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Etiqueta: Vladimir de la Cruz

¿Por qué defender el presupuesto para las universidades y la educación superior?

Escrito en . Publicado en Educación.

Vladimir de la Cruz

Defender el presupuesto de las universidades públicas es un deber de las mismas universidades, y del Consejo Nacional de Rectores. Esto no es discutible.

Hoy, cuando las autoridades políticas de gobierno han perdido la visión nacional del desarrollo, las autoridades de las universidades son las que tienen en sus manos el irrenunciable papel de defender las universidades públicas, y su presupuesto público, en la negociación presupuestaria con las autoridades de gobierno, y con los diputados, que tienen en sus manos la etapa final de aprobación de presupuesto que el gobierno les envía respecto a las universidades.

Pero, también, la defensa del presupuesto para las universidades es un deber mayor, una obligación de los estudiantes, del movimiento estudiantil organizado, es decir, de todos los grupos de estudiantes que existen organizadamente en el interior de cada una de las universidades. Y, también, debe ser preocupación de los estudiantes de colegios, y de sus familias, porque se está peleando el derecho de ellos a la posibilidad de su educación superior.

Las asociaciones estudiantiles de cada unidad académica y las federaciones de estudiantes, de cada universidad, y de los centros o sedes regionales, deben asumir la conducción de las luchas de los estudiantes por la defensa del presupuesto para las universidades.

Es igualmente una lucha de las asociaciones y sindicatos gremiales de educadores, maestros y trabajadores en general de la educación. No es una lucha al margen de sus propios intereses.

A las movilizaciones de los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades se deben unir y sumar los trabajadores, profesores y estudiantes de las escuelas y colegios de todo el país.

La lucha por el presupuesto universitario es también una lucha y una preocupación permanente de todas las familias, de todos los padres y madres costarricenses y migrantes residentes en el país, porque es la lucha para garantizar que todos los niños, de ahora y del futuro, en edad preescolar, escolar y colegial puedan llegar a tener la posibilidad de estudiar en las universidades públicas.

Esta lucha se debe dar en San José presionando a los diputados, directamente en la Asamblea Legislativa, especialmente en estas semanas de octubre y noviembre, cuando se está discutiendo el Presupuesto Nacional para el 2027, cuando ya se han señalado los importantísimos recortes que se están discutiendo, que ponen en peligro sedes universitarias completas, cierre técnico y real de carreras universitarias, paralización de programas académicos de extensión cultural o profesional, de investigación, de docencia y de especialidades académicas.

También esta lucha tiene que hacerse sentir en las distintas comunidades del país, especialmente en aquellas donde hay sedes y recintos universitarios. Los sindicatos universitarios y las asociaciones de trabajadores y educadores de todo tipo, como la ANDE, APSE, SEC, deben integrarse a esta lucha nacional en defensa de la educación superior, que es también la defensa de los intereses de la educación nacional escolar y colegial.

La reducción del presupuesto al nivel que se quiere llevar en su aprobación reduce las posibilidades de ingreso de estudiantes que ahora están en el colegio para que puedan llegar a los estudios superiores.

En otras palabras, se reduce la admisión a las universidades públicas y se cierran posibilidades y oportunidades de preparación académica que permitan la movilización social, mejorar las condiciones socioeconómicas y sociales de los estudiantes y sus familias, y las posibilidades de superar la pobreza. Estadísticamente se ha sostenido que un estudiante con solo ingresar a la universidad se coloca en el nivel superior al de la pobreza.

Los estudiantes son la razón de ser de las universidades. Sin estudiantes no hay universidad.

Políticamente, los gobiernos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández están interesados en acabar con el sistema público de la educación nacional, en todos sus niveles, pero especialmente en el de la educación superior. No les interesa una formación humanística que genere una conciencia crítica sobre los problemas fundamentales de la sociedad costarricense, para lograr mayor compromiso ciudadano en sus posibles soluciones. Su forma de acabar la educación superior es reduciendo su presupuesto nacional provocando la privatización de toda la educación, en todos sus ciclos, primaria, secundaria y superior, como se impulsa bajo las políticas neoliberales en distintas partes del continente, excepto México, donde la presidenta actual, hace pocos días, ha declarado la gratuidad absoluta de todo el proceso educativo, incluyendo las universidades, y las posibilidades de acceso a él de toda la población.

La lucha por el presupuesto universitario no es de ahora. La empezamos los estudiantes del Frente de Acción Universitaria, FAU, cuando a inicios de la década de 1970, y en 1971, dimos la lucha para que, a la Universidad de Costa Rica, en ese momento la única universidad que había en el país, se le igualara su presupuesto al de la Corte Suprema de Justicia, equivalente a un 6% del presupuesto nacional. La lucha por el 6% fue intensa, sostenida, larga, de manifestaciones y movilizaciones, de paros universitarios, de huelgas. Permitió despertar una conciencia universitaria sobre esta necesidad presupuestaria. Fue sostenida con esas marchas, con esas huelgas, con plantones como se dice hoy, con tiendas de campaña en los jardines de la Asamblea Legislativa, cuando eran de acceso directo al público, como se hizo con ALCOA, en 1969 y 1970, también, para presionar directamente a los diputados. No se logró en aquellos años ese porcentaje para la Universidad de Costa Rica. Pero, se logró la conciencia de que esa batalla es de todos los años frente a los gobiernos anti-educación pública.

Los gobiernos liberacionistas de 1970-1978, de José Figueres y Daniel Oduber, impulsaron la creación de las otras universidades públicas, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Recientemente, la última de las universidades públicas fue la Universidad Técnica Nacional. Con ellas se impuso un Fondo para la Educación Superior, el FEES, para su mantenimiento y funcionamiento, de todo el sistema universitario que a partir de ese momento iría en crecimiento.

Interesada y visionaria fue la creación de estas universidades en otras ciudades importantes del país, al margen de las sedes regionales que cada una de ellas fue impulsando.

Así, las sedes principales de las universidades públicas se crearon el 26 de agosto de 1940, en San José, la Universidad de Costa Rica, UCR, en la capital de la República, el 10 de junio de 1971 el Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, en Cartago, el 15 de febrero de 1973 la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, el 3 de marzo de 1977, en San José, la Universidad Estatal a Distancia, UNED y el 4 de junio del 2008, en Alajuela, la Universidad Técnica Nacional.

La Universidad Técnica Nacional fue el resultado de la fusión que se hizo con el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA), el Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG) y el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco (CURDTS).

La primera de estas universidades fue fundada en el gobierno socialcristiano de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y las otras cuatro bajo gobiernos socialdemócratas, del Partido Liberación Nacional, bajo los gobiernos de José Figueres Ferrer, 1970-1974, Daniel Oduber Quirós, 1974-1978, y Óscar Arias Sánchez, 2006-2010.

De aquí, que los partidos socialcristiano y socialdemócrata, con sus diputados actuales, la socialcristiana y los liberacionistas, tengan la obligación principal, moral y política de defender sus creaciones educativas superiores.

La izquierda política siempre ha apoyado la educación pública, gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, como un derecho ciudadano fundamental.

Los liberales del siglo XIX la impulsaron como un factor de movilización social, de oportunidades y posibilidades para las personas, y como un factor clave para el desarrollo del país. Así fue, por ejemplo, con gobernantes como Juan Mora Fernández 1823-1833, José María Castro Madriz en sus dos gobiernos, en las décadas de 1840 y 1860, Jesús Jiménez Zamora en 1869. En el siglo XX lo hicieron Alfredo González Flores, 1914-1917, Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, José Figueres, 1953 y 1970-1974, Daniel Oduber, 1974-1978 y Oscar Arias 2006-2010, fundando otras universidades.

Con los primeros centros regionales universitarios de San Ramón y de Turrialba, de la Universidad de Costa Rica, se produjo una revolución académica de gran proyección de la educación superior a las provincias, regiones, comunidades y distintos pueblos. Se le llevó la educación superior a los ciudadanos, y a los jóvenes, de manera más cerca, a sus propias comunidades, para que tuvieran mayor oportunidad de acceso a sus estudios y preparación académica y profesional.

Con ellos se le llevó la posibilidad de estudios superiores a los jóvenes, y a sus familias, de acercarles los estudios a centenares, y hoy a miles de jóvenes, de poder llegar a los estudios superiores universitarios.

Sucedió igual con el surgimiento de las otras universidades públicas que fueron desarrollándose, con su surgimiento y con sus respectivas proyecciones regionales.

Así se impulsaron las siguientes sedes y recintos universitarios de la Universidad de Costa Rica, la Sede de Occidente, que está en la ciudad de San Ramón, la del Atlántico, que está en la ciudad de Turrialba, con recintos en Paraíso de Cartago y Guápiles de Limón, la de Guanacaste que está en la ciudad de Liberia, con un recinto en la ciudad de Santa Cruz, la del Caribe, ubicada en Puerto Limón, la Sede del Pacífico en el cantón central de Puntarenas y en Esparza, y la Sede del Sur en Golfito, Puntarenas.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) tiene 5 unidades principales distribuidas en el país, divididas en 3 campus y 2 centros académicos. Ellos son: el Campus Tecnológico Central cuya sede principal está en Dulce Nombre de Cartago, el Campus Tecnológico Local San José, en Barrio Amón, el Campus Tecnológico Local San Carlos, en Santa Clara de Ciudad Quesada. El Instituto Tecnológico tiene también los Centros Académicos de Alajuela, ubicado en Villa Bonita de Alajuela, y el de Limón, frente al Colegio Diurno.

El de San Carlos opera como una Unidad de Cooperación para la Transferencia de Tecnología y Educación Continua del Campus Tecnológico Local San Carlos.

La Universidad Nacional tiene cinco sedes universitarias distribuidas así: la Sede Central, en Heredia, que tiene el Campus Omar Dengo y el Campus Benjamín Núñez Vargas, la Sede Regional Chorotega, en Liberia y Nicoya, la Sede Regional Brunca, con los campus en Pérez Zeledón y Coto, y la llamada Casa Golfito, y la Sede Regional Huetar Norte y la Caribe ubicada en Sarapiquí.

Bajo el manto de la UNA, está la Sede Interuniversitaria de Alajuela

que es un espacio de articulación y cooperación académico entre las universidades estatales, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional.

Por su parte los recintos universitarios de la Universidad Técnica Nacional están, con su sede principal en Alajuela y sus sedes regionales en el Pacífico, en Atenas, en Guanacaste y en San Carlos.

Este panorama de sedes centrales, sedes regionales y centros académicos de las universidades públicas nacionales es el que está amenazado de debilitarse, y de desaparecer por partes, por las acciones lesivas que impulsa el actual gobierno y su fracción legislativa del partido Pueblo Soberano, chuceada por el copresidente y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, al no aprobar lo que constitucional y legalmente están obligados a darle al sistema nacional de Fondos para la Educación Superior, y por rebajar el presupuesto afectando negativamente a las universidades públicas en sus objetivos de crear, conservar y trasmitir la cultura nacional y universal, de ofrecer, a la juventud y a los estudiantes, la posibilidad de sus estudios superiores, de una educación integral que les garantice su óptima formación profesional y técnica, su desarrollo integral, moral, cultural y personal. Así, como de promover la investigación científica de alto nivel técnico y académico, para contribuir al mejoramiento de la vida social, cultural, política y económica del país, y elevar el nivel espiritual y educativo de los costarricenses, para coadyuvar en los procesos de desarrollo, modernización y mejoramiento técnico de los sectores productivos, las empresas exportadoras y, especialmente, las pequeñas, medianas y microempresas. Del mismo modo, para preparar profesionales de nivel superior, por medio de carreras universitarias que guarden armonía con los requerimientos científicos y tecnológicos del desarrollo mundial y las necesidades del país, que culminen con la obtención de títulos y grados universitarios, dando énfasis especial a las carreras técnicas que demanda el desarrollo nacional. De la misma manera, desarrollar carreras cortas en el nivel de pregrado universitario, que faculten para el desempeño profesional satisfactorio y la inserción laboral adecuada.

El sector empresarial de todo tipo del país, desde 1940, con la Universidad de Costa Rica, y con las universidades públicas que surgieron en la década de 1970, ha sido el principal sector de la economía nacional favorecido de sus graduaciones y preparaciones, de más del 90% del personal profesional contratado. La sociedad costarricense en su conjunto igualmente ha sido favorecida por la presencia de las universidades públicas en el bienestar nacional alcanzado. Las inversiones extranjeras que vienen a Costa Rica lo hacen porque valoran la capacidad profesional de los graduados universitarios costarricenses. El Instituto Tecnológico surgió en alianza estrecha con el sector empresarial costarricense.

La amenaza a esta presencia universitaria en todo el territorio nacional, con las decisiones negativas de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y su camada política de diputados, con graves problemas de capacitación, profesionalismo y entendimiento para comprender el significado de la educación al pueblo, a la juventud para un mejor desarrollo socioeconómico y político nacional, hay que detenerla por el bienestar del Desarrollo del Estado Social de Derecho y por la afirmación del Estado de Bienestar que se construyó durante el período histórico de la Reforma Social, 1943-1948 y bajo el impulso de la Junta Fundadora de la Segunda República con las reformas y refuerzos que se hicieron en la educación pública en general y de manera particular en la educación superior.

Las movilizaciones estudiantiles universitarias hay que sostenerlas en las siguientes semanas hasta noviembre, cuando tiene que votarse el Presupuesto Nacional del 2027.

Hay que involucrar a los gremios, asociaciones y sindicatos de la Educación primaria y secundaria.

Hay que llamar a los padres y madres de familia, de los jóvenes estudiantes, a apoyar esta lucha que también es por ellos.

Hay que vincular esta lucha al rescate de los fondos que ya le han sido eliminados a la educación primaria y secundaria de subsidios de becas, comedores escolares, transportes estudiantiles.

Hay que vincular estas luchas a la de arreglos y reparaciones reales a los casi 900 establecimientos escolares que tienen amenaza de ser cerrados, por mal estado y malas condiciones sanitarias.

Hay que vincular estas luchas a las condiciones salariales de los educadores y trabajadores de la educación, y de todos los asalariados, y pensionados, para que sus salarios y pensiones congeladas desde hace 5 años se descongelen, y no se mantenga su congelamiento por los siguientes 5 años como quiere el gobierno de Laura Fernández.

Hay que vincular esta lucha para que no se aumenten los años ni las cuotas del seguro social, obligando a los trabajadores a aumentar su expectativa de retiro jubilatorio o de pensión a los 70 años.

Hay que vincular esta lucha al retiro del ROP cuando el trabajador así lo requiera en el momento de su retiro laboral.

Por cosas como estas los estudiantes franceses, alemanes y europeos, y de México, en 1968 se movilizaron con grandes jornadas de luchas sociales y populares, y con grandes sacrificios como los mexicanos, se movilizaron y los actuales de Francia se están movilizando. En las luchas de 1968 los movimientos sindicales europeos entendieron, y se sumaron, a las luchas estudiantiles.

En Europa, pero es parecido en Costa Rica, el descontento social existe, activo en Europa, pasivo en Costa Rica. Hay malestar social que afecta el pacto político y social del país. Miles de costarricenses, de las generaciones actuales, empiezan a ver que una vivienda digna, un trabajo seguro, un salario suficiente, una segura posibilidad de realizarse como parejas o matrimonios jóvenes, el tener hijos, o la simple esperanza de un futuro mejor son metas casi inalcanzables.

Los sindicatos nacionales costarricenses, sus centrales y federaciones sindicales deben sumarse, al menos solidariamente, a la lucha de los universitarios, en defensa de la educación en general y superior en particular, como defensa de los propios trabajadores, padres y madres, abuelos y abuelas de todos los estudiantes hoy en lucha.

La lucha del estudiantado universitario, y de las universidades públicas, es una lucha válida, justa y democrática por Costa Rica.

¡Hay que mantener la lucha social sostenida con presión en la Asamblea Legislativa, y sus diputados, hasta noviembre!

Sigue pendiente el Funeral de Estado para el presidente Juan Rafael Mora Porras

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El asesinato fraguado contra el presidente Juan Rafael Mora Porras, realizado el 30 de setiembre de 1860, hace 166 años, en El Jobo de Puntarenas, sigue sin que la Patria haya saldado el homenaje que se le debe como presidente de la República.

El presidente Juan Rafael Mora Porras fue el máximo héroe costarricense y centroamericano, así también reconocido en Centroamérica, el gran estratega y conductor de la Guerra Nacional Centroamericana, y de la Gesta Nacional de 1856 y 1857, contra la presencia filibustera estadounidense en Nicaragua y en Costa Rica, con el peligro que esa hueste extranjera significaba para la independencia, soberanía de las jóvenes repúblicas centroamericanas, que acababan de salir del yugo colonial español, y la libertad de los pueblos centroamericanos, de haberlos sometido al esclavismo, y la anexión a los estados sureños y esclavistas de los Estados Unidos.

El 14 de agosto de 1859 le dieron un golpe de Estado al presidente Juan Rafael Mora Porras, en su tercer gobierno legítimamente elegido. Lo expulsaron del país hacia El Salvador con el general José María Cañas Escamilla, con su hermano el general José Joaquín Mora Porras, todos héroes y grandes conductores militares de la Guerra Nacional, y otras personas muy allegadas al presidente. Allí vivieron un corto tiempo el presidente Mora y ellos.

En 1860 el presidente Juan Rafael Mora Porras se dispuso a regresar a recuperar la Presidencia que le había sido arrebatada y arrebatada. Traicionado en su intento militar, a su regreso, se enfrentó en el Combate de la Angostura, en Puntarenas, obligado por esa traición a entregarse ante las fuerzas militares del gobierno que habían sido enteradas de su regreso y que llevaban la misión de acabarlo, dándole muerte.

La rendición de Mora se hizo bajo el compromiso de respetar la vida de los que lo habían acompañado en ese intento de recuperar la Presidencia, especialmente a su hermano el general José Joaquín Mora Porras, y también a su cuñado, hermano político, el general José María Cañas Escamilla.

No había en las filas oficiales del ejército que fue enviado a enfrentarlos y juzgarlos el número suficiente de oficiales, generales, que pudieran constituirse en el Tribunal Militar que llevara su juicio. Para ello improvisaron una oficialidad sin ningún procedimiento militar de ascensos y reconocimientos pertinentes, tan solo para justificar el crimen que ya tenían planeado y ordenado.

Así, en Puntarenas se constituyó, en pocas horas, el Consejo de Guerra o Tribunal Militar que determinó la muerte por fusilamiento del presidente Juan Rafael Mora Porras, órdenes que se llevaban de San José, del propio gobierno surgido del golpe de Estado, de José María Montealegre Fernández, de su vicepresidente Francisco María Yglesias Fernández y de los generales Máximo Blanco y Florentino Alfaro, que habían sido enviados a Puntarenas jefeando la tropa gobiernista, junto al coronel Pedro García Oreamuno y a Vicente Aguilar Cubero, todos opositores políticos del presidente Mora, líderes de la élite política y económica, que veían el regreso de Mora como un serio peligro a sus negocios e intereses económicos.

Así, se consumó el asesinato del presidente. El compromiso de no fusilar a Cañas y a José Joaquín se alteró por orden del presidente Montealegre. De esa manera, el 2 de octubre fue también fusilado el general José María Cañas Escamilla. Así se produjo la página más oscura, más negra de la Historia Patria.

Los cuerpos de Mora y Cañas se ordenó tirarlos al estero de Puntarenas, con el propósito de que allí desaparecieran. Esto se evitó gracias a un grupo de entrañables amigos, y parientes, del presidente, entre ellos los cónsules de Gran Bretaña y de Francia, los señores Richard Farrer y Jean Jacques Bonnefil, junto con los yernos de Bonnefil, Santiago Constantine y Julio Rosat, y el Capitán Francisco Roger, que impidieron que los cuerpos acabaran en el estero. Recuperados los cuerpos, que habían sido protegidos, envueltos, con la Bandera de Francia, fueron enterrados en el cementerio del estero, en una fosa cavada por ellos mismos, donde les depositaron y resguardaron por los siguientes seis años.

El 20 de mayo de 1866 el cónsul francés Jean Jacques Bonnefil, nuevamente, con cuatro personas, los marineros Carlos Leonara, Enrique Ligoneff, Francisco Hervé y Guillermo Noubée, exhumaron los cadáveres, los recogieron y mantuvieron durante un breve período de tiempo en la residencia del cónsul, en Puntarenas, de donde los trasladaron después a San José, a la residencia del cónsul, que estaba frente al Hospital San Juan de Dios.

En su casa se guardaron los restos de los héroes hasta que el 13 de mayo de 1885 fueron depositados en el Cementerio general de la ciudad de San José, sin que se hubiera hecho nunca, a partir de esta fecha, ningún ceremonial oficial de Entierro de Estado, de Funeral de Estado, al presidente de la República, Benemérito y héroe de la Campaña Nacional de 1856 y 1857 contra la presencia filibustera en Costa Rica y en Centroamérica. Ni tampoco ningún acto oficial de entierro para el general José María Cañas Escamilla.

Por ello está pendiente, desde aquel asesinato de Estado, un gran acto nacional, que debe realizarse con un Gran Funeral de Estado, donde se cumpla, con el reconocimiento oficial, a la figura del presidente Juan Rafael Mora Porras, y que se realice con toda la pompa, ceremonia y desfile que merezca.

En su memoria, en el Gobierno de Federico Tinoco Granados, el 8 de diciembre de 1918, en el período de la dictadura, se erigió un monumento, en el sitio del magnicidio, en la esquina sur oeste de la actual Plaza llamada Mora y Cañas, ubicada en el Barrio El Carmen, entre avenida 1 y calle 9 de la ciudad de Puntarenas. Allí están los bustos, desde 1960, de los héroes Juan Rafael Mora Porras y el general José María Cañas Escamilla, esculpidos por Juan Rafael Chacón.

Desde aquel año, en Puntarenas se realizan manifestaciones, desfiles y actividades de recuerdo a los héroes nacionales Mora y Cañas.

El Funeral de Estado que comprende el acto, en este caso, de exhumación, de exequias o del cortejo fúnebre que debe realizarse acompañando los restos, y los actos oficiales que se realicen en su memoria en la Asamblea Legislativa, bajo capilla ardiente, u otros sitios que se dispongan a este efecto, incluyendo un acto ceremonial religioso, católico, que también se le podría tributar, por razones de su credo y de la tradición de mediados del siglo XIX, y el de nuevo depósito de sus restos en el Cementerio general, no se ha hecho.

En Puntarenas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche hubo una serie de actividades programadas, como todos los años en esta fecha, que nos recordaron la egregias figuras y personalidades del presidente Juan Rafael Mora Porras y del general José María Cañas Escamilla. Las actividades en Puntarenas iniciaron con un desfile de 80 bandas musicales estudiantiles, de todo el país, que allí llegaron.

El gobierno de la República declaró tres días de duelo nacional, en su memoria, lo que se recuerda con las banderas nacionales a media asta en todo el país. Hubo también un Misa Tedeum, oficiada por el obispo de Puntarenas, y por la tarde se contó con la presencia de la presidenta Laura Fernández.

El alcalde de Puntarenas es quien ha llevado, junto a las organizaciones cívicas puntarenenses, la batuta de los actos que recordaron la memoria de los héroes Nacionales de la Guerra de 1856-1857.

El Funeral de Estado es la ceremonia pública que en Honor de la figura política del presidente Juan Rafael Mora Porras debe realizarse. Esto sigue pendiente. Hoy se hará una Honra Fúnebre, pero sigue faltando el Funeral de Estado.

Este Funeral de Estado, para el presidente Juan Rafael Mora Porras, servirá no solo para reivindicar el acto de su muerte, sino para fortalecer su memoria, el culto y el respeto al héroe, para fortalecer la identidad nacional en lo que el presidente Mora evoca y significa, para enriquecer la conciencia histórica, pero sobre todo para hacer justicia histórica con el héroe Nacional, que no tuvo su Funeral de Estado, su Funeral Oficial, con el que estamos en deuda nacional, quien le aseguró la soberanía y la independencia nacional al país, a la Patria, al pueblo costarricense y centroamericano.

Este Funeral de Estado no será de despedida, es de bienvenida y de inserción oficial a la memoria Histórica nacional.

Ni Don, ni Señor. ¡Ciudadano!

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Hace pocos días en la Asamblea Legislativa el soberano diputado gobiernista, José Miguel Villalobos, le reclamó al magistrado Jorge Araya García, que al referirse a Rodrigo Chaves Robles no le decía ministro ni presidente, y que solo se refería a él como “señor” pidiéndole que le siguiera dando el trato de ministro o presidente, como se acostumbra en Estados Unidos llamar a quienes han ejercido la presidencia.

El magistrado le espetó con respeto, de forma directa y sin rodeos, que, para él, por la forma como fue educado lo más importante que los cargos, que son temporales, es la condición humana, que es de por vida.

¿Tiene importancia ese intercambio de opiniones? Hoy el término DON y SEÑOR, consecuentemente DOÑA, la esposa del Don y SEÑORA, la esposa del Señor, se usan más como fórmulas de respeto y cortesía para dirigirse a un hombre o una mujer mayor de edad.

Sin embargo, en una sociedad democrática, como la que vivimos, esos términos no se deberían usar para el lenguaje general ni coloquial, ni tampoco oficial, como se estila en algunos países y cancillerías. ¿Por qué? Porque se debería usar el adjetivo de CIUDADANO o CIUDADANA, que refiere a los miembros activos, naturales de un Estado, que tienen derechos políticos, garantías constitucionales, como mecanismos legales para proteger, defender y restituir Derechos y Libertades que le pudieren ser, al Ciudadano, amenazados o violados por actos del Estado o de particulares.

El origen real de la palabra DON deriva del latín “dominus” que significa propietario, señor, amo, dueño. En la tradición española, desde la época colonial, situación que se trasladó a la América colonial, dominada por España, se empleó también, desde el siglo XVI, para dirigirse a las personas que pertenecían a la nobleza, término extendido a comerciantes y personas que por tal condición se les debía ese respeto. Era un concepto empleado para distinguir al noble del plebeyo, al noble del criollo y del común de las personas. El DON por sí no significaba un título social, tan solo un tratamiento deferencial.

Por la tradición popular se corrió la idea de que es un acrónimo que responde a: “De Origen Noble”, que en la correspondencia de la época se indicaba D.O.N. y luego se le eliminaron los puntos dejando el DON antecediendo al nombre de pila de la persona.

El DON así no se usa ni se usó para referirse a una persona por el apellido. Si así se usaba se consideraba que quien lo hacía era un plebeyo.

Hoy el término se usa para destacar estatus social, mayor edad, buena voluntad para referirse a una persona de mayor estatus social. Se puede usar de manera despreciable: “esa doña”, o es “un don nadie”, con lo cual se le quita el aura de nobleza que el “don” presume encerrar o contener.

En Hispanoamérica, desde la Independencia se impulsó su desuso, aunque permanece su empleo. Por la tradición francesa se concentró el término a la curia católica, tratamiento que se daba para Dios, Jesucristo y a los santos. En la España medieval se empleaba solo a los reyes, a los grandes nobles y a quienes tenían los más altos cargos eclesiásticos, especialmente referido a arzobispos y cardenales. Después se generalizó a algunos hidalgos, que podían probar su nobleza, pero no a plebeyos. Los hidalgos eran la capa más baja de la nobleza. Es un término que refiere a “hijos de algo”, que podría ser familia conocida o noble. En Don Quijote de la Mancha tenemos esta referencia cuando Alonso Quijano toma el nombre de Don Quijote y Sancho, la buena conciencia, reflexiona que ese “don” no se tenía derecho a usar.

En 1611 el rey Felipe III de España amplió su uso a obispos, condes, mujeres e hijos de los hidalgos y los hijos de personas tituladas, aunque fuesen “bastardos”.

Los reyes españoles por necesidad económica pusieron en venta el derecho de uso del don/doña, el 3 de julio de 1664, por una vida, por dos vidas o a perpetuidad, y en algunos casos permitió incluir un escudo de armas.

En América, en 1573, el rey Felipe II, dio el carácter de hidalgo, aunque no el de don/doña a todos los conquistadores y primeros pobladores. Sin embargo, el del don/doña se hacía constar en documentos oficiales, en registros parroquiales de bautismos, confirmaciones, casamientos y sepulturas, así como en cabildos, lo que hacía ver niveles sociales más altos en lo político, en lo económico y en lo militar. Su uso llegó a alcanzar a los indios que se consideraban nobles.

En los días de la Independencia en Argentina y Uruguay se le dio el tratamiento de “don” a los esclavos libertos que lucharon contra los españoles realistas.

Actualmente, su uso se extiende al punto de decir, por ejemplo, presidente Don… Al referirse con el don se puede poner con mayúscula como con minúscula, que es lo más usual.

Igual sucede con las palabra Señor y Señora, hoy empleadas como cortesía o respeto para dirigirse a personas adultas o mayores.

Señor deriva del latín que significa “más viejo”. Su uso habitual es para dirigirse a personas que no se les conoce el nombre.

Señor históricamente está asociado a un dueño, un propietario, amo o persona con poder de dominio sobre bienes y sobre personas. Su antónimo es el vasallo, el súbdito y en ocasiones el esclavo.

El término se asoció a terratenientes y hacendados, a quienes tenían posesiones con pleno dominio y jurisdicción. A los titulares de señoríos, existentes en España y en la América colonial, que eran territorios cuyos habitantes estaban sujetos o sometidos a la autoridad del Señor, que usualmente eran nobles o eclesiásticos. Se era dueño de tierras y a los campesinos se les podía cobrar por trabajar esas tierras. Algunos señoríos nobiliarios se ligaban a los mayorazgos, que permitía el traspaso de propiedades entre generaciones sin dividirse, para garantizar el poder de la tierra, el capital y el linaje o la descendencia.

La tradición popular asocia el término de señora a mujer casada o viuda mientras a la soltera se le llama señorita.

Los señores feudales tenían derecho para castigar, como dueños que eran de las personas bajo su dominio, hasta con la pena de muerte. Igualmente, los señores feudales tenían el derecho de pernada o de primae noctis con el cual podían obligar o mantener relaciones sexuales en la noche de boda a la esposa de sus vasallos.

En el orden jerárquico de la nobleza titulada de España los rangos de mayor a menor son: Duque, Marqués, Conde, Vizconde, Barón y Señor. La nobleza no titulada comprendía al Caballero, al Hidalgo y al Maestrante.

Si por la etimología el vocablo “don” implica una condición o cualidad de dominio, de dueño sobre otras personas, no se debe usar para dirigirse o referirse a una persona.

Igual sucede con Señor que está asociado a un dueño, un propietario, amo o persona con poder de dominio sobre bienes, sobre personas y campesinos que le trabajaban.

El título de honor, rango social se perdió con la Independencia. Y el dominio de personas también.

En el régimen de tenencia de las tierras en el período colonial todas le pertenecían al rey, tierras reales o realengos, que eran los territorios de la Corona. El rey podía dar tierras a particulares. No eran de los señores feudales, de la nobleza ni de la Iglesia.

Bajo la ocupación francesa en España, en las Cortes de Cádiz se eliminaron los señoríos jurisdiccionales manteniéndose los territoriales, que pasaron como propiedades privadas.

En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en la de 1793, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, se afirmó que estos derechos son “naturales, inalienables y sagrados” y que todos los hombres “nacen libres e iguales”. Así se empezó a desarrollar el concepto del Ciudadano como la persona activa de un Estado, con derechos políticos, civiles, sociales, y sometidos a sus leyes.

Las Cortes de Cádiz también igualaron a todos los habitantes de la América colonial, cuando establecieron la igualdad de los estamentos. Las limitaciones al absolutismo monárquico empezaban a aflorar. La lucha por la Independencia reivindicó cortar con el dominio español en todo lo político institucional que significaba.

En el Plan de Iguala, del 24 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero pactan la lucha final de la Independencia del Virreinato de México, y reconocen en su punto 12 que todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción alguna, de europeos, africanos e indios se les considera ciudadanos del proceso que impulsa Iturbide.

Cuando el 15 de setiembre de 1821 se acuerda la Independencia de Guatemala, se establece igualmente comunicar esa decisión a las provincias que constituían la Capitanía General, el Reino de Guatemala o las Diputaciones que existieron con la Constitución de Cádiz, para que cada una resolviera como bien le pareciera, e invitan para que se forme un Congreso, para lo cual se deben nombrar representantes, diputados, para definir en forma definitiva la Independencia, señalando que en la escogencia de esos diputados no debe excluirse de “la ciudadanía a los originarios de África”. Queda claro que se abolió la esclavitud ese 15 de setiembre de 1821, lo que luego se refuerza en 1824 para toda Centroamérica.

Siguiendo esta línea política, el 23 de julio de 1823, al reunirse la Asamblea Nacional Constituyente de las mismas Provincias, que había sido convocada, decretó exaltando la superación del régimen colonial y reinal español, que existiendo un “sistema de igualdad legal entre los funcionarios y ciudadanos”, se decreta:

“1.- Quedan abolidos todos los tratamientos de Majestad, Alteza, Excelencia, Señoría y demás que se ha usado hasta hoy.

2.- Las autoridades, corporaciones y empleados públicos no se denominarán con otro título que el que disponga la ley al destino o empleo que ejerzan.

3.- Queda abolida la distinción del Don”

De esta forma, desde 1823 no se deben emplear esos adjetivos para referirse a las personas. El de Señor y de Don por las razones aquí expuestas, en tanto significaban un estado de sumisión de personas, con los señores y los nobles, que los colocaba en condición de vasallos, siervos o esclavos.

En su lugar debe decirse CIUDADANO, que responde a la persona del sistema republicano, con derechos, libertades, que el Estado mismo debe garantizárselas.

Así, el magistrado no estaba obligado a decirle presidente Rodrigo Chaves, que no es costumbre hacerlo en Costa Rica a quienes han ejercido ese alto cargo público.

Cuando lo llamó “señor” solo el magistrado sabe si lo hizo por respeto a la edad de Rodrigo Chaves, ya adulto mayor, como lo señaló rápidamente cuando le respondió al soberano diputado, o quiso significar, más finamente, que el señor Chaves se siente en Costa Rica, como ese poderoso personaje medieval, y del período colonial, dueño pleno de todo el país, como si fuera su Señorío, con su población, que no quiere que las leyes le establezcan límites ni controles, al estilo de los gobernantes absolutistas, de esa época, o a los gobernantes autoritarios, tiránicos, dictatoriales y despóticos de estos tiempos, que considera, por la forma como se dirige a los ciudadanos, como si fueran sus vasallos, siervos y esclavos, como los que trasportan frecuentemente a actos públicos, que los ponen a actuar como los capataces que los conducen y dirigen les mandan.

El ciudadano Jorge Araya García puso los pies en el suelo, con elegancia, resultado de la educación que recibió desde niño y practicó en su familia, como también lo dijo.

Cuando di clases, por más de 40 años, en mi primera lección les enseñaba a mis estudiantes estos conceptos, pidiéndoles que no me dijeran Don ni Señor, que Ciudadano era la mejor forma de llamarme. Si eso les costaba, que me llamaran Profesor, que es quien ejerce la enseñanza pública o privada de una materia, en mi caso Historia de Costa Rica, siendo apenas un guía en el aprendizaje de los estudiantes. Del mismo modo, Profesor porque es el que profesa una profesión, en mi caso la de Historiador, actividad que se desempeña trabajando, enseñando.

El Ciudadano Soberano Diputado puede llamar presidente al ciudadano Rodrigo Chaves, lo que tiene que hacer igual con todas las personas que han ejercido la Presidencia en Costa Rica.

También lo puede llamar ministro por el cargo que desempeña actualmente.

Y a todas las personas que han ejercido cargos como presidente, vicepresidente, embajador, ministro, viceministro, magistrado, diputado, alcalde o vicealcalde, como se acostumbra en otros países.

Pero siempre podrá decirles a todos ellos, y todas las personas, el glorioso adjetivo de Ciudadano, que los iguala en todo sentido.

Sobre las luchas y movilizaciones ciudadanas

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Vladimir de la Cruz

En la historia social de Costa Rica es usual conocer las luchas sindicales como parte esencial de ella. Hay luchas y huelgas de trabajadores desde el siglo XIX en Costa Rica. Hay organización social de trabajadores desde el siglo XIX. Hay sindicatos tal y como ahora los conocemos como forma superior de esa lucha de los trabajadores desde 1901. Hay federaciones de trabajadores, que son uniones de sindicatos en una sola organización, desde 1905 y confederaciones de Trabajadores, uniones más amplias, en Costa Rica, desde 1913.

Desde finales del siglo XIX cuando surgieron los partidos políticos hubo partidos políticos que representaban a los trabajadores, se autoproclamaban sus representantes, los de “los chaquetas, descamisados y descalzos”, entre ellos. Hubo diputados electos de estos grupos de trabajadores, que eran principalmente obreros, artesanos y trabajadores en general.

Hubo huelgas a principios del siglo XX que fueron determinantes para los derechos laborales, sociales y de todos los trabajadores, como lo fueron las huelgas que giraron entre 1917 y 1920 alrededor de la lucha por obtener la jornada de 8 horas de trabajo diario, lo que se logró en diciembre de 1920 y hasta hoy, que se quiere alterar por una jornada de 12 horas diarias mediante la ley conocida como la 4-3, porque con esa ley se quiere establecer la jornada semanal de 48 horas comprimida a 4 días por semana, sin pago de horas extras, como dispone la Constitución Política, que se deben pagar. Cínicamente ha dicho el diputado jefe de los diputados del actual gobierno, que esa jornada solo “beneficiará”, o se impondrá a un 1% de los trabajadores, tratando de engañar de que no es una reforma que afecta a todos los trabajadores, que obligatoriamente irán siendo sometidos a esa jornada.

Las huelgas han logrado establecer una serie de derechos y de reconocimientos de beneficios sociales y económicos para los trabajadores. Esos derechos y beneficios así establecidos son resultado de pactos finales de esas huelgas entre los trabajadores y sus sindicatos y los patronos o el Estado cuando los han aceptado e instituido en la práctica laboral. Así, la organización sindical y sus huelgas han sido un instrumento muy importante para impulsar la legislación social del país.

También ha habido luchas ciudadanas muy importantes, como fue la lucha del pueblo costarricense, incluso con episodios de resistencia armada contra la dictadura de Federico Tinoco Granados, 1917-1919. Ha habido períodos de auge huelguístico, como fueron 1907-1909, 1917-1921, 1929-1934.

Desde el siglo XIX ha habido tiempos de intensa lucha social entre sectores políticos del país, que culminaron con nuevas constituciones políticas, suspensiones de la Constitución, con breves gobiernos, invasiones y conflictos armados.

El país en todo ese proceso histórico vivió momentos especiales de grandes acuerdos políticos. Desde 1821 conocemos lo que se llamó El Pacto de Concordia o Pacto Fundamental Interino de Costa Rica, que produjo la primera constitución costarricense. Las Constituciones de 1871 y la de 1949 lograron imponerse como grandes acuerdos políticos por grandes períodos de tiempo. La de 1871 interrumpida entre 1917 y 1919, pero luego volvió a restablecerse. Eso logró estabilidad política importante en el país.

La década de 1940-1949 fue intensa y convulsa en el contexto de la II Guerra Mundial, pero permitió lograr acuerdos como el de 1943, que dio por resultado el Capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución Política, en la Constitución vigente de 1871, que luego se incorporó ligeramente ampliado en la Constitución de 1949, y la aprobación del Código de Trabajo, de 1943, que sigue vigente con las reformas que se han hecho. Estas reformas sociales fueron pactadas por el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia, por la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y por el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde.

Las contradicciones políticas y sociales de esta década condujeron a los sucesos armados de marzo y abril de 1948, guerra civil que se finalizó con el llamado Pacto de Ochomogo, y el Pacto de la Embajada de México, donde se conoció lo pactado en Ochomogo, por el líder político militar antigobiernista, de la guerra civil, José Figueres Ferrer y Manuel Mora Valverde, como jefe político militar, en ese momento defendiendo al gobierno de Teodoro Picado, y las reformas sociales que veía amenazadas. Un acuerdo político, que junto con el de 1943, se convirtieron en las bases de la llamada Segunda República, que así fue fundada el 8 de mayo de 1948, que sigue vigente hasta hoy.

La Segunda República en todos sus fundamentos y logros institucionales está amenazada de muerte por el presidente Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026 y su prolongación como ministro de la Presidencia, desde el mismo Despacho presidencial del gobierno de su continuidad, de Laura Fernández Delgado, 2026-2030.

En el período anterior hubo grandes momentos de movilización ciudadana. Algunos de ellos fueron: en 1969 y 1970 las luchas contra el Contrato Ley con la Aluminum Company of America, contra la ALCOA, a principios de este siglo, bajo el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, se dio la gran lucha contra el llamado Combo del ICE, cuando la población del país se movilizó para evitar la privatización de la generación y servicios de electricidad, en el 2007 las grandes movilizaciones populares contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Junto a estos movimientos ha habido otros, y muchos, de trabajadores de la educación, de trabajadores y estudiantes universitarios y de otros sectores sociales de la población.

Recientemente, tuvimos dos grandes movimientos y movilizaciones ciudadanas de nuevo tipo, en defensa de la institucionalidad política, en defensa del Poder Judicial, de los ataques despiadados que mantiene el cogobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández contra el Poder Judicial y su integración de magistrados propietarios y suplentes y las movilizaciones, a propósito de la celebración de la fecha del 15 de setiembre, cuando el 14, en distintas comunidades del país se volvió a salir en los pueblos en defensa de la libertad, la independencia y la soberanía nacional.

Estas últimas movilizaciones populares y comunales se han realizado bajo la forma de Plantones por la democracia, respondiendo al peligro que representa el cogobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, contra toda la institucionalidad, contra los derechos y libertades ciudadanas y contra el peligro del establecimiento de un régimen dictatorial, tiránico, despótico y de autoritarismo absoluto, como se percibe el avance del gobierno y sus políticas públicas en ese sentido.

La experiencia de los Plantones por la Democracia ha sido buena, sana políticamente para la ciudadanía movilizada, buena para generar y fortalecer una conciencia en defensa de la democracia costarricense. Esta lucha debe mantenerse. Tenemos a la vista fechas importantes que recordar y atender con estas movilizaciones. Algunas de ellas que dejo planteadas son:

Todo el mes de octubre y noviembre se discute en la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional del 2027.

En este Presupuesto se ha hecho un recorte criminal de fondos públicos al Poder Judicial, a las instituciones que atienden asuntos sociales de la población, al sistema educativo nacional con las eliminaciones de las becas, comedores escolares, subsidios para el transporte estudiantil.

Se ha recortado el presupuesto universitario público, con el claro pensamiento de los presidentes Chaves y Fernández, de reducir áreas de estudio de las universidades públicas, como son los Estudios Generales y Humanísticos.

Se mantiene el congelamiento de 5 años de salario y se proyecta ese congelamiento por los próximos 5 años. Se mantiene el congelamiento de las pensiones con la clara intención de rebajarlas con un impuesto del 5%. Se habla de alargar la edad de pensión de las mujeres y de los hombres. Se han eliminado los subsidios de las pensiones menores de 85.000 colones. No se le quiere devolver el ROP a los pensionados, porque en la práctica ese fondo de los trabajadores lo han saqueado o desviado a otros menesteres privados, cuando les pertenecen a los trabajadores.

Se aumenta el desempleo público por restructuraciones institucionales que se enmarcan en las políticas de despidos forzados y de eliminación poco a poco de esas instituciones, para pasar al sector privado, a un mayor costo para la población la atención de esos servicios.

Se están eliminando servicios públicos como el de la Cruz Roja, institución benemérita nacional, lo que provocará menor atención de ciertas zonas, lugares y poblados, para estimular los servicios privados de esta atención.

El Presupuesto Nacional que se quiere aprobar contiene los recortes de estos señalamientos aquí hechos.

Octubre y noviembre deben convertirse en los meses de grandes movilizaciones de todos estos sectores educativos, de la salud, judicial, de los trabajadores y pensionados, de las familias completas, pidiéndole a los diputados que no produzcan esos recortes presupuestarios, porque sus efectos directos son mayor empobrecimiento de la población, y menor atención de los servicios públicos con un impacto directo a la salud de los costarricenses.

Por lo menos cada semana deberían realizarse movilizaciones de ciudadanos, por sus sectores organizados, a la Asamblea Legislativa, a pedir y a presionar en ese sentido a los diputados.

A la par de estas movilizaciones debería prepararse para el 1 de diciembre una doble movilización.

En un primer sentido para recordar la Primera Constitución de Costa Rica, firmada el 1 de diciembre de 1821, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia. Recordar con esta fecha el desarrollo constitucional del país, recordar que la historia patria se ha construido con pactos sociales políticos, no con dictaduras ni tiranías. Exaltar la Constitución actual para defender con ella el Estado de Derecho, es decir la independencia absoluta de los Poderes Públicos, y al Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos sociales.

En un segundo sentido para recordar la fecha de la abolición del ejército de Costa Rica, el 1 de diciembre de 1948, y combatir en este sentido la tendencia militarista de los gobiernos Chaves-Fernández que de manera disfrazada avanzan para modificar la estructura policial que tenemos por la de un ejército. En esta dirección caminan cambiando los rangos policiales de la Fuerza Pública por rangos militares de ejércitos, y por insinuar, y casi presagiar Laura Fernández, el establecimiento de una base militar estadounidense, que estaría enmarcada en el Escudo de las Américas que impulsa el presidente Trump, que ya cuenta con el aval de la presidenta Laura Fernández. Una base militar requeriría obligadamente una aprobación legislativa y de la Sala Constitucional.

Hay que luchar desde ahora para que esto no suceda. El 1 de diciembre debe ser el primer campanazo de esta lucha popular, nacional, democrática y profundamente costarricense.

Las movilizaciones ciudadanas están protegidas por la Constitución Política como derechos de los costarricenses.

Costa Rica en el contexto de las relaciones internacionales debe tener dignidad, no debe bajar la testuz gubernativa

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Vladimir de la Cruz

Las relaciones diplomáticas que Costa Rica inició a mediados del siglo XIX fueron importantes en dos direcciones. Durante la colonia española era España la que asumía la representación de todas las tierras y virreinatos que tenía. Durante la República Federal era la República Federal la que tenía la representación formal de todas las repúblicas centroamericanas.

En una enciclopedia publicada a mediados del siglo XIX Costa Rica no aparece como país o Estado independiente, que ya lo era de España, sino que aparece dentro de la descripción y relato que se hace de la República Federal Centroamericana, en la que se menciona brevemente como un Estado de la Federación. Como ha de ocurrir con los estados que conforman la Unión Americana, a los estados de la República Mexicana, a los estados de la República Bolivariana de Venezuela, a los estados de Brasil o cualquier otro país que tenga un sistema de República Federal, donde los órganos federales son los que mantienen esa representación diplomática de toda la región.

A mediados del siglo XIX empezaron a reconocernos como país independiente y soberano, tomando sus propias decisiones, después de declarada la Independencia con España y luego de disuelta la República Federal de Centroamérica, concepto con el que todavía se veía a toda la región de Centroamérica, y a Costa Rica, hasta que en 1848 se declaró la República de Costa Rica. A partir de los gobiernos de Juan Rafael Mora Porras fue más intenso ese reconocimiento internacional y poco a poco fuimos ampliando nuestros horizontes diplomáticos, hoy mezclados con énfasis en la perspectiva de nuestras relaciones comerciales de exportaciones e importaciones.

Al mismo tiempo que nos reconocían también nosotros reconocíamos a otros países, con sus Estados y gobiernos, de igual a igual, sin importar idiomas, tamaños o sistemas políticos. Era una manera de “nacer” al mundo, a las relaciones internacionales en un plano de igualdad y de respeto al ordenamiento interior de quienes querían relacionarse con nosotros, que de igual, mantenían ese respeto hacia nosotros.

Se puede entender que de igual manera, desde aquellos tiempos, las potencias políticas, económicas y militares se volcaban en esas relaciones enfatizando en sus respectivos intereses sobre los países con los cuales querían establecer esas relaciones. Así, por ejemplo, Francia e Inglaterra pusieron énfasis en el proceso de independencia latinoamericano, facilitando dinero a la causa de la Independencia, si eso contribuía a debilitar el sistema colonial español. Así, operaban esos países en otros continentes.

Cuba y Puerto Rico fueron las últimas colonias españolas que a finales del siglo XIX se debatían en esa guerra anticolonial, independentista. La guerra hispano americana, de 1898-1903, fue el marco de ese proceso en el continente. Resultado de ella Estados Unidos contribuyó a “inventar”, o crear un país, o una región que se había independizado de España en 1821, que se había agregado a la Gran Colombia, que había tenido en el siglo XIX una intensa historia de anexión y separación con Colombia, donde se habían afincado los intereses franceses y estadounidenses alrededor de la construcción del canal interoceánico, para separar a Panamá en 1903 como nación sometida a Estados Unidos y partida en dos con la construcción del Canal que se terminó en 1913. En ese mismo período Estados Unidos también se metió en la región de Maracaibo, en Venezuela.

En Cuba pasaba algo similar. La lucha por la Independencia era intensa. Martí y los próceres cubanos recibían apoyo en todo el continente, incluso en Costa Rica. Bajo el gobierno de Rafael Yglesias Castro, 1894-1902, Martí visitó dos veces Costa Rica. Recibió el apoyo correspondiente y se llevó a Maceo que estaba en Costa Rica. Poquito tiempo después de su segundo viaje a Costa Rica, Martí cayó en combate. Estados Unidos logró imponerse en el proceso de la lucha independentista, con la Enmienda Platt, una reforma constitucional que impuso, que estableció la llamada República Platista, por un breve período, con la que se robaron el territorio de Guantánamo, donde desde aquella época establecieron un enclave militar, que es hoy el centro de torturas más especializado del mundo, con los detenidos que allí llevan de distintas guerras que sostiene Estados Unidos.

Estados Unidos con sus políticas injerencistas e imperialistas impuso en la región centroamericana, gobiernos, controló asambleas legislativas y poderes judiciales. Les dio apellido a las repúblicas centroamericanas, banana republics, por el peso que la United Fruit Company tenía en los países centroamericanos. En los poderes ejecutivos mantuvo militares gobernando, dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios. Costa Rica fue la excepción donde no pudieron actuar como lo hacían en el resto de Centroamérica o el Caribe.

El siglo XX en su desenvolvimiento político, en América Latina, tuvo sus altibajos desde el punto de vista gubernativo. En correspondencia con la situación internacional, especialmente a partir de la I Guerra Mundial, y el surgimiento de la Revolución Rusa en 1917 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, con el surgimiento y desarrollo de movimientos socialistas y comunistas, el “ogro del comunismo” apareció sostenido por las políticas y organizaciones anticomunistas que se crearon a niveles nacionales de los países y a nivel internacional y latinoamericano. Se suspendió el anticomunismo cuando la URSS se convirtió en el principal baluarte de lucha contra el fascismo, que había iniciado la II Guerra Mundial en 1939, el que fue derrotado en 1945. Estados Unidos entró a esa guerra en 1942. Resultado del triunfo antifascista fue el surgimiento de una Europa con más países en tránsito hacia el socialismo, que impuso al término de la guerra la ruptura de los aliados antifascistas para dar inicio a un nuevo período de lucha internacional anticomunista, que se mantuvo bajo el alero de la llamada Guerra Fría, desde 1945 hasta 1991. En todos esos años más países abrazaron la causa de la construcción socialista, no capitalista, destacando en ese proceso países asiáticos como las actuales Repúblicas Populares de China, de Vietnam y de Corea del Norte, que se mantienen como baluartes de ese proceso histórico.

La URSS y las llamadas repúblicas socialistas europeas, agrupadas a su alrededor, colapsaron entre 1985 y 1991, desintegrándose el llamado Mundo Socialista.

Estados Unidos emergió como la superpotencia de estos últimos 35 años, hasta que la República Popular China, sin abandonar sus principios socialistas comunistas avanza poderosamente para convertirse en la principal potencia económica hacia la década del 2030.

De nuevo se ha atizado el anticomunismo mundial. Las guerras imperialistas se han intensificado. Estados Unidos sigue siendo el adalid de estos conflictos, con una presencia militar en el mundo de casi 1000 bases distribuidas en los distintos continentes. Hoy incluso amenazando con invadir regiones, amplios territorios y hasta países constituidos, con el propósito de controlar las materias primas estratégicas, especialmente petróleo, gas y las llamadas tierras raras, ricas en componentes mineralógicos para las nuevas industrias y altas tecnología, incluidas las militares.

Geopolíticamente impone controles. Estados Unidos se ha levantado como un demiurgo moderno, como una divinidad política, en ánimo de ordenar el comportamiento político de los países y de construir un universo propio y dominado, de conformidad a las políticas, directrices y lineamientos que dicte Washington, y su presidente Donald Trump. Los conceptos de la Gran América, del Escudo paramilitar y geopolítico que ha montado sobre Centroamérica y el Caribe, tiene su punta extrema en el Protectorado político económico que ha impuesto en Venezuela.

Los cambios operados en la dinámica política continental latinoamericana han contribuido en esta dirección. Gobiernos proclives al autoritarismo político, al anticomunismo como discurso, enmarañados en las políticas económicas neoliberales han florecido.

Movimientos políticos socialdemócratas, socialcristianos, socialistas de distinto tipo, populistas de izquierda no han satisfecho plenamente las necesidades sociales, económicas y políticas de los pueblos, lo que ha provocado que los péndulos políticos se hayan movido hacia los líderes carismáticos, autoritarios, personalistas, que no tienen partidos políticos propios, ni los encarnan como grandes líderes sin valores doctrinarios o políticos claramente definidos, que rechazan todo lo que signifique el ejercicio político anterior a ellos, y que su único valor ideológico es presentarse como nuevos mesías políticos, sometidos a los dictámenes de las políticas que impulsa Washington en el continente, con capacidad autoritaria de dominar, reprimir y explotar en todo sentido a los pueblos y trabajadores, como se está haciendo.

En toda esta dinámica, Cuba floreció heroica, en la segunda mitad del siglo XX, levantándose contra la dictadura de Batista, impulsando un modelo político revolucionario de tipo socialista, lo que provocó la ira y la preocupación de Washington por el ejemplo que de ella emanaba. Por poco más de 65 años Estados Unidos ha mantenido un bloqueo económico criminal contra Cuba. Impuso durante casi 50 años una ruptura diplomática, de aislamiento político, de los países latinoamericanos, que poco a poco lo fueron de nuevo superando. Parte de ese aislamiento fue la expulsión que se hizo de Cuba de la OEA hasta que de nuevo en este siglo la OEA la invitó a reintegrarse, lo que Cuba no ha admitido. En todo ese proceso solo México, como país realmente independiente y soberano, mantuvo las relaciones diplomáticas con la Cuba Revolucionaria y Socialista. No aceptó la ruptura de relaciones que impuso la OEA. Las razones de la época era el sistema político de Cuba, el socialismo que iniciaba. Las razones posteriores el carácter de su gobierno socialista, que tiene un régimen electoral distinto al de los países latinoamericanos, que ha permitido acusarla de régimen dictatorial no democrático.

Lo más paradójico de esto es que quienes acusaban eran dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios, represores y conculcadores de libertades y derechos ciudadanos.

Con todas las dictaduras, tiranías, satrapías, gobiernos autoritarios y violadores de los derechos humanos del continente, y de otros continentes, Costa Rica ha mantenido relaciones diplomáticas.

Mantiene relaciones diplomáticas con gobiernos de países hoy considerados genocidas, violadores de derechos humanos, como Israel.

De la manera más servil, más vulgar, de falta de dignidad, el gobierno de Laura Fernández Delgado ha decidido romper relaciones diplomáticas con Cuba, considerando que es una dictadura, sin estimar que la situación brutal que tiene el pueblo cubano es resultado del bloqueo político, comercial y económico que Estados Unidos ha impuesto y mantiene sobre Cuba. Sin estimar también que en Cuba hay ahora un proceso electoral que establece que el presidente no puede ejercer más de dos gobiernos seguidos, y que esa política se estableció bajo la presidencia de Raúl Castro Ruz, que él mismo la cumplió, mientras aquí en Costa Rica hay diputados de gobierno, y la misma presidenta que están tratando de modificar la Constitución Política para que el presidente Rodrigo Chaves pueda volver a gobernar y para que el presidente pueda reelegirse.

Lo más gracioso de esta pose servil es que el gobierno de Chaves, como el de Laura, se han sometido a romper comercialmente con la República Popular China, cuando Estados Unidos negocia constantemente con la China comunista sus reglas de comercio y hasta de materias primas.

Cuando Estados Unidos impuso romper relaciones diplomáticas con Cuba, Costa Rica se mantuvo como el más servil de los países de América en ese sentido. Fue el penúltimo en volverlas a establecer frágilmente, en el 2008, unos meses después lo hizo Estados Unidos. Desastroso hubiera sido que Costa Rica estableciera relaciones con Cuba después de Estados Unidos.

El gobierno de Costa Rica ha dispuesto acatar el mandato de Washington sin que Estados Unidos rompa las relaciones diplomáticas que estableció el presidente Barack Obama, que en esa condición fue a abrir la Embajada de Estados Unidos a Cuba. Eso es servilismo político puro. Es bajar la testuz y dejar al país sin dignidad, sin la frente en alto, es aceptar que le pongan yugo, como Trump hace con sus bueyes políticos en el continente.

Así es como nos están reconociendo en el contexto de las relaciones internacionales y diplomáticas de Costa Rica, con una presidenta enyugada, yugo que alcanza para la pareja copresidencial.

Hay que reconocer que el presidente Trump hace un buen boyeo. Tiene arte, técnica y capacidad para guiar, amansar y trabajar con bueyes políticos. ¿Estará Trump montado en la carreta típica costarricense?

¿Cuánto puede pesar ese sometimiento político, de la presidenta, para que no afecte a la candidata costarricense a dirigir la ONU, que se requiere alta diplomacia, relaciones con todos los miembros de la ONU, y garantías políticas de actuación plenamente independiente, cuando en el caso de esta costarricense, que mérito tiene para ese alto cargo, es judía, en medio del conflicto internacional donde está altamente involucrado Israel?

¿Aceptará la enyugada presidenta retirar a Costa Rica de la Corte Penal Internacional, como la ha pedido en la ONU el presidente Trump?

Hay presidentes que les gusta salirse, cuando no los controlan, de organismos o instancias judiciales.

Conferencias de la Semana Morista 2026

Escrito en . Publicado en Cultura.

La Academia Morista Costarricense y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi, se complacen en invitarle a las  conferencias de la Semana Morita  2026

Lunes 28 de setiembre, 4:00 p.m.
Conferencia Los héroes desconocidos de la Campaña Nacional 1856-1857
por Vladimir de la Cruz

Martes 29 de setiembre, 4:00 p.m.
Conferencia Faustino Montes de Oca
por Ana María Botey Sobrado

Miércoles 30 de setiembre, 4:00 p.m.
Conferencia Francisco María Oreamuno
por Tomás Federico Arias Castro

Jueves 1 de octubre, 4:00 p.m.
Conferencia Valedor Martínez
por Ligia Rosales

Viernes 2 de octubre, 4:00 p.m.
Conferencia Los generales centroamericanos
por Carlos Pérez

Las conferencias son virtuales  y se transmitirán por los Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/ y Facebook Academia Morista Costarricense https://academiarorista.org/

Libro reúne las actas de la Junta Fundadora de la Segunda República, con estudio introductorio de Vladimir de la Cruz

Escrito en . Publicado en Formación, Portada.

El historiador Vladimir de la Cruz presenta el libro Junta Fundadora de la Segunda República. Actas 1948-1949, publicado por la editorial ISOLMA. La obra pone al alcance de las personas lectoras las actas de la Junta que gobernó el país entre 1948 y 1949, acompañadas de un amplio estudio introductorio y de documentos históricos del período.

Según la presentación de la obra, estas actas constituyen una fuente documental esencial para comprender cómo se tomaron las decisiones que redefinieron el Estado costarricense en esos años. A través de ellas es posible conocer, desde sus protagonistas, los debates, tensiones, acuerdos y visiones que marcaron el inicio de una nueva etapa nacional. Fue un período atravesado por crisis políticas, reformas sociales, confrontaciones ideológicas, elecciones controvertidas, pactos decisivos y una guerra civil, del cual surgió un proyecto de país cuyos efectos siguen presentes en la vida política e institucional costarricense.

La introducción de Vladimir de la Cruz examina el contexto político que condujo al conflicto de 1948, el liderazgo de José Figueres Ferrer y la participación de figuras como Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde, monseñor Víctor Manuel Sanabria, Teodoro Picado y Otilio Ulate. De acuerdo con la contraportada, más que una recopilación documental, el libro invita a reflexionar sobre el poder, la democracia, la legitimidad política y la construcción del Estado.

Una obra para el debate actual

La publicación adquiere especial importancia histórica y política en el presente, cuando desde el oficialismo se habla de una «Tercera República» sin dar cuenta del entramado sociohistórico que ese concepto implica. Conocer las actas oficiales de la conformación de la Segunda República, junto con la ubicación histórica que realiza el autor como historiador y analista, resulta fundamental para formar criterio sobre ese debate.

Contenido del libro

La obra abre con el prólogo «¿Cómo nace la Segunda República?», de Vladimir de la Cruz. La primera parte inicia con un extenso ensayo del mismo autor, «José Figueres Ferrer. El hombre, el político, el estadista», seguido de una selección de documentos que permiten seguir el proceso histórico paso a paso:

  • Textos de José Figueres Ferrer desde 1942, entre ellos «¡Lo que el Gobierno debe hacer es irse!» (8 de julio de 1942), «Palabras gastadas», «Las virtudes nacionales» y «En febrero de 1944 murió la Primera República» (17 de marzo de 1945).

  • El Pacto del Caribe (16 de diciembre de 1947) y las dos proclamas de Santa María de Dota (23 de marzo y 1 de abril de 1948).

  • Los documentos de abril de 1948 sobre la sucesión presidencial, incluidos varios textos de Teodoro Picado hasta el decreto ejecutivo que llamó al tercer designado a ejercer la Presidencia (20 de abril de 1948).

  • Textos de Benjamín Núñez y Carlos Monge Alfaro, el Pacto Ulate-Figueres (1 de mayo de 1948) y la declaración de José Figueres Ferrer del 8 de mayo de 1948, con la que se constituyó el Consejo de Gobierno Provisorio bajo el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República.

  • Tres textos posteriores: «Presencia de José Figueres» (setiembre de 1986), de Alfonso Chase; «Los últimos 70 años» (24 de enero de 2026), de Jaime Ordóñez; y «El ‘Corrido de Pepe Figueres'», de Carmen Granados.

La segunda parte, «Junta Fundadora de la Segunda República. Actas 1948-1949», reúne la totalidad de las actas de las sesiones de la Junta. Entre ellas se intercalan decretos ley emitidos en ese período, como los n.° 16, 37 y 42. De esta forma, el libro combina la fuente documental completa con análisis históricos y políticos que permiten situarla en su contexto.

Dónde adquirirlo

El libro puede adquirirse en la Librería UCR, en San Pedro de Montes de Oca, a un precio de ₡15.000.

El deslucido acto del 14 de setiembre en Cartago

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Los actos cívicos realizados el pasado lunes 14 de setiembre en la noche en todo el país no pueden pasar desapercibidos. Hubo dos actos.

El oficial que siempre se hace con el recorrido de la antorcha que viene desde Guatemala hasta Cartago, con el que se recuerda la traída de la noticia de la Independencia proclamada por Guatemala, que dejaba en libertad a las provincias centroamericanas, que eran parte constitutiva de la Capitanía General de Guatemala, para que cada una de las provincias decidiera lo que le correspondiera, si continuaban dependientes de España o se independizaban de España.

Este recorrido se inició en 1964, en su celebración, cuando el Profesor y Director General de Deportes, en aquellos años, Alfredo Cruz Bolaños, lo propuso a la reunión de presidentes de Centroamérica, en marzo de 1963 cuando se reunieron en Costa Rica con el Presidente Kennedy, con lo que empezó también la Integración Económica Centroamericana, como un elemento que contribuyera a forjar y estrechar más los lazos de las comunidades, de los pueblos centroamericanos, y como recordación de la Memoria histórica de la hermandad que habíamos tenido, antes de la proclamación de la Independencia en 1821, y de los intentos que se impulsaron por restablecer la unidad de los pueblos centroamericanos, que en ese momento estaban impulsando un proyecto de unidad regional con la integración económica.

Desde entonces se ha realizado esa celebración del recorrido de la Antorcha, recordándonos la luz de la Independencia frente a la oscuridad de la dependencia; la luz de la Libertad, frente a la Oscuridad de la opresión; la luz de la Soberanía, frente a la oscuridad de la imposición política gubernativa, la luz la ciudadanía frente a la oscuridad del vasallaje, de la servidumbre y de la esclavitud; la luz de los Poderes Públicos independientes entre sí frente a la oscuridad del Absolutismo y el Autoritarismo político.

Si de faroles vespertinos o nocturnos se trata, se puede recordar como los días 12, 13, 14 y 15 de setiembre de 1821, en Guatemala, conociendo los hechos de la Independencia proclamada por las comunidades de la Provincia de Chiapas y por sus Alcaldías Mayores de Ciudad Real, Tuxtla, Comitán y la Gobernación del Soconusco, que presionaron a las autoridades de Guatemala para que declarara la Independencia. Dolores Bedoya, esposa del Dr. Pedro Molina, prócer de la Independencia, presionaba en las calles, con movilización de mujeres y del pueblo, con faroles en mano para que se realizara esa Declaración, que se produjo el 15 de setiembre. Esto, en parte justificó que la celebración del 15 de setiembre se haga con faroles. En 1953 se institucionalizó en el Ministerio de Educación Pública el uso de faroles para esta celebración, por iniciativa del director provincial de escuelas de San José, Víctor Manuel Ureña Arguedas, estableciéndose de manera obligatoria en 1965, en armonía con lo que había impulsado Alfredo Cruz Bolaños.

El recorrido de la Antorcha, en el suelo patrio, desde que inicia en la Frontera Norte hasta que llega a Cartago, no es una expresión solo de los niños y jóvenes que se movilizan con fervor patriótico en ese acto. Es una movilización de maestros, profesores, padres y madres de familia, abuelos y abuelas, tíos y tías, que también se movilizan, acompañando a sus hijos, pero también integrándose a la celebración Patria que en esa fecha se vive. A las 6 p.m. el país se paraliza para entonar el Himno Nacional.

A la par del acto oficial, de carácter familiar nacional, también se realizan actos paralelos de ciudadanos organizados, de sindicatos, asociaciones de distintos tipos, cooperativas, empresas, partidos políticos, asociaciones religiosas y culturales, que por su parte se suman a este festejo.

Todo el acto de la celebración del 15 de setiembre, realizado popularmente el 14 con el recorrido de la Antorcha, el concepto que más se contiene, por sus diversas significancias, es el de festejar y exaltar la libertad del pueblo costarricense, en el Aula Magna de las Calles y Plazas por donde la Antorcha hace su recorrido, y en las Calles y Plazas donde la gente y el pueblo, se reúne y se concentra para celebrar con igual sentido patriótico y emoción, la libertad, entonando con todo el resto del pueblo, el Himno Nacional.

Las concentraciones populares del 14 de setiembre han permitido que también sectores del pueblo se movilicen críticamente, frente a los gobernantes, y autoridades políticas, que asisten a los actos, con pancartas, consignas y con peticiones políticas o sociales.

Estas protestas ciudadanas nunca se han catalogado como erosión de la democracia nacional. Al contrario, son viva expresión de ella.

No se han calificado negativamente contra la festividad del acto de celebración de la Independencia. Al contrario, se han visto como parte del derecho de los ciudadanos a manifestar sus opiniones y pensamientos.

No se han visto como actos sediciosos contra las autoridades públicas. Se han entendido como parte de la tolerancia política que se expresa en el desacuerdo de cómo el gobierno conduce políticamente el país.

Protestas contra gobernantes, en estos actos, las ha habido contra los presidentes Mario Echandi Jiménez, en 1958, contra José Figueres Ferrer, en 1972, contra Rodrigo Carazo Odio, en 1981, contra Rafael Ángel Calderón Fournier, en 1990, contra José María Figueres Olsen, en 1995, contra Oscar Arias Sánchez, en el 2006. En todos esos eventos hubo distintas formas de expresar el descontento ciudadano, críticas en pancartas, gritos contra el presidente, abucheos y silbidos contra el presidente. En una ocasión la reacción popular hizo suspender el discurso presidencial, en 1981, sin que ello provocara represión policial contra las personas que protestaban.

En ninguno de los actos anteriores se sometió a la población a registros y cateos personales, a pedir cédula a los ciudadanos que protestaban, a establecer cercos de varias cuadras alrededor del sitio oficial del acto para impedir la cercanía de las personas.

En ninguno de esos actos se trajeron autobuses con personas, prácticamente detenidas, para hacerle bulto al gobernante en su discurso, prácticamente raptados cuando no alquilados, con arroz con pollo servido en vaso, un refresco y un pago de ¢10.000 colones por montarse en el bus, y en algunos casos sin conciencia de saber hacia dónde los llevaban.

¿Qué sentido tiene para los copresidentes Rodrigo Chaves y Laura Fernández, llevar de esa manera a sus actos, personas que no saben a qué van y que ni siquiera se identifican con sus contenidos? ¿O, que van engañadas, como la señora que el pasado lunes la trajeron de Guápiles con la creencia que podía visitar la Basílica de los Ángeles y la tenían encerrada entre las vallas de seguridad que puso el gobierno, sin poder salir de ellas? ¿Qué sentido tiene para ellos, y sus ministros, hacerse acompañar, como hicieron el lunes en Cartago, con recogidos a la fuerza de las calles de San José, y posiblemente de otros lugares, montarlos en un bus, con ofrecimiento de comida y pago, sin saber a dónde los llevan? ¿Qué sentido tiene echarse encima a la población de Cartago que no la dejaron entrar a la Plaza Mayor, que es el sitio emblemático de la ciudad de Cartago? ¿Qué sentido tiene mostrar garras y dientes de agresión exigiendo presentar cédula a ciudadanos que llegan al acto cívico? ¿Por qué catear personas, revisarles sus carteras o bolsos a las mujeres, documentos personales, que consideran opositores, mientras a otros no los intervenían de esa manera? ¿Desde cuándo vestir una camiseta con las siglas de ANEP, ANDE o APSE es motivo para no dejarlo participar de un acto cívico o impedirle transitar por una zona de la ciudad de Cartago? ¿Por qué impedir que llevaran o portaran faroles por el mensaje que tenían o con motivos de protesta política contra el gobierno, o contra el concubinato político de Rodrigo y Laura? ¿Por qué enlistaban a algunas personas que llegaban a la Plaza Mayor y a otras no? ¿Por qué exhibir tanto temor frente al pueblo por parte de los chupasangres del Gobierno, que tienen congelados los salarios, las pensiones, que quieren rebajarlas en un 5%, que quieren establecer jornadas de 12 horas sin pagos extras? ¿Por qué reprimir periodistas y camarógrafos de La Nación y del Semanario Universidad? ¿Por qué impedir la presencia de grupos sindicales organizados?

¿El acto del 14 de setiembre en Cartago fue bochornoso para la Municipalidad de Cartago, que no tuvo ningún papel importante en la celebración, que de alguna manera era simbólicamente el receptáculo de la noticia de la Independencia que era enviada desde Guatemala?

El Alcalde de Cartago fue una simple caricatura en todo el evento. Vergonzosa actuación tuvo. Pudo haber tenido por lo menos, en su discurso, si no le fue censurado, la dignidad y el decoro de haber protestado por el aparataje policial, militar y represivo que impuso el Gobierno. Se presentó como un alcalde sin dignidad alguna ante su pueblo cartaginés y ante la ciudadanía nacional. El alcalde fue disminuido en su investidura y lo presentaron no como un ciudadano libre, resultado de la Independencia que se recibía en el acto, sino como simple vasallo, como un simple siervo de la Autoridad Superior, casi esclavo político. Lo siento mucho por el alcalde, Mario Redondo.

El alcalde pudo haber asegurado una parte de la Plaza Mayor para que la ciudadanía no gobiernista hubiera tenido una presencia cercana a los actos oficiales.

Hubo una exagerada presencia policial militar, como la que exhibe la pareja política concubinal de Zapote cuando se movilizan por las calles de las ciudades, con exageradas unidades policiales, militares, de tránsito, de Cruz Rojas y Bomberos, que pasan a veces de 20 unidades en caravanas. ¿Por qué exhibir tanto temor al pueblo? ¿Por qué exhibir tal desplante policial militar, para infundir miedo a la gente y para irla acostumbrando al autoritarismo gubernamental, al militarismo que quieren entronizar y fortalecer como pasos hacia la dictadura, la tiranía y el gobierno absolutista?

La soberbia de la pareja presidencial no se va a imponer sobre la ciudadanía. Nadie se va a rendir ante sus actitudes y poses circenses. La burla institucional de los ciudadanos tiene límite. El poder público no se muestra ridiculizando al que pregunta, al que critica o al libre pensador, ni proponiendo usar cremitas de color.

Por ese camino, bien podría ofrecérsele hacer exámenes de alcoholemia al Jaguar zapoteño cuando exhala, abre su hocico, cuando así se comporta, o cuando no hila bien sus palabras con su afectado cerebro, para ver si se mantiene diariamente en el ranking menor a 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre.

A Rodrigo Chaves le quedó grande el traje de presidente. Le sigue quedando grande el de copresidente fáctico que tiene. No aprendió ningún modal, ni buena conducta de la investidura que tuvo, y que mantiene y quiere seguir teniendo. No tiene ningún respeto por los ciudadanos, por sus críticos, por la libertad de prensa y de pensamiento. La burla, la agresión gestual, las muecas, sacar la lengua, usar sus manos para agrandar sus orejas en muecas desabridas, en ofender a ciudadanos que le interrogan es su desplante.

Rodrigo Chaves se sigue comportando a lo tico como un pachuco, vulgar, agresor, que le gusta estimular las broncas y los pleitos para exhibir su mal aliento y sus palabrotas.

En su inglés es un simple Hooligan, un gamberro. Es una persona grosera, incivil, patán, falto de cultura, de educación, de respeto por la convivencia social y de civismo. La falta de civismo la mostró en todo el acto de Cartago. Le encanta provocar disturbios, interpretaciones vandálicas, alterando el orden público, porque si hay alguien que lo altera es Rodrigo Chaves Robles, con sus desplantes y decires.

En la Inglaterra de finales del siglo XIX los Hooligans se desarrollaron como pandillas callejeras violentas, inspiradas en la figura de Edward Hooligan, considerado un personaje pendenciero. Rodrigo Chaves ha desarrollado sus pandillas de troles y de personas físicas que ya están actuando pandilleramente, agrediendo a personas que se manifiestan como antichavistas. ¿Hacia dónde nos lleva esto? ¿A las camisas pardas de Hitler, que era su milicia paramilitar, como la está formando Chaves desde el gobierno anterior, o a las camisas negras de Mussolini, que fueron los grupos que organizó para intimidar y actuar con violencia contra sus opositores?

Mientras en Cartago hubo un deslucido y bochornoso acto ceremonial y festivo alusivo a recordar la fecha de Independencia de Guatemala que nos llegó a Costa Rica, en el resto del país, en todos los pueblos y ciudades donde los ciudadanos libremente, pudieron manifestarse y celebrarla, con faroles, con las consignas y carteles que quisieran, en calles, parques y plazas, reuniéndose maestros, educadores, padres, madres y familias, niños y jóvenes, fue altamente exitoso, patriótico, sin heridas en el corazón de la Patria, sin espacios cerrados, vigilados, sin represión ni matonismo institucional, donde la luz de la Libertad verdaderamente brilló.

Los faroles y antorchas de la Independencia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Desde 1964 se celebra en Centroamérica, de manera conjunta la fecha del 15 de setiembre, como la fecha de la Independencia de Centroamérica, recordando el Acta de Independencia declarada esa fecha, en 1821, en Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala, también, antiguo Reino de Guatemala.

La celebración conjunta en Centroamérica, de la fecha del 15 de setiembre de 1821, se determinó por declaración así establecida por la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual formábamos parte, indicando que “ la memoria del glorioso 15 de setiembre de 1821, en la que el pueblo de esta capital (Guatemala), proclamó su Independencia del gobierno español, se celebre con todas las demostraciones…, ha tenido a bien decretar y se decreta:…1.- El día 15 del próximo mes de setiembre será feriado en esta capital (Guatemala)…2…, 3…, 4…, 5…, 6…, 7, … 8…, 9…, 10…, 11.- El Supremo Poder Ejecutivo, al circular este (decreto) dispondrá que en todos los pueblos de las Provincias Unidas, se celebre la Memoria del día en que cada uno proclamó su Independencia del Gobierno español…” Así se dispuso y comunicó el 26 de agosto de 1823.

Así, la Independencia de Guatemala se constituyó en el detonante para que las Provincias Unidas de Centroamérica, cada una por su parte, tomara la decisión de su Independencia, en tanto iban recibiendo la noticia de lo dispuesto en Guatemala, que dejaba en libertad a cada provincia para que decidiera lo propio. De esa manera, El Salvador declaró su Independencia el 21 de setiembre, Honduras y Nicaragua lo hicieron el 28 de setiembre. Nicaragua en esa fecha hizo su declaración indicando que la decisión de la Independencia quedaba sujeta “hasta que se aclararan los nublados del día”. Esta situación la corrigieron el 11 de octubre cuando declaró su Independencia. A Costa Rica la noticia de lo dispuesto en Guatemala llegó acompañada de lo decidido en Nicaragua, el 12 de octubre de 1821.

El último gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas, no pudo ocultar la noticia, que se traía de pueblo en pueblo por toda Centroamérica, provocando distintas reacciones.

En Costa Rica la noticia de la Independencia pasó primero por San José donde fue acogida. Siendo Cartago la capital de la Provincia de Costa Rica, la discusión de lo dispuesto en Guatemala y Nicaragua se mantuvo por varios días, en los pueblos del Valle Central, para lo que se solicitó se enviaran delegados a Cartago para tomar la decisión sobre la independencia declarada en las otras provincias.

En Cartago estaban reunidos los delegados de los pueblos desde la noche del 28 de octubre, y en la mañanita del 29 de octubre, se aprobó declarar la Independencia de Costa Rica, constituyéndose esta fecha como la Fecha de la Declaración de la Independencia de Costa Rica.

Así, por la misma declaración de la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, la fecha del 15 de setiembre se debe celebrar en memoria de lo sucedido en Guatemala, y la del 29 de octubre por ser la fecha en que Costa Rica, de manera definitiva tomó la decisión de independizarse. Debe ser la fecha del 29 de octubre y no cualquier otra porque Cartago era la capital de la Provincia de Costa Rica. El Acta de Independencia de Costa Ria se juró el 10 de noviembre de 1821, reafirmándose de esa forma lo dispuesto en Cartago el 29 de octubre.

De igual manera se podría considerar que las fechas de independencia de los pueblos de la provincia de Chiapas, como lo fueron Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, que proclamaron primero su Independencia, antes que Guatemala, a la que pertenecían, deban tenerse como las fechas de Independencia, de Guatemala y del resto de Centroamérica. Influyeron esas declaraciones en Guatemala para la decisión que se tomó el 15 de setiembre.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir del 15 de setiembre de 1821 fue la noticia de la Independencia de Guatemala.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir de esa fecha fue la invitación para que cada Provincia, entre ellas Costa Rica, tomara su propia decisión.

El recorrido de la noticia se hizo de día, no de noche. A caballo o a pie se trajo la noticia. De noche no se podía porque no había buenos caminos para transitar. No había telégrafos ni teléfonos. Había peligros reales de animales salvajes, felinos especialmente, para los viajeros que pudieran movilizarse nocturnamente. Había que hacer paradas obligadas. Por eso la noticia duró muchos días, casi un mes, en llegar a Costa Rica. Quienes traían la noticia, uno o varios viajeros, se desplazaban de día, sin antorchas ni teas.

A principios de la década de 1960, en el contexto de la Integración Centroamericana que se impulsaba y de la reunión de presidentes de Centroamérica con el presidente Kennedy, del 18 al 20 de marzo de 1963, el Profesor, y Director de la Dirección General de Deportes, Alfredo Cruz Bolaños, impulsó la idea, acogida en esa reunión de Presidentes centroamericanos, que se materializó por primera vez en 1964, de festejar la Independencia del 15 de setiembre de Guatemala y el recorrido de su noticia por toda la región, con un recorrido oficial que se iniciaría en Guatemala hasta llegar a Costa Rica, recorrido que se haría portando una Antorcha, en manos de estudiantes de toda la región.

Es claro que la celebración de este recorrido no se hace por las noches. Se hace durante todo el día, pueblo a pueblo, por la ruta que se disponga.

La Antorcha se propuso como símbolo de la luz frente a la oscuridad de la dominación española, como símbolo de la luz contra la opresión colonial, como símbolo de la libertad, del pueblo y del país, como símbolo de la soberanía popular, del pueblo en capacidad de tomar sus propias decisiones y la independencia nacional frente al sometimiento político e institucional del orden colonial español, o de cualquier otro orden imperial que nos amenace.

El 14 de setiembre de cada año, desde 1964, el pueblo costarricense, y el estudiantado nacional, se moviliza para recordar, exaltar y festejar la noticia de la Independencia que nos llegó, en el desfile así organizado, para consolidar la Independencia de Costa Rica, y la de Centroamérica. Eso celebraremos el próximo 14 de setiembre en Costa Rica.

Para esta fecha, para este próximo 14 de setiembre, se está invitando a participar a todo el pueblo, en todas las comunidades del país, por donde pase la Antorcha traída de Guatemala, y en los pueblos por donde no pase, para que la gente se reúna con antorchas para celebrar la Independencia Nacional, pero especialmente para fortalecer la Independencia, la Soberanía y la Libertad del pueblo de Costa Rica.

Se está llamando a defender las libertades y derechos sagrados que la Independencia nos dio y que, en el desarrollo institucional del país, desde aquella gloriosa fecha hasta hoy, se han logrado como grandes conquistas populares y ciudadanas, establecidas en la Constitución Política, hoy diariamente amenazadas por las acciones autoritarias que se impulsan por el Gobierno de la República.

Se está llamando a defender la institucionalidad democrática nacional, el Estado de Derecho, que implica defender la independencia de los Poderes Públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Electoral.

Se llama a luchar para que el Poder Ejecutivo no controle dictatorial, tiránica, ni autoritariamente todos los Poderes de Estado, para que no se entronice una Dictadura, una Tiranía, un Gobierno Absoluto en el país, ni se establezcan las bases de una Costa Rica dependiente, como una nueva colonia de una potencia extranjera, ni como una República alquilada a esos intereses, ni como un Protectorado político y militar como pareciera se está gestionando por el Gobierno de Laura Fernández.

El 14 y el 15 de setiembre hay que afirmar la verdadera Independencia Nacional.

Los faroles y antorchas de la Independencia, de esta fecha, son para afirmar, consolidar y defender el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho que malos costarricenses, y en cierta forma traidores a la Patria, están despedazando.

De la protesta del Plantón a la del Farolazo el 14 de setiembre

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En Costa Rica conocemos históricamente muchas formas de luchas sociales y protestas ciudadanas. Resistencias y rebeliones indígenas, cuando las hubo en la colonia, las protestas anticoloniales, que contribuyeron al proceso de la Independencia, las luchas de los pequeños propietarios campesinos en Guanacaste, en los primeros años de la vida independiente, cuando se empezaron a privatizar las tierras de pastoreo y se cercaron los accesos a los ríos y pozos de agua, que habían tenido un carácter comunal abierto en la colonia…

En la vida independiente, durante el desarrollo y surgimiento del Estado las diversas modalidades de luchas políticas y electorales que fueron surgiendo durante el siglo XIX, hasta que empezó a manifestarse el capitalismo agrario en el último tercio del siglo XIX y la modernización que empezó a tener el país con la construcción del ferrocarril al Atlántico, como se decía, con la traída de mano de obra extranjera afrodescendiente de Panamá y luego de Jamaica, para esos duros trabajos industriales que exigía el ferrocarril, el muelle y la ciudad de Limón, especialmente, junto a los chinos y los italianos, grupos sociales que en sus trabajos impulsaron y desarrollaron luchas más típicamente capitalistas, en defensa de sus salarios, de defensa de sus contratos de trabajo, que desarrollaron huelgas, paros y otras formas de protesta, más de carácter sindical, cuando los sindicatos estaban en gérmenes iniciándose con sus organizaciones antecesoras, las sociedades mutualistas, de mutuo auxilio y de socorros mutuos, junto con las sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros, hasta que con las transformaciones capitalistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX surgieron las Ligas de Obreros y los Sindicatos tal y como ahora los conocemos.

Con el ferrocarril luego se impulsó la producción bananera que prácticamente desde su origen tuvo en sus trabajos protestas laborales y huelgas, casi una docena de huelgas desde 1890 hasta 1934, siendo la más importante y bulliciosa la de 1934, dirigida por el Partido Comunista que se acababa de fundar en 1931.

En aquellos años, desde principios de siglo XX, las huelgas y las huelgas de, o en solidaridad, con otros huelguistas, habían aparecido, así como ciertas políticas sociales relacionadas con pensiones, y otras regulaciones en materia laboral para trabajadores organizados, como fueron entre ellos los maestros y educadores, y los trabajadores del campo que luchaban por la ley de accidentes de trabajo, que se logró en 1925. La jornada de trabajo de 8 horas ya se había logrado en diciembre de 1920, la que se llevó al Código de Trabajo de 1943 y a la Constitución Política de 1943 y luego a la vigente de 1949.

La prensa diaria y la prensa social, surgida en la última década del siglo XIX, que atendía la situación de los trabajadores, de los chaquetas, descamisados y descalzos, de los grupos urbanos marginados, recibiendo información de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas en Europa, y los Estados Unidos, que culminaron con las triunfantes huelgas de Chicago de 1886, 1890 y las siguientes para imponer a partir de este año esa lucha a escala internacional, fueron también, desde aquellos años, hasta la segunda década del siglo XX, que se acompañaron con otros procesos huelguísticos en el país de trabajadores migrantes, españoles especialmente, y con una migración europea intelectual de gran valía en el campo educativo, de las ciencias, las artes y la cultura en general, hicieron surgir también una conciencia política anti oligárquica, de carácter popular.

En el campo político con el surgimiento de los partidos políticos a partir de 1890 surgieron también las organizaciones políticas de los trabajadores, que incluso en la última década del siglo XIX pudieron nombrar o elegir sus propios diputados, como lo fue el Partido Independiente Demócrata, que forzó para que los partidos oligárquico liberales crearan a su amparo los clubes respectivos de trabajadores, artesanos y obreros, eligiendo ellos también un diputado representante de estos trabajadores, en esos años.

Ese final de siglo XIX se fortaleció en el campo de las ideas políticas, además del liberalismo, cuando por la prensa, especialmente, empezó a llegar la información de las ideas y de los movimientos anarquistas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianas de Europa. Estas últimas con el impacto que tuvo la Encíclica Rerum Novarum, que con el Obispo Bernardo Augusto Thiel, impulsó su Carta Pastoral No. 30 reproduciendo prácticamente su contenido, a los “desposeídos de bienes de fortuna”, donde defendió el derecho de organización sindical, el derecho a la huelga y el derecho a un justo salario, creando las condiciones para que la Iglesia impulsara y apoyara el Partido Unión Católica, e hiciera surgir a un grupo de cristianos muy importante socialmente que también se organizaron alrededor del periódico La Justicia social.

En otro ámbito del debate político la Iglesia desde sus publicaciones religiosas atacaba violentamente a los masones y la influencia que tenían en el desarrollo institucional y político del Estado y de la sociedad costarricense.

Las elecciones de 1910 tuvieron la organización de partidos regionales obreros en Limón, Grecia y San José, por las concentraciones de trabajadores agrícolas y urbanos, que surgían y se impulsaban con los cultivos de café y sus Beneficios, y con la caña de azúcar y sus Ingenios.

Desde 1900-1902 con el surgimiento de los sindicatos se pasó en 1905 a la constitución de la primera Federación de Trabajadores de San José, fortaleciendo más la organización y las luchas de los trabajadores. En 1909, con el surgimiento del Centro de Estudios Sociales Germinal, estas organizaciones y luchas se consolidaron. Hicieron surgir en 1913 la primera Confederación General de Trabajadores que dio origen, desde entonces, a la celebración del Primero de mayo en Costa Rica, como día internacional del Trabajador, y a poner en alto la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, la que se logró establecer en el país den 1920.

Entre 1909 y 1913, entre 1917 y 1921 y luego, entre 1927 y 1934 se produjeron grandes movimientos y “oleadas” huelguísticas en el país, que se acompañaron, en esos mismos años, con el surgimiento de esos grupos políticos de trabajadores, en el Centro Socialista de Costa Rica del Dr. Aniceto Montero, que fue el primer intento importante de desarrollar y organizar un Partido Comunista en el país, que organizó desfiles de duelo de trabajadores, por la muerte de Lenin, del partido Reformista, impulsado por el sacerdote Jorge Volio Jiménez, y luego por el surgimiento, en 1931 del Partido Comunista de Costa Rica.

Esos años, desde principios del siglo XX hasta mediados de la década de 1930-1940, se dieron una diversidad importante de movimientos y de luchas nacionalistas, antiimperialistas y patrióticas, con participación importante de sectores de la oligarquía nacional y de ricos empresarios que salían afectados con los contratos que se celebraban con empresas extranjeras y con el Tratado de Comercio con Estados Unidos que se celebró en esos años.

En la lucha contra la dictadura de los Tinoco, 1917-1919, papel importante jugaron los maestros y los estudiantes de los colegios de la capital.

El antiimperialismo, y en las décadas de 1930 y 1940 el antifascismo y el antinazismo también fueron movimientos políticos importantes que se manifestaron en Costa Rica.

La década de 1940 surgieron los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como una nueva fuerza social organizada. En este mismo tiempo los maestros y educadores también fortalecieron sus niveles organizativos y de luchas.

El marco de la II Guerra Mundial y la derrota del nazi fascismo provocó una nueva situación política nacional muy particular, que dio por resultado la alianza del Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y la Iglesia Católica costarricense, liderada por su arzobispo Dr. Víctor Manuel Sanabria Martínez, a cuyo amparo se aprobaron las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, situación que condujo, por los problemas político electorales de esos años, a la guerra civil de marzo y abril de 1948, que impuso en el gobierno, durante los años 1948-1949, al grupo armado victorioso de la guerra civil que gobernó con el nombre de Segunda República de Costa Rica.

Durante el período de la Segunda República, desde el gobierno de Otilio Ulate Blanco, 1949-1953, se dieron luchas políticas intensas por recobrar la legalidad e institucionalidad política democrática, que se afectó hasta 1975, por los efectos de la guerra civil.

La democracia costarricense, así se fortaleció de nuevo en su derechos y libertades ciudadanas. El valor democrático de su institucionalidad igualmente se fortaleció.

El Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho se consolidaron más. Se amplió la sociedad democrática a los jóvenes con el sufragio a los 18 años, el de las mujeres desde 1949, y la igualdad de género se ha fortalecido ampliamente.

Los Derechos Humanos de han fortalecido en la institucionalidad nacional, convirtiéndose en el gran paraguas de la vida social y política nacional.

Durante la Segunda República a su vez se crearon una serie de instituciones dentro de una perspectiva de un Estado más proteccionista de los sectores populares y sociales más débiles, y de una clase media vigorosa que se creó en estos años, hoy muy amenazada en el conjunto de sus condiciones vitales.

Las políticas económicas y públicas que se han desarrollado desde 1980 del mismo modo han contribuido a debilitar este Estado Social de Derecho, al tiempo que se fortaleció el Estado de Derecho con el establecimiento de la Sala Constitucional de la República, o Sala IV como popularmente se le conoce.

El período político más reciente ha contribuido a desarrollar nuevos grupos económico financieros, con poca expresión política, pero con éxito electoral para haber alcanzado el Gobierno de la República en el período 2022-2026 y 2026-2030, con el propósito claramente definido de acabar con el Estado de Derecho, de su institucionalidad democrática, de los controles institucionales existentes de la Administración Pública, y acabar también con el Estado Social de Derecho para lo cual han venido, en estos dos gobiernos, impulsando medidas con acabar con todas las instituciones sociales existentes, con derechos fundamentales de los ciudadanos y de los trabajadores, con políticas de estado que claramente conducen a un mayor empobrecimiento de toda la población, especialmente de los grupos sociales marginales, excluidos, agrupados en la extrema pobreza, en la pobreza, que se hacen más pobres, y en sectores medios que son empujados hacia la pobreza. El congelamiento de salarios y pensiones por los últimos cinco años y proyectados de igual manera para los siguientes cinco años, el debilitamiento económico de las universidades públicas, el desfinanciamiento de las instituciones sociales, pilares de estos grupos sociales, son parte de este proceso, que se impulsan bajo los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, gobiernos que no ocultan sus intenciones autoritarias, dictatoriales, tiránicas y militaristas.

El enfrentamiento que han hecho contra los poderes públicos que no controlan son parte de este proceso, de estas políticas y de este propósito que impulsan.

Dichosamente el pasado 6 de agosto se produjo el llamado Plantón por la Democracia, que se constituyó en un gran movimiento popular, expresado en distintas partes y pueblos del país, con gran éxito, como un gran movimiento popular que se logró articular en defensa de la institucionalidad democrática, en defensa de la independencia de los Poderes Públicos, de las Libertades y Derechos Ciudadanos, en defensa de las instituciones controladoras de la corrupción y de las finanzas en la Administración Pública.

El Plantón como manifestación de protesta, de esa forma, no se había realizado antes en el país. Como concentración pacífica, popular, prolongada como ll fue para exigir respeto por el Estado de Derecho y el cese de la agresión a la Independencia de los poderes públicos, resultó un gran éxito.

Se convocó a la Plaza de la Democracia en San José y ante los principales edificios públicos y de gobierno, como en las calles públicas en los pueblos donde se realizó ese Plantón.

Fue una gran muestra de apoyo de la población, de reconocerse en esa lucha distintos sectores y ciudadanos identificados totalmente con la Democracia como sistema político y de vida nacional.

El plantón del 6 de agosto fue igualmente una manifestación de fuerza popular y un claro mensaje a las autoridades del Poder Ejecutivo para que paralicen sus discursos ofensivos, irrespetuosos contra ciudadanos y podres públicos, y cesen sus amenazas y acciones contra la libertades públicas, entre ellas las de prensa y expresión ciudadanas.

Para el próximo 14 de setiembre, en paralelo con el tradicional desfile que se organiza simbólicamente que trae, desde Guatemala hasta Cartago, la Antorcha de la noticia de la Independencia, que había dispuesto Guatemala y comunicaba al resto de las Provincias, para que cada una decidiera lo correspondiente respecto a España, se está llamando a otro Plantón Popular.

Se le llama el Farolazo, para que de igual manera en todo el país, con faroles, como los escolares y colegiales, la gente se manifieste por la Independencia Nacional, por la Independencia de los Poderes Públicos amenazados por Rodrigo Chaves y su gobierno mancomunado con Laura Fernández, para evitar el establecimiento de un gobierno autoritario y despótico.

En mi opinión es que pasado el Plantón del Farolazo hay que convocar para el Primero de Diciembre, día en que se celebra la abolición del ejército en Costa Rica, otro Plantón popular festejando y apoyando la abolición del Ejército, y exigiendo que no se introduzcan los grados militares en el ordenamiento y organización policial del país. Ese es el camino disfrazado con el que el concubinato político de Rodrigo Chaves y Laura Fernández quieren avanzar hacia el restablecimiento del ejército para tener un brazo armado en capacidad de sostener una gobierno absolutista, dictatorial, tiránico, autoritario, antidemocrático, antinacional costarricense.