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Etiqueta: Vladimir de la Cruz

Es necesaria la transparencia en el Poder Ejecutivo, como se realiza en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El ambiente político nacional se ha desarrollado con una línea directa para que desde los órganos superiores de la Dirección Política del Estado, del Gobierno y de las Instituciones públicas, cada vez se actúe con más transparencia.

En el gobierno anterior de Rodrigo Chaves Robles, y en el actual de Laura Fernández Delgado, se hablaba y se habla, constantemente contra los Poderes Públicos, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia.

Los retos que se hacen desde la Presidencia de la República a los presidentes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial para reuniones a toda luz, con todos los reflectores puestos en esas sesiones van en esa dirección, de hacer ver que el Poder Judicial especialmente actúa a la sombra, en la oscuridad pública, que le da miedo discutir de esa forma los asuntos de cualquier agenda que se le proponga.

Ese ataque no va dirigido al Poder Legislativo, ya que por su naturaleza hace sus sesiones públicas, con presencia permanente de los medios comunicación, que tienen Oficina de Prensa en el mismo edificio legislativo, desde donde los periodistas y comunicadores, que así se inscriban, pueden asistir y ver todas las sesiones del Plenario legislativo, como las de las comisiones de trabajo de los diputados. Incluso, se permite que los periodistas puedan asistir a las sesiones plenarias a tomar fotos y retrasmitir con regulaciones. Los periodistas y comunicadores tienen acceso directo a todos los diputados para sus entrevistas o cuestionamientos. No es igual con los ministros que los tienen bajo control y censura previa.

La publicidad del trabajo legislativo permite que se transmitan por medios radiofónicos y televisivos oficiales las sesiones, en vivo, en directo.

Innecesariamente va el ataque dirigido contra la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia hace sus sesiones de manera pública, sin público como en la Asamblea legislativo, pero retrasmitidas. Y las actas de sus sesiones igualmente son públicas.

De los tres Poderes de la República, el único que sesiona absolutamente en privado, casi en secreto, es el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, de cuyas sesiones no se consiguen actas, donde se recojan las intervenciones, con sus discusiones, si las hay, de todos los ministros y el presidente, ni se consiguen minutas de las mismas. Escuálidos comunicados de prensa de vez en cuando.

Las mesas de prensa, las sesiones de los miércoles que prepara el presidente de la República no tienen el carácter de rendición de cuentas de lo que se trata en el Consejo de Gobierno. Por ello también las reuniones de los miércoles están encuadradas más en la perspectiva de la comunicación política electoral de la presidenta, en la situación actual, como lo hacía en su momento el Presidente Chaves. Y, también, por ese motivo las reuniones de los miércoles ni siquiera tienen la capacidad, y mucho menos, de establecer, en el balance político semanal, la agenda nacional de los temas de la semana que concluye ese miércoles o que inicia a partir de ese mismo miércoles. Estas sesiones, que además son totalmente montadas, como show, como espectáculo, son el fraude político nacional más grande que se produce y ejecuta, que generalmente sirve para alimentar troles y la producción de memes, por las tonterías que muchas veces se dicen o perciben, y por las expresiones lingüísticas con que a veces se dicen ciertas cosas, a modo de voz oficial de la presidenta, cuando se refieren a ciertos eventos o sucesos nacionales.

La estructura de los llamados de la presidenta retando, especialmente, al presidente de la Corte Suprema de Justicia a discutir de manera pública, no es para discutir, analizar, intercambiar opiniones, o buscar soluciones reales, o caminos por donde avanzar, sobre los graves problemas del país, o de las instituciones públicas, para buscar soluciones conjuntas.

Por ahora su discurso es solo para evidenciar supuestos problemas de la administración de justicia, entrabamientos en la resolución de los litigios y juicios que allí se conocen. Son tan solo para tirársele encima al presidente de la Corte, y en paralelo a todos los magistrados, e indirectamente a todos los jueces, por los años de servicio que tienen prestándole al Poder Judicial.

Los desesperados llamados de la presidenta son tan solo convocatorias montadas para ir a realizar ataques directos, personales hasta donde puedan darse, contra el Presidente de la Corte, y para tratar de dar una imagen pública que con sus ataques está enfrentando la “corrupción” pública y “vicios” de la administración pública, y de la administración de Justicia, situación que le permite justificar ante la ciudadanía el ataque sistemático que tiene el Poder Ejecutivo, continuado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, para debilitar el Poder Judicial, como parte del debilitamiento y resquebrajamiento, minando la confianza pública, en instituciones como el Poder Judicial, que vienen haciendo del Estado de derecho para justificar también lo que el copresidente Chaves dijo en Nicoya, que no se le debía tener miedo al cierre de la Corte o al establecimiento de una dictadura, como actos preparativos del impulso de un régimen autoritario, despótico, de características dictatoriales y tiránicas. No fue casual tampoco la frase de inicio de gobierno de que ya tenían el control de Poder Legislativo con sus 31 diputados y que ahora iban por la Corte Suprema de Justicia, y con ese control también iban por el control del Tribunal Supremo de Elecciones, como se han venido montando los gobiernos autoritarios en el continente y en Centroamérica.

¿Qué pasaría si en esas reuniones forzadas que monta el Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevara una andanada de datos de todo tipo, de corrupción, de mala o pésima administración pública que se tienen desde algunos sectores del Poder Ejecutivo, como se evidencia constantemente, y de los mecanismos que se debilitaron para ese control institucional desde la administración anterior?

Si se quiere discutir con publicidad, ante la sociedad y con toda la prensa sentada al frente, ¿por qué el Poder Ejecutivo no hace sus sesiones de Consejo de Gobierno públicas, con presencia de la prensa como se realizan las sesiones legislativas? ¿Por qué no se divulgan actas literales del Consejo de Gobierno, como son las actas de la Asamblea Legislativa o las de la Corte Suprema de Justicia?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández quiere impulsar mecanismos para fortalecer y ampliar el llamado Secreto de Estado? Es claro que puede haber temas de esta naturaleza. Pero, lo que se quiere realmente en el Poder Ejecutivo actual es actuar con la mayor posibilidad que se pueda actuar sin controles de ningún tipo, lo que solo favorecería la posibilidad de negocios oscuros y altos grados de corrupción y de complicidad con negocios ilícitos, o con grandes chorizos como se les llama a lo tico. Por eso también impulsan un proyecto de ley para debilitar los controles de la Contraloría General de la República. ¿Acaso no impulsaron un proyecto de póliza de seguros para las actuaciones de los miembros del Poder Ejecutivo, para resguardarse de todas las irregularidades que podían hacer?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández, violando la Constitución Política, que tiene abolido el ejército, quiere imponer rangos militares a la guardia civil de Costa Rica? ¿Para mejorar la disciplina policial, como dice?

Si el Ejército está abolido están abolidos los rangos militares de los cuerpos policiales civiles. Eso es elemental. Así se actuó en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, en el período 1986-1990, cuando se abolieron esos rangos, y en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002, cuando nuevamente se fortaleció esa decisión de abolición de los rangos militares.

Lo que el gobierno de Laura Fernández impulsa es meternos en la dinámica del militarismo, de la posibilidad de volver a establecer un ejército, de participar de movimientos militares regionales, como ya se iniciado al amparo del gobierno de Trump y el escudo militar regional que él ha impulsado. Es la posibilidad de realizar actos represivos contra la población por parte de una institución como es el ejército al que se le permite actuar con brutalidad represiva. Es la posibilidad de hacer prácticas y acciones militares en el trato policial con la población, y hasta de impulsar torturas y tratos degradantes y violatorios de los Derechos Humanos, como en ocasiones se denuncian en la prensa nacional con detenidos. Ese es el camino que por ahora están empedrando.

En el debate público, de los poderes del Estado costarricenses, es urgente que el Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, abra sus entrañas, haga públicas sus sesiones, publique las actas de esas sesiones de manera literal. Si el gobierno quiere exigir esa transparencia con los poderes Legislativo y Judicial, debe igualarse con igual rigurosidad, que haga pública sus sesiones y sus actas de manera literal. Es lo mínimo, que no actúe a la sombra, bajo el mantel del Secreto de Estado.

De Tontos, Tonterías, Tonteras…, de hacerse el tonto y de los retontos

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Tamaño alboroto hizo la fracción de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano, en la Asamblea Legislativa, cuando el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya manifestó, diciendo con cariño, que la presidenta se hacía la tontita. No la trató de tonta. Tan solo dijo que a su entender parecía que se hacía la tontita.

El alboroto fue para suspender la sesión de trabajo de la Asamblea Legislativa, cuando estaba a pocos minutos de cerrarse el debate de “control político”, que así se tiene establecido en la agenda de trabajo de los diputados, momento en el cual los legisladores pueden referirse libremente a los temas de la vida política nacional, que incluye el balance, análisis o críticas del comportamiento público de quienes integran los Poderes Públicos, entre ellos el del Ejecutivo, presidido por la mujer Laura Fernández.

El alboroto se expresó en el ruido, casi griterío que se estimulaba a realizar contra la expresión del diputado, por parte de los diputados representantes del Gobierno, defensores a ultranza de la presidenta, y por el desorden y caos causado por la presidenta del Poder Legislativo, que de inmediato suspendió la sesión, y abrió los micrófonos para pedir, llamando a sus diputados, que se refirieran a la frase coloquial costarricense de hacerse el tonto.

Esta frase no es solo propia de nuestro lenguaje, sino que se usa en todo el continente y más allá. En la lengua inglesa también se usa. Recuerdo la famosa película de “Tonto y Retonto” o “Dumb and Dumber”, de 1994. Coloquialmente puede compararse con “hacerse el ruso”, “hacerse el sueco”, o en lenguaje más tico “hacerse el maje”.

El alboroto fue ruidoso en ese instante. No tuvo ninguna trascendencia a los medios de comunicación escritos. Fue show para uno de los canales que abanican al Gobierno. Pero, entendámonos un poco con los conceptos.

Tonto es un adjetivo. Como tal describe o ubica a una persona con escasa inteligencia, que es torpe, que le falta sentido común, que actúa con ingenuidad o sin malicia, que realiza actos o dice cosas absurdas o ilógicas. Un tonto es la persona que le cuesta comprender las cosas, que no tiene juicio, que se deja engañar fácilmente, por lo que comete errores pequeños o sin importancia.

También se puede comprender como tonto a una persona que padece deficiencia mental, que carece de inteligencia y por ello actúa ingenuamente. El diputado Araya no se refirió en este sentido.

Históricamente el concepto se remonta a Roma, al “tondus” que se empleaba para señalar a las personas que les faltaba profundidad en el pensamiento, que se consideraba que no pensaba bien, que no tiene sesos o que tiene la cabeza hueca. A estas personas les daban un cosco en la cabeza para producir un sonido hueco como “tonk”. De ahí también son también los vocablos atontar, atontado y tontillo…

Así, el tonto es la persona que actúa con poca inteligencia, imprudentemente o sin comprensión de determinadas situaciones, por lo que sus actos son irreflexivos o insensatos. La persona tonta es la que puede equivocarse por falta de información, experiencia o datos, por lo que puede aprender y corregir fácilmente. Ser tonto es parte del ser humano. Es una condición temporal. No es un sinónimo de imbécil, lo que tampoco dijo el diputado Araya. Es importante distinguir esto.

Al tonto le falta contexto o saber, por lo que puede corregir cuando se le ayuda o cuando ve la realidad con claridad. El imbécil se niega a aceptar la realidad que le produce su actuación. Se niega a aceptar su equivocación haciéndola una trinchera de combate ofendiéndose si se le corrige, pues no pone de su parte para aprender.

Hasta en la Biblia se usa el concepto de persona “tonta”, como “necio” e “insensato” también, no para destacar la inteligencia de la persona sino para señalar su falta de sabiduría y su rechazo a Dios. Igualmente para describir a las personas que ignoran los consejos buenos y hacen el mal. En la Biblia los tontos pierden el control con mucha facilidad y hacen locuras (Proverbios 14:17), como sucedió con la reacción de los diputados de gobierno. En la Biblia el tonto se cree todo lo que le dicen, por lo que se enojan fácilmente…mientras los sabios perdonan.

Ser tonto no califica la capacidad mental. No destaca un problema de la mente. Exhibe la toma de malas decisiones. El orgullo de la persona tonta le coloca en el punto de que no necesita aprender de nadie.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, describe tonto a la persona que tiene poca inteligencia, entendimiento o razón, que tiene torpeza para actuar o tomar decisiones. En las relaciones amistosas y de confianza se usa sin mala intención y como broma, sin ofender la capacidad mental de a quien se le dirige esa condición. En la expresión del diputado Araya, me parece, que fue más el señalamiento de que la presidente, torpemente actúa o toma decisiones. La tontería refiere a las cosas de poco valor.

En el DRAE, también se dice que tonto puede usarse como insulto leve, falta de respeto sin que sea una grosería fuerte. Me parece que el diputado Araya no le dio ninguno de estos contenidos.

Puesto así, la tontería es la expresión que hace el tonto, es la forma como el tonto se expresa, como refiere sus palabras, dichos o hechos sin sentido, seriedad o importancia.

Una tontería es también una cosa de poco valor o sin importancia, referida a cualquier objeto, o persona sin que eso sea una falta de respeto. Lo que destaca lo que somos es lo que hacemos.

Tonterías son, en síntesis, lo que dicen los tontos, palabras, ideas y actos. Decir tonterías es exhibir la cualidad del tonto, muchas veces en lenguaje que no se entiende o carece de sentido, como a veces se expresa el copresidente Rodrigo Chaves, que no se le entiende nada, mezclando su lenguaje, como lo ha hecho, con gruñidos… emocionalmente sintiéndose animal… Como le decía la Madre a Forrest Gump en la película homónima: “la estupidez se demuestra con los actos”.

Si una perrera es el lugar que se tiene destinado para control o refugio de perros, o de animales abandonados, y donde se albergan, la “tontera” la podemos considerar como el lugar donde se concentran, ubican, residen o viven los tontos.

Espero, sinceramente, que el Edificio Legislativo no se convierta en una “tontera”, con un grupo de diputados que actúan como tontos, sin madurez ni sensatez.

Puestas así las cosas, en el español coloquial es válido decir hacerse el tonto, para indicar perder el tiempo, comportarse con poca sensatez, para fingir que no se entiende algo, porque no se ve o no conviene verse y tratarse; porque se quiere hacer algo de manera disimulada, sin planearlo, procurando resultados por sorpresa, o como también se dice coloquialmente hacer cosas a tontas y a locas, sin reflexión, de cualquier manera y sin orden.

El jueves se realizó un llamado Plantón, un encuentro cívico ciudadano inmenso por su movilización, en la Plaza de la Democracia, y por sus réplicas en más de 20 ciudades y pueblos del país. La cantidad de ciudadanos movilizados el jueves, técnica y profesionalmente contados, como se ha hecho, da más de 100.000 ciudadanos movilizados.

No fue una concentración contra el Poder Ejecutivo como tal. Fue un llamado de atención para que el Poder Ejecutivo modere la forma de relacionarse con los Poderes públicos, con los ciudadanos, con los críticos de su actuación, con los medios de comunicación.

Fue un llamado para que no se disminuyan los fondos y presupuestos del Poder Judicial, de las universidades públicas, de las ayudas sociales, para que el ROP sea devuelto a sus legítimos dueños, para que se elimine el congelamiento de salarios y pensiones que se tiene desde hace cuatro años.

Fue un llamado para detener las manifestaciones autoritaristas, antidemocráticas, militaristas, amenazadoras de establecer un régimen de fuerza, un estado de sitio, un autogolpe de estado que acabe con la Democracia costarricense.

Fue un llamado para que cese la falsa campaña que el Ejecutivo Nacional realiza constantemente contra las bases institucionales del país.

Fue un llamado para que se respete el Estado de Derecho y la independencia real de los poderes del Estado en sus funciones, que les son propias, exclusivas e indelegables. Fue un llamado a los diputados, especialmente a la fracción de los 31 diputados de Gobierno, que respeten la lista de magistrados suplentes que les fue enviada y procedan a conocerla y votarla como corresponde.

El mismo jueves por la tarde los órganos y medios de comunicación al servicio, y pagados por el gobierno, trataban de insinuar a los radioyentes y televidentes que la concentración era casi un verdadero fracaso. Decían que apenas se distinguía del pequeño grupo de ciudadanos que acompañó a la Presidenta, sus ministros y algunos otros funcionarios ante la Corte Suprema de Justicia, para la presentación de un escrito acusatorio contra cuatro magistrados.

Actuar de esa manera era hacerse los tontos frente a la realidad de la movilización y de lo que sucedía en las calles.

El viernes pasado, con la contundencia que fue reconocida por los medios de comunicación escritos, había personas que con relación a esto se empeñaron en seguir haciéndose los tontos. Como avestruces. Insistieron en disminuir la marcha patriótica, el encuentro inmenso de ciudadanos en la Plaza de la Democracia y en las distintas ciudades y pueblos del país en apoyo al Poder Judicial, a la independencia de poderes y a la Democracia costarricense.

Quienes así siguen actuando no son tontos, ni se hacen los tontos. Su problema principal es que los que quieren seguir haciéndose los tontos pasan a la categoría de retontos. Un retonto es quien tiene una condición que lo hace tonto de remate.

Si se trata de discutir los términos con que la presidente se refiere a veces, como lo hizo con la magistrada Patricia Solano, colocándola como la más fea de las feas, como la “refea”, como la llamó, o como el copresidente Chaves se refirió en una ocasión a la presidenta Laura Chinchilla, llamándola la “totalmente desguabilada mental e intelectualmente”, entonces se deberían hacer unas sesiones parlamentarias para discutir los términos con que estos funcionarios se expresan cotidianamente.

De esto, tal vez, lo bueno sea que a partir de ahora, todos los diputados del gobierno, la presidenta y el copresidente y ministro de la Presidencia y de Hacienda, que son los voceros del mal hablar y de ofender, moderen también su lenguaje, porque lo que es bueno para la gansa lo es para el ganso.

Espero que se deje de actuar como tontos o como retontos.

Les recomiendo a todos ver la película “Tonto y Retonto”, (Dumb and Dumber, de 1994), disponible en Google Play.

¿Por qué militarizar a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública Nacional?

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Vladimir de la Cruz

Desde el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026, se ha insistido en fortalecer la Fuerza Pública, no tanto para combatir el narcotráfico y a las organizaciones narco delincuenciales, sino para desarrollar un particular grupo militar dentro de la organización civilista del Ministerio de Seguridad Pública, dependiente de manera directa del presidente, como se hizo con el grupo que se creó para Rodrigo Chaves, por gestión de uno de sus viceministros, Manuel Jiménez Steller, vice ministro de Unidades Especiales, quien incluso había firmado solicitudes de sobreseimiento para personas que habían atrapado con kilos de cocaína.

Para ello eliminó toda la organización y estructuración que existía desde antes, muy profesional en la lucha contra el narco en las costas, en la zona sur, en los puestos de fronteras. Cuando no la pudo eliminar del todo, la debilitó hasta donde pudo. Al personal que combatía en mar y costas lo desplazó al interior del país, sin siquiera poder practicar en piscina, como lo hacían en el mar.

A los patrulleros marítimos llegaron a cambiarles la capacidad de fuego en sus armas, de manera que sus fusiles que tenían un alcance satisfactorio en distancia, para disparar a los motores de las lanchas transportadoras de drogas, se los cambiaron casi literalmente por rifles de balines, haciéndolos perder su capacidad de fuego y de combate. Así no se podía “cazar” ni “pescar” a esas lanchas transportadoras de drogas. Así se dejaba pasar droga por el mar costarricense.

En la sección aérea no se atendía la información que se daba de penetración de aeronaves que volaban a baja altura, detectadas por los trabajadores de las torres de control aéreo, que monitorean todo el territorio nacional. Así, por ejemplo, si una aeronave sospechosa entraba el territorio nacional, el operador de torre de control, informaba a la Oficina de Vigilancia Aérea, que debe darle seguimiento, y no se daba, por lo que el transporte aéreo de drogas fácilmente penetraba en el país. Esto sigue sucediendo. No hay control inmediato de los informes que se producen en esas Torres a Vigilancia aérea, ni de coordinación inmediata cuando así se procede con las oficinas policiales locales, ni se lleva a revisar los aeropuertos o pistas clandestinas o no reportadas oficialmente.

Un caso doloroso fue el accidente aéreo en el que cayó una nave en los cerros de Escazú hace poco tiempo. La Torre de Control informó de la desaparición de la nave, en el radar, a los instantes del accidente. Informó varias veces. Vigilancia aérea no reaccionó o se hizo “la tonta”, seguramente acostumbrada a no darle seguimiento a la desaparición en pantalla de esas naves pequeñas, la que se encontró gracias a una nave particular que la localizó.

En estos días se ha dicho de la inmensa cantidad de pistas privadas, no reportadas oficialmente, que operan prácticamente de manera clandestina en las zonas sensibles a los negocios del trasiego de drogas, en la zona sur como en el Caribe y otras partes del territorio nacional. Y, tan grave como eso, se ha señalado la detención de más de 100 funcionarios de la Fuerza Pública asociados o colaboradores directos de los grupos mafiosos vinculados al narcotráfico, donde se hizo énfasis que eran fundamentalmente de los que sustituyeron en esas zonas a los que eran altamente especializados en la lucha antinarco, que les habían cambiado sus especialidades de combate policial, improvisando experiencia en los nuevos puestos, debilitando el control del narco y facilitándolo. Así se procedía en el gobierno de Papá Chaves, como cariñosamente algunos se referían al Ejecutivo nacional.

Mar, aire y tierra en materia de lucha contra el narco estaba debilitado en el gobierno anterior. Era parte de la política oficial del gobierno en su negocio con los grupos narco delincuenciales. El gobierno de hecho había pactado con las organizaciones para la distribución regional del territorio, con la intención de disminuir las muertes y asesinatos de las luchas internas de esos grupos, evitar el escándalo nacional y la inseguridad que ello provocaba, a la vez que garantizaba el gran negocio de la comercialización de droga que desde aquí se hacía, internamente y al menudeo, y la que se sigue haciendo con destino a Europa, como constantemente se aprecia por las capturas que se hacen en puertos europeos, de lo que se envía desde Limón…curiosamente en los mismos empaques de piña, principalmente.

A propósito de Limón, dos recuerdos. El primero. Un día, el flamante ministro de seguridad Zamora anunció, con varios días de anterioridad a la acción policial, que se desarrollaría un operativo en Limón con varios cientos de policías, indicando toda el área que se cubriría. Llegó el día. Con toda la publicidad y despliegue policial en marcha el operativo terminó con agua en las manos. A nadie agarraron. Les habían avisado públicamente cuando llegarían.

El segundo. El día que pusieron a funcionar unos escáneres nuevos. Despliegue publicitario total. El presidente, si no se prestó para ello, fue usado vulgarmente. Las cámaras apuntaban a los escáneres y la fila de furgones o trailers, que iban a pasar, para detectar si iban o no cargados con drogas estaban listos para la función. Pasó un furgón. Con emoción se decía que iba limpio. El segundo trailer, igual emoción provocaba. El presidente igual se reía, hasta con cierto nerviosismo. Así pasaron, uno tras otro, hasta el quinto. Con éste demostraron que los trailers no llevaban cargamentos de drogas y que los escáneres funcionaban. Todo era fiesta. Pero, ¿la droga acaso iba a ir en los cinco trailers que estaban montados y escogidos para ese show? Por supuesto que a nadie iban a agarrar en ese espectáculo.

Cuando estas cosas suceden, ¿por qué organismos como la DEA, en su oficina local, sabiendo de estas fallas, va a confiar en las acciones del Gobierno? ¿Por qué el Gobierno protesta de que en las capturas importantes que se han hecho últimamente no se les ha informado por parte del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial? Es absolutamente claro que no se les informaba porque desde el mismo Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Seguridad se les avisaba a los líderes y pandilleros que se querían capturar, para que pudieran escapar. Eso es lo que le ha dolido al Poder Ejecutivo actual, a sus voceros, que como plañideras y plañideros, no han dejado de quejarse porque no les informaron de esas exitosas acciones policiales, que fueron acciones bien planificadas con conocimiento de la DEA, que tampoco quiso informarle al gobierno en sus autoridades ejecutivas y de seguridad nacional. Por algo será.

¿Por qué tanta preocupación y reclamo público por el traslado del delincuente más peligroso que tenía el país a entrevistas judiciales en San José? ¿Por qué tanta preocupación por el “delincuente” que se dice que había caído en combate y no hubo cadáver? ¿Y, si era un informante, que debía conservársele como anónimo o como esos testigos con los que se transa hasta una nueva personalidad?

¿Y la reacción de Papá Chaves cual fue? Anunciar el bloqueo económico al Poder Judicial, al Ministerio Público, al OIJ. ¿Por qué se empeña el copresidente Chaves y el gobierno en debilitar económicamente la lucha contra el narcotráfico y sus ramificaciones en el país?

En la Fuerza Pública, en los destacamentos que se han ido preparando para las contingencias de manifestaciones, cada vez más se evidencia el carácter gorilesco con que los preparan, más represivos y agresivos físicamente. En la detención incluso agreden y golpean a los detenidos. Hasta dicen que se les realizan torturas. ¿Por qué están enseñando a torturar? ¿Quiénes son los entrenadores de torturas, nacionales o extranjeros? ¿O, a dónde están enviando a prepararse a oficiales y miembros de la Fuerza Pública? ¿A cuáles academias? ¿A Guantánamo? Les están destruyendo sus raíces civilistas.

El gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, declaró en 1986, el 1 de diciembre, el Día de la Abolición del Ejército, lo que significó también de los elementos militares que todavía persistían en la organización policial, los rangos militares. Así, con su ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, eliminó esos rangos que sustituyó por denominaciones civiles. Como elemento militar persiste la Unidad Especial de Intervención, UEI, que tiene comandos élite entrenados y preparados con fuerzas especiales de otros países, que pertenece a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, que depende del Ministerio de la Presidencia. Esta unidad está organizada militarmente, aunque oficialmente es una unidad policial civil.

Los rangos civiles se fortalecieron en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, quien también estabilizó más a la Fuerza Pública con el Estatuto Policial, que le dio más estabilidad y profesionalización a sus servidores. Ingresar a la Fuerza Pública significaba ir a la Escuela Nacional de Policía donde a la par de los conocimientos profesionales se les formaba con valores cívicos. En este período se estableció el uniforme civil, y no el militar.

En una huelga, muy fuerte que había en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, con una gran marcha que terminó en Zapote, se había dispuesto que el personal de la Casa Presidencial se retirara. El presidente Rodríguez permaneció allí hasta que un Oficial se le acercó para comunicarle que tenían información que los manifestantes iban a tratar de ocupar el edificio y que había que sacarlo. Llevaron al presidente al patio de atrás para llevárselo en helicóptero. Antes de abordar el presidente reunió a la Policía del edificio presidencial. Les pidió hacer una oración por Costa Rica y les dirigió unas breves palabras enfatizando en su papel protector del edificio y de la seguridad del personal que quedaba. Al finalizar les dijo. “Ante todo, no se les olvide que las personas que están allí, refiriéndose a los manifestantes, son costarricenses y son personas como ustedes”. Un mensaje claro de ese sentimiento civilista con el que se ha construido Costa Rica.

En otra huelga a Casa Presidencial, del sector magisterial, gigantesca huelga, en el gobierno de José María Figueres, en circunstancia parecida un Oficial se dirigió a él diciéndole: “Presidente, tenemos información que van a tratar de tomar el edificio. Podemos evitarlo”. El presidente Figueres le manifestó: “Déjelos entrar, que ocupen los jardines si quieren, pero el edificio es suyo” … No entraron… Otra manifestación pacífica de un gobernante que instruía claramente que no reprimieran aún en los jardines de la Casa Presidencial.

Este civilismo se está perdiendo con la Fuerza Pública. El actual gobierno de la copresidente Fernández está proponiendo restablecer los rangos militares. Así los nombres de Comisario de Policía/Director general de la Fuerza Pública, Comisionado de Policía, Comandante de Policía, Capitán de Policía, Intendente, Subintendente, Sargento de Policía, Inspector, Agente 2, Agente 1, Agente 1, quieren cambiarse por coronel, teniente coronel, mayor, teniente, subteniente, cabo y raso “de policía”.

Con los nombres se viene su contenido militar. Es un asunto implícito, conceptual de carácter de doctrina militar. Se trata de imponer no más respeto ni disciplina. Se trata de imponer miedo, terror, mayor presencia autoritaria. Se trata de imponer lo que se conoce como Temor Reverencial, lo que se refuerza por el entorno cultural televisivo, de cine, de noticias relacionado con la violencia que ejercen los militares amparados a sus uniformes, al abuso con que pueden actuar, que ya se está practicando finamente en los cuerpos policiales. Con el cambio de nombre en los cargos y en el tipo de uniforme se cambia también la mentalidad de quien lo ostenta. Y van a cambiar con ellos los contenidos de los cursos para volver al entrenamiento de soldados y no de policías. Se trata de modificar los valores culturales, pacíficos, antimilitaristas con que se han venido preparando los miembros de la Policía Nacional. Esto hay que evitarlo. La Fuerza Pública hay que mantenerla en el ideario y la doctrina democrática, civilista, antimilitarista, en el conocimiento de la Historia Patria, los Valores cívicos, culturales y de Derechos Humanos que conforman hoy la cultura y la sociedad costarricense, como una cultura de paz.

Las organizaciones militares no se usan para combatir la delincuencia ni el narcotráficos. Tienen un carácter altamente represivo, opresivo. Tampoco acaban con la violencia. En cierta forma la complementan.

Este año, en febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó una vez más, que la seguridad ciudadana debe estar en manos de las policías civiles al margen o fuera de las estrategias militares. Junto a esto propuso también contribuir a mejorar y fortalecer la investigación y la cooperación policial y judicial.

La presidenta Laura Fernández debe pensar muy bien esto que está impulsando. Con este paso retrocede el país, nacional e internacionalmente. Y se coloca ella del lado equivocado de la trayectoria pacifista y antimilitarista de la Historia Nacional, que desde el siglo XIX marcó este rumbo que culminó con un país sin Ejército. ¿Por qué camuflarlo? Estas instituciones, el Ejército y el militarismo, sí son los embriones y los vehículos hacia cualquier tipo de Golpe de Estado, como los son los ejércitos en todo el continente.

Los diputados sediciosos del partido Pueblo Soberano

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El grupo de diputados del Partido Pueblo Soberano tiene, necesaria y obligatoriamente, que someterse al mandato constitucional de ratificar o no la lista de candidatos a magistrados suplentes que remitió la Corte Suprema de Justicia, para que así procedieran. No tienen otro camino.

La Constitución Política que regula este nombramiento no da márgenes para que la presidenta de la Asamblea Legislativa rechace la lista que la Corte envía.

Tampoco da margen para que ellos, como fracción parlamentaria de un partido político, aunque sea el que ganó las elecciones nacionales a nivel del Ejecutivo y del Legislativo, pueda proponer una lista alterna, o sugerir algunos nombres para que se les considere como elegibles. Sencillamente se debe someter la lista de los candidatos a magistrados suplentes a los diputados para que la ratifiquen.

Esto se debe al procedimiento interno, que para este caso, de la elección de los magistrados suplentes, solamente la Corte Suprema de Justicia, puede proponer esa lista. Para su elaboración la Corte Suprema de Justicia, ha evaluado y valorado los atestados personales, profesionales, académicos, laborales, a las personas, abogados y notarios, juristas, para proponerlos como magistrados suplentes y presentarlos para el trámite legislativo de su “ratificación” la lista de candidatos propuestos por el Poder Judicial.

Para elegir un Magistrado Propietario o Suplente se requieren 38 votos de diputados a favor. Técnicamente para elegir a los magistrados suplentes que propone la Corte se requieren los mismos 38 votos de diputados. En el conjunto legislativo el Partido de gobierno Pueblo Soberano tiene 31 y los otros partidos en su conjunto 27. Para no elegir un magistrado que ya lo es pero que se presenta para su reelección igualmente se requieren 38 diputados que lo rechacen o voten en contra de su reelección.

Los Poderes Públicos, como es el caso del Poder Judicial, deben trabajar a derecho, con todos los funcionarios que la Constitución Política establece que deben dirigirlos. Su trabajo no puede ser obstaculizado, obstruido ni impedido de ejecución porque un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa, como es el caso del grupo de diputados del Partido Pueblo Soberano, y la misma presidenta de la Asamblea Legislativa, entorpecen su trabajo, lo sabotean, lo obstaculizan, lo lesionan, lo impiden y traban en la práctica.

Con esta actitud y comportamiento político los diputados del partido Pueblo Soberano, y la misma presidenta de la Asamblea Legislativa, están cometiendo el delito de sedición, el acto criminal de rebelarse contra la autoridad establecida y constituida en el orden público costarricense que tiene el Poder Judicial.

El grupo de diputados del partido Pueblo Soberano actúa como una banda delictiva, que actúa colectivamente, en grupo, en forma tumultuosa, alterando el orden público, impidiendo por la fuerza de su comportamiento la ratificación de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, que sin su ratificación se impide y entraba el funcionamiento del Poder Judicial. Con ese acto de esos diputados se está alterando el orden público, sin buscar el derrocamiento del gobierno ni incitando, por ahora, a una rebelión, pero sí creando las condiciones de anomia política en el país, de caos institucional y de los poderes públicos, que permita justificar al Poder Ejecutivo lo que ha venido proclamando de impulsar un estado de excepción, un estado de sitio, una suspensión de garantías individuales, y de provocar a la vez la posibilidad de poder gobernar a la fuerza, sin controles administrativos, políticos y judiciales.

El acto de sedición que están provocando es el de impedir por la fuerza de ese comportamiento legislativo la aplicación de las leyes y entorpecer el trabajo y funcionamiento del Poder Judicial.

La sedición aquí está caracterizada por el entorpecimiento del orden y del funcionamiento de las autoridades judiciales para que ejerzan su función. Así están provocando una subversión del funcionamiento de la institucionalidad judicial. Los diputados del partido Pueblo Soberano están realizando un alzamiento colectivo, encabezado por ellos, de forma violenta, contra la autoridad Judicial, contra el orden político del país, contra la estructura e independencia de los Poderes Públicos.

Con su actitud están tratando de fortalecer la imagen pública, resquebrajada y el irrespeto institucional que el Poder Ejecutivo, desde el gobierno anterior y con el actual, han impulsado contra el Poder Judicial, contra la Corte Suprema de Justicia, contra sus presidente y sus magistrados.

El comportamiento delictuoso de los diputados de Pueblo Soberano se orienta a quebrar toda la institucionalidad política nacional y de crear las condiciones subjetivas y objetivas para imponer un gobierno de facto, de hecho, al margen de toda la constitucionalidad y legalidad posible.

El comportamiento político de los diputados de Pueblo Soberano, y de los desplantes autoritarios de la presidenta Legislativa, se orientan a provocar el desorden público, se mueve a la convocatoria de personas que propicien un levantamiento público, en su favor obviamente, contra la institucionalidad democrática nacional.

Impulsan que las autoridades judiciales no puedan tomar decisiones, no puedan trabajar. Impulsan obstaculizar su trabajo, que no se apliquen norman, que se paralicen servicios públicos, como el Judicial.

El comportamiento de los diputados del partido Pueblo Soberano está llamando al caos, a las acciones violentas, físicas y verbales. Está convocando subliminalmente a la sublevación de la población contra el Poder Judicial, contra las autoridades judiciales y la paz social, y con ello contra el equilibrio e independencia de los Poderes Públicos.

La sedición en marcha de estos diputados es el acto criminal de su rebelión al rechazar ad-portas, y negarse a presentar al Plenario Legislativo, la nómina de candidatos propuesta por la Corte Suprema de Justicia, para que sean ratificadas las magistraturas suplentes que se están poniendo al trámite legislativo para su aprobación, y asegurar el buen funcionamiento del Poder Judicial. Es un acto claro y directo contra la autoridad establecida constitucionalmente del Poder Judicial. Si se quiere también es un acto sedicioso contra el Gobierno Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Este proceso sedicioso de estos diputados está entorpeciendo el funcionamiento del orden público.

De continuar en su actitud los diputados sediciosos de tratar de arrogarse la soberanía, que reside en la Nación, en el Pueblo, se acercan a cometer el delito de traición a la Patria, y si asumen o se arrogan esa representación popular realizan el acto de la sedición.

Una prueba de fuego le ha sido puesta en bandeja de plata a toda la Asamblea Legislativa. La excelente Magistrada de la Sala Segunda, la Dra. Julia Varela, por razón de vencimiento de su nombramiento en setiembre, ha puesto su nombre para la reelección en el cargo de Magistrada.

Tiene constitucionalmente el derecho de reelección. Así lo ha solicitado a la Asamblea Legislativa., con orgullo profesional y laboral ampliamente reconocido.

La Presidencia de la Asamblea Legislativa no puede rechazar su solicitud. Tiene que darle trámite para su posible reelección. En su caso pueden presentarse otros candidatos, incluidos candidatos del partido Pueblo Soberano, entre los cuales se escogería al Magistrado Propietario por un nuevo plazo de ocho años. Para nombrar un nuevo magistrado se necesitan 38 votos y para impedir la reelección también se necesitan 38 votos.

La elección de los magistrados suplentes y la de los propietarios son dos tipos diferentes de elección. ¿El comportamiento sedicioso de los diputados se manifestará contra la Magistrada Julia Varela?

Del período de los Recolectores hasta la posible III República

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La Historia de Costa Rica, en forma sencilla de decirlo, es la suma de todos los eventos humanos, culturales, sociales, educativos, religiosos, económicos, políticos, electorales desde que tenemos elecciones, de nuestro pasado hasta el presente, que han permitido construir y hacer evolucionar la sociedad democrática nacional que hoy tenemos, de valorar las instituciones que existen como engranaje de la convivencia social que vivimos.

Esa Historia, ese desarrollo histórico, se dio por etapas, por períodos de vida, períodos largos o cortos, según se analicen y distingan, por una evolución social, económica y política, que caracterizaron esas etapas o períodos en donde avanzamos de los tiempos más primitivos a los actuales más modernos.

Algunos de esos períodos o etapas se dieron evolutivamente, otros por resultados impositivos violentamente, provocando nuevos períodos y etapas. Así por ejemplo, los tiempos más remotos datan desde que consideramos la existencia humana en el actual territorio de Costa Rica, haya sido por el paso migratorio de quienes venían de la región norte del continente o de quienes procedían de la región sur del continente, cuando el continente americano estaba debidamente formado en su formación geológica y geomorfológica, y dejaban la prueba de su paso por el territorio como desde cuando empezaron a establecerse, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos y las interpretaciones antropológicas de su existencia nacional.

Los períodos históricos, como conceptos ya datados, pueden tener sus diferencias cronológicas según los datos, eventos o sucesos que el historiador, o quien los elabore, pueda tener o establezca como puntos de partida y de cierre de esos períodos históricos.

De esta manera, tenemos el período de las comunidades recolectoras, las cazadoras, las pescadoras, las agroalfareras, que condujeron al surgimiento de las sociedades cacicales hasta la llegada de los españoles y europeos, a partir de 1492 en el continente, y de su presencia en el territorio nacional desde 1502, con Cristóbal Colón recorriendo la costa caribeña y su breve estadía en la zona de Limón, y de la penetración en el territorio unos años más tarde, 1519. Hasta aquí, a grandes rasgos, es la historia antigua de Costa Rica o precolombina, como también se le conoce.

De estos dos últimos momentos se plantean los períodos históricos que conocemos como el de conquista y el de colonia, ambos se remontan hasta la proclamación de la Independencia de España el 29 de octubre de 1821 en Cartago. El de la conquista se prolongó, en términos generales hasta el tiempo de la fundación de Cartago, en la década de 1560, cuando prácticamente los españoles habían logrado controlar el centro del país, y ejercieron dominio sobre las comunidades indígenas principales. Además, porque su establecimiento les empezó a facilitar disponer de los recursos naturales de aquellos años, y de poner a las comunidades indígenas sometidas a trabajar para ellos, y lo que ellos representaban, el Reino Español. De igual modo, de imponerles a las comunidades sometidas todo su engranaje político, religioso, jurídico, social, cultural, y destruir hasta donde pudieron todo el engranaje y sistemas de vida de las comunidades indígenas. De esta forma las tierras que habitaban libremente las comunidades indígenas y disfrutaban para ellos pasaron a ser tierras del Rey o realengas, y las comunidades indígenas fueron obligadas a trabajar para los españoles y no para ellos mismos. La organización de poder político que tenían las comunidades indígenas se les eliminó y se les obligó a acatar y aceptar el poder político de las autoridades españolas que las dominaban. Se les obligó a aceptar y someterse a las disposiciones legales o jurídicas que los españoles traían y las que desarrollaron en el continente. Se les destruyeron sus templos religiosos y se les impusieron los templos, iglesias católicas, a sus valores religiosos naturales se les impusieron los valores cristiano-católicos.

La narración histórica así puede establecer los períodos de la historia precolombina o antigua, la de la conquista y la de colonia. En ella se contienen los sucesos que se destacan en forma generalmente cronológica, con base en documentos, restos materiales, testimonios que hayan quedado orales, y las costumbres, tradiciones y expresiones folklóricas que puedan considerarse como manifestaciones de vida social en esos períodos.

La narración histórica de esos tiempos resultó de los textos de quienes ejercieron el poder, que escribían y dejaban documentalmente, o de funcionarios a quienes se les pedía que fueran relatando como memoria los sucesos de la vida cotidiana y política que se estaba desarrollando. Muchos sacerdotes, conquistadores y colonos así lo hicieron y testimoniaron. Después por escribanos y otros funcionarios. Cuando en la Colonia desarrollaron instituciones educativas, como las universidades, surgieron en ellas esos relatores, y también rescatadores de la vida anterior indígena y contemporánea que estaban viviendo.

Durante la colonia las rebeliones indígenas y la resistencia anticolonial se mantuvo.

Con la Independencia surgieron otros períodos históricos. Así, desde 1821 hasta hoy podemos establecer la siguiente línea cronológica, de períodos, desde la perspectiva de datos políticos.

El período de las Juntas de Gobierno, 1821-1823, el período de la República Federal de Centroamérica, 1824-1838, cuando pertenecimos a ella como Estado de Costa Rica, que así lo fue formalmente hasta 1848. Durante el período de la República Federal las autoridades superiores, del Poder Ejecutivo, se llamaron presidente, y las del Estado de Costa Rica, jefes de Estado.

A partir de 1848 se declaró la República de Costa Rica hasta hoy, gran período que a su vez se puede fragmentar en Primera República, 1848-1948, aunque así no fue declarada durante esos cien años. A las autoridades superiores de la República, del Poder Ejecutivo, se les llama, desde 1848 hasta hoy, presidente.

En marzo-abril de 1948 se produjo la Guerra Civil, para garantizar un resultado electoral de las elecciones de febrero de ese año. José Figueres Ferrer fue el líder militar de la rebelión triunfante quien se impuso por dos años ante Otilio Ulate, triunfador de las elecciones anuladas que dieron origen al conflicto armado. Al asumir el poder declaró fundada la Segunda República, que corresponde al período 1948 hasta nuestros días.

En el último gobierno, el del presidente Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026 y en el actual de Laura Fernández Delgado, 2026-2030, se habla de una Tercera República, la cual no se ha declarado oficialmente. Lo que ha habido es un ataque sistemático a todo lo que simboliza institucionalmente, en la estructura del Estado, sus Poderes Públicos y órganos políticos de control administrativo, el armazón que lo constituye, sin que se hayan planteado las nuevas formas institucionales de esa posible Tercera República.

Clave importante de este desarrollo político institucional ha sido la formación de valores políticos y sociales. Los de las comunidades indígenas hasta donde fue posible los destruyeron, acabaron y borraron. Los de la conquista y la colonia fueron los valores políticos y sociales de los españoles que se impusieron como valores dominantes.

En la vida social y política los valores que se imponen, como modo y práctica de vida, son los de los grupos y sectores políticos o de clases sociales dominantes. En este sentido los valores son históricos, pues responde a períodos históricos y a los grupos que en ellos dominan. Así son también los valores morales o religiosos.

Los valores sirven para garantizar la convivencia social armónica, para aceptar esa convivencia. Los valores por ello sirven para orientar la formación ciudadana, la opinión pública, y la participación política ciudadana. También son usados para orientar o definir el rumbo de las políticas públicas, y las acciones de gobierno o de gobernanza, que desde el Poder Ejecutivo, se impulsan, y sirven para promover doctrinas políticas ce distintos tipos, puesto que cada una de ellas tiene su propia y específica escala de valores, lo que muchas veces se trata de expresar en las llamadas “ideologías”.

La transmisión de valores se produce en la Familia, en la Escuela, en la Iglesia, en los medios de comunicación, en los distintos aparatos de comunicación del Estado. para educar a los niños y a los jóvenes en los valores “nacionales”, “patrióticos”.

En la Escuela, en el proceso educativo, se fortalecen las bases de los valores que familiarmente se han introducido en los niños, en el núcleo familiar. La Escuela, Colegio o Universidad, como instituciones educativas tienen la responsabilidad política, cívica ciudadana, de formar para la mejor vida en sociedad, para la mejor convivencia social.

Aquí es donde se deben fortalecer con más empeño los valores de Respeto y Tolerancia, para enseñar a reconocer y aceptar la diversidad de opiniones, de religiones, de creencias, de grupos sociales, étnicos, o raciales, las diversas expresiones de la convivencia familiar que ahora existen.

En el proceso educativo se deben fortalecer, entre otros, los valores de la Libertad, la Igualdad, la Equidad, la Justicia Social, la Solidaridad, la Participación Ciudadana, el del Pluralismo político, la Responsabilidad, la Honorabilidad y Honestidad, los valores que definen la identidad, los que fortalecen los vínculos familiares, los del amor y el respeto, así los valores éticos de actuar con transparencia, humildad y compromiso para cumplir las metras y objetivos que trazamos para la vida personal, familiar y pública.

La enseñanza del valor de la Libertad es fundamental porque da el derecho a expresar ideas, posibilita la disensión, garantiza el respeto al libre pensamiento. Políticamente enseña a organizarse, sin temor alguno, y a participar en la vida política orientada a elegir libremente gobernantes, autoridades y representantes de gobierno, sin coerción alguna.

La enseñanza de los valores del Pluralismo y la Tolerancia son fundamentales para enseñar a reconocer y respetar la diversidad de opiniones religiosas, morales, éticas, políticas. Es para enseñar el respeto a las maneras de pensar y de ser como personas. Es para enseñar la promoción de debates públicos donde se expresen distintas opiniones para tratar de lograr altos fines públicos constructivos.

La enseñanza de los valores asociados a la Justicia, la Equidad y la Solidaridad son para fortalecer el respeto para el trato igual e imparcial a todos los ciudadano, son para estimular la conciencia de resolver las brechas de desigualdad social que existen y fomentar el compromiso colectivo para logar el mayor bienestar posible de las poblaciones o sectores sociales más vulnerables, marginales o excluidos de las políticas públicas, para lograr mayor cohesión social y mayor paz social.

Los valores de Responsabilidad y Transparencia para enseñar la rendición de cuentas en el servicio público y en la toma de decisiones.

El proceso escolar, por ejemplo, en paralelo con la vida ciudadana, ha desarrollado prácticas escolares de elecciones estudiantiles, en las escuelas y colegios. Allí los niños y los jóvenes aprenden, como los mayores, como los ciudadanos, a participar libre y organizadamente en partidos políticos, o grupos políticos que se asemejan a los partidos políticos haciendo de esas formas sus primeras armas políticas para la vida en la sociedad política de los adultos, la que define los rumbos del país y de la sociedad que vivimos.

Recientemente, el Ministerio de Educación envió la circular DM-CIR-0047-2026 a todas las instituciones educativas del país instruyendo a los educadores para que en la exposición de sus lecciones actúen con neutralidad política electoral, como un mecanismo de presión sobre los docentes, procurando imponer de esa manera un régimen de terror, de miedo, de silencio, de control político en las aulas. En la época de la dictadura de Francisco Franco en España, en las Universidades y en instituciones educativas había control policial sobre lo que decían los maestros y los profesores, a veces con presencia de policías en las aulas. ¿A esto se quiere llegar en Costa Rica?

En la práctica educativa y docente del país me atrevo asegurar que la vida académica y de enseñanza se produce con esa neutralidad política y electoral.

En las escuelas, en los colegios y en las Universidades todos los cursos que se imparten se dan sobre Programas Académicos, debidamente aprobados, con procesos rigurosos de aprobación, que trazan o señalan los contenidos que se deben comunicar, transmitir o estudiar por parte de los estudiantes. Ninguno de esos Programas está sometido a la parcialidad política electoral. Ni siquiera, hasta ahora están sometidos y redactados de conformidad al interés político de cada administración política que tenga al país.

Los partidos políticos que han gobernado el país y el Poder Ejecutivo, Liberación Nacional, los que se han agrupado alrededor de la Unidad Social Cristiana o del Partido Acción Ciudadana han impulsado desde el Consejo Superior de Educación, programas educativos para toda la enseñanza que respondan a los intereses políticos y político electorales de esos partidos, gobiernos y presidentes.

Los temas que le preocupan al actual ministro de Educación, en esa circular, son los temas político-electorales. Estos temas son tratados únicamente, de ser tratados, en los cursos de Estudios Sociales, de Historia, de Formación Cívica o Ciudadana.

No existe en el país literalmente hablando una Historia Oficial. Una historia oficial sería aquella que el Estado o el gobierno de turno redacta como texto oficial de obligada enseñanza.

Los textos que se han enseñado como básicos para el estudio de la Historia Nacional y de la Formación Cívica ciudadana han sido elaborados por destacados profesores, historiadores o investigadores de temas sociales, jurídicos y cívicos. La “Cartilla Histórica” de Ricardo Fernández casi 50 ediciones tuvieron, una por año, los textos de “Historia de Costa Rica” de Carlos Monge Alfaro, los de Carlos Meléndez, o los de los profesore Carlos Luis Sáenz y Adela Ferreto, eran los que se usaban regularmente.

La Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional colaboraron en pasado con el Ministerio de Educación en la elaboración de textos que nunca fueron cuestionados por parcialidad informativa, analítica o interpretativa, ni acusados de ser “parciales política o electoralmente” a favor de algún partido o tendencia política.

Los profesores lo único que tienen es su formación profesional, académica, y su libertad de exponer el contenido del Programa de Estudios oficial que tienen que enseñar o dirigir, en su estudio a los estudiantes de acuerdo a su formación profesional.

Lo único que tienen en esa formación académica es esa Libertad de Cátedra que les da su formación profesional y académica, con los valores con que han sido formados para desarrollar los temas de los programas que deben estudiar sus alumnos, y motivarlos en el estudio de la Historia Patria.

La enseñanza está dirigida a formar hombres y mujeres con capacidad crítica de pensar, con capacidad de desarrollar y tener pensamiento propio. Está dirigida a formar mejores ciudadanos.

La enseñanza está dirigida a formar Hombres y Mujeres Libres para poder lograr una sociedad democrática más sólida, más desarrollada, mas inclusiva, más justa.

Hasta la Segunda República así ha sido la política educativa del país en general. Ni siquiera en el período de la Junta de Gobierno, 1948-1949, ni en la siguiente década, 1949-1958, cuando yo hice la primaria y aún el país olía a pólvora y represión política post guerra civil, los programas educativos de esos años se orientaron a exaltar a los triunfadores de la Guerra Civil, ni a imponer una Historia Oficial de los victoriosos.

En el esquema de la Tercera República que se quiere imponer, ¿es eso lo que se quiere desarrollar?, ¿una Nueva Historia Nacional a partir del gobierno de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández? ¿Los ataques de Rodrigo Chaves a los gobiernos, gobernantes y partidos gobernantes, del período 1949-2022, igualmente condenados por Laura Fernández, hacia eso se dirigen?, ¿hacia la Historia de la Tercera República, con las fotos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández, en la entrada, en la recepción de los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber, como lo hace Bukele en El Salvador?

Sobre visitas a Museos, Bibliotecas y Cárceles

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Cuando estaba en la Escuela, en la década de 1950, comenté, en un artículo anterior, que una visita obligada era al Museo Nacional, entre otras cosas para ver una vitrina en el sótano que estaba custodiada por una pareja de policías armados, que tenía en exhibición una mata de marihuana, situación que se aprovechaba para valorar la riqueza arqueológica del Museo, e infundirnos miedo a las drogas y a su consumo.

En el colegio no se nos llevaba al Museo. Algunos profesores, de Historia o Estudios Sociales recomendaban su visita. Como profesor invitaba a los estudiantes a que visitaran los museos, especialmente cuando explicaba los tiempos antiguos de Costa Rica.

En la Universidad aquellos cursos que estaban ligados a la Historia Nacional, especialmente en su parte antigua, eran de obligada orientación para visitar los Museos Nacional, de Oro y de Jade, en sus distintas Salas. En mi caso, que me orienté por el estudio de Historia, y de la Historia de Costa Rica en particular, me hice asiduo visitante.

La Historia Antigua me cautivó en un primer momento, y me hizo matricularme en algún curso importante de Antropología, con el profesor Carlos Aguilar Piedra, con quien cultivé una rica amistad, a quien cariñosamente se le llamaba por sus dilectos alumnos y discípulos, el Gran Chamán. El Profesor Aguilar aceptó participar con un grupo muy destacado de antropólogos, discípulos y asistentes suyos, en el Capítulo de Historia Antigua, de la Historia General de Costa Rica, que dirigí en 1989, lo que fue una gran experiencia enriquecedora para mí trabajar con ellos, visitar los museos, analizar sus colecciones.

El Gran Chamán se había formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que le daba una formación científica más profunda en este campo. En aquellos años, de la década de 1960, se enfatizaba en la búsqueda del Paleoindio costarricense, el más antiguo que se hallare en el país. Era la pasión de las búsquedas arqueológicas, porque estaba en cierta forma de moda la búsqueda del paleo indio americano que disputaba México, en aquellos años con el llamado Hombre de Tepexpan, un esqueleto que había sido hallado en el antiguo Lago de Texcoco, en México, en 1947, cuya antigüedad se discutía entre los 4000, 8000, 10.000 y hasta 23.000 años, lo que tiempo después se redujo a una cifra de 4.700. Aun así, la discusión de antigüedad continuaba y sigue investigándose. Las más antiguas se consideran cuando superan los 10.000 años. Así se han encontrado en Chile, más de 18.500 años, en Yucatán, México, el primer fósil reportado de un rostro humano, de hace 13.000 años, de igual edad al llamado Hombre de Arlington Springs, en Estado Unidos. La mujer más antigua de América se le estima en 12.700 años localizada en la Zona del Peñón de los Baños, cerca de aeropuerto de México. La discusión de la mayor antigüedad se mantiene abierta.

Para el caso costarricense los hallazgos arqueológicos señalan que los restos más antiguos son de hace 12.200 años, hallados en la región de Siquirres. La Fauna gigante que había en el territorio nacional se ubica entre los 10.000 y 40.000 años de antigüedad. La Antropología costarricense ha señalado que los primeros pobladores de Costa Rica llegaron hace unos 12.000, como grupos nómadas cazadores-recolectores, según restos que se han encontrado en el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón.

En otros capítulos de la Historia Nacional llevé estudiantes a visitar industria y ciertas actividades empresariales, cuando me lo permitían sus empresarios.

Un sitio casi de obligada llegada de mis estudiantes era la Biblioteca Nacional, para que los estudiantes tuvieran contacto con el pasado, haciendo un breve estudio, y repaso de un periódico, que asignaba individualmente, del cual rendían el informe, que no podía ser copiado de otro estudiante. En general esa experiencia era bien cumplida y satisfacía su propósito, donde los estudiantes a veces se quedaban ampliando su visión y contacto con la historia pasada reflejada en periódicos.

Como asistente estudiantil que fui del Profesor y Gran Maestro Rafael Obregón Loria él me enviaba a sacarle información de periódico La Gaceta, el diario oficial, que aprendí a estimar, leer y buscar información. En la elaboración de mi Tesis de graduación hice una investigación de varios años en la prensa costarricense desde 1870 hasta 1930.

En dos ocasiones llevé estudiantes, autorizado para ello, a visitar la Penitenciaría Central, donde hoy está el Museo de los Niños, a visitar presos o privados de libertad. Se me autorizaba llevarlos al área de menos peligrosidad. El objetivo ver las malas condiciones del presidio, el hacinamiento en que estaban los presos, las condiciones en que comían. Los estudiantes podían hablar con los privados de libertad con amplitud, siempre a la vista de guardias que nos acompañaban en esas visitas. Se nos autorizaba llevarles cigarros. Nunca se hizo una visita con el propósito de decirle a los estudiantes, de diferentes clases o estamentos sociales que iban, que era para que aprendieran a ser “buenos”, o se alejaran de las posibilidades por las cuales podían delinquir. Tampoco para asustarlos de un posible futuro por su condición económica, social, o lugar donde vivían. Dejé de hacer esas visitas cuando una vez, ocho días después de haber visitado la Penitenciaría Central, hubo un motín de privados de libertad, y tuvieron retenidos a varias guardias y personas que en ese momento les visitaban. Entendí que no podía exponer a estudiantes a situaciones así. De una de esas visitas se hizo constancia en el Semanario Universidad.

Me ha sorprendido el anuncio con bombos y platillos que ha hecho la presidenta Laura Fernández, hace pocos días, de impulsar una política de educación pública para llevar a todos los niños en edad escolar de las escuelas públicas, de las comunidades con altos índices de criminalidad, a visitar las cárceles, con el propósito de asustarlos y como parte de una estrategia para prevenir que ingresen a la delincuencia y el narcotráfico. Así, señaló, que los niños conocerían de primera mano las consecuencias de involucrarse en actividades delictivas. Es un esquema de terapia de shock de enfrentar a niños con situaciones que podían vivir para que no cometieran actos en sus vidas que podía llevarlos a los centros penitenciarios.

No es así como se enfrenta la situación de la delincuencia. Se debe fortalecer la educación formal la técnica, los valores familiares, los valores sociales, los valores políticos y democráticos en la enseñanza. Se deben fortalecer los valores y conocimientos de la historia nacional y patria para fortalecer y consolidar la democracia como sistema, para formar pasión y amor por Costa Rica, por el país que vivimos, y tratamos de desarrollar y construir para lograr un mayor y mejor desarrollo económico social, cuya generación de riqueza sirva para resolver los grandes y graves problemas sociales y económicos que afectan a la gran mayoría de costarricenses, desempleo, trabajo informal, pésimos y bajos salarios, salarios congelados desde hace cinco años, congelados para los próximos cuatro años, alta deserción escolar y colegial eliminación de los subsidios sociales en la población escolar, de los buses estudiantiles, de los comedores escolares, de las becas para la educación pública, de las malas condiciones higiénicas de los chinchorros, de los tugurios, de la mala vivienda, poco decente y digna, de las malas condiciones de seguridad e higiene ocupacional en fábricas, empresas y en contornos sociales de habitación popular, de las dificultades del transporte público, amenazas de bajar los salarios mínimos para compararlos con los América Latina, de ampliar el plazo de tiempo de pensionarse, las amenazas de imponer el trabajo de 12 horas diarias de trabajo rebajando el salario real, recortando constantemente los presupuestos de las instituciones de carácter social, de la falta de oportunidades y posibilidades para la convivencia en áreas urbanas, en las barriadas populares de espacios de esparcimiento seguro para los niños y sus familias, de la falta de una política de vivienda social que permita construir al menos casas con tres cuartos para evitar el hacinamiento doméstico y evitar la violencia familiar que ello produce, por no estimular más, y de manera efectiva, el deporte, la salud física, la salud mental, el arte, el deporte, la recreación y la integración social comunitaria.

Lo que propone la presidenta Laura Fernández es descabellado, peligroso para los niños en sus visitas a las cárceles. Así no se desalienta a nadie ante su futuro incierto.

La presidenta parte de los niños de las poblaciones, con las comunidades con mayores altos índices de criminalidad, a visitar las cárceles. ¿Quién le dice a ella que solo de esas comunidades se desenvuelven potenciales delincuentes y criminales? Los delincuentes y criminales de cuello blanco, los evasores y elusores de impuestos, los altos estafadores de los bancos o instituciones financieras, los blanqueadores de dinero, los que reciben los apoyos de altos funcionarios de gobierno, de manera cómplice, conociendo hacia quienes se dirigen esos altos créditos bancarios sin garantías sólidas, no vienen de esas comunidades con mayores altos índices de criminalidad, a las que aludió la presidenta.

Puedo asegurar que en las grandes estafas públicas, y escándalos sonados, los participantes e involucrados provienen de las capas medias, medias altas y altas de la sociedad costarricense, y de formación educativa en colegios privados.

¿Pensará la presidenta que los jóvenes de esos colegios privados deben ir a visitar las cárceles para evitar esas figuras delictivas y criminales?

Mi recuerdo de la Librería Lehmann

Escrito en . Publicado en Cultura.

Vladimir de la Cruz

El anuncio del cierre de la Librería Lehmann me produjo cierto dolor y nostalgia, de tristeza, de recordar momentos especiales que se remontan a mi infancia, adolescencia, juventud, época de estudiante en general, de buscador de libros en particular y de lector general, como especializado en temas históricos o sociales.

No exagero al señalar que cuando pasaba frente a la Lehman tenía el impulso nato de entrar a mirar los libros, cuando no a comprar, o a husmear que había de novedad. La sola existencia de la Librería Lehmann me producía una sensación de satisfacción. Como la Lehman igual me atraían como imanes las compraventas de libros, de las que sigo siendo asiduo visitante.

Las librerías de Costa Rica de los años cincuenta en adelante son la que recuerdo como emoción “prehistórica”.

Fui lector obligado desde pequeño. Mi madre, Zayda de Lemos Rodríguez, era la lectora oficial de mi niñez. Ella era lectora de oficio, militante de los libros, de literatura nacional, latinoamericana y de autores soviéticos o rusos. Junto con mi padre, Ignacio de la Cruz Martínez, tenían de jóvenes, en la década de los 40 una muy buena biblioteca, como se acostumbraba a tener generalmente, en aquellos años, en las casas. Ambos en aquellos años, jóvenes que pasaban los veinte años, yo nací cuando ellos tenían esa edad en 1946.

Ellos probablemente por su militancia comunista eran ávidos lectores, y estaban relacionados por generación con los mejores escritores de aquellos años, algunos de ellos también militantes comunistas, Adolfo Herrera García, Carlos Luis Fallas, Fabián Dobles, Arturo Montero, Víctor Manuel Arroyo. Otros de su tiempo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, Arturo Agüero.

Vivimos un tiempo frente a la casa de Carmen Lyra, en la Pensión de mi tía abuela, Celina Martínez, que estaba al frente de su casa. Mi madre me contaba que con frecuencia iban a hablar con ella o a saludarla y que me llevaban “de brazos”, antes de cumplir los dos años, porque el exilio sacó a Carmen Lyra a México, y a mi padre lo llevó a Venezuela, con otros costarricenses como Francisco Fairén, el pintor Manuel de la Cruz González, el profesor universitario de aquellos años, el químico Fernando Chaves Molina. Mi padre en Venezuela se vinculó rápidamente a los círculos literarios y de escritores de Maracaibo, junto con Manuel de la Cruz, de donde admiraba sus “Lacas”, con aquellos colores intensos reflejando el calor de esa zona de los Lagos maracuchos. Así, la biblioteca casera de mis padres era para su época “voluminosa”, a pesar de las estrecheces económicas, que no afectaba para comprar libros. La Biblioteca de mis padres tenía incluso la colección completa del periódico Trabajo, órgano del Partido Comunista de Costa Rica, de rigurosa lectura familiar.

La guerra civil del 48 acabó con la Biblioteca de mis padres. Un día llegaron a confiscarla. Mi tía Enid de Lemos me dio la lista de los “muchachos universitarios”, que llegaron con esa misión informándole que la llevaban donde “el padre Núñez”, como era conocido el sacerdote Benjamín Núñez Vargas, alto dirigente de la Junta de Gobierno de Figueres, en el período de 1948-1949. Allí también se fue la colección de Trabajo. Años después, en la década de 1980, cuando fui Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y el Padre Núñez era Rector, me atreví a manifestarle lo que sabía de la Biblioteca de mis padres, que se la habían llevado a él. Simplemente me respondió: “Sabe, eso dicen de mi Biblioteca”, sin poder saber con certeza si tenía esos libros. Le dije que mi único interés era ver los libros que había en ella, los libros y autores que leían mis padres de jóvenes, si todavía tenía esa biblioteca confiscada. Me quedé con agua en las manos.

Lo importante del caso es que después de la guerra, mi madre empezó de nuevo a formar “su pequeña biblioteca”, como lectora empedernida que era, con el hábito, la costumbre, cuando no vicio de lectora que tenía. A veces leía o estudiaba sus textos de estudio colegial, nocturno o de Universidad, en voz alta. Me decía que ella necesitaba hacerlo así porque tenía “memoria auditiva”. Y en esas lecturas estaba yo oyéndola o cuando de esa forma me leía regularmente, antes de dormir, lo que era obligado. En su vejez, ya pensionada seguía leyendo de seis a ocho horas diarias. Impresionantemente así se entretenía. Me pedía que le facilitara libros, me solicitaba expresamente otros. Algunos que le facilitaba podían no gustarle y me decía: “ese no me gustó, pero lo leí hasta el final”. Así era su disciplina. Cuando la degeneración macular le afectó la vista y con ello la lectura, pasó al audio libro. Era yo el encargado de buscarle los libros, lo que hacía regularmente en la Librería Lehmann. Con estos también a veces me decía: “no me gusta el que lo lee. Cuando me traigas otro fíjate que no tenga ese lector”.

Esas visitas a la Lehman a finales del siglo pasado y principios de éste, me hacían recordar las visitas a la Librería que hacía mi madre a la Lehman, generalmente los sábados por la mañana, a “husmear” libros, a ver qué compraba para leerme o introducirme en la lectura. Recuerdo gráficamente como algunos de esos sábados estaban allí, en la Librería Lehmann, escritores nacionales, y otros escritores y asiduos lectores, donde se reunían informalmente de esa manera. Así conocí a esos escritores, incluso recuerdo levemente a Joaquín García Monge, cuya muerte en 1958 impactó mucho a mi madre por el cariño que le tenía y el buen trato que con él tenía, imagino desde los años 40, junto con mi padre, y en esos años de la década de la postguerra nacional.

Junto a la Librería Lehmann otras de visitas no tan obligadas eran las librerías o imprentas como la de Jaime Tormo, la compraventa El Erial, la Alsina, la Española, la de los Hermanos Trejos, la Librería Universal, la Librería López, la Casa de las Revistas, la Acrópolis, la Diliresa, que estaba ubicada cerca del restaurante Chalet Suizo, restaurante que empecé a visitar con alguna regularidad haciendo un gran sacrificio económico a principios de los años 70s.

Mi madre me introdujo de esa manera en la lectura, leyéndome y llevándome a las librerías, que ella visitaba, y “presentándome” a sus amigos escritores.

Adolescente me aficioné por la colección de estampillas y ligeramente de monedas. Las estampillas me llevaron con frecuencia a la Librería Lehmann porque allí vendían paquetes de estampillas de distintas partes del mundo, paquetes de 50, 100, 500 o más estampillas que cuando tenía el ahorro suficiente así lo invertía. También vendían las pestañitas, de color verde trasparente, que se usaba para pegarlas en álbumes u hojas.

De adolescente, colegial y entrado a la Universidad, en la década del 60, escribía con pluma de tinta. La tinta era verde y la conseguía en la Lehmann. Así la Lehmann formaba parte de mi vida.

Otra lectora influyente en mi vida fue mi abuelita Ofelia Rodríguez Rodríguez, quien había sido discípula del gran pintor Tomás Povedano. Ella de orientaciones filosóficas del rosacrucismo, filosófico y esotérico, buscando siempre la iluminación espiritual, alejada de la práctica religiosa, creyente fervorosa de Dios y de Cristo, pero nada con la Iglesia. En su práctica Rosa Cruz fue militante y me hizo acompañarla a ciertas ceremonias. Su padre, mi bisabuelo Rafael Rodríguez Salas, había sido masón y probablemente influyó en ella, junto con el Maestro Povedano en su acercamiento a estos estudios filosóficos.

En mi adolescencia, mi abuelita, con quien compartí mucho tiempo real, de estancia, de comidas, de conversaciones, finamente, después de almuerzo, ella hacía un ligero descanso, casi una siesta. Me pedía que en esos ratos le leyera libros que ella tenía de Madama Blavatsky, “La doctrina secreta”, “La voz del silencio” y otros textos. Probablemente quería me acercara al rosacrucismo que no me llamaba la atención filosófica. Yo iba por otros caminos, pero me complacía leerle a mi abuelita. En esta dirección filosófica también fueron lectura las obras de Camille Flammarion, otro espiritista, especialmente el libro de “Astronomía Popular”, del cual tenía una linda edición y “Urania”.

No recuerdo donde mi abuelita conseguía sus libros. No me los pedía a mí.

A la biblioteca de mi madre, se sumaron poco a poco los libros que yo iba usando, como lecturas obligatorias de colegio, cuando nos ponían a leer libros completos y no resúmenes, más los que por propia inquietud intelectual iba sumando por mis lecturas de joven, o por las que sugerían mis amigos jóvenes lectores como yo.

Mi período de estudiante colegial viví contiguo a una casa de un periodista, Antonio Zavaleta, y de su esposa Azihadée Estrada, ambos de gran cultura, de lectura obligada y d. Antonio, además, cultor de la música clásica, a la que le dedicaba la tarde de los sábados a su escucha de Radio Universitaria, según recuerdo. Sus hijos grandes amigos míos de juventud. Con Jorge competíamos en lecturas, él de Zane Grey, novelas de vaqueros, yo con Emilio Salgari y con Julio Verne. Eran tiempos de lectura. La Librería Lehmann era el punto obligado para ir a buscar los libros.

Adolescente tuve inquietudes políticas de izquierda, al calor de la Revolución Cuba, de la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana, y de mi cercanía, por mi madre, con los dirigentes comunistas nacionales. Así me vinculé muy joven a esta organización y me inscribí en la Juventud Socialista Costarricense, cuyo secretario general era Rodolfo Cerdas Cruz. Con ellos constituimos una generación muy intensa en luchas políticas, compromisos sociales, en ilusiones socialistas. Alfonso Chase y Jorge Debravo, entre otros, se convirtieron en los guías de lecturas. En la Soda San Remo, 75 metros al norte del Edificio de Correos, nos reuníamos con tazas de café a leer poesía, a intercambiar opiniones literarias, de libros y lecturas políticas. Así nos formamos los jóvenes de los 60s, leyendo, discutiendo, intercambiando opiniones, militando en causas políticas y sociales.

Mi casa, la de mi madre, sirvió también para albergar dos bibliotecas muy especiales para mí por la riqueza del contenido de sus libros. La de mi amigo Luis Orlando Corrrales, que por un viaje al extranjero la dejó un tiempo conmigo, y la del esposo de mi tía Enid, Edgar Campos Cabezas, que también por trabajo en el extranjero, la dejó en la casa. Ambas, en distintos momentos, fueron centro intenso de atención, de búsqueda de lecturas y de disfrute intelectual. Ambas, en su momento, íntegramente fueron devueltas a sus legítimos dueños.

De estos años de la década de los 60s, una anécdota política. La Librería Lehmann en el mes de diciembre ponía un muñeco mecánico de Santa Claus, en una de sus vitrinas, que pasaba riéndose. Los jóvenes socialistas de esos días “regamos la bola” que ese Santa Claus se reía de lo que la gente y los niños que iban a verlo le pedían y no les podía dar. Era un humor negro cruel que trataba de combatir una imagen que considerábamos ajena a la tradición costarricense.

La librería Lehmann fue también un receptáculo para la presentación de libros de escritores nacionales y de otros artistas, que pudieron exponer en sus instalaciones. Recuerdo la exposición de la obra artística de la pintora Gloria Rivero que tuvo ese apoyo mecenazgo de la Librería Lehmann.

Algunas librerías actualmente presentan en sus instalaciones a un autor y su libro. Otras han desarrollado espacios para que allí puedan leerse libros, o niños puedan interactuar con los libros.

En los últimos años la organización de los pasillos de sus libros era una visita obligada. Bien ordenados, por temáticas o autores, era de un tránsito de personas, de autores y de especialistas en la búsqueda del saber intelectual que los llevaba a ese santuario, a ese espacio sagrado, a ese templo del saber literario. Sus vitrinas de libros, hacia la avenida central, especializados, exhibidos al público, eran una invitación obligada a entrar.

Durante años la Librería Lehmann publicó “La Cartilla Histórica” de Ricardo Fernández Guardia, una obra clásica, básica de la cultura histórica nacional, que se había convertido en un libro de consulta obligada de la historia nacional y de sus principales autoridades y obras de gobierno. Ese aporte fue muy importante para las generaciones que tuvimos que leer y estudiar ese texto, que sigue siendo básico, a modo de gran síntesis de la historia nacional, libro que se dejó de publicar.

La Librería Lehmann seguirá en la memoria nacional como un gran pilar de la cultura costarricense. En mi caso particular la Librería Lehmann se asocia a mi vocación de lector y a la gestación de mi Biblioteca personal.

Sergio Ramírez Mercado en la RAE

Escrito en . Publicado en Cultura.

Vladimir de la Cruz

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez fue incorporado a la RAE, institución que preserva la unidad y evolución del idioma español.

Del mayor significado y trascendencia, no solo literaria, sino también política y geográfica, ha sido la incorporación del escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, como miembro propietario, de Número, en la Silla L, de la Real Academia Española, la institución que desde 1713 surgió con la misión de velar por los cambios que experimenta y sufre la lengua española o castellana, que tiene un peso enorme en la definición y detalle de los conceptos lingüísticos, y sus precisiones, que ha tenido desde entonces, considerando los países, regiones y sitios donde el español o el castellano son la lengua oficial y mayoritaria en sus poblaciones.

La lengua española o castellana es propia de España, de Centroamérica, Sudamérica, de América Latina, excepto Brasil. También de algunas islas del Caribe, como son Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana. De igual modo se habla en otras regiones como las Guayanas y Belice. El español o el castellano se habla hoy en 21 países y se considera el segundo idioma más hablado del mundo por habitantes nativos.

La Real Academia de la Lengua Española contribuye con su trabajo, sus actividades, sus congresos, sus academias regionales asociadas a resolver consultas que se hacen sobre palabras y reglas gramaticales, sobre dudas en el uso del idioma e interviene de esa manera para hacer recomendaciones sobre el uso cotidiano del idioma.

Las publicaciones que realiza son claves para estos propósitos. Sus diccionarios de la Lengua Española, que empezados a publicarse en 1780, siguen siendo importantes y esperados por el mundo hispanoparlante, y sus publicaciones como son la “Nueva Gramática de la Lengua Española”, la “Ortografía de la Lengua Española”, el mismo “Diccionario de la Real Academia Española”, el “Diccionario panhispánico de dudas”, el “Diccionario fraseológico panhispánico”, el “Diccionario de Americanismos”, que son de consulta obligatoria.

Especial publicación que se encuentra digitalmente, el “Diccionario histórico de la lengua española”, contribuye a ver la evolución de las palabras en su trascurso histórico. Destacan también las publicaciones como la edición especial que hiciera del libro de Cervantes, “don Quijote de la mancha”, en la edición prologada por Mario Vargas Llosa, o de los grandes literatos como Gabriel García Márquez, con sus “Cien años de soledad”, “Rayuela” de Julio Cortázar, y la “Poesía reunida” de César Vallejo, publicaciones que contienen estudios críticos, análisis y glosarios, lo que las enriquecen para el público lector.

También hace publicaciones conmemorativas destacando autores, como han sido José Martí, Miguel Ángel Asturias, Augusto Roa Bastos, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Gabriela Mistral Carlos Fuentes, Ruben Darío… Desde 1914 la Real Academia publica su Revista especializada, bajo el nombre de “Boletín de la Real Academia Española”.

La Real Academia Española hoy tiene la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), fundada en 1951, que reúne 24 academias de los países hispanoparlantes, unificadas con el lema «Una estirpe, una lengua y un destino». Las Academias centroamericanas se fundaron la de El Salvador en 1875, la de Guatemala en 1887, la de Costa Rica en 1923, la de Panamá en 1926, la de Nicaragua en 1928 y la de Honduras en 1949.

Congresos de la Real Academia de España en Centroamérica solo se han celebrado en Costa Rica en 1989 y en Panamá en el 2011.

En Costa Rica especial en la preservación, conservación y divulgación del idioma español o castellano es la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica desde 1974.

Con todo este esfuerzo se trata de mantener la unidad y promover la evolución del idioma español.

Desde la fundación de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, han sido miembros titulares 488 personas que fueron electas para ocupar un puesto en su Junta Directiva, con el nombre de Académicos de Número, que se “sientan” en una “silla” que corresponde al alfabeto latino de uso para el castellano, tanto mayúsculas como minúsculas.

Pocos latinoamericanos han ocupado una Silla como miembros propietarios o como Académicos de la RAE. El fallecimiento de Mario Vargas Llosa dejó vacante a Silla L, que la había ocupado desde 1995 hasta el 13 de abril del 2025, que falleció.

La búsqueda de su sustituto movió a los académicos y literatos preocupados por quien ocuparía su vacante. El pasado 7 de mayo se anunció como único candidato para la Silla L de la RAE al gran escritor centroamericano Sergio Ramírez Mercado, que fue postulado como candidato único, lo que destaca el inmenso reconocimiento que se le hizo en lo personal como en su oficio de escritor.

Sergio Ramírez tiene una larga trayectoria, como escritor, ensayista, escritor y columnista de periódicos, académico, profesor universitario, sin dejar de ser el Abogado que es de formación.

En estos campos vivió en Costa Rica de manera especial y destacada desde la década de 1970, trabajando con las Universidades de Centroamérica. En Costa Rica vivió de continuo por 15 años, intensamente activos, ligado al Consejo Superior Universitario Centroamericano, CSUCA, donde impulsó la fundación de la Editorial Universitaria Centroamericana, EDUCA, que jugó un papel muy importante en la edición de libros sobre Centroamérica.

Progresista políticamente. Antisomocista de corazón y militante de la Democracia contra la dictadura se vinculó a las luchas patrióticas nicaragüenses y centroamericanas que culminaron en 1979 con la caída del dictador Anastasio Somoza Debayle. En la actividad académica de esos años y en estas luchas nos conocimos y participamos.

El triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto con los grupos patriotas, revolucionarios que se unieron a ella lo condujo a formar parte de los primeros intentos de crear un grupo gobernante para el momento que cayera la dictadura. Así fue miembro del llamado Grupo de los doce, que reunía intelectuales, empresarios, sacerdotes, que tuvieron un peso significativo en esa lucha, y dirigentes civiles, que en 1979, en julio se constituyó como Junta de gobierno de Reconstrucción Nacional en Nicaragua. Allí ocupó cargos de dirección nacional. Presidió el Consejo Nacional de Educación, y por sus afanes literarios, impulsó la Editorial Nueva Nicaragua.

Con el gobierno constitucional, surgido de las elecciones de 1984 ocupó la Vicepresidencia de la Republica de Nicaragua. En 1990 fundó la publicación “Quincena” que se mantuvo por diez años. También creó la revista electrónica cultural centroamericana “Carátula”. Como Profesor ha trabajado en la Universidad de Maryland. Su trabajo literario incluye vivencias y personajes de Costa Rica, como Yolanda Oreamuno, con su novela “la fugitiva”, Chavela Vargas, la cantante de género mexicano, a la Gloria tinoco y Marina Carmona, Lilia Ramos.

Sus preocupaciones, inquietudes y caminos literarios los empezó a tejer desde su época estudiantil, cuando publicaba cuentos en la Revista Ventana de la ciudad de León, de Nicaragua. Allí empezó su ruta literaria, artículos, relatos, cuentos, ensayos, novelas, columnista en el periodismo, textos de historia y ficción. Internacionalmente empezó a ser reconocido con “Margarita, está linda la mar”, que le dio el Premio Alfaguara. Desde el 2013 preside el encuentro anual centroamericano de literatura “Centroamérica cuenta”. El 11 de noviembre de 2014 recibió el Premio Carlos Fuentes, que lo reconoció como autor de gran calidad literaria, como un “intelectual libre y crítico, de alta vocación cívica”.

En el 2017 se le reconoció con el Premio Cervantes, siendo el primer centroamericano en recibirlo. Es miembro también del Patronato del instituto Cervantes. En el 2021 fue galardonado con la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El pasado 7 de mayo la Real Academia Española lo postuló y aceptó como único candidato a ser parte de ella, en la Silla L, siendo de esa manera el primer centroamericano y el primer nicaragüense en ocupar tan importante responsabilidad, y recibir ese alto reconocimiento, bien ganado, bien merecido, que pone en alto a las letras de Nicaragua, a las de Costa Rica por la huella indeleble que nos ha dejado con su presencia, a las letras de Centroamérica, del Caribe y las de Latinoamérica, en todo lo que Sergio Ramírez significa para el desarrollo progresista y democrático latinoamericano.

Así ha sido reconocido como una persona digna de mérito para ser miembro de la RAE. Es un puesto que desempeñará de manera ad honorem. Fue electo por propuesta de los mismos académicos, que son los que pueden proponer candidatos a Silla. Pueden ser españoles o de otros países los miembros.

En el caso de Sergio Ramírez como el de Mario Vargas Llosa, ambos tenían su propia nacionalidad, nicaragüense y peruana, pero también tenían la nacionalidad española. En el caso de Sergio Ramírez se le otorgó la nacionalidad española debido a que el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega le quitó inconstitucionalmente la nacionalidad, como ha hecho con poco más de cien personas, todas opositoras o críticas al gobierno dictatorial, despótico, autoritario que se ha desarrollado en Nicaragua.

Con Sergio Ramírez otros intelectuales, escritores y escritoras nicaragüenses, han sido igualmente despojados de su nacionalidad de origen. España dignamente le dio amparo, le cobijó y le brindó la nacionalidad española, cuando estando Sergio Ramírez en el extranjero se vio de pronto “oficialmente” en la condición de que “ya no era nicaragüense”, lo más absurdo y ridículo que podía hacer la dictadura de Daniel Ortega contra este gran escritor que le da más nombre a Nicaragua, a Centroamérica y también a España con este reconocimiento, que ciertamente es a una persona, Sergio Ramírez Mercado, pero lo es también a las letras y la literatura nicaragüense y centroamericana, reconocimiento que se le ha hecho. También Ecuador y Colombia igualmente le brindaron su nacionalidad.

Hasta hoy la obra de Sergio Ramírez se resume en 14 relatos, 14 novelas, 22 ensayos y testimonios, dos filmografías y 21 reconocimientos internacionales de Premios por sus obras, Doctorados Honoris Causa y Ordenes gubernamentales recibidas.

Su candidatura y nombramiento provocó en algunos sectores nicaragüenses, curiosamente del exilio, que están en igual condición que Sergio Ramírez, fuera de Nicaragua, que protestaran y hasta se dirigieran a la RAE pidiendo considerar su nombramiento. Consideraban el paso de Sergio Ramírez por el gobierno sandinista de 1984, que perdió en las elecciones de 1989-1990 que llevó a Violeta Barrios de chamorro a la presidencia de Nicaragua desde 1990 hasta 1997, iniciándose una nueva etapa histórica en Nicaragua, hasta que Daniel Ortega volvió a la Presidencia desde el 2007 hasta hoy, gobernando dictatorialmente, aspecto que Sergio Ramírez no comparte y combate.

La protesta de estos nicaragüenses, aparentemente opositores al régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua, más pareciera hacerle el juego a la dictadura actual procurando que no se le dé relieve a una figura como Sergio Ramírez, que sigue siendo un personaje de lo más puro nicaragüense, que refleja las mejores aspiraciones de progreso social y democrático de y para Nicaragua.

Pero, lo más evidente que muestran estas personas o pequeños grupos, que se pronunciaron contra Sergio, es que no tienen la menor idea de lo que es una lucha unitaria, de todo el pueblo, de todos los que están contra el gobierno de Ortega Murillo. Evidencian de esa manera que le hacen el juego a la dictadura manteniendo, estimulando y provocando disidencias, fragmentaciones, desconfianzas en todo aquello que hoy es símbolo de la oposición al autoritarismo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Lo más triste es lo que muestran…las dificultades de lograr la unidad nacional en la lucha contra la dictadura y el autoritarismo imperante en Nicaragua.

Sergio Ramírez no está en la lucha política interna ni externa contra la dictadura nicaragüense. En ese sentido no disputa lugar alguno a esos críticos suyos.

Su sola presencia, la de Sergio Ramírez, con toda la fuerza intelectual y literaria que tiene, con su fuerte y radiante personalidad, con la voz que transmite en sus artículos periodísticos, y con todos los reconocimientos que se le hacen, es más poderoso que cualquier gritería que le hagan a él y no a la dictadura.

Sergio ha sido claro: “No hay ningún deterioro de ninguna democracia en Nicaragua, lo que hay es una tiranía” y dedicó su Premio Cervantes «los nicaragüenses asesinados estos días, 2018, por reclamar justicia».

El reconocimiento que se le ha hecho a Sergio Ramírez pone en alto a toda Nicaragua, a sus luchadores actuales y a los centroamericanos en la lucha por la democracia. A mí, en lo particular me enorgullece su reconocimiento.

Sergio Ramírez es un combatiente nato, desde las palabras. La RAE le ofrece una nueva tribuna de combate. Las palabras y las ideas son tan importantes como los pertrechos.

A la distancia, al amigo distante, solo me resta felicitarlo y desearle el mayor disfrute de este merecido reconocimiento.

Compartido con SURCOS por el autor.

Los diputados están obligados a tramitar para su aprobación, la lista de Magistrados Suplentes que les ha sido presentada por la Corte Suprema de Justicia.

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Los Poderes Públicos de Costa Rica son los llamados Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. En su conjunto también se reconocen como Poder Político del Estado costarricense, que es único e indivisible.

Como Poder único e indivisible, se manifiesta y se reconoce en esas funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial.

En la práctica histórica costarricense se integró, desde 1975, el Tribunal Supremo de Elecciones como parte de los Poderes del Estado, siendo así un cuarto Poder de la República, con su función propia, exclusiva e indelegable como la tienen los otros poderes del Estado.

El Estado de Derecho se entiende como el conjunto de las instituciones del Estado y de los ciudadanos sujetos a las mismas leyes, destacando que ninguna de las partes, ni los Poderes, ni las instituciones, ni los ciudadanos están por encima de las leyes. Así se ha desarrollado el Estado costarricense desde 1825 cuando se constituyeron, en la Constitución Política de ese año, esos Poderes Públicos, cada uno con funciones propias, exclusivas, indelegables e insubrogables.

Este Estado de Derecho descansa también en el principio de la igualdad ante la ley, que señala que todas las personas, independientemente de su origen, situación socioeconómica o posición política en que participa tenga iguales derechos, obligaciones y protecciones; en el principio de la separación de poderes para evitar, justamente, la concentración del poder en una de esas ramas o en quien las represente como autoridad superior de las mismas; en el principio de la limitación de poder político destacando que las autoridades de los Poderes Públicos solo pueden hacer lo que la ley explícitamente les permite realizar, y les obliga a acatar y realizar, protegiendo de esa manera a la ciudadanía de la arbitrariedad y el abuso que pueda surgir, o realizarse, por el no someterse a las disposiciones legales y constitucionales, y en el principio de protección de los derechos fundamentales para hacer respetar y garantizar los derechos ciudadanos, las libertades civiles, la propiedad privada y los derechos humanos.

En su conjunto este Estado de Derecho, y los principios en que se basa, producen la seguridad jurídica del funcionamiento del Estado y de la vida democrática ciudadana, por la cual los ciudadanos garantizan la certeza de sus actos y la prevención de las consecuencias legales de los mismos.

En la vieja doctrina política, que sigue inspirando la Ciencia Política y el Derecho, todo este esquema organizativo se conoce también como el Sistema de Pesos y Contrapesos, así concebido desde el siglo XVIII. Es un sistema de controles políticos y constitucionales.

La actualidad política ha alterado estas concepciones, especialmente con el desarrollo de los sistemas y prácticas antidemocráticos, que se impulsan, especialmente, desde el Poder Ejecutivo cuando se trata de controlar los otros poderes públicos, sometiéndolos a la voluntad del jerarca o grupo político dominante, violentando de esa manera las funciones propias, exclusivas e indelegables para atender de forma abusiva, de manera autoritaria, tiránica o dictatorial, lo que disponga el gobernante de turno.

En el curso histórico de la vida democrática costarricense no se conoce una agresión tan directa, constante, obcecada, como se ha hecho desde el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026, contra el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, y se continúa con el de la presidenta Laura Fernández, 2026-2630, contra el Poder Judicial, representado por la Corte Suprema de Justicia. En ambos casos sus ataques fueron y son contra sus integrantes, los diputados y los magistrados.

En el gobierno de Rodrigo Chaves Robles su agresión verbal fue brutal, descarnada, contra personas, contra los presidentes del Poder Legislativo, de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, sin ningún respeto personal ni institucional, exhibiendo en vallas publicitarias sus figuras, sus rostros, como si fueran delincuentes que se buscaban política o represivamente, o pintándolos como los símbolos que había que destruir, sacar y cambiar de esos poderes públicos, para copar, cooptar y dominar esos poderes públicos.

En el proceso electoral pasado se abordó y se elaboró la estrategia de copar y cooptar el Poder Legislativo con 40 diputados, alcanzando 31 de ellos, lo que le dio una importante mayoría al partido ganador, Pueblo Soberano, al presidente Chaves, que en cierta forma el resultado electoral le dio un voto de confianza a sus ataques sostenidos, y a la presidenta electa, que se identificaba totalmente con ese discurso. Incluso ella lo afirmó en su triunfo cuando dijo que ya tenían el Poder Legislativo y que iban por la Corte Suprema de Justicia, que había que cambiarla en sus integrantes, en sus magistrados.

Esa lucha por el control total de los Poderes Públicos, en la forma autoritaria que lo conciben, continúa. Está en marcha acelerada. Hay fanáticos seguidores de ellos que lo gritan constantemente en redes sociales y donde puedan. No se descansa en esa intención autoritaria, antidemocrática, irrespetuosa del Estado de Derecho y de la Independencia de Poderes Públicos.

Esa lucha se ha concentrado, en este momento, en la elección que se debe hacer de los Magistrados Suplentes de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, que deben hacer los diputados.

La lucha por el control políticamente autoritario de la Sala se manifiesta en rechazar la propuesta de Magistrados Suplentes que ha presentado la Corte Suprema de Justicia, sin posibilidad para los diputados de ofrecer candidatos porque el procedimiento de selección, constitucionalmente, está en la Corte Suprema de Justicia y no en la Asamblea Legislativa, cuya única opción obligada es votar la lista de los magistrados que le ofrece, muy selectivamente escrutados y estudiados, la Corte Suprema de Justicia.

Lo que los diputados no pueden hacer es imponer a la Corte una lista elaborada en la Asamblea Legislativa rechazando la de la Corte, identificando y proponiendo a esos candidatos por filiación o simpatía política. Si ese es el camino, la Corte no tiene por qué cambiar la lista porque eso sería arrear la Bandera de la Independencia del Poder Judicial y poner en entredicho la independencia de todos los Poderes del Estado, y poner de rodillas a la democracia nacional y su institucionalidad. Si ese rechazo se mantuviera, por los diputados oficiales, de gobierno, la Corte debe igualmente mantener su lista tantas veces como sea necesario en defensa de la Democracia y del estado de Derecho.

La Corte Suprema de Justicia para elaborar la lista de los Magistrados Suplentes realiza un concurso de antecedentes para quienes quieran aspirar a ser parte de esa lista de candidatos, que se presenta a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

La Corte realiza, de esa manera, una selección responsable de candidatos, exhaustiva en el análisis de sus atestados profesionales y de su práctica del Derecho.

La Corte cumple con la Asamblea Legislativa presentando una lista con personas altamente valoradas y capacitadas profesionalmente para desempeñarse como Magistrados Suplentes de la Sala Constitucional de la República, la instancia judicial de mayor importancia en la estructura organizativa del Poder Judicial y del ordenamiento jurídico institucional del país, tanto porque vela por la Constitución Política, como por la especificidad de las materias que atiende, recursos de amparo, de inconstitucionalidad, de libertad de tránsito, de protección de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos costarricenses.

La Sala IV, como se conoce la Sala Constitucional, también conoce los conflictos de competencia que puedan surgir entre los poderes del Estado, órganos e instituciones del Estado costarricense y los que indique la ley. Se someten a su consulta también los convenios o tratados internacionales y proyectos de ley que así se disponga, para valorar su validez constitucional.

La lista de magistrados que se somete a la Asamblea Legislativa para su trámite de aprobación debe ser aprobada por dos terceras partes de los diputados, es decir por 38 diputados, de los 57 que la integran.

De acuerdo con el trámite legislativo para nombrar magistrados se necesitan 38 diputados. Para no permitir su reelección, se necesitan igualmente 38 diputados que voten en contra de la reelección. Así, si no se logran los 38 diputados en contra de su reelección, quedan reelectos, no separados, no nombrados, ni destituidos de esa forma.

De la lista de Magistrados Suplentes que presenta la Corte no se indica cuáles de ellos se desempeñan como Magistrados Suplentes. Si los hay, bien cabría la interpretación de que, no habiendo los 38 diputados en su contra, quedan reelectos en su condición de Magistrados Suplentes, los que estén en esa lista, en esa condición.

De esa manera se simplifica la lista y se concentra la atención en la lista de los que no han sido, ni son magistrados suplentes y tendrán que someterse a la votación de los 38 diputados a su favor.

Cuando se eligió la primera integración de la Sala IV, en 1989, se dispuso que la lista de los nominados debería votarse en las siguientes 10 sesiones a la publicación de la Ley de creación de la Sala IV.

El artículo 11 de la Constitución Política establece que los funcionarios públicos, entre ellos debe entenderse a los diputados, “están obligados a cumplir los deberes que las leyes les impone, y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella”. En este sentido están obligados a tramitar para su aprobación la lista de magistrados suplentes que les han sido presentadas a los diputados, y votarla como corresponde.

La elección de Magistrados, propietarios y suplentes, del Tribunal Supremo de Elecciones lo realiza la Corte Suprema de Justicia, de igual forma como lo deben hacer los diputados respecto a los Magistrados de la Corte, por dos terceras partes de sus integrantes.

Cuando hay elecciones, desde un año antes y hasta seis meses después, los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones se amplían con dos más nombrados por la Corte, por los mismos procedimientos de elección, sin que hubiera habido alguna vez cuestionamiento alguno sobre su integración.

Al contrario, cada vez más, especialmente en este siglo los Magistrados del Tribunal se escogen con mayor rigurosidad, y el propio Tribunal ha hecho esfuerzos de ir especializando a su personal en Derecho Electoral, para garantizar un mejor ejercicio del cargo.

Cuando la Corte elabora la lista de nominados a Magistrados Suplentes valora también esta especialidad jurídica, en los distintos campos o materias que deben nombrarse, como es el amplio campo de la constitucionalidad.

Los Magistrados del TSE pueden ser renovados y reelectos al momento de discutir por la Corte Suprema de Justicia su renovación o reelección.

El Art. 121 de la Constitución Política, dispone en su inciso 3) que corresponde a la Asamblea Legislativa “nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia”.

La disposición constitucional no le da derecho a los diputados de rechazar para proponer candidatos a Magistrados Suplentes, que es potestad de la Corte proponerlos para el trámite de su aprobación.

Cuando desde el Poder Ejecutivo, como pareciera está ocurriendo, se interviene directa o indirectamente para impedir que la Asamblea Legislativa realice su función propia de aprobar la nómina de candidatos a Magistrados Suplentes, propuesta por la Corte Suprema de Justicia, se produce una violación constitucional, porque se impide y se sabotea la libertad e independencia de uno de los Poderes Pública, el de la Asamblea Legislativa.

El Artículo 152 de la Constitución Política establece que “el Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley”. Por la misma Constitución el “Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley”, que le faculta para elaborar esa lista de candidatos a Magistrados Suplentes.

En su Artículo 158 la Constitución Política establece cómo se eligen los magistrados propietarios y suplentes. Así, se deben elegir libremente los Magistrados Suplentes entendiendo que se nombran. Lo que existe en el ambiente político, es el interés altamente perceptible, por el rechazo que hay de los 31 diputados, de que esa lista de candidatos a Magistrados Suplentes esté integrada por abogados políticamente afines, dependientes del Poder Ejecutivo y al Partido Pueblo Soberano, lo que no se puede hacer.

El deber de los diputados es darle el trámite constitucional de la votación a la lista de candidatos a Magistrados Suplentes, que ha propuesto la Corte Suprema de Justicia. ¿O se quiere crear un ambiente político de zozobra institucional, de ingobernabilidad, creada por el mismo Poder Ejecutivo, que motive a este Poder a impulsar una situación de fuerza, de quebranto de la institucionalidad, de imponer un Estado de Excepción o un Estado de sito? ¿Ese es el camino que se quiere seguir para suspender las garantías y derechos ciudadanos como ha venido anunciando la presidenta Laura Fernández, para restaurar la “normalidad” que ellos mismos han alterado y violentado?

¿Es Laura Fernández la presidenta N.º 50?

Escrito en . Publicado en Formación.

Vladimir de la Cruz

Con frecuencia desde que asumió la Presidencia de la República, Laura Fernández Delgado, me han preguntado, padres de familia y algunos maestros y profesores, si la presidenta es la persona número 50 en ocupar ese cargo, como se dijo en los medios de información, y así se le presentó.

Esta es una inquietud que podría no tener gran importancia, dependiendo de cómo se aborde esta numeración o definición de la condición de gobernante de Costa Rica. Pero, es una inquietud que les han planteado a estudiantes valorando el proceso democrático que vivimos en febrero de este año.

Si se trata de ver o analizar la condición de Gobernante tendríamos que atender diversas situaciones históricas. Si tomamos a los gobernantes desde antes de la Independencia o si lo hacemos a partir de la Independencia, el 29 de octubre de 1821.

Si es del período anterior podemos abordar el tema de la Gobernabilidad de la Provincia de Costa Rica durante su período de la conquista y la colonia española. Aquí, habría que considerar a todas las personas que ejercieron la Autoridad Suprema sobre el territorio y su población que origina la Costa Rica dominada por los españoles, por las autoridades que ellos impusieron. Y, podría considerarse también la historia aborigen de las comunidades indígenas que habitaban el territorio, organizados en comunidades que tenían sus caciques, con lo cual se sumarían otros gobernantes que no dejaban de tener presencia en sus comunidades aun cuando estaban sometidas, superada la resistencia a la dominación. Obviamente la dominación española anuló la gobernación de los caciques, pero existieron.

Pero, también hay que considerar como autoridades superiores de Gobierno a quienes ejercieron esa condición en la Capitanía General de Guatemala, o Reino de Guatemala como también se conoció, que eran autoridades superiores en toda la región de Centroamérica.

Del mismo modo, habría que tener como autoridades superiores de gobierno a los Virreyes que fueron nombrados como autoridades superiores del Virreinato de Nueva España o de México, al que pertenecía la Capitanía General de Guatemala.

Y, sobre todas estas autoridades estaban los propios Reyes de España, que fueron las autoridades supremas de todo el Reino Español, en España y Europa y en ultramar, fuera de Europa. Todo este engranaje de dominación política produce muchas personas como autoridades superiores de la Provincia de Costa Rica hasta su Independencia.

Desde este punto de vista, partiendo desde los días de la Independencia, para estimar el número de personas que han gobernado a la Provincia de Costa Costa Rica, al Estado de Costa Rica y a la República de Costa Rica, tenemos tres períodos a considerar. Primero, el período de las Juntas Superiores de Gobierno, así considerado el período que va desde 1821 hasta 1824. Segundo, el período de incorporación a la República Federal de Centroamérica, que nos provoca dos situaciones, la de los jefes de Estado, cuando formando parte de la República Federal nos constituimos en Estado de Costa Rica, miembro o parte de la República, junto con los otros Estados centroamericanos. Así tuvimos jefes de Estado de Costa Rica desde 1824 hasta 1848.

Dentro de este período de la República Federal tuvimos como autoridades superiores de toda la región centroamericana, y de Costa Rica, a los presidentes de la República Federal de Centroamérica.

Costa Rica se retiró de la República Federal en 1838, pero permaneció con el nombre de Estado de Costa Rica hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el entonces jefe de Estado y primer presidente de la República de Costa Rica, el Dr. José María Castro Madriz, declaró la fundación de la República de Costa Rica, como empezamos a llamarnos desde esa fecha, y así se nos reconoce nacional e internacionalmente.

Como República de Costa Rica operamos hasta el 8 de mayo de 1948, cuando José Figueres, jefe supremo y líder victorioso de la guerra civil de marzo y abril de ese año, se impuso en el gobierno, sobre Otilio Ulate, que había resultado victorioso en las elecciones de febrero de 1948, que se las anularon, y fundó la llamada Segunda República, que es el período que hemos vivido desde 1948 hasta hoy.

Desde esta perspectiva, de manera directa, tuvimos 14 Reyes de España, como autoridades superiores de todo el Reino, incluido Costa Rica. No considero a Napoleón Bonaparte, cuando destituye al Rey y gobierna España desde 1808 hasta 1814. Como Virreyes de Nueva España, a la que pertenecía la Capitanía General de Guatemala, hubo 62 virreyes.

En el caso de la Capitanía General de Guatemala, las personas que ocuparon el principal puesto de mando en toda la región, se denominaron Capitán General de Guatemala, Gobernador, Teniente de gobernador, Adelantado de Guatemala, Presidente de la Real Audiencia de los Confines de Guatemala y Nicaragua, Oidor – presidente, Presidente – gobernador, Gobernador de la provincia de Guatemala, Jefe Político Superior, Presidentes y Superintendente General de la Real Hacienda, que sumaron todos ellos alrededor de 150 autoridades coloniales.

Desde 1821 hasta 1823 tuvimos organismos colegiados de gobierno que se llamaron Junta de Legados de los Pueblos, Junta Interina, Junta Electoral, Primera Junta Superior Gubernativa, Segunda Junta Superior Gubernativa, Diputación Provincial o Triunvirato, comandantes generales, Congreso Constituyente y Tercera Junta Superior Gubernativa. Este período de las Juntas gobernó desde el 12 de noviembre de 1821 hasta el 8 de setiembre de 1823. Durante ese período 13 personas ejercieron como los principales de esos gobiernos colegiados.

Desde el 8 de setiembre de 1823 Juan Mora Fernández asumió como jefe de Estado de Costa Rica, dando inicio a ese período, del Estado de Costa Rica, hasta 1848, que se desarrolló en 17 breves gobiernos, algunos de ellos repetidos por una persona, como lo fueron Juan Mora Fernández o Braulio Carrillo. Como gobernantes fueron 17 pero como personas gobernantes 14.

Dentro de la República Federal tuvimos, desde 1825 hasta 1838, cuatro presidentes en 7 períodos de gobierno. Francisco Morazán gobernó 4 períodos.

Con el inicio de la República de Costa Rica, a partir del 31 de agosto de 1848, José María Castro Madriz tuvo el título de presidente de Estado, del 8 de mayo al 31 de agosto de 1848. A partir de esta fecha se regularizó el título de presidente de la República, hasta hoy. Como presidentes de la República 30 personas ejercieron 41 gobiernos, porque algunas repitieron gobierno.

Desde los gobernantes de Costa Rica, en 1821, considerando gobierno tras gobierno, hasta el gobierno de Teodoro Picado, 1944-1948, hubo 72 períodos gubernativos, unos cortos, otros estables en períodos de 4 años cada uno.

Desde 1948 hasta el 2026 hemos tenido, considerando a la Junta de Gobierno, 21 gobiernos. 20 a partir del Gobierno de Otilio Ulate Blanco, iniciado el 7 de noviembre de 1949.

De esta manera, a Laura Fernández Delgado la tenemos como la presidenta 20 o 21 del período de la Junta de Gobierno, según se analice desde mayo de 1948 o desde el inicio del gobierno de Ulate. Sería la presidenta 20 o 21 del período de la Segunda República.

Si nos devolvemos hasta 1848, cuando se fundó la República y se estableció la denominación de presidente, o presidenta, si consideramos todos los gobiernos, uno a uno, Laura Fernández Delgado es la presidente o presidenta número 62. Y. si nos remontamos a los días de la Independencia, desde el período de las Juntas de Gobierno, Laura Fernández Delgado es la persona que ejerce la Presidencia del gobierno 93, desde aquella época.

Durante el período 1834-1859 hubo 10 personas que ejercieron el Poder Ejecutivo como Encargados del Poder Ejecutivo.

Para la ciudadana Laura Fernández Delgado los números que se le pueden aplicar al ejercicio de su período gubernativo, de su Presidencia, son los siguientes: 20, 21, 62, 93, todos al gusto… todos igualmente válidos.