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Los faroles y antorchas de la Independencia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Desde 1964 se celebra en Centroamérica, de manera conjunta la fecha del 15 de setiembre, como la fecha de la Independencia de Centroamérica, recordando el Acta de Independencia declarada esa fecha, en 1821, en Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala, también, antiguo Reino de Guatemala.

La celebración conjunta en Centroamérica, de la fecha del 15 de setiembre de 1821, se determinó por declaración así establecida por la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual formábamos parte, indicando que “ la memoria del glorioso 15 de setiembre de 1821, en la que el pueblo de esta capital (Guatemala), proclamó su Independencia del gobierno español, se celebre con todas las demostraciones…, ha tenido a bien decretar y se decreta:…1.- El día 15 del próximo mes de setiembre será feriado en esta capital (Guatemala)…2…, 3…, 4…, 5…, 6…, 7, … 8…, 9…, 10…, 11.- El Supremo Poder Ejecutivo, al circular este (decreto) dispondrá que en todos los pueblos de las Provincias Unidas, se celebre la Memoria del día en que cada uno proclamó su Independencia del Gobierno español…” Así se dispuso y comunicó el 26 de agosto de 1823.

Así, la Independencia de Guatemala se constituyó en el detonante para que las Provincias Unidas de Centroamérica, cada una por su parte, tomara la decisión de su Independencia, en tanto iban recibiendo la noticia de lo dispuesto en Guatemala, que dejaba en libertad a cada provincia para que decidiera lo propio. De esa manera, El Salvador declaró su Independencia el 21 de setiembre, Honduras y Nicaragua lo hicieron el 28 de setiembre. Nicaragua en esa fecha hizo su declaración indicando que la decisión de la Independencia quedaba sujeta “hasta que se aclararan los nublados del día”. Esta situación la corrigieron el 11 de octubre cuando declaró su Independencia. A Costa Rica la noticia de lo dispuesto en Guatemala llegó acompañada de lo decidido en Nicaragua, el 12 de octubre de 1821.

El último gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas, no pudo ocultar la noticia, que se traía de pueblo en pueblo por toda Centroamérica, provocando distintas reacciones.

En Costa Rica la noticia de la Independencia pasó primero por San José donde fue acogida. Siendo Cartago la capital de la Provincia de Costa Rica, la discusión de lo dispuesto en Guatemala y Nicaragua se mantuvo por varios días, en los pueblos del Valle Central, para lo que se solicitó se enviaran delegados a Cartago para tomar la decisión sobre la independencia declarada en las otras provincias.

En Cartago estaban reunidos los delegados de los pueblos desde la noche del 28 de octubre, y en la mañanita del 29 de octubre, se aprobó declarar la Independencia de Costa Rica, constituyéndose esta fecha como la Fecha de la Declaración de la Independencia de Costa Rica.

Así, por la misma declaración de la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, la fecha del 15 de setiembre se debe celebrar en memoria de lo sucedido en Guatemala, y la del 29 de octubre por ser la fecha en que Costa Rica, de manera definitiva tomó la decisión de independizarse. Debe ser la fecha del 29 de octubre y no cualquier otra porque Cartago era la capital de la Provincia de Costa Rica. El Acta de Independencia de Costa Ria se juró el 10 de noviembre de 1821, reafirmándose de esa forma lo dispuesto en Cartago el 29 de octubre.

De igual manera se podría considerar que las fechas de independencia de los pueblos de la provincia de Chiapas, como lo fueron Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, que proclamaron primero su Independencia, antes que Guatemala, a la que pertenecían, deban tenerse como las fechas de Independencia, de Guatemala y del resto de Centroamérica. Influyeron esas declaraciones en Guatemala para la decisión que se tomó el 15 de setiembre.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir del 15 de setiembre de 1821 fue la noticia de la Independencia de Guatemala.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir de esa fecha fue la invitación para que cada Provincia, entre ellas Costa Rica, tomara su propia decisión.

El recorrido de la noticia se hizo de día, no de noche. A caballo o a pie se trajo la noticia. De noche no se podía porque no había buenos caminos para transitar. No había telégrafos ni teléfonos. Había peligros reales de animales salvajes, felinos especialmente, para los viajeros que pudieran movilizarse nocturnamente. Había que hacer paradas obligadas. Por eso la noticia duró muchos días, casi un mes, en llegar a Costa Rica. Quienes traían la noticia, uno o varios viajeros, se desplazaban de día, sin antorchas ni teas.

A principios de la década de 1960, en el contexto de la Integración Centroamericana que se impulsaba y de la reunión de presidentes de Centroamérica con el presidente Kennedy, del 18 al 20 de marzo de 1963, el Profesor, y Director de la Dirección General de Deportes, Alfredo Cruz Bolaños, impulsó la idea, acogida en esa reunión de Presidentes centroamericanos, que se materializó por primera vez en 1964, de festejar la Independencia del 15 de setiembre de Guatemala y el recorrido de su noticia por toda la región, con un recorrido oficial que se iniciaría en Guatemala hasta llegar a Costa Rica, recorrido que se haría portando una Antorcha, en manos de estudiantes de toda la región.

Es claro que la celebración de este recorrido no se hace por las noches. Se hace durante todo el día, pueblo a pueblo, por la ruta que se disponga.

La Antorcha se propuso como símbolo de la luz frente a la oscuridad de la dominación española, como símbolo de la luz contra la opresión colonial, como símbolo de la libertad, del pueblo y del país, como símbolo de la soberanía popular, del pueblo en capacidad de tomar sus propias decisiones y la independencia nacional frente al sometimiento político e institucional del orden colonial español, o de cualquier otro orden imperial que nos amenace.

El 14 de setiembre de cada año, desde 1964, el pueblo costarricense, y el estudiantado nacional, se moviliza para recordar, exaltar y festejar la noticia de la Independencia que nos llegó, en el desfile así organizado, para consolidar la Independencia de Costa Rica, y la de Centroamérica. Eso celebraremos el próximo 14 de setiembre en Costa Rica.

Para esta fecha, para este próximo 14 de setiembre, se está invitando a participar a todo el pueblo, en todas las comunidades del país, por donde pase la Antorcha traída de Guatemala, y en los pueblos por donde no pase, para que la gente se reúna con antorchas para celebrar la Independencia Nacional, pero especialmente para fortalecer la Independencia, la Soberanía y la Libertad del pueblo de Costa Rica.

Se está llamando a defender las libertades y derechos sagrados que la Independencia nos dio y que, en el desarrollo institucional del país, desde aquella gloriosa fecha hasta hoy, se han logrado como grandes conquistas populares y ciudadanas, establecidas en la Constitución Política, hoy diariamente amenazadas por las acciones autoritarias que se impulsan por el Gobierno de la República.

Se está llamando a defender la institucionalidad democrática nacional, el Estado de Derecho, que implica defender la independencia de los Poderes Públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Electoral.

Se llama a luchar para que el Poder Ejecutivo no controle dictatorial, tiránica, ni autoritariamente todos los Poderes de Estado, para que no se entronice una Dictadura, una Tiranía, un Gobierno Absoluto en el país, ni se establezcan las bases de una Costa Rica dependiente, como una nueva colonia de una potencia extranjera, ni como una República alquilada a esos intereses, ni como un Protectorado político y militar como pareciera se está gestionando por el Gobierno de Laura Fernández.

El 14 y el 15 de setiembre hay que afirmar la verdadera Independencia Nacional.

Los faroles y antorchas de la Independencia, de esta fecha, son para afirmar, consolidar y defender el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho que malos costarricenses, y en cierta forma traidores a la Patria, están despedazando.

De la protesta del Plantón a la del Farolazo el 14 de setiembre

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En Costa Rica conocemos históricamente muchas formas de luchas sociales y protestas ciudadanas. Resistencias y rebeliones indígenas, cuando las hubo en la colonia, las protestas anticoloniales, que contribuyeron al proceso de la Independencia, las luchas de los pequeños propietarios campesinos en Guanacaste, en los primeros años de la vida independiente, cuando se empezaron a privatizar las tierras de pastoreo y se cercaron los accesos a los ríos y pozos de agua, que habían tenido un carácter comunal abierto en la colonia…

En la vida independiente, durante el desarrollo y surgimiento del Estado las diversas modalidades de luchas políticas y electorales que fueron surgiendo durante el siglo XIX, hasta que empezó a manifestarse el capitalismo agrario en el último tercio del siglo XIX y la modernización que empezó a tener el país con la construcción del ferrocarril al Atlántico, como se decía, con la traída de mano de obra extranjera afrodescendiente de Panamá y luego de Jamaica, para esos duros trabajos industriales que exigía el ferrocarril, el muelle y la ciudad de Limón, especialmente, junto a los chinos y los italianos, grupos sociales que en sus trabajos impulsaron y desarrollaron luchas más típicamente capitalistas, en defensa de sus salarios, de defensa de sus contratos de trabajo, que desarrollaron huelgas, paros y otras formas de protesta, más de carácter sindical, cuando los sindicatos estaban en gérmenes iniciándose con sus organizaciones antecesoras, las sociedades mutualistas, de mutuo auxilio y de socorros mutuos, junto con las sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros, hasta que con las transformaciones capitalistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX surgieron las Ligas de Obreros y los Sindicatos tal y como ahora los conocemos.

Con el ferrocarril luego se impulsó la producción bananera que prácticamente desde su origen tuvo en sus trabajos protestas laborales y huelgas, casi una docena de huelgas desde 1890 hasta 1934, siendo la más importante y bulliciosa la de 1934, dirigida por el Partido Comunista que se acababa de fundar en 1931.

En aquellos años, desde principios de siglo XX, las huelgas y las huelgas de, o en solidaridad, con otros huelguistas, habían aparecido, así como ciertas políticas sociales relacionadas con pensiones, y otras regulaciones en materia laboral para trabajadores organizados, como fueron entre ellos los maestros y educadores, y los trabajadores del campo que luchaban por la ley de accidentes de trabajo, que se logró en 1925. La jornada de trabajo de 8 horas ya se había logrado en diciembre de 1920, la que se llevó al Código de Trabajo de 1943 y a la Constitución Política de 1943 y luego a la vigente de 1949.

La prensa diaria y la prensa social, surgida en la última década del siglo XIX, que atendía la situación de los trabajadores, de los chaquetas, descamisados y descalzos, de los grupos urbanos marginados, recibiendo información de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas en Europa, y los Estados Unidos, que culminaron con las triunfantes huelgas de Chicago de 1886, 1890 y las siguientes para imponer a partir de este año esa lucha a escala internacional, fueron también, desde aquellos años, hasta la segunda década del siglo XX, que se acompañaron con otros procesos huelguísticos en el país de trabajadores migrantes, españoles especialmente, y con una migración europea intelectual de gran valía en el campo educativo, de las ciencias, las artes y la cultura en general, hicieron surgir también una conciencia política anti oligárquica, de carácter popular.

En el campo político con el surgimiento de los partidos políticos a partir de 1890 surgieron también las organizaciones políticas de los trabajadores, que incluso en la última década del siglo XIX pudieron nombrar o elegir sus propios diputados, como lo fue el Partido Independiente Demócrata, que forzó para que los partidos oligárquico liberales crearan a su amparo los clubes respectivos de trabajadores, artesanos y obreros, eligiendo ellos también un diputado representante de estos trabajadores, en esos años.

Ese final de siglo XIX se fortaleció en el campo de las ideas políticas, además del liberalismo, cuando por la prensa, especialmente, empezó a llegar la información de las ideas y de los movimientos anarquistas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianas de Europa. Estas últimas con el impacto que tuvo la Encíclica Rerum Novarum, que con el Obispo Bernardo Augusto Thiel, impulsó su Carta Pastoral No. 30 reproduciendo prácticamente su contenido, a los “desposeídos de bienes de fortuna”, donde defendió el derecho de organización sindical, el derecho a la huelga y el derecho a un justo salario, creando las condiciones para que la Iglesia impulsara y apoyara el Partido Unión Católica, e hiciera surgir a un grupo de cristianos muy importante socialmente que también se organizaron alrededor del periódico La Justicia social.

En otro ámbito del debate político la Iglesia desde sus publicaciones religiosas atacaba violentamente a los masones y la influencia que tenían en el desarrollo institucional y político del Estado y de la sociedad costarricense.

Las elecciones de 1910 tuvieron la organización de partidos regionales obreros en Limón, Grecia y San José, por las concentraciones de trabajadores agrícolas y urbanos, que surgían y se impulsaban con los cultivos de café y sus Beneficios, y con la caña de azúcar y sus Ingenios.

Desde 1900-1902 con el surgimiento de los sindicatos se pasó en 1905 a la constitución de la primera Federación de Trabajadores de San José, fortaleciendo más la organización y las luchas de los trabajadores. En 1909, con el surgimiento del Centro de Estudios Sociales Germinal, estas organizaciones y luchas se consolidaron. Hicieron surgir en 1913 la primera Confederación General de Trabajadores que dio origen, desde entonces, a la celebración del Primero de mayo en Costa Rica, como día internacional del Trabajador, y a poner en alto la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, la que se logró establecer en el país den 1920.

Entre 1909 y 1913, entre 1917 y 1921 y luego, entre 1927 y 1934 se produjeron grandes movimientos y “oleadas” huelguísticas en el país, que se acompañaron, en esos mismos años, con el surgimiento de esos grupos políticos de trabajadores, en el Centro Socialista de Costa Rica del Dr. Aniceto Montero, que fue el primer intento importante de desarrollar y organizar un Partido Comunista en el país, que organizó desfiles de duelo de trabajadores, por la muerte de Lenin, del partido Reformista, impulsado por el sacerdote Jorge Volio Jiménez, y luego por el surgimiento, en 1931 del Partido Comunista de Costa Rica.

Esos años, desde principios del siglo XX hasta mediados de la década de 1930-1940, se dieron una diversidad importante de movimientos y de luchas nacionalistas, antiimperialistas y patrióticas, con participación importante de sectores de la oligarquía nacional y de ricos empresarios que salían afectados con los contratos que se celebraban con empresas extranjeras y con el Tratado de Comercio con Estados Unidos que se celebró en esos años.

En la lucha contra la dictadura de los Tinoco, 1917-1919, papel importante jugaron los maestros y los estudiantes de los colegios de la capital.

El antiimperialismo, y en las décadas de 1930 y 1940 el antifascismo y el antinazismo también fueron movimientos políticos importantes que se manifestaron en Costa Rica.

La década de 1940 surgieron los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como una nueva fuerza social organizada. En este mismo tiempo los maestros y educadores también fortalecieron sus niveles organizativos y de luchas.

El marco de la II Guerra Mundial y la derrota del nazi fascismo provocó una nueva situación política nacional muy particular, que dio por resultado la alianza del Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y la Iglesia Católica costarricense, liderada por su arzobispo Dr. Víctor Manuel Sanabria Martínez, a cuyo amparo se aprobaron las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, situación que condujo, por los problemas político electorales de esos años, a la guerra civil de marzo y abril de 1948, que impuso en el gobierno, durante los años 1948-1949, al grupo armado victorioso de la guerra civil que gobernó con el nombre de Segunda República de Costa Rica.

Durante el período de la Segunda República, desde el gobierno de Otilio Ulate Blanco, 1949-1953, se dieron luchas políticas intensas por recobrar la legalidad e institucionalidad política democrática, que se afectó hasta 1975, por los efectos de la guerra civil.

La democracia costarricense, así se fortaleció de nuevo en su derechos y libertades ciudadanas. El valor democrático de su institucionalidad igualmente se fortaleció.

El Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho se consolidaron más. Se amplió la sociedad democrática a los jóvenes con el sufragio a los 18 años, el de las mujeres desde 1949, y la igualdad de género se ha fortalecido ampliamente.

Los Derechos Humanos de han fortalecido en la institucionalidad nacional, convirtiéndose en el gran paraguas de la vida social y política nacional.

Durante la Segunda República a su vez se crearon una serie de instituciones dentro de una perspectiva de un Estado más proteccionista de los sectores populares y sociales más débiles, y de una clase media vigorosa que se creó en estos años, hoy muy amenazada en el conjunto de sus condiciones vitales.

Las políticas económicas y públicas que se han desarrollado desde 1980 del mismo modo han contribuido a debilitar este Estado Social de Derecho, al tiempo que se fortaleció el Estado de Derecho con el establecimiento de la Sala Constitucional de la República, o Sala IV como popularmente se le conoce.

El período político más reciente ha contribuido a desarrollar nuevos grupos económico financieros, con poca expresión política, pero con éxito electoral para haber alcanzado el Gobierno de la República en el período 2022-2026 y 2026-2030, con el propósito claramente definido de acabar con el Estado de Derecho, de su institucionalidad democrática, de los controles institucionales existentes de la Administración Pública, y acabar también con el Estado Social de Derecho para lo cual han venido, en estos dos gobiernos, impulsando medidas con acabar con todas las instituciones sociales existentes, con derechos fundamentales de los ciudadanos y de los trabajadores, con políticas de estado que claramente conducen a un mayor empobrecimiento de toda la población, especialmente de los grupos sociales marginales, excluidos, agrupados en la extrema pobreza, en la pobreza, que se hacen más pobres, y en sectores medios que son empujados hacia la pobreza. El congelamiento de salarios y pensiones por los últimos cinco años y proyectados de igual manera para los siguientes cinco años, el debilitamiento económico de las universidades públicas, el desfinanciamiento de las instituciones sociales, pilares de estos grupos sociales, son parte de este proceso, que se impulsan bajo los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, gobiernos que no ocultan sus intenciones autoritarias, dictatoriales, tiránicas y militaristas.

El enfrentamiento que han hecho contra los poderes públicos que no controlan son parte de este proceso, de estas políticas y de este propósito que impulsan.

Dichosamente el pasado 6 de agosto se produjo el llamado Plantón por la Democracia, que se constituyó en un gran movimiento popular, expresado en distintas partes y pueblos del país, con gran éxito, como un gran movimiento popular que se logró articular en defensa de la institucionalidad democrática, en defensa de la independencia de los Poderes Públicos, de las Libertades y Derechos Ciudadanos, en defensa de las instituciones controladoras de la corrupción y de las finanzas en la Administración Pública.

El Plantón como manifestación de protesta, de esa forma, no se había realizado antes en el país. Como concentración pacífica, popular, prolongada como ll fue para exigir respeto por el Estado de Derecho y el cese de la agresión a la Independencia de los poderes públicos, resultó un gran éxito.

Se convocó a la Plaza de la Democracia en San José y ante los principales edificios públicos y de gobierno, como en las calles públicas en los pueblos donde se realizó ese Plantón.

Fue una gran muestra de apoyo de la población, de reconocerse en esa lucha distintos sectores y ciudadanos identificados totalmente con la Democracia como sistema político y de vida nacional.

El plantón del 6 de agosto fue igualmente una manifestación de fuerza popular y un claro mensaje a las autoridades del Poder Ejecutivo para que paralicen sus discursos ofensivos, irrespetuosos contra ciudadanos y podres públicos, y cesen sus amenazas y acciones contra la libertades públicas, entre ellas las de prensa y expresión ciudadanas.

Para el próximo 14 de setiembre, en paralelo con el tradicional desfile que se organiza simbólicamente que trae, desde Guatemala hasta Cartago, la Antorcha de la noticia de la Independencia, que había dispuesto Guatemala y comunicaba al resto de las Provincias, para que cada una decidiera lo correspondiente respecto a España, se está llamando a otro Plantón Popular.

Se le llama el Farolazo, para que de igual manera en todo el país, con faroles, como los escolares y colegiales, la gente se manifieste por la Independencia Nacional, por la Independencia de los Poderes Públicos amenazados por Rodrigo Chaves y su gobierno mancomunado con Laura Fernández, para evitar el establecimiento de un gobierno autoritario y despótico.

En mi opinión es que pasado el Plantón del Farolazo hay que convocar para el Primero de Diciembre, día en que se celebra la abolición del ejército en Costa Rica, otro Plantón popular festejando y apoyando la abolición del Ejército, y exigiendo que no se introduzcan los grados militares en el ordenamiento y organización policial del país. Ese es el camino disfrazado con el que el concubinato político de Rodrigo Chaves y Laura Fernández quieren avanzar hacia el restablecimiento del ejército para tener un brazo armado en capacidad de sostener una gobierno absolutista, dictatorial, tiránico, autoritario, antidemocrático, antinacional costarricense.

Variaciones de medianoche sobre la reelección que se pretende presentar

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El polifacético diputado del gobierno, del Partido Pueblo soberano, José Miguel Villalobos, que ha jurado lealtad absoluta al copresidente Rodrigo Chaves Robles, ha manifestado que propondrá la reforma constitucional para que Chaves pueda reelegirse en las elecciones del 2030.

No hay que sorprenderse de esta iniciativa. El diputado puede proponer la reforma constitucional. Es su derecho y es válida la tramitación legislativa que se le puede dar. No hay que sorprenderse porque ha sido claro, desde el gobierno que ejerció el actual copresidente, las manifestaciones de Chaves y el interés de la reelección que él siempre declaró. Y fue parte de esa intención que escogió a su entonces ministra de la Presidencia, a Laura Fernández, para que fuera su candidata presidencial, con e claro propósito de que ella ejerciera transitoriamente la dirección nacional del Poder Ejecutivo.

Por manifestaciones públicas del propio copresidente Chaves, como las que dio en Nicoya, y por claras declaraciones también de Laura Fernández, el que da las órdenes y dicta el camino a seguir en Zapote es Chaves. Como lo expresó la copresidenta en Radio Columbia, en palabras más o palabras menos: Todos tienen que obedecer y acatar lo que dice Rodrigo Chaves porque él es el ministro de la Presidencia. ¡Más claro no canta un gallo ni cacarea una gallina!

La verdad es que es lamentable el comportamiento público, que no controla en sus expresiones, la copresidenta Fernández.

Pero, volvamos al asunto de la reelección. La discusión del posible proyecto de ley que presente el susodicho diputado, por exigir una reforma constitucional, tiene un proceso de trámite calificado, que por su naturaleza dura dos años en la práctica para su aprobación. O sea, que para que Chaves tenga la posibilidad de reelegirse en el 2030 ese proyecto debe presentarse en lo que resta de este año al trámite parlamentario.

El proyecto puede presentarse señalando que el presidente, cualquiera que sea tendrá un derecho a reelegirse. Esta posibilidad de reelección puede ser inmediata o alternativa, no de ocho años, como es ahora, sino de cuatro años, para poderle dar la posibilidad de reelección a Chaves en el 2030, entendiendo a la vez, que se hará de esa manera, de reelección posible a los cuatro años de haber dejado la presidencia. Ahí encaja Chaves.

Pero, veamos otra arista de esta posible reforma y de la discusión que provocará. Si se va a aprobar la reelección, ¿por qué no hacerla de manera inmediata, lo que parece más sensato, correcto y armónico con el ejercicio presidencial? Si así se planteara, sin ningún artículo transitorio que diga que la reforma de una elección consecutiva será a partir del ejercicio presidencial del 2030.

En mi modesta opinión, si se va a discutir la reelección que se haga para que la reelección sea consecutiva a partir de este Gobierno de Laura Fernández Delgado.

¿Por qué tenerle miedo a esa reelección y a esa posible candidatura de Laura en el 2030, la que podría ir nuevamente acompañada de su actual copresidente Rodrigo Chaves, que es quien aparenta ser el que por detrás de la presidenta le marca el paso de su gobierno?

Es claro que, si se permitiera la reelección consecutiva, Laura Fernández tendría su público, sus fanáticos que la acompañan a todas las recepciones en los buses que llevan, y los simpatizantes que pudiera llegar a tener, por cuenta propia, de su ejercicio presidencial. Y, si no es tonta ni tontita, porque sería la mujer más lista en ese sentido, ella misma podría pensarse, y pensarse que ella podría ser la mejor candidata, mejor que Chaves al terminar su gobierno, en el 2029-2030. ¿Si no, para qué está gobernando?

Queda claro con la propuesta del diputado alajuelense que él como parte de la bancada oficial del gobierno rema solo, con Chaves y no con ella, salvo en aquellos proyectos que considere que debe apoyar del gobierno Chaves-Fernández.

También en la práctica histórica política de este diputado así ha actuado siempre… remando solo, o respondiendo a sus particulares y personalísimos intereses.

Para mí será interesante observar cómo se moverá toda la bancada de diputados del gobierno, como la recua política que aparentan ser, llevando juntos la misma carga, haciendo el mismo trabajo, o manifestando diferentes posiciones en este proyecto de la reelección.

Si van a proponer la reelección, deberían atreverse, de una vez, a proponer alargar el período presidencial a 6 años, con una reelección consecutiva permitida, condicionando este período a una consulta popular a mediados del período presidencial, a los tres años, preguntando a los ciudadanos sobre si continúa al presidente o no sus otros tres años.

También podría pensarse que cada elección, a los cuatro, cinco o seis años en sí misma es esa consulta ciudadana que hoy se hace, cada cuatro años, para ver si un mismo partido gobernante puede continuar o no. En este caso, con esta reforma, se discute si el gobernante y su partido pueden continuar.

Veremos que leche da el diputado José Miguel Villalobos. Me parece, por ahora, que puede estar pensando en la posibilidad de llegar a ser él, en las elecciones del 2030, el que mejor pueda representar los intereses de Chaves si se aprueba la reelección, porque Laura tampoco podría ser candidata, y esa candidatura ya se las están disputando la presidenta de la Asamblea Legislativa y el jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano.

En esta ceremonia sagrada, para modificar la Constitución Política a favor del copresidente actual, Rodrigo Chaves, el diputado Villalobos ya hizo sonar las trompetas eclesiásticas que anuncian esa solemnidad, de convocar a la Asamblea Legislativa, para que le acompañen en esta ceremonia sagrada para reformar la Constitución Política, para que el pueblo pueda recibir en elecciones, como le llaman sus fanáticos seguidores y seguidoras El Mesías Chaves o el Moisés Chaves…

En esa mezcla parlamentaria político religiosa, de la fracción de gobierno, este proyecto de ley anunciado ya ha despertado a toda la jerarquía más cercana a su Dios Chaves, a sus Serafines, sus Querubines, a los ángeles que gobiernan universo político de ese movimiento, y a los Ángeles más cercanos a los seres humanos, como son los Príncipes, Arcángeles y Ángeles que en esta batalla hará su labor de troleros…

Ante la elección de los magistrados hay que dejarse de carajadas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La elección de los magistrados suplentes se ha vuelto un lío mental más que político o institucional. ¿Qué es lo que se reclama respecto a la elección? La simple posibilidad de que puedan reelegirse una o varias veces.

¿Cuál es el problema de la reelección? La formación profesional de un Magistrado no es de corto plazo, como no lo es la formación de ningún profesional. Todos requieren años de estudios. En este caso de la reelección no se está discutiendo esto, sino que lo que se quiere es imponer nuevos magistrados más acordes o identificados con el actual gobierno. Incluso se trata de establecer requisitos de presentación que no están contemplados en la normativa vigente, lo que no se puede hacer, como se quiere hacer con la reelección de la Magistrada propietaria Dra. Julia Varela Vargas.

Respecto a los Magistrados Suplentes puede ser una lucha política válida pero no lo es constitucional ni legalmente, debido a que se debe seguir un procedimiento donde la Corte Suprema de Justicia propone la lista de magistrados suplentes, y a la Asamblea Legislativa le corresponde aprobarla, sin posibilidad de poner nombres de candidatos a magistrados suplentes.

En la situación que tiene la Asamblea Legislativa el problema es eminentemente político. Los magistrados actuales por su nombramiento fueron electos antes del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, por un período de 8 años. Lo que se quiere, con una mayoría de 31 diputados, que no es suficiente para elegir, es nombrar nuevos magistrados, en correspondencia con el gobierno de Rodrigo Chaves continuado por Laura Fernández. Para eso habría que destituir, o ni reelegir magistrados propietarios, para lo cual se necesitan 38 votos de diputados, que el gobierno no los tiene.

Al final de cuentas, antes, ahora o después cualquier elección o escogencia que haga la Asamblea Legislativa de magistrados es una decisión política de la mayoría de los diputados. Así funciona la democracia institucional costarricense, nos guste o no nos guste.

Veamos desde niño la formación de un abogado de manera simple. El futuro abogado cuando niño estudia en un prekínder, o en una guardería infantil. Suponiendo que así sucede. Ahora hay varios niveles de preescolar antes de entrar a la escuela, porque en las guarderías se pueden tener niños desde los dos años hasta los 7 que se exigen para entrar a primer grado de escuela, aunque funcionen como garajes de niños, donde les empiezan a disciplinar y enseñar aspectos esenciales.

Allí adquiere el niño los primeros hábitos hacia la disciplina del estudio, del aprendizaje del idioma materno, aparte de lo que se enseña en la casa. Allí se inicia en el posible desarrollo de sus habilidades y destrezas. Allí se inicia y fortalece su hábito de la lectura en el supuesto que le leen, y los ponen a leer libros y narrativas a su nivel escolar de edad, para que desarrolle el hábito y la disciplina de la lectura, y el gusto por los libros y la lectura.

Allí, en la preescolar, hay niveles o años de estancia hasta que el niño es aceptado para ir al primer grado escolar, que generalmente se aceptan con 7 años. Todo eso va produciendo un conocimiento acumulado. Muchas veces, excepcionalmente, al primer grado llegan niños que saben leer y escribir.

En la escuela, pública o privada, en los niveles de primero a sexto grado, se van desarrollando las habilidades y destrezas traídas de la preescolar y se van profundizando las bases del conocimiento, y del perfeccionamiento, del idioma y de los instrumentos educativos que van formando para ir al proceso de la educación secundaria. En pocos establecimientos escolares se fomenta la lectura de libros.

Hoy en muchas instituciones educativas, incluyendo universidades, se estimula la lectura de resúmenes de artículos y de libros. Se ha dejado de leer libros completos. Muchos estudiantes y profesionales no tienen la capacidad de lectura de un artículo de más de 500 palabras, ni de entendimiento o comprensión de uno mayor de esas palabras.

En la educación secundaria siguen cinco años de estudio. Algunos colegios han introducido un sexto año que prepara para aspirar a estudios en universidades en el extranjero.

En pocos colegios se prepara de una manera sólida en el conocimiento de una lengua extranjera, inglés, francés, alemán, chino, o hebreo, para lo cual hay colegios especializados en el país. Generalmente, estos estudiantes, en prekínder, kínder, escuelas y colegios privados se desarrollan como full bilingüistas cuando hacen todo el proceso escolar en la misma institución. Hay una tendencia al trilingüismo en algunas instituciones escolares privadas.

Del colegio a la universidad

Generalmente, desde el colegio se desarrollan las inquietudes por la carrera universitaria que se va a seguir, cuando no se tiene por herencia familiar. Hijos de abogado, abogado; hijos de dentistas, dentista; hijos de ingeniero, ingeniero; hijos de maestros, maestro o educador etc. De la misma forma opera en los estratos sociales pobres y de extrema pobreza. Hijos de obreros, obreros; hijos de campesinos, campesinos. Es de señalar que el proceso educativo nacional da posibilidades a estos sectores, pero generalmente quedan marcados por su origen socioeconómico, y por las mismas condiciones socioeconómicas que los sacan del proceso escolar y colegial, como cuando se quitan los subsidios de estudios para niños y jóvenes de estos estratos sociales o áreas marginales del país, o cuando no se tienen las condiciones materiales de edificios escolares para recibir la educación. Hay casi 900 establecimiento escolares públicos en abandono, con medidas de seguridad sanitaria, prácticamente cerrados. Los sindicatos de maestros y educadores casi no se pronuncian sobre esta situación.

Supongamos, en el ejemplo que tenemos, que se orienta el niño, ya joven, preuniversitario por ir a estudiar Derecho. Excluidos de esta apreciación los que después del colegio parten al extranjero a estudiar toda la carrera de Abogacía o de Derecho, que en general son muy pocos respecto al número de graduados nacionales y respecto al número que opta por el Derecho, porque eso depende del colegio en que se graduaron, del nivel socioeconómico de sus familias y de las posibilidades de encontrar becas de estudio en el extranjero.

Suponiendo que todo el proceso anterior se hubiera cumplido con el niño y joven, al tener 18 años edad tiene la posibilidad de ingresar a la Universidad. Siguen los años de estudio de Derecho. En una universidad pública tiene restricción de ingreso, por cupo y por promedio de ingreso, como lo es la Universidad de Costa Rica, o pagando sus estudios en una Universidad privada. Dependiendo de esta opción pueden graduarse entre seis o siete años, en la Universidad pública, o en cuatro, porque las universidades privadas eliminan una buena parte de los estudios generales que se dan en las universidades públicas de manera obligatoria. Ya en el sector de educación secundaria están eliminando una cantidad importante de cursos que también se dan, dejando el núcleo de materias a estudiar a unas seis.

El propio presidente Chaves expresó, hace poco tiempo, su opinión de que las universidades públicas debían eliminar todas sus áreas de humanidades y estudios generales, y concentrarse en lo que las empresas demandaban en sus necesidades corporativas y económico empresariales. Para él también eso contribuía a reducir los aportes estatales a las universidades públicas.

Terminada la carrera y estudios de Derecho sigue la incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas. Los resultados de graduación y de incorporación de ante el Colegio es desastroso para los graduados o titulados de universidades privadas, haciendo excepción de unas cuatro de ellas.

Ya, el graduado, desde sus años de formación se va orientando en la especialidad o afinidad que le atrae más de las ramas del Derecho. Eso implica estudio post universitario, maestría o doctorado, y subespecialidades, lo que puede llevar unos cuantos meses o varios años más de estudio.

Los abogados así formados se vinculan a Oficinas de Abogados, Bufetes legales, o ponen sus propias oficinas o Bufetes, y empiezan a desarrollar su práctica profesional donde hacen su buena o mala fama, y sus clientes y clientelas.

De todos los graduados pocos se desarrollan en el campo de la investigación jurídica, de la producción de textos o en la publicación de artículos. Esto requiere vocación, experiencia profesional, mucha lectura y estar al día con las nuevas tendencias que en el Derecho se van desarrollando y con las sentencias de los Tribunales que van marcando la jurisprudencia nacional. La inmensa mayoría se vuelca sobre su práctica profesional específica y con su libro jurídico de cabecera, el Código respectivo y algún otro texto.

En el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se estableció hace muchos años, tener mínimo de 10 años de experiencia profesional, cuando no se era funcionario del Poder Judicial, y tener además 35 años de edad, requisito, el de la edad, que no se pide para ser presidente de la República o para ser Diputado, ni tampoco tener conocimientos de administración en general, o de economía básica.

Para ser Magistrado además se pide el título de Abogado. Para ser presidente o diputado no se pide ningún título académico profesional de carácter universitario, ni siquiera el título de Bachiller de secundaria. Lo que se requiere para ser presidente es tan solo tener 30 años y para ser diputado tener 21 años. Así de simple. Por eso, parlamentariamente, a veces grupos de diputados actúan como verdaderas recuas políticas transportando y cargando las órdenes que les dan para votar proyectos de ley, sin estudiarlos y sin comprenderlos adecuadamente.

Cuando se estableció la edad mínima de 35 años para el magistrado, aparte de su experiencia comprobada, así se hizo por la expectativa de vida de los costarricenses en 1949, que apenas sobrepasaba los 50 años. Hoy con la expectativa de vida de los costarricenses, en 78 años los varones y 82 las mujeres, bien podría establecerse la edad para ser magistrado en 50 o 55 años, y exigir igualmente una experiencia laboral de 30 o más años como litigantes, como funcionarios judiciales o como profesores universitarios en el campo del Derecho.

Si se quieren poner más requisitos y modificar los existentes es absolutamente válido, pero para ello hay que cambiar la Constitución Política, lo que no sería aplicable a ningún abogado que en los próximos dos años quisiera aspirar a un puesto de Magistrado. Esto es lo que valdría para los abogados aspirantes a nuevos magistrados. Por eso, esa intención de ponerle otros requisitos a la Magistrada Julia Varela Vargas no procede. Eso es literalmente ganas de joder.

Si ya se es magistrado, se establece la posibilidad de la reelección consecutiva, por un período igual al de su nombramiento, es decir por ocho años. Para elegir un Magistrado se requieren dos tercios del número de diputados para nombrarlo y dos tercios para no reelegirlo, que equivaldría a destituirlo.

La reelección consecutiva no es mala. Esa es la verdad. Ese magistrado mínimo tiene ocho años de experiencia en el cargo, o un poco más. ¿Por qué eliminarlo? Salvo que sea un mal magistrado profesional en su cargo, lo que se puede ver y estudiar por sus fallos jurídicos, o por vínculos nocivos que lo rodeen para su ejercicio de magistrada.

La reelección en cargos de dirección de todo tipo existe en Costa Rica, en los puestos de Juntas Directivas de las empresas del sector privado o pública, en las asociaciones, en los sindicatos, en la dirección de partidos políticos, en ciertos puestos públicos e institucionales. Y esas reelecciones son por muchos años o por varios o muchos períodos en el cargo que se tiene, sin que se objete esas reelecciones. Nadie protesta ni se opone a esas reelecciones, que pueden ser disputadas por elecciones internas en esos grupos sociales o políticos.

Ministros se reeligen consecutivamente. Diputados también se pueden reelegir alternativamente, cada 4 años. Mientras les llega su oportunidad de reelección muchas veces siguen trabajando como asesores parlamentarios, o en puestos de trabajo legislativo o ministerial cuando de allí salieron hacia sus diputaciones. Hay políticos que, no reeligiéndose consecutivamente en el mismo cargo, van saltando de un puesto administrativo, institucional o político, y sí van haciendo su carrera política, como la presidente Laura Fernández. Eso era válido en los partidos políticos tradicionales porque así formaban sus dirigentes. Laura Fernández en cierta manera es parte de ese proceso, por la escalera política que le fue servida en que la nombraron consecutivamente.

En Estados Unidos los magistrados de la Suprema Corte se eligen de por vida, hasta que se mueran o hasta que ellos mismos se acojan al retiro o pensión. Eso obliga a los presidentes, que son los que los proponen, a escoger grandes juristas, abogados, así reconocidos en el mundo del Derecho estadounidense. Y, a partir de su nombramiento gozan de total independencia, lo que se quiere eliminar aquí.

Muchas personas que critican la reelección de magistrados en Costa Rica se identifican con los valores estadounidenses al 100%. ¿Qué los hace diferentes para no actuar en Costa Rica, a cómo realmente piensan y a cómo realmente se identifican con esa sociedad estadounidense, que a su vez la consideran un modelo de democracia mundial?

Los magistrados son también el resultado de un proceso de formación de muchos años de trabajo y de estudio. No sería bueno para el mejor desempeño judicial, estar cambiando cada ocho años a los magistrados, sobre todo para estar acomodándolos a favor del gobernante de turno, o para estar improvisando en ese alto e importante cargo o función pública. O, para estar improvisando con personas sin la experiencia judicial el caso. Tampoco sería bueno darles una condición como la que tienen los diputados de poderse reelegir alternativamente cada cuatro, o cada ocho años.

Lo correcto igualmente es que los diputados puedan reelegirse continuamente, como se hacía antes de 1949. La experiencia histórica enseña que no todos los diputados se reelegían. Eso lo hacían unos pocos por su mérito parlamentario reconocido. En el siglo XIX jefes de Estado y presidentes podían reelegirse de manera continua. Pocos lo hicieron, Juan Mora Fernández, Juan Rafael Mora Porras, Rafael Iglesias Castro, por citar a esos.

Soy de la idea, igualmente, que el presidente de la República debe tener actualmente al menos una opción de reelección inmediata y consecutiva, y no tener el espacio de ocho años que se ha establecido para que pueda aspirar nuevamente a un período presidencial, como lo fueron los casos de José Figueres, en 1970, u Oscar Arias, en el 2006. En el caso de José Figueres hay que reconocerle que el poder de gobierno que tuvo a la fuerza, 1948-1949, voluntariamente lo dejó, pudiendo haberse quedado el tiempo, que en ese momento hubiera querido.

Cuatro años es un período corto para el ejercicio presidencial. Igualmente se podría ampliar el plazo de gobierno a seis años, con una reelección consecutiva, con consulta plebiscitaria, o de referéndum, a medio período para discutir por esa vía si el presidente continúa o no. Todo esto es discutible.

En todo caso, cada elección es una consulta popular sobre si continúa o no un partido político en el gobierno, aunque con otro candidato.

En Costa Rica no se permite la reelección presidencial, pero sí se permite la reelección del partido de gobierno que ha elegido presidente. ¿Acaso no es lo mismo? En la historia nacional hemos visto la reelección de partidos políticos en el gobierno con Liberación Nacional, 1970-1974, 1982-1986 y 2006-2010, la Unidad Social Cristiana, 1998-2002 y 2002-2006, y con Acción Ciudadana, 2014-218 y 2018-2022. En cierta forma con el actual gobierno hay una continuidad del anterior gobierno, 2022-2026, no del anterior partido ganador de esas elecciones del 2022.

Es más clara la tesis del continuismo político gubernativo del actual gobierno, 2022-2026 al 2026-2030, que de los anteriores, donde esa continuidad no era nada evidente, donde cada presidente marcaba su propio sello. Ahora no es así. Hay un solo sello, el que ha impreso Rodrigo Chaves.

Hay una sola dirección política gubernativa, que se expresa en la copresidencia que se ha establecido de manera tácita y reconocida en el matrimonio gubernativo de Laura Fernández y Rodrigo Chaves.

El continuismo político de la pareja gobernante ha puesto en evidencia la fragilidad de la hipocresía política nacional. Ellos han actuado con claridad, de cara a la sociedad política y civil. El concubinato político, que exhiben y que se tienen es público, notorio, escandaloso pero aceptado por amplios sectores de la sociedad. ¿Por qué continuar con hipocresías políticas en todos los demás partidos, que desearían actuar igual?

El tema de la elección o reelección de magistrados debe resolverse acatando lo dispuesto por la Constitución Política, guste o no guste a los diputados de gobierno. Si quieren corregir eso, pacten la reforma constitucional del nombramiento, entendiendo que esa reforma será válida a partir de los magistrados que se puedan y quieran nombrar en el período constitucional del próximo gobierno, es decir a partir del 2030.

Tal vez, de esa manera se resuelva el problema actual, o la Sala IV, en este tema conflictivo de poderes, lo resuelva, como está autorizada a hacerlo cuando hay conflicto entre los Poderes Públicos, o de carácter institucional, en el que tenga que intervenir para asegurar el funcionamiento del orden público y de la democracia política nacional.

Insistir en bloquear la propuesta de la Corte es simplemente una jodedera, una carajada, una necedad, una mala acción o también una tontería de la bancada de los 31 diputados del Gobierno, oficialistas, de la recua del partido Pueblo Soberano.

Es necesaria la transparencia en el Poder Ejecutivo, como se realiza en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El ambiente político nacional se ha desarrollado con una línea directa para que desde los órganos superiores de la Dirección Política del Estado, del Gobierno y de las Instituciones públicas, cada vez se actúe con más transparencia.

En el gobierno anterior de Rodrigo Chaves Robles, y en el actual de Laura Fernández Delgado, se hablaba y se habla, constantemente contra los Poderes Públicos, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia.

Los retos que se hacen desde la Presidencia de la República a los presidentes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial para reuniones a toda luz, con todos los reflectores puestos en esas sesiones van en esa dirección, de hacer ver que el Poder Judicial especialmente actúa a la sombra, en la oscuridad pública, que le da miedo discutir de esa forma los asuntos de cualquier agenda que se le proponga.

Ese ataque no va dirigido al Poder Legislativo, ya que por su naturaleza hace sus sesiones públicas, con presencia permanente de los medios comunicación, que tienen Oficina de Prensa en el mismo edificio legislativo, desde donde los periodistas y comunicadores, que así se inscriban, pueden asistir y ver todas las sesiones del Plenario legislativo, como las de las comisiones de trabajo de los diputados. Incluso, se permite que los periodistas puedan asistir a las sesiones plenarias a tomar fotos y retrasmitir con regulaciones. Los periodistas y comunicadores tienen acceso directo a todos los diputados para sus entrevistas o cuestionamientos. No es igual con los ministros que los tienen bajo control y censura previa.

La publicidad del trabajo legislativo permite que se transmitan por medios radiofónicos y televisivos oficiales las sesiones, en vivo, en directo.

Innecesariamente va el ataque dirigido contra la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia hace sus sesiones de manera pública, sin público como en la Asamblea legislativo, pero retrasmitidas. Y las actas de sus sesiones igualmente son públicas.

De los tres Poderes de la República, el único que sesiona absolutamente en privado, casi en secreto, es el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, de cuyas sesiones no se consiguen actas, donde se recojan las intervenciones, con sus discusiones, si las hay, de todos los ministros y el presidente, ni se consiguen minutas de las mismas. Escuálidos comunicados de prensa de vez en cuando.

Las mesas de prensa, las sesiones de los miércoles que prepara el presidente de la República no tienen el carácter de rendición de cuentas de lo que se trata en el Consejo de Gobierno. Por ello también las reuniones de los miércoles están encuadradas más en la perspectiva de la comunicación política electoral de la presidenta, en la situación actual, como lo hacía en su momento el Presidente Chaves. Y, también, por ese motivo las reuniones de los miércoles ni siquiera tienen la capacidad, y mucho menos, de establecer, en el balance político semanal, la agenda nacional de los temas de la semana que concluye ese miércoles o que inicia a partir de ese mismo miércoles. Estas sesiones, que además son totalmente montadas, como show, como espectáculo, son el fraude político nacional más grande que se produce y ejecuta, que generalmente sirve para alimentar troles y la producción de memes, por las tonterías que muchas veces se dicen o perciben, y por las expresiones lingüísticas con que a veces se dicen ciertas cosas, a modo de voz oficial de la presidenta, cuando se refieren a ciertos eventos o sucesos nacionales.

La estructura de los llamados de la presidenta retando, especialmente, al presidente de la Corte Suprema de Justicia a discutir de manera pública, no es para discutir, analizar, intercambiar opiniones, o buscar soluciones reales, o caminos por donde avanzar, sobre los graves problemas del país, o de las instituciones públicas, para buscar soluciones conjuntas.

Por ahora su discurso es solo para evidenciar supuestos problemas de la administración de justicia, entrabamientos en la resolución de los litigios y juicios que allí se conocen. Son tan solo para tirársele encima al presidente de la Corte, y en paralelo a todos los magistrados, e indirectamente a todos los jueces, por los años de servicio que tienen prestándole al Poder Judicial.

Los desesperados llamados de la presidenta son tan solo convocatorias montadas para ir a realizar ataques directos, personales hasta donde puedan darse, contra el Presidente de la Corte, y para tratar de dar una imagen pública que con sus ataques está enfrentando la “corrupción” pública y “vicios” de la administración pública, y de la administración de Justicia, situación que le permite justificar ante la ciudadanía el ataque sistemático que tiene el Poder Ejecutivo, continuado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, para debilitar el Poder Judicial, como parte del debilitamiento y resquebrajamiento, minando la confianza pública, en instituciones como el Poder Judicial, que vienen haciendo del Estado de derecho para justificar también lo que el copresidente Chaves dijo en Nicoya, que no se le debía tener miedo al cierre de la Corte o al establecimiento de una dictadura, como actos preparativos del impulso de un régimen autoritario, despótico, de características dictatoriales y tiránicas. No fue casual tampoco la frase de inicio de gobierno de que ya tenían el control de Poder Legislativo con sus 31 diputados y que ahora iban por la Corte Suprema de Justicia, y con ese control también iban por el control del Tribunal Supremo de Elecciones, como se han venido montando los gobiernos autoritarios en el continente y en Centroamérica.

¿Qué pasaría si en esas reuniones forzadas que monta el Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevara una andanada de datos de todo tipo, de corrupción, de mala o pésima administración pública que se tienen desde algunos sectores del Poder Ejecutivo, como se evidencia constantemente, y de los mecanismos que se debilitaron para ese control institucional desde la administración anterior?

Si se quiere discutir con publicidad, ante la sociedad y con toda la prensa sentada al frente, ¿por qué el Poder Ejecutivo no hace sus sesiones de Consejo de Gobierno públicas, con presencia de la prensa como se realizan las sesiones legislativas? ¿Por qué no se divulgan actas literales del Consejo de Gobierno, como son las actas de la Asamblea Legislativa o las de la Corte Suprema de Justicia?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández quiere impulsar mecanismos para fortalecer y ampliar el llamado Secreto de Estado? Es claro que puede haber temas de esta naturaleza. Pero, lo que se quiere realmente en el Poder Ejecutivo actual es actuar con la mayor posibilidad que se pueda actuar sin controles de ningún tipo, lo que solo favorecería la posibilidad de negocios oscuros y altos grados de corrupción y de complicidad con negocios ilícitos, o con grandes chorizos como se les llama a lo tico. Por eso también impulsan un proyecto de ley para debilitar los controles de la Contraloría General de la República. ¿Acaso no impulsaron un proyecto de póliza de seguros para las actuaciones de los miembros del Poder Ejecutivo, para resguardarse de todas las irregularidades que podían hacer?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández, violando la Constitución Política, que tiene abolido el ejército, quiere imponer rangos militares a la guardia civil de Costa Rica? ¿Para mejorar la disciplina policial, como dice?

Si el Ejército está abolido están abolidos los rangos militares de los cuerpos policiales civiles. Eso es elemental. Así se actuó en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, en el período 1986-1990, cuando se abolieron esos rangos, y en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002, cuando nuevamente se fortaleció esa decisión de abolición de los rangos militares.

Lo que el gobierno de Laura Fernández impulsa es meternos en la dinámica del militarismo, de la posibilidad de volver a establecer un ejército, de participar de movimientos militares regionales, como ya se iniciado al amparo del gobierno de Trump y el escudo militar regional que él ha impulsado. Es la posibilidad de realizar actos represivos contra la población por parte de una institución como es el ejército al que se le permite actuar con brutalidad represiva. Es la posibilidad de hacer prácticas y acciones militares en el trato policial con la población, y hasta de impulsar torturas y tratos degradantes y violatorios de los Derechos Humanos, como en ocasiones se denuncian en la prensa nacional con detenidos. Ese es el camino que por ahora están empedrando.

En el debate público, de los poderes del Estado costarricenses, es urgente que el Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, abra sus entrañas, haga públicas sus sesiones, publique las actas de esas sesiones de manera literal. Si el gobierno quiere exigir esa transparencia con los poderes Legislativo y Judicial, debe igualarse con igual rigurosidad, que haga pública sus sesiones y sus actas de manera literal. Es lo mínimo, que no actúe a la sombra, bajo el mantel del Secreto de Estado.

De Tontos, Tonterías, Tonteras…, de hacerse el tonto y de los retontos

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Tamaño alboroto hizo la fracción de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano, en la Asamblea Legislativa, cuando el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya manifestó, diciendo con cariño, que la presidenta se hacía la tontita. No la trató de tonta. Tan solo dijo que a su entender parecía que se hacía la tontita.

El alboroto fue para suspender la sesión de trabajo de la Asamblea Legislativa, cuando estaba a pocos minutos de cerrarse el debate de “control político”, que así se tiene establecido en la agenda de trabajo de los diputados, momento en el cual los legisladores pueden referirse libremente a los temas de la vida política nacional, que incluye el balance, análisis o críticas del comportamiento público de quienes integran los Poderes Públicos, entre ellos el del Ejecutivo, presidido por la mujer Laura Fernández.

El alboroto se expresó en el ruido, casi griterío que se estimulaba a realizar contra la expresión del diputado, por parte de los diputados representantes del Gobierno, defensores a ultranza de la presidenta, y por el desorden y caos causado por la presidenta del Poder Legislativo, que de inmediato suspendió la sesión, y abrió los micrófonos para pedir, llamando a sus diputados, que se refirieran a la frase coloquial costarricense de hacerse el tonto.

Esta frase no es solo propia de nuestro lenguaje, sino que se usa en todo el continente y más allá. En la lengua inglesa también se usa. Recuerdo la famosa película de “Tonto y Retonto” o “Dumb and Dumber”, de 1994. Coloquialmente puede compararse con “hacerse el ruso”, “hacerse el sueco”, o en lenguaje más tico “hacerse el maje”.

El alboroto fue ruidoso en ese instante. No tuvo ninguna trascendencia a los medios de comunicación escritos. Fue show para uno de los canales que abanican al Gobierno. Pero, entendámonos un poco con los conceptos.

Tonto es un adjetivo. Como tal describe o ubica a una persona con escasa inteligencia, que es torpe, que le falta sentido común, que actúa con ingenuidad o sin malicia, que realiza actos o dice cosas absurdas o ilógicas. Un tonto es la persona que le cuesta comprender las cosas, que no tiene juicio, que se deja engañar fácilmente, por lo que comete errores pequeños o sin importancia.

También se puede comprender como tonto a una persona que padece deficiencia mental, que carece de inteligencia y por ello actúa ingenuamente. El diputado Araya no se refirió en este sentido.

Históricamente el concepto se remonta a Roma, al “tondus” que se empleaba para señalar a las personas que les faltaba profundidad en el pensamiento, que se consideraba que no pensaba bien, que no tiene sesos o que tiene la cabeza hueca. A estas personas les daban un cosco en la cabeza para producir un sonido hueco como “tonk”. De ahí también son también los vocablos atontar, atontado y tontillo…

Así, el tonto es la persona que actúa con poca inteligencia, imprudentemente o sin comprensión de determinadas situaciones, por lo que sus actos son irreflexivos o insensatos. La persona tonta es la que puede equivocarse por falta de información, experiencia o datos, por lo que puede aprender y corregir fácilmente. Ser tonto es parte del ser humano. Es una condición temporal. No es un sinónimo de imbécil, lo que tampoco dijo el diputado Araya. Es importante distinguir esto.

Al tonto le falta contexto o saber, por lo que puede corregir cuando se le ayuda o cuando ve la realidad con claridad. El imbécil se niega a aceptar la realidad que le produce su actuación. Se niega a aceptar su equivocación haciéndola una trinchera de combate ofendiéndose si se le corrige, pues no pone de su parte para aprender.

Hasta en la Biblia se usa el concepto de persona “tonta”, como “necio” e “insensato” también, no para destacar la inteligencia de la persona sino para señalar su falta de sabiduría y su rechazo a Dios. Igualmente para describir a las personas que ignoran los consejos buenos y hacen el mal. En la Biblia los tontos pierden el control con mucha facilidad y hacen locuras (Proverbios 14:17), como sucedió con la reacción de los diputados de gobierno. En la Biblia el tonto se cree todo lo que le dicen, por lo que se enojan fácilmente…mientras los sabios perdonan.

Ser tonto no califica la capacidad mental. No destaca un problema de la mente. Exhibe la toma de malas decisiones. El orgullo de la persona tonta le coloca en el punto de que no necesita aprender de nadie.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, describe tonto a la persona que tiene poca inteligencia, entendimiento o razón, que tiene torpeza para actuar o tomar decisiones. En las relaciones amistosas y de confianza se usa sin mala intención y como broma, sin ofender la capacidad mental de a quien se le dirige esa condición. En la expresión del diputado Araya, me parece, que fue más el señalamiento de que la presidente, torpemente actúa o toma decisiones. La tontería refiere a las cosas de poco valor.

En el DRAE, también se dice que tonto puede usarse como insulto leve, falta de respeto sin que sea una grosería fuerte. Me parece que el diputado Araya no le dio ninguno de estos contenidos.

Puesto así, la tontería es la expresión que hace el tonto, es la forma como el tonto se expresa, como refiere sus palabras, dichos o hechos sin sentido, seriedad o importancia.

Una tontería es también una cosa de poco valor o sin importancia, referida a cualquier objeto, o persona sin que eso sea una falta de respeto. Lo que destaca lo que somos es lo que hacemos.

Tonterías son, en síntesis, lo que dicen los tontos, palabras, ideas y actos. Decir tonterías es exhibir la cualidad del tonto, muchas veces en lenguaje que no se entiende o carece de sentido, como a veces se expresa el copresidente Rodrigo Chaves, que no se le entiende nada, mezclando su lenguaje, como lo ha hecho, con gruñidos… emocionalmente sintiéndose animal… Como le decía la Madre a Forrest Gump en la película homónima: “la estupidez se demuestra con los actos”.

Si una perrera es el lugar que se tiene destinado para control o refugio de perros, o de animales abandonados, y donde se albergan, la “tontera” la podemos considerar como el lugar donde se concentran, ubican, residen o viven los tontos.

Espero, sinceramente, que el Edificio Legislativo no se convierta en una “tontera”, con un grupo de diputados que actúan como tontos, sin madurez ni sensatez.

Puestas así las cosas, en el español coloquial es válido decir hacerse el tonto, para indicar perder el tiempo, comportarse con poca sensatez, para fingir que no se entiende algo, porque no se ve o no conviene verse y tratarse; porque se quiere hacer algo de manera disimulada, sin planearlo, procurando resultados por sorpresa, o como también se dice coloquialmente hacer cosas a tontas y a locas, sin reflexión, de cualquier manera y sin orden.

El jueves se realizó un llamado Plantón, un encuentro cívico ciudadano inmenso por su movilización, en la Plaza de la Democracia, y por sus réplicas en más de 20 ciudades y pueblos del país. La cantidad de ciudadanos movilizados el jueves, técnica y profesionalmente contados, como se ha hecho, da más de 100.000 ciudadanos movilizados.

No fue una concentración contra el Poder Ejecutivo como tal. Fue un llamado de atención para que el Poder Ejecutivo modere la forma de relacionarse con los Poderes públicos, con los ciudadanos, con los críticos de su actuación, con los medios de comunicación.

Fue un llamado para que no se disminuyan los fondos y presupuestos del Poder Judicial, de las universidades públicas, de las ayudas sociales, para que el ROP sea devuelto a sus legítimos dueños, para que se elimine el congelamiento de salarios y pensiones que se tiene desde hace cuatro años.

Fue un llamado para detener las manifestaciones autoritaristas, antidemocráticas, militaristas, amenazadoras de establecer un régimen de fuerza, un estado de sitio, un autogolpe de estado que acabe con la Democracia costarricense.

Fue un llamado para que cese la falsa campaña que el Ejecutivo Nacional realiza constantemente contra las bases institucionales del país.

Fue un llamado para que se respete el Estado de Derecho y la independencia real de los poderes del Estado en sus funciones, que les son propias, exclusivas e indelegables. Fue un llamado a los diputados, especialmente a la fracción de los 31 diputados de Gobierno, que respeten la lista de magistrados suplentes que les fue enviada y procedan a conocerla y votarla como corresponde.

El mismo jueves por la tarde los órganos y medios de comunicación al servicio, y pagados por el gobierno, trataban de insinuar a los radioyentes y televidentes que la concentración era casi un verdadero fracaso. Decían que apenas se distinguía del pequeño grupo de ciudadanos que acompañó a la Presidenta, sus ministros y algunos otros funcionarios ante la Corte Suprema de Justicia, para la presentación de un escrito acusatorio contra cuatro magistrados.

Actuar de esa manera era hacerse los tontos frente a la realidad de la movilización y de lo que sucedía en las calles.

El viernes pasado, con la contundencia que fue reconocida por los medios de comunicación escritos, había personas que con relación a esto se empeñaron en seguir haciéndose los tontos. Como avestruces. Insistieron en disminuir la marcha patriótica, el encuentro inmenso de ciudadanos en la Plaza de la Democracia y en las distintas ciudades y pueblos del país en apoyo al Poder Judicial, a la independencia de poderes y a la Democracia costarricense.

Quienes así siguen actuando no son tontos, ni se hacen los tontos. Su problema principal es que los que quieren seguir haciéndose los tontos pasan a la categoría de retontos. Un retonto es quien tiene una condición que lo hace tonto de remate.

Si se trata de discutir los términos con que la presidente se refiere a veces, como lo hizo con la magistrada Patricia Solano, colocándola como la más fea de las feas, como la “refea”, como la llamó, o como el copresidente Chaves se refirió en una ocasión a la presidenta Laura Chinchilla, llamándola la “totalmente desguabilada mental e intelectualmente”, entonces se deberían hacer unas sesiones parlamentarias para discutir los términos con que estos funcionarios se expresan cotidianamente.

De esto, tal vez, lo bueno sea que a partir de ahora, todos los diputados del gobierno, la presidenta y el copresidente y ministro de la Presidencia y de Hacienda, que son los voceros del mal hablar y de ofender, moderen también su lenguaje, porque lo que es bueno para la gansa lo es para el ganso.

Espero que se deje de actuar como tontos o como retontos.

Les recomiendo a todos ver la película “Tonto y Retonto”, (Dumb and Dumber, de 1994), disponible en Google Play.

¿Por qué militarizar a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública Nacional?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Desde el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026, se ha insistido en fortalecer la Fuerza Pública, no tanto para combatir el narcotráfico y a las organizaciones narco delincuenciales, sino para desarrollar un particular grupo militar dentro de la organización civilista del Ministerio de Seguridad Pública, dependiente de manera directa del presidente, como se hizo con el grupo que se creó para Rodrigo Chaves, por gestión de uno de sus viceministros, Manuel Jiménez Steller, vice ministro de Unidades Especiales, quien incluso había firmado solicitudes de sobreseimiento para personas que habían atrapado con kilos de cocaína.

Para ello eliminó toda la organización y estructuración que existía desde antes, muy profesional en la lucha contra el narco en las costas, en la zona sur, en los puestos de fronteras. Cuando no la pudo eliminar del todo, la debilitó hasta donde pudo. Al personal que combatía en mar y costas lo desplazó al interior del país, sin siquiera poder practicar en piscina, como lo hacían en el mar.

A los patrulleros marítimos llegaron a cambiarles la capacidad de fuego en sus armas, de manera que sus fusiles que tenían un alcance satisfactorio en distancia, para disparar a los motores de las lanchas transportadoras de drogas, se los cambiaron casi literalmente por rifles de balines, haciéndolos perder su capacidad de fuego y de combate. Así no se podía “cazar” ni “pescar” a esas lanchas transportadoras de drogas. Así se dejaba pasar droga por el mar costarricense.

En la sección aérea no se atendía la información que se daba de penetración de aeronaves que volaban a baja altura, detectadas por los trabajadores de las torres de control aéreo, que monitorean todo el territorio nacional. Así, por ejemplo, si una aeronave sospechosa entraba el territorio nacional, el operador de torre de control, informaba a la Oficina de Vigilancia Aérea, que debe darle seguimiento, y no se daba, por lo que el transporte aéreo de drogas fácilmente penetraba en el país. Esto sigue sucediendo. No hay control inmediato de los informes que se producen en esas Torres a Vigilancia aérea, ni de coordinación inmediata cuando así se procede con las oficinas policiales locales, ni se lleva a revisar los aeropuertos o pistas clandestinas o no reportadas oficialmente.

Un caso doloroso fue el accidente aéreo en el que cayó una nave en los cerros de Escazú hace poco tiempo. La Torre de Control informó de la desaparición de la nave, en el radar, a los instantes del accidente. Informó varias veces. Vigilancia aérea no reaccionó o se hizo “la tonta”, seguramente acostumbrada a no darle seguimiento a la desaparición en pantalla de esas naves pequeñas, la que se encontró gracias a una nave particular que la localizó.

En estos días se ha dicho de la inmensa cantidad de pistas privadas, no reportadas oficialmente, que operan prácticamente de manera clandestina en las zonas sensibles a los negocios del trasiego de drogas, en la zona sur como en el Caribe y otras partes del territorio nacional. Y, tan grave como eso, se ha señalado la detención de más de 100 funcionarios de la Fuerza Pública asociados o colaboradores directos de los grupos mafiosos vinculados al narcotráfico, donde se hizo énfasis que eran fundamentalmente de los que sustituyeron en esas zonas a los que eran altamente especializados en la lucha antinarco, que les habían cambiado sus especialidades de combate policial, improvisando experiencia en los nuevos puestos, debilitando el control del narco y facilitándolo. Así se procedía en el gobierno de Papá Chaves, como cariñosamente algunos se referían al Ejecutivo nacional.

Mar, aire y tierra en materia de lucha contra el narco estaba debilitado en el gobierno anterior. Era parte de la política oficial del gobierno en su negocio con los grupos narco delincuenciales. El gobierno de hecho había pactado con las organizaciones para la distribución regional del territorio, con la intención de disminuir las muertes y asesinatos de las luchas internas de esos grupos, evitar el escándalo nacional y la inseguridad que ello provocaba, a la vez que garantizaba el gran negocio de la comercialización de droga que desde aquí se hacía, internamente y al menudeo, y la que se sigue haciendo con destino a Europa, como constantemente se aprecia por las capturas que se hacen en puertos europeos, de lo que se envía desde Limón…curiosamente en los mismos empaques de piña, principalmente.

A propósito de Limón, dos recuerdos. El primero. Un día, el flamante ministro de seguridad Zamora anunció, con varios días de anterioridad a la acción policial, que se desarrollaría un operativo en Limón con varios cientos de policías, indicando toda el área que se cubriría. Llegó el día. Con toda la publicidad y despliegue policial en marcha el operativo terminó con agua en las manos. A nadie agarraron. Les habían avisado públicamente cuando llegarían.

El segundo. El día que pusieron a funcionar unos escáneres nuevos. Despliegue publicitario total. El presidente, si no se prestó para ello, fue usado vulgarmente. Las cámaras apuntaban a los escáneres y la fila de furgones o trailers, que iban a pasar, para detectar si iban o no cargados con drogas estaban listos para la función. Pasó un furgón. Con emoción se decía que iba limpio. El segundo trailer, igual emoción provocaba. El presidente igual se reía, hasta con cierto nerviosismo. Así pasaron, uno tras otro, hasta el quinto. Con éste demostraron que los trailers no llevaban cargamentos de drogas y que los escáneres funcionaban. Todo era fiesta. Pero, ¿la droga acaso iba a ir en los cinco trailers que estaban montados y escogidos para ese show? Por supuesto que a nadie iban a agarrar en ese espectáculo.

Cuando estas cosas suceden, ¿por qué organismos como la DEA, en su oficina local, sabiendo de estas fallas, va a confiar en las acciones del Gobierno? ¿Por qué el Gobierno protesta de que en las capturas importantes que se han hecho últimamente no se les ha informado por parte del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial? Es absolutamente claro que no se les informaba porque desde el mismo Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Seguridad se les avisaba a los líderes y pandilleros que se querían capturar, para que pudieran escapar. Eso es lo que le ha dolido al Poder Ejecutivo actual, a sus voceros, que como plañideras y plañideros, no han dejado de quejarse porque no les informaron de esas exitosas acciones policiales, que fueron acciones bien planificadas con conocimiento de la DEA, que tampoco quiso informarle al gobierno en sus autoridades ejecutivas y de seguridad nacional. Por algo será.

¿Por qué tanta preocupación y reclamo público por el traslado del delincuente más peligroso que tenía el país a entrevistas judiciales en San José? ¿Por qué tanta preocupación por el “delincuente” que se dice que había caído en combate y no hubo cadáver? ¿Y, si era un informante, que debía conservársele como anónimo o como esos testigos con los que se transa hasta una nueva personalidad?

¿Y la reacción de Papá Chaves cual fue? Anunciar el bloqueo económico al Poder Judicial, al Ministerio Público, al OIJ. ¿Por qué se empeña el copresidente Chaves y el gobierno en debilitar económicamente la lucha contra el narcotráfico y sus ramificaciones en el país?

En la Fuerza Pública, en los destacamentos que se han ido preparando para las contingencias de manifestaciones, cada vez más se evidencia el carácter gorilesco con que los preparan, más represivos y agresivos físicamente. En la detención incluso agreden y golpean a los detenidos. Hasta dicen que se les realizan torturas. ¿Por qué están enseñando a torturar? ¿Quiénes son los entrenadores de torturas, nacionales o extranjeros? ¿O, a dónde están enviando a prepararse a oficiales y miembros de la Fuerza Pública? ¿A cuáles academias? ¿A Guantánamo? Les están destruyendo sus raíces civilistas.

El gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, declaró en 1986, el 1 de diciembre, el Día de la Abolición del Ejército, lo que significó también de los elementos militares que todavía persistían en la organización policial, los rangos militares. Así, con su ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, eliminó esos rangos que sustituyó por denominaciones civiles. Como elemento militar persiste la Unidad Especial de Intervención, UEI, que tiene comandos élite entrenados y preparados con fuerzas especiales de otros países, que pertenece a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, que depende del Ministerio de la Presidencia. Esta unidad está organizada militarmente, aunque oficialmente es una unidad policial civil.

Los rangos civiles se fortalecieron en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, quien también estabilizó más a la Fuerza Pública con el Estatuto Policial, que le dio más estabilidad y profesionalización a sus servidores. Ingresar a la Fuerza Pública significaba ir a la Escuela Nacional de Policía donde a la par de los conocimientos profesionales se les formaba con valores cívicos. En este período se estableció el uniforme civil, y no el militar.

En una huelga, muy fuerte que había en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, con una gran marcha que terminó en Zapote, se había dispuesto que el personal de la Casa Presidencial se retirara. El presidente Rodríguez permaneció allí hasta que un Oficial se le acercó para comunicarle que tenían información que los manifestantes iban a tratar de ocupar el edificio y que había que sacarlo. Llevaron al presidente al patio de atrás para llevárselo en helicóptero. Antes de abordar el presidente reunió a la Policía del edificio presidencial. Les pidió hacer una oración por Costa Rica y les dirigió unas breves palabras enfatizando en su papel protector del edificio y de la seguridad del personal que quedaba. Al finalizar les dijo. “Ante todo, no se les olvide que las personas que están allí, refiriéndose a los manifestantes, son costarricenses y son personas como ustedes”. Un mensaje claro de ese sentimiento civilista con el que se ha construido Costa Rica.

En otra huelga a Casa Presidencial, del sector magisterial, gigantesca huelga, en el gobierno de José María Figueres, en circunstancia parecida un Oficial se dirigió a él diciéndole: “Presidente, tenemos información que van a tratar de tomar el edificio. Podemos evitarlo”. El presidente Figueres le manifestó: “Déjelos entrar, que ocupen los jardines si quieren, pero el edificio es suyo” … No entraron… Otra manifestación pacífica de un gobernante que instruía claramente que no reprimieran aún en los jardines de la Casa Presidencial.

Este civilismo se está perdiendo con la Fuerza Pública. El actual gobierno de la copresidente Fernández está proponiendo restablecer los rangos militares. Así los nombres de Comisario de Policía/Director general de la Fuerza Pública, Comisionado de Policía, Comandante de Policía, Capitán de Policía, Intendente, Subintendente, Sargento de Policía, Inspector, Agente 2, Agente 1, Agente 1, quieren cambiarse por coronel, teniente coronel, mayor, teniente, subteniente, cabo y raso “de policía”.

Con los nombres se viene su contenido militar. Es un asunto implícito, conceptual de carácter de doctrina militar. Se trata de imponer no más respeto ni disciplina. Se trata de imponer miedo, terror, mayor presencia autoritaria. Se trata de imponer lo que se conoce como Temor Reverencial, lo que se refuerza por el entorno cultural televisivo, de cine, de noticias relacionado con la violencia que ejercen los militares amparados a sus uniformes, al abuso con que pueden actuar, que ya se está practicando finamente en los cuerpos policiales. Con el cambio de nombre en los cargos y en el tipo de uniforme se cambia también la mentalidad de quien lo ostenta. Y van a cambiar con ellos los contenidos de los cursos para volver al entrenamiento de soldados y no de policías. Se trata de modificar los valores culturales, pacíficos, antimilitaristas con que se han venido preparando los miembros de la Policía Nacional. Esto hay que evitarlo. La Fuerza Pública hay que mantenerla en el ideario y la doctrina democrática, civilista, antimilitarista, en el conocimiento de la Historia Patria, los Valores cívicos, culturales y de Derechos Humanos que conforman hoy la cultura y la sociedad costarricense, como una cultura de paz.

Las organizaciones militares no se usan para combatir la delincuencia ni el narcotráficos. Tienen un carácter altamente represivo, opresivo. Tampoco acaban con la violencia. En cierta forma la complementan.

Este año, en febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó una vez más, que la seguridad ciudadana debe estar en manos de las policías civiles al margen o fuera de las estrategias militares. Junto a esto propuso también contribuir a mejorar y fortalecer la investigación y la cooperación policial y judicial.

La presidenta Laura Fernández debe pensar muy bien esto que está impulsando. Con este paso retrocede el país, nacional e internacionalmente. Y se coloca ella del lado equivocado de la trayectoria pacifista y antimilitarista de la Historia Nacional, que desde el siglo XIX marcó este rumbo que culminó con un país sin Ejército. ¿Por qué camuflarlo? Estas instituciones, el Ejército y el militarismo, sí son los embriones y los vehículos hacia cualquier tipo de Golpe de Estado, como los son los ejércitos en todo el continente.

Los diputados sediciosos del partido Pueblo Soberano

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Vladimir de la Cruz

El grupo de diputados del Partido Pueblo Soberano tiene, necesaria y obligatoriamente, que someterse al mandato constitucional de ratificar o no la lista de candidatos a magistrados suplentes que remitió la Corte Suprema de Justicia, para que así procedieran. No tienen otro camino.

La Constitución Política que regula este nombramiento no da márgenes para que la presidenta de la Asamblea Legislativa rechace la lista que la Corte envía.

Tampoco da margen para que ellos, como fracción parlamentaria de un partido político, aunque sea el que ganó las elecciones nacionales a nivel del Ejecutivo y del Legislativo, pueda proponer una lista alterna, o sugerir algunos nombres para que se les considere como elegibles. Sencillamente se debe someter la lista de los candidatos a magistrados suplentes a los diputados para que la ratifiquen.

Esto se debe al procedimiento interno, que para este caso, de la elección de los magistrados suplentes, solamente la Corte Suprema de Justicia, puede proponer esa lista. Para su elaboración la Corte Suprema de Justicia, ha evaluado y valorado los atestados personales, profesionales, académicos, laborales, a las personas, abogados y notarios, juristas, para proponerlos como magistrados suplentes y presentarlos para el trámite legislativo de su “ratificación” la lista de candidatos propuestos por el Poder Judicial.

Para elegir un Magistrado Propietario o Suplente se requieren 38 votos de diputados a favor. Técnicamente para elegir a los magistrados suplentes que propone la Corte se requieren los mismos 38 votos de diputados. En el conjunto legislativo el Partido de gobierno Pueblo Soberano tiene 31 y los otros partidos en su conjunto 27. Para no elegir un magistrado que ya lo es pero que se presenta para su reelección igualmente se requieren 38 diputados que lo rechacen o voten en contra de su reelección.

Los Poderes Públicos, como es el caso del Poder Judicial, deben trabajar a derecho, con todos los funcionarios que la Constitución Política establece que deben dirigirlos. Su trabajo no puede ser obstaculizado, obstruido ni impedido de ejecución porque un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa, como es el caso del grupo de diputados del Partido Pueblo Soberano, y la misma presidenta de la Asamblea Legislativa, entorpecen su trabajo, lo sabotean, lo obstaculizan, lo lesionan, lo impiden y traban en la práctica.

Con esta actitud y comportamiento político los diputados del partido Pueblo Soberano, y la misma presidenta de la Asamblea Legislativa, están cometiendo el delito de sedición, el acto criminal de rebelarse contra la autoridad establecida y constituida en el orden público costarricense que tiene el Poder Judicial.

El grupo de diputados del partido Pueblo Soberano actúa como una banda delictiva, que actúa colectivamente, en grupo, en forma tumultuosa, alterando el orden público, impidiendo por la fuerza de su comportamiento la ratificación de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, que sin su ratificación se impide y entraba el funcionamiento del Poder Judicial. Con ese acto de esos diputados se está alterando el orden público, sin buscar el derrocamiento del gobierno ni incitando, por ahora, a una rebelión, pero sí creando las condiciones de anomia política en el país, de caos institucional y de los poderes públicos, que permita justificar al Poder Ejecutivo lo que ha venido proclamando de impulsar un estado de excepción, un estado de sitio, una suspensión de garantías individuales, y de provocar a la vez la posibilidad de poder gobernar a la fuerza, sin controles administrativos, políticos y judiciales.

El acto de sedición que están provocando es el de impedir por la fuerza de ese comportamiento legislativo la aplicación de las leyes y entorpecer el trabajo y funcionamiento del Poder Judicial.

La sedición aquí está caracterizada por el entorpecimiento del orden y del funcionamiento de las autoridades judiciales para que ejerzan su función. Así están provocando una subversión del funcionamiento de la institucionalidad judicial. Los diputados del partido Pueblo Soberano están realizando un alzamiento colectivo, encabezado por ellos, de forma violenta, contra la autoridad Judicial, contra el orden político del país, contra la estructura e independencia de los Poderes Públicos.

Con su actitud están tratando de fortalecer la imagen pública, resquebrajada y el irrespeto institucional que el Poder Ejecutivo, desde el gobierno anterior y con el actual, han impulsado contra el Poder Judicial, contra la Corte Suprema de Justicia, contra sus presidente y sus magistrados.

El comportamiento delictuoso de los diputados de Pueblo Soberano se orienta a quebrar toda la institucionalidad política nacional y de crear las condiciones subjetivas y objetivas para imponer un gobierno de facto, de hecho, al margen de toda la constitucionalidad y legalidad posible.

El comportamiento político de los diputados de Pueblo Soberano, y de los desplantes autoritarios de la presidenta Legislativa, se orientan a provocar el desorden público, se mueve a la convocatoria de personas que propicien un levantamiento público, en su favor obviamente, contra la institucionalidad democrática nacional.

Impulsan que las autoridades judiciales no puedan tomar decisiones, no puedan trabajar. Impulsan obstaculizar su trabajo, que no se apliquen norman, que se paralicen servicios públicos, como el Judicial.

El comportamiento de los diputados del partido Pueblo Soberano está llamando al caos, a las acciones violentas, físicas y verbales. Está convocando subliminalmente a la sublevación de la población contra el Poder Judicial, contra las autoridades judiciales y la paz social, y con ello contra el equilibrio e independencia de los Poderes Públicos.

La sedición en marcha de estos diputados es el acto criminal de su rebelión al rechazar ad-portas, y negarse a presentar al Plenario Legislativo, la nómina de candidatos propuesta por la Corte Suprema de Justicia, para que sean ratificadas las magistraturas suplentes que se están poniendo al trámite legislativo para su aprobación, y asegurar el buen funcionamiento del Poder Judicial. Es un acto claro y directo contra la autoridad establecida constitucionalmente del Poder Judicial. Si se quiere también es un acto sedicioso contra el Gobierno Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Este proceso sedicioso de estos diputados está entorpeciendo el funcionamiento del orden público.

De continuar en su actitud los diputados sediciosos de tratar de arrogarse la soberanía, que reside en la Nación, en el Pueblo, se acercan a cometer el delito de traición a la Patria, y si asumen o se arrogan esa representación popular realizan el acto de la sedición.

Una prueba de fuego le ha sido puesta en bandeja de plata a toda la Asamblea Legislativa. La excelente Magistrada de la Sala Segunda, la Dra. Julia Varela, por razón de vencimiento de su nombramiento en setiembre, ha puesto su nombre para la reelección en el cargo de Magistrada.

Tiene constitucionalmente el derecho de reelección. Así lo ha solicitado a la Asamblea Legislativa., con orgullo profesional y laboral ampliamente reconocido.

La Presidencia de la Asamblea Legislativa no puede rechazar su solicitud. Tiene que darle trámite para su posible reelección. En su caso pueden presentarse otros candidatos, incluidos candidatos del partido Pueblo Soberano, entre los cuales se escogería al Magistrado Propietario por un nuevo plazo de ocho años. Para nombrar un nuevo magistrado se necesitan 38 votos y para impedir la reelección también se necesitan 38 votos.

La elección de los magistrados suplentes y la de los propietarios son dos tipos diferentes de elección. ¿El comportamiento sedicioso de los diputados se manifestará contra la Magistrada Julia Varela?

Del período de los Recolectores hasta la posible III República

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Vladimir de la Cruz

La Historia de Costa Rica, en forma sencilla de decirlo, es la suma de todos los eventos humanos, culturales, sociales, educativos, religiosos, económicos, políticos, electorales desde que tenemos elecciones, de nuestro pasado hasta el presente, que han permitido construir y hacer evolucionar la sociedad democrática nacional que hoy tenemos, de valorar las instituciones que existen como engranaje de la convivencia social que vivimos.

Esa Historia, ese desarrollo histórico, se dio por etapas, por períodos de vida, períodos largos o cortos, según se analicen y distingan, por una evolución social, económica y política, que caracterizaron esas etapas o períodos en donde avanzamos de los tiempos más primitivos a los actuales más modernos.

Algunos de esos períodos o etapas se dieron evolutivamente, otros por resultados impositivos violentamente, provocando nuevos períodos y etapas. Así por ejemplo, los tiempos más remotos datan desde que consideramos la existencia humana en el actual territorio de Costa Rica, haya sido por el paso migratorio de quienes venían de la región norte del continente o de quienes procedían de la región sur del continente, cuando el continente americano estaba debidamente formado en su formación geológica y geomorfológica, y dejaban la prueba de su paso por el territorio como desde cuando empezaron a establecerse, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos y las interpretaciones antropológicas de su existencia nacional.

Los períodos históricos, como conceptos ya datados, pueden tener sus diferencias cronológicas según los datos, eventos o sucesos que el historiador, o quien los elabore, pueda tener o establezca como puntos de partida y de cierre de esos períodos históricos.

De esta manera, tenemos el período de las comunidades recolectoras, las cazadoras, las pescadoras, las agroalfareras, que condujeron al surgimiento de las sociedades cacicales hasta la llegada de los españoles y europeos, a partir de 1492 en el continente, y de su presencia en el territorio nacional desde 1502, con Cristóbal Colón recorriendo la costa caribeña y su breve estadía en la zona de Limón, y de la penetración en el territorio unos años más tarde, 1519. Hasta aquí, a grandes rasgos, es la historia antigua de Costa Rica o precolombina, como también se le conoce.

De estos dos últimos momentos se plantean los períodos históricos que conocemos como el de conquista y el de colonia, ambos se remontan hasta la proclamación de la Independencia de España el 29 de octubre de 1821 en Cartago. El de la conquista se prolongó, en términos generales hasta el tiempo de la fundación de Cartago, en la década de 1560, cuando prácticamente los españoles habían logrado controlar el centro del país, y ejercieron dominio sobre las comunidades indígenas principales. Además, porque su establecimiento les empezó a facilitar disponer de los recursos naturales de aquellos años, y de poner a las comunidades indígenas sometidas a trabajar para ellos, y lo que ellos representaban, el Reino Español. De igual modo, de imponerles a las comunidades sometidas todo su engranaje político, religioso, jurídico, social, cultural, y destruir hasta donde pudieron todo el engranaje y sistemas de vida de las comunidades indígenas. De esta forma las tierras que habitaban libremente las comunidades indígenas y disfrutaban para ellos pasaron a ser tierras del Rey o realengas, y las comunidades indígenas fueron obligadas a trabajar para los españoles y no para ellos mismos. La organización de poder político que tenían las comunidades indígenas se les eliminó y se les obligó a acatar y aceptar el poder político de las autoridades españolas que las dominaban. Se les obligó a aceptar y someterse a las disposiciones legales o jurídicas que los españoles traían y las que desarrollaron en el continente. Se les destruyeron sus templos religiosos y se les impusieron los templos, iglesias católicas, a sus valores religiosos naturales se les impusieron los valores cristiano-católicos.

La narración histórica así puede establecer los períodos de la historia precolombina o antigua, la de la conquista y la de colonia. En ella se contienen los sucesos que se destacan en forma generalmente cronológica, con base en documentos, restos materiales, testimonios que hayan quedado orales, y las costumbres, tradiciones y expresiones folklóricas que puedan considerarse como manifestaciones de vida social en esos períodos.

La narración histórica de esos tiempos resultó de los textos de quienes ejercieron el poder, que escribían y dejaban documentalmente, o de funcionarios a quienes se les pedía que fueran relatando como memoria los sucesos de la vida cotidiana y política que se estaba desarrollando. Muchos sacerdotes, conquistadores y colonos así lo hicieron y testimoniaron. Después por escribanos y otros funcionarios. Cuando en la Colonia desarrollaron instituciones educativas, como las universidades, surgieron en ellas esos relatores, y también rescatadores de la vida anterior indígena y contemporánea que estaban viviendo.

Durante la colonia las rebeliones indígenas y la resistencia anticolonial se mantuvo.

Con la Independencia surgieron otros períodos históricos. Así, desde 1821 hasta hoy podemos establecer la siguiente línea cronológica, de períodos, desde la perspectiva de datos políticos.

El período de las Juntas de Gobierno, 1821-1823, el período de la República Federal de Centroamérica, 1824-1838, cuando pertenecimos a ella como Estado de Costa Rica, que así lo fue formalmente hasta 1848. Durante el período de la República Federal las autoridades superiores, del Poder Ejecutivo, se llamaron presidente, y las del Estado de Costa Rica, jefes de Estado.

A partir de 1848 se declaró la República de Costa Rica hasta hoy, gran período que a su vez se puede fragmentar en Primera República, 1848-1948, aunque así no fue declarada durante esos cien años. A las autoridades superiores de la República, del Poder Ejecutivo, se les llama, desde 1848 hasta hoy, presidente.

En marzo-abril de 1948 se produjo la Guerra Civil, para garantizar un resultado electoral de las elecciones de febrero de ese año. José Figueres Ferrer fue el líder militar de la rebelión triunfante quien se impuso por dos años ante Otilio Ulate, triunfador de las elecciones anuladas que dieron origen al conflicto armado. Al asumir el poder declaró fundada la Segunda República, que corresponde al período 1948 hasta nuestros días.

En el último gobierno, el del presidente Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026 y en el actual de Laura Fernández Delgado, 2026-2030, se habla de una Tercera República, la cual no se ha declarado oficialmente. Lo que ha habido es un ataque sistemático a todo lo que simboliza institucionalmente, en la estructura del Estado, sus Poderes Públicos y órganos políticos de control administrativo, el armazón que lo constituye, sin que se hayan planteado las nuevas formas institucionales de esa posible Tercera República.

Clave importante de este desarrollo político institucional ha sido la formación de valores políticos y sociales. Los de las comunidades indígenas hasta donde fue posible los destruyeron, acabaron y borraron. Los de la conquista y la colonia fueron los valores políticos y sociales de los españoles que se impusieron como valores dominantes.

En la vida social y política los valores que se imponen, como modo y práctica de vida, son los de los grupos y sectores políticos o de clases sociales dominantes. En este sentido los valores son históricos, pues responde a períodos históricos y a los grupos que en ellos dominan. Así son también los valores morales o religiosos.

Los valores sirven para garantizar la convivencia social armónica, para aceptar esa convivencia. Los valores por ello sirven para orientar la formación ciudadana, la opinión pública, y la participación política ciudadana. También son usados para orientar o definir el rumbo de las políticas públicas, y las acciones de gobierno o de gobernanza, que desde el Poder Ejecutivo, se impulsan, y sirven para promover doctrinas políticas ce distintos tipos, puesto que cada una de ellas tiene su propia y específica escala de valores, lo que muchas veces se trata de expresar en las llamadas “ideologías”.

La transmisión de valores se produce en la Familia, en la Escuela, en la Iglesia, en los medios de comunicación, en los distintos aparatos de comunicación del Estado. para educar a los niños y a los jóvenes en los valores “nacionales”, “patrióticos”.

En la Escuela, en el proceso educativo, se fortalecen las bases de los valores que familiarmente se han introducido en los niños, en el núcleo familiar. La Escuela, Colegio o Universidad, como instituciones educativas tienen la responsabilidad política, cívica ciudadana, de formar para la mejor vida en sociedad, para la mejor convivencia social.

Aquí es donde se deben fortalecer con más empeño los valores de Respeto y Tolerancia, para enseñar a reconocer y aceptar la diversidad de opiniones, de religiones, de creencias, de grupos sociales, étnicos, o raciales, las diversas expresiones de la convivencia familiar que ahora existen.

En el proceso educativo se deben fortalecer, entre otros, los valores de la Libertad, la Igualdad, la Equidad, la Justicia Social, la Solidaridad, la Participación Ciudadana, el del Pluralismo político, la Responsabilidad, la Honorabilidad y Honestidad, los valores que definen la identidad, los que fortalecen los vínculos familiares, los del amor y el respeto, así los valores éticos de actuar con transparencia, humildad y compromiso para cumplir las metras y objetivos que trazamos para la vida personal, familiar y pública.

La enseñanza del valor de la Libertad es fundamental porque da el derecho a expresar ideas, posibilita la disensión, garantiza el respeto al libre pensamiento. Políticamente enseña a organizarse, sin temor alguno, y a participar en la vida política orientada a elegir libremente gobernantes, autoridades y representantes de gobierno, sin coerción alguna.

La enseñanza de los valores del Pluralismo y la Tolerancia son fundamentales para enseñar a reconocer y respetar la diversidad de opiniones religiosas, morales, éticas, políticas. Es para enseñar el respeto a las maneras de pensar y de ser como personas. Es para enseñar la promoción de debates públicos donde se expresen distintas opiniones para tratar de lograr altos fines públicos constructivos.

La enseñanza de los valores asociados a la Justicia, la Equidad y la Solidaridad son para fortalecer el respeto para el trato igual e imparcial a todos los ciudadano, son para estimular la conciencia de resolver las brechas de desigualdad social que existen y fomentar el compromiso colectivo para logar el mayor bienestar posible de las poblaciones o sectores sociales más vulnerables, marginales o excluidos de las políticas públicas, para lograr mayor cohesión social y mayor paz social.

Los valores de Responsabilidad y Transparencia para enseñar la rendición de cuentas en el servicio público y en la toma de decisiones.

El proceso escolar, por ejemplo, en paralelo con la vida ciudadana, ha desarrollado prácticas escolares de elecciones estudiantiles, en las escuelas y colegios. Allí los niños y los jóvenes aprenden, como los mayores, como los ciudadanos, a participar libre y organizadamente en partidos políticos, o grupos políticos que se asemejan a los partidos políticos haciendo de esas formas sus primeras armas políticas para la vida en la sociedad política de los adultos, la que define los rumbos del país y de la sociedad que vivimos.

Recientemente, el Ministerio de Educación envió la circular DM-CIR-0047-2026 a todas las instituciones educativas del país instruyendo a los educadores para que en la exposición de sus lecciones actúen con neutralidad política electoral, como un mecanismo de presión sobre los docentes, procurando imponer de esa manera un régimen de terror, de miedo, de silencio, de control político en las aulas. En la época de la dictadura de Francisco Franco en España, en las Universidades y en instituciones educativas había control policial sobre lo que decían los maestros y los profesores, a veces con presencia de policías en las aulas. ¿A esto se quiere llegar en Costa Rica?

En la práctica educativa y docente del país me atrevo asegurar que la vida académica y de enseñanza se produce con esa neutralidad política y electoral.

En las escuelas, en los colegios y en las Universidades todos los cursos que se imparten se dan sobre Programas Académicos, debidamente aprobados, con procesos rigurosos de aprobación, que trazan o señalan los contenidos que se deben comunicar, transmitir o estudiar por parte de los estudiantes. Ninguno de esos Programas está sometido a la parcialidad política electoral. Ni siquiera, hasta ahora están sometidos y redactados de conformidad al interés político de cada administración política que tenga al país.

Los partidos políticos que han gobernado el país y el Poder Ejecutivo, Liberación Nacional, los que se han agrupado alrededor de la Unidad Social Cristiana o del Partido Acción Ciudadana han impulsado desde el Consejo Superior de Educación, programas educativos para toda la enseñanza que respondan a los intereses políticos y político electorales de esos partidos, gobiernos y presidentes.

Los temas que le preocupan al actual ministro de Educación, en esa circular, son los temas político-electorales. Estos temas son tratados únicamente, de ser tratados, en los cursos de Estudios Sociales, de Historia, de Formación Cívica o Ciudadana.

No existe en el país literalmente hablando una Historia Oficial. Una historia oficial sería aquella que el Estado o el gobierno de turno redacta como texto oficial de obligada enseñanza.

Los textos que se han enseñado como básicos para el estudio de la Historia Nacional y de la Formación Cívica ciudadana han sido elaborados por destacados profesores, historiadores o investigadores de temas sociales, jurídicos y cívicos. La “Cartilla Histórica” de Ricardo Fernández casi 50 ediciones tuvieron, una por año, los textos de “Historia de Costa Rica” de Carlos Monge Alfaro, los de Carlos Meléndez, o los de los profesore Carlos Luis Sáenz y Adela Ferreto, eran los que se usaban regularmente.

La Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional colaboraron en pasado con el Ministerio de Educación en la elaboración de textos que nunca fueron cuestionados por parcialidad informativa, analítica o interpretativa, ni acusados de ser “parciales política o electoralmente” a favor de algún partido o tendencia política.

Los profesores lo único que tienen es su formación profesional, académica, y su libertad de exponer el contenido del Programa de Estudios oficial que tienen que enseñar o dirigir, en su estudio a los estudiantes de acuerdo a su formación profesional.

Lo único que tienen en esa formación académica es esa Libertad de Cátedra que les da su formación profesional y académica, con los valores con que han sido formados para desarrollar los temas de los programas que deben estudiar sus alumnos, y motivarlos en el estudio de la Historia Patria.

La enseñanza está dirigida a formar hombres y mujeres con capacidad crítica de pensar, con capacidad de desarrollar y tener pensamiento propio. Está dirigida a formar mejores ciudadanos.

La enseñanza está dirigida a formar Hombres y Mujeres Libres para poder lograr una sociedad democrática más sólida, más desarrollada, mas inclusiva, más justa.

Hasta la Segunda República así ha sido la política educativa del país en general. Ni siquiera en el período de la Junta de Gobierno, 1948-1949, ni en la siguiente década, 1949-1958, cuando yo hice la primaria y aún el país olía a pólvora y represión política post guerra civil, los programas educativos de esos años se orientaron a exaltar a los triunfadores de la Guerra Civil, ni a imponer una Historia Oficial de los victoriosos.

En el esquema de la Tercera República que se quiere imponer, ¿es eso lo que se quiere desarrollar?, ¿una Nueva Historia Nacional a partir del gobierno de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández? ¿Los ataques de Rodrigo Chaves a los gobiernos, gobernantes y partidos gobernantes, del período 1949-2022, igualmente condenados por Laura Fernández, hacia eso se dirigen?, ¿hacia la Historia de la Tercera República, con las fotos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández, en la entrada, en la recepción de los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber, como lo hace Bukele en El Salvador?

Sobre visitas a Museos, Bibliotecas y Cárceles

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Vladimir de la Cruz

Cuando estaba en la Escuela, en la década de 1950, comenté, en un artículo anterior, que una visita obligada era al Museo Nacional, entre otras cosas para ver una vitrina en el sótano que estaba custodiada por una pareja de policías armados, que tenía en exhibición una mata de marihuana, situación que se aprovechaba para valorar la riqueza arqueológica del Museo, e infundirnos miedo a las drogas y a su consumo.

En el colegio no se nos llevaba al Museo. Algunos profesores, de Historia o Estudios Sociales recomendaban su visita. Como profesor invitaba a los estudiantes a que visitaran los museos, especialmente cuando explicaba los tiempos antiguos de Costa Rica.

En la Universidad aquellos cursos que estaban ligados a la Historia Nacional, especialmente en su parte antigua, eran de obligada orientación para visitar los Museos Nacional, de Oro y de Jade, en sus distintas Salas. En mi caso, que me orienté por el estudio de Historia, y de la Historia de Costa Rica en particular, me hice asiduo visitante.

La Historia Antigua me cautivó en un primer momento, y me hizo matricularme en algún curso importante de Antropología, con el profesor Carlos Aguilar Piedra, con quien cultivé una rica amistad, a quien cariñosamente se le llamaba por sus dilectos alumnos y discípulos, el Gran Chamán. El Profesor Aguilar aceptó participar con un grupo muy destacado de antropólogos, discípulos y asistentes suyos, en el Capítulo de Historia Antigua, de la Historia General de Costa Rica, que dirigí en 1989, lo que fue una gran experiencia enriquecedora para mí trabajar con ellos, visitar los museos, analizar sus colecciones.

El Gran Chamán se había formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que le daba una formación científica más profunda en este campo. En aquellos años, de la década de 1960, se enfatizaba en la búsqueda del Paleoindio costarricense, el más antiguo que se hallare en el país. Era la pasión de las búsquedas arqueológicas, porque estaba en cierta forma de moda la búsqueda del paleo indio americano que disputaba México, en aquellos años con el llamado Hombre de Tepexpan, un esqueleto que había sido hallado en el antiguo Lago de Texcoco, en México, en 1947, cuya antigüedad se discutía entre los 4000, 8000, 10.000 y hasta 23.000 años, lo que tiempo después se redujo a una cifra de 4.700. Aun así, la discusión de antigüedad continuaba y sigue investigándose. Las más antiguas se consideran cuando superan los 10.000 años. Así se han encontrado en Chile, más de 18.500 años, en Yucatán, México, el primer fósil reportado de un rostro humano, de hace 13.000 años, de igual edad al llamado Hombre de Arlington Springs, en Estado Unidos. La mujer más antigua de América se le estima en 12.700 años localizada en la Zona del Peñón de los Baños, cerca de aeropuerto de México. La discusión de la mayor antigüedad se mantiene abierta.

Para el caso costarricense los hallazgos arqueológicos señalan que los restos más antiguos son de hace 12.200 años, hallados en la región de Siquirres. La Fauna gigante que había en el territorio nacional se ubica entre los 10.000 y 40.000 años de antigüedad. La Antropología costarricense ha señalado que los primeros pobladores de Costa Rica llegaron hace unos 12.000, como grupos nómadas cazadores-recolectores, según restos que se han encontrado en el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón.

En otros capítulos de la Historia Nacional llevé estudiantes a visitar industria y ciertas actividades empresariales, cuando me lo permitían sus empresarios.

Un sitio casi de obligada llegada de mis estudiantes era la Biblioteca Nacional, para que los estudiantes tuvieran contacto con el pasado, haciendo un breve estudio, y repaso de un periódico, que asignaba individualmente, del cual rendían el informe, que no podía ser copiado de otro estudiante. En general esa experiencia era bien cumplida y satisfacía su propósito, donde los estudiantes a veces se quedaban ampliando su visión y contacto con la historia pasada reflejada en periódicos.

Como asistente estudiantil que fui del Profesor y Gran Maestro Rafael Obregón Loria él me enviaba a sacarle información de periódico La Gaceta, el diario oficial, que aprendí a estimar, leer y buscar información. En la elaboración de mi Tesis de graduación hice una investigación de varios años en la prensa costarricense desde 1870 hasta 1930.

En dos ocasiones llevé estudiantes, autorizado para ello, a visitar la Penitenciaría Central, donde hoy está el Museo de los Niños, a visitar presos o privados de libertad. Se me autorizaba llevarlos al área de menos peligrosidad. El objetivo ver las malas condiciones del presidio, el hacinamiento en que estaban los presos, las condiciones en que comían. Los estudiantes podían hablar con los privados de libertad con amplitud, siempre a la vista de guardias que nos acompañaban en esas visitas. Se nos autorizaba llevarles cigarros. Nunca se hizo una visita con el propósito de decirle a los estudiantes, de diferentes clases o estamentos sociales que iban, que era para que aprendieran a ser “buenos”, o se alejaran de las posibilidades por las cuales podían delinquir. Tampoco para asustarlos de un posible futuro por su condición económica, social, o lugar donde vivían. Dejé de hacer esas visitas cuando una vez, ocho días después de haber visitado la Penitenciaría Central, hubo un motín de privados de libertad, y tuvieron retenidos a varias guardias y personas que en ese momento les visitaban. Entendí que no podía exponer a estudiantes a situaciones así. De una de esas visitas se hizo constancia en el Semanario Universidad.

Me ha sorprendido el anuncio con bombos y platillos que ha hecho la presidenta Laura Fernández, hace pocos días, de impulsar una política de educación pública para llevar a todos los niños en edad escolar de las escuelas públicas, de las comunidades con altos índices de criminalidad, a visitar las cárceles, con el propósito de asustarlos y como parte de una estrategia para prevenir que ingresen a la delincuencia y el narcotráfico. Así, señaló, que los niños conocerían de primera mano las consecuencias de involucrarse en actividades delictivas. Es un esquema de terapia de shock de enfrentar a niños con situaciones que podían vivir para que no cometieran actos en sus vidas que podía llevarlos a los centros penitenciarios.

No es así como se enfrenta la situación de la delincuencia. Se debe fortalecer la educación formal la técnica, los valores familiares, los valores sociales, los valores políticos y democráticos en la enseñanza. Se deben fortalecer los valores y conocimientos de la historia nacional y patria para fortalecer y consolidar la democracia como sistema, para formar pasión y amor por Costa Rica, por el país que vivimos, y tratamos de desarrollar y construir para lograr un mayor y mejor desarrollo económico social, cuya generación de riqueza sirva para resolver los grandes y graves problemas sociales y económicos que afectan a la gran mayoría de costarricenses, desempleo, trabajo informal, pésimos y bajos salarios, salarios congelados desde hace cinco años, congelados para los próximos cuatro años, alta deserción escolar y colegial eliminación de los subsidios sociales en la población escolar, de los buses estudiantiles, de los comedores escolares, de las becas para la educación pública, de las malas condiciones higiénicas de los chinchorros, de los tugurios, de la mala vivienda, poco decente y digna, de las malas condiciones de seguridad e higiene ocupacional en fábricas, empresas y en contornos sociales de habitación popular, de las dificultades del transporte público, amenazas de bajar los salarios mínimos para compararlos con los América Latina, de ampliar el plazo de tiempo de pensionarse, las amenazas de imponer el trabajo de 12 horas diarias de trabajo rebajando el salario real, recortando constantemente los presupuestos de las instituciones de carácter social, de la falta de oportunidades y posibilidades para la convivencia en áreas urbanas, en las barriadas populares de espacios de esparcimiento seguro para los niños y sus familias, de la falta de una política de vivienda social que permita construir al menos casas con tres cuartos para evitar el hacinamiento doméstico y evitar la violencia familiar que ello produce, por no estimular más, y de manera efectiva, el deporte, la salud física, la salud mental, el arte, el deporte, la recreación y la integración social comunitaria.

Lo que propone la presidenta Laura Fernández es descabellado, peligroso para los niños en sus visitas a las cárceles. Así no se desalienta a nadie ante su futuro incierto.

La presidenta parte de los niños de las poblaciones, con las comunidades con mayores altos índices de criminalidad, a visitar las cárceles. ¿Quién le dice a ella que solo de esas comunidades se desenvuelven potenciales delincuentes y criminales? Los delincuentes y criminales de cuello blanco, los evasores y elusores de impuestos, los altos estafadores de los bancos o instituciones financieras, los blanqueadores de dinero, los que reciben los apoyos de altos funcionarios de gobierno, de manera cómplice, conociendo hacia quienes se dirigen esos altos créditos bancarios sin garantías sólidas, no vienen de esas comunidades con mayores altos índices de criminalidad, a las que aludió la presidenta.

Puedo asegurar que en las grandes estafas públicas, y escándalos sonados, los participantes e involucrados provienen de las capas medias, medias altas y altas de la sociedad costarricense, y de formación educativa en colegios privados.

¿Pensará la presidenta que los jóvenes de esos colegios privados deben ir a visitar las cárceles para evitar esas figuras delictivas y criminales?