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Etiqueta: Vladimir de la Cruz

El Bloqueo a Cuba viola la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional, la Autodeterminación de los pueblos y la Paz

Vladimir de la Cruz

(Intervención en el Acto “Voces contra el Bloqueo: Memoria viva de 65 años de bloqueo.”, organizado por la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales Manuel Mora Valverde, Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde la Universidad Estatal a Distancia, UNED, con participación del Jefe de la Misión Diplomática de Cuba en Costa Rica, Eric Valdés, realizado en el Paraninfo de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, el martes 28 de octubre del 2025).

Nos reúne el compromiso de protestar y luchar contra el Bloqueo o Embargo, como también lo llama Estados Unidos, de carácter criminal, que por 65 años ha impuesto a la República y al pueblo de Cuba.

El Bloqueo es un acto que viola la Carta de las Naciones Unidas, las normas que regulan el Derecho Internacional, que afecta la libre determinación de los pueblos a su propio desarrollo político, económico, social, cultural relaciones internacionales, altera y viola del derecho a la Paz. Es un acto de reflexión sobre el impacto y la historia de este bloqueo, en solidaridad con el valiente y heroico pueblo de Cuba.

Bajo el concepto de Bloqueo o de Embargo, contra la República y el pueblo de Cuba se agrupan un conjunto de leyes, de medidas y acciones del gobierno estadounidense, todas de carácter coercitivo y represivo que de manera unilateral, a modo de gendarme internacional ha impuesto extraterritorialmente hacia Cuba y contra sus relaciones internacionales, habida cuenta de que Cuba no es un Estado de la Unión Americana, ni un Estado asociado, como lo es Puerto Rico, ni es una colonia de los Estados Unidos.

Este conjunto de leyes y regulaciones impuestas a Cuba regulan prohibiciones, relaciones económicas, comerciales y financieras, entre otros aspectos.

Este tipo de medidas empezaron en octubre de 1960 bajo el gobierno de Dwight D. Eisenhower, con motivo de las expropiaciones, de compañías y de ciudadanos estadounidenses, que se impulsaban por el gobierno revolucionario, después de derrotada la tiranía de Fulgencio Batista.

A medida que la Revolución cubana se afianzaba y avanzaba las medidas también se iban atilintando, alcanzando un alto nivel de tensión con la crisis de los misiles en octubre de 1962.

La presión del bloqueo hasta 1992 se hizo directamente a Cuba. A partir de ese año Estados Unidos se excedió en las medidas, provocando acciones extraterritoriales, al imponer sanciones a terceros países que acogieran a empresas cubanas, o subsidiarias de ellas y a barcos que comerciaran con Cuba.

Entre las leyes y regulaciones que se usaron y establecieron con este carácter fueron una vieja ley de 1917, que prohibía comerciar con el Enemigo, y las que durante la Revolución se fueron dando como las leyes de “Cooperación Internacional”, de 1961; la de Regulaciones al “Control de los Activos Cubanos”, de 1963; la “Ley para la Democracia en Cuba”, de 1992, también conocida como “Ley Torricelli”; la “Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas”, de 1996, también conocida como “Ley Helm-Burton”.

En 1999, el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por valores superiores a 700 millones de dólares anuales, siendo por ello la primera ley transnacional en el mundo. También impuso la “Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio”, del año 2000.

La Revolución Cubana en 1959 había hecho surgir un país, una República totalmente independiente; había marcado el inicio de una nueva época en las relaciones políticas, diplomáticas e internacionales, en todo el continente, al declararse como una Revolución Socialista, el 16 de abril de 1961, a 90 millas de los Estados Unidos.

En aquellos años el mundo socialista, el Sistema Mundial Socialista, el llamado Bloque del Este, se concentraba en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en los países socialistas de la llamada Europa Oriental, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, además de China, Corea del Norte, Vietnam del Norte, Mongolia, Yemen del Sur (1967-1990), al que se integraba Cuba desde 1961.

La URSS comprendía 14 Repúblicas: Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Moldavia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ucrania y los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania.

También se comprendía como parte de esa lucha socialista internacional la lucha insurgente y de liberación nacional que se daba en distintas partes del mundo, especialmente en su carácter anticolonial en África y Asia.

Por breves períodos, en el esquema de la Guerra Fría, se conceptuaron como “países de tipo o de orientación socialista”, considerando algunos casos de gobiernos reformistas por las reformas que impulsaban, o “países en vías de desarrollo socialista”, que fueron parte del Movimiento de Países No Alineados, entre ellos Laos, Kampuchea Democrática, Egipto (1952-1973), Siria (1955–1961, 1963–2024), Irak (1958-1963, 1968-2003), Guinea Ecuatorial (1958-1978), Malí (1960-1991), la República Democrática de Somalia (1969-1977), Argelia (1962-1991), Birmania (1962-1988), República Popular de Angola (1975–1990), República Centroafricana, Libia (1969-2011), República Popular de Mozambique (1975–1990), Tanzania (1964-1985), Zambia (1964-1991), Ghana (1960-1966), Perú, por su gobierno reformista (1968-1975), Sudán (1969-1972), República Popular del Congo (1969-1991), Chile, bajo el gobierno de Salvador Allende, (1970-1973), Jamaica (1972-1980), Cabo Verde (1975-1991), Santo Tomé y Príncipe (1975-1991), Uganda (1969-1971), Indonesia (1959–1966), India (1947-1991), República Popular de Bangladés (1971–1975), República Democrática de Madagascar (1972–1991), Guinea-Bisáu (1973–1991), Derg (1974–1987), República Democrática Popular de Etiopía (1987–1991), República Democrática Popular Lao (1975–1991), República Popular de Benín (1975–1990), República Árabe Saharaui Democrática (1976-1991), Seychelles (1977–1991), República Democrática de Afganistán (1978–1991), Gobierno Popular Revolucionario de Granada (1979–1983), Nicaragua (1979–1990), República Popular de Kampuchea (1979–1989), Zimbabue (1980–1991), Burkina Faso (1983–1987), Segunda República del Turquestán Oriental (1944–1949 y la India.

Esta descripción alteraba las concepciones geopolíticas de los Estados Unidos como la potencia hegemónica, de tipo capitalista, luego de la II Guerra Mundial, en su preocupación por el avance del socialismo y la lucha por el socialismo a escala mundial.

El mundo, después de finalizada la II Guerra Mundial se dividió en los Bloques socialista y capitalista, en los Bloques del Este y del Oeste, y por los símbolos de la existencia de los países detrás de las llamadas “Cortina de Hierro” y de la “Cortina de Bambú”, en el Asia y extremo oriente, originando del mismo modo el marco de las relaciones internacionales bajo el concepto de la Guerra Fría, que fue un paraguas de contención, que se impuso al avance de las luchas por el socialismo.

La Liberación Nacional de las colonias impulsó el Movimiento de Países No Alineados, como un nuevo bloque de países frente a los países socialistas y capitalistas.

En el marco de la Guerra Fría, en América Latina, los Estados Unidos, estimuló e impulsó las dictaduras, los gobiernos militares, autoritarios, no democráticos, el fortalecimiento de los ejércitos, las políticas conservadoras del Plan Truman, del 12 de marzo de 1947, que daba apoyo a los “pueblos libres” que “resistían los intentos de regímenes que amenazaban el capitalismo”, y las políticas económicas del Plan Clayton, a finales de la década de 1940, de 1946, e inicios de la década de 1950, orientadas a frenar y “neutralizar”, la presencia comunista y revolucionaria y movimientos insurrectos en las zonas agrarias y urbanas del continente, constituyendo una especie de Plan Marshall para América. El macartismo, en la década de 1950, como política de represión, hostilidad y excitación mental y nerviosa anticomunista, en los Estados Unidos, se proyectó al continente con prohibiciones, reacciones y represiones políticas para los comunistas, socialistas y movimientos revolucionarios de la izquierda política, y la persecución de personas de los distintos estratos sociales y profesionales, que se les acusara de comunistas, llevando a algunos de ellos a la muerte, como en los Estados Unidos, a la silla eléctrica.

La Revolución Cubana se levantó en ese marasmo, de esa inmovilidad política y de esa paralización que se presentaba, y de ese núcleo de contradicciones, como una gran lucha popular, democrática contra la dictadura de Batista, lo que gozaba de simpatía y apoyo en el continente, escapándose de los controles que Estados Unidos ejercía de los movimientos revolucionarios, agrarios y campesinos latinoamericanos.

Frente a la insurgencia armada, revolucionaria, socialista y de la lucha de clases, también desde los Estados Unidos se impulsó la teoría del desarrollo por etapas del crecimiento y evolución económica, proponiendo avanzar a mejores estadios de desarrollo, sin necesidad de ir por la vía socialista, avanzando por mejoramiento del sistema capitalista, y sin la necesidad de sustituir el sistema capitalista. Lo usual era ubicar a los países en niveles o etapas de desarrollo, dentro del capitalismo.

La lucha armada, como una vía para la revolución socialista fue un amplio tema de discusión y de acción revolucionaria.

La lucha pacífica y la lucha armada fue tema de discusión en las décadas de 1960 y 1970, con las vías electorales o pacíficas de la revolución que fueron parte de esta dinámica. La política de la coexistencia política entre los sistemas capitalista y socialista, de la década de 1960, contribuyó en este escenario político e ideológico.

Las izquierdas se dividieron en estas discusiones y prácticas políticas. Frente a alzamientos de luchas armadas fracasadas, la insurgencia revolucionaria de Cuba, por la vía armada, de manera exitosa despertó los entusiasmos del triunfo socialista en el continente, aspecto que no se tenía avizorado. Cuba se levantó como un faro luminoso.

Los Movimientos de Liberación Nacional en África y Asia especialmente cobraron fuerza y se sumaron en la lucha conceptuada hacia el socialismo.

El triunfo de la Revolución Cubana estimuló parte de estas concepciones. Trató de articular el esfuerzo de la transmisión de experiencias revolucionarias, con la convocatoria a la Conferencia de la Tricontinental, en 1966, que reunió todo tipo de organizaciones, partidos y movimientos de izquierda, socialistas, comunistas y revolucionarios, que se enmarcaron en la lucha por la Liberación Nacional, la consolidación de la Independencia de las colonias y la Soberanía nacional. En la Conferencia de la Tricontinental participaron 500 representantes de 82 países, de Asia, África y América Latina, con una delegación importante de fuerzas de izquierda de Costa Rica que asistió. El próximo año se celebrará el 60 aniversario de aquel encuentro. De allí partió el Che Guevara en la década de 1960 a proyectar ese ideal revolucionario, con su consigna de “crear dos, tres, muchos Vietnam”, dado el empuje revolucionario de la lucha del pueblo vietnamita en esos años.

Por aquellos años también se hablaba del Tercer Mundo, que comprendía a esos países que hoy se conceptúan en el llamado Sur Global.

En 1967, Cuba impulsó la creación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) y la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), como parte de las políticas de solidaridad y apoyo a la liberación nacional de las colonias y pueblos oprimidos. La Revolución Cubana se convirtió en el país líder de este tercermundismo y de estas organizaciones internacionales.

El siguiente movimiento exitoso de lucha armada triunfante, en el continente, lo constituyó, a finales de la década de 1970, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, también con un carácter antidictatorial muy marcado, sin una Bandera Socialista, como no se ha desarrollado de esa manera, aunque sí perfilaba ese rumbo.

En ambos procesos, el de Cuba y el de Nicaragua, con distintas intensidades y compromisos, desde Costa Rica se contribuyó a apoyar la insurgencia revolucionaria. Desde Costa Rica se contribuyó al proceso revolucionario de Cuba, en arma y a denunciar los apoyos mercenarios que se hacía desde la costa caribeña a la contra revolución cubana y a las acciones, vinculadas a la invasión de Bahía Cochinos. Especial apoyo hubo con el proceso insurreccional en Nicaragua, con las Brigadas Internacionales de combatientes costarricenses, que jugaron un papel muy destacado en la lucha contra la dictadura de Somoza y luego en la defensa de la Revolución Sandinista, enfrentando a los grupos contrarrevolucionarios que empezaron actuar contra ella desde Costa Rica, comandadas estas Brigadas por el compañero Manuel Mora Salas, esta noche aquí presente junto con otros compañeros combatientes internacionalistas.

Desde finales de la década de los 50, con la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana, se apoyó en Costa Rica el triunfo revolucionario del Movimiento 26 de Julio, su heroica lucha y el triunfo de la Revolución Socialista en Cuba.

Desde entonces se ha tenido, con Cuba y su pueblo, en alto, la bandera de la solidaridad, del respeto al cauce impreso de su Revolución, a la no injerencia en los asuntos internos de Cuba, y a respetar el desarrollo socialista de Cuba. Con ese brío se recibió al Canciller Raúl Roa García, cuando vino a la Conferencia de la OEA en 1960, cuando se empezaba a acusar a Cuba de su tendencia socialista. En aquella Conferencia aquí se le llamó a Raúl Roa “Canciller de la Dignidad”, defendiendo la Revolución Cubana.

A inicios de esta década el presidente Kennedy impulsó para contrarrestar el impacto de la Revolución Cubana el Plan de la Alianza para el Progreso, el Banco Interamericano para el Desarrollo y los Cuerpos de Paz; impulsó el Mercado común Centroamericano y una serie de organismos y planes regionales, entre ellos el Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que reúne a los ejércitos de Centroamérica, organismo del cual Costa Ria forma parte como país observador por no tener oficialmente ejército; congeló los activos cubanos en Estados Unidos, inclusive embargó el pago del arrendamiento de EE. UU. a Cuba que debía hacer por la Base militar de Guantánamo, embargo que permanece en «custodia» de un juez de EE. UU., que ha dispuesto de esos fondos como si fueran propiedad de EE. UU.

La Organización de Estados Americanos impuso sanciones multilaterales a Cuba el 26 de julio de 1964, que fueron levantadas el 29 de julio de 1975. En 1962 se expulsó a Cuba de la OEA y Estados Unidos exigió el rompimiento de relaciones diplomáticas. México fue el único país que no las rompió.

Con el presidente Carter se suspendieron regulaciones y restricciones, que las reinstauró Reagan en 1982, probablemente bajo la presión del auge de la insurgencia militar en Centroamérica, especialmente en El Salvador y Guatemala, luego del triunfo sandinista en Nicaragua.

Estados Unidos ha normalizado sus relaciones diplomáticas y comerciales con países comunistas como China y Vietnam, que los derrotó militarmente. La existencia de los exiliados cubanos establecidos en el estado de Florida ha dificultado el acercamiento de Estados Unidos con Cuba.

Algunos sectores productivos y sociales de Estados Unidos han presionado por mantener relaciones comerciales con Cuba. Por presión de los agricultores estadounidenses, el embargo fue debilitado, durante un tiempo, por la “Ley de Reforma de Sanciones y Mejora de las exportaciones”, que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, en octubre del 2000 y firmada por el presidente Clinton. La moderación del embargo permitió también la venta de bienes agrícolas y medicinas por razones humanitarias, por un breve período.

Ante la creciente demanda de productos cubanos, legisladores partidarios del libre comercio, elegidos por los estados del Oeste y las grandes llanuras centrales, de fuerte influencia y tradición agrícola, han intentado desde el 2000 suavizar o eliminar el embargo. Cuatro veces la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha apoyado levantar las restricciones de viajes, siendo apoyada en el 2003 por primera vez por el Senado. Sin embargo, el presidente George W. Bush, vetó el proyecto de ley.

En el año 2004, la administración de George W. Bush aplicó un nuevo paquete de medidas dentro de la llamada “Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre”. Dentro de las medidas tomadas, se limitan los viajes y envíos de remesas a solo los familiares cercanos (padres, abuelos, hijos, hermanos), y se alargó la espera para viajar a Cuba a tres años, en el año 2006, con el objetivo de restringir aún más los viajes de los estadounidenses a Cuba. Se impuso también la pena de cárcel y grandes multas, hasta de un millón de dólares, e ilegalizó la compra, por parte de ciudadanos estadounidenses, de bienes de consumo fabricados en Cuba fuera de Estados Unidos

El Bloqueo o el Embargo afecta a Cuba en millones de dólares. De acuerdo con el gobierno cubano, Cuba ha dejado de recibir, por exportaciones y servicios, 40 427,5 millones de dólares, ha tenido pérdidas en el comercio por reubicación geográfica del comercio por 592 millones de dólares, ha afectado a la producción y los servicios por 2 866,2 millones de dólares, el embargo tecnológico ha afectado en 9 375,0 millones de dólares, los servicios a la población se han afectado en 1 565,3 millones de dólares, en el campo monetario financiero la afectación ha sido de 8 640,2 millones de dólares y las limitaciones la emigración ha significado 6 533,8 millones de dólares.

Los Estados Unidos no ha dejado de creer que está, por su cercanía geográfica con Cuba, en la posición que tuvieron a finales del siglo XIX, cuando en 1898, con motivo de la Firma del Tratado de París, se involucraron en la llamada Guerra Hispano Estadounidense, que le permitió apropiarse de Puerto Rico, de las Filipinas y de Guam, sin poderse apropiar en ese momento de Cuba, la última importante colonia española que luchaba por su Independencia, que España negociaba con Estados Unidos, imponiéndose el dominio estadounidense desde 1899 hasta 1902, reservándose Estados Unidos el derecho de intervenir militarmente en la isla, en caso de que surgieran nuevos conflictos internos, y apropiándose a la vez, por arriendo, de la base militar de Guantánamo, territorio que tenía de manera ilegal, para asegurar y proteger las “inversiones estadounidenses”, imponiendo la Enmienda Platt en la Constitución Cubana de 1901, y ejerciendo control de aduanas y de préstamos de Cuba.

En los años siguientes los Estados Unidos tuvo un peso enorme en la economía y política de Cuba. La Enmienda dio origen a lo que en Cuba se conoce como la “República Plattista”.

Frente al desarrollo de la Revolución en la Sierra Maestra, en 1958, en vísperas del triunfo revolucionario Estados Unidos impuso un embargo de armas al régimen de Fulgencio Batista.

Con el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, con la primera Ley de Reforma Agraria de Cuba, las expropiaciones que siguieron de empresas estadounidenses, que la propia Corte Suprema de Estados Unidos las validó, situación que Canadá y Reino Unido también habían aceptado.

En 1960 Cuba firmó un acuerdo con la Unión Soviética para comprar azúcar a cambio de petróleo ya que las empresas establecidas en Cuba, Texaco, Esso y Shell, se negaron a refinar, lo que obligó a Cuba a tomar la decisión de la nacionalización de ellas, lo que llevó al presidente Eisenhower a romper relaciones con Cuba, el 3 de enero de 1961, siguiendo con la ruptura con las relaciones comerciales, basándose en una “Ley de Comercio con el enemigo de 1917”, ley surgida en el marco de la I Guerra Mundial.

En 1933 se fortaleció esta ley por el Congreso de Estados Unidos que facultó al presidente para imponer sanciones económicas contra países extranjeros a través de la prohibición, la limitación o la regulación de las transacciones comerciales y financieras con países hostiles a Estados Unidos en tiempos de guerra. Eran los tiempos de desarrollo de la URSS, a partir del 30 de diciembre de 1922, y del avance del fascismo en Italia, a partir 31 de octubre de 1922, y del nazismo en Alemania, a partir del 20 de febrero de 1920.

De ese modo, a la Revolución Cubana había que descarrilarla desde sus inicios. Así impulsó los Estados Unidos la intervención de la CIA en Bahía Cochinos, en abril de 1961, y medidas para debilitar la vida económica de Cuba, reducir los salarios reales y monetarios, ocasionar hambrunas, desesperación y provocar con ello el derrocamiento del gobierno revolucionario.

Cuba se integró al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), que era la alianza comercial de los países socialistas, que le permitió mantenerse en pie, situación que se sostuvo hasta la caída de la URSS y de los países socialistas, a pesar del bloqueo que ya había iniciado Estados Unidos.

Esta situación obligó a tomar medidas restrictivas, en el llamado período especial, desde 1991 hasta prácticamente el 2007, en el consumo de combustible, de electricidad, en inversiones en la refinería, en la fábrica de níquel.

Estados Unidos aprovechando esta situación arremetió nuevamente impulsando las leyes para la “Democracia en Cuba” o “la Ley Torricelli, de 1992”, del gobierno de George Bush, ley que incluía sanciones para las empresas estadounidenses que mantuvieran tratos con Cuba a través de subsidiarias y prohibía que buques que recalaran en Cuba lo hicieran también en Estados Unidos.

Una segunda Ley, llamada “Para la Libertad y la solidaridad Democrática Cubana” o “Ley Helms-Burton” endureció la anterior ley estableciendo el derecho de acción civil contra cualquier persona que «trafique» con bienes de ciudadanos estadounidenses confiscados o expropiadas en Cuba, aplicable a actos realizados en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos.

Se entendía, en esta ley, los actos de vender, transferir, distribuir, dispensar, truecar, dirigir, disponer de propiedad confiscada, o bien comprar, rentar, recibir, poseer, controlar, usar, adquirir o mantener un interés en propiedad confiscada; o a quien se involucre en una actividad comercial usando o beneficiándose de algún modo de propiedad confiscada, o cause, dirija, participe, obtenga provecho y de se involucre en el tráfico por medio de otra persona.

La “Ley Helms-Burton” le permite a Estados Unidos convertir en delito actos cometidos fuera de sus fronteras y tratarlos tal como si se hubieran cometido dentro de ellas.

Con esta ley se obligó a que empresas extranjeras terminaran sus negocios en Cuba y se redujeran las inversiones y cancelaran sus acuerdos comerciales con Cuba.

En el 2014 los presidentes Barak Obama y Raúl Castro anunciaron la normalización de las relaciones diplomáticas. El gobierno de Obama eliminó a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, facilitó las transacciones de exportación, financieras y comerciales y permitió el ingreso de inmigrantes cubanos a Estados Unidos cuando hubieren pisado la costa de este país.

En el 2017 se deterioran nuevamente las relaciones de Estados Unidos con Cuba, a la llegada de Donald Trump a la presidencia. Con Trump se revertieron las medidas tomadas por Obama y tomó 240 medidas contra Cuba. Entre ellas restringió viajes, prohibió que estadounidenses se alojen en hoteles del Estado cubano como en residencias privadas de ciudadanos cubanos, lo que afectó a más de 400 hoteles cubanos.

En el 2019 prohibió los viajes de estudiantes a Cuba, la llegada de aviones corporativos, cruceros, veleros y barcas pesqueras estadounidenses a Cuba, eliminó los permisos para que ciudadanos estadounidenses asistan u organicen encuentros o conferencias profesionales y participen en presentaciones públicas, talleres, competiciones atléticas o no atléticas y exhibiciones en Cuba, limitó la llegada de vuelos de aerolíneas estadounidenses a Cuba, y los vuelos comerciales de aerolíneas, los vuelos chárter y los vuelos chárter privados estadounidenses a Cuba.

Trump, también vetó los servicios de empresas destinadas a entregar remesas de dinero a Cuba, limitando las dirigidas a ciudadanos cubanos a $1000 por trimestre. Restringió importaciones, reincorporó a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Impuso restricciones a navieras que exportan petróleo desde Venezuela a Cuba.

Con Trump se ha fortalecido el incrementado y el endurecimiento de las medidas del bloqueo a Cuba.

El endurecimiento del embargo durante el gobierno de Donald Trump es una de las causas principales de la reducción del crecimiento de Cuba desde el 2019. Mientras que el crecimiento de Cuba fue de un 2,2% en el año 2018, en el 2019 registró solo un 0,8%.

Con las medidas impuestas por Trump, Cuba no puede acceder a ningún mecanismo de compensación ni a recursos externos de organismos financieros internacionales.

A pesar de las sanciones al petróleo venezolano, Cuba ha continuado recibiendo petróleo venezolano, pero ha caído la cantidad de barriles de petróleo venezolano de 32 000 bpd de crudo, en el 2023, a 8000 bpd en junio de este año, 2025.

También, en junio Trump prohibió transacciones financieras directas o indirectas al ejército cubano, prohibió a ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba, con algunas excepciones a foros y conferencias internacionales, y prohibió el turismo estadounidense a Cuba y el envío de remesas a Cuba.

Trump respalda el embargo económico a Cuba y se opone a los llamamientos para su eliminación en Naciones Unidas y otros foros internacionales.

El Bloqueo o el Embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Ha sido condenado 30 veces por la Asamblea General de Naciones Unidas.

La comunidad internacional sostiene que el Bloqueo viola el derecho internacional.

En octubre de 2016, la votación en la ONU para poner fin al embargo Cuba contó con la abrumadora cantidad de 191 votos en contra y dos abstenciones: Estados Unidos e Israel, los dos únicos países que históricamente han votado en contra.

El máximo órgano de debate de Naciones Unidas ha reafirmado, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en asuntos internos, y la libertad de comercio y navegación internacionales

El resultado de las votaciones del Proyecto de Resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, presentado por Cuba en la Asamblea General de la ONU, es el siguiente, en orden cronológico.

Votaciones en la ONU sobre la resolución contra el bloqueo a Cuba (1992–2024)

Año

A favor

En contra

Abstenciones

Ausencias

1992

59

3 (Estados Unidos, Israel, Rumanía)

71

46

1993

88

4 (Estados Unidos, Israel, Albania, Paraguay)

57

35

1994

101

2 (Estados Unidos, Israel)

48

33

1995

117

3 (Estados Unidos, Israel, Uzbekistán)

38

27

1996

137

3 (Estados Unidos, Israel, Uzbekistán)

25

20

1997

143

3 (Estados Unidos, Israel, Uzbekistán)

17

22

1998

157

2 (Estados Unidos, Israel)

12

14

1999

155

2 (Estados Unidos, Israel)

8

13

2000

167

3 (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall)

4

15

2001

167

3 (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall)

3

16

2002

173

3 (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall)

4

11

2003

179

3 (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall)

2

7

2004

179

4 (Estados Unidos, Israel, Palaos, Islas Marshall)

7

7

2005

182

4 (Estados Unidos, Israel, Palaos, Islas Marshall)

1

4

2006

183

4 (Estados Unidos, Israel, Palaos, Islas Marshall)

1

2007

184

4 (Estados Unidos, Israel, Palaos, Islas Marshall)

1

2008

185

3 (Estados Unidos, Israel, Palaos)

2

2009

187

3 (Estados Unidos, Israel, Palaos)

2

2010

187

2 (Estados Unidos, Israel)

3

2011

186

2 (Estados Unidos, Israel)

3

2012

188

3 (Estados Unidos, Israel, Palaos)

2

2013

188

2 (Estados Unidos, Israel)

3

2014

188

2 (Estados Unidos, Israel)

3

2015

191

2 (Estados Unidos, Israel)

0

2016

191

0

2

2017

191

2 (Estados Unidos, Israel)

0

2018

189

2 (Estados Unidos, Israel)

0

1 (Moldavia)

2019

187

3 (Estados Unidos, Israel, Brasil)

2 (Colombia, Ucrania)

1 (Moldavia)

2021

184

2 (Estados Unidos, Israel)

3 (Brasil, Colombia, Ucrania)

4 (Myanmar, Moldavia, República Centroafricana, Somalia)

2022

185

2 (Estados Unidos, Israel)

2 (Brasil, Ucrania)

4 (Liberia, Moldavia, Somalia, Venezuela)

2023

187

2 (Estados Unidos, Israel)

1 (Ucrania)

3 (Moldavia, Somalia, Venezuela)

2024

187

2 (Estados Unidos, Israel)

1 (Moldavia)

3 (Afganistán, Ucrania, Venezuela



El embargo tiene el objetivo de evitar el éxito del plan económico del estado cubano, evitando así que la Revolución Cubana sirva de ejemplo en otros países latinoamericanos.

Desde 1964 del Departamento de Estado también ha afirmado que Cuba representa una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos y un desafío abierto a la Doctrina Monroe.

El Bloqueo no ha impedido que algunos países no se sometan a las presiones de la Casa Blanca, que actúan como socios comerciales de Cuba, tanto en las importaciones como exportaciones, como son China, España, Alemania, Portugal, Suiza, Países Bajos, Indonesia, Singapur, México, Argelia, Brasil.

En las relaciones comerciales internacionales, Cuba no puede usar el dólar estadounidense en sus transacciones, lo que le impide tener cuentas bancarias en terceros países en ese tipo de moneda y acceder a créditos por parte de bancos estadounidenses o sus filiales en otros países. Tampoco puede acceder a créditos de instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo

En el ámbito sanitario, el embargo ha afectado la llegada de equipos e implementos médicos como oxígeno medicinal, medios de diagnóstico, medicamentos varios, ventiladores pulmonares y los insumos necesarios para llevar a cabo fertilizaciones in vitro y trasplantes de diverso tipo debido a la imposibilidad de comprar productos estadounidenses dentro de esta categoría.

La violación que hace los Estados Unidos por el carácter extraterritorial de su política de Bloqueo ha sido denunciada en los documentos finales de las Conferencias o Encuentros mundiales como la XIX Cumbre del MNOAL, la III Cumbre Sur, la Resolución contra el bloqueo adoptada en el marco de la 38 Cumbre de la Unión Africana, la de la VIII Cumbre de la CELAC, la XXIII Cumbre del ALBA-TCP, la Declaración del Comité de Coordinación Conjunta G77-MNOAL, la 47 Conferencia de Jefes de Gobierno de CARICOM y la 48 reunión ministerial del G77 y China, entre otros foros importantes.

El bloqueo económico, comercial y financiero socava la economía cubana, afecta, directamente, el bienestar de la población, sin distinguir entre sectores sociales o actores económicos, o políticos.

El bloqueo limita los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses y vulnera la soberanía de terceros Estados al imponer sanciones extraterritoriales.

Consideremos algunas cifras. 10 minutos de bloqueo equivalen a 142 mil 966,82 dólares, 2 horas de bloqueo equivalen a 1,4 millones de dólares aproximadamente, 2 días de bloqueo equivalen a 40 millones de dólares, 6 días de bloqueo equivalen a 129 millones de dólares aproximadamente, 16 días de bloqueo equivalen a 339 millones de dólares aproximadamente, 2 meses de bloqueo equivalen a 1 600 millones de dólares.

Desde el mes de marzo de 2024 al 28 febrero del 2025 el bloqueo ha causado daños y perjuicios materiales a Cuba estimados en 7.556,1 millones de dólares.

El bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por 2 billones 103 mil 897 millones de dólares.

En los más de sesenta años de bloqueo el impacto ha sido de 170 000.677,200 millones de dólares, una factura que se le ha pasado al pueblo cubano, que heroicamente la ha resistido aun cuando afecta e impacta a todos los sectores de la sociedad cubana, obstaculizando el bienestar y desarrollo y bienestar del pueblo cubano.

El bloqueo afecta el cuadro básico de medicamentos de Cuba en todo sentido, en producción de medicinas. En adquisición de tratamientos y medicamentos avanzados de fabricación estadounidense, en adquisición de equipos de las diversas especialidades médicas, que ha repercutido para elevar las listas de espera en cirugías casi a un millón de personas.

Empresas de fabricación de instrumentos médicos como Baxter Healthcare, la primera en ventas de máquinas de diálisis a América Latina, y la empresa Drake Whillock, tienen prohibido vender equipos a Cuba.

En educación el bloqueo también tiene su impacto, especialmente en la adquisición de materiales educativos y en la producción de libros de texto. Solo en el 2024 se dejaron de producir textos docentes equivalentes a 2.147.300 ejemplares para escuelas.

En el campo de las exportaciones cubanas el bloqueo provocó daños y perjuicios por 2.608.000 millones de dólares.

Del mes de marzo del 2024 al de febrero del 2025, 40 bancos extranjeros se negaron a realizar operaciones con entidades bancarias cubanas (27 bancos de Europa, 6 de América y 7 del resto del mundo), con 140 operaciones involucradas.

El impacto de la inclusión en la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo, que se ha hecho de Cuba, ha sido significativo para el sector del turismo. Ha hecho reducir el número de visitantes casi en un 50% solo de la Unión Europea.

De marzo de 2024 a febrero de 2025 ese impacto ha sido 2 mil 528 millones 791 mil 469 dólares.

Estados Unidos ha impuesto requerir visa de entrada a cualquier persona que haya viajado a Cuba lo que ha generado un efecto adverso en la llegada de visitantes de los 42 países y ha desalentado los viajes de estadounidenses a Cuba.

En el sector de energía y minas, los daños en este mismo periodo se estima en 496 millones 75 mil 620 dólares. La Unión Nacional Eléctrica reporta el monto más grande de las afectaciones, con 279 millones 345 mil 500 dólares.

Desde el 10 de enero de 2024, la central termoeléctrica Ernesto Che Guevara no ha podido recibir repuestos para sus bombas luego de que la empresa italiana proveedora C.R. Technology Systems fuera adquirida por Trillium Flow Technologies, que gestiona las compras desde EE.UU.

Frente a toda esta criminal política hay dichosamente un rechazo universal al Bloqueo, así expresado en diversos foros internacionales y en las Asambleas Generales de la ONU, de 193 países, como la 80 Asamblea General que se realiza en estos días, que conocerá de nuevo el tema del bloqueo a Cuba.

De los 193 países miembros de la ONU, en esta ocasión del 2025, probablemente algunos países que han votado, en años anteriores, en contra del Bloqueo se abstengan o se sumen a las posiciones de los Estados Unidos por la presiones que están sufriendo directamente del propio presidente Trump, por la redefinición geopolítica que está impulsando para hacer de los Estados Unidos el país hegemónico más importante del mundo, y por estar tratando de imponer un poder mundial unipolar., con los Estados Unidos al frente, y como el gendarme internacional sin control ni límite. Pero, no habrá duda que la inmensa mayoría de países, y con ellos de pueblos del mundo, condena el bloqueo y exige que se suspenda o elimine.

De nuestra parte, condenamos el bloqueo, pedimos que se elimine, que se respete el Derecho de autodeterminación de los pueblos, que se respete la Independencia, la Libertad, la Soberanía de la República de Cuba.

Frente al Bloqueo, nos sumamos a clamar con el pueblo cubano, ¡Patria o Muerte, Venceremos!

La geopolítica del lenguaje neocolonialista y neoimperialista

Vladimir de la Cruz

¿De qué hablamos cuando hablamos de “América”?

Con más frecuencia hoy se divulga el concepto de geopolítica para tratar de entender el enmarañado mundo de las relaciones internacionales, y el papel que en ellas juegan los grandes países, las grandes potencias como también se les reconoce, los países que desempeñan un papel hegemónico en grandes regiones y con proyección mundial, los países que subordinan a otros países o someten regiones a su influencia y a sus decisiones políticas, económicas, militares y culturales, entre otras.

La geopolítica tiene que ver con la geografía en cuanto a espacio y en cuanto a ordenamiento político. La geografía como ciencia define territorios más allá de lo que en esos territorios existe como regiones políticas delimitadas. Así, por ejemplo, América Central como región geográfica es la extensión que se concentra entre la cuenca del Río Atrato, en Colombia, y el Istmo de Tehuantepec, en México, mientras que si se dice Centroamérica, responde este concepto a los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Hoy se ha extendido, la región de Centroamérica, por razones políticas y económicas a Belice, a Panamá, y para algunos efectos a República Dominicana.

Geopolítica también se refiere a la constitución de bloques de países que actúan conjuntamente para atender situaciones políticas, económicas o militares. Geopolítica, igualmente atiende las regiones en conflictos bélicos particulares, donde se encuentran países o regiones en disputas militares políticas y territoriales, y detrás de ellos otros países apoyándolos en sus disputas procurando el triunfo de ellos y el control que puedan generar de los territorios, con sus riquezas naturales, que se encuentran sometidos a esos enfrentamientos.

La geopolítica atiende no solo el espacio geográfico territorial, sino también el espacio de aguas territoriales que les pertenecen a los países o regiones así definidas, a sus espacios aéreos, que también se someten a control, con todo el impacto diplomático que ello contiene, como su repercusión a organismos multilaterales.

Desde hace algunos años se distingue la geografía política y geopolítica, entendiendo la geografía política como parte de la geografía humana mientras la geopolítica como la proyección o expansión internacional de un país en sus áreas periféricas, que impone a la vez el control o el proteccionismo de carácter comercial, la competencia sobre recursos naturales

Detrás de estos conceptos también está la geoestrategia, el control monopólico que se trata de tener sobre rutas comerciales, de transporte y de mercados de materias primas, especialmente estratégicas, minerales o alimentarias como control de mercados de mano de obra barata, para las inversiones extranjeras que se colocan en esos países sometidos a las áreas de influencia geopolíticas.

De manera muy simple se podría decir que la geopolítica es todo aquello que altera el desenvolvimiento pacífico de las relaciones internacionales.

Desde el ascenso a la Presidencia de los Estados Unidos, de Donald Trump, como presidente de ese gran país, se ha impuesto un modelo geopolítico internacional, donde Washington trata de liderar a la fuerza las relaciones internacionales, que como país, Estados Unidos contribuyó a construir.

Así, Trump ha violentado los Tratados Internacionales especialmente comerciales, violándolos unilateralmente, imponiendo en ellos tratamientos que chocan con los intereses regulados en esos tratados, de los países a los cuales trata de imponérseles, de manera ventajosa para los Estadios Unidos, afectando los intereses comerciales y económicos de sus socios comerciales.

Las reglas de carácter arancelario que ha impuesto, de elevar sustantivamente los aranceles a los productos de esos tratados, considerando que Estados Unidos tienen una balanza de pagos desfavorable en esos Tratados ha alterado las relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con países como México y Canadá, que forman parte de un Tratado regional, países que ha reaccionado fuertemente contra Trump y sus políticas. Igualmente ha sido con la República Popular China, solo que China ha actuado con la fuerza que también tiene comercialmente para neutralizar bastante las agresivas políticas que Trump quiso imponerles. China ha ido más allá. Ha declarado, desafiando a los Estados Unidos, que a partir del 2026, las actividades comerciales con China, y los inversionistas que quieran allí establecerse, no serán sometidos a aranceles que perjudiquen sus actividades.

Con países como los de Centroamérica, sencillamente Trump se ha impuesto sin fuerte reacción de sus aliados, por la debilidad de las economías como por la debilidad política de sus gobiernos, haciendo excepción en el caso latinoamericano de Brasil y México.

En el lenguaje político del presidente Trump ha ido más lejos comprometiendo su política exterior: ha considerado que Canadá debe integrarse como parte de la Unión Americana, situación que enfrentó al primer ministro canadiense defendiendo su Soberanía e integridad territorial.

El actual presidente de los Estados Unidos ha amenazado con la necesidad de que Groenlandia pase a ser un Estado de la Unión Americana, enfrentando con ello al Reino de Dinamarca, habida cuenta que Groenlandia es un territorio autónomo de ese Reino, desde 1979 y parte de Dinamarca desde 1953.

Estados Unidos en 1946 habían intentado comprar Groenlandia. En 1951 se autorizó que la OTAN pusiera bases militares en ese territorio, en el contexto de la Guerra Fría que acaba de surgir. Igualmente, el ejército estadounidense podía usar y moverse libremente entre estas áreas de defensa, sin infringir la soberanía danesa en Groenlandia. Estados Unidos expandió considerablemente la Base militar Aérea de Thule entre 1951 y 1953 como parte de una estrategia de defensa unificada de la OTAN.

El gobierno de Estados Unidos intentó construir una red subterránea de sitios secretos para el lanzamiento de misiles nucleares en la capa de hielo de Groenlandia, lo que se conoció como “Proyecto Iceworm”. Esto es parte de lo que hoy Trump quiere desarrollar para ejercer n mayor control no solo del territorio groenlandés, sino también de las rutas comerciales navieras que bordean la parte norte de Groenlandia y del Círculo Polar Ártico, en esa parte del mundo, con influencia de China.

El interés de Trump, desde el 2019, es la gran región territorial que constituye Groenlandia, sus llamadas tierras raras, y riquezas naturales que son muy ricas, entre otras de aluminio, plomo, zinc, hierro, uranio níquel, platino, tungsteno, titanio, cobre, rubíes y otras piedras preciosas, y su poca o escasa población, de tradición Inuit. La Unión Europea no ha reaccionado en defensa o solidaridad con el Reino de Dinamarca frente a esta amenaza de apropiación que valora hacerla incluso militarmente.

Con México Trump impuso un conflicto al llamar al histórico Golfo de México como Golfo de América. El Golfo de México hoy lo comparten Cuba, México y los Estados Unidos, en sus regiones de Cuba, la Artemisa Pinar del Río, de los Estados Unidos, Alabama Florida Luisiana Misisipi Texas, y de México, Campeche Tabasco Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, siendo el litoral de México en el Golfo de México de 3.294 kilómetros y el de Estados Unidos es de 2.626 kilómetros.

Desde el 20 de enero del 2025 Trump impuso con la Orden Ejecutiva 14172 que todas las agencias federales de los Estados Unidos llamen al golfo de México como Golfo de América.

Igualmente, Trump siguiendo la tradición que han mantenido de definir a América con su propio territorio y constitución de los Estados Unidos, considerando incluso, como se enseña la geografía en ese país, que Estados Unidos es Norte América y el resto, a partir del o Río Grande Bravo, frontera colindante, de poco más de 3000 kilómetros, con México, es Sur América, se empeña hoy en enfatizar en ese sentimiento de América y Americanos solo para identificar al territorio de Estados Unidos y sus habitantes, como una nueva modalidad de ubicarse en el mundo actual, en su papel hegemónico y geopolítico dominante que trata de implantar a la fuerza.

La América, considerada como un continente, así se llama desde la dominación conquistadora y colonizadora principalmente española y portuguesa. Su nombre se debe a Américo Vespucio, comerciante, cosmógrafo, explorador y gran navegante que en sus dos viajes a la región “descubierta” por Cristóbal Colón, que dio inicio a esa conquista y colonización, tuvo la visión de entender y divulgar que estaban frente a nuevas tierras, que empezaron a conocerse como las Tierras de Americus.

Colón, por su parte, en su intento de llegar a la India por la ruta occidental, y no por el mediterráneo y rutas terrestres tradicionales en aquella época, pensó que había llegado a las Indias Occidentales, como se llamó originalmente toda la región. Colón falleció en 1506 sin tener idea del nuevo continente. Incluso tuvo el título de Gobernador General del Virreinato de Indias, desde el 17 de abril de 1492 hasta el 10 de marzo de 1496, extendido luego desde el 30 de agosto de 1498 hasta el 23 de agosto de 1500.

El concepto “americano” que hoy Trump quiere impulsar, en su objetivo geopolítico de dominación hegemónica, no tiene asidero histórico. Veamos.

Geográficamente el continente americano se divide en varias regiones, América del Norte, América Central y América del Sur.

La América del Norte comprende a Canadá, Estados Unidos y México, a Groenlandia y el Archipiélago Ártico Canadiense, hasta el Istmo de Tehuantepec en México.

La América Central Ístmica: comprende la región entre el Istmo de Tehuantepec en México, y la cuenca del río Atrato en Colombia, con los países Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

La América del Sur se extiende desde la cuenca del Río Atrato en Colombia hasta el extremo sur del continente, con los restantes países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Brasil Uruguay y las tres Guayanas británica, francesa y holandesa: Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.

A la parte continental del territorio americano se considera también la parte insular o de las Antillas, que comprende a los siguientes países Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, Bahamas, Barbados, el Estado de Puerto Rico, y una serie de pequeñas islas, consideradas las Antillas Menores, dependencia ellas de otros países, tres territorios de ultramar de Inglaterra, cuatro departamentos y colectividades ultramarinos de Francia, tres territorios autónomos de la Países Bajos.

Así, la América tiene sus especificidades para sus respectivas denominaciones. Si decimos “americanos” hablamos de toda la América, si decimos “norteamericanos” nos referimos a los de la América del Norte, los “centroamericanos” referidos a la parte política de la actual Centro América y “sur americanos” a los que habitan la América del Sur. Los referidos a la América Insular se les denomina “caribeños” ya que estas islas se ubican en el Mar Caribe, que comprende la parte tropical del Océano Atlántico hasta las costas de la América Central.

Si se trata la América por la presencia europea que la conquistó, colonizó y dominó por 300 años tenemos también regiones: Hispanoamérica, la que dominó España; Luso América, la que dominó Portugal; Anglo América, la que dominó Inglaterra o Gran Bretaña, la Franco América, dominada por Francia, denominaciones que también se traducen al idioma de los conquistadores y colonizadores dominantes; Ibero América cuando se unen España y Portugal como países dominantes; Latino América cuando se agrega Francia junto a España y Portugal; Anglo América a las regiones bajo la influencia Inglesa, así como también se usa la América Neerlandesa, por la influencia Holandesa.

Estas diferencias se han llevado a polémicas internacionales que tienen que ver con las Academias de los Idiomas o Lenguas, para precisar la definición den los gentilicios y formas de llamar a los habitantes de las distintas regiones, incluso considerando un nombre como sustantivo o como adjetivo.

Así la Real Academia de la Lengua Española recomienda no usar el término “americano” o “América” para referirse exclusivamente a los habitantes de los Estados Unidos. En este sentido se debe usar “estadounidense”, que frente a la arremetida lingüística geopolítica de Trump es como deberíamos enfatizar quienes nos oponemos a esa agresión geopolítica.

Fue usual que en las guerras de independencia de la América Española se usara el concepto “americano” para distinguirse de los “españoles”.

No se debe usar el concepto suramericano para distinguir a los habitantes de toda la América de habla hispana, incluyendo a los mexicanos, y por extensión a los de habla francesa, portuguesa, u holandesa.

El uso de América para referirse a los Estados Unidos, y de americanos para sus habitantes, es lo que se impuso en la tradición inglesa y en la tradición anglosajona, así avalado por el Oxford Dictionary.

Políticamente nos corresponde llamar la atención, en este momento de la Historia que vivimos, llamar en nuestros escritos y habla, a los habitantes de los Estados Unidos, “estadounidenses”. Es la forma más precisa de combatir el trumpismo galopante como nueva forma ideológica de dominación, que afecta usos, tradiciones y conceptos históricos de nuestras comunidades identitarias.

El continente América seguirá siendo la Casa Común de todos los que lo habitamos. Las particularidades identitarias serán válidas para las regiones. Pero, la particularidad de los estadounidenses no debe extenderse de manera equivocada como americanos solo para ellos.

La Organización de los Estados Americanos, OEA, que nos reúne a todos los del continente, se define a sí misma como la organización de todos los Estados americanos, en inglés “The Organization of American States”, y en español, “la Organización de los Estados Americanos”.

Cuando Colón llegó a América desconocía su existencia como continente, y como tierras pobladas y organizadas social y políticamente. Como las tierras americanas no eran dependientes de los reinos europeos, con la orden de apropiarse de las tierras que no pertenecieran a otros reinos europeos, se las apropio en nombre de los Reyes Católicos de España, dando origen a esa idea del descubrimiento de nuevas tierras, y de lo que llegó a constituirse como el imperio colonial español.

El territorio estaba ampliamente poblado. Todo el continente se dice entre 90 y 110 millones de habitantes, Centroamérica de entre 5 y 7 millones, Costa Rica, entre 500.000 y un millón de habitantes. No se podía descubrir lo que estaba ampliamente poblado, y que en su interior había grandes imperios y sociedades muy desarrolladas.

Todos estos habitantes americanos con sus organizaciones sociales y políticas debidamente funcionando, con sus sistemas políticos reconocidos y legitimados en su existencia, que fueron violentados en todo su ordenamiento para imponerles el modelo de organización política, económica, religiosa, social, jurídica e ideológica de España, Portugal, Francia e Inglaterra, según se fueron estableciendo como modelos de organización política y de vida social.

La llegada de los españoles durante 400 años dominó el recuerdo y la celebración de aquel encuentro de culturas. El primer centenario, el segundo centenario y el tercer centenario de esa llegada o presencia no se celebró. El cuarto centenario, 1892, cuando la América, casi toda, ya era independiente se celebró mundialmente con la Exposición Mundial de Barcelona desde 1888, de donde surgió también el concepto de España como la Madre Patria de todo el continente, y se inauguró el Monumento a Colón, época en que se aumentaron los estudios sobre América.

En Washington se había producido la I Conferencia Panamericana, enrre1889 y 1890, y en Madrid la Exposición Histórico-Americana y la Exposición Histórico-Europea, que se celebraron entre el 12 de septiembre y el 31 de diciembre de 1892.

Con la celebración del V Centenario de la llegada de los españoles, en 1992, se replanteó la forma de su celebración y se produjo la idea del Encuentro de Culturas frente a la idea del Descubrimiento. El 12 de octubre asociado a la llegada de Colón al continente se cambió en ese sentido en su celebración.

Parte de ese cambio fue declarar en algunos países el Día de los Pueblos Indígenas, como así se le ha llamado en Estados Unidos, desde 1968, hasta el jueves 9 de octubre del 2025 cuando el Presidente Trump, en esa arremetida que tiene contra los valores que no comparte y que quiere destruir ideológica y geopolíticamente, proclamó que este día en los Estados Unidos debía llamarse el Día de Cristóbal Colón, agregando que amaba a los italianos, y proclamando el día feriado en honor al Gran Almirante y navegante, borrando de esa manera la proclamación que había hecho el Presidente Biden, en 2021, de declarar ese día como el Día de los Pueblos Indígenas, que honraba la historia de los nativos y pueblos autóctonos americanos, evocando también las matanzas y extinción que significó la conquista de América desde la llegada de Colón.

Trump así se ha puesto a exaltar ese genocidio conquistador colonialista, que lo identifica con el apoyo que hoy le da, con su gobierno, a las guerras colonialistas, expansivas y genocidas que se siguen dando en el mundo actual.

Estamos frente a constantes neologismos políticos, hegemónicos e ideológicos que procuran justificar la nueva dominación geopolítica que se impulsa bajo el gobierno de Donald Trump, en los Estados Unidos.

Compartido con SURCOS por el autor.

Voces contra el bloqueo: memoria viva de 65 años de bloqueo

La Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales Manuel Mora Valverde, junto con la Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), invitan al conversatorio “Voces contra el bloqueo: memoria viva de 65 años de bloqueo”, un espacio para reflexionar sobre el impacto y la historia del bloqueo impuesto a Cuba.

La actividad contará con la participación de Eric Valdés, jefe de misión diplomática de Cuba en Costa Rica, y del Dr. Vladimir de la Cruz de Lemos, miembro del Consejo Universitario de la UNED y docente catedrático de la Universidad de Costa Rica.

El conversatorio se llevará a cabo el martes 28 de octubre, a las 5:00 p.m., en el Paraninfo de la UNED, y será transmitido en vivo por Onda UNED.

Candidatos y partidos políticos

Vladimir de la Cruz

Que haya 20 candidatos a la presidencia de la República no me preocupa. Me parece que esto es parte de la expresión democrática que existe, que permite que personas, o grupos de personas, que no sesienten representados por partidos políticos, se organicen para participar en la campaña electoral. Esto es válido.

La existencia de esta cantidad de partidos molesta a algunas personas. En la campaña electoral anterior del 2022 fueron 25 candidatos presidenciales. Su molestia se orienta negativamente a plantear la necesidad de reducir el número de candidatos, lo que es igual a reducir el número de partidos políticos. Algunas personas incluso concentran su opinión en que no debería haber más de cuatro partidos, y algunos otros destacan como en algunos países dos partidos son los dominantes del escenario electoral.

Si se siguiera el criterio de estas personas efectivamente solo habría esos 4 o 2 partidos políticos, lo que sería un tetrapartidismo o un bipartidismo.

En Costa Rica hemos tenido esa experiencia en la práctica electoral. Cuando desde 1949 hasta el 2014 el Poder Ejecutivo, la presidencia de la República, se la alternaban dos partidos, se hablaba del bipartidismo político, por el dominio que esos dos partidos tenían de la Presidencia de la República, independientemente de si en los procesos electorales participaban más de dos partidos con candidatos presidenciales, que eran los partidos Liberación Nacional y el que para este análisis llamo Unidad Social Cristiana.

En el 2014 y en el 2018 el Poder Ejecutivo lo eligió el Partido Acción Ciudadana. Con este partido se le dio una estocada de muerte al tradicional bipartidismo presidencial. Se rompió la tradición, se superó ese monopolio que esos dos partidos tenían. Pasamos del bipartidismo presidencial al tripartidismo presidencialista. Esto se vivió como un fortalecimiento de la democracia nacional. Muchos electores igualmente se alegraron de ese triunfo continuo de dos gobiernos sobre el bipartidismo tradicional. Lamentablemente para el partido Acción Ciudadana su gestión presidencial de dos gobiernos, pero especialmente el segundo, fue pésimamente percibida y asimilada por el electorado, que ni siquiera le favoreció con la elección de un diputado.

En la elección nacional del 2022, sorpresivamente otro partido, de cortísimo tiempo de existencia, el partido Progreso Social Democrático, se impuso a esos tres partidos políticos que habían gobernado el país desde 1949 hasta el 2022. Con ello avanzamos al tetrapartidismo presidencial, cuando cuatro partidos políticos han llevado a la Presidencia de la República a sus candidatos. Eso es lo que hemos tenido, independientemente de si en esos procesos electorales llegan a participar hasta 25 partidos políticos con sus respectivos candidatos.

La práctica de la vida democrática y electoral, del sistema político costarricense ha hecho que los votantes se inclinen con sus votos de esa manera.

En el 2022, de nuevo se derrotó al bipartidismo tradicional, ya fuera de Poder Ejecutivo desde el 2014 y al tripartidismo político que había emergido en el 2014.

Hacia las elecciones de febrero del 2026 en el escenario electoral esos cuatro partidos están disputando la presidencia con otros 16 partidos políticos. Pero, esos cuatro partidos están siendo retados por un nuevo partido político, Pueblo Soberano.

Hoy son más frágiles y volátiles los electores, más emocionales, más irracionales para hacer esa decisión de sufragio. Ya no atienden a los partidos políticos, como organizaciones político-electorales, les importa poco sus programas electorales de gobierno, son indisciplinados partidarios, son seguidores de personas más que de partidos como organizaciones con disciplinas partidarias, son gente desorganizada pero movilizada agresiva y emocionalmente fanatizada en la identificación que tiene con su líder, con quien les ha enamorado. Más se llevan por la imagen, por las frases huecas, vacías, altisonantes, de insultos, de agresiones verbales contra opositores, de comportamientos pachuquezcos, de matonismo, de gritos, de frases irrespetuosas, de poca elaboración intelectual que tocan las fibras hepáticas de los resentidos sociales, excluidos y marginados de los beneficios sociales nacionales y de las políticas de acciones gubernativas, generalmente de sectores desclasados, lumpescos de diversos grupos sociales, pero especialmente de bajos estratos urbanos y rurales, oprimidos social y económicamente y los auto oprimidos ideológica y mentalmente identificados con el que consideran el principal líder, a modo de un nuevo mesías, un salvador, que no pudiendo reelegirse impulsa a sus seguidores a apoyar a su candidata presidencial de esa nueva organización, Pueblo Soberano, que se presenta como la continuadora del presidente, no del partido que lo eligió en el 2022, sino de un nuevo partido que procurará borrar del escenario electoral a todos los otros partidos políticos, a sus candidatos y a todo lo que ellos representan como lo peor que ha dado la sociedad costarricense. Así se está perfilando obligadamente el proceso electoral.

Estamos a las puertas de avanzar hacia el pentapartidismo, cuando otro nuevo partido, un quinto partido, llegue a gobernar el país.

De los anteriores partidos que han gobernado el país, Liberación Nacional es el que más está reluciendo. La coalición del Partido Acción Ciudadana con Agenda Democrática Nacional, bajo el nombre de Coalición Agenda Ciudadana, ha logrado incrustarse en los más llamativos, con la dificultad que tiene su candidata de no distinguirse con claridad de las malas obras y acciones de gobierno que hiciera el presidente Carlos Alvarado, en su gobierno del 2018-2022, ni de distinguirse de ese gobierno señalando como rectificar lo que se le cuestiona al presidente Alvarado, lo que da la sensación de que es otra continuación política, como los es Pueblo Soberano del actual gobernante.

En este sentido el que más sobresale, sobre ellos, es el candidato de Esperanza Nacional, Claudio Alpízar, que se presenta más fresco. La Unidad Social Cristiana pareciera que se desinfló presidencialmente, quedándose sin hoja de ruta y sin brújula.

El partido Progreso Social Democrático no está jugando en la presidencial, aunque tenga a su fundadora como la candidata presidencial.

Con este escenario, ¿por qué tenerles miedo a muchos partidos? La verdad es que el proceso se va concentrando poco a poco en ocho partidos llamativos, Liberación Nacional, Pueblo Soberano, Esperanza Nacional, Unidad Social Cristiana, Coalición Agenda Ciudadana, el Frente Amplio que tiene una buena fracción parlamentaria, seguidos de Unidos Podemos y Nueva República.

En todo este embrollo para las elecciones de febrero vamos con 20 partidos nacionales, con sus candidatos presidenciales y un grupo parecido de partidos con aspirantes a diputados. No se puede eliminar ni impedir la participación de los que han cumplido con los requisitos formales de inscripción.

Los que claman por eliminar y reducir partidos en cierta forma claman por recuperar la vieja estructura bipartidista del pasado para que de esa forma se definan los procesos electorales, con dos principales partidos, considerando a toda la población costarricense dividida en dos grandes grupos electorales.

A nivel parlamentario en el escenario producen escalofríos algunos de los posibles candidatos que pueden llegar a la Asamblea Legislativa: deudores de la Caja Costarricense del Seguro Social, demandados judicialmente en el campo penal, cuestionados moral y profesionalmente, ¡cuidado, que algunos de ellos pueden hasta estar vinculados a las organizaciones narcocriminales y del tráfico de drogas!, como ya los han señalado.

Compartido con SURCOS por el autor.

¿No votar en las próximas elecciones?

Vladimir de la Cruz

Han circulado llamamientos. Son de sectores chavistas y rodriguistas, que preocupados, y por sentirse amenazados, por las acusaciones que se han realizado contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, por haberlo llevado a un antejuicio a la Asamblea Legislativa, para considerar si le levantaban o no su inmunidad, para que fuera procesado en la vía penal, como cualquier ciudadano, y porque el Tribunal Supremo de Elecciones, en uso de sus facultades constitucionales y legales, ante acusaciones veraces de la beligerancia política del presidente, que realiza el presidente Chaves, se han planteado ante ese Tribunal, ha solicitado que por este motivo la Asamblea Legislativa conozca nuevamente de la posibilidad de levantarle su fuero presidencial.

Legal y constitucionalmente el Tribunal Supremo de Elecciones puede gestionar esta solicitud. Es el custodio del campo electoral nacional en su máxima expresión. Es el mejor capacitado para actuar en esa dirección como lo está haciendo.

La beligerancia política, el entrometimiento del presidente todos los días en la política que no le corresponde, atacando a los partidos políticos opositores, atacando a todos los partidos políticos con representación legislativa, excepto a sus diputados, atacando y deslegitimando a los Poderes Públicos, incluso al Tribunal Supremo de Elecciones, tratando de minarles la confianza pública que tienen, el respeto constitucional que se merecen y creando el ambiente y la atmósfera que lo que se pretende es un golpe de estado contra su gobierno. Incluso un golpe de estado patrocinado por el Tribunal Supremo de Elecciones, insinuando que se presta a un gran fraude contra sus partidos políticos, que participaran en las elecciones próximas, con posibilidad de que no los dejen participar.

Parte de sus partidarios y fanáticos seguidores incluso llaman a tomar las armas para defender al presidente. Uno de ellos ha dicho públicamente que tiene las armas al servicio de quien se las solicite. Ha encendido los ánimos de sus seguidores que se vuelven agresivos. Uno de sus diputados incluso ha amenazado con extrañar, expatriar y expulsar costarricenses opuestos al presidente.

Otros ciudadanos que lo siguen curiosamente han llamado a no votar en las próximas elecciones como protesta, lo que es la tesis más idiota que se pueda esgrimir.

Si se trata de no votar porque el sistema electoral no produce confianza no da ningún resultado absoluto de que no se vote y no se elija a alguno de los 20 candidatos que hay inscritos. La votación se realiza con todo el padrón electoral abierto, con todos los ciudadanos que tiene el derecho al sufragio, todos mayores de 18 años. En Costa Rica el voto no es obligatorio, se manera que el resultado electoral se produce con los que participen, y si uno de esos candidatos logra el 40% de votación de los pocos que lleguen a sufragar gana. Si no lo saca, se pasa a la segunda ronda electoral en la que triunfa el que más votos tenga. El proceso electoral está hecho para que produzca un resultado.

Si el llamado es para desalentar a los antichavistas, a los que no quieren que el rodriguismo y el chavismo continúen en el gobierno, con cualquiera de sus partidos jaguar, es que procuran que solo los chavistas salgan a votar y así asegurar su triunfo.

Ciertamente, como se está presentando el panorama electoral no hay aún un faro que alumbre el camino hacia el primer domingo de febrero. Todavía hay pugnas importantes en algunos de los partidos, hay amenazas y solicitudes para que a algunos de ellos no les permitan participar en las elecciones. Los candidatos están muy desdibujados, salvo aquellos que por tradición o porque pagan acceso a los medios de comunicación, les toman en cuenta, para divulgarles como para considerarlos en las guerras de encuestas que se realizan, que están aparentemente polarizadas a dos contrincantes, siendo uno de ellos permanente, en cuanto representa el continuismo gubernativo.

Los candidatos desdibujados cubren todo el escenario, los presidenciales y los que aspiran a diputados. La reacción que se ha levantado contra los partidos políticos, y sus estructuras y dirigencias partidarias, ha hecho que la inmensa mayoría de las personas ya postuladas sean de poco conocimiento público y político, por ello, incoloras, insaboras e inodoras, por lo que no dejan de ser también peligrosas…políticamente.

En el ejercicio político la iniciativa política la tiene siempre el Poder Ejecutivo en tanto allí se toman las principales decisiones políticas y administrativas de toda la Administración Pública, de todos los ministerios e instituciones públicas. Son decisiones diarias, cotidianas nos gusten o no nos gusten, nos beneficien o no nos beneficien. Son decisiones políticas en que desde ese Poder y sus instituciones se meten con cada uno de nosotros todos los días. No es la Asamblea Legislativa la que se mete con nosotros de esa manera, es el Poder Ejecutivo el que así lo hace.

Desde este punto de vista el Poder Ejecutivo realiza actos y decisiones políticas que se meten todos los días con los, ciudadanos. Si la política de esa manera se mete con uno, entonces, los ciudadanos tenemos el deber, la obligación de meternos en la política, de meternos en la discusión política, en el debate de si se deben o no continuar las políticas que no nos gustan. Habrá quienes se metan porque les gusta como el gobierno actúa.

Así, no hay que caer en la trampa de no participar en política, en el proceso electoral o de no votar. Es una tesis, en este momento, reaccionaria, conservadora, de derecha si se quiere usar este término, que solo favorece al oficialismo y el continuismo político. Es de lo más peligroso que puede argüirse contra la democracia política que tenemos, por débil que sea.

Hay que tomar la decisión de votar por un candidato presidencial, con su partido, o votar por un partido con su candidato a presidente. De igual modo, hay que tomar la decisión de votar por sus candidatos a diputados, o por la persona que parezca mejor y más apta para gobernar, y para representarnos en la Asamblea Legislativa.

Lo que votan toman la decisión de votar por los que no votan. ¡Así es la cosa! O votamos nosotros o votan por nosotros. Algo de esto pasó en las elecciones del 2022. ¿Quiere usted, querido y apreciado lector, que esto vuelva a pasar?

Compartido con SURCOS por el autor.

El sometimiento policial y de la Seguridad Pública ante el Tribunal Supremo de Elecciones

Vladimir de la Cruz

El pasado 1 de octubre dio inicio oficialmente el proceso electoral de Costa Rica, para cambiar al presidente de la República, sus dos vicepresidentes y la integración de los 57 diputados del Poder Legislativo.

Las elecciones se realizarán simultáneamente el primer domingo de febrero del 2026. Si en esa fecha ningún candidato presidencial, de los 20 inscritos, alcanza el 40% de los votos, se procederá a una segunda vuelta con los dos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos o el mayor porcentaje electoral. Esta segunda ronda se resolverá, por simple mayoría entre esos dos candidatos el primer domingo de abril del 2026.

Los diputados electos el primer domingo de febrero asumen su curul legislativa el primero de mayo del 2026 y el ocho de mayo, ante ellos, el nuevo presidente de la República, por un período de cuatro años asume la presidencia de la República.

El proceso electoral es absolutamente blindado, seguro y hasta ahora ha sido eficaz y confiable a los ciudadanos.

Resultado de la guerra civil, de marzo y abril de 1948, en Costa Rica se produjo un cambio político radical. La causa de la guerra fue la anulación de un resultado electoral presidencial a favor del periodista Otilio Ulate Blanco, frente al “socialcristiano”, reformista, aliado de los comunistas, Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, que aspiraba a una reelección, después de haber sido presidente de la República, en el periodo 1940-1944, luego de haber impulsado una reforma social muy avanzada, que comprendió la aprobación del Código de Trabajo, en 1943, y la incorporación a la Constitución Política del Capítulo de las Garantías Sociales, en 1943.

El gobierno que le siguió, del Lic. Teodoro Picado, de 1944 a 1948, fruto de una coalición con los comunistas, aprobó, entre otras cosas, una Reforma Tributaria y un Código Electoral, en 1946, para garantizar “pureza en los sufragios” para evitar situaciones de “fraudes” en procesos electorales como los que se habían cuestionado anteriormente.

Los insurrectos, defensores de su victoria, enemigos políticos de los derrotados, contrarios a las reformas sociales y a la alianza existente con los comunistas, ante la anulación de las elecciones que perdía Calderón Guardia, se levantaron en armas a favor del resultado electoral para Otilio Ulate. Triunfados, los insurrectos se impusieron por dos años a Ulate, quedándose en el poder hasta el 7 de noviembre del 1949, llamando a ese período de Gobierno como el de la Fundación de la Segunda República, que se extiende en tiempo histórico hasta hoy.

Durante los 19 meses de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República se hicieron reformas muy importantes. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la actual Constitución Política, se mantuvo el Código Electoral. Al Tribunal Nacional Electoral, que había nacido con el Código Electoral en 1946, se le cambió de nombre por Tribunal Supremo de Elecciones, otorgándosele luego el carácter de Poder de la República, junto al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con igual nivel jerárquico, independencia administrativa, exclusividad e indelegabilidad de sus funciones. También, se abolió el Ejército como institución permanente en Costa Rica, sustituyéndose por una Fuerza Pública policial.

Entre las decisiones que se tomaron se estableció al Tribunal Supremo de Elecciones como el órgano director y organizador de todos los procesos electorales, cuyas resoluciones sobre los resultados electorales son inapelables. Así ha sido desde 1949 hasta hoy.

Todos los procesos electorales presidenciales, los 18 que ha habido, han sido respetados en sus resultados. Sobre ninguno de ellos se ha cuestionado nada relacionado con el proceso electoral. Esto ha provocado en estos 76 años un alto nivel de cultura política, cívica y electoral sobre la validez de los procesos electorales, al punto que, al día siguiente de cada proceso electoral, el resultado es aceptado y validado popular, política y nacionalmente por todos los partidos políticos que participaron en cada proceso electoral y por los seguidores de ellos, así como por los abstencionistas electorales de urnas y por los que no se presentaron a votar.

Un elemento destacable de estos procesos electorales y de la institucionalidad política costarricense, es que toda la Fuerza Pública, la fuerza policial, desde el primer día que inicia el proceso electoral, el 1 de octubre, hasta el día final que termina el mismo, con sus resultados electorales validados, se somete en mando supremo al Tribunal Supremo de Elecciones. Se le quita el mando de la Fuerza Pública al Poder Ejecutivo y se pasa al “Poder” electoral, garantizando con ello que el Poder Ejecutivo no puede presionar ni usar de ninguna manera a las fuerzas policiales, “armadas”, en su poder y mando para actuar sobre el proceso electoral. El Ministerio de Seguridad, puesto así, queda subordinado durante todo el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones, situación que no se da en ningún país del continente Americano, por más democráticos que puedan llamarse. Lo usual en todos esos otros países es que las Fuerzas Armadas, los Ejércitos y los militares, ocupen un lugar destacado en el manejo del proceso electoral, especialmente relacionado con el cuido, manejo de las urnas electorales y de sus traslados a los recintos donde se cuentan los votos.

La organización electoral, en Costa Rica, desde la producción del material de votación, la distribución del mismo a las distintas Juntas Electorales, queda en mano del Tribunal Supremo de Elecciones y no de la Fuerza Pública policial, así como la recolección de las tulas electorales, con las boletas o papeletas de elección, que las disponen para su entrega al Tribunal Supremo de Elecciones, los miembros civiles, no militares, representantes de los partidos políticos en las mesas electorales, dejándose copia de los resultados todos los miembros de los partidos políticos que participan del conteo de los votos.

En todo el proceso electoral no participan de manera directa las fuerzas policiales, más allá de estar supeditadas al Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar de esa manera los comicios electorales.

El que esto escribe fue candidato en tres ocasiones a la presidencia de la República, en 1998, 2002 y 2006. En una de esas elecciones se presentó una situación particular, en dos mesas electorales, en dos pueblos y recintos electorales muy alejados entre sí, en Desamparados de la Provincia de San José y en Talamanca, en la Provincia de Limón.

Las juntas electorales se integran con ciudadanos, civiles, no militares ni policiales, representantes de los diversos partidos políticos que participan en las elecciones, que así los nombran. En ambas mesas electorales, curiosamente, casi a la misma hora, alrededor de las 10 de la mañana, se presentaron los siguientes hechos: en una se presentaron policías armados a ejercer su derecho de voto. En la otra, ingresó a la Escuela del recinto electoral, un vehículo policial con policías armados a ejercer su sufragio. En ambos casos, las juntas electorales actuaron de igual manera. Impidieron que los policías “en armas”, portando sus pistolas, ingresaran de esa manera a los recintos electorales, obligándoles a “desarmarse” y a retirar de la escuela, donde estaban las Juntas Electorales, los vehículos policiales. Los policías protestaron y se negaban a dejar sus armas. En ambas situaciones las Juntas Electorales suspendieron el proceso de votación mientras se consultaba al Tribunal Supremo de Elecciones, las situaciones que se estaban dando. El Tribunal fue contundente y en minutos resolvió que las Juntas Electorales tenían razón y que los policías, bajo las órdenes del Tribunal Supremo de Elecciones, debían desarmarse para entrar a ejercer sus derechos electorales.

Esta es una situación realmente única en el mundo. Difícilmente hay otro país en que en el proceso electoral así se actúe, con las fuerzas militares y policiales bajo el poder y el control de los Órganos Electorales competentes y constitucionales. Este es parte del valor democrático de la sociedad costarricense.

En la ceremonia de traslado de mando de la Fuerza Pública al Tribunal Supremo de Elecciones, del pasado primero de octubre, el presidente de la República, como autoridad superior del Poder Ejecutivo participó del acto protocolario con muy mala cara. No se le veía satisfecho, contento de entregar el mando policial a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, habida cuenta que en dicho acto se le restaba fuerza y se le quitaba el argumento de que el Tribunal Supremo de Elecciones venía fraguando un posible Golpe de Estado, motivo por el cual él, el presidente, convocó a la Reserva Nacional, para resguardar su seguridad política y la del Estado.

Igualmente, en sus discursos provocadores, destacaba que, junto con la Reserva Nacional, la fuerza pública que le protegía se duplicaba en efectivos en armas frente a cualquier intento de golpistas o posibles insurrectos contra su gobierno. Obviamente, si sigue con la cantaleta del Golpe de Estado, no solo contra su gobierno sino también contra su candidata, entenderá que ahora el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a su cargo la Fuerza Pública, e institucionalmente es el jerarca superior de todas las fuerzas policiales del país.

¿Y la Reserva Nacional? ¿Está funcionando? ¿Bajo cuáles autoridades o jefaturas, o bajo cuál Ministerio, el de Seguridad o el de la Presidencia, o como guardia personal del presidente de la República?

Si la Reserva Nacional está organizada, convocada y funcionando, también debe someterse en obediencia de mando ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿O no es así?

¿Por qué en la ceremonia de traspaso de Banderas de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública, que se le entregó en mano a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, no se hizo lo mismo, simbólicamente al menos, con los distintivos y efectivos y contingentes de la Reserva Nacional? ¿Se está violando la Constitución Política? ¿Sigue la Reserva Nacional, si está organizada y entrenando como lo ha venido haciendo, como una policía especial del presidente, como eran las policías del Partido Nazi alemán, desde 1921, la SA, (la Sturmabteilung), o las tropas de asalto, que actuaron en la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, y las SS (las Schutzstaffel), que se mantuvieron hasta el final de la II Guerra Mundial, protegiendo al dictador?

Si la Reserva Nacional (reserva@msp.go.cr) está convocada, organizada y entrenando oficialmente, debe realizarse oficialmente, también, una ceremonia mediante la cual se someta en obediencia institucional y policial militar ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Igualmente, debe sancionarse a las autoridades que no trasladaron ese mando como constitucionalmente está establecido, ocultándolo, sea el presidente de la República, con el “ejército” que lo considera casi privado suyo o los altos jerarcas ministeriales del Ministerio de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero y Manuel Jiménez Steller, el viceministro de las Unidades Especiales, como lo eran la SA y la SS de Hitler.

Compartido con SURCOS por el autor.

La Independencia de Centroamérica

El 15 de septiembre como fecha clave para las luchas independentistas

Vladimir de la Cruz de Lemos

La dominación de la conquista y la colonia española en el continente americano se inició con la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre 1492, cuando asumió de hecho la propiedad de las tierras por él “descubiertas”, de las cuales no tenían conocimiento los europeos. La expansión de los reinos europeos le permitía apropiarse de manera natural de aquellas tierras que no pertenecían a reinos europeos conocidos.

Eran los tiempos de inicio del desarrollo del capitalismo mundial, cuando estos reinos hacían valer su poder por el poderío de sus riquezas o de sus extensiones terrestres. Fue la base del colonialismo mundial desarrollado posteriormente de manera más fina, eficaz, depredadora.

La dominación y opresión se prolongó hasta finales del siglo XX, cuando después de la II Guerra Mundial, particularmente, se desarrollaron las luchas anticoloniales y de liberación nacional que produjeron que las Naciones Unidas (organización fundada en 1945, con 52 países como miembros fundadores) hoy tengan 194 estados, repúblicas o países miembros de esa comunidad internacional.

Los temas de control de riquezas naturales y extensiones territoriales siguen siendo hoy objetivos geopolíticos estratégicos de gran relevancia en las relaciones internacionales, particularmente cuando el Presidente Donald Trump plantea sin temor (y con gran prepotencia imperial) el control de territorios como Groenlandia, la anexión de Canadá, el control de la franja ístmica de Panamá por su canal interoceánico, su proyección sobre las tierras raras de Ucrania y su visión de la región de Palestina y la franja de Gaza para hacer un gran centro turístico y de diversión como las riberas turísticas del Mediterráneo o de juego como Las Vegas, temas para otra ocasión.

La presencia de los vikingos en el continente americano (con su llegada a Groenlandia, Canadá, entre los años 990 y 1050, y su posible presencia en la región noreste de los Estados Unidos, en la zona de los grandes lagos, hacia el año 1000) no tuvo ninguna proyección importante al resto de Europa por su fracaso colonizador. Nos quedaron sus zagas y sus recuerdos, que parecen más leyenda que realidad histórica.

Los cuatro viajes de Colón permitieron dimensionar la continentalidad americana, junto con los viajes marítimos de los grandes navegantes que se desataron en aquella época, que permitieron tener una visión global de La Tierra y una visión de extensión del continente gracias a Americus Vespucio, quien la dimensionó y divulgó al punto que se le reconoció en su nombre el continente de América.

La grandeza de los territorios de los que los españoles hacían derecho de propiedad les obligó a fragmentarlos para una mejor dominación y control de tierras, de hombres y de riquezas naturales. Así se desarrollaron los Virreinatos: el de Nueva España (o de México), en 1535, que fue el más extenso de todos y se proyectó hasta Asia y Oceanía, seguido por el de Perú, 1542, el de Nueva Granada en 1717 y 1723, y el del Río La Plata, 1776.

Al frente de los Virreinatos se estableció una reproducción de las estructuras del poder político español con sus respectivos funcionarios políticos y administrativos, y una división interior territorial, que también reprodujo las estructuras de poder político, administrativo y religioso, reproduciendo allí las autoridades políticas, administrativas y religiosas para ejercer mejor control de los territorios y de la población dominada.

En los Virreinatos, España establecía Reinos, Capitanías Generales, Gobernaciones, Intendencias, Partidos, Diputaciones y Señoríos, como en México, y otras formas de administración y control político administrativo.

El Virreinato de México incluyó lo que actualmente es México, los actuales estados estadounidenses de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Florida, parte territorial de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Luisiana. Comprendió, también, la parte suroeste de la Columbia Británica, del actual Canadá.

A ello agregó las llamadas Capitanías Generales, como la Capitanía General de Guatemala (que incluía a los actuales países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, los estados de Chiapas —que también fue Intendencia — y Belice); la Capitanía General de Santo Domingo, 1535 (actual República Dominicana), la Capitanía General de Cuba, 1777, y la Capitanía General de Puerto Rico, 1582.

La conquista fue el período de guerra y sometimiento de las comunidades autóctonas, indígenas. La colonia fue el período en que, dominadas las comunidades y controladas las poblaciones, las organizaron para su mejor explotación económica.

Los períodos de conquista se prolongaron en las diferentes regiones hasta que los españoles lograron asentarse, desarrollar o fundar sus ciudades y ejercer desde allí el control territorial y político.

Consolidada la conquista, el período de la colonia culminó con la lucha por la Independencia, contra la dominación política y territorial que llegó hasta finales de la década de 1820.

Los procesos de independencia se dieron de manera diversa. Así, en México, en sus regiones, se produjeron en distintos momentos esas resistencias anticoloniales.

De esta manera, cuando se trata la Independencia de Centroamérica, se habla de la región que entonces comprendía la Capitanía General de Guatemala, y no del conjunto de México.

Usualmente, no se aborda el proceso de la Independencia de una manera simultánea o comparativa con lo que sucedía en el resto del territorio mexicano.

Así, por ejemplo, el 15 de setiembre de 1808, Pablo Alvarado, estudiante costarricense de Medicina en Guatemala, es reprimido y encarcelado por hacer publicaciones anti españolistas. El mismo Pablo considera haber sido el primer detenido en toda la Capitanía por ese motivo, y el 15-16 de setiembre de 1810, con el llamado Grito de Dolores del padre Miguel Hidalgo, en México, se inicia la lucha insurreccional por la Independencia de México.

Así, en el territorio de México, desde 1810 se desarrollan las luchas por su Independencia, y en la Capitanía General de Guatemala también levemente desde 1808. Se van a desarrollar como procesos paralelos e independientes, como sucedieron en otras partes del continente.

En el área de Centroamérica, en la Capitanía General de Guatemala, hubo movimientos anti españolistas, algunos con características insurreccionales, el cinco noviembre de 1811 en San Salvador, liderados por José Manuel Arce, contra la crueldad y malos tratos del intendente Antonio Gutiérrez.

En 1813 y 1814 se dieron otros movimientos similares, públicos y clandestinos, según fuera necesario, en otros pueblos, provocando la reacción represiva monárquica.

La insurrección salvadoreña terminó con la cárcel de sus principales líderes patriotas. En 1814 se produce una conspiración en San Salvador que nuevamente fue derrotada. Iguales movimientos se dieron en 1811, en Nicaragua, en las ciudades de León, Granada, en Rivas. Los líderes de la insurrección en Nicaragua fueron capturados y trasladados a Guatemala, donde fueron condenados a cadena perpetua y tratados brutalmente. En Costa Rica también se produjeron algunos movimientos anti españolistas.

En 1821, se puede decir, se vinculan en su etapa final los sucesos de México con los de la Capitanía General, a partir de la idea del Imperio de Agustín de Iturbide, el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, que abrió los espacios para que los movimientos independentistas en la Capitanía empezaran a verse en el espejo de México, como parte continua de la misma unión que había tenido bajo el Virreinato, sin monarquía española, sin monarquía dominante, sino bajo un ideal republicano.

El 24 de febrero de 1821, el líder revolucionario mexicano Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide (en ese momento representando las fuerzas represivas monárquicas) pactaron una alianza en el llamado Plan de Iguala, que cambió el rumbo de los acontecimientos independentistas de los días siguientes.

Tres meses después, el cinco de julio de 1821, se produjo el levantamiento contra el Virrey Apodaca en México, obligándolo a presentar su renuncia, siendo sustituido el 30 de julio por el nuevo Virrey, Juan de O’Donojú, quien entendía y comprendía mejor la situación de independencia que se daba en el Virreinato, por lo que se entrevista con Iturbide, firmando el 24 de agosto el Tratado de Córdoba, confirmando en lo sustantivo el Plan de Iguala que nombraba a Iturbide Presidente, proclama la Independencia de México y le declara Emperador.

De esa manera, en el sur de México, que estaba agitado, se altera la Provincia de Chiapas, colindante con Oaxaca, que era parte de la Capitanía General de Guatemala. De modo que, el 28 de agosto, el Cabildo de la Ciudad de Comitán acuerda proclamar la Independencia el siguiente primero de septiembre, fecha en que también se declaran independientes Chiapas y Oaxaca.

El tres de septiembre también lo hizo el Ayuntamiento de Ciudad Real (actual San Cristóbal), noticias que llegaron a la ciudad de Guatemala el cuatro de setiembre, al mismo tiempo que el Jefe Político Superior, Gabino Gaínza Gabino, en el Ayuntamiento, reconocía que en Guatemala había inconformidad con el régimen y se estaban recogiendo firmas exigiendo la Independencia.

En la sesión del Ayuntamiento de Guatemala del cuatro de septiembre, el patriota Mariano Aycinema propuso imitar a Oaxaca. En El Salvador, ese mismo cuatro de setiembre, el patriota y sacerdote José Matías Delgado solicitaba en un memorial lo mismo.

En la región de Chiapas, la agitación continuaba. El cinco de septiembre, el Ayuntamiento de la Ciudad de Tuxtla se declara independiente, y el ocho de septiembre toda la Provincia de Chiapas declarará su Independencia, se separará de Guatemala y se une al Imperio Mexicano de Iturbide, lo que repercute fuertemente en la Capitanía General.

Desde el 13 de setiembre, en el Palacio de los Capitanes, en Guatemala, donde se discutían estos sucesos, se concentraban las personas, el pueblo, exigiendo a gritos que se declarara la Independencia, bajo vigilia popular de las manifestaciones que lideraba María Dolores Bedoya, la esposa del Dr. Pedro Molina, uno de los grandes patriotas y activistas pro independentistas.

El 14 de setiembre se circularon invitaciones a los ciudadanos para presionar a la Diputación para que el día 15 se pronunciara. La reunión fue convocada por Gabino Gaínza, quien tenía mayoría de representantes enemigos de la independencia. Por eso, Aycinena, Pedro Molina y José F. Barrundia invitaron a los vecinos y convocaron al pueblo de los distintos barrios a congregarse frente al Palacio de Gobierno.

De esa forma se obligó a que, el 15 de setiembre de 1821, conociendo los sucesos de Chiapas, se proclamara la Independencia de Guatemala, que era la capital de la Capitanía General, declaración de Independencia que hizo conocer al resto de las provincias de la Capitanía, para que resolvieran de acuerdo con sus propios intereses.

Al declararse Guatemala independiente, automáticamente liberó a las provincias para que así lo decidieran. Así lo hicieron El Salvador, el 21 de setiembre; Comayagua, Honduras, el 28 de setiembre; León, de Nicaragua, en un primer momento el 28 de setiembre y luego el 11 de octubre. Costa Rica, que recibió esa noticia el 13 de octubre lo hizo después de consultar en sus pueblos el 29 de octubre de 1821.

A Costa Rica llegaron copias de las Actas de Independencia de Guatemala y de León, de Nicaragua, porque Costa Rica dependía de Guatemala en aspectos de Guerra, Justicia y Hacienda, y de León, en aspectos de Política, Economía y Policía.

Aquel día, del 29 de octubre, el entonces presidente de la regencia del imperio mexicano, Agustín de Iturbide, invitó a Guatemala a formar parte de México, lo que ya había hecho con el resto de las provincias, invitándolas a enviar representantes a las Cortes Constituyentes que iban a trabajar en México.

La abdicación de Agustín de Iturbide a la corona imperial mexicana, el 19 de marzo de 1823, dejó liberadas a todas las provincias que, de una u otra manera, en sus actas de Independencia, en 1821, habían manifestado su adherencia. Así, procedieron a la realización de su Congreso, convocado desde el 15 de setiembre de 1821, en la propia Acta de Independencia de Guatemala.

El 24 de junio de 1823 se instaló al Congreso Centroamericano, que tuvo el carácter o la forma de Asamblea Nacional Constituyente.

El primero de julio de 1823, el Congreso declaró la Independencia Absoluta de Centroamérica de España, agrupándose inicialmente bajo el nombre de Provincias Unidas de América Central, y luego bajo la forma de República Federal del Centro de América.

La Declaratoria del 1 de julio de 1823 fue a modo de reafirmación en la región de la Independencia Absoluta de Centroamérica de España, que impulsó a la agrupación inicial bajo el nombre de Provincias Unidas de América Central y luego, bajo la forma de República Federal del Centro de América. Esto ha llevado al actual gobierno de Honduras a celebrar como su fecha de Independencia, desde este año, el primero de julio de 1823.

El Congreso Centroamericano también dispuso, en 1824, que en Centroamérica se celebrara el 15 de septiembre de 1821 como la fecha de Independencia de la región, fecha que debía celebrarse junto con la fecha propia con que cada provincia había tomado su decisión de Independencia.

De este modo, la fecha precisa de cada país es: el 15 de septiembre para Guatemala, el 21 de septiembre para El Salvador, el 28 de septiembre para Honduras, el 12 de octubre para Nicaragua y el 29 de octubre para Costa Rica, fechas que en la práctica no se celebran, porque domina el referente histórico de la fecha del 15 de septiembre.

(Publicado en MEER.com.es el 24 de setiembre del 2025 y compartido con SURCOS por el autor).

El apagón de las torres de control de tráfico aéreo

Vladimir de la Cruz

Los aeropuertos del país, el Juan Santamaría, el Daniel Oduber y el Tobías Bolaños, como los aeropuertos principales de Costa Rica, para sus vuelos locales como internacionales tienen su Torre de control, que es la que coordina salida y entrada de vuelos esas pistas, en lo que corresponde a despegues y aterrizajes.

Los controladores aéreos, con su radar con alcance a todo el territorio nacional, pueden observar y detectar todo el movimiento de entrada de naves aéreas al territorio nacional, desde que tocan el espacio aéreo costarricense, y pueden ir siguiendo el curso de esas naves. Así se supervisa, analiza y dirigen las operaciones de todos los procesos de vuelos que se realizan en territorio costarricense.

Eso es posible porque los aviones tienen equipos de radios VHF (Very High Frequency) que operan normalmente entre 118.000 MHz y 136.975 MHz, que es el rango asignado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Así, esos radios permiten la comunicación directa, clara y precisa con la torre de control y otros servicios que se brindan. En este sistema hay frecuencias especiales de emergencia.

Las torres de control de tráfico aéreas se pueden escuchar con un escáner de radio capaz de recibir señales de muy alta frecuencia en la banda de aviación, que admita frecuencias de aire entre 118.000 y 136.975 MHz.

Los trabajadores de las torres de control de tráfico aéreas para trabajar en ellas reciben un entrenamiento muy riguroso, incluso con exámenes y cursos especializados que comprenden conocimientos de navegación aérea, comunicaciones y meteorología aeronáutica, control de tránsito aéreo, fraseología y lenguaje propio de la aeronáutica, las reglamentaciones aéreas.

Los controladores aéreos trabajan por turnos, de manera que los que están de turno son los responsables de las aeronaves que vuelan en un área tridimensional del espacio aéreo conocido como área de control, área de control terminal, aerovía, etc. y otros conceptos.

Desde la torre de control también se ejerce control terrestre sobre el movimiento de las aeronaves en tierra, como de los vehículos que circulan en las pistas.

Todos los aviones tienen formas de comunicarse con la torre de Control de Tráfico Aéreo, ATC en sus siglas en inglés.

Los controladores aéreos tienen una gran responsabilidad laboral, que no está bien pagada. Los Controladores de Tráfico Aéreo, como todos los trabajadores han sido sometidos a la Ley Marco de Empleo Público, que los ha afectado en sus salarios. Por ello, han hecho paros y protestas legítimas, porque en el caso costarricense también los someten a jornadas excesivas sobre el delicado trabajo que realizan, para que en las distintas fases de cada vuelo los aviones puedan desplazarse con seguridad. A los controladores aéreos se les exige ser bilingües, con el inglés. Los controladores aéreos no deben trabajar más de 10 horas por turno, que incluye descansos en esa jornada, y entre turno y turno deben descansar obligatoriamente por lo menos 10 horas.

En Costa Rica los controladores aéreos tienen el Sindicato de Profesionales de Control de Tránsito Aéreos (SITECNA), que es la organización laboral que los ha representado cuando han discutido con el gobierno sus condiciones de trabajo, no solo salariales, sino de mejoras laborales. El mayo, una de sus últimas luchas, también pidieron más personal, porque los estaban sobre explotando laboralmente, provocándoles mucho cansancio y estrés laboral. En mayo pasado este servicio estaba colapsado, lo que afectó en ese mes el tráfico aéreo.

Los controladores aéreos de Costa Rica dependen de la Dirección General de Aviación Civil, fue creada el 26 de octubre de 1949, que es, actualmente, un órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es quien tiene a cargo toda la planificación, regulación y provisión de los servicios aeronáuticos en el país. En Estados Unidos es la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés.

Los controladores aéreos tienen relación directa también con Seguridad Pública y con el Servicio de Vigilancia Aérea, para coordinar y apoyar acciones de los cuerpos policiales, en sus distintas misiones. En esta relación, los controladores aéreos tienen la obligación de informar al Servicio de Vigilancia Aérea sobre el movimiento de naves sospechosas que ingresan al territorio nacional. Así, por ejemplo, si en el Caribe sur, entra una nave pequeña, detectada en el radar, que de pronto desaparece del radar, porque empieza a volar más bajo para evitar ser detectada, situación que se da en los casos que se sospecha que son transportadoras de drogas, los controladores aéreos tienen la obligación de informar inmediatamente al Servicio de Vigilancia Aérea, para que se active en el control de esa nave que desapareció.

Esta es una situación que se reporta con regularidad, sin que se reporten accidentes de aviones, por lo que se debe presumir que “aterrizan” en pistas legales o ilegales, las que pueden ser fácilmente detectablemente desde el aire o cuando se tiene información de su existencia en tierra. Eso facilita el ingreso de la droga a Costa Rica procedente de Colombia. Si no hay control eficiente del Servicio de Vigilancia Aérea, junto con la policía terrestre encargada de la persecución de estos alijos de drogas, más fácilmente penetra la droga al país.

En ese sentido, el Servicio de Vigilancia Aérea tiene que actuar, enviar sus aviones de control o realizar las tareas que le corresponda, lo que no siempre se realiza con la prontitud del caso.

Un ejemplo de esta “pereza” operativa fue el accidente de la avioneta que se estrelló saliendo de Pavas, en las laderas del Monte de la Cruz y de Pico Blanco. La torre de control informó inmediatamente al Servicio de Vigilancia Aérea de la desaparición de radar de esa avioneta. Varias veces se informó sin que el Servicio de Vigilancia Aérea se moviera ni enviara a nadie a investigar. La avioneta siniestrada la divisó un piloto privado, y gracias a su hallazgo se pudo atender la caída de la aeronave y atender a la única sobreviviente de ese vuelo.

Recientemente, la falla en el radar del aeropuerto Juan Santamaría paralizó prácticamente todos los vuelos nacionales, incluso se obligó a desviar casi 50 vuelos que estaban programados.

Si el radar del aeropuerto Juan Santamaría pudo producir ese impacto, perfectamente fue el tiempo para que en su ausencia se produjeran vuelos clandestinos, transportando drogas al país, por el tiempo que el radar estuvo fuera de circulación. ¿Cuánta droga pudo meterse al país en ese lapso, sin control alguno de la penetración de naves al territorio nacional, y sin acciones del Servicio de Vigilancia Aérea en una situación como esa? ¿Se tiene un buen registro de los aeropuertos privados en fincas en las zonas costeras del Caribe costarricense, y de sus regiones aledañas? ¿Se tiene ese mismo control de las otras regiones asociadas a las rutas de tránsito de las drogas por el sur del país? ¿La Marina de Limón que se ha querido impulsar tiene algo que ver con esta situación de transporte de drogas al país? ¿Durante el apagón de los radares se ejerció mayor control de esas regiones, en lo que correspondía en paralelo en tierra y por mar?

La lucha contra las drogas no es solo por los escáneres en tierra en la región de Limón. También tiene que darse con las alertas que desde el Servicio de Vigilancia Aérea se comunica de las desapariciones del radar de las naves que se les informa.

Se debería dar una explicación más detallada a la ciudadanía, sobre el no funcionamiento de los radares.

Compartido con SURCOS por el autor.

Conferencia: El gobierno de Juan Rafael Mora Porras durante la guerra

La Academia Morista Costarricense y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi, se complacen en invitarle a la conferencia El gobierno de Juan Rafael Mora Porras durante la guerra  por Vladimir de la Cruz de Lemos.

Esta actividad es parte de la Semana Morista 2025

La conferencia será virtual el lunes 29 de setiembre a las 4:00 p.m. y se transmitirá por los Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/ y Facebook Academia Morista Costarricense https://academiarorista.org/

El antejuicio presidencial

Vladimir de la Cruz

El pasado lunes se puso a prueba la democracia costarricense. Se puso a prueba la institucionalidad democrática. Se puso a prueba el Estado de Derecho, con su independencia de los Poderes Públicos, afirmando la exclusividad, la especificidad y la indelegabilidad de sus funciones.

Lo sucedido en la Asamblea Legislativa fue un triunfo de la Democracia Política nacional, independientemente de cómo se aprecien los resultados de la sesión parlamentaria.

El sistema democrático tiene un escudo protector sobre sus principales funcionarios públicos, los que ocupan la mayor jerarquía constitucional de la estructura de los poderes, el presidente, los vicepresidentes, los ministros, de los ministerios oficialmente establecidos por ley, los diputados, todos los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones y algunos pocos más funcionarios del Estado.

Se les protege, en lo que se llama inmunidad, contra la detención o procesamiento judicial en la vía penal, salvo que se les capture en flagrante delito. Si así fuere, se puede ordenar su detención inmediata, pero comunicando inmediatamente a la Asamblea Legislativa y a la Corte Supremo.

El propósito de esta inmunidad es asegurar que puedan ejercer su función y desempeño institucional libremente, sin temor a persecución política arbitraria, o de ser sometidos a cascadas de denuncias sin fundamento, para poder garantizar así la independencia y el funcionamiento, trabajo y desempeño de estos altos funcionarios, que impida a la vez paralizar u obstruir el funcionamiento de uno de esos poderes de la República, o que distraiga la atención de estos funcionarios de sus principales obligaciones, trabajos y desempeños.

La inmunidad de que gozan, por privilegio así establecido, no exime a estos funcionarios de su responsabilidad. Lo único que hace es retrasar, postergar procesos judiciales en su contra hasta tanto pierdan esa inmunidad que gozan, o hasta que, en nuestro caso, la Asamblea Legislativa lo autorice, en lo que se resulta un levantamiento de la inmunidad o desafuero, que es el acto por el cual se elimina la restricción procesal que impide que ese alto funcionario pueda ser juzgado como cualquier ciudadano.

La inmunidad asegura que los representantes del pueblo, electos popularmente, puedan ejercer sus funciones sin temor a ser víctimas de represalias y, así, mantener el vínculo entre ellos y los ciudadanos que los eligieron. Así se garantiza la representación popular. Igualmente, evita que los poderes públicos puedan utilizarse para accionar procesos penales que conduzcan a intimidar, presionar o alterar decisiones, incluso alterar el equilibrio de poderes. Con la inmunidad se garantiza también la independencia de los poderes públicos.

Lo que se discutía en el fondo de la sesión de parlamentaria del lunes era la inmunidad, no la inviolabilidad del funcionario presidente. La inmunidad para que no pudiera ser detenido ni enjuiciado penalmente mientras permanezca en su puesto. La inviolabilidad no se alteraba porque no se trataba de su libertad de pensamiento y opinión dentro del ejercicio de su cargo, como lo hace en su estilo todos los miércoles.

Así las cosas, para procesar penalmente al presidente la Asamblea Legislativa es la que debe levantar la inmunidad que le protege.

El procedimiento seguido para levantar la inmunidad, en este caso del presidente, pasa por el envío, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de un expediente que contiene la información necesaria y suficiente, para que lo diputados la evalúen y decidan si levantan o no esa inmunidad. Para ello, cuando reciben la información se nombra del seno de los diputados una Comisión evaluadora de esos documentos, los analiza y rinde un informe al pleno de los diputados, quienes en votación razonada deciden si levantan o no la inmunidad. Esto es lo que se llama un antejuicio legislativo, que no se pronuncia sobre el fondo, tan solo da o no el visto bueno para que la causa penal que se persigue pueda realizarse inmediatamente, o se posterga para cuando el funcionario pierda su inmunidad. El antejuicio así se convierte en un procedimiento penal especial establecido para proteger a los altos funcionarios públicos, de acusaciones infundadas o temerarias que puedan perturbar el ejercicio de sus funciones. Es una antesala procesal, a nivel parlamentario, del proceso judicial donde finalmente el funcionario cuestionado tendrá que enfrentar su cuestionamiento.

El antejuicio parlamentario no es un juicio político. Juicio político pueden hacer los diputados todos los días de 3 a 4 p.m., en la hora que llaman control político, que es lo que menos hacen. Los parlamentos han desarrollado este control político sobre el poder, especialmente Ejecutivo, y sobre todos los funcionarios de los poderes públicos, que juzguen someter a esa evaluación política. Es la actividad orientada a controlar el ejercicio de la Administración Pública.

El antejuicio parlamentario no es una censura, lo cual también puede hacer la Asamblea Legislativa, sin que en Costa Rica tenga mayores consecuencias. Es como un canto a La Luna. En otros países la censura puede significar la pérdida de confianza en el funcionario y puede obligar a su dimisión o renuncia, que en los sistemas parlamentarios también conduce al cambio completo del Consejo de Ministros, o del Gabinete Ministerial.

El lunes no se enjuició ni censuró al presidente. Tan solo se dispuso no someterlo por ahora a ningún proceso penal, que se le seguirá, de conformidad a su expediente, en el momento en que no esté cubierto por la inmunidad o prerrogativa que le protege por su cargo, en esta causa que conoció la Asamblea Legislativa.

El lunes, en este sentido ganó el régimen republicano, la democracia política costarricense, el sistema de pesos y contrapesos políticos, la independencia de los poderes públicos, la libertad de opinión de los legisladores respecto a la valoración de los documentos que les fueron presentados. Los diputados era natural que estuvieran fragmentados en torno a esta evaluación documental, a favor, en contra o con dudas.

El presidente no salió ganando nada. Lo que ganó fue atrasar su juicio, pero no lo canceló, no se agotó. Si la Asamblea hubiera levantado su inmunidad, su juicio se hubiera trasladado a la vía ordinaria, como la de cualquier ciudadano, y allí podría haber durado muchos meses en su trámite, y finalización de juicio.

El trámite legislativo que esta causa tuvo si se politizó, desde dentro y desde fuera de la Asamblea Legislativa, entre los que querían que le levantara la inmunidad y los que se oponían, casi condenándolo de previo.

Eso puso en evidencia la fragilidad, la debilidad hoy de los partidos políticos, la volatilidad o inestabilidad de diputados. Los partidos políticos hace mucho tiempo se desdibujaron como organizaciones sólidas, poderosas, de pensamiento, de acción compartida. Sus estructuras dirigentes se debilitaron perdiendo toda capacidad de cohesión alrededor de sus comités políticos superiores, de sus dirigentes políticos, históricos, nacionales. Los partidos políticos dejaron de formar a sus partidarios y a sus militantes principales en valores, doctrinas y principios de esos partidos. Los partidos dejaron de ser opciones programáticas hacia el país y dejaron de ser alternativas de desarrollo nacional institucional y democrático.

Los partidos se han montado en ejes del desarrollo impuesto por estructuras y organismos internacionales que poco tienen que ver con los valores sustantivos de la nacionalidad y del ser costarricense. Los organismos internaciones ponen las agendas de gobiernos y obligan a que se les sigan. De allí que altos ejecutivos de esos organismos, en gobiernos, operan como si trabajaran de cola de esos organismos.

Los partidos políticos dejaron de dirigir a sus diputados hace mucho tiempo. Los soltaron y se soltaron. Los diputados de los partidos, como fracciones, asemejan la cola del perro gobernando al perro, sustituyeron a los comités políticos nacionales y a sus dirigentes. Los partidos políticos, como organizaciones, no se sienten en el interior de la Asamblea Legislativa, no emiten pronunciamientos sobre el quehacer parlamentario o nacional.

El lunes pasado como partidos coherentes, sólidos, actuaron en la Asamblea Legislativa el Frente Amplio, Nueva República y Liberación Nacional y la fracción de Pilar Cisneros, la fracción realmente de gobierno identificada plenamente con el presidente Chaves. Liberación Nacional tuvo una disidente en su votación. El Partido Liberación Nacional y su candidato a la presidencia Álvaro Ramos habían solicitado a sus diputados votar a favor del levantar la inmunidad. Hicieron un buen trabajo. Otro grupo de diputados compacto fue el de los llamados independientes, que se han salido de sus partidos. El partido Unidad Social Cristiana hizo un esfuerzo importante como partido, con su candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo, como líder superior hacia la campaña electoral actuó correctamente, acompañado de su Asamblea Nacional partidaria, que no fue suficiente, habida cuenta que 5 de sus 9 diputados se enfrentaron a ellos. A mi modo de ver, Juan Carlos Hidalgo y la Asamblea Nacional de ese partido salieron ganando hacia la campaña electoral, mostrando compactación, cohesión, unidad. Los diputados van de salida.

En el trabajo político partidario con los diputados de la Unidad Social Cristiana se evidenció la poca educación, cultura, identificación y disciplina partidaria. Recuerdo dos situaciones, ajenas a nuestro medio político, de lo que son los principios. Un dirigente político, parlamentario español, en una ocasión sometido a una votación difícil. Su partido había dispuesto votar de una manera, que él no compartía. A la hora de la votación hizo una intervención haciendo la defensa de sus tesis, señalando que, a pesar de sus argumentos, votaba como había dispuesto su partido. Un alto Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, igualmente, una vez votó jurídicamente una tesis en conciencia que él no estaba de acuerdo, pero que jurídicamente había que votarla de esa manera.

El elemento alucinante del día lunes fue el anuncio de Laura Fernández advirtiendo que si gana la presidencia su ministro de la Presidencia será Rodrigo Chaves Robles. Esta fue la cereza del pastel del lunes. Si así fuera, Rodrigo Chaves prorrogaría su inmunidad, su fuero privilegiado, “de tico con corona, con privilegio”, como le gusta llamar a algunos ciudadanos. Eso lo sabremos en dos instancias. El primer domingo de febrero, si Laura gana o pasa a la segunda vuelta; y, en caso de que haya una segunda ronda electoral el primer domingo de abril. Si no gana ni pasa a la segunda ronda, hasta allí llega Rodrigo Chaves para ser perseguido judicialmente y, eventualmente enjuiciado. Mientras no haya elecciones no hay ganador. El lunes lo que hubo fue un simple trámite procesal penal.

¿Aun así, Rodrigo Chaves podría escaparse de la justicia? Sí. Si Laura pierde Rodrigo Chaves no se queda en Costa Rica. Sale en carrera, huyendo…con la cola del jaguar entre las piernas.

En 1948, a mediados de abril, terminada la Guerra Civil y en trámite las conversaciones de la Embajada de México, para entregarle al Gobierno a Otilio Ulate, que se lo dejó don José Figueres, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, ya se había ido para Nicaragua, para evitar represalias y eventual apresamiento. El Lic. Teodoro Picado, presidente pidió permiso de salida del país, hacia Nicaragua, dejando la presidencia en el Primer Designado, Ing. Santos León Herrera, quien entregó el poder, al terminar el período presidencial, el 8 de mayo de 1948, no a Ulate, sino a José Figueres Ferrer. ¿El 8 de mayo del 2026, quien entregará el Gobierno, el presidente Rodrigo Chaves Robles o su vicepresidenta Mary Munive Angermüller?

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