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Hacen falta muchos Walter Kissling Gam

Escrito en 30/10/2026. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Una de las personalidades que más me ha impactado al conocerla personalmente y establecer con él una ligera pero rica y sincera amistad, surgida de un trabajo común que se nos encargó, fue Walter Kissling Gam.

En 1998 fui candidato presidencial, por primera vez, del Partido Fuerza Democrática. Esa experiencia política fue muy rica para mi vida personal. Me obligó a incorporarme de manera muy activa en la vida política nacional y electoral, a conocer desde las entrañas cómo operaba la institucionalidad y el sistema electoral en esos años, y cómo funcionaba el sistema político en su conjunto, especialmente, en un período electoral.

Desde entonces hasta ahora, con dos procesos electorales adicionales como candidato presidencial del Partido Fuerza Democrática, en el 2002 y el 2006, revaloré mi experiencia, y fortalecí mi conocimiento sobre el funcionamiento democrático nacional, y aprecié la democracia como sistema de vida que hemos desarrollado desde la Independencia.

Desde esa época, febrero de 1998, después de salir de las elecciones fui invitado a escribir, semanalmente, un artículo en el periódico Al Día, del Grupo La Nación, el que se publicó hasta el 2008, cuando se cerró ese periódico y cuando fui nombrado embajador en Venezuela del 2008 al 2010.

Al terminar la elección del 2006 opté por mi retiro de la vida electoral activa, no así de mi vida activa en el escenario político nacional como comentarista, o analista, de la vida política cotidiana, y de temas históricos y sociales. A mi regreso de Venezuela el periódico La República me abrió las puertas para continuar escribiendo semanalmente, hasta hoy, una columna, primero en su periódico impreso, y ahora en su edición digital. Esto me mantiene presente y activo intelectualmente para amigos y lectores. Y, este oficio de leer y escribir me da más vida.

La campaña electoral de 1997-1998 fue muy intensa, dura, difícil para Fuerza Democrática como partido que era, surgido para la elección de 1994, donde eligió dos diputados. Nuestra consigna, por el color de la bandera que empleamos en las elecciones de 1998 fue “Dele un naranjazo al bipartidismo”, refiriéndonos a los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana que postulaban respectivamente a José Miguel Corrales Bolaños y a Miguel Ángel Rodríguez, como los candidatos más importantes, partidos que habían venido alternando como ganadores y como gobiernos, y también como fuerzas ampliamente dominantes en la Asamblea Legislativa. Sinceramente creo que esa campaña, con nuestra participación y mensajes políticos, preparó el ambiente y las condiciones para el más profundo cuestionamiento que se le hizo a los partidos del bipartidismo, las fisuras y fracturas que se ocasionaron en ellos y para el surgimiento del Partido Acción Ciudadana a inicios de este siglo.

La prensa en esa campaña, como en las anteriores, solo daba importante atención a los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, para todos los efectos, entrevistas y debates. Cuando organizaron el supuesto debate definitivo final en vísperas de las elecciones de febrero, interpuse un recurso de amparo ante la recién fundada Sala Constitucional, que el magistrado Rodolfo Piza Escalante resolvió dándome la razón de que en esos debates, con fondos públicos, se debía tomar en cuenta a todos los candidatos, lo que se impuso desde entonces. Se suspendió el debate y me hizo sobresalir. Eso me dio, en ese momento, más presencia pública de la que ya tenía como dirigente estudiantil universitario que fui en mis años de estudiante, y como profesor y autoridad académica que tenía en esos años también.

La elección muy ajustada de 1998 resultó favorable para Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. En mi opinión como candidato en esa elección, Miguel Ángel era mejor candidato que José Miguel, mucho más preparado profesionalmente y de más larga experiencia política.

Se desenvolvía más y mejor que el candidato liberacionista. En los pocos debates que participé con ellos era más sólido argumentalmente Miguel Ángel, más teórico, más doctrinario, más político, mientras, para mí, José Miguel era más politiquero, más flojo conceptualmente, más electorero. A Miguel Ángel lo percibía con más visión de país en el largo plazo, a José Miguel más inmediatista, hasta llegó a proponer la Tercera República, sin tener nada que la sustentara.

Políticamente Miguel Ángel respondía más a los intereses conservadores del país y José Miguel a los menos conservadores, considerado para algunos efectos más reformista o progresista. Al menos así los considerábamos, en ese momento, para la Dirección Política del Partido Fuerza Democrática, porque era también la imagen que había de ambos partidos en la tradición electoral de esos años. De esa forma se esperaba de mis participaciones en debate que yo me enfrentara más duramente a Miguel Ángel que a José Miguel. Pero en la práctica yo era el candidato y el que tenía que debatir. En el debate quien se ponía más al frente para confrontarlo y darle más duro era José Miguel, que era lo que producía aplausos y eventualmente votos.

Yo era el que “ganaba” votos en ese sentido, a pesar de algunos compañeros que me criticaban por no invertir la fuerza de mis argumentos contra Miguel Ángel, en vez de hacerlo contra José Miguel. Así tuvimos un resultado electoral satisfactorio. Salimos como tercera fuerza electoral, con tres diputados electos, José Manuel Núñez González, José Merino del Río y Célimo Guido Cruz, con alguna presencia en municipalidades.

Mi sorpresa, al día siguiente a la elección fue la llamada del presidente electo Miguel Ángel Rodríguez, que quería visitarme junto a la Dirección del Partido, como primera visita que hacía de presidente electo a los candidatos que habían participado. Así lo recibimos en mi casa en la mañana del martes, donde intercambiamos aspectos del proceso electoral y de su futuro gobierno, poniéndonos a la orden en lo que pudiéramos mutuamente colaborar.

En ejercicio del gobierno Miguel impulsó proyectos que apoyamos como partido en la Asamblea Legislativa, como el de la Ley de Protección al Trabajador, la reforma más importante que se hacía desde 1943 a la legislación laboral del país, aprobada el 16 de febrero del 2000. También emitió el Código de la Niñez y de la Adolescencia en 1998, que apoyamos entre otros proyectos de ley.

Entre sus preocupaciones, Miguel Ángel Rodríguez impulsó un proyecto muy ambicioso, como no se había realizado antes en el país. Convocó un Proceso de Concertación Nacional en 1998.

El Proceso de Concertación estaba dirigido a procurar una agenda común con el propósito de buscar acuerdos, que permitieran impulsar acciones de gobierno y leyes. En este sentido invitó a participar activamente a todo el movimiento cooperativo nacional, a las diferentes cámaras de empresarios, en las distintas actividades que estaban agrupados, a todo el movimiento solidarista, a los grupos que se reunían en Consejo Nacional de Asuntos Indígenas, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, a todo el Bloque Magisterial costarricense con sus distintas asociaciones y sindicatos, a todas las centrales y confederaciones sindicales y a sindicatos individualmente considerados, a todos los partidos políticos que habían participado en las elecciones de 1998 y a las fracciones de diputados que fueron electas de los partidos Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Fuerza Democrática, Movimiento Libertario, Integración Nacional, Renovación Costarricense y Acción Laborista Agrícola.

De esa manera la convocatoria e invitación que hizo el presidente a la Concertación Nacional reunió en la práctica casi 300 organizaciones, que de distinta manera se integraron y con diferentes intensidades de participación.

Importante en todo ese proceso fue que las decisiones que se tomaran debían ser por unanimidad, con derecho a veto de cada participante, con la intención de lograr la mayor confianza en el proceso. Los temas fueron amplios y variados, entre ellos, de economía, política, gobierno, aspectos sociales, educación. En mi opinión todo el proceso fue exitoso, pero no logró su cometido principal, porque dos temas no lograron la unanimidad que se había establecido para aprobarlos, la apertura del ICE y del INS, lo que provocó que el resto de los acuerdos no tuviera un buen resultado.

La parte conductora del proceso de Concertación Nacional se puso en manos del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, la Oficina de Planificación de la Educación Superior, OPES, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

La Secretaría Ejecutiva y Técnica de la Concertación estuvo en manos de Helio Fallas Venegas, que representaba a la Conferencia Episcopal, Roberto Tobar Faja y Danilo Chaverri Soto del Ministerio de la Presidencia y representantes de las universidades estatales.

Igualmente, el Gobierno de Miguel Ángel integró un Consejo Directivo de la Concertación Nacional, donde me invitó a mí, personalmente, por mi participación en la campaña electoral y como representante de la tercera fuerza electoral de ese momento.

Así, la mesa directora de la Concertación Miguel Ángel la integró, entre otros, con Danilo Chaverri Soto, como presidente, con el empresario Walter Kissling Gam, con la profesora Rosemary Karpinski Dodero, primera presidenta de la Asamblea Legislativa en 1986 y candidata a la Vicepresidencia de la República en 1998, y con Vladimir de la Cruz de Lemos.

En ese momento, yo no tenía relación alguna con Miguel Ángel. Conocía su trayectoria política desde que había colaborado con el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández. También conocía su trayectoria parlamentaria y su papel destacado en el movimiento socialcristiano internacional. Igualmente sabía de su paso como empresario. Antes de eso lo recordaba visitando a su entonces novia, doña Lorena Clare Facio, luego su señora y primera dama, cuando yo también iba a esa casa y coincidíamos en el espacio, algunas veces invitado por Luis Alberto, hermano de doña Lorena, en la época en que ambos nadábamos competitivamente y éramos muy amigos. En esos días nunca intercambiamos una sola palabra, hasta el momento de la campaña electoral donde empezamos a conocernos, y a establecer un fuerte lazo de amistad como lo cultivamos hasta hoy.

Allí tuve oportunidad de conocer y tratar, al calor de las sesiones y trabajos del Proceso de Concertación al ciudadano Walter Kissling Gam, que me impresionó desde el primer momento que establecí contacto personal con él.

Cuando el presidente Miguel Ángel me invitó a participar en esa mesa directora y me informó de sus integrantes me obligó a investigar un poco sus vidas, que de algunos conocía datos y trayectoria. Del que menos sabía era de Walter Kissling Gam.

De él supe de su vida desde niño, que había nacido en Limón, que era descendiente de europeos, su padre Walter Kissling Rickli, suizo y su madre Adela Gam Secen, austriaca, que eran ambos cinco años más joven que mis padres, nacido en 1931, familia de recursos económicos que los había perdido con la Primera Guerra Mundial, lo que lo hizo crecer con dificultades y estrecheces, que le formaron temperamento, carácter y manera austera me parece de ver la vida. Se dice que de joven vendió chocolates en bicicleta. Supe que era casado con Cecilia Jiménez Lara con quien tenía cinco hijos.

La influencia más importante en su infancia y adolescencia se la dio su madre, que le estimuló el estudio hasta el colegio. No llegó a hacer estudios universitarios. La guerra civil de Costa Rica lo atrapó graduándose de Bachiller del Colegio Seminario, en 1948.

A partir de ese momento se involucró en el trabajo, primero como recepcionista de hotel, lo que le permitió iniciarse como vendedor por siete años de productos farmacéuticos. Este trabajo lo vinculó a Kativo Chemical, por diez años, asumiendo un papel destacado en esta empresa que luego la logró desarrollar para toda Centroamérica.

En 1967, cuando la Kativo fue adquirida por HB Fuller le nombraron vicepresidente para Latinoamérica, a la vez que conservaba la gerencia de Kativo Chemical. Aquí empezó a destacar como líder empresarial llegando a ser vicepresidente sénior de operaciones internacionales y vicepresidente ejecutivo y director de operaciones. En HB Fuller su destacado trabajo lo llevó en 1995 a director ejecutivo hasta 1999 que se jubiló, reconociéndosele como un líder empresarial internacional, especialmente en el campo de los sistemas avanzados de tecnología de la información.

Su vida también se vinculó muy intensamente al INCAE, la institución que nació al calor de la visita del presidente Kennedy a Centroamérica, en 1963. La Cumbre de presidentes centroamericanos materializó en 1964, apoyados por Harvard Business School, que se abriera el INCAE como proyecto de graduación del Programa de Alta Gerencia-PAG, en Guatemala. Así, se abrió el camino desde entonces el INCAE formando profesionales que permitieran transformar la forma de hacer negocios en Latinoamérica y en Centroamérica, respondiendo a las necesidades del mercado, con sólidos valores éticos e impulsando liderazgos responsables.

La situación en Centroamérica creó las condiciones para que en Costa Rica se estableciera la sede del INCAE, bajo el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, 1982-1986, sede que hoy lleva el nombre de Walter Kissling Gam, quien asumió la presidencia del Consejo Directivo del INCAE. Bajo su presidencia se fortalecieron los estudios de posgrados en Gerencia de Exportaciones No Tradicionales, Política y Gerencia de Recursos Energéticos y Pequeña y Mediana Empresa, en Administración Funcional, en Competitividad y Desarrollo Sostenible, en Innovación e impacto global y el Programa Ejecutivo de salud global, entre otros.

Así, fue incorporado a la Dirección de la Concertación, donde lo conocí, lo traté y respeté sus opiniones siempre certeras directas y concretas, de los asuntos que discutíamos. Vi en él como desde su visión de empresario le preocupaba cuál debía ser el papel del sector empresarial ante los retos y desafíos del país, y de cómo conducir los resultados del proceso de Concertación en esa dirección nacional y patriótica.

Esa visión la había impulsado antes de la Concertación cuando promovió en 1997 el foro nacional denominado “Encuentro de Líderes Empresariales: nuestro rol en la construcción del futuro”, que involucró casi 300 participantes. Su preocupación social lo llevó a constituir la Alianza Empresarial para el Desarrollo, procurando una mejor relación del sector empresarial con otros sectores de la sociedad como las ONGs.

Walter Kissling Gam presidió el INCAE por 16 años, fue director del Banco Central, socio fundador del Banco Banex, presidente de la Cámara de Industrias, director de la empresa Atlas y en 1997 era miembro de la Junta Directiva del Grupo Nación.

En mi trato con él lo percibí desde el primer momento como una persona con gran capacidad de relacionarse, de manera amable, empática, con facilidad para conversar y para compartir con personas de diferentes orígenes y pensamientos. Siempre era muy positivo lo que permitía una relación agradable con él. Su comportamiento le nacía naturalmente. No se veía en sus relaciones nada impostado, artificial o fingido. Era claro para expresar lo que quería. Prestaba mucha atención y escuchaba con respeto, valorando lo que se planteaba o discutía, sin prejuicios frente a sus interlocutores, con lo cual siempre generaba confianza. Su trato y presencia era también de gran humildad, de persona altamente educada en los valores del trato social. En el proceso de la Concertación actuaba con gran sentido de observación.

Personalmente era persona de fácil acceso, sonriente, de trato amable, de hablar bajo, de gran optimismo. Era, así lo recuerdo, una buena persona, genuino, auténtico en lo que él era y significaba social y empresarialmente, sin aspavientos, con capacidad de hacer y resolver sin drama lo que había que enfrentar, como cuando se impuso cumplir el acuerdo de la unanimidad para las votaciones en la Concertación.

Cuando falleció, lo confieso, su muerte me impactó mucho por lo que lo llegué a apreciar en la Concertación como persona, que me hace recordarlo siempre como ese buen empresario, preocupado por el desarrollo nacional de forma ética y responsable, aspectos que hoy faltan mucho en la visión pública de lo que se quiere hacer del país, sobre todo cuando desde esas políticas y acciones públicas se amenaza y reprime a sectores empresariales y productivos aprovechando la institucionalidad del Estado, para someterlos a los intereses de quienes ocupan puestos por ocasión o circunstancia de vivencia palaciega de corto plazo, sobre todo cuando hay graves amenazas de perder la democracia nacional, que la tienen amenazada como al Estado de Derecho vigente desde hace 200 años.

Hoy hacen falta muchos Walter Kissling Gam, si entendemos que el 90% de la vida nacional descansa en el sector privado de la producción y de las actividades económicas.

De Walter Kissling Gam, el que conocí y traté, guardo un gran recuerdo, admiración y respeto.

Variaciones de medianoche sobre la reelección que se pretende presentar

Escrito en 29/10/2026. Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El polifacético diputado del gobierno, del Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, que ha jurado lealtad absoluta al copresidente Rodrigo Chaves Robles, ha manifestado que propondrá la reforma constitucional para que Chaves pueda reelegirse en las elecciones del 2030.

No hay que sorprenderse de esta iniciativa. El diputado puede proponer la reforma constitucional. Es su derecho y es válida la tramitación legislativa que se le puede dar. No hay que sorprenderse porque han sido claras, desde el gobierno que ejerció el actual copresidente, las manifestaciones de Chaves y el interés de la reelección que él siempre declaró.

Y fue parte de esa intención que escogió a su entonces ministra de la Presidencia, a Laura Fernández, para que fuera su candidata presidencial, con el claro propósito de que ella ejerciera transitoriamente la dirección nacional del Poder Ejecutivo.

Por manifestaciones públicas del propio copresidente Chaves, como las que dio en Nicoya, y por claras declaraciones también de Laura Fernández, el que da las órdenes y dicta el camino a seguir en Zapote es Chaves.

Como lo expresó la copresidenta en Radio Columbia, en palabras más o palabras menos: Todos tienen que obedecer y acatar lo que dice Rodrigo Chaves porque él es el ministro de la Presidencia. ¡Más claro no canta un gallo ni cacarea una gallina! La verdad es que es lamentable el comportamiento público, que no controla en sus expresiones, la copresidenta Fernández.

Pero, volvamos al asunto de la reelección. La discusión del posible proyecto de ley que presente el susodicho diputado, por exigir una reforma constitucional, tiene un proceso de trámite calificado, que por su naturaleza dura dos años en la práctica para su aprobación. O sea, que para que Chaves tenga la posibilidad de reelegirse en el 2030 ese proyecto debe presentarse en lo que resta de este año al trámite parlamentario.

El proyecto puede presentarse señalando que el presidente, cualquiera que sea, tendrá un derecho a reelegirse. Esta posibilidad de reelección puede ser inmediata o alternativa, no de ocho años, como es ahora, sino de cuatro años, para poderle dar la posibilidad de reelección a Chaves en el 2030, entendiendo a la vez, que se hará de esa manera, de reelección posible a los cuatro años de haber dejado la presidencia.

Ahí encaja Chaves. Pero, veamos otra arista de esta posible reforma y de la discusión que provocará. Si se va a aprobar la reelección, ¿por qué no hacerla de manera inmediata, lo que parece más sensato, correcto y armónico con el ejercicio presidencial? Si así se planteara esa reforma, debería ir sin ningún artículo transitorio que diga que la reforma de una elección consecutiva será a partir del ejercicio presidencial del 2030.

En mi modesta opinión, si se va a discutir la reelección que se haga para que la reelección sea consecutiva a partir de este gobierno de Laura Fernández Delgado. ¿Por qué tenerle miedo a esa reelección y a esa posible candidatura de Laura en el 2030, la que podría ir nuevamente acompañada de su actual copresidente Rodrigo Chaves, que es quien aparenta ser el que por detrás de la presidenta le marca el paso de su gobierno?

Es claro que, si se permitiera la reelección consecutiva, Laura Fernández tendría su público, sus fanáticos que la acompañan a todas las recepciones en los buses que llevan, y los simpatizantes que pudiera llegar a tener, por cuenta propia, de su ejercicio presidencial. Y, si no es tonta ni tontita, porque sería la mujer más lista en ese sentido, ella misma podría pensar que ella podría ser la mejor candidata, mejor que Chaves al terminar su gobierno, en el 2029-2030. ¿Si no, para qué está gobernando? Queda claro con la propuesta del diputado alajuelense que él como parte de la bancada oficial del gobierno rema solo, con Chaves y no con ella, salvo en aquellos proyectos que considere que debe apoyar del gobierno Chaves-Fernández.

También en la práctica histórica política de este diputado así ha actuado siempre…remando solo, o respondiendo a sus particulares y personalísimos intereses. Para mí será interesante observar cómo se moverá toda la bancada de diputados del gobierno, como la recua política que aparentan ser, llevando juntos la misma carga, haciendo el mismo trabajo, o manifestando diferentes posiciones en este proyecto de la reelección. Si van a proponer la reelección, deberían atreverse, de una vez, a proponer alargar el período presidencial a seis años, con una reelección consecutiva permitida, condicionando este período a una consulta popular a mediados del período presidencial, a los tres años, preguntando a los ciudadanos sobre si continúa el presidente o no sus otros tres años. También podría pensarse que cada elección, a los cuatro, cinco o seis años en sí misma es esa consulta ciudadana que hoy se hace, cada cuatro años, para ver si un mismo partido gobernante puede continuar o no. En este caso, con esta reforma, se discute si el gobernante y su partido pueden continuar. Veremos qué leche da el diputado José Miguel Villalobos. Me parece, por ahora, que puede estar pensando en la posibilidad de llegar a ser él, en las elecciones del 2030, el que mejor pueda representar los intereses de Chaves si no se aprueba la reelección, porque Laura tampoco podría ser candidata, y esa candidatura ya se las están disputando la presidenta de la Asamblea Legislativa y el jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano.

En esta ceremonia sagrada, para modificar la Constitución Política a favor del copresidente actual, Rodrigo Chaves, el diputado Villalobos ya hizo sonar las trompetas eclesiásticas que anuncian esa solemnidad, de convocar a la Asamblea Legislativa, para que le acompañen en esta ceremonia sagrada para reformar la Constitución Política, para que el pueblo pueda recibir en elecciones, como le llaman sus fanáticos seguidores y seguidoras El Mesías Chaves o el Moisés Chaves…

En esa mezcla parlamentaria político-religiosa, de la fracción de gobierno, este proyecto de ley anunciado ya ha despertado a toda la jerarquía más cercana a su Dios Chaves, a sus serafines, sus querubines, a los ángeles que gobiernan el universo político de ese movimiento, y a los ángeles más cercanos a los seres humanos, como son los príncipes, arcángeles y ángeles que en esta batalla harán su labor de troleros…

¿Trumpimperialismo, una nueva fase del imperialismo?

Escrito en 25/10/2026. Publicado en Análisis.

En términos generales, acudimos al concepto de imperialismo para referirnos al período histórico que surge a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

Vladimir de la Cruz

El siglo XIX se caracterizó por dos grandes revoluciones industriales. La primera ocupó los años finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, asociada a las industrias vinculadas al carbón, al hierro, a la máquina de vapor y al inicio de los ferrocarriles. El uso del vapor en el transporte naviero y ferrocarrilero fue clave para la expansión del comercio internacional de esa época.

La Segunda Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, se asoció al impacto de las leyes de Mendel en la intensificación de la reproducción animal y agrícola; al gas, a la electricidad, al petróleo, al acero y a la explotación minera de metales necesarios para este nuevo proceso industrial, tales como el hierro, el carbón mineral, el cobre, el aluminio, la bauxita, el zinc, el carbono, el plomo, el estaño, el oro y la plata. Las nuevas aleaciones de metales y el acero fueron los momentos estelares de este proceso, pues permitían grandes innovaciones en la producción, la elaboración masiva de productos y el desarrollo de grandes obras de infraestructura y transporte.

Con el hierro, el acero y los ferrocarriles se impulsaron obras de infraestructura como puentes y edificios elevados (los llamados rascacielos), que fueron diseñados con estructuras metálicas. Igualmente, esto influyó en la industria militar.

El cobre sirvió a la electricidad y a las comunicaciones. Los cables submarinos se impulsaron como conexión entre continentes; se promovió el desarrollo del telégrafo, del alumbrado público primero y luego del privado, así como de los telares. Se sentaron las bases de la industria automotriz y de la aviación, y se fortalecieron la industria naviera, la del cemento y la del concreto, claves para la ingeniería civil. La industria tipográfica y la siderúrgica crecieron. Todos esos metales y otros hicieron surgir el latón, el bronce, el acero, el oro para joyería (entre ellos el oro blanco) y los metales para soldar derivados del estaño.

A esos metales siguieron el níquel, el magnesio, el titanio y, hoy en día, la demanda de metales o elementos metálicos de las llamadas tierras raras, como el escandio, el itrio, el lantano, el cerio, el praseodimio, el samario, el gadolinio y el lutecio, entre otros.

La ubicación geográfica de los yacimientos de estos metales no es homogénea; se encuentran distribuidos de manera irregular en las diferentes partes del mundo. Algunos se concentran en regiones específicas que constituyen grandes reservas contenidas en determinados países.

El desarrollo industrial de finales del siglo XIX y principios del XX hizo surgir la necesidad, en los grandes países que impulsaban ese desarrollo, de controlar esas regiones estratégicas de materias primas. Para ello, se volcaron sobre ellas con el fin de someterlas a su dominio político y económico y extraer dichos metales. Así, controlaban países, regiones y poblaciones para trabajar en la explotación de esas materias primas, además de dominar esos países como mercados para vender caros los productos elaborados con esa mano de obra barata. Era un control absoluto de productos, mano de obra y mercados.

En este proceso se desarrolló una alianza estratégica entre el capital industrial y el bancario, lo que originó el capital financiero e hizo surgir nuevas corporaciones empresariales como los monopolios, oligopolios, trusts y cárteles, los cuales empezaron a proyectarse más allá de sus países de origen, controlando grandes regiones, naciones y mercados.

Algunos de esos monopolios, como la United Fruit Company —fundada en marzo de 1899 y dedicada a la explotación del banano en el Caribe y Centroamérica—, le dieron nombre y apellido a la región: las «Banana Republics» o Repúblicas Bananeras, debido a la enorme influencia y peso político y económico que ejercían en el interior de estos países.

La Primera Guerra Mundial, en cierta forma, fue el escenario donde las potencias europeas y los Estados Unidos se disputaron estas regiones de materias primas, mano de obra barata y mercados finales para los productos elaborados.

Esta situación del surgimiento de monopolios, oligopolios, trusts y cárteles es lo que caracterizó a finales del siglo XIX, y particularmente a inicios del siglo XX, el debate y la conceptualización sobre el imperialismo, principalmente desde su perspectiva económica, a la que luego se añadió la dimensión política.

El desenlace de la Primera Guerra Mundial conllevó la caída de varios imperios: el alemán, que perdió sus colonias en África y el Pacífico; el austrohúngaro, que quedó desintegrado en varios países; el otomano, que fue desmembrado en diversos países y mandatos en la región que hoy se denomina Medio Oriente (quedando bajo el control principal de Gran Bretaña y Francia); y la eliminación del imperio ruso, lo que facilitó el surgimiento de la Revolución Rusa de 1917 y la gestación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922.

La discusión teórica, económica y política sobre el imperialismo se desarrolló desde 1890 hasta 1917, cuando Lenin cerró ese capítulo con su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo.

Posteriormente, en el esquema del imperialismo del siglo XX, prosiguió la proyección de los Estados Unidos dentro de ese proceso, tanto a través de sus empresas imperialistas como mediante las políticas geopolíticas que venía desarrollando desde el siglo XIX y las que impulsó en el siglo XX.

Las primeras manifestaciones a inicios del siglo XIX obedecieron al principio de hegemonía hemisférica que Estados Unidos disputaba con Gran Bretaña tras la ruptura inicial de la presencia colonial española a raíz de los movimientos independentistas. Sin un enfrentamiento militar directo, luchaba por el control hegemónico comercial. Así se enfrentó a Inglaterra en el Cono Sur y lo justificó teóricamente. Gran Bretaña, en su pugna europea con España, contribuía a financiar los movimientos independentistas en América Latina procurando aumentar su presencia comercial, financiera y marítima en las naciones recién independizadas.

Eso llevó a los Estados Unidos a que en 1823, con el presidente Monroe, se proclamara en su discurso ante el Congreso el principio de «América para los americanos», advirtiendo a las potencias europeas que cualquier nueva colonización o intervención en el continente sería considerada un acto hostil contra Estados Unidos. De este modo, marcaba y definía su zona de influencia geopolítica.

Con ese planteamiento procuraba frenar el avance comercial y la presencia de las potencias europeas constituidas alrededor de los acuerdos del Congreso de Viena de 1815, frenando a Inglaterra y a Francia. Estos países rechazaban los intentos de España por recuperar sus colonias porque ello les dejaba el terreno libre para sus propios propósitos comerciales y geopolíticos.

A la Doctrina Monroe le siguió la Doctrina del Destino Manifiesto, dominante en la segunda mitad del siglo XIX. Con ella, Estados Unidos se presentó como la nación elegida por Dios para expandirse y dominar el continente americano. Esto le sirvió para ampliar sus territorios mediante la compra de Luisiana a Francia en 1803, así como con los territorios que despojó y anexó de México desde la década de 1840: Texas en 1845, California en 1848, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y partes de Kansas y Oklahoma (territorios que incluyeron Oregón), sumado a la imposición del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Asimismo, proyectó su poder a través de los filibusteros de William Walker en Centroamérica entre 1855 y 1860 (derrotado en su afán de anexar estos países a los estados esclavistas del sur de la Unión) y con la compra de Alaska a Rusia en 1867.

Resultado de esta doctrina fue la aniquilación de las poblaciones indígenas de los Estados Unidos, la reducción de sus territorios, los desplazamientos forzados para despojarlos de sus tierras y la lucha interna por asegurar su desarrollo industrial mediante la Guerra de Secesión, la cual Lincoln definió como «la última y mejor esperanza sobre la faz de la Tierra».

Fueron también las justificaciones legales que impulsaron para asegurar su expansión y sus guerras, las cuales culminaron al finalizar el siglo XIX con la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898. Esta permitió, mediante el Tratado de París, dominar Puerto Rico, Guam y las Filipinas, imponer en 1902 la Enmienda Platt en Cuba e intervenir en la independencia de Panamá en 1903 para apropiarse del Canal y su Zona Canalera.

Desde 1890, el Destino Manifiesto justificó intervenciones militares asociadas a la idea de una supuesta «misión» para promover y defender la democracia en todo el mundo.

Esto llevó al presidente Theodore Roosevelt, en 1904, a pregonar con más fuerza la Doctrina del Gran Garrote (Big Stick), la cual se extendió hasta 1940, cuando, en el contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt impulsó por un breve período la Doctrina del Buen Vecino en América Latina. Con esta estrategia se buscaba asegurar el dominio absoluto en el hemisferio occidental, imponiéndose en el plano económico bajo la amenaza de la intervención militar y actuando como un «policía internacional» para corregir las faltas de los gobiernos y la inestabilidad regional, bajo la premisa de que las repúblicas latinoamericanas carecían de capacidad de autogobierno.

Al tiempo que intervenían en Panamá y Cuba, lo hicieron en Venezuela (Maracaibo, 1902-1903), luego de nuevo en Cuba (1906-1909), en la República Dominicana (1916-1924), en Haití (1915-1934) y en Nicaragua (1912-1925 y 1926-1933), e intentaron un desembarco de marines en Costa Rica en junio de 1919.

La Revolución Rusa hizo que en 1920 el presidente Woodrow Wilson señalara que «el mundo debía hacerse seguro para la democracia», enfatizando que «es ciertamente el destino manifiesto de los Estados Unidos realizar el esfuerzo para que este espíritu prevalezca».

Tras la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman reafirmó estos elementos doctrinales con el Plan Marshall para la reconstrucción europea y la Doctrina Clayton para América Latina en 1946 y 1947, acompañados por la Doctrina Truman, mediante la cual Estados Unidos brindaría asistencia política, militar y económica para evitar la expansión soviética y contener a los movimientos de izquierda, socialistas, comunistas y nacionalistas en el continente y en el resto del mundo.

De la Primera a la Segunda Guerra Mundial el escenario internacional cambió drásticamente. No solo se desintegraron los imperios decimonónicos, sino que la Revolución Rusa dividió al mundo en dos procesos políticos, históricos y económicos, enmarcados en la confrontación entre el socialismo mundial y el capitalismo, situación que se mantuvo desde 1917 hasta 1991. El orden colonial existente continuó debilitándose, siendo el nacimiento de la URSS y la lucha anticolonial que impulsó un factor determinante en ello.

La Sociedad de Naciones, nacida de las cenizas de la Gran Guerra, no logró evitar nuevos conflictos. El ascenso del fascismo en Italia y del nacionalsocialismo en Alemania en las décadas de 1920 y 1930 alertó sobre su peligro global.

El Partido Comunista de la URSS, bajo el liderazgo de Lenin, promovió la creación de la III Internacional en 1919 con el fin de impulsar el movimiento revolucionario mundial, orientar a los partidos comunistas y fortalecer a las organizaciones sindicales.

Los siete congresos internacionales que realizó la III Internacional desarrollaron estos ejes estratégicos: la dictadura del proletariado frente a la dictadura de la burguesía; la alianza obrero-campesina necesaria para la revolución socialista; la lucha antiimperialista mundial como elemento esencial de la época; y la lucha antinazi en defensa de la democracia mediante bloques de Frentes Populares, contienda que condujo a subordinar transitoriamente la lucha antiimperialista para priorizar la derrota del nazifascismo hasta 1945.

Terminada la Segunda Guerra Mundial y ante el nuevo panorama político europeo —con nuevas naciones en transición al socialismo, sumado a las luchas de liberación nacional en la India y China (esta última con la proclamación de la República Popular China en 1949)—, el anticomunismo resurgió con más fuerza, aun con el nacimiento de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, fundada en reemplazo de la Sociedad de Naciones para evitar futuros conflictos globales y fomentar la cooperación internacional.

La Guerra Fría se escudó en el concepto del «Telón de Acero» para aislar al hemisferio occidental de la influencia soviética e impedir revoluciones socialistas. Esto derivó en la formación de los bloques Occidental y Oriental, liderados por Estados Unidos y la URSS respectivamente, lo que alimentó conflictos territoriales, disputas regionales y alianzas militares como la OTAN (que perdura hasta hoy) y el Pacto de Varsovia (desaparecido tras la desintegración del bloque soviético).

Desde 1945 hasta la actualidad, la ONU pasó de los 51 Estados miembros fundadores a los 193 que la integran hoy. La inmensa mayoría emergió de las guerras de liberación nacional y de los procesos de descolonización.

El siglo XX fue el período que produjo la mayor liberación de países y pueblos a nivel global. Sin embargo, no se ha logrado neutralizar el afán de las potencias capitalistas hegemónicas por ejercer un control total en lo político, económico, financiero y geopolítico, tal como lo evidencia el papel predominante ejercido por los Estados Unidos.

Durante la Segunda Guerra Mundial surgieron instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las cuales fijan pautas de desarrollo económico e institucional a sus países miembros. De hecho, actúan de forma análoga a como lo hicieron los monopolios, oligopolios, trusts y cárteles en la primera mitad del siglo XX.

La desintegración de la URSS y del Bloque Socialista convirtió a Estados Unidos en la potencia hegemónica unipolar casi absoluta desde 1990 hasta la década de 2020, cuando comenzó a resentir la contrapresión de Rusia y de la República Popular China en medio de las intervenciones militares estadounidenses en Medio Oriente.

De la disolución soviética, la Federación Rusa emergió como el actor más relevante en ese equilibrio de poder, reinsertándose como parte del sistema capitalista mundial. Por su parte, la República Popular China asumió el papel central en el desarrollo de una sociedad socialista con características propias, consolidándose como una superpotencia económica y comercial con proyección dominante. Desde finales de la década de 2000, China ya estaba afianzada como la segunda economía del mundo, con una enorme influencia geopolítica y tecnológica global.

Por otro lado, Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha intensificado sus esfuerzos por preservar la hegemonía global, proyectándose con rasgos imperialistas al servicio de corporaciones interesadas en el control de materias primas estratégicas.

Trump ha diseñado una geopolítica global de control e influencia directa. Ha alterado la dinámica de las relaciones internacionales al cuestionar o renegociar unilateralmente acuerdos comerciales con Europa, China y diversos países del continente americano (Canadá, México y Centroamérica), además de tensionar los vínculos en el seno de la OTAN. Asimismo, ha instrumentalizado conflictos territoriales y disputas allí donde considera conveniente a sus intereses económicos o geoestratégicos, especialmente en torno a las reservas de petróleo, gas y minerales de tierras raras.

En esta nueva proyección, ha sugerido cambiar el nombre del golfo de México por «Golfo de América» y el lago Ontario por «Lago de América». Ha manifestado posturas anexionistas respecto a Canadá, ha sostenido planteamientos similares respecto a México y se ha difundido un mapa de América del Norte cubierto por la bandera estadounidense que abarca México, Estados Unidos, Canadá, Alaska y Groenlandia (territorio este último sobre el que contempló opciones de compra o presión militar, llegando a negociar la ampliación de presencia militar).

El Caribe continúa siendo considerado como su área de influencia directa. En este esquema, Cuba se mantiene como un objetivo político estratégico con el fin de modificar su sistema político y controlar los pasos navales de la región. Destacan entre ellos los estrechos estratégicos como el Canal de la Florida (entre Cuba y EE. UU.), el Canal de Yucatán (que separa a México de Cuba), el Paso de la Mona (entre Puerto Rico y República Dominicana) y los pasos insulares de las Antillas Menores hacia América del Sur. Con respecto al Canal de Panamá, se ha llegado a utilizar la denominación informal de PanaMAGA.

Las presiones sobre Cuba y Nicaragua se enmarcan en un contexto donde la intervención del 3 de enero de 2026 en Venezuela marcó un hito en el control de sus recursos petroleros, gasíferos y mineros, incidiendo de forma directa en su dinámica institucional. Asimismo, se ha evidenciado un involucramiento activo en procesos electorales de la región mediante el apoyo explícito a alineamientos afines.

Son, sin duda, posturas imperialistas emparentadas con las doctrinas históricas mencionadas: en lo político, impulsando corrientes de derecha y extrema derecha, avivando el anticomunismo de la Guerra Fría con tintes macartistas, cuestionando el multilateralismo, promoviendo la salida de organismos y tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional y promoviendo la militarización de la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que la evidencia histórica demuestra que el crimen organizado no se combate adecuadamente con enfoques estrictamente militares.

El propio Trump ha parafraseado la Doctrina Monroe denominándola, en un juego de palabras, la «Doctrina Donroe». Con esta postura reafirma la pretensión de hegemonía sobre el hemisferio occidental, abarcando desde América Latina hasta Canadá y Groenlandia.

Bajo esta línea se promueven acciones militares, el incremento de bases en el continente, intentos por reactivar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Fuerza Interamericana de Paz, a pesar de sus fracasos históricos en crisis como la de las Malvinas o la invasión a Granada. Del mismo modo, se profundiza la militarización de la lucha antidrogas mediante iniciativas como el llamado Escudo de las Américas, aumentando los activos militares en Puerto Rico, al tiempo que desde la Portavocía de la Casa Blanca se ha reiterado que «el uso del Ejército de EE. UU. es siempre una opción».

Ante la denominada «Doctrina Donroe», ¿nos encontramos frente a una nueva fase del imperialismo mundial? ¿Deben reorganizarse los movimientos antiimperialistas del mismo modo en que lo hicieron en las primeras décadas del siglo XX? ¿Debería impulsarse una Liga Antiimperialista Mundial como la que se fundó en Bruselas en 1927? ¿Qué significa ser antiimperialista en la actualidad?

El término antiimperialista como adjetivo describe a quien se opone y lucha de forma activa contra el imperialismo; es decir, contra el dominio político, económico, cultural o militar que ejerce una potencia extranjera sobre otros países o territorios.

Actualmente existe la llamada Plataforma Antiimperialista Mundial (PAM), una red internacional de organizaciones políticas, movimientos sociales y partidos de izquierda enfocada en la oposición a la hegemonía de Estados Unidos y la OTAN. Esta plataforma busca unificar las luchas de partidos, sindicatos y movimientos populares en diferentes continentes, concentrando su acción principalmente contra el imperialismo estadounidense y sus aliados, así como alertando sobre los riesgos de escalada bélica en Europa que podrían desencadenar un conflicto global de consecuencias irreversibles.

Si el trumpimperialismo constituye la nueva fase del imperialismo contemporáneo, con todas sus implicaciones, es allí donde se sitúa el debate sobre la articulación de la lucha internacional hoy. ¿Estamos, efectivamente, ante esa nueva fase del imperialismo actual: el trumpimperialismo?

Compartido con SURCOS por el autor.

¿Por qué defender el presupuesto para las universidades y la educación superior?

Escrito en 21/10/2026. Publicado en Educación.

Vladimir de la Cruz

Defender el presupuesto de las universidades públicas es un deber de las mismas universidades, y del Consejo Nacional de Rectores. Esto no es discutible.

Hoy, cuando las autoridades políticas de gobierno han perdido la visión nacional del desarrollo, las autoridades de las universidades son las que tienen en sus manos el irrenunciable papel de defender las universidades públicas, y su presupuesto público, en la negociación presupuestaria con las autoridades de gobierno, y con los diputados, que tienen en sus manos la etapa final de aprobación de presupuesto que el gobierno les envía respecto a las universidades.

Pero, también, la defensa del presupuesto para las universidades es un deber mayor, una obligación de los estudiantes, del movimiento estudiantil organizado, es decir, de todos los grupos de estudiantes que existen organizadamente en el interior de cada una de las universidades. Y, también, debe ser preocupación de los estudiantes de colegios, y de sus familias, porque se está peleando el derecho de ellos a la posibilidad de su educación superior.

Las asociaciones estudiantiles de cada unidad académica y las federaciones de estudiantes, de cada universidad, y de los centros o sedes regionales, deben asumir la conducción de las luchas de los estudiantes por la defensa del presupuesto para las universidades.

Es igualmente una lucha de las asociaciones y sindicatos gremiales de educadores, maestros y trabajadores en general de la educación. No es una lucha al margen de sus propios intereses.

A las movilizaciones de los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades se deben unir y sumar los trabajadores, profesores y estudiantes de las escuelas y colegios de todo el país.

La lucha por el presupuesto universitario es también una lucha y una preocupación permanente de todas las familias, de todos los padres y madres costarricenses y migrantes residentes en el país, porque es la lucha para garantizar que todos los niños, de ahora y del futuro, en edad preescolar, escolar y colegial puedan llegar a tener la posibilidad de estudiar en las universidades públicas.

Esta lucha se debe dar en San José presionando a los diputados, directamente en la Asamblea Legislativa, especialmente en estas semanas de octubre y noviembre, cuando se está discutiendo el Presupuesto Nacional para el 2027, cuando ya se han señalado los importantísimos recortes que se están discutiendo, que ponen en peligro sedes universitarias completas, cierre técnico y real de carreras universitarias, paralización de programas académicos de extensión cultural o profesional, de investigación, de docencia y de especialidades académicas.

También esta lucha tiene que hacerse sentir en las distintas comunidades del país, especialmente en aquellas donde hay sedes y recintos universitarios. Los sindicatos universitarios y las asociaciones de trabajadores y educadores de todo tipo, como la ANDE, APSE, SEC, deben integrarse a esta lucha nacional en defensa de la educación superior, que es también la defensa de los intereses de la educación nacional escolar y colegial.

La reducción del presupuesto al nivel que se quiere llevar en su aprobación reduce las posibilidades de ingreso de estudiantes que ahora están en el colegio para que puedan llegar a los estudios superiores.

En otras palabras, se reduce la admisión a las universidades públicas y se cierran posibilidades y oportunidades de preparación académica que permitan la movilización social, mejorar las condiciones socioeconómicas y sociales de los estudiantes y sus familias, y las posibilidades de superar la pobreza. Estadísticamente se ha sostenido que un estudiante con solo ingresar a la universidad se coloca en el nivel superior al de la pobreza.

Los estudiantes son la razón de ser de las universidades. Sin estudiantes no hay universidad.

Políticamente, los gobiernos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández están interesados en acabar con el sistema público de la educación nacional, en todos sus niveles, pero especialmente en el de la educación superior. No les interesa una formación humanística que genere una conciencia crítica sobre los problemas fundamentales de la sociedad costarricense, para lograr mayor compromiso ciudadano en sus posibles soluciones. Su forma de acabar la educación superior es reduciendo su presupuesto nacional provocando la privatización de toda la educación, en todos sus ciclos, primaria, secundaria y superior, como se impulsa bajo las políticas neoliberales en distintas partes del continente, excepto México, donde la presidenta actual, hace pocos días, ha declarado la gratuidad absoluta de todo el proceso educativo, incluyendo las universidades, y las posibilidades de acceso a él de toda la población.

La lucha por el presupuesto universitario no es de ahora. La empezamos los estudiantes del Frente de Acción Universitaria, FAU, cuando a inicios de la década de 1970, y en 1971, dimos la lucha para que, a la Universidad de Costa Rica, en ese momento la única universidad que había en el país, se le igualara su presupuesto al de la Corte Suprema de Justicia, equivalente a un 6% del presupuesto nacional. La lucha por el 6% fue intensa, sostenida, larga, de manifestaciones y movilizaciones, de paros universitarios, de huelgas. Permitió despertar una conciencia universitaria sobre esta necesidad presupuestaria. Fue sostenida con esas marchas, con esas huelgas, con plantones como se dice hoy, con tiendas de campaña en los jardines de la Asamblea Legislativa, cuando eran de acceso directo al público, como se hizo con ALCOA, en 1969 y 1970, también, para presionar directamente a los diputados. No se logró en aquellos años ese porcentaje para la Universidad de Costa Rica. Pero, se logró la conciencia de que esa batalla es de todos los años frente a los gobiernos anti-educación pública.

Los gobiernos liberacionistas de 1970-1978, de José Figueres y Daniel Oduber, impulsaron la creación de las otras universidades públicas, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Recientemente, la última de las universidades públicas fue la Universidad Técnica Nacional. Con ellas se impuso un Fondo para la Educación Superior, el FEES, para su mantenimiento y funcionamiento, de todo el sistema universitario que a partir de ese momento iría en crecimiento.

Interesada y visionaria fue la creación de estas universidades en otras ciudades importantes del país, al margen de las sedes regionales que cada una de ellas fue impulsando.

Así, las sedes principales de las universidades públicas se crearon el 26 de agosto de 1940, en San José, la Universidad de Costa Rica, UCR, en la capital de la República, el 10 de junio de 1971 el Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, en Cartago, el 15 de febrero de 1973 la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, el 3 de marzo de 1977, en San José, la Universidad Estatal a Distancia, UNED y el 4 de junio del 2008, en Alajuela, la Universidad Técnica Nacional.

La Universidad Técnica Nacional fue el resultado de la fusión que se hizo con el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA), el Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG) y el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco (CURDTS).

La primera de estas universidades fue fundada en el gobierno socialcristiano de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y las otras cuatro bajo gobiernos socialdemócratas, del Partido Liberación Nacional, bajo los gobiernos de José Figueres Ferrer, 1970-1974, Daniel Oduber Quirós, 1974-1978, y Óscar Arias Sánchez, 2006-2010.

De aquí, que los partidos socialcristiano y socialdemócrata, con sus diputados actuales, la socialcristiana y los liberacionistas, tengan la obligación principal, moral y política de defender sus creaciones educativas superiores.

La izquierda política siempre ha apoyado la educación pública, gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, como un derecho ciudadano fundamental.

Los liberales del siglo XIX la impulsaron como un factor de movilización social, de oportunidades y posibilidades para las personas, y como un factor clave para el desarrollo del país. Así fue, por ejemplo, con gobernantes como Juan Mora Fernández 1823-1833, José María Castro Madriz en sus dos gobiernos, en las décadas de 1840 y 1860, Jesús Jiménez Zamora en 1869. En el siglo XX lo hicieron Alfredo González Flores, 1914-1917, Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, José Figueres, 1953 y 1970-1974, Daniel Oduber, 1974-1978 y Oscar Arias 2006-2010, fundando otras universidades.

Con los primeros centros regionales universitarios de San Ramón y de Turrialba, de la Universidad de Costa Rica, se produjo una revolución académica de gran proyección de la educación superior a las provincias, regiones, comunidades y distintos pueblos. Se le llevó la educación superior a los ciudadanos, y a los jóvenes, de manera más cerca, a sus propias comunidades, para que tuvieran mayor oportunidad de acceso a sus estudios y preparación académica y profesional.

Con ellos se le llevó la posibilidad de estudios superiores a los jóvenes, y a sus familias, de acercarles los estudios a centenares, y hoy a miles de jóvenes, de poder llegar a los estudios superiores universitarios.

Sucedió igual con el surgimiento de las otras universidades públicas que fueron desarrollándose, con su surgimiento y con sus respectivas proyecciones regionales.

Así se impulsaron las siguientes sedes y recintos universitarios de la Universidad de Costa Rica, la Sede de Occidente, que está en la ciudad de San Ramón, la del Atlántico, que está en la ciudad de Turrialba, con recintos en Paraíso de Cartago y Guápiles de Limón, la de Guanacaste que está en la ciudad de Liberia, con un recinto en la ciudad de Santa Cruz, la del Caribe, ubicada en Puerto Limón, la Sede del Pacífico en el cantón central de Puntarenas y en Esparza, y la Sede del Sur en Golfito, Puntarenas.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) tiene 5 unidades principales distribuidas en el país, divididas en 3 campus y 2 centros académicos. Ellos son: el Campus Tecnológico Central cuya sede principal está en Dulce Nombre de Cartago, el Campus Tecnológico Local San José, en Barrio Amón, el Campus Tecnológico Local San Carlos, en Santa Clara de Ciudad Quesada. El Instituto Tecnológico tiene también los Centros Académicos de Alajuela, ubicado en Villa Bonita de Alajuela, y el de Limón, frente al Colegio Diurno.

El de San Carlos opera como una Unidad de Cooperación para la Transferencia de Tecnología y Educación Continua del Campus Tecnológico Local San Carlos.

La Universidad Nacional tiene cinco sedes universitarias distribuidas así: la Sede Central, en Heredia, que tiene el Campus Omar Dengo y el Campus Benjamín Núñez Vargas, la Sede Regional Chorotega, en Liberia y Nicoya, la Sede Regional Brunca, con los campus en Pérez Zeledón y Coto, y la llamada Casa Golfito, y la Sede Regional Huetar Norte y la Caribe ubicada en Sarapiquí.

Bajo el manto de la UNA, está la Sede Interuniversitaria de Alajuela

que es un espacio de articulación y cooperación académico entre las universidades estatales, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional.

Por su parte los recintos universitarios de la Universidad Técnica Nacional están, con su sede principal en Alajuela y sus sedes regionales en el Pacífico, en Atenas, en Guanacaste y en San Carlos.

Este panorama de sedes centrales, sedes regionales y centros académicos de las universidades públicas nacionales es el que está amenazado de debilitarse, y de desaparecer por partes, por las acciones lesivas que impulsa el actual gobierno y su fracción legislativa del partido Pueblo Soberano, chuceada por el copresidente y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, al no aprobar lo que constitucional y legalmente están obligados a darle al sistema nacional de Fondos para la Educación Superior, y por rebajar el presupuesto afectando negativamente a las universidades públicas en sus objetivos de crear, conservar y trasmitir la cultura nacional y universal, de ofrecer, a la juventud y a los estudiantes, la posibilidad de sus estudios superiores, de una educación integral que les garantice su óptima formación profesional y técnica, su desarrollo integral, moral, cultural y personal. Así, como de promover la investigación científica de alto nivel técnico y académico, para contribuir al mejoramiento de la vida social, cultural, política y económica del país, y elevar el nivel espiritual y educativo de los costarricenses, para coadyuvar en los procesos de desarrollo, modernización y mejoramiento técnico de los sectores productivos, las empresas exportadoras y, especialmente, las pequeñas, medianas y microempresas. Del mismo modo, para preparar profesionales de nivel superior, por medio de carreras universitarias que guarden armonía con los requerimientos científicos y tecnológicos del desarrollo mundial y las necesidades del país, que culminen con la obtención de títulos y grados universitarios, dando énfasis especial a las carreras técnicas que demanda el desarrollo nacional. De la misma manera, desarrollar carreras cortas en el nivel de pregrado universitario, que faculten para el desempeño profesional satisfactorio y la inserción laboral adecuada.

El sector empresarial de todo tipo del país, desde 1940, con la Universidad de Costa Rica, y con las universidades públicas que surgieron en la década de 1970, ha sido el principal sector de la economía nacional favorecido de sus graduaciones y preparaciones, de más del 90% del personal profesional contratado. La sociedad costarricense en su conjunto igualmente ha sido favorecida por la presencia de las universidades públicas en el bienestar nacional alcanzado. Las inversiones extranjeras que vienen a Costa Rica lo hacen porque valoran la capacidad profesional de los graduados universitarios costarricenses. El Instituto Tecnológico surgió en alianza estrecha con el sector empresarial costarricense.

La amenaza a esta presencia universitaria en todo el territorio nacional, con las decisiones negativas de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y su camada política de diputados, con graves problemas de capacitación, profesionalismo y entendimiento para comprender el significado de la educación al pueblo, a la juventud para un mejor desarrollo socioeconómico y político nacional, hay que detenerla por el bienestar del Desarrollo del Estado Social de Derecho y por la afirmación del Estado de Bienestar que se construyó durante el período histórico de la Reforma Social, 1943-1948 y bajo el impulso de la Junta Fundadora de la Segunda República con las reformas y refuerzos que se hicieron en la educación pública en general y de manera particular en la educación superior.

Las movilizaciones estudiantiles universitarias hay que sostenerlas en las siguientes semanas hasta noviembre, cuando tiene que votarse el Presupuesto Nacional del 2027.

Hay que involucrar a los gremios, asociaciones y sindicatos de la Educación primaria y secundaria.

Hay que llamar a los padres y madres de familia, de los jóvenes estudiantes, a apoyar esta lucha que también es por ellos.

Hay que vincular esta lucha al rescate de los fondos que ya le han sido eliminados a la educación primaria y secundaria de subsidios de becas, comedores escolares, transportes estudiantiles.

Hay que vincular estas luchas a la de arreglos y reparaciones reales a los casi 900 establecimientos escolares que tienen amenaza de ser cerrados, por mal estado y malas condiciones sanitarias.

Hay que vincular estas luchas a las condiciones salariales de los educadores y trabajadores de la educación, y de todos los asalariados, y pensionados, para que sus salarios y pensiones congeladas desde hace 5 años se descongelen, y no se mantenga su congelamiento por los siguientes 5 años como quiere el gobierno de Laura Fernández.

Hay que vincular esta lucha para que no se aumenten los años ni las cuotas del seguro social, obligando a los trabajadores a aumentar su expectativa de retiro jubilatorio o de pensión a los 70 años.

Hay que vincular esta lucha al retiro del ROP cuando el trabajador así lo requiera en el momento de su retiro laboral.

Por cosas como estas los estudiantes franceses, alemanes y europeos, y de México, en 1968 se movilizaron con grandes jornadas de luchas sociales y populares, y con grandes sacrificios como los mexicanos, se movilizaron y los actuales de Francia se están movilizando. En las luchas de 1968 los movimientos sindicales europeos entendieron, y se sumaron, a las luchas estudiantiles.

En Europa, pero es parecido en Costa Rica, el descontento social existe, activo en Europa, pasivo en Costa Rica. Hay malestar social que afecta el pacto político y social del país. Miles de costarricenses, de las generaciones actuales, empiezan a ver que una vivienda digna, un trabajo seguro, un salario suficiente, una segura posibilidad de realizarse como parejas o matrimonios jóvenes, el tener hijos, o la simple esperanza de un futuro mejor son metas casi inalcanzables.

Los sindicatos nacionales costarricenses, sus centrales y federaciones sindicales deben sumarse, al menos solidariamente, a la lucha de los universitarios, en defensa de la educación en general y superior en particular, como defensa de los propios trabajadores, padres y madres, abuelos y abuelas de todos los estudiantes hoy en lucha.

La lucha del estudiantado universitario, y de las universidades públicas, es una lucha válida, justa y democrática por Costa Rica.

¡Hay que mantener la lucha social sostenida con presión en la Asamblea Legislativa, y sus diputados, hasta noviembre!

Sigue pendiente el Funeral de Estado para el presidente Juan Rafael Mora Porras

Escrito en 21/10/2026. Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El asesinato fraguado contra el presidente Juan Rafael Mora Porras, realizado el 30 de setiembre de 1860, hace 166 años, en El Jobo de Puntarenas, sigue sin que la Patria haya saldado el homenaje que se le debe como presidente de la República.

El presidente Juan Rafael Mora Porras fue el máximo héroe costarricense y centroamericano, así también reconocido en Centroamérica, el gran estratega y conductor de la Guerra Nacional Centroamericana, y de la Gesta Nacional de 1856 y 1857, contra la presencia filibustera estadounidense en Nicaragua y en Costa Rica, con el peligro que esa hueste extranjera significaba para la independencia, soberanía de las jóvenes repúblicas centroamericanas, que acababan de salir del yugo colonial español, y la libertad de los pueblos centroamericanos, de haberlos sometido al esclavismo, y la anexión a los estados sureños y esclavistas de los Estados Unidos.

El 14 de agosto de 1859 le dieron un golpe de Estado al presidente Juan Rafael Mora Porras, en su tercer gobierno legítimamente elegido. Lo expulsaron del país hacia El Salvador con el general José María Cañas Escamilla, con su hermano el general José Joaquín Mora Porras, todos héroes y grandes conductores militares de la Guerra Nacional, y otras personas muy allegadas al presidente. Allí vivieron un corto tiempo el presidente Mora y ellos.

En 1860 el presidente Juan Rafael Mora Porras se dispuso a regresar a recuperar la Presidencia que le había sido arrebatada y arrebatada. Traicionado en su intento militar, a su regreso, se enfrentó en el Combate de la Angostura, en Puntarenas, obligado por esa traición a entregarse ante las fuerzas militares del gobierno que habían sido enteradas de su regreso y que llevaban la misión de acabarlo, dándole muerte.

La rendición de Mora se hizo bajo el compromiso de respetar la vida de los que lo habían acompañado en ese intento de recuperar la Presidencia, especialmente a su hermano el general José Joaquín Mora Porras, y también a su cuñado, hermano político, el general José María Cañas Escamilla.

No había en las filas oficiales del ejército que fue enviado a enfrentarlos y juzgarlos el número suficiente de oficiales, generales, que pudieran constituirse en el Tribunal Militar que llevara su juicio. Para ello improvisaron una oficialidad sin ningún procedimiento militar de ascensos y reconocimientos pertinentes, tan solo para justificar el crimen que ya tenían planeado y ordenado.

Así, en Puntarenas se constituyó, en pocas horas, el Consejo de Guerra o Tribunal Militar que determinó la muerte por fusilamiento del presidente Juan Rafael Mora Porras, órdenes que se llevaban de San José, del propio gobierno surgido del golpe de Estado, de José María Montealegre Fernández, de su vicepresidente Francisco María Yglesias Fernández y de los generales Máximo Blanco y Florentino Alfaro, que habían sido enviados a Puntarenas jefeando la tropa gobiernista, junto al coronel Pedro García Oreamuno y a Vicente Aguilar Cubero, todos opositores políticos del presidente Mora, líderes de la élite política y económica, que veían el regreso de Mora como un serio peligro a sus negocios e intereses económicos.

Así, se consumó el asesinato del presidente. El compromiso de no fusilar a Cañas y a José Joaquín se alteró por orden del presidente Montealegre. De esa manera, el 2 de octubre fue también fusilado el general José María Cañas Escamilla. Así se produjo la página más oscura, más negra de la Historia Patria.

Los cuerpos de Mora y Cañas se ordenó tirarlos al estero de Puntarenas, con el propósito de que allí desaparecieran. Esto se evitó gracias a un grupo de entrañables amigos, y parientes, del presidente, entre ellos los cónsules de Gran Bretaña y de Francia, los señores Richard Farrer y Jean Jacques Bonnefil, junto con los yernos de Bonnefil, Santiago Constantine y Julio Rosat, y el Capitán Francisco Roger, que impidieron que los cuerpos acabaran en el estero. Recuperados los cuerpos, que habían sido protegidos, envueltos, con la Bandera de Francia, fueron enterrados en el cementerio del estero, en una fosa cavada por ellos mismos, donde les depositaron y resguardaron por los siguientes seis años.

El 20 de mayo de 1866 el cónsul francés Jean Jacques Bonnefil, nuevamente, con cuatro personas, los marineros Carlos Leonara, Enrique Ligoneff, Francisco Hervé y Guillermo Noubée, exhumaron los cadáveres, los recogieron y mantuvieron durante un breve período de tiempo en la residencia del cónsul, en Puntarenas, de donde los trasladaron después a San José, a la residencia del cónsul, que estaba frente al Hospital San Juan de Dios.

En su casa se guardaron los restos de los héroes hasta que el 13 de mayo de 1885 fueron depositados en el Cementerio general de la ciudad de San José, sin que se hubiera hecho nunca, a partir de esta fecha, ningún ceremonial oficial de Entierro de Estado, de Funeral de Estado, al presidente de la República, Benemérito y héroe de la Campaña Nacional de 1856 y 1857 contra la presencia filibustera en Costa Rica y en Centroamérica. Ni tampoco ningún acto oficial de entierro para el general José María Cañas Escamilla.

Por ello está pendiente, desde aquel asesinato de Estado, un gran acto nacional, que debe realizarse con un Gran Funeral de Estado, donde se cumpla, con el reconocimiento oficial, a la figura del presidente Juan Rafael Mora Porras, y que se realice con toda la pompa, ceremonia y desfile que merezca.

En su memoria, en el Gobierno de Federico Tinoco Granados, el 8 de diciembre de 1918, en el período de la dictadura, se erigió un monumento, en el sitio del magnicidio, en la esquina sur oeste de la actual Plaza llamada Mora y Cañas, ubicada en el Barrio El Carmen, entre avenida 1 y calle 9 de la ciudad de Puntarenas. Allí están los bustos, desde 1960, de los héroes Juan Rafael Mora Porras y el general José María Cañas Escamilla, esculpidos por Juan Rafael Chacón.

Desde aquel año, en Puntarenas se realizan manifestaciones, desfiles y actividades de recuerdo a los héroes nacionales Mora y Cañas.

El Funeral de Estado que comprende el acto, en este caso, de exhumación, de exequias o del cortejo fúnebre que debe realizarse acompañando los restos, y los actos oficiales que se realicen en su memoria en la Asamblea Legislativa, bajo capilla ardiente, u otros sitios que se dispongan a este efecto, incluyendo un acto ceremonial religioso, católico, que también se le podría tributar, por razones de su credo y de la tradición de mediados del siglo XIX, y el de nuevo depósito de sus restos en el Cementerio general, no se ha hecho.

En Puntarenas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche hubo una serie de actividades programadas, como todos los años en esta fecha, que nos recordaron la egregias figuras y personalidades del presidente Juan Rafael Mora Porras y del general José María Cañas Escamilla. Las actividades en Puntarenas iniciaron con un desfile de 80 bandas musicales estudiantiles, de todo el país, que allí llegaron.

El gobierno de la República declaró tres días de duelo nacional, en su memoria, lo que se recuerda con las banderas nacionales a media asta en todo el país. Hubo también un Misa Tedeum, oficiada por el obispo de Puntarenas, y por la tarde se contó con la presencia de la presidenta Laura Fernández.

El alcalde de Puntarenas es quien ha llevado, junto a las organizaciones cívicas puntarenenses, la batuta de los actos que recordaron la memoria de los héroes Nacionales de la Guerra de 1856-1857.

El Funeral de Estado es la ceremonia pública que en Honor de la figura política del presidente Juan Rafael Mora Porras debe realizarse. Esto sigue pendiente. Hoy se hará una Honra Fúnebre, pero sigue faltando el Funeral de Estado.

Este Funeral de Estado, para el presidente Juan Rafael Mora Porras, servirá no solo para reivindicar el acto de su muerte, sino para fortalecer su memoria, el culto y el respeto al héroe, para fortalecer la identidad nacional en lo que el presidente Mora evoca y significa, para enriquecer la conciencia histórica, pero sobre todo para hacer justicia histórica con el héroe Nacional, que no tuvo su Funeral de Estado, su Funeral Oficial, con el que estamos en deuda nacional, quien le aseguró la soberanía y la independencia nacional al país, a la Patria, al pueblo costarricense y centroamericano.

Este Funeral de Estado no será de despedida, es de bienvenida y de inserción oficial a la memoria Histórica nacional.

Ni Don, ni Señor. ¡Ciudadano!

Escrito en 19/10/2026. Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Hace pocos días en la Asamblea Legislativa el soberano diputado gobiernista, José Miguel Villalobos, le reclamó al magistrado Jorge Araya García, que al referirse a Rodrigo Chaves Robles no le decía ministro ni presidente, y que solo se refería a él como “señor” pidiéndole que le siguiera dando el trato de ministro o presidente, como se acostumbra en Estados Unidos llamar a quienes han ejercido la presidencia.

El magistrado le espetó con respeto, de forma directa y sin rodeos, que, para él, por la forma como fue educado lo más importante que los cargos, que son temporales, es la condición humana, que es de por vida.

¿Tiene importancia ese intercambio de opiniones? Hoy el término DON y SEÑOR, consecuentemente DOÑA, la esposa del Don y SEÑORA, la esposa del Señor, se usan más como fórmulas de respeto y cortesía para dirigirse a un hombre o una mujer mayor de edad.

Sin embargo, en una sociedad democrática, como la que vivimos, esos términos no se deberían usar para el lenguaje general ni coloquial, ni tampoco oficial, como se estila en algunos países y cancillerías. ¿Por qué? Porque se debería usar el adjetivo de CIUDADANO o CIUDADANA, que refiere a los miembros activos, naturales de un Estado, que tienen derechos políticos, garantías constitucionales, como mecanismos legales para proteger, defender y restituir Derechos y Libertades que le pudieren ser, al Ciudadano, amenazados o violados por actos del Estado o de particulares.

El origen real de la palabra DON deriva del latín “dominus” que significa propietario, señor, amo, dueño. En la tradición española, desde la época colonial, situación que se trasladó a la América colonial, dominada por España, se empleó también, desde el siglo XVI, para dirigirse a las personas que pertenecían a la nobleza, término extendido a comerciantes y personas que por tal condición se les debía ese respeto. Era un concepto empleado para distinguir al noble del plebeyo, al noble del criollo y del común de las personas. El DON por sí no significaba un título social, tan solo un tratamiento deferencial.

Por la tradición popular se corrió la idea de que es un acrónimo que responde a: “De Origen Noble”, que en la correspondencia de la época se indicaba D.O.N. y luego se le eliminaron los puntos dejando el DON antecediendo al nombre de pila de la persona.

El DON así no se usa ni se usó para referirse a una persona por el apellido. Si así se usaba se consideraba que quien lo hacía era un plebeyo.

Hoy el término se usa para destacar estatus social, mayor edad, buena voluntad para referirse a una persona de mayor estatus social. Se puede usar de manera despreciable: “esa doña”, o es “un don nadie”, con lo cual se le quita el aura de nobleza que el “don” presume encerrar o contener.

En Hispanoamérica, desde la Independencia se impulsó su desuso, aunque permanece su empleo. Por la tradición francesa se concentró el término a la curia católica, tratamiento que se daba para Dios, Jesucristo y a los santos. En la España medieval se empleaba solo a los reyes, a los grandes nobles y a quienes tenían los más altos cargos eclesiásticos, especialmente referido a arzobispos y cardenales. Después se generalizó a algunos hidalgos, que podían probar su nobleza, pero no a plebeyos. Los hidalgos eran la capa más baja de la nobleza. Es un término que refiere a “hijos de algo”, que podría ser familia conocida o noble. En Don Quijote de la Mancha tenemos esta referencia cuando Alonso Quijano toma el nombre de Don Quijote y Sancho, la buena conciencia, reflexiona que ese “don” no se tenía derecho a usar.

En 1611 el rey Felipe III de España amplió su uso a obispos, condes, mujeres e hijos de los hidalgos y los hijos de personas tituladas, aunque fuesen “bastardos”.

Los reyes españoles por necesidad económica pusieron en venta el derecho de uso del don/doña, el 3 de julio de 1664, por una vida, por dos vidas o a perpetuidad, y en algunos casos permitió incluir un escudo de armas.

En América, en 1573, el rey Felipe II, dio el carácter de hidalgo, aunque no el de don/doña a todos los conquistadores y primeros pobladores. Sin embargo, el del don/doña se hacía constar en documentos oficiales, en registros parroquiales de bautismos, confirmaciones, casamientos y sepulturas, así como en cabildos, lo que hacía ver niveles sociales más altos en lo político, en lo económico y en lo militar. Su uso llegó a alcanzar a los indios que se consideraban nobles.

En los días de la Independencia en Argentina y Uruguay se le dio el tratamiento de “don” a los esclavos libertos que lucharon contra los españoles realistas.

Actualmente, su uso se extiende al punto de decir, por ejemplo, presidente Don… Al referirse con el don se puede poner con mayúscula como con minúscula, que es lo más usual.

Igual sucede con las palabra Señor y Señora, hoy empleadas como cortesía o respeto para dirigirse a personas adultas o mayores.

Señor deriva del latín que significa “más viejo”. Su uso habitual es para dirigirse a personas que no se les conoce el nombre.

Señor históricamente está asociado a un dueño, un propietario, amo o persona con poder de dominio sobre bienes y sobre personas. Su antónimo es el vasallo, el súbdito y en ocasiones el esclavo.

El término se asoció a terratenientes y hacendados, a quienes tenían posesiones con pleno dominio y jurisdicción. A los titulares de señoríos, existentes en España y en la América colonial, que eran territorios cuyos habitantes estaban sujetos o sometidos a la autoridad del Señor, que usualmente eran nobles o eclesiásticos. Se era dueño de tierras y a los campesinos se les podía cobrar por trabajar esas tierras. Algunos señoríos nobiliarios se ligaban a los mayorazgos, que permitía el traspaso de propiedades entre generaciones sin dividirse, para garantizar el poder de la tierra, el capital y el linaje o la descendencia.

La tradición popular asocia el término de señora a mujer casada o viuda mientras a la soltera se le llama señorita.

Los señores feudales tenían derecho para castigar, como dueños que eran de las personas bajo su dominio, hasta con la pena de muerte. Igualmente, los señores feudales tenían el derecho de pernada o de primae noctis con el cual podían obligar o mantener relaciones sexuales en la noche de boda a la esposa de sus vasallos.

En el orden jerárquico de la nobleza titulada de España los rangos de mayor a menor son: Duque, Marqués, Conde, Vizconde, Barón y Señor. La nobleza no titulada comprendía al Caballero, al Hidalgo y al Maestrante.

Si por la etimología el vocablo “don” implica una condición o cualidad de dominio, de dueño sobre otras personas, no se debe usar para dirigirse o referirse a una persona.

Igual sucede con Señor que está asociado a un dueño, un propietario, amo o persona con poder de dominio sobre bienes, sobre personas y campesinos que le trabajaban.

El título de honor, rango social se perdió con la Independencia. Y el dominio de personas también.

En el régimen de tenencia de las tierras en el período colonial todas le pertenecían al rey, tierras reales o realengos, que eran los territorios de la Corona. El rey podía dar tierras a particulares. No eran de los señores feudales, de la nobleza ni de la Iglesia.

Bajo la ocupación francesa en España, en las Cortes de Cádiz se eliminaron los señoríos jurisdiccionales manteniéndose los territoriales, que pasaron como propiedades privadas.

En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en la de 1793, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, se afirmó que estos derechos son “naturales, inalienables y sagrados” y que todos los hombres “nacen libres e iguales”. Así se empezó a desarrollar el concepto del Ciudadano como la persona activa de un Estado, con derechos políticos, civiles, sociales, y sometidos a sus leyes.

Las Cortes de Cádiz también igualaron a todos los habitantes de la América colonial, cuando establecieron la igualdad de los estamentos. Las limitaciones al absolutismo monárquico empezaban a aflorar. La lucha por la Independencia reivindicó cortar con el dominio español en todo lo político institucional que significaba.

En el Plan de Iguala, del 24 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero pactan la lucha final de la Independencia del Virreinato de México, y reconocen en su punto 12 que todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción alguna, de europeos, africanos e indios se les considera ciudadanos del proceso que impulsa Iturbide.

Cuando el 15 de setiembre de 1821 se acuerda la Independencia de Guatemala, se establece igualmente comunicar esa decisión a las provincias que constituían la Capitanía General, el Reino de Guatemala o las Diputaciones que existieron con la Constitución de Cádiz, para que cada una resolviera como bien le pareciera, e invitan para que se forme un Congreso, para lo cual se deben nombrar representantes, diputados, para definir en forma definitiva la Independencia, señalando que en la escogencia de esos diputados no debe excluirse de “la ciudadanía a los originarios de África”. Queda claro que se abolió la esclavitud ese 15 de setiembre de 1821, lo que luego se refuerza en 1824 para toda Centroamérica.

Siguiendo esta línea política, el 23 de julio de 1823, al reunirse la Asamblea Nacional Constituyente de las mismas Provincias, que había sido convocada, decretó exaltando la superación del régimen colonial y reinal español, que existiendo un “sistema de igualdad legal entre los funcionarios y ciudadanos”, se decreta:

“1.- Quedan abolidos todos los tratamientos de Majestad, Alteza, Excelencia, Señoría y demás que se ha usado hasta hoy.

2.- Las autoridades, corporaciones y empleados públicos no se denominarán con otro título que el que disponga la ley al destino o empleo que ejerzan.

3.- Queda abolida la distinción del Don”

De esta forma, desde 1823 no se deben emplear esos adjetivos para referirse a las personas. El de Señor y de Don por las razones aquí expuestas, en tanto significaban un estado de sumisión de personas, con los señores y los nobles, que los colocaba en condición de vasallos, siervos o esclavos.

En su lugar debe decirse CIUDADANO, que responde a la persona del sistema republicano, con derechos, libertades, que el Estado mismo debe garantizárselas.

Así, el magistrado no estaba obligado a decirle presidente Rodrigo Chaves, que no es costumbre hacerlo en Costa Rica a quienes han ejercido ese alto cargo público.

Cuando lo llamó “señor” solo el magistrado sabe si lo hizo por respeto a la edad de Rodrigo Chaves, ya adulto mayor, como lo señaló rápidamente cuando le respondió al soberano diputado, o quiso significar, más finamente, que el señor Chaves se siente en Costa Rica, como ese poderoso personaje medieval, y del período colonial, dueño pleno de todo el país, como si fuera su Señorío, con su población, que no quiere que las leyes le establezcan límites ni controles, al estilo de los gobernantes absolutistas, de esa época, o a los gobernantes autoritarios, tiránicos, dictatoriales y despóticos de estos tiempos, que considera, por la forma como se dirige a los ciudadanos, como si fueran sus vasallos, siervos y esclavos, como los que trasportan frecuentemente a actos públicos, que los ponen a actuar como los capataces que los conducen y dirigen les mandan.

El ciudadano Jorge Araya García puso los pies en el suelo, con elegancia, resultado de la educación que recibió desde niño y practicó en su familia, como también lo dijo.

Cuando di clases, por más de 40 años, en mi primera lección les enseñaba a mis estudiantes estos conceptos, pidiéndoles que no me dijeran Don ni Señor, que Ciudadano era la mejor forma de llamarme. Si eso les costaba, que me llamaran Profesor, que es quien ejerce la enseñanza pública o privada de una materia, en mi caso Historia de Costa Rica, siendo apenas un guía en el aprendizaje de los estudiantes. Del mismo modo, Profesor porque es el que profesa una profesión, en mi caso la de Historiador, actividad que se desempeña trabajando, enseñando.

El Ciudadano Soberano Diputado puede llamar presidente al ciudadano Rodrigo Chaves, lo que tiene que hacer igual con todas las personas que han ejercido la Presidencia en Costa Rica.

También lo puede llamar ministro por el cargo que desempeña actualmente.

Y a todas las personas que han ejercido cargos como presidente, vicepresidente, embajador, ministro, viceministro, magistrado, diputado, alcalde o vicealcalde, como se acostumbra en otros países.

Pero siempre podrá decirles a todos ellos, y todas las personas, el glorioso adjetivo de Ciudadano, que los iguala en todo sentido.

Sobre las luchas y movilizaciones ciudadanas

Escrito en 13/10/2026. Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En la historia social de Costa Rica es usual conocer las luchas sindicales como parte esencial de ella. Hay luchas y huelgas de trabajadores desde el siglo XIX en Costa Rica. Hay organización social de trabajadores desde el siglo XIX. Hay sindicatos tal y como ahora los conocemos como forma superior de esa lucha de los trabajadores desde 1901. Hay federaciones de trabajadores, que son uniones de sindicatos en una sola organización, desde 1905 y confederaciones de Trabajadores, uniones más amplias, en Costa Rica, desde 1913.

Desde finales del siglo XIX cuando surgieron los partidos políticos hubo partidos políticos que representaban a los trabajadores, se autoproclamaban sus representantes, los de “los chaquetas, descamisados y descalzos”, entre ellos. Hubo diputados electos de estos grupos de trabajadores, que eran principalmente obreros, artesanos y trabajadores en general.

Hubo huelgas a principios del siglo XX que fueron determinantes para los derechos laborales, sociales y de todos los trabajadores, como lo fueron las huelgas que giraron entre 1917 y 1920 alrededor de la lucha por obtener la jornada de 8 horas de trabajo diario, lo que se logró en diciembre de 1920 y hasta hoy, que se quiere alterar por una jornada de 12 horas diarias mediante la ley conocida como la 4-3, porque con esa ley se quiere establecer la jornada semanal de 48 horas comprimida a 4 días por semana, sin pago de horas extras, como dispone la Constitución Política, que se deben pagar. Cínicamente ha dicho el diputado jefe de los diputados del actual gobierno, que esa jornada solo “beneficiará”, o se impondrá a un 1% de los trabajadores, tratando de engañar de que no es una reforma que afecta a todos los trabajadores, que obligatoriamente irán siendo sometidos a esa jornada.

Las huelgas han logrado establecer una serie de derechos y de reconocimientos de beneficios sociales y económicos para los trabajadores. Esos derechos y beneficios así establecidos son resultado de pactos finales de esas huelgas entre los trabajadores y sus sindicatos y los patronos o el Estado cuando los han aceptado e instituido en la práctica laboral. Así, la organización sindical y sus huelgas han sido un instrumento muy importante para impulsar la legislación social del país.

También ha habido luchas ciudadanas muy importantes, como fue la lucha del pueblo costarricense, incluso con episodios de resistencia armada contra la dictadura de Federico Tinoco Granados, 1917-1919. Ha habido períodos de auge huelguístico, como fueron 1907-1909, 1917-1921, 1929-1934.

Desde el siglo XIX ha habido tiempos de intensa lucha social entre sectores políticos del país, que culminaron con nuevas constituciones políticas, suspensiones de la Constitución, con breves gobiernos, invasiones y conflictos armados.

El país en todo ese proceso histórico vivió momentos especiales de grandes acuerdos políticos. Desde 1821 conocemos lo que se llamó El Pacto de Concordia o Pacto Fundamental Interino de Costa Rica, que produjo la primera constitución costarricense. Las Constituciones de 1871 y la de 1949 lograron imponerse como grandes acuerdos políticos por grandes períodos de tiempo. La de 1871 interrumpida entre 1917 y 1919, pero luego volvió a restablecerse. Eso logró estabilidad política importante en el país.

La década de 1940-1949 fue intensa y convulsa en el contexto de la II Guerra Mundial, pero permitió lograr acuerdos como el de 1943, que dio por resultado el Capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución Política, en la Constitución vigente de 1871, que luego se incorporó ligeramente ampliado en la Constitución de 1949, y la aprobación del Código de Trabajo, de 1943, que sigue vigente con las reformas que se han hecho. Estas reformas sociales fueron pactadas por el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia, por la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y por el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde.

Las contradicciones políticas y sociales de esta década condujeron a los sucesos armados de marzo y abril de 1948, guerra civil que se finalizó con el llamado Pacto de Ochomogo, y el Pacto de la Embajada de México, donde se conoció lo pactado en Ochomogo, por el líder político militar antigobiernista, de la guerra civil, José Figueres Ferrer y Manuel Mora Valverde, como jefe político militar, en ese momento defendiendo al gobierno de Teodoro Picado, y las reformas sociales que veía amenazadas. Un acuerdo político, que junto con el de 1943, se convirtieron en las bases de la llamada Segunda República, que así fue fundada el 8 de mayo de 1948, que sigue vigente hasta hoy.

La Segunda República en todos sus fundamentos y logros institucionales está amenazada de muerte por el presidente Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026 y su prolongación como ministro de la Presidencia, desde el mismo Despacho presidencial del gobierno de su continuidad, de Laura Fernández Delgado, 2026-2030.

En el período anterior hubo grandes momentos de movilización ciudadana. Algunos de ellos fueron: en 1969 y 1970 las luchas contra el Contrato Ley con la Aluminum Company of America, contra la ALCOA, a principios de este siglo, bajo el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, se dio la gran lucha contra el llamado Combo del ICE, cuando la población del país se movilizó para evitar la privatización de la generación y servicios de electricidad, en el 2007 las grandes movilizaciones populares contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Junto a estos movimientos ha habido otros, y muchos, de trabajadores de la educación, de trabajadores y estudiantes universitarios y de otros sectores sociales de la población.

Recientemente, tuvimos dos grandes movimientos y movilizaciones ciudadanas de nuevo tipo, en defensa de la institucionalidad política, en defensa del Poder Judicial, de los ataques despiadados que mantiene el cogobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández contra el Poder Judicial y su integración de magistrados propietarios y suplentes y las movilizaciones, a propósito de la celebración de la fecha del 15 de setiembre, cuando el 14, en distintas comunidades del país se volvió a salir en los pueblos en defensa de la libertad, la independencia y la soberanía nacional.

Estas últimas movilizaciones populares y comunales se han realizado bajo la forma de Plantones por la democracia, respondiendo al peligro que representa el cogobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, contra toda la institucionalidad, contra los derechos y libertades ciudadanas y contra el peligro del establecimiento de un régimen dictatorial, tiránico, despótico y de autoritarismo absoluto, como se percibe el avance del gobierno y sus políticas públicas en ese sentido.

La experiencia de los Plantones por la Democracia ha sido buena, sana políticamente para la ciudadanía movilizada, buena para generar y fortalecer una conciencia en defensa de la democracia costarricense. Esta lucha debe mantenerse. Tenemos a la vista fechas importantes que recordar y atender con estas movilizaciones. Algunas de ellas que dejo planteadas son:

Todo el mes de octubre y noviembre se discute en la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional del 2027.

En este Presupuesto se ha hecho un recorte criminal de fondos públicos al Poder Judicial, a las instituciones que atienden asuntos sociales de la población, al sistema educativo nacional con las eliminaciones de las becas, comedores escolares, subsidios para el transporte estudiantil.

Se ha recortado el presupuesto universitario público, con el claro pensamiento de los presidentes Chaves y Fernández, de reducir áreas de estudio de las universidades públicas, como son los Estudios Generales y Humanísticos.

Se mantiene el congelamiento de 5 años de salario y se proyecta ese congelamiento por los próximos 5 años. Se mantiene el congelamiento de las pensiones con la clara intención de rebajarlas con un impuesto del 5%. Se habla de alargar la edad de pensión de las mujeres y de los hombres. Se han eliminado los subsidios de las pensiones menores de 85.000 colones. No se le quiere devolver el ROP a los pensionados, porque en la práctica ese fondo de los trabajadores lo han saqueado o desviado a otros menesteres privados, cuando les pertenecen a los trabajadores.

Se aumenta el desempleo público por restructuraciones institucionales que se enmarcan en las políticas de despidos forzados y de eliminación poco a poco de esas instituciones, para pasar al sector privado, a un mayor costo para la población la atención de esos servicios.

Se están eliminando servicios públicos como el de la Cruz Roja, institución benemérita nacional, lo que provocará menor atención de ciertas zonas, lugares y poblados, para estimular los servicios privados de esta atención.

El Presupuesto Nacional que se quiere aprobar contiene los recortes de estos señalamientos aquí hechos.

Octubre y noviembre deben convertirse en los meses de grandes movilizaciones de todos estos sectores educativos, de la salud, judicial, de los trabajadores y pensionados, de las familias completas, pidiéndole a los diputados que no produzcan esos recortes presupuestarios, porque sus efectos directos son mayor empobrecimiento de la población, y menor atención de los servicios públicos con un impacto directo a la salud de los costarricenses.

Por lo menos cada semana deberían realizarse movilizaciones de ciudadanos, por sus sectores organizados, a la Asamblea Legislativa, a pedir y a presionar en ese sentido a los diputados.

A la par de estas movilizaciones debería prepararse para el 1 de diciembre una doble movilización.

En un primer sentido para recordar la Primera Constitución de Costa Rica, firmada el 1 de diciembre de 1821, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia. Recordar con esta fecha el desarrollo constitucional del país, recordar que la historia patria se ha construido con pactos sociales políticos, no con dictaduras ni tiranías. Exaltar la Constitución actual para defender con ella el Estado de Derecho, es decir la independencia absoluta de los Poderes Públicos, y al Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos sociales.

En un segundo sentido para recordar la fecha de la abolición del ejército de Costa Rica, el 1 de diciembre de 1948, y combatir en este sentido la tendencia militarista de los gobiernos Chaves-Fernández que de manera disfrazada avanzan para modificar la estructura policial que tenemos por la de un ejército. En esta dirección caminan cambiando los rangos policiales de la Fuerza Pública por rangos militares de ejércitos, y por insinuar, y casi presagiar Laura Fernández, el establecimiento de una base militar estadounidense, que estaría enmarcada en el Escudo de las Américas que impulsa el presidente Trump, que ya cuenta con el aval de la presidenta Laura Fernández. Una base militar requeriría obligadamente una aprobación legislativa y de la Sala Constitucional.

Hay que luchar desde ahora para que esto no suceda. El 1 de diciembre debe ser el primer campanazo de esta lucha popular, nacional, democrática y profundamente costarricense.

Las movilizaciones ciudadanas están protegidas por la Constitución Política como derechos de los costarricenses.

Costa Rica en el contexto de las relaciones internacionales debe tener dignidad, no debe bajar la testuz gubernativa

Escrito en 25/09/2026. Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Las relaciones diplomáticas que Costa Rica inició a mediados del siglo XIX fueron importantes en dos direcciones. Durante la colonia española era España la que asumía la representación de todas las tierras y virreinatos que tenía. Durante la República Federal era la República Federal la que tenía la representación formal de todas las repúblicas centroamericanas.

En una enciclopedia publicada a mediados del siglo XIX Costa Rica no aparece como país o Estado independiente, que ya lo era de España, sino que aparece dentro de la descripción y relato que se hace de la República Federal Centroamericana, en la que se menciona brevemente como un Estado de la Federación. Como ha de ocurrir con los estados que conforman la Unión Americana, a los estados de la República Mexicana, a los estados de la República Bolivariana de Venezuela, a los estados de Brasil o cualquier otro país que tenga un sistema de República Federal, donde los órganos federales son los que mantienen esa representación diplomática de toda la región.

A mediados del siglo XIX empezaron a reconocernos como país independiente y soberano, tomando sus propias decisiones, después de declarada la Independencia con España y luego de disuelta la República Federal de Centroamérica, concepto con el que todavía se veía a toda la región de Centroamérica, y a Costa Rica, hasta que en 1848 se declaró la República de Costa Rica. A partir de los gobiernos de Juan Rafael Mora Porras fue más intenso ese reconocimiento internacional y poco a poco fuimos ampliando nuestros horizontes diplomáticos, hoy mezclados con énfasis en la perspectiva de nuestras relaciones comerciales de exportaciones e importaciones.

Al mismo tiempo que nos reconocían también nosotros reconocíamos a otros países, con sus Estados y gobiernos, de igual a igual, sin importar idiomas, tamaños o sistemas políticos. Era una manera de “nacer” al mundo, a las relaciones internacionales en un plano de igualdad y de respeto al ordenamiento interior de quienes querían relacionarse con nosotros, que de igual, mantenían ese respeto hacia nosotros.

Se puede entender que de igual manera, desde aquellos tiempos, las potencias políticas, económicas y militares se volcaban en esas relaciones enfatizando en sus respectivos intereses sobre los países con los cuales querían establecer esas relaciones. Así, por ejemplo, Francia e Inglaterra pusieron énfasis en el proceso de independencia latinoamericano, facilitando dinero a la causa de la Independencia, si eso contribuía a debilitar el sistema colonial español. Así, operaban esos países en otros continentes.

Cuba y Puerto Rico fueron las últimas colonias españolas que a finales del siglo XIX se debatían en esa guerra anticolonial, independentista. La guerra hispano americana, de 1898-1903, fue el marco de ese proceso en el continente. Resultado de ella Estados Unidos contribuyó a “inventar”, o crear un país, o una región que se había independizado de España en 1821, que se había agregado a la Gran Colombia, que había tenido en el siglo XIX una intensa historia de anexión y separación con Colombia, donde se habían afincado los intereses franceses y estadounidenses alrededor de la construcción del canal interoceánico, para separar a Panamá en 1903 como nación sometida a Estados Unidos y partida en dos con la construcción del Canal que se terminó en 1913. En ese mismo período Estados Unidos también se metió en la región de Maracaibo, en Venezuela.

En Cuba pasaba algo similar. La lucha por la Independencia era intensa. Martí y los próceres cubanos recibían apoyo en todo el continente, incluso en Costa Rica. Bajo el gobierno de Rafael Yglesias Castro, 1894-1902, Martí visitó dos veces Costa Rica. Recibió el apoyo correspondiente y se llevó a Maceo que estaba en Costa Rica. Poquito tiempo después de su segundo viaje a Costa Rica, Martí cayó en combate. Estados Unidos logró imponerse en el proceso de la lucha independentista, con la Enmienda Platt, una reforma constitucional que impuso, que estableció la llamada República Platista, por un breve período, con la que se robaron el territorio de Guantánamo, donde desde aquella época establecieron un enclave militar, que es hoy el centro de torturas más especializado del mundo, con los detenidos que allí llevan de distintas guerras que sostiene Estados Unidos.

Estados Unidos con sus políticas injerencistas e imperialistas impuso en la región centroamericana, gobiernos, controló asambleas legislativas y poderes judiciales. Les dio apellido a las repúblicas centroamericanas, banana republics, por el peso que la United Fruit Company tenía en los países centroamericanos. En los poderes ejecutivos mantuvo militares gobernando, dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios. Costa Rica fue la excepción donde no pudieron actuar como lo hacían en el resto de Centroamérica o el Caribe.

El siglo XX en su desenvolvimiento político, en América Latina, tuvo sus altibajos desde el punto de vista gubernativo. En correspondencia con la situación internacional, especialmente a partir de la I Guerra Mundial, y el surgimiento de la Revolución Rusa en 1917 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, con el surgimiento y desarrollo de movimientos socialistas y comunistas, el “ogro del comunismo” apareció sostenido por las políticas y organizaciones anticomunistas que se crearon a niveles nacionales de los países y a nivel internacional y latinoamericano. Se suspendió el anticomunismo cuando la URSS se convirtió en el principal baluarte de lucha contra el fascismo, que había iniciado la II Guerra Mundial en 1939, el que fue derrotado en 1945. Estados Unidos entró a esa guerra en 1942. Resultado del triunfo antifascista fue el surgimiento de una Europa con más países en tránsito hacia el socialismo, que impuso al término de la guerra la ruptura de los aliados antifascistas para dar inicio a un nuevo período de lucha internacional anticomunista, que se mantuvo bajo el alero de la llamada Guerra Fría, desde 1945 hasta 1991. En todos esos años más países abrazaron la causa de la construcción socialista, no capitalista, destacando en ese proceso países asiáticos como las actuales Repúblicas Populares de China, de Vietnam y de Corea del Norte, que se mantienen como baluartes de ese proceso histórico.

La URSS y las llamadas repúblicas socialistas europeas, agrupadas a su alrededor, colapsaron entre 1985 y 1991, desintegrándose el llamado Mundo Socialista.

Estados Unidos emergió como la superpotencia de estos últimos 35 años, hasta que la República Popular China, sin abandonar sus principios socialistas comunistas avanza poderosamente para convertirse en la principal potencia económica hacia la década del 2030.

De nuevo se ha atizado el anticomunismo mundial. Las guerras imperialistas se han intensificado. Estados Unidos sigue siendo el adalid de estos conflictos, con una presencia militar en el mundo de casi 1000 bases distribuidas en los distintos continentes. Hoy incluso amenazando con invadir regiones, amplios territorios y hasta países constituidos, con el propósito de controlar las materias primas estratégicas, especialmente petróleo, gas y las llamadas tierras raras, ricas en componentes mineralógicos para las nuevas industrias y altas tecnología, incluidas las militares.

Geopolíticamente impone controles. Estados Unidos se ha levantado como un demiurgo moderno, como una divinidad política, en ánimo de ordenar el comportamiento político de los países y de construir un universo propio y dominado, de conformidad a las políticas, directrices y lineamientos que dicte Washington, y su presidente Donald Trump. Los conceptos de la Gran América, del Escudo paramilitar y geopolítico que ha montado sobre Centroamérica y el Caribe, tiene su punta extrema en el Protectorado político económico que ha impuesto en Venezuela.

Los cambios operados en la dinámica política continental latinoamericana han contribuido en esta dirección. Gobiernos proclives al autoritarismo político, al anticomunismo como discurso, enmarañados en las políticas económicas neoliberales han florecido.

Movimientos políticos socialdemócratas, socialcristianos, socialistas de distinto tipo, populistas de izquierda no han satisfecho plenamente las necesidades sociales, económicas y políticas de los pueblos, lo que ha provocado que los péndulos políticos se hayan movido hacia los líderes carismáticos, autoritarios, personalistas, que no tienen partidos políticos propios, ni los encarnan como grandes líderes sin valores doctrinarios o políticos claramente definidos, que rechazan todo lo que signifique el ejercicio político anterior a ellos, y que su único valor ideológico es presentarse como nuevos mesías políticos, sometidos a los dictámenes de las políticas que impulsa Washington en el continente, con capacidad autoritaria de dominar, reprimir y explotar en todo sentido a los pueblos y trabajadores, como se está haciendo.

En toda esta dinámica, Cuba floreció heroica, en la segunda mitad del siglo XX, levantándose contra la dictadura de Batista, impulsando un modelo político revolucionario de tipo socialista, lo que provocó la ira y la preocupación de Washington por el ejemplo que de ella emanaba. Por poco más de 65 años Estados Unidos ha mantenido un bloqueo económico criminal contra Cuba. Impuso durante casi 50 años una ruptura diplomática, de aislamiento político, de los países latinoamericanos, que poco a poco lo fueron de nuevo superando. Parte de ese aislamiento fue la expulsión que se hizo de Cuba de la OEA hasta que de nuevo en este siglo la OEA la invitó a reintegrarse, lo que Cuba no ha admitido. En todo ese proceso solo México, como país realmente independiente y soberano, mantuvo las relaciones diplomáticas con la Cuba Revolucionaria y Socialista. No aceptó la ruptura de relaciones que impuso la OEA. Las razones de la época era el sistema político de Cuba, el socialismo que iniciaba. Las razones posteriores el carácter de su gobierno socialista, que tiene un régimen electoral distinto al de los países latinoamericanos, que ha permitido acusarla de régimen dictatorial no democrático.

Lo más paradójico de esto es que quienes acusaban eran dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios, represores y conculcadores de libertades y derechos ciudadanos.

Con todas las dictaduras, tiranías, satrapías, gobiernos autoritarios y violadores de los derechos humanos del continente, y de otros continentes, Costa Rica ha mantenido relaciones diplomáticas.

Mantiene relaciones diplomáticas con gobiernos de países hoy considerados genocidas, violadores de derechos humanos, como Israel.

De la manera más servil, más vulgar, de falta de dignidad, el gobierno de Laura Fernández Delgado ha decidido romper relaciones diplomáticas con Cuba, considerando que es una dictadura, sin estimar que la situación brutal que tiene el pueblo cubano es resultado del bloqueo político, comercial y económico que Estados Unidos ha impuesto y mantiene sobre Cuba. Sin estimar también que en Cuba hay ahora un proceso electoral que establece que el presidente no puede ejercer más de dos gobiernos seguidos, y que esa política se estableció bajo la presidencia de Raúl Castro Ruz, que él mismo la cumplió, mientras aquí en Costa Rica hay diputados de gobierno, y la misma presidenta que están tratando de modificar la Constitución Política para que el presidente Rodrigo Chaves pueda volver a gobernar y para que el presidente pueda reelegirse.

Lo más gracioso de esta pose servil es que el gobierno de Chaves, como el de Laura, se han sometido a romper comercialmente con la República Popular China, cuando Estados Unidos negocia constantemente con la China comunista sus reglas de comercio y hasta de materias primas.

Cuando Estados Unidos impuso romper relaciones diplomáticas con Cuba, Costa Rica se mantuvo como el más servil de los países de América en ese sentido. Fue el penúltimo en volverlas a establecer frágilmente, en el 2008, unos meses después lo hizo Estados Unidos. Desastroso hubiera sido que Costa Rica estableciera relaciones con Cuba después de Estados Unidos.

El gobierno de Costa Rica ha dispuesto acatar el mandato de Washington sin que Estados Unidos rompa las relaciones diplomáticas que estableció el presidente Barack Obama, que en esa condición fue a abrir la Embajada de Estados Unidos a Cuba. Eso es servilismo político puro. Es bajar la testuz y dejar al país sin dignidad, sin la frente en alto, es aceptar que le pongan yugo, como Trump hace con sus bueyes políticos en el continente.

Así es como nos están reconociendo en el contexto de las relaciones internacionales y diplomáticas de Costa Rica, con una presidenta enyugada, yugo que alcanza para la pareja copresidencial.

Hay que reconocer que el presidente Trump hace un buen boyeo. Tiene arte, técnica y capacidad para guiar, amansar y trabajar con bueyes políticos. ¿Estará Trump montado en la carreta típica costarricense?

¿Cuánto puede pesar ese sometimiento político, de la presidenta, para que no afecte a la candidata costarricense a dirigir la ONU, que se requiere alta diplomacia, relaciones con todos los miembros de la ONU, y garantías políticas de actuación plenamente independiente, cuando en el caso de esta costarricense, que mérito tiene para ese alto cargo, es judía, en medio del conflicto internacional donde está altamente involucrado Israel?

¿Aceptará la enyugada presidenta retirar a Costa Rica de la Corte Penal Internacional, como la ha pedido en la ONU el presidente Trump?

Hay presidentes que les gusta salirse, cuando no los controlan, de organismos o instancias judiciales.

Conferencias de la Semana Morista 2026

Escrito en 23/09/2026. Publicado en Cultura.

La Academia Morista Costarricense y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi, se complacen en invitarle a las conferencias de la Semana Morita 2026

Lunes 28 de setiembre, 4:00 p.m.
Conferencia Los héroes desconocidos de la Campaña Nacional 1856-1857
por Vladimir de la Cruz

Martes 29 de setiembre, 4:00 p.m.
Conferencia Faustino Montes de Oca
por Ana María Botey Sobrado

Miércoles 30 de setiembre, 4:00 p.m.
Conferencia Francisco María Oreamuno
por Tomás Federico Arias Castro

Jueves 1 de octubre, 4:00 p.m.
Conferencia Valedor Martínez
por Ligia Rosales

Viernes 2 de octubre, 4:00 p.m.
Conferencia Los generales centroamericanos
por Carlos Pérez

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Libro reúne las actas de la Junta Fundadora de la Segunda República, con estudio introductorio de Vladimir de la Cruz

Escrito en 22/09/2026. Publicado en Formación, Portada.

El historiador Vladimir de la Cruz presenta el libro Junta Fundadora de la Segunda República. Actas 1948-1949, publicado por la editorial ISOLMA. La obra pone al alcance de las personas lectoras las actas de la Junta que gobernó el país entre 1948 y 1949, acompañadas de un amplio estudio introductorio y de documentos históricos del período.

Según la presentación de la obra, estas actas constituyen una fuente documental esencial para comprender cómo se tomaron las decisiones que redefinieron el Estado costarricense en esos años. A través de ellas es posible conocer, desde sus protagonistas, los debates, tensiones, acuerdos y visiones que marcaron el inicio de una nueva etapa nacional. Fue un período atravesado por crisis políticas, reformas sociales, confrontaciones ideológicas, elecciones controvertidas, pactos decisivos y una guerra civil, del cual surgió un proyecto de país cuyos efectos siguen presentes en la vida política e institucional costarricense.

La introducción de Vladimir de la Cruz examina el contexto político que condujo al conflicto de 1948, el liderazgo de José Figueres Ferrer y la participación de figuras como Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde, monseñor Víctor Manuel Sanabria, Teodoro Picado y Otilio Ulate. De acuerdo con la contraportada, más que una recopilación documental, el libro invita a reflexionar sobre el poder, la democracia, la legitimidad política y la construcción del Estado.

Una obra para el debate actual

La publicación adquiere especial importancia histórica y política en el presente, cuando desde el oficialismo se habla de una «Tercera República» sin dar cuenta del entramado sociohistórico que ese concepto implica. Conocer las actas oficiales de la conformación de la Segunda República, junto con la ubicación histórica que realiza el autor como historiador y analista, resulta fundamental para formar criterio sobre ese debate.

Contenido del libro

La obra abre con el prólogo «¿Cómo nace la Segunda República?», de Vladimir de la Cruz. La primera parte inicia con un extenso ensayo del mismo autor, «José Figueres Ferrer. El hombre, el político, el estadista», seguido de una selección de documentos que permiten seguir el proceso histórico paso a paso:

Textos de José Figueres Ferrer desde 1942, entre ellos «¡Lo que el Gobierno debe hacer es irse!» (8 de julio de 1942), «Palabras gastadas», «Las virtudes nacionales» y «En febrero de 1944 murió la Primera República» (17 de marzo de 1945).
El Pacto del Caribe (16 de diciembre de 1947) y las dos proclamas de Santa María de Dota (23 de marzo y 1 de abril de 1948).
Los documentos de abril de 1948 sobre la sucesión presidencial, incluidos varios textos de Teodoro Picado hasta el decreto ejecutivo que llamó al tercer designado a ejercer la Presidencia (20 de abril de 1948).
Textos de Benjamín Núñez y Carlos Monge Alfaro, el Pacto Ulate-Figueres (1 de mayo de 1948) y la declaración de José Figueres Ferrer del 8 de mayo de 1948, con la que se constituyó el Consejo de Gobierno Provisorio bajo el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República.
Tres textos posteriores: «Presencia de José Figueres» (setiembre de 1986), de Alfonso Chase; «Los últimos 70 años» (24 de enero de 2026), de Jaime Ordóñez; y «El ‘Corrido de Pepe Figueres'», de Carmen Granados.

La segunda parte, «Junta Fundadora de la Segunda República. Actas 1948-1949», reúne la totalidad de las actas de las sesiones de la Junta. Entre ellas se intercalan decretos ley emitidos en ese período, como los n.° 16, 37 y 42. De esta forma, el libro combina la fuente documental completa con análisis históricos y políticos que permiten situarla en su contexto.

Dónde adquirirlo

El libro puede adquirirse en la Librería UCR, en San Pedro de Montes de Oca, a un precio de ₡15.000.

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Vladimir de la Cruz

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