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Voces contra el bloqueo: memoria viva de 65 años de bloqueo

Escrito en 23/10/2025. Publicado en Solidaridad internacional.

La Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales Manuel Mora Valverde, junto con la Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), invitan al conversatorio “Voces contra el bloqueo: memoria viva de 65 años de bloqueo”, un espacio para reflexionar sobre el impacto y la historia del bloqueo impuesto a Cuba.

La actividad contará con la participación de Eric Valdés, jefe de misión diplomática de Cuba en Costa Rica, y del Dr. Vladimir de la Cruz de Lemos, miembro del Consejo Universitario de la UNED y docente catedrático de la Universidad de Costa Rica.

El conversatorio se llevará a cabo el martes 28 de octubre, a las 5:00 p.m., en el Paraninfo de la UNED, y será transmitido en vivo por Onda UNED.

Candidatos y partidos políticos

Escrito en 23/10/2025. Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Que haya 20 candidatos a la presidencia de la República no me preocupa. Me parece que esto es parte de la expresión democrática que existe, que permite que personas, o grupos de personas, que no sesienten representados por partidos políticos, se organicen para participar en la campaña electoral. Esto es válido.

La existencia de esta cantidad de partidos molesta a algunas personas. En la campaña electoral anterior del 2022 fueron 25 candidatos presidenciales. Su molestia se orienta negativamente a plantear la necesidad de reducir el número de candidatos, lo que es igual a reducir el número de partidos políticos. Algunas personas incluso concentran su opinión en que no debería haber más de cuatro partidos, y algunos otros destacan como en algunos países dos partidos son los dominantes del escenario electoral.

Si se siguiera el criterio de estas personas efectivamente solo habría esos 4 o 2 partidos políticos, lo que sería un tetrapartidismo o un bipartidismo.

En Costa Rica hemos tenido esa experiencia en la práctica electoral. Cuando desde 1949 hasta el 2014 el Poder Ejecutivo, la presidencia de la República, se la alternaban dos partidos, se hablaba del bipartidismo político, por el dominio que esos dos partidos tenían de la Presidencia de la República, independientemente de si en los procesos electorales participaban más de dos partidos con candidatos presidenciales, que eran los partidos Liberación Nacional y el que para este análisis llamo Unidad Social Cristiana.

En el 2014 y en el 2018 el Poder Ejecutivo lo eligió el Partido Acción Ciudadana. Con este partido se le dio una estocada de muerte al tradicional bipartidismo presidencial. Se rompió la tradición, se superó ese monopolio que esos dos partidos tenían. Pasamos del bipartidismo presidencial al tripartidismo presidencialista. Esto se vivió como un fortalecimiento de la democracia nacional. Muchos electores igualmente se alegraron de ese triunfo continuo de dos gobiernos sobre el bipartidismo tradicional. Lamentablemente para el partido Acción Ciudadana su gestión presidencial de dos gobiernos, pero especialmente el segundo, fue pésimamente percibida y asimilada por el electorado, que ni siquiera le favoreció con la elección de un diputado.

En la elección nacional del 2022, sorpresivamente otro partido, de cortísimo tiempo de existencia, el partido Progreso Social Democrático, se impuso a esos tres partidos políticos que habían gobernado el país desde 1949 hasta el 2022. Con ello avanzamos al tetrapartidismo presidencial, cuando cuatro partidos políticos han llevado a la Presidencia de la República a sus candidatos. Eso es lo que hemos tenido, independientemente de si en esos procesos electorales llegan a participar hasta 25 partidos políticos con sus respectivos candidatos.

La práctica de la vida democrática y electoral, del sistema político costarricense ha hecho que los votantes se inclinen con sus votos de esa manera.

En el 2022, de nuevo se derrotó al bipartidismo tradicional, ya fuera de Poder Ejecutivo desde el 2014 y al tripartidismo político que había emergido en el 2014.

Hacia las elecciones de febrero del 2026 en el escenario electoral esos cuatro partidos están disputando la presidencia con otros 16 partidos políticos. Pero, esos cuatro partidos están siendo retados por un nuevo partido político, Pueblo Soberano.

Hoy son más frágiles y volátiles los electores, más emocionales, más irracionales para hacer esa decisión de sufragio. Ya no atienden a los partidos políticos, como organizaciones político-electorales, les importa poco sus programas electorales de gobierno, son indisciplinados partidarios, son seguidores de personas más que de partidos como organizaciones con disciplinas partidarias, son gente desorganizada pero movilizada agresiva y emocionalmente fanatizada en la identificación que tiene con su líder, con quien les ha enamorado. Más se llevan por la imagen, por las frases huecas, vacías, altisonantes, de insultos, de agresiones verbales contra opositores, de comportamientos pachuquezcos, de matonismo, de gritos, de frases irrespetuosas, de poca elaboración intelectual que tocan las fibras hepáticas de los resentidos sociales, excluidos y marginados de los beneficios sociales nacionales y de las políticas de acciones gubernativas, generalmente de sectores desclasados, lumpescos de diversos grupos sociales, pero especialmente de bajos estratos urbanos y rurales, oprimidos social y económicamente y los auto oprimidos ideológica y mentalmente identificados con el que consideran el principal líder, a modo de un nuevo mesías, un salvador, que no pudiendo reelegirse impulsa a sus seguidores a apoyar a su candidata presidencial de esa nueva organización, Pueblo Soberano, que se presenta como la continuadora del presidente, no del partido que lo eligió en el 2022, sino de un nuevo partido que procurará borrar del escenario electoral a todos los otros partidos políticos, a sus candidatos y a todo lo que ellos representan como lo peor que ha dado la sociedad costarricense. Así se está perfilando obligadamente el proceso electoral.

Estamos a las puertas de avanzar hacia el pentapartidismo, cuando otro nuevo partido, un quinto partido, llegue a gobernar el país.

De los anteriores partidos que han gobernado el país, Liberación Nacional es el que más está reluciendo. La coalición del Partido Acción Ciudadana con Agenda Democrática Nacional, bajo el nombre de Coalición Agenda Ciudadana, ha logrado incrustarse en los más llamativos, con la dificultad que tiene su candidata de no distinguirse con claridad de las malas obras y acciones de gobierno que hiciera el presidente Carlos Alvarado, en su gobierno del 2018-2022, ni de distinguirse de ese gobierno señalando como rectificar lo que se le cuestiona al presidente Alvarado, lo que da la sensación de que es otra continuación política, como los es Pueblo Soberano del actual gobernante.

En este sentido el que más sobresale, sobre ellos, es el candidato de Esperanza Nacional, Claudio Alpízar, que se presenta más fresco. La Unidad Social Cristiana pareciera que se desinfló presidencialmente, quedándose sin hoja de ruta y sin brújula.

El partido Progreso Social Democrático no está jugando en la presidencial, aunque tenga a su fundadora como la candidata presidencial.

Con este escenario, ¿por qué tenerles miedo a muchos partidos? La verdad es que el proceso se va concentrando poco a poco en ocho partidos llamativos, Liberación Nacional, Pueblo Soberano, Esperanza Nacional, Unidad Social Cristiana, Coalición Agenda Ciudadana, el Frente Amplio que tiene una buena fracción parlamentaria, seguidos de Unidos Podemos y Nueva República.

En todo este embrollo para las elecciones de febrero vamos con 20 partidos nacionales, con sus candidatos presidenciales y un grupo parecido de partidos con aspirantes a diputados. No se puede eliminar ni impedir la participación de los que han cumplido con los requisitos formales de inscripción.

Los que claman por eliminar y reducir partidos en cierta forma claman por recuperar la vieja estructura bipartidista del pasado para que de esa forma se definan los procesos electorales, con dos principales partidos, considerando a toda la población costarricense dividida en dos grandes grupos electorales.

A nivel parlamentario en el escenario producen escalofríos algunos de los posibles candidatos que pueden llegar a la Asamblea Legislativa: deudores de la Caja Costarricense del Seguro Social, demandados judicialmente en el campo penal, cuestionados moral y profesionalmente, ¡cuidado, que algunos de ellos pueden hasta estar vinculados a las organizaciones narcocriminales y del tráfico de drogas!, como ya los han señalado.

Compartido con SURCOS por el autor.

¿No votar en las próximas elecciones?

Escrito en 22/10/2025. Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Han circulado llamamientos. Son de sectores chavistas y rodriguistas, que preocupados, y por sentirse amenazados, por las acusaciones que se han realizado contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, por haberlo llevado a un antejuicio a la Asamblea Legislativa, para considerar si le levantaban o no su inmunidad, para que fuera procesado en la vía penal, como cualquier ciudadano, y porque el Tribunal Supremo de Elecciones, en uso de sus facultades constitucionales y legales, ante acusaciones veraces de la beligerancia política del presidente, que realiza el presidente Chaves, se han planteado ante ese Tribunal, ha solicitado que por este motivo la Asamblea Legislativa conozca nuevamente de la posibilidad de levantarle su fuero presidencial.

Legal y constitucionalmente el Tribunal Supremo de Elecciones puede gestionar esta solicitud. Es el custodio del campo electoral nacional en su máxima expresión. Es el mejor capacitado para actuar en esa dirección como lo está haciendo.

La beligerancia política, el entrometimiento del presidente todos los días en la política que no le corresponde, atacando a los partidos políticos opositores, atacando a todos los partidos políticos con representación legislativa, excepto a sus diputados, atacando y deslegitimando a los Poderes Públicos, incluso al Tribunal Supremo de Elecciones, tratando de minarles la confianza pública que tienen, el respeto constitucional que se merecen y creando el ambiente y la atmósfera que lo que se pretende es un golpe de estado contra su gobierno. Incluso un golpe de estado patrocinado por el Tribunal Supremo de Elecciones, insinuando que se presta a un gran fraude contra sus partidos políticos, que participaran en las elecciones próximas, con posibilidad de que no los dejen participar.

Parte de sus partidarios y fanáticos seguidores incluso llaman a tomar las armas para defender al presidente. Uno de ellos ha dicho públicamente que tiene las armas al servicio de quien se las solicite. Ha encendido los ánimos de sus seguidores que se vuelven agresivos. Uno de sus diputados incluso ha amenazado con extrañar, expatriar y expulsar costarricenses opuestos al presidente.

Otros ciudadanos que lo siguen curiosamente han llamado a no votar en las próximas elecciones como protesta, lo que es la tesis más idiota que se pueda esgrimir.

Si se trata de no votar porque el sistema electoral no produce confianza no da ningún resultado absoluto de que no se vote y no se elija a alguno de los 20 candidatos que hay inscritos. La votación se realiza con todo el padrón electoral abierto, con todos los ciudadanos que tiene el derecho al sufragio, todos mayores de 18 años. En Costa Rica el voto no es obligatorio, se manera que el resultado electoral se produce con los que participen, y si uno de esos candidatos logra el 40% de votación de los pocos que lleguen a sufragar gana. Si no lo saca, se pasa a la segunda ronda electoral en la que triunfa el que más votos tenga. El proceso electoral está hecho para que produzca un resultado.

Si el llamado es para desalentar a los antichavistas, a los que no quieren que el rodriguismo y el chavismo continúen en el gobierno, con cualquiera de sus partidos jaguar, es que procuran que solo los chavistas salgan a votar y así asegurar su triunfo.

Ciertamente, como se está presentando el panorama electoral no hay aún un faro que alumbre el camino hacia el primer domingo de febrero. Todavía hay pugnas importantes en algunos de los partidos, hay amenazas y solicitudes para que a algunos de ellos no les permitan participar en las elecciones. Los candidatos están muy desdibujados, salvo aquellos que por tradición o porque pagan acceso a los medios de comunicación, les toman en cuenta, para divulgarles como para considerarlos en las guerras de encuestas que se realizan, que están aparentemente polarizadas a dos contrincantes, siendo uno de ellos permanente, en cuanto representa el continuismo gubernativo.

Los candidatos desdibujados cubren todo el escenario, los presidenciales y los que aspiran a diputados. La reacción que se ha levantado contra los partidos políticos, y sus estructuras y dirigencias partidarias, ha hecho que la inmensa mayoría de las personas ya postuladas sean de poco conocimiento público y político, por ello, incoloras, insaboras e inodoras, por lo que no dejan de ser también peligrosas…políticamente.

En el ejercicio político la iniciativa política la tiene siempre el Poder Ejecutivo en tanto allí se toman las principales decisiones políticas y administrativas de toda la Administración Pública, de todos los ministerios e instituciones públicas. Son decisiones diarias, cotidianas nos gusten o no nos gusten, nos beneficien o no nos beneficien. Son decisiones políticas en que desde ese Poder y sus instituciones se meten con cada uno de nosotros todos los días. No es la Asamblea Legislativa la que se mete con nosotros de esa manera, es el Poder Ejecutivo el que así lo hace.

Desde este punto de vista el Poder Ejecutivo realiza actos y decisiones políticas que se meten todos los días con los, ciudadanos. Si la política de esa manera se mete con uno, entonces, los ciudadanos tenemos el deber, la obligación de meternos en la política, de meternos en la discusión política, en el debate de si se deben o no continuar las políticas que no nos gustan. Habrá quienes se metan porque les gusta como el gobierno actúa.

Así, no hay que caer en la trampa de no participar en política, en el proceso electoral o de no votar. Es una tesis, en este momento, reaccionaria, conservadora, de derecha si se quiere usar este término, que solo favorece al oficialismo y el continuismo político. Es de lo más peligroso que puede argüirse contra la democracia política que tenemos, por débil que sea.

Hay que tomar la decisión de votar por un candidato presidencial, con su partido, o votar por un partido con su candidato a presidente. De igual modo, hay que tomar la decisión de votar por sus candidatos a diputados, o por la persona que parezca mejor y más apta para gobernar, y para representarnos en la Asamblea Legislativa.

Lo que votan toman la decisión de votar por los que no votan. ¡Así es la cosa! O votamos nosotros o votan por nosotros. Algo de esto pasó en las elecciones del 2022. ¿Quiere usted, querido y apreciado lector, que esto vuelva a pasar?

Compartido con SURCOS por el autor.

El sometimiento policial y de la Seguridad Pública ante el Tribunal Supremo de Elecciones

Escrito en 09/10/2025. Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El pasado 1 de octubre dio inicio oficialmente el proceso electoral de Costa Rica, para cambiar al presidente de la República, sus dos vicepresidentes y la integración de los 57 diputados del Poder Legislativo.

Las elecciones se realizarán simultáneamente el primer domingo de febrero del 2026. Si en esa fecha ningún candidato presidencial, de los 20 inscritos, alcanza el 40% de los votos, se procederá a una segunda vuelta con los dos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos o el mayor porcentaje electoral. Esta segunda ronda se resolverá, por simple mayoría entre esos dos candidatos el primer domingo de abril del 2026.

Los diputados electos el primer domingo de febrero asumen su curul legislativa el primero de mayo del 2026 y el ocho de mayo, ante ellos, el nuevo presidente de la República, por un período de cuatro años asume la presidencia de la República.

El proceso electoral es absolutamente blindado, seguro y hasta ahora ha sido eficaz y confiable a los ciudadanos.

Resultado de la guerra civil, de marzo y abril de 1948, en Costa Rica se produjo un cambio político radical. La causa de la guerra fue la anulación de un resultado electoral presidencial a favor del periodista Otilio Ulate Blanco, frente al “socialcristiano”, reformista, aliado de los comunistas, Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, que aspiraba a una reelección, después de haber sido presidente de la República, en el periodo 1940-1944, luego de haber impulsado una reforma social muy avanzada, que comprendió la aprobación del Código de Trabajo, en 1943, y la incorporación a la Constitución Política del Capítulo de las Garantías Sociales, en 1943.

El gobierno que le siguió, del Lic. Teodoro Picado, de 1944 a 1948, fruto de una coalición con los comunistas, aprobó, entre otras cosas, una Reforma Tributaria y un Código Electoral, en 1946, para garantizar “pureza en los sufragios” para evitar situaciones de “fraudes” en procesos electorales como los que se habían cuestionado anteriormente.

Los insurrectos, defensores de su victoria, enemigos políticos de los derrotados, contrarios a las reformas sociales y a la alianza existente con los comunistas, ante la anulación de las elecciones que perdía Calderón Guardia, se levantaron en armas a favor del resultado electoral para Otilio Ulate. Triunfados, los insurrectos se impusieron por dos años a Ulate, quedándose en el poder hasta el 7 de noviembre del 1949, llamando a ese período de Gobierno como el de la Fundación de la Segunda República, que se extiende en tiempo histórico hasta hoy.

Durante los 19 meses de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República se hicieron reformas muy importantes. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la actual Constitución Política, se mantuvo el Código Electoral. Al Tribunal Nacional Electoral, que había nacido con el Código Electoral en 1946, se le cambió de nombre por Tribunal Supremo de Elecciones, otorgándosele luego el carácter de Poder de la República, junto al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con igual nivel jerárquico, independencia administrativa, exclusividad e indelegabilidad de sus funciones. También, se abolió el Ejército como institución permanente en Costa Rica, sustituyéndose por una Fuerza Pública policial.

Entre las decisiones que se tomaron se estableció al Tribunal Supremo de Elecciones como el órgano director y organizador de todos los procesos electorales, cuyas resoluciones sobre los resultados electorales son inapelables. Así ha sido desde 1949 hasta hoy.

Todos los procesos electorales presidenciales, los 18 que ha habido, han sido respetados en sus resultados. Sobre ninguno de ellos se ha cuestionado nada relacionado con el proceso electoral. Esto ha provocado en estos 76 años un alto nivel de cultura política, cívica y electoral sobre la validez de los procesos electorales, al punto que, al día siguiente de cada proceso electoral, el resultado es aceptado y validado popular, política y nacionalmente por todos los partidos políticos que participaron en cada proceso electoral y por los seguidores de ellos, así como por los abstencionistas electorales de urnas y por los que no se presentaron a votar.

Un elemento destacable de estos procesos electorales y de la institucionalidad política costarricense, es que toda la Fuerza Pública, la fuerza policial, desde el primer día que inicia el proceso electoral, el 1 de octubre, hasta el día final que termina el mismo, con sus resultados electorales validados, se somete en mando supremo al Tribunal Supremo de Elecciones. Se le quita el mando de la Fuerza Pública al Poder Ejecutivo y se pasa al “Poder” electoral, garantizando con ello que el Poder Ejecutivo no puede presionar ni usar de ninguna manera a las fuerzas policiales, “armadas”, en su poder y mando para actuar sobre el proceso electoral. El Ministerio de Seguridad, puesto así, queda subordinado durante todo el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones, situación que no se da en ningún país del continente Americano, por más democráticos que puedan llamarse. Lo usual en todos esos otros países es que las Fuerzas Armadas, los Ejércitos y los militares, ocupen un lugar destacado en el manejo del proceso electoral, especialmente relacionado con el cuido, manejo de las urnas electorales y de sus traslados a los recintos donde se cuentan los votos.

La organización electoral, en Costa Rica, desde la producción del material de votación, la distribución del mismo a las distintas Juntas Electorales, queda en mano del Tribunal Supremo de Elecciones y no de la Fuerza Pública policial, así como la recolección de las tulas electorales, con las boletas o papeletas de elección, que las disponen para su entrega al Tribunal Supremo de Elecciones, los miembros civiles, no militares, representantes de los partidos políticos en las mesas electorales, dejándose copia de los resultados todos los miembros de los partidos políticos que participan del conteo de los votos.

En todo el proceso electoral no participan de manera directa las fuerzas policiales, más allá de estar supeditadas al Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar de esa manera los comicios electorales.

El que esto escribe fue candidato en tres ocasiones a la presidencia de la República, en 1998, 2002 y 2006. En una de esas elecciones se presentó una situación particular, en dos mesas electorales, en dos pueblos y recintos electorales muy alejados entre sí, en Desamparados de la Provincia de San José y en Talamanca, en la Provincia de Limón.

Las juntas electorales se integran con ciudadanos, civiles, no militares ni policiales, representantes de los diversos partidos políticos que participan en las elecciones, que así los nombran. En ambas mesas electorales, curiosamente, casi a la misma hora, alrededor de las 10 de la mañana, se presentaron los siguientes hechos: en una se presentaron policías armados a ejercer su derecho de voto. En la otra, ingresó a la Escuela del recinto electoral, un vehículo policial con policías armados a ejercer su sufragio. En ambos casos, las juntas electorales actuaron de igual manera. Impidieron que los policías “en armas”, portando sus pistolas, ingresaran de esa manera a los recintos electorales, obligándoles a “desarmarse” y a retirar de la escuela, donde estaban las Juntas Electorales, los vehículos policiales. Los policías protestaron y se negaban a dejar sus armas. En ambas situaciones las Juntas Electorales suspendieron el proceso de votación mientras se consultaba al Tribunal Supremo de Elecciones, las situaciones que se estaban dando. El Tribunal fue contundente y en minutos resolvió que las Juntas Electorales tenían razón y que los policías, bajo las órdenes del Tribunal Supremo de Elecciones, debían desarmarse para entrar a ejercer sus derechos electorales.

Esta es una situación realmente única en el mundo. Difícilmente hay otro país en que en el proceso electoral así se actúe, con las fuerzas militares y policiales bajo el poder y el control de los Órganos Electorales competentes y constitucionales. Este es parte del valor democrático de la sociedad costarricense.

En la ceremonia de traslado de mando de la Fuerza Pública al Tribunal Supremo de Elecciones, del pasado primero de octubre, el presidente de la República, como autoridad superior del Poder Ejecutivo participó del acto protocolario con muy mala cara. No se le veía satisfecho, contento de entregar el mando policial a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, habida cuenta que en dicho acto se le restaba fuerza y se le quitaba el argumento de que el Tribunal Supremo de Elecciones venía fraguando un posible Golpe de Estado, motivo por el cual él, el presidente, convocó a la Reserva Nacional, para resguardar su seguridad política y la del Estado.

Igualmente, en sus discursos provocadores, destacaba que, junto con la Reserva Nacional, la fuerza pública que le protegía se duplicaba en efectivos en armas frente a cualquier intento de golpistas o posibles insurrectos contra su gobierno. Obviamente, si sigue con la cantaleta del Golpe de Estado, no solo contra su gobierno sino también contra su candidata, entenderá que ahora el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a su cargo la Fuerza Pública, e institucionalmente es el jerarca superior de todas las fuerzas policiales del país.

¿Y la Reserva Nacional? ¿Está funcionando? ¿Bajo cuáles autoridades o jefaturas, o bajo cuál Ministerio, el de Seguridad o el de la Presidencia, o como guardia personal del presidente de la República?

Si la Reserva Nacional está organizada, convocada y funcionando, también debe someterse en obediencia de mando ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿O no es así?

¿Por qué en la ceremonia de traspaso de Banderas de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública, que se le entregó en mano a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, no se hizo lo mismo, simbólicamente al menos, con los distintivos y efectivos y contingentes de la Reserva Nacional? ¿Se está violando la Constitución Política? ¿Sigue la Reserva Nacional, si está organizada y entrenando como lo ha venido haciendo, como una policía especial del presidente, como eran las policías del Partido Nazi alemán, desde 1921, la SA, (la Sturmabteilung), o las tropas de asalto, que actuaron en la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, y las SS (las Schutzstaffel), que se mantuvieron hasta el final de la II Guerra Mundial, protegiendo al dictador?

Si la Reserva Nacional (reserva@msp.go.cr) está convocada, organizada y entrenando oficialmente, debe realizarse oficialmente, también, una ceremonia mediante la cual se someta en obediencia institucional y policial militar ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Igualmente, debe sancionarse a las autoridades que no trasladaron ese mando como constitucionalmente está establecido, ocultándolo, sea el presidente de la República, con el “ejército” que lo considera casi privado suyo o los altos jerarcas ministeriales del Ministerio de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero y Manuel Jiménez Steller, el viceministro de las Unidades Especiales, como lo eran la SA y la SS de Hitler.

Compartido con SURCOS por el autor.

La Independencia de Centroamérica

Escrito en 07/10/2025. Publicado en Aportes para el desarrollo.

El 15 de septiembre como fecha clave para las luchas independentistas

Vladimir de la Cruz de Lemos

La dominación de la conquista y la colonia española en el continente americano se inició con la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre 1492, cuando asumió de hecho la propiedad de las tierras por él “descubiertas”, de las cuales no tenían conocimiento los europeos. La expansión de los reinos europeos le permitía apropiarse de manera natural de aquellas tierras que no pertenecían a reinos europeos conocidos.

Eran los tiempos de inicio del desarrollo del capitalismo mundial, cuando estos reinos hacían valer su poder por el poderío de sus riquezas o de sus extensiones terrestres. Fue la base del colonialismo mundial desarrollado posteriormente de manera más fina, eficaz, depredadora.

La dominación y opresión se prolongó hasta finales del siglo XX, cuando después de la II Guerra Mundial, particularmente, se desarrollaron las luchas anticoloniales y de liberación nacional que produjeron que las Naciones Unidas (organización fundada en 1945, con 52 países como miembros fundadores) hoy tengan 194 estados, repúblicas o países miembros de esa comunidad internacional.

Los temas de control de riquezas naturales y extensiones territoriales siguen siendo hoy objetivos geopolíticos estratégicos de gran relevancia en las relaciones internacionales, particularmente cuando el Presidente Donald Trump plantea sin temor (y con gran prepotencia imperial) el control de territorios como Groenlandia, la anexión de Canadá, el control de la franja ístmica de Panamá por su canal interoceánico, su proyección sobre las tierras raras de Ucrania y su visión de la región de Palestina y la franja de Gaza para hacer un gran centro turístico y de diversión como las riberas turísticas del Mediterráneo o de juego como Las Vegas, temas para otra ocasión.

La presencia de los vikingos en el continente americano (con su llegada a Groenlandia, Canadá, entre los años 990 y 1050, y su posible presencia en la región noreste de los Estados Unidos, en la zona de los grandes lagos, hacia el año 1000) no tuvo ninguna proyección importante al resto de Europa por su fracaso colonizador. Nos quedaron sus zagas y sus recuerdos, que parecen más leyenda que realidad histórica.

Los cuatro viajes de Colón permitieron dimensionar la continentalidad americana, junto con los viajes marítimos de los grandes navegantes que se desataron en aquella época, que permitieron tener una visión global de La Tierra y una visión de extensión del continente gracias a Americus Vespucio, quien la dimensionó y divulgó al punto que se le reconoció en su nombre el continente de América.

La grandeza de los territorios de los que los españoles hacían derecho de propiedad les obligó a fragmentarlos para una mejor dominación y control de tierras, de hombres y de riquezas naturales. Así se desarrollaron los Virreinatos: el de Nueva España (o de México), en 1535, que fue el más extenso de todos y se proyectó hasta Asia y Oceanía, seguido por el de Perú, 1542, el de Nueva Granada en 1717 y 1723, y el del Río La Plata, 1776.

Al frente de los Virreinatos se estableció una reproducción de las estructuras del poder político español con sus respectivos funcionarios políticos y administrativos, y una división interior territorial, que también reprodujo las estructuras de poder político, administrativo y religioso, reproduciendo allí las autoridades políticas, administrativas y religiosas para ejercer mejor control de los territorios y de la población dominada.

En los Virreinatos, España establecía Reinos, Capitanías Generales, Gobernaciones, Intendencias, Partidos, Diputaciones y Señoríos, como en México, y otras formas de administración y control político administrativo.

El Virreinato de México incluyó lo que actualmente es México, los actuales estados estadounidenses de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Florida, parte territorial de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Luisiana. Comprendió, también, la parte suroeste de la Columbia Británica, del actual Canadá.

A ello agregó las llamadas Capitanías Generales, como la Capitanía General de Guatemala (que incluía a los actuales países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, los estados de Chiapas —que también fue Intendencia — y Belice); la Capitanía General de Santo Domingo, 1535 (actual República Dominicana), la Capitanía General de Cuba, 1777, y la Capitanía General de Puerto Rico, 1582.

La conquista fue el período de guerra y sometimiento de las comunidades autóctonas, indígenas. La colonia fue el período en que, dominadas las comunidades y controladas las poblaciones, las organizaron para su mejor explotación económica.

Los períodos de conquista se prolongaron en las diferentes regiones hasta que los españoles lograron asentarse, desarrollar o fundar sus ciudades y ejercer desde allí el control territorial y político.

Consolidada la conquista, el período de la colonia culminó con la lucha por la Independencia, contra la dominación política y territorial que llegó hasta finales de la década de 1820.

Los procesos de independencia se dieron de manera diversa. Así, en México, en sus regiones, se produjeron en distintos momentos esas resistencias anticoloniales.

De esta manera, cuando se trata la Independencia de Centroamérica, se habla de la región que entonces comprendía la Capitanía General de Guatemala, y no del conjunto de México.

Usualmente, no se aborda el proceso de la Independencia de una manera simultánea o comparativa con lo que sucedía en el resto del territorio mexicano.

Así, por ejemplo, el 15 de setiembre de 1808, Pablo Alvarado, estudiante costarricense de Medicina en Guatemala, es reprimido y encarcelado por hacer publicaciones anti españolistas. El mismo Pablo considera haber sido el primer detenido en toda la Capitanía por ese motivo, y el 15-16 de setiembre de 1810, con el llamado Grito de Dolores del padre Miguel Hidalgo, en México, se inicia la lucha insurreccional por la Independencia de México.

Así, en el territorio de México, desde 1810 se desarrollan las luchas por su Independencia, y en la Capitanía General de Guatemala también levemente desde 1808. Se van a desarrollar como procesos paralelos e independientes, como sucedieron en otras partes del continente.

En el área de Centroamérica, en la Capitanía General de Guatemala, hubo movimientos anti españolistas, algunos con características insurreccionales, el cinco noviembre de 1811 en San Salvador, liderados por José Manuel Arce, contra la crueldad y malos tratos del intendente Antonio Gutiérrez.

En 1813 y 1814 se dieron otros movimientos similares, públicos y clandestinos, según fuera necesario, en otros pueblos, provocando la reacción represiva monárquica.

La insurrección salvadoreña terminó con la cárcel de sus principales líderes patriotas. En 1814 se produce una conspiración en San Salvador que nuevamente fue derrotada. Iguales movimientos se dieron en 1811, en Nicaragua, en las ciudades de León, Granada, en Rivas. Los líderes de la insurrección en Nicaragua fueron capturados y trasladados a Guatemala, donde fueron condenados a cadena perpetua y tratados brutalmente. En Costa Rica también se produjeron algunos movimientos anti españolistas.

En 1821, se puede decir, se vinculan en su etapa final los sucesos de México con los de la Capitanía General, a partir de la idea del Imperio de Agustín de Iturbide, el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, que abrió los espacios para que los movimientos independentistas en la Capitanía empezaran a verse en el espejo de México, como parte continua de la misma unión que había tenido bajo el Virreinato, sin monarquía española, sin monarquía dominante, sino bajo un ideal republicano.

El 24 de febrero de 1821, el líder revolucionario mexicano Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide (en ese momento representando las fuerzas represivas monárquicas) pactaron una alianza en el llamado Plan de Iguala, que cambió el rumbo de los acontecimientos independentistas de los días siguientes.

Tres meses después, el cinco de julio de 1821, se produjo el levantamiento contra el Virrey Apodaca en México, obligándolo a presentar su renuncia, siendo sustituido el 30 de julio por el nuevo Virrey, Juan de O’Donojú, quien entendía y comprendía mejor la situación de independencia que se daba en el Virreinato, por lo que se entrevista con Iturbide, firmando el 24 de agosto el Tratado de Córdoba, confirmando en lo sustantivo el Plan de Iguala que nombraba a Iturbide Presidente, proclama la Independencia de México y le declara Emperador.

De esa manera, en el sur de México, que estaba agitado, se altera la Provincia de Chiapas, colindante con Oaxaca, que era parte de la Capitanía General de Guatemala. De modo que, el 28 de agosto, el Cabildo de la Ciudad de Comitán acuerda proclamar la Independencia el siguiente primero de septiembre, fecha en que también se declaran independientes Chiapas y Oaxaca.

El tres de septiembre también lo hizo el Ayuntamiento de Ciudad Real (actual San Cristóbal), noticias que llegaron a la ciudad de Guatemala el cuatro de setiembre, al mismo tiempo que el Jefe Político Superior, Gabino Gaínza Gabino, en el Ayuntamiento, reconocía que en Guatemala había inconformidad con el régimen y se estaban recogiendo firmas exigiendo la Independencia.

En la sesión del Ayuntamiento de Guatemala del cuatro de septiembre, el patriota Mariano Aycinema propuso imitar a Oaxaca. En El Salvador, ese mismo cuatro de setiembre, el patriota y sacerdote José Matías Delgado solicitaba en un memorial lo mismo.

En la región de Chiapas, la agitación continuaba. El cinco de septiembre, el Ayuntamiento de la Ciudad de Tuxtla se declara independiente, y el ocho de septiembre toda la Provincia de Chiapas declarará su Independencia, se separará de Guatemala y se une al Imperio Mexicano de Iturbide, lo que repercute fuertemente en la Capitanía General.

Desde el 13 de setiembre, en el Palacio de los Capitanes, en Guatemala, donde se discutían estos sucesos, se concentraban las personas, el pueblo, exigiendo a gritos que se declarara la Independencia, bajo vigilia popular de las manifestaciones que lideraba María Dolores Bedoya, la esposa del Dr. Pedro Molina, uno de los grandes patriotas y activistas pro independentistas.

El 14 de setiembre se circularon invitaciones a los ciudadanos para presionar a la Diputación para que el día 15 se pronunciara. La reunión fue convocada por Gabino Gaínza, quien tenía mayoría de representantes enemigos de la independencia. Por eso, Aycinena, Pedro Molina y José F. Barrundia invitaron a los vecinos y convocaron al pueblo de los distintos barrios a congregarse frente al Palacio de Gobierno.

De esa forma se obligó a que, el 15 de setiembre de 1821, conociendo los sucesos de Chiapas, se proclamara la Independencia de Guatemala, que era la capital de la Capitanía General, declaración de Independencia que hizo conocer al resto de las provincias de la Capitanía, para que resolvieran de acuerdo con sus propios intereses.

Al declararse Guatemala independiente, automáticamente liberó a las provincias para que así lo decidieran. Así lo hicieron El Salvador, el 21 de setiembre; Comayagua, Honduras, el 28 de setiembre; León, de Nicaragua, en un primer momento el 28 de setiembre y luego el 11 de octubre. Costa Rica, que recibió esa noticia el 13 de octubre lo hizo después de consultar en sus pueblos el 29 de octubre de 1821.

A Costa Rica llegaron copias de las Actas de Independencia de Guatemala y de León, de Nicaragua, porque Costa Rica dependía de Guatemala en aspectos de Guerra, Justicia y Hacienda, y de León, en aspectos de Política, Economía y Policía.

Aquel día, del 29 de octubre, el entonces presidente de la regencia del imperio mexicano, Agustín de Iturbide, invitó a Guatemala a formar parte de México, lo que ya había hecho con el resto de las provincias, invitándolas a enviar representantes a las Cortes Constituyentes que iban a trabajar en México.

La abdicación de Agustín de Iturbide a la corona imperial mexicana, el 19 de marzo de 1823, dejó liberadas a todas las provincias que, de una u otra manera, en sus actas de Independencia, en 1821, habían manifestado su adherencia. Así, procedieron a la realización de su Congreso, convocado desde el 15 de setiembre de 1821, en la propia Acta de Independencia de Guatemala.

El 24 de junio de 1823 se instaló al Congreso Centroamericano, que tuvo el carácter o la forma de Asamblea Nacional Constituyente.

El primero de julio de 1823, el Congreso declaró la Independencia Absoluta de Centroamérica de España, agrupándose inicialmente bajo el nombre de Provincias Unidas de América Central, y luego bajo la forma de República Federal del Centro de América.

La Declaratoria del 1 de julio de 1823 fue a modo de reafirmación en la región de la Independencia Absoluta de Centroamérica de España, que impulsó a la agrupación inicial bajo el nombre de Provincias Unidas de América Central y luego, bajo la forma de República Federal del Centro de América. Esto ha llevado al actual gobierno de Honduras a celebrar como su fecha de Independencia, desde este año, el primero de julio de 1823.

El Congreso Centroamericano también dispuso, en 1824, que en Centroamérica se celebrara el 15 de septiembre de 1821 como la fecha de Independencia de la región, fecha que debía celebrarse junto con la fecha propia con que cada provincia había tomado su decisión de Independencia.

De este modo, la fecha precisa de cada país es: el 15 de septiembre para Guatemala, el 21 de septiembre para El Salvador, el 28 de septiembre para Honduras, el 12 de octubre para Nicaragua y el 29 de octubre para Costa Rica, fechas que en la práctica no se celebran, porque domina el referente histórico de la fecha del 15 de septiembre.

(Publicado en MEER.com.es el 24 de setiembre del 2025 y compartido con SURCOS por el autor).

El apagón de las torres de control de tráfico aéreo

Escrito en 01/10/2025. Publicado en Seguridad.

Vladimir de la Cruz

Los aeropuertos del país, el Juan Santamaría, el Daniel Oduber y el Tobías Bolaños, como los aeropuertos principales de Costa Rica, para sus vuelos locales como internacionales tienen su Torre de control, que es la que coordina salida y entrada de vuelos esas pistas, en lo que corresponde a despegues y aterrizajes.

Los controladores aéreos, con su radar con alcance a todo el territorio nacional, pueden observar y detectar todo el movimiento de entrada de naves aéreas al territorio nacional, desde que tocan el espacio aéreo costarricense, y pueden ir siguiendo el curso de esas naves. Así se supervisa, analiza y dirigen las operaciones de todos los procesos de vuelos que se realizan en territorio costarricense.

Eso es posible porque los aviones tienen equipos de radios VHF (Very High Frequency) que operan normalmente entre 118.000 MHz y 136.975 MHz, que es el rango asignado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Así, esos radios permiten la comunicación directa, clara y precisa con la torre de control y otros servicios que se brindan. En este sistema hay frecuencias especiales de emergencia.

Las torres de control de tráfico aéreas se pueden escuchar con un escáner de radio capaz de recibir señales de muy alta frecuencia en la banda de aviación, que admita frecuencias de aire entre 118.000 y 136.975 MHz.

Los trabajadores de las torres de control de tráfico aéreas para trabajar en ellas reciben un entrenamiento muy riguroso, incluso con exámenes y cursos especializados que comprenden conocimientos de navegación aérea, comunicaciones y meteorología aeronáutica, control de tránsito aéreo, fraseología y lenguaje propio de la aeronáutica, las reglamentaciones aéreas.

Los controladores aéreos trabajan por turnos, de manera que los que están de turno son los responsables de las aeronaves que vuelan en un área tridimensional del espacio aéreo conocido como área de control, área de control terminal, aerovía, etc. y otros conceptos.

Desde la torre de control también se ejerce control terrestre sobre el movimiento de las aeronaves en tierra, como de los vehículos que circulan en las pistas.

Todos los aviones tienen formas de comunicarse con la torre de Control de Tráfico Aéreo, ATC en sus siglas en inglés.

Los controladores aéreos tienen una gran responsabilidad laboral, que no está bien pagada. Los Controladores de Tráfico Aéreo, como todos los trabajadores han sido sometidos a la Ley Marco de Empleo Público, que los ha afectado en sus salarios. Por ello, han hecho paros y protestas legítimas, porque en el caso costarricense también los someten a jornadas excesivas sobre el delicado trabajo que realizan, para que en las distintas fases de cada vuelo los aviones puedan desplazarse con seguridad. A los controladores aéreos se les exige ser bilingües, con el inglés. Los controladores aéreos no deben trabajar más de 10 horas por turno, que incluye descansos en esa jornada, y entre turno y turno deben descansar obligatoriamente por lo menos 10 horas.

En Costa Rica los controladores aéreos tienen el Sindicato de Profesionales de Control de Tránsito Aéreos (SITECNA), que es la organización laboral que los ha representado cuando han discutido con el gobierno sus condiciones de trabajo, no solo salariales, sino de mejoras laborales. El mayo, una de sus últimas luchas, también pidieron más personal, porque los estaban sobre explotando laboralmente, provocándoles mucho cansancio y estrés laboral. En mayo pasado este servicio estaba colapsado, lo que afectó en ese mes el tráfico aéreo.

Los controladores aéreos de Costa Rica dependen de la Dirección General de Aviación Civil, fue creada el 26 de octubre de 1949, que es, actualmente, un órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es quien tiene a cargo toda la planificación, regulación y provisión de los servicios aeronáuticos en el país. En Estados Unidos es la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés.

Los controladores aéreos tienen relación directa también con Seguridad Pública y con el Servicio de Vigilancia Aérea, para coordinar y apoyar acciones de los cuerpos policiales, en sus distintas misiones. En esta relación, los controladores aéreos tienen la obligación de informar al Servicio de Vigilancia Aérea sobre el movimiento de naves sospechosas que ingresan al territorio nacional. Así, por ejemplo, si en el Caribe sur, entra una nave pequeña, detectada en el radar, que de pronto desaparece del radar, porque empieza a volar más bajo para evitar ser detectada, situación que se da en los casos que se sospecha que son transportadoras de drogas, los controladores aéreos tienen la obligación de informar inmediatamente al Servicio de Vigilancia Aérea, para que se active en el control de esa nave que desapareció.

Esta es una situación que se reporta con regularidad, sin que se reporten accidentes de aviones, por lo que se debe presumir que “aterrizan” en pistas legales o ilegales, las que pueden ser fácilmente detectablemente desde el aire o cuando se tiene información de su existencia en tierra. Eso facilita el ingreso de la droga a Costa Rica procedente de Colombia. Si no hay control eficiente del Servicio de Vigilancia Aérea, junto con la policía terrestre encargada de la persecución de estos alijos de drogas, más fácilmente penetra la droga al país.

En ese sentido, el Servicio de Vigilancia Aérea tiene que actuar, enviar sus aviones de control o realizar las tareas que le corresponda, lo que no siempre se realiza con la prontitud del caso.

Un ejemplo de esta “pereza” operativa fue el accidente de la avioneta que se estrelló saliendo de Pavas, en las laderas del Monte de la Cruz y de Pico Blanco. La torre de control informó inmediatamente al Servicio de Vigilancia Aérea de la desaparición de radar de esa avioneta. Varias veces se informó sin que el Servicio de Vigilancia Aérea se moviera ni enviara a nadie a investigar. La avioneta siniestrada la divisó un piloto privado, y gracias a su hallazgo se pudo atender la caída de la aeronave y atender a la única sobreviviente de ese vuelo.

Recientemente, la falla en el radar del aeropuerto Juan Santamaría paralizó prácticamente todos los vuelos nacionales, incluso se obligó a desviar casi 50 vuelos que estaban programados.

Si el radar del aeropuerto Juan Santamaría pudo producir ese impacto, perfectamente fue el tiempo para que en su ausencia se produjeran vuelos clandestinos, transportando drogas al país, por el tiempo que el radar estuvo fuera de circulación. ¿Cuánta droga pudo meterse al país en ese lapso, sin control alguno de la penetración de naves al territorio nacional, y sin acciones del Servicio de Vigilancia Aérea en una situación como esa? ¿Se tiene un buen registro de los aeropuertos privados en fincas en las zonas costeras del Caribe costarricense, y de sus regiones aledañas? ¿Se tiene ese mismo control de las otras regiones asociadas a las rutas de tránsito de las drogas por el sur del país? ¿La Marina de Limón que se ha querido impulsar tiene algo que ver con esta situación de transporte de drogas al país? ¿Durante el apagón de los radares se ejerció mayor control de esas regiones, en lo que correspondía en paralelo en tierra y por mar?

La lucha contra las drogas no es solo por los escáneres en tierra en la región de Limón. También tiene que darse con las alertas que desde el Servicio de Vigilancia Aérea se comunica de las desapariciones del radar de las naves que se les informa.

Se debería dar una explicación más detallada a la ciudadanía, sobre el no funcionamiento de los radares.

Compartido con SURCOS por el autor.

Conferencia: El gobierno de Juan Rafael Mora Porras durante la guerra

Escrito en 25/09/2025. Publicado en Cultura.

La Academia Morista Costarricense y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi, se complacen en invitarle a la conferencia El gobierno de Juan Rafael Mora Porras durante la guerra por Vladimir de la Cruz de Lemos.

Esta actividad es parte de la Semana Morista 2025

La conferencia será virtual el lunes 29 de setiembre a las 4:00 p.m. y se transmitirá por los Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/ y Facebook Academia Morista Costarricense https://academiarorista.org/

El antejuicio presidencial

Escrito en 25/09/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El pasado lunes se puso a prueba la democracia costarricense. Se puso a prueba la institucionalidad democrática. Se puso a prueba el Estado de Derecho, con su independencia de los Poderes Públicos, afirmando la exclusividad, la especificidad y la indelegabilidad de sus funciones.

Lo sucedido en la Asamblea Legislativa fue un triunfo de la Democracia Política nacional, independientemente de cómo se aprecien los resultados de la sesión parlamentaria.

El sistema democrático tiene un escudo protector sobre sus principales funcionarios públicos, los que ocupan la mayor jerarquía constitucional de la estructura de los poderes, el presidente, los vicepresidentes, los ministros, de los ministerios oficialmente establecidos por ley, los diputados, todos los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones y algunos pocos más funcionarios del Estado.

Se les protege, en lo que se llama inmunidad, contra la detención o procesamiento judicial en la vía penal, salvo que se les capture en flagrante delito. Si así fuere, se puede ordenar su detención inmediata, pero comunicando inmediatamente a la Asamblea Legislativa y a la Corte Supremo.

El propósito de esta inmunidad es asegurar que puedan ejercer su función y desempeño institucional libremente, sin temor a persecución política arbitraria, o de ser sometidos a cascadas de denuncias sin fundamento, para poder garantizar así la independencia y el funcionamiento, trabajo y desempeño de estos altos funcionarios, que impida a la vez paralizar u obstruir el funcionamiento de uno de esos poderes de la República, o que distraiga la atención de estos funcionarios de sus principales obligaciones, trabajos y desempeños.

La inmunidad de que gozan, por privilegio así establecido, no exime a estos funcionarios de su responsabilidad. Lo único que hace es retrasar, postergar procesos judiciales en su contra hasta tanto pierdan esa inmunidad que gozan, o hasta que, en nuestro caso, la Asamblea Legislativa lo autorice, en lo que se resulta un levantamiento de la inmunidad o desafuero, que es el acto por el cual se elimina la restricción procesal que impide que ese alto funcionario pueda ser juzgado como cualquier ciudadano.

La inmunidad asegura que los representantes del pueblo, electos popularmente, puedan ejercer sus funciones sin temor a ser víctimas de represalias y, así, mantener el vínculo entre ellos y los ciudadanos que los eligieron. Así se garantiza la representación popular. Igualmente, evita que los poderes públicos puedan utilizarse para accionar procesos penales que conduzcan a intimidar, presionar o alterar decisiones, incluso alterar el equilibrio de poderes. Con la inmunidad se garantiza también la independencia de los poderes públicos.

Lo que se discutía en el fondo de la sesión de parlamentaria del lunes era la inmunidad, no la inviolabilidad del funcionario presidente. La inmunidad para que no pudiera ser detenido ni enjuiciado penalmente mientras permanezca en su puesto. La inviolabilidad no se alteraba porque no se trataba de su libertad de pensamiento y opinión dentro del ejercicio de su cargo, como lo hace en su estilo todos los miércoles.

Así las cosas, para procesar penalmente al presidente la Asamblea Legislativa es la que debe levantar la inmunidad que le protege.

El procedimiento seguido para levantar la inmunidad, en este caso del presidente, pasa por el envío, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de un expediente que contiene la información necesaria y suficiente, para que lo diputados la evalúen y decidan si levantan o no esa inmunidad. Para ello, cuando reciben la información se nombra del seno de los diputados una Comisión evaluadora de esos documentos, los analiza y rinde un informe al pleno de los diputados, quienes en votación razonada deciden si levantan o no la inmunidad. Esto es lo que se llama un antejuicio legislativo, que no se pronuncia sobre el fondo, tan solo da o no el visto bueno para que la causa penal que se persigue pueda realizarse inmediatamente, o se posterga para cuando el funcionario pierda su inmunidad. El antejuicio así se convierte en un procedimiento penal especial establecido para proteger a los altos funcionarios públicos, de acusaciones infundadas o temerarias que puedan perturbar el ejercicio de sus funciones. Es una antesala procesal, a nivel parlamentario, del proceso judicial donde finalmente el funcionario cuestionado tendrá que enfrentar su cuestionamiento.

El antejuicio parlamentario no es un juicio político. Juicio político pueden hacer los diputados todos los días de 3 a 4 p.m., en la hora que llaman control político, que es lo que menos hacen. Los parlamentos han desarrollado este control político sobre el poder, especialmente Ejecutivo, y sobre todos los funcionarios de los poderes públicos, que juzguen someter a esa evaluación política. Es la actividad orientada a controlar el ejercicio de la Administración Pública.

El antejuicio parlamentario no es una censura, lo cual también puede hacer la Asamblea Legislativa, sin que en Costa Rica tenga mayores consecuencias. Es como un canto a La Luna. En otros países la censura puede significar la pérdida de confianza en el funcionario y puede obligar a su dimisión o renuncia, que en los sistemas parlamentarios también conduce al cambio completo del Consejo de Ministros, o del Gabinete Ministerial.

El lunes no se enjuició ni censuró al presidente. Tan solo se dispuso no someterlo por ahora a ningún proceso penal, que se le seguirá, de conformidad a su expediente, en el momento en que no esté cubierto por la inmunidad o prerrogativa que le protege por su cargo, en esta causa que conoció la Asamblea Legislativa.

El lunes, en este sentido ganó el régimen republicano, la democracia política costarricense, el sistema de pesos y contrapesos políticos, la independencia de los poderes públicos, la libertad de opinión de los legisladores respecto a la valoración de los documentos que les fueron presentados. Los diputados era natural que estuvieran fragmentados en torno a esta evaluación documental, a favor, en contra o con dudas.

El presidente no salió ganando nada. Lo que ganó fue atrasar su juicio, pero no lo canceló, no se agotó. Si la Asamblea hubiera levantado su inmunidad, su juicio se hubiera trasladado a la vía ordinaria, como la de cualquier ciudadano, y allí podría haber durado muchos meses en su trámite, y finalización de juicio.

El trámite legislativo que esta causa tuvo si se politizó, desde dentro y desde fuera de la Asamblea Legislativa, entre los que querían que le levantara la inmunidad y los que se oponían, casi condenándolo de previo.

Eso puso en evidencia la fragilidad, la debilidad hoy de los partidos políticos, la volatilidad o inestabilidad de diputados. Los partidos políticos hace mucho tiempo se desdibujaron como organizaciones sólidas, poderosas, de pensamiento, de acción compartida. Sus estructuras dirigentes se debilitaron perdiendo toda capacidad de cohesión alrededor de sus comités políticos superiores, de sus dirigentes políticos, históricos, nacionales. Los partidos políticos dejaron de formar a sus partidarios y a sus militantes principales en valores, doctrinas y principios de esos partidos. Los partidos dejaron de ser opciones programáticas hacia el país y dejaron de ser alternativas de desarrollo nacional institucional y democrático.

Los partidos se han montado en ejes del desarrollo impuesto por estructuras y organismos internacionales que poco tienen que ver con los valores sustantivos de la nacionalidad y del ser costarricense. Los organismos internaciones ponen las agendas de gobiernos y obligan a que se les sigan. De allí que altos ejecutivos de esos organismos, en gobiernos, operan como si trabajaran de cola de esos organismos.

Los partidos políticos dejaron de dirigir a sus diputados hace mucho tiempo. Los soltaron y se soltaron. Los diputados de los partidos, como fracciones, asemejan la cola del perro gobernando al perro, sustituyeron a los comités políticos nacionales y a sus dirigentes. Los partidos políticos, como organizaciones, no se sienten en el interior de la Asamblea Legislativa, no emiten pronunciamientos sobre el quehacer parlamentario o nacional.

El lunes pasado como partidos coherentes, sólidos, actuaron en la Asamblea Legislativa el Frente Amplio, Nueva República y Liberación Nacional y la fracción de Pilar Cisneros, la fracción realmente de gobierno identificada plenamente con el presidente Chaves. Liberación Nacional tuvo una disidente en su votación. El Partido Liberación Nacional y su candidato a la presidencia Álvaro Ramos habían solicitado a sus diputados votar a favor del levantar la inmunidad. Hicieron un buen trabajo. Otro grupo de diputados compacto fue el de los llamados independientes, que se han salido de sus partidos. El partido Unidad Social Cristiana hizo un esfuerzo importante como partido, con su candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo, como líder superior hacia la campaña electoral actuó correctamente, acompañado de su Asamblea Nacional partidaria, que no fue suficiente, habida cuenta que 5 de sus 9 diputados se enfrentaron a ellos. A mi modo de ver, Juan Carlos Hidalgo y la Asamblea Nacional de ese partido salieron ganando hacia la campaña electoral, mostrando compactación, cohesión, unidad. Los diputados van de salida.

En el trabajo político partidario con los diputados de la Unidad Social Cristiana se evidenció la poca educación, cultura, identificación y disciplina partidaria. Recuerdo dos situaciones, ajenas a nuestro medio político, de lo que son los principios. Un dirigente político, parlamentario español, en una ocasión sometido a una votación difícil. Su partido había dispuesto votar de una manera, que él no compartía. A la hora de la votación hizo una intervención haciendo la defensa de sus tesis, señalando que, a pesar de sus argumentos, votaba como había dispuesto su partido. Un alto Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, igualmente, una vez votó jurídicamente una tesis en conciencia que él no estaba de acuerdo, pero que jurídicamente había que votarla de esa manera.

El elemento alucinante del día lunes fue el anuncio de Laura Fernández advirtiendo que si gana la presidencia su ministro de la Presidencia será Rodrigo Chaves Robles. Esta fue la cereza del pastel del lunes. Si así fuera, Rodrigo Chaves prorrogaría su inmunidad, su fuero privilegiado, “de tico con corona, con privilegio”, como le gusta llamar a algunos ciudadanos. Eso lo sabremos en dos instancias. El primer domingo de febrero, si Laura gana o pasa a la segunda vuelta; y, en caso de que haya una segunda ronda electoral el primer domingo de abril. Si no gana ni pasa a la segunda ronda, hasta allí llega Rodrigo Chaves para ser perseguido judicialmente y, eventualmente enjuiciado. Mientras no haya elecciones no hay ganador. El lunes lo que hubo fue un simple trámite procesal penal.

¿Aun así, Rodrigo Chaves podría escaparse de la justicia? Sí. Si Laura pierde Rodrigo Chaves no se queda en Costa Rica. Sale en carrera, huyendo…con la cola del jaguar entre las piernas.

En 1948, a mediados de abril, terminada la Guerra Civil y en trámite las conversaciones de la Embajada de México, para entregarle al Gobierno a Otilio Ulate, que se lo dejó don José Figueres, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, ya se había ido para Nicaragua, para evitar represalias y eventual apresamiento. El Lic. Teodoro Picado, presidente pidió permiso de salida del país, hacia Nicaragua, dejando la presidencia en el Primer Designado, Ing. Santos León Herrera, quien entregó el poder, al terminar el período presidencial, el 8 de mayo de 1948, no a Ulate, sino a José Figueres Ferrer. ¿El 8 de mayo del 2026, quien entregará el Gobierno, el presidente Rodrigo Chaves Robles o su vicepresidenta Mary Munive Angermüller?

Compartido con SURCOS por el autor.

Necesidad o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

Escrito en 23/09/2025. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Con seguridad personal y colectiva debemos ir hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte la Constitución Política de la Costa Rica del siglo XXI.

(Intervención de Vladimir de la Cruz el 18 de setiembre del 2025, en el panel de Conferencias, organizado por la Comisión de Derecho Constitucional, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, para tratar el tema de la “Necesidad o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”, junto con los Drs. Fabián Volio Echeverría, Alex Solís Fallas y Oswaldo Samayoa)

Hoy, este es un tema de enorme de relevancia para ser abordado por la comunidad política nacional y, especialmente, para que el Colegio de Abogados se distinga en la generación de una opinión que pueda contribuir a enriquecer el análisis sobre la necesidad o no de una Asamblea Nacional Constituyente.

La comunidad nacional en sus diversos sectores, los políticos, los partidos políticos, los sindicatos, los sectores empresariales y sociales en general, las universidades, los grupos que se agrupan alrededor de centros de pensamiento y gestación de opiniones, deben conscientemente involucrarse en este debate y análisis de su necesidad.

En mi opinión, es el Colegio de Abogados y Abogadas quien debe convertirse en el eje central de este debate, de esta reflexión y análisis, para ir más allá de esta actividad de estos dos días. Es continuar, desde ahora hasta el próximo año, con diversas actividades, como ésta, que permitan crear el ambiente nacional en capacidad de convocar a un Foro Nacional, una vez que hayan pasado las elecciones y antes de que inicie el próximo ciclo electoral, que logre el mayor consenso en la posibilidad de presionar al Poder Ejecutivo, y especialmente a la próxima Asamblea Legislativa, para gestionar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, habida cuenta que la Sala Constitucional de la República así lo ha establecido, al rechazar la convocatoria del Referéndum que el Tribunal Supremo de Elecciones había aceptado realizar.

La Asamblea Nacional Constituyente es un tema que se ha venido tocando, en distintos momentos, con distintas intensidades y pasiones, desde inicios de la primera década de este siglo XXI.

Los actuales presidentes de la República y de la Asamblea Legislativa, también lo han insinuado, en distintos momentos, como necesidad nacional, para poder modernizar el Estado y la Administración Pública.

¿Cómo debemos ver y apreciar la existencia de esta Constitución Política?

¿Cómo entender las circunstancias y sucesos históricos que condujeron al momento histórico que le dieron origen?

¿Qué valor tiene la Constitución Política actual?

¿Por qué es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente?

¿Por qué es necesaria una nueva Constitución Política?

Trataré de explicar y dar respuesta a estas y otras interrogantes.

El contexto que produjo la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, de 1949, que dio origen a la actual Constitución Política, fue el resultado de una grave confrontación social y política que se venía dando durante la década de 1940, a mi modo de ver, desde las medidas antinazi, en el contexto de la II Guerra Mundial que vivíamos; de la incorporación de Costa Rica, como país como aliado en esa guerra, rompiendo relaciones diplomáticas y sumándonos a la guerra contra Italia, Alemania y Japón; y por el Pacto producido, en 1943, entre el Gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, y su Partido Republicano, Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, Jefe de la Iglesia Católica, su Obispo, y Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista de Costa Rica, que condujo a la aprobación del Capítulo de las Garantías Sociales, que se incorporó a la Constitución Política de 1871, vigente en ese momento, y a la aprobación del Código de Trabajo.

A partir de esas situaciones el cuadro político nacional se alteró profundamente. Un sector político visualizó un peligro comunista en desarrollo y alcance que había que evitar, tanto por el escenario nacional en el cual los comunistas se venían convirtiendo en una fuerza electoral significativa, por su posible influencia, a partir de ese momento en el Gobierno, y, luego, por el surgimiento de una comunidad de países socialistas luego de la II Guerra Mundial, lo que provocó una nueva situación internacional de contención al avance comunista, con el rompimiento del Pacto de los Aliados antinazi y con el surgimiento de lo que se llamó la Guerra Fría; por las medidas de fuerza que se tomaron contra sectores políticos nacionales, la expulsión del país del entonces empresario José Figueres Ferrer; las elecciones de 1944, que llevaron al gobierno al Lic. Teodoro Picado Michalski, que la oposición calificó de fraudulentas; las elecciones de 1948, que fueron anuladas en el resultado presidencial que tuvieron, lo que provocó el alzamiento armado del Ejército de Liberación Nacional, encabezado por José Figueres, para garantizar el resultado electoral a favor de Otilio Ulate Blanco.

Resultado de este proceso fue la imposición de Figueres sobre Ulate, el 1 de mayo de 1948, que llevó a Figueres a recibir el gobierno el 8 de mayo fundando la llamada Segunda República, que alcanza hasta nuestros días, y a Otilio Ulate a esperarse hasta el 7 de noviembre de 1949, cuando le fue entregada la Presidencia ganada en las elecciones de 1948.

En el período de la Segunda República fue ilegalizado el Partido Comunista, llamado Vanguardia Popular desde 1943, ilegalización que duró hasta 1975. limitándose la democracia nacional en su aspecto electoral. Igualmente, se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente que el 7 de noviembre de 1949 aprobó la actual Constitución Política.

En la Historia y el desarrollo constitucional de Costa Rica hemos tenido las siguientes 14 Constituciones:

1.- La del 1 de diciembre de 1821, El Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica.

Esta Constitución tuvo una leve reforma el 10 enero de 1822, para adaptar al país, recién independiente, a la situación de anexión al Imperio Mexicano.

2.- La del 19 de marzo de 1823, llamada Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica,

3.- La del 19 de mayo de 1823, llamada Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica,

4.- La Constitución Federal de la República de Centroamérica, del 22 de noviembre de 1824,

5.- La Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, del 21 de enero de 1825,

6.- La Ley de Bases y Garantías, del 8 de marzo de 1841,

7.- La Constitución Política del 9 de abril de 1844,

8- La Constitución Política del 21 de enero de1847,

9.- La Constitución Reformada del 30 noviembre de1848,

10.- Constitución Política del 27 diciembre de1859, resultante del Golpe de Estado del 14 de agosto de 1859, contra el Presidente Juan Rafael Mora Porras.

11.- La Constitución Política del 18 de febrero de 1869,

12.- La Constitución Política del 7 de diciembre de 1871,

13.- La Constitución Política del 8 de junio de 1917, resultante del Golpe de Estado que se le dio al presidente Alfredo González Flores, que estuvo vigente hasta la caída de la dictadura de Federico Tinoco Granados, cuando el 3 de setiembre de 1919, se restableció la Constitución Política de 1871.

El 2 de julio de 1943 fue modificada para incorporarle el Capítulo de las Garantías Sociales.

14.- La Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

La actual Constitución Política ha sufrido, junto con las 17 disposiciones transitorias que fueron derogadas, casi 70 modificaciones o reformas de los 183 artículos que fueron originalmente aprobados.

En la Asamblea Legislativa hay propuestos otro tanto, casi similar de Proyectos de Ley, orientados a realizar alguna reforma o modificación al cuerpo constitucional. Puesto así, casi dos terceras partes de la Constitución Política están tocadas o amenazadas de sufrir algún cambio.

Ante esta situación, quizá es mejor promover una nueva Constitución Política, mejor concebida para atender la realidad política de la Costa Rica actual, en el contexto histórico internacional que hoy vivimos de grandes cambios en las relaciones internacionales, en la geopolítica internacional, en la conformación dinámica de bloques comerciales que existen y están apareciendo, así como en las nuevas tendencias en el campo jurídico que se han venido impulsando, especialmente en el ámbito de Derechos Humanos, Derechos Políticos, Derechos Electorales, Derechos Económico Sociales, muchos de los cuales se amenazan con restringirlos o eliminarlos, como lo hemos estado viendo en el país en las últimas y actual Administración de Gobierno.

Todas las Constituciones constituyeron un Programa político de anhelos y propósitos de la sociedad costarricense, de su convivencia ciudadana. Todas iban expresando particularmente, en el momento en que fueron aprobadas o puestas en vigencia, el desarrollo de la estructura estatal y de la organización político-administrativa del Estado y la sociedad costarricense.

Todas las Constituciones se consideran un Pacto de Convivencia democrática.

En todas las constituciones se fueron configurando los principales valores políticos, ideológicos, espirituales, electorales, ciudadanos y las libertades básicas reconocidas.

En todas las Constituciones se afirmó la Independencia y la Soberanía Popular.

Esto es lo que la sociedad costarricense hoy necesita replantearse para el siglo XXI que vivimos.

Estos valores o los definimos nosotros, o nos lo impone el orden internacional en que nos encontramos.

Institucionalmente no creo que debamos impulsar un sistema bicameral, como lo tuvimos en las Constituciones Políticas de 1844, 1859, 1869 y 1917. Esa experiencia histórica, por breves períodos, no tuvo asidero en el desarrollo político nacional. Se le llamaba Cámara de Representantes, lo que usualmente se conoce como Senado.

En la posibilidad de una nueva Asamblea Constituyente, para lograr un Nueva Constitución, sí podría discutirse la necesidad de un sistema parlamentario o semi parlamentario, que sea más eficaz para la toma de acuerdos políticos gubernamentales o para una mejor gobernanza.

Algunos de los temas insustituibles, que tienen importancia hoy, para el debate, discusión y análisis nacional alrededor de una Nueva Asamblea Constituyente, entre otros están:

1.- Fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Cómo garantizar constitucionalmente la separación de Poderes? ¿Cómo asegurar el respeto a su independencia, su autonomía, su función soberana, su exclusividad, sus funciones propias, particulares, específicas, e indelegables de los Poderes del Estado, que constantemente en este gobierno son cuestionadas, creándose un clima adverso a su existencia y a sus altos funcionarios?

2.- Fortalecimiento o debilitamiento de las funciones de la Contraloría General de la República, que es un tema que se ha traído constantemente a la discusión en este Gobierno. ¿Cómo asegurar a la Contraloría General de la República como el órgano asesor que es de la Asamblea Legislativa? ¿Se debe separar a la Contraloría General de la República de esa condición y convertirla en un ente totalmente independiente de los Poderes públicos, fortaleciéndole su capacidad y función contralora?

3.-En materia judicial, ¿debemos avanzar hacia una Corte Constitucional, dándole esa autonomía y manteniéndoles sus funciones exclusivas a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? ¿Se debe proceder de igual manera con el Ministerio Público?

4.- ¿Cómo fortalecer el régimen electoral del país? ¿Se deben mantener las elecciones las elecciones nacionales separadas de las municipales? ¿La elección nacional, se debe separar de manera que la elección presidencial, se realice el primer domingo de febrero, como está establecido, y la de diputados se realice el primer domingo de abril, como ya existe esa fecha para una segunda convocatoria nacional, de manera que permita compactar mejor la elección de diputados? En este caso se haría la segunda ronda presidencial y la de diputados conjuntamente. ¿Se debe discutir constitucionalmente la validez del voto de los que votan en blanco o se abstienen en la urna electoral? Esto es garantizar el derecho a no votar, como una forma de protesta ciudadana, de manera que su validez pese para el porcentaje de votos que se requieren para elegir representantes populares, lo cual obligaría a los partidos políticos a fortalecer su convocatoria a sus votantes.

5.- ¿En materia de período de gobierno, se debe prolongar a seis años, con un proceso electoral obligado de consulta popular, a mitad del período en posibilidad de revocatoria de mandato? En la Constitución de 1844 se llegó a establecer un derecho de alterar, cambiar o abolir el gobierno si no llena el objetivo de su institución, siguiendo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y de la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1789 y 1793 respectivamente.

¿Se debe avanzar a la reelección consecutiva del presidente, por uno o dos períodos, y la de los Diputados de manera abierta como existía antes de 1949? ¿Se debe establecer la figura del diputado suplente de manera real, válida y eficaz, de modo que pueda sustituir al titular ausente de su partido en la sesión que corresponda, si el diputados propietario no se presenta en los primeros 5 o 10 minutos de iniciada la sesión parlamentaria?

6.- ¿Cómo hacer que la figura del Referéndum y el Plebiscito a nivel nacional se fortalezca, de manera que pueda ser efectiva y más democrática esa convocatoria?

7.- ¿Se debe avanzar hacia un Estado laico? ¿Se debe separar la religión y la educación religiosa de la escuela, los colegios y de la enseñanza en general? Esto se hizo entre 1882 y 1940 y la sociedad costarricense no se hizo menos católica, ni menos religiosa, ni menos creyente, porque la educación religiosa se trasladó con más fuerza donde deber realizarse, en el hogar, en la familia y en las Iglesias.

8.- En el área del Derecho de Familia se debe fortalecer constitucionalmente lo que ya se ha avanzado por las leyes especiales relacionado, entre otros aspectos, a matrimonios del mismo sexo, uniones libres, niños, paternidad y maternidad, alimentos, protección de adultos y personas mayores, y otras obligaciones. ¿Se debe avanzar para establecer la causa de divorcio o disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes?

9.- En materia de nacionalidad se debe discutir si el naturalizado puede perder la ciudadanía costarricense por participar en organizaciones y actividades relacionadas con el narcotráfico en general, de manera que la nacionalidad costarricense no sea un escudo de protección para delincuentes internacionales.

10.- ¿Se debe avanzar para establecer la obligatoriedad constitucional de aprobar o ratificar todos los Convenios y Tratados Internacionales que tengan que ver con defensa de los Derechos Humanos, de los Derechos Socioeconómicos y Laborales, con la Paz, contra el militarismo en general y específicamente contra la producción, el comercio de armas, y por el desarme mundial?

11.- Discutir, ampliamente, en términos constitucionales sobre las jornadas laborales existentes. Fortalecer la jornada máxima de ocho horas diarias. Alrededor de este tema, discutir la posibilidad de rebajar la jornada semanal a un máximo de 40 horas, y de ser posible establecerla como ya se hace en países europeos en 36 horas semanales sin debilitar el salario. Esta jornada está amenazada para llevarla al extremo de jornadas diarias de 12 horas en términos reales, por seis o siete días a la semana. Esa es la verdad del proyecto de ley que está en trámite legislativo.

12.- La materia del Derecho Colectivo de Trabajo debe fortalecerse en materia constitucional.

13.- ¿Se debe llevar el sistema de Defensorías existentes a un rango constitucional, fortaleciéndoles sus funciones y exclusividades?

14.- Es necesario establecer como norma constitucional, lo que se había dispuesto por el gobierno en 1869, que la educación pública es gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, y que los gobiernos y el Estado tienen que asegurar los fondos suficientes para su mantenimiento.

15.- En materia legislativa se debe discutir constitucionalmente sobre el quorum de funcionamiento de las sesiones legislativas, de manera que solo sea necesario para abrir las sesiones y para realizar las votaciones. En caso extremo, la posibilidad de que el quorum sea necesario únicamente para abrir el período de sesiones ordinarias o extraordinarias y para las votaciones.

16.- En materia de expropiaciones, para obras públicas, se debe avanzar constitucionalmente para asegurar y agilizar su trámite pagando el valor registral y de pago de impuestos de las propiedades, de manera que cualquier otra diferencia se dirima en Tribunales, para que no se entorpezca el desarrollo y construcción de obras las públicas.

17.- Hay que establecer una norma constitucional que diga que los delitos contra el Estado son imprescriptibles.

18.- Hay que establecer el derecho de los funcionarios públicos de participar activamente en el debate nacional de los temas políticos y de gobierno, sin que ello implique comprometer fondos públicos en esa participación.

19.- En materia de división administrativa del territorio hay que discutir ante una Nueva Constitución una mejor división territorial, que también tenga efectos para la mejor escogencia de los representantes populares

Dejo planteadas estas inquietudes.

Si los grandes problemas del país, de las personas y trabajadores en general, pobreza, desempleo, vivienda, calidad de vida, transporte público, capacidad de consumo vital, salarios, pensiones e ingresos, el asegurar el apoyo estatal para los productores nacionales, especialmente del sector agropecuario, la educación, la deserción escolar, colegial y universitaria, el analfabetismo y el analfabetismo por desuso creciente, entre otros, no se atienden con políticas y ayudas estatales vigorosas, en alianza con los sectores privados, los problemas sociales y su agudización no van a desaparecer, se van a profundizar, la polarización social se va a ir acentuado y no se detendrá con mayor represión policial.

La lucha de clases, y de sus sectores sociales, adquirirá perfiles cada vez más violentos, probablemente asociados a las organizaciones narco traficantes de todo tipo.

El conjunto de Constituciones Políticas que hemos tenido ha tenido que ver también con el desarrollo del Derecho costarricense, con sus propios códigos normativos, y la promulgación de Leyes que se han realizado desde la constitución del Primer Poder Legislativo en el país, en 1825, enriquecido este proceso con la promulgación del Código General de Carrillo, del Código de Comercio de 1852, y los Códigos que resultaron de la Comisión Codificadora de 1882-1888, así como las importantes reformas legislativas que se impulsaron en el legislación nacional en la primera mitad del siglo XX, como las Reformas de 1943, el Código de Trabajo de 1943, el Código Electoral de 1946, y las reformas legales e institucionales que se han impulsado al calos de la Segunda República, a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Hoy se discute en el país si los alcances de la Segunda República siguen válidos, si esa Segunda República ya feneció en 1978, en 1982 en 1990 o, en estos años del siglo XXI. Se habla de una Tercera República, desde inicios de la década de 1990. En las elecciones de 1998 el candidato del partido Liberación Nacional, José Miguel Corrales, habló de eso en su campaña electoral.

En los últimos años se ha vuelto a revivir, aunque débilmente, sin hacer un balance histórico de la Segunda República, y de la necesidad de la Tercera República. A veces, incluso, hablan de una Cuarta República, sin haber cerrado el capítulo de la Segunda República.

El Presidente actual ha hablado violentamente contra todo el significado de la Segunda República cuando afirmó, y sigue afirmando, que todos los presidentes y gobernantes de este período histórico han sido tiranos y dictadores que solo han gobernado para ciertos grupos económicos, financieros y políticos y que siempre han gobernado contra el pueblo, haciéndose ver él como el más típico representante de los sectores populares llamando constantemente a que el pueblo asuma su poder real, orientado todo a sustituir a los actuales partidos políticos, en las próximas elecciones, con mayoría ojalá no menor de 38 diputados, para poder impulsar los cambios políticos institucionales que el país necesita para una mejor gobernabilidad.

En esa misma dimensión, el presidente ha pintado a los partidos políticos que han gobernado y a los que han electo diputados como responsables de los males que él acusa constantemente a los funcionarios públicos, tanto en el aspecto administrativo institucional como de la corrupción nacional.

Si no se atiende con rigurosidad, con seriedad y voluntad política la necesidad de discutir una Nueva Constitución que replanteé el quehacer político nacional y normativo, esa nueva Constitución va a resultar de procesos violentos o de una convocatoria que, con mayoría parlamentaria, pueda realizar un gobernante autoritario, despótico, de características dictatoriales que ascienda al Poder Ejecutivo por la vía electoral, como sucedió en El Salvador.

Estamos a las puertas de un proceso electoral que pareciera no va a resultar con un o una gobernante de esas condiciones. Pero, mientras no hay elecciones no hay resultados. Esta es la única encuesta válida sobre candidatos y el gobernante de turno que asumirá el país a partir del 2026.

No le tengo miedo a una Nueva Constitución, por la vía de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

De ella tiene que resultar la sociedad costarricense que necesitamos, de sólida convivencia democrática.

De ella tiene que resultar un fortalecido Estado Social y Democrático de Derecho, un reflejo de la Costa Rica multicultural que vivimos, que responda a los problemas, necesidades, principios y valores del momento que vivimos y de la sociedad que enfrentamos para el resto del siglo XXI.

El momento electoral que vivimos hasta su culminación presagia tiempos de paz, que es cuando debemos abordar la discusión de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para una Nueva Constitución Política y un nuevo desarrollo estructural costarricense.

El año próximo es el tiempo para entrarle a esta discusión, pasadas las elecciones, que permita preparar el ambiente para esa convocatoria, del Referéndum que puede dirigir el camino de su establecimiento.

Con seguridad personal y colectiva debemos ir hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte la Constitución Política de la Costa Rica del siglo XXI.

Ante el mes de la Patria, los faroles y la Antorcha

Escrito en 12/09/2025. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En el mes de la Patria, como se llama al de setiembre, se han concentrado actividades festivas que giran, de manera particular, alrededor de la fecha del 15 de setiembre de 1821, cuando Guatemala declaró su Independencia, siendo la capital de la Capitanía General de Guatemala, territorio, que comprendía las actuales Repúblicas de Centroamérica y la Intendencia de Chiapas, hoy perteneciente a México.

La Intendencia de Chiapas, con sus principales ciudades, Soconusco, Tuxtla, la Ciudad Real de Chiapas, Comitán, había declarado su separación de la Capitanía General, entre el 28 de agosto y el 5 de setiembre de 1821, provocando con ello una fractura en la Capitanía General, sometida, en su capital Guatemala, a una intensa lucha y debate en esos días sobre la Independencia.

México, desde el 14 de febrero de 1821, con el Plan de Iguala y el Pacto que había aceptado Agustín de Iturbide con Vicente Guerrero, convirtiéndose en el líder del proceso de la Independencia de México a partir del aquel momento, y del Tratado de Córdoba del 24 de agosto, había marcado el fin del Virreinato de Nueva España de México, como se concretó el 27 de setiembre de 1821, cuando México declaró su Independencia, y su Junta Provisional gubernativa inició el 28 de setiembre.

Oficialmente, Chiapas se incorporó a México el 14 de setiembre de 1824, pero desde finales de agosto e inicios de setiembre de 1821, se había separado de la Capitanía General de Guatemala.

En Guatemala había una efervescencia independentista. En setiembre de 1821 se había intensificado alrededor del Palacio de los Capitanes, donde se trataban los temas asociados a la Independencia. Los días 13, 14 y 15 de setiembre se concentró esa discusión y la presión popular exigiendo la Declaración de Independencia.

Las discusiones se realizaban en la tarde noche, obligando a los movilizados a usar antorchas o faroles, no habiendo en aquellos años, uso de electricidad. La esposa del patriota, el médico, Dr. Pedro Molina, líder de la lucha de la Independencia en Guatemala, María Dolores Antonia de San Mateo Bedoya de Molina (1783-1835), conocida como Dolores Bedoya, era una gran activista por la Independencia, considerada en Guatemala como Prócer de la Independencia, por las movilizaciones que provocaba en las calles de la Ciudad de Guatemala pidiendo a la población el apoyo para la firma de la Independencia, e hizo la convocatoria para la mayor presión el día 15 de Setiembre.

El Dr. Pedro Molina había sido profesor de nuestro Gran Pablo Alvarado, cuando estudiaba Medicina en Guatemala en los primeros años del siglo XIX, cuando hizo su escrito el 15 de setiembre de 1808, que el mismo Pablo consideraba como el primer grito de Independencia de la Región, que le costó prisión.

El uso de esos faroles, en aquellas luchas, y por las que encabezaba Dolores Bedoya, llevaron tiempo después, recordando esas gestas y movilizaciones populares, para que, en recuerdo de aquella fecha, el 15 de setiembre de 1821, se estableciera como parte de las celebraciones asociadas a realizar desfiles, con los niños escolares y colegiales, con faroles, para recordar esas gestas independentistas.

En Costa Rica se iniciaron a partir de la década de 1950. Entendí desde joven, por mi amistad con Alfredo Cruz Bolaños, el Gran Maestro del Deporte nacional, que él había propuesto esa actividad, que la recogió el profesor Víctor Manuel Ureña Arguedas (1912-1995), quien era Director Provincial de Escuelas de San José, que llevó a cabo de esa manera el primer desfile el 14 de setiembre de 1953, a las 6 de la tarde, lo que se estableció como costumbre o tradición escolar desde entonces, con la finalidad de fortalecer el espíritu patriótico y cívico, para estimular el fervor por la Independencia, la Libertad y la Soberanía.

La hechura de los faroles eran una tarea de familia. Se compraban los materiales y se procedía a confeccionarlos. El desfile obligaba por las horas en que se realizaban a que padres y familias se movilizaran en la celebración. Me tocó parte de esa vivencia.

De nuevo, Alfredo Cruz Bolaños, entonces Director General de Deportes, mi gran Maestro y Entrenador de natación, impulsó, con motivo de la firma del Tratado de Integración Económica Centroamericana, resultado de la visita de Kennedy a Costa Rica y Centroamérica, en 1963, la idea, que logró concretarse, de realizar en el mes de setiembre, de cada año, un Recorrido de una Antorcha que saliendo de Guatemala llegara hasta Costa Rica, que recordara la traída de la noticia de la Independencia declarada en Guatemala, que fue provocando las Declaraciones de Independencia de El Salvador, el 21 de setiembre, de Comayagua, Honduras, el 28 de setiembre, las de Nicaragua de 28 de setiembre y de 11 de octubre, y finalmente, la de Costa Rica el 29 de octubre de 1821.

De esta forma, cada año, la Antorcha inicia su recorrido por Centroamérica saliendo de Guatemala el 9 de setiembre. Se traslada de día, como se hacía en aquella época, recorriendo las tierras de Honduras, El Salvador, Nicaragua, terminando en Cartago, en Costa Rica, el día 14, la víspera del Día de la Independencia de Guatemala, que el Congreso de Centroamérica, en 1824 estableció que esta fecha debía celebrarse en toda la región, junto con la fecha en que cada Provincia, o país, había hecho su propia Declaración, como es la del 29 de octubre de 1821, en Costa Rica.

En aquellos años no se viajaba de noche, no se recorría el territorio centroamericano de noche. No habían la condiciones de infraestructura, de caminos, adecuada para hacerlo, además de lo peligroso que resultaba por los animales, felinos y otros, que obligaba a no realizar esas caminatas nocturnas.

El primer desfile de Antorcha en Costa Rica se realizó en 1964. Era yo estudiante del Liceo José Joaquín Vargas Calvo, y me correspondió participar en esta actividad, portando la Antorcha en un trecho del Cantón de Montes de Oca, junto con mis compañeros estudiantes de V año y algunos de otros niveles.

El Farol y la Antorcha que hoy se destaca en las celebraciones se asocia en este sentido a los faroles que usaron en las tardes noches de presión popular del pueblo guatemalteco ante el Palacio de los Capitanes, donde se discutía la Independencia. Quizá también se usaron algunas teas, pero lo predominante fueron los faroles.

Los faroles como la Antorcha hoy nos recuerdan aquellos sucesos. Exaltan la Independencia, la Libertad, la Soberanía y el surgimiento de la Ciudadanía, la de una población, que dejó de ser vasalla, sierva y esclava para gozar de Derechos y Libertades.

Los faroles como la Antorcha exaltan la luz de la Libertad y la Independencia frente a la oscuridad que se vivía en el régimen opresivo colonial español.

Los faroles y la antorcha exaltan la Libertad frente a la opresión.

Los faroles y la antorcha exaltan la Independencia frente a la dominación colonial.

Los faroles y la antorcha exaltan el ejercicio de una ciudadanía activa, con plenos derechos y libertades, frente a una población sojuzgada sin esos derechos y libertades bajo el dominio colonial español.

¡Viva siempre la Independencia de Centroamérica!

¡Viva siempre la Independencia de Costa Rica!