitar los subsidios a los comedores escolares.
⁠ ⁠No es normal cerrar los colegios nocturnos.
⁠ ⁠No es normal descuidar la infraestructura escolar y cerrar más de 100 escuelas y colegios.
⁠ ⁠No es normal pedir sacrificios siempre a los mismos, solo a los trabajadores.

El pueblo costarricense no es ignorante.

Aquí el pueblo sabe exactamente qué está pasando.

Al pueblo y a los trabajadores hay que consultarlos.

En la campaña electoral se debe prometer cosas que sea realmente posible de cumplir en el corto y mediano plazo. No se debe ofrecer sueños de opio, ni cantos de sirenas.

El país no puede funcionar sin los trabajadores, o con trabajadores enfermos, mal pagados, inconformes, resentidos, explotados social, económica y políticamente.

Los políticos tradicionales solo se excusan y dicen: “NO ME HAN DEJADO GOBERNAR”

Repiten una y otra vez: “No me han dejado gobernar.”

Repiten: “Es culpa de la institucionalidad tica.”

Repiten: “Las instituciones no dejan hacer cambios.”

Afirman: “Que no pueden gobernar porque tienen que someterse a las leyes y a la Constitución Política”, “Que las leyes les establecen controles y límites de actuación”.

Los políticos tradicionales piden: “Gobernar sin controles políticos”, “sin Contraloría General de la República”, sin “Sala Constitucional”, “sin prensa libre e independiente”.

Esto lo hemos escuchado todos.

Pero aquí va la verdad que nadie dice:

Las instituciones no se traban solas.

Si el Estado o la Administración no funciona es por sus funcionarios…

Se traba cuando conviene.

Funcionan rápido cuando hay intereses e interesados grandes.

Y se vuelven lentas cuando se trata del campo, de la salud, de la educación, de los servicios e instituciones públicas.

Se traban, no funcionan, o funcionan deficientemente, cuando hay interés de privatizarlas o de tercerizar su trabajo.

Nos dicen: “No se puede.”

Pero, SI se puede:

⁠ congelar salarios.
⁠ ⁠quitar ayudas y subsidios.
⁠ ⁠Cerrar el crédito para adultos mayores, pensionados
⁠ ⁠Para extender jornadas de trabajo.
⁠ ⁠Para recortar servicios.
⁠ ⁠Para eliminar beneficios y derechos sociales

Entonces, el problema no es que no los dejan gobernar.

El problema es ¿para quién están gobernando?

La institucionalidad no es una excusa: es una responsabilidad.

La tarea en estas elecciones es votar para:

⁠ ⁠defender el futuro de Costa Rica,
⁠ ⁠defender el futuro de los trabajadores del campo y de la ciudad,
⁠ ⁠defender el futuro de los estudiantes
⁠ ⁠defender a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos y pensionados
⁠ ⁠defender la vida en Costa Rica, ¡la Pura Vida!

Defender el futuro de Costa Rica no es una idea bonita. No es una idea abstracta.

Defender el futuro de Costa Rica es algo concreto.

Defender el futuro es permitir vivir con dignidad, decoro, decencia, con posibilidades y oportunidades

Defender el futuro es posibilitar y garantizar el estudio.

Defender el futuro es asegurar que la atención de salud llegue a tiempo, no cuando ya es tarde.

Defender el futuro es hacer valer el tiempo de la gente. Garantizar el ocio, el tiempo libre para el enriquecimiento cultural, deportivo o simplemente de descanso. Y, si se quiere también… como dijo Paul Lafargue: ¡el derecho a la pereza!

No estamos en estas elecciones para pedir favores.

Estamos en estas elecciones para exigir respeto.

Estamos en estas elecciones porque el país no se sostiene solo desde arriba. Se sostiene desde el trabajo de la fuerza asalariada costarricense, casi el 50% de la población.

El futuro de Costa Rica no se administra desde un escritorio.

El futuro de Costa Rica se defiende y se construye colectivamente, desde las comunidades.

El futuro de Costa Rica se defiende diciendo la verdad.

Aunque incomode.

Aunque moleste.

Aunque intenten callarla.

Costarricenses, Ciudadanos, Patriotas:

¡Defendamos el futuro!

¡Defendámoslo juntos!

¡A votar por el Progreso Social!

¡A votar por el Progreso Democrático

¡A votar por Más Democracia, no por menos Democracia!

Compartido con SURCOS por el autor.

En cuatro domingos se definirá el depósito de la confianza pública que se le dará al ganador electoral para dirigir el país. ¡Hay que salir a votar!

Escrito en 05/01/2026. Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

En cuatro domingos estaremos tomando la primera decisión sobre el futuro gobierno de Costa Rica. El próximo domingo 1 de febrero se llevará a cabo el plebiscito nacional político, el referéndum nacional político, el acto supremo de la democracia electoral del país, el día del sufragio NO obligado, que se da en conciencia, de los ciudadanos, del pueblo electoral costarricense, de decidir a cuál de los 20 candidatos presidenciales y a sus partidos se le entregará el rumbo del país.

Ese día se realiza un depósito de confianza pública que se le da al ganador, en caso de que supere el 40% de los votos válidamente emitidos, en su favor, ese primer domingo de febrero, para dirigir el Poder Ejecutivo, para que nombre su equipo de gobierno, a los ministros, e inicien su labor política, de conformidad a lo que ha ofrecido en esta campaña electoral.

Es un acto de confianza y de delegación de la voluntad popular, lo que llamamos la representación política. Quien resulte ganador es el depositario de esa confianza popular, que lo obliga a actuar, en nombre del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, siendo su representante, y modernamente también gobierna con el pueblo, si asume la tarea de consultarlo popularmente, por la vía de los plebiscitos y referéndum, lo que no han acostumbrado los gobernantes desde que se instituyeron estas formas de consulta ciudadana.

La voluntad popular es el acto por el cual los ciudadanos depositan su confianza en la gestión de gobierno, en una persona, que en nombre de todos, ejerce el gobierno y el mando del país. Este concepto se desarrolló políticamente hace casi 300 años, evolucionando de distintas formas. Este acto de representación política es una manifestación de que el gobernante debe ser armónico con el pueblo que lo eligió.

Con concepto de representación política y delegación de la voluntad, se eliminó la idea que los gobernantes eran nombrados por Dios, y por ello, además, había que obedecerles. Al contrario, quien debe obediencia al pueblo es el gobernante quien en ejercicio de su cargo no puede gobernar ni legislar contra el pueblo, no puede actuar contra el pueblo, no puede instituirse como dictador, tirano, déspota, sátrapa o ejercer el gobierno autoritariamente, violando derechos y libertades de los ciudadanos. Si así sucediera, el pueblo que lo eligió tiene un derecho natural a la rebelión política para sustituirlo, cambiarlo, y de esa forma establecer nuevamente la confianza pública de la representación popular. En cierta forma, cada procesos electoral, es la manera de ejercer ese control político ciudadano para continuar con el partido de gobierno por otro período, y evaluar de esa manera al gobernante o presidente que termina su mandato.

Jurídicamente el acto de la representación política se asocia al del mandatario, que es la persona a la cual se le da un poder de accionar, de actual, al cual debe sujetarse, y del cual no puede salirse. Si el Mandatario se sale o rompe el compromiso de ese mandato, los Mandantes, los que le dieron el mandado, que electoralmente es el pueblo electoral, pueden quitarle su compromiso, pueden destituirle de la obligación que le depositaron para nombrar otro Mandatario que represente correctamente la voluntad de los Mandantes, en este caso de los electores, para que se restablezca la relación armónica que debe existir entre gobernante y gobernados.

El derecho de destitución del Mandatario, del Gobernante, se estableció en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y en la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1793, durante los días de la Revolución Francesa.

En la Constitución Política de 1844 de Costa Rica este derecho a la Rebelión Política así se reconoció. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, se había publicado en Costa Rica a inicios de ese año, lo que debe haber influido en esa disposición constitucional.

En la legislación costarricense no existe para el presidente la posibilidad de destituirlo por la vía de la Consulta Ciudadana del Referéndum o del Plebiscito, como sí existe para destituir las autoridades municipales o cantonales, como son los alcaldes. No existe, hasta hoy, el derecho de revocatoria de mandato del presidente, durante el ejercicio de su presidencia.

Sin embargo, en la tradición electoral del país, que ha sido bastante regular desde 1847, con períodos de gobierno de cuatro años en términos generales, cada proceso electoral para decidir quién gobernará por los siguientes cuatro años, se convierte en la práctica también en una consulta ciudadana, de si el mandatario, el jefe de Estado, antes del 1848, el presidente desde 1848, o el Gobernante en general, puede continuar gobernando por otro período de gobierno.

En el siglo XIX se permitía la elección consecutiva del gobernante. En el siglo XX se limitó y desde 1949 se prohibió la reelección consecutiva del gobernante, del presidente, pudiendo hacerlo si deja pasar un período de ocho años. Así, en el siglo XIX, de manera consecutiva se reeligieron Juan Mora Fernández, desde1824 hasta 1833, Juan Rafael Mora Porras, desde 1849 hasta 1859, cuando le dieron el golpe de Estado, Rafael Iglesias Castro, desde 1894 hasta 1902. Desde 1902 hasta hoy no ha habido reelección consecutiva del gobernante.

Los diputados durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX podían reelegirse continuamente y buenos diputados así lo hicieron. Por ejemplo, desde 1934 hasta 1948 fue reelecto consecutivamente como diputado Manuel Mora Valverde, el jefe del Partido Comunista de Costa Rica o Vanguardia Popular, así llamado desde 1943.

Jefes de Estado y presidentes se han reelecto, dejando pasar períodos presidenciales. En el Siglo XX así lo hicieron Cleto González Víquez presidente en 1906-1910 y 1928-1932, Ricardo Jiménez Oreamuno, presidente en 1910-1914, 1924-1928 y 1932-1936.

Desde 1949 hasta hoy solamente dos presidentes han podido reelegirse alternativamente, José Figueres Ferrer, 1953-1958 y 1970-1974 y Oscar Arias Sánchez, 1986-1990 y 2006-2010. Otros presidentes lo intentaron sin éxito.

Desde 1890 existen los partidos políticos, tal y como ahora los conocemos, definiéndose así que solo por medio de partidos políticos se puede aspirar a puestos de elección popular, presidente, diputados y autoridades municipales o cantonales. Los vicepresidentes son de elección popular junto con el presidente desde 1949. Antes de 1948, eran llamados Designados a la Presidencia y eran nombrados por el Poder Legislativo, por el Congreso.

Bajo el régimen de partidos políticos hemos tenido la experiencia histórica de que los partidos pueden reelegirse consecutivamente en el Poder Ejecutivo varias veces, aun cuando no reelijan de manera continua al presidente. Así, desde la segunda mitad del siglo XX el Partido Liberación Nacional se ha reelecto consecutivamente en dos períodos consecutivos de gobierno, con diferente presidente, en 1970-1974 y 1974-1978, cuando fueron electos José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós. Luego volvieron a repetir el gobierno consecutivo en 1982-1986 y 1986-1990, con Luis Alberto Monge Álvarez y Oscar Arias Sánchez. Finalmente, repitieron en el 2006-2010 y 2010-2014, con Oscar Arias Sánchez y Laura chinchilla Miranda. Igual lo hizo el Partido Unidad Social Cristiana, en 1998-2002 y 2002-2006, con Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco de la Espriella. Del mismo modo se repitió, muy sorpresivamente este fenómeno con un nuevo partido, nacido en el 2002, Acción Ciudadana, que Gobernó en el 2014-2018 y se reeligió en 2018-2022, con los presidentes Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada. Ninguno de los partidos que ha gobernado lo ha hecho tres veces consecutivas.

En este siglo, desde el 2002, en la práctica del proceso electoral, se introdujo la elección de segundo grado, la elección de la segunda vuelta electoral, cuando en la primera no se logra el 40% de los votos para ganar. En este caso, se pasa a una segunda ronda electoral que se realiza el primer domingo de abril siguiente a las elecciones, con solo dos candidatos, los que han obtenido el mayor número de votos o mayor rango porcentual de votación el primer domingo de febrero. Así, hemos tenido segundas rondas electorales en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022. Esto pareciera o indica que la segunda ronda electoral se quedó para los procesos electorales que vienen. Ha sido la norma de los procesos electorales a partir del 2014 y puede ser la del próximo resultado del 1 de febrero del 2026. Esto no es para sorprenderse. Puede darse como no darse la segunda ronda, si alguno de los partidos y candidatos sacan o no el 40% de votos, por el cual se está luchando intensamente en estos días y será una lucha intensa durante las cuatro semanas que faltan para votar. La mayor parte de los partidos apuestas sus esfuerzos a quedar de finalistas de la primera vuelta. Solo el Partido Pueblo Soberano sostiene su campaña electoral con confianza de que ganará la primera ronda electoral. Esta confianza le hace falta a los otros partido, independientemente si hay o no segunda ronda.

El voto que define resultados es el llamado voto válidamente emitido. Es voto positivo, a favor, de cualquiera de los 20 partidos que están inscritos con sus candidatos presidenciales. Esos son los votos que sirven para declarar presidente o candidato ganador, o sirven para definir de los 20 candidatos cuales son los dos que pasan a la elección de abril. La elección del primer domingo de abril no se define por porcentuales. Allí gana el que más votos tenga. Es lo lógico para garantizar resultado electoral.

Los votos nulos que se realizan por los votantes son aquellos que por alguna razón no permiten determinar con certeza cual fue la voluntad del votante, y los miembros de la Mesa Electoral así los anulan.

Los votos en blanco que se realizan en la Mesa Electoral son aquellos que los votantes devuelven sin expresar su voluntad, dejando en blanco toda la fórmula de votación.

Los votos nulos y blancos, emitidos en las mesas electorales, no se consideran “votos válidamente emitidos” para definir el resultado de la elección. No se cuentan, no tiene valor alguno. Tiene valor CERO (0), no suman nada positivo ni negativo. Reducen en la práctica a los electores que toman la decisión final.

Por eso es importante el voto consciente del elector, del que llega a emitir su voto por alguno de candidatos o los partidos políticos que están participando en las elecciones, porque con su voto se elige, se produce el resultado.

También hay un número de personas que no acude a las urnas a votar. Todos estos, junto con los que tampoco votan en la Mesa Electoral, constituyen el grupo llamado ABSTENCIONISTA. Es un número de ciudadanos que siempre ha existido en los procesos electorales. En las elecciones de la segunda mitad del siglo XX constituyeron un promedio del 18 % de los electores. A partir de la elección de 1998 empezó a subir alcanzando cifras superiores al 30% de votantes en las elecciones, lo que ha preocupado en los últimos procesos electorales, y quizá eso haya ayudado a la convocatoria de las segundas rondas electorales que se han hecho.

La persona, el votante, al no ejercer su derecho al sufragio, de hecho, delega su decisión en los que sí votan, que producen un resultado electoral a favor de alguno de los candidatos. El no votante, de manera consciente o no, confía el voto que se produce por los que sí van a votar. De hecho, los no votantes, los abstencionistas, terminan “votando” con su abstencionismo y silencio electoral en urnas, por el candidato ganador, que producen los que sí llegaron a votar. Así, los abstencionistas terminan “votando” por el ganador, les guste o no quien sea, se lamenten o no del ejercicio de su gobierno.

La elecciones nacionales fragmentan la votación por el presidente y sus vicepresidentes y en la de los diputados. La votación presidencial se la lleva en su totalidad un solo partido político. El Consejo de gobierno o el Gabinete presidencia no se integra proporcionalmente a los votos recibidos por los partidos con sus candidatos a presidente. Al presidente electo se le da la confianza de que escoja libremente a los ministros que le acompañaran en su gestión de gobierno.

La elección de diputados tiene su importancia. Para el partido ganador presidencial por si llega a elegir una mayoría de diputados, ojalá superior de los 29, porque le permite tomar decisiones mayoritarias básicas en la Asamblea Legislativa, en su proceso de aprobación de Leyes. Si la mayoría fuera de 38 o 43 diputados, que con las mayorías calificadas del proceso de aprobación de leyes y otras responsabilidades que podría tomar la Asamblea Legislativa, al Poder ejecutivo le daría un poder político extremo, al punto que el Presidente, con su fracción legislativa tendría capacidad de ejercer un gobierno con características autoritarias de mandato, porque ejercería un control prácticamente pleno de nombramiento de todas las autoridades públicas del país, especialmente de los Poderes de Estado y de los mecanismos de control público constitucionalmente establecidos.

La experiencia histórica señala que pocas veces desde 1953 un partido político ha tenido mayoría parlamentaria superior a 29 diputados, y solamente una vez, en 1982, tuvo 33 diputados de los 57.

En la práctica política los electores parten su voto. Pueden votar un candidato presidencial, pero a la vez votan por candidatos a diputados de otros partidos políticos, para que ellos en la práctica ejerzan un control político parlamentario sobre el presidente y su Poder Ejecutivo. Así, por ejemplo, los últimos 3 gobiernos, dos del Partidos Acción Ciudadana y el del actual presidente Rodrigo Chaves que no han logrado elegir más de 12 diputados, constituyéndose en minorías parlamentarias. En el caso del actual gobierno con la peor gestión de relación política con los Poderes de Estado, incluso la Asamblea Legislativa.

La partición del voto, en las condiciones y momento histórico que estamos viviendo, sigue siendo válida. Pero, la unidad de votantes alrededor del candidato o candidatos opositores que tienen, en la perspectiva, la mayor posibilidad de ganar o de quedar clasificados para una segunda ronda, es también válida. Lo que no es válido en este momento es pensar en abstenerse de votar. Quien así lo haga que le quede claro que su no voto es favor del que gana, sea quien sea.

En 4 domingos definiremos la confianza pública que se le dará al ganador electoral para dirigir el país por los próximos cuatro años.

Que el año nuevo nos dé la suficiente confianza de que podemos mejorar el país, de que podemos recupera el terreno y los caminos perdidos, de que podemos evitar que nos lleven al despeñadero del autoritarismo, de la democracia y de las libertades y derechos ciudadanos.

¡Hay que salir a votar!

Compartido con SURCOS por el autor.

Algunas claves para entender la democracia ante sus amenazas en las elecciones presidenciales de Costa Rica

Escrito en 05/01/2026. Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Hoy esta situación se siente amenazada. Hay las posibilidades de que se rompa esa tradición democrática costarricense en las elecciones presidenciales del primer domingo de febrero próximo.

De seguido algunas claves para entender mejor la situación que enfrenta Costa Rica ante las elecciones de febrero.

Ha sido un país con un Estado de Derecho muy sólido y estable, desde 1825 cuando se constituyeron sus Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y desde 1949 el Electoral, cuando se le dio ese rango al Tribunal Supremo de Elecciones, TSE; el órgano o institución encargada de administrar todo proceso electoral nacional, provincial, cantonal o distrital del país, que tenga que ver con la representación política, para los diversos cargos de la Dirección política Estatal y Administrativa, del país, de sus 84 cantones y casi 500 distritos. Los resultados electorales en Costa Rica, declarados por el TSE tienen carácter inapelable. Hasta hoy nunca se han cuestionado los resultados ni las declaratorias de presidentes, diputados o representantes cantonales.

En el desarrollo democrático institucional de Costa Rica el derecho al sufragio evolucionó desde el siglo XIX al XXI fortaleciendo el sufragio y el régimen de partidos políticos.

En el siglo XX se desarrollaron las corrientes político-electorales de izquierda, socialistas, comunistas y las social cristianas y social demócratas, especialmente a partir de la década de 1940

En el desarrollo político gubernativo de Costa Rica desde 1953 hasta hoy han habido 18 gobiernos estables de cuatro años cada uno. Nueve de ellos la socialdemocracia ha gobernado, seis lo ha hecho el socialcristianismo. Esto dio origen para que se estableciera el criterio del bipartidismo político, para destacar el control que, del gobierno, especialmente, ha tenido el Partido Liberación Nacional, social demócrata, y el partido Unidad Social Cristiana.

En 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió, obligando a esos partidos a tomar en cuenta a los otros partidos, por pequeños que fueran para los acuerdos y pactos parlamentarios.

Ha dicho claramente que desearía gobernar con mayoría legislativa de por lo menos 40 diputados, con mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la mayoría plena de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y sin la institución Contraloría General de la República.

Pero existiendo elecciones, ha logrado inscribir varios partidos políticos con el ánimo de lograr esa mayoría parlamentaria, con la cual acabaría con el Estado de Derecho.

Artículo publicado en MEER.com.es y compartido con SURCOS por el autor.