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Etiqueta: Vladimir de la Cruz

¿Hacia dónde vamos, con la política del Gran Garrote, contra los emprendimientos laborales de Airbnb?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Airbnb se ha desarrollado internacionalmente como una empresa, o compañía, desde el 2008, cuando se fundó en California, con capacidad de brindar información y ofertas de alojamientos a ciudadanos nacionales y turistas extranjeros para realizar alquiler, especialmente vacacional, a costos mucho más cómodos que los de los grandes emplazamientos hoteleros.

Airbnb es casi “cuarto, cama inflable y desayuno”. Como actividad internacional se dice que abarca todo el orbe mundial, con presencia o alcance de sus ofertas en casi los 200 países, casi las 35.000 ciudades, con capacidad de atender millones de reservas, mediante el sistema de que tanto el anfitrión, quien ofrece el servicio, como el huésped, quien lo recibe y lo paga, se evalúan mutuamente. En el país funciona también la modalidad de “cama y desayuno”.

La actividad de Airbnb en la mayoría de los países es regulada oficialmente en sus operaciones de alojamientos turísticos. En algunos países el sistema ha creado problemas en el manejo de los alquileres. En la mayoría ha sido un gran incentivo para desarrollar encadenamientos de “hotelería” cómodos, baratos, fáciles de cubrir y de atender, para satisfacer la demanda de turistas internacionales y nacionales. Ha sido una fuente de empleo muy importante en países que tiene altas tasas de desempleo y pobreza.

La competencia que genera con grandes empresas hoteleras hace que éstas presionen a gobiernos y parlamentos para regular más exigentemente sus actividades, para disminuirlas y debilitarlas y hasta para hacerlas desaparecer, si fuera posible.

Es una actividad de “emprendimiento” para muchas personas, para retirados o jubilados, que no se les permite trabajar y complementar sus ingresos, a riesgo de perder sus pensiones; especialmente para mujeres. En muchos casos es una actividad familiar, que involucra a varios miembros de las familias. Es claro que como actividad económica debe declarar ingresos y pagar impuestos, con gastos de la actividad que se pueden deducir del pago de impuestos, como son seguros de vivienda, pagos por la recolección de basura, de limpieza del lugar y de mantenimiento, en general, entre otros.

Jurídicamente se ha tratado de regular internacionalmente como “alquiler vacacional”, y en algunas ciudades como “alquiler ilegal”. En esta actividad se pueden alquilar habitaciones o cuartos, como en los hoteles; casas, como las que también se alquilan en zonas hoteleras exclusivas y muy caras. Una de las medidas que se trata de imponer contra este tipo de servicios es impedir que puedan realizarse estos alquileres por períodos menores de 30 días, lo cual es un absurdo, por cuanto quien tiene interés de turistear lo hace por días, en un sitio, o por períodos muy cortos, generalmente, teniendo como base central un sitio alquilado. Pero, si es un turismo de recorrido, obviamente el alquiler es en el trayecto en tanto se necesite; es un interés turístico ad hoc, para la ocasión.

La esencia de este sistema es que son alquileres de corta duración, de pocos días. No son alquileres como los llamados “moteles de paso”, o como las habitaciones, que ya funcionan en el centro de San José, y de otras ciudades, también de paso, que se alquilan por horas, 2, 4, 6 o hasta 12 horas, para efectos, principalmente, de parejas que necesitan esos ratos para sus intimidades amorosas.

En la Asamblea Legislativa se está impulsando un Proyecto de Ley orientado a actualizar y renovar la legislación vigente en este campo. Desde hace cuatro años se reguló el hospedaje de este tipo, considerado hospedaje no tradicional, por la prestación de servicios de alquiler de cuartos, casas, apartamentos, por períodos no mayores a un año ni menores de 24 horas.

Los tagarotes hoteleros están presionando porque consideran que no tienen igualdad de condiciones, especialmente en el pago de tarifas e impuestos, según ellos, lo que les encarece sus servicios en desventaja. En la práctica no es cierto. La capacidad hotelera del país se orienta a satisfacer plenamente a los casi 3 millones de turistas que vienen a Costa Rica. Los hoteles funcionan en sus temporadas bajas y altas a llenazo. Incluso durante la pandemia, tanto en temporada baja como alta, hubo una situación de bastante bonanza hotelera, y de hoteles llenos, que discretamente se mantuvieron con esos estándares de ocupación.

Los turistas nacionales, por muchos que sean, que pueden pagar esos precios altos de los hoteles, no significan ni un 5% de la ocupación de esos hoteles, mientras que en este otro tipo de servicios pueden satisfacer sus necesidades turísticas y recreativas con mayor facilidad.

El Proyecto de Ley empuja para que el Instituto Costarricense de Turismo actúe como el policía, con la política del Gran Garrote, contra los emprendimientos de este tipo, de Airbnb, que tiene la siguiente radiografía. Los Airbnb existentes en Costa Rica principalmente son atendidos por mujeres, un 49% de mujeres está al frente de ellos; un 16% son atendidos por adultos mayores; casi el 50% de su ocupación es de costarricenses, es decir, de turistas locales, nacionales, costarricenses, situación que es válida para prácticamente para casi todos los Airbnb que funcionan en la Gran Area Metropolitana, como fuera de ella, en el resto del territorio nacional.

He sido testigo, en una ocasión, en Guanacaste, en la región de Santa Cruz, que ante el llenazo de hoteles grandes que había, un hotel, del que fui testigo, negoció y ofreció servicios de un Airbnb, que seguramente les auxiliaba en situaciones como ésa.

Cuando ir a un cine, en uno de los Centros Comerciales de San José, con seis nietos y un hijo, que piden palomitas del maíz, y un refresco cuesta ¢76.000 colones, sin ir a la sección VIP, que tienen, hay que entender que es una cifra muy elevada, que no cualquier persona puede satisfacer. Con más razón se puede entender que ir a uno de esos grandes hoteles, para la mayoría de la población que turistea popularmente, igualmente les es imposible.

Entonces: ¿A quién se está protegiendo con este Proyecto de Ley? ¿A los grandes empresarios de la hotelería, la mayoría extranjeros, de grandes cadenas internacionales? ¿A los pequeños empresarios nacionales? ¿A los costarricense, mujeres y adultos mayores que se dedican a esta actividad, o es a ellos a los que se quiere eliminar, como algún desquiciado del gobierno afirmó, hace poco tiempo, de quiénes debían morirse por desatención pública?

La manera de eliminarlos es poniéndoles trabas de trabajo, de operación de sus establecimientos, que es lo que se busca con el Proyecto de Ley, o cínicamente como un alto funcionario de la Cámara Costarricense de Hoteles dijo que era para igualar las condiciones de control y competencia entre Hoteles y opciones de hospedaje non tradicional; que es como comparar ballenas con sardinas.

Los grandes hoteles generan empleos, y encadenamientos productivos y de trabajos ligados a ellos. Contribuyen regionalmente en donde se encuentren instalados en muchos aspectos. También los Airbnb lo hacen en sus dimensiones.

La diputada, Carolina Delgado, que está impulsando este Proyecto de Ley, junto con el partido político que representa, Liberación Nacional, está actuando contra ese 49% de mujeres y 16% de adultos mayores que atienden los Airbnb del país, que están al frente de ellos. Después se quejan de sus derrotas electorales; no entienden por qué no votan por ellos; se asustan en esa tienda política de los pasos de animal grande que sienten del Gobierno de Rodrigo Chaves, en posibilidad de reelegirse, sin ver la tuca que tienen en sus ojos.

Airbnb, como empresa rectora de estas actividades señaló que las regulaciones que se les quieren imponer va a generar un impacto negativo para miles de costarricenses, “un impacto devastador” dijo. Yo agrego, y para las familias costarricenses que quieran turistear se les reducirán sus posibilidades en esa misma proporción.

Las empresas hoteleras, de Airbnb, catalogadas como “no tradicionales” deberían impulsar una propia Cámara Nacional, que los defienda como grupo. Ni la Cámara Costarricense de Hoteles, ni el Instituto Costarricense de Turismo, están para defender a los empresarios y emprendedores de pequeños hoteles Airbnb.

El ministro de Turismo se ha opuesto a exigirle a los empresarios y emprendedores pequeños estadías mínimas de cinco noches, como pretende el Proyecto de Ley, por cuanto les provocaría una situación de inequidad. Ojalá el presidente Chaves se compre esta bronca defendiendo a los empresarios y emprendedores de pequeños hoteles Airbnb.

 Mientras el Partido Liberación Nacional impulsa este Proyecto de Ley contra este sector de empresarios y emprendedores de pequeños hoteles Airbnb, se anuncia el impulso de 15 proyectos hoteleros grandes, en costas y en el interior del país, incluso cercanos al aeropuerto internacional, con una inversión cercana a los $600 millones de dólares, en el segmento de hoteles de lujo, con cifras que supera el período anterior a la pandemia.

Solo estos 15 proyectos crearán 1200 habitaciones más a las existentes en el sector turístico ya establecido, en el sector turístico exclusivo, de lujo, de alta calidad. ¿Entonces, para qué joder a los empresarios y emprendedores de pequeños hoteles Airbnb, si ellos en la realidad no les “roban” clientes?

A la atracción de inversionistas turísticos norteamericanos y europeos la Promotora de Comercio Exterior ha señalado que las empresas turísticas, de este tipo, ya establecidas en el país, están en proceso de expansión.

Costa Rica después de la pandemia se convirtió en uno de los sitios más atractivos y apetecidos para el turismo internacional, lo que ha estimulado la necesidad del incremento de habitaciones. Dentro de esta estrategia de los grandes hoteleros se ha visto la necesidad de impulsar hoteles “para el turismo de negocios y para aquellos que visitan zonas centrales del país por estancias menores a dos días”, como afirmó, en un reportaje, el empresario, gerente de FIFCO, Fabian Fernández, lo que evidencia la claridad del Proyecto de Ley, del partido Liberación Nacional, y de la diputada Carolina Delgado, contra los empresarios y emprendedores de pequeños hoteles Airbnb.

De acuerdo, a los datos del Banco Central, las actividades de hotelería y restaurantes, para este año se estima que crezcan en un 9.4%, lo cual también favorece la tasa de crecimiento en los servicios de comercio en general.

La política económica del país está destruyendo las micro y pequeñas empresas. En los últimos 12 meses han desaparecido casi 20.000 pequeñas y medianas empresas, por carecer, principalmente, de los apoyos institucionales en el área de asesoramiento, capacitación y facilidades tecnológicas. ¿Por qué sumar a las de los empresarios y emprendedores de pequeños hoteles Airbnb?

Con este deterioro de la economía nacional, con la destrucción de pequeños y medianos empresarios, como se quiere hacer con los de Airbnb, como con otros sectores empresariales, con el crecimiento del desempleo y el subempleo, con el congelamiento de ingresos y salarios, con el aumento de la pobreza y extrema pobreza, con el deterioro público de la educación y su debilitamiento institucional, se está favoreciendo la crisis social, la violencia social, el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones criminales, el avance hacia el narco Estado, el Estado terrorista y hacia lo que sería la Papá Chaves Republic… de seguir por este camino.

Compartido con SURCOS por el autor.

Reelección de diputados, y ¿por qué no, la de Presidente también?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Desde la Independencia de Costa Rica, cuando empezaron a nombrarse o elegirse representantes populares se impuso, en su designación, la posibilidad de su reelección en el cargo.

Cuando se afinaron los procesos electorales así se estableció la reelección consecutiva, de manera continua, mientras los diputados pudieran reelegirse consecutivamente por el apoyo popular de los votos.

Este derecho de reelección consecutivo, de los diputados, se mantuvo hasta 1948. Así, por ejemplo, el diputado comunista Manuel Mora Valverde fue electo por primera vez en 1934 y se mantuvo electo consecutivamente hasta las elecciones de 1948. También Rafael Ángel Calderón Guardia fue electo ese año y reelecto diputado en 1938, dejando el cargo por asumir la Presidencia de la República en 1940. Otros diputados también fueron reelectos de esa manera.

Mi bisabuelo materno Rafael Rodríguez Salas fue electo diputado prácticamente desde 1898 hasta 1906, de 1908 hasta 1916, cuando fue electo a la Asamblea Nacional Constituyente, de 1917, siendo Secretario de la misma. Siguió de diputado desde 1917 hasta 1919. En 1920 no se presentó como diputado porque la oposición política a él, le presentó un yerno de candidato y él muy dignamente dijo que “contra un hijo no peleaba, no se enfrentaría”, retirándose de la lucha política electoral. Su yerno, Hormidas Araya Hidalgo, fue electo diputado desde 1920 hasta 1928, reelegido en una ocasión.

Los Jefes de Estado y Presidentes también podían reelegirse consecutiva y alternativamente, sin que fuera obligado dejar pasar uno o dos períodos de gobierno. El primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, fue electo en tres ocasiones, consecutivas, desde 1823 hasta 1833. Durante el período en que pertenecimos a la República Federal, 1824-1838, los presidentes de esta República podían ser reelectos consecutivamente, como lo fue Francisco Morazán. Otro Presidente electo consecutivamente fue Juan Rafael Mora Porras, el Gran Conductor Político y Militar de la Guerra Nacional contra los filibusteros norteamericanos, quien gobernó desde 1849 hasta 1859. El Presidente Rafael Iglesias gobernó consecutivamente dos períodos, desde 1894 hasta 1902. Alternativamente lo hicieron Braulio Carrillo Colina, José María Alfaro, José Rafael Gallegos, José María Castro Madriz, Jesús Jiménez Zamora, Tomas Guardia Gutiérrez, Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez Oreamuno, en tres ocasiones.

Como resultado de la guerra civil de 1948, la reelección continua se eliminó para diputados y presidentes. Se permitió alternativa para diputados como para presidentes. Se mantiene así todavía. Desde 1949 dos veces fueron electos constitucionalmente José Figueres Ferrer, en 1953 y en 1970 y Oscar Arias Sánchez en 1986 y en el 2006, los únicos que han repetido gobierno.

La limitación surgida de la Guerra Civil, en cierta forma fue una reacción contra el sistema presidencialista que existía antes de 1948. En respuesta a eso se limitó la reelección de diputados y de presidentes de manera consecutiva, permitiendo a la vez la reelección alternativa de las personas diputados y presidentes. No se prohibió la reelección consecutiva de los partidos políticos que ganaban la presidencia de la República. De esta manera los partidos, como organizaciones políticas, pueden reelegirse, en el Poder Ejecutivo y también con diputados.

Reelecciones de partidos políticos en el Poder Ejecutivo las ha habido desde 1949. Liberación Nacional en los períodos 1970-1974, con José Figueres Ferrer; en 1974 -1978 con Daniel Oduber Quirós; en 1982-1986, con Luis Alberto Monge Álvarez; en 1986-1990 con Oscar Arias Sánchez; la Unidad Social Cristiana, en 1998-2002 con Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y en el 2002-2006 con Abel Pacheco de la Espriella. Nuevamente, Liberación Nacional, 2006-2010, con Oscar Arias Sánchez y 2010-2014 con Laura Chinchilla Miranda, siguiendo el partido Acción Ciudadana, en el 2014-2018 con Luis Guillermo Solís Rivera y del 2018 al 2022 con Carlos Alvarado Quesada.

Así se permite la reelección de partidos, pero no la de los presidentes electos por esos partidos, lo cual es un absurdo, porque los partidos son las estructuras políticas más importantes. Sin partidos no hay candidatos.

De alguna manera se puede suponer que los partidos políticos responden a ciertos planteamientos programáticos, ideológicos, idearios políticos, a planes y visiones de gobierno, de corto, mediano o largo plazo.

No se llega a la Presidencia, ni se lucha por ella, solo para tratar de gobernar el período de 4 años de gobierno. Los presidentes tratan de dejar su huella profunda en la Administración Pública; que su paso por la presidencia sea recordado positivamente por las obras realizadas y por las políticas ejecutadas; por haber dejado la sensación de que con ellos el país salió adelante, progresó más, se logró mayor nivel de vida en lo económico, social y cultural; que hubo una mejor inserción internacional del país con resultados positivos para el desarrollo nacional.

En el caso de los presidentes el llegar a la Casa Presidencial les establece un gran reto, porque el período presidencial en la práctica se les reduce. Entran un 8 de mayo. Todo ese año gobiernan con un presupuesto nacional que les dejo el gobierno anterior, sin que casi nada pueden modificarlo. De manera que su primer año, por ejemplo 2022-2023, es administrar, lo mejor que pueda, lo que diseñó en obra de gobierno, por el presupuesto nacional aprobado, el presidente anterior. Así, su segundo año, de gobierno 2023-2024, es cuando, habiendo aprobado o impulsado un presupuesto para ese año, el presidente empieza a darle sentido y dirección a su gobierno. Este es un lastre que afecta a todos los presidentes, sin que se pueda modificar, por lo menos hasta ahora. Una solución parcial posible a esto es aprobar presupuestos bianuales, o trianuales. Existen los planes quinquenales que nada tienen que ver con esto, con una gran pérdida institucional por el esfuerzo que realiza en elaborarlos, sin que se cumplan de conformidad a las instituciones que los hacen. El tercer año de gobierno, 2024-2025, es igual que el segundo, lo maneja el presidente y su equipo de gobierno; el cuarto año de gobierno, 2025-2026, es parecido al primero, cuando se diseña un presupuesto que se realiza para pocos meses, de enero a abril, del 2026, y siguientes meses del nuevo gobierno, cuando se entrega el gobierno al siguiente Presidente. Esta es una dificultad real de gobierno y de gobernabilidad gobernanza.

En algo se corrigió el inicio de la administración gubernativa, cuando se logró cambiar, el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, en sus sesiones, estableciendo que en mayo se inicie como las Sesiones Extraordinarias, dándole oportunidad al presidente recién electo, que proponga sus principales proyectos de ley, que de alguna manera fijarían derroteros de lo que puede ser su futura administración. En el caso actual, cuando esta reforma empezó a funcionar el Presidente no tenía nada en la manos qué proponer de cosecha propia. Varios días estuvo la Asamblea Legislativa sin funcionar. Todavía no se siente la iniciativa legislativa presidencial.

Ahora bien, cuando hay reelección de partidos en el Poder Ejecutivo no significa que el gobierno consecutivo continúe con la obra del anterior. Lo más próximo a esto fueron los gobiernos Figueres-Oduber donde se sentía el peso del partido en la gestión y visión de ambos gobiernos, porque los dos eran a la vez grandes dirigentes del partido Liberación Nacional. En ninguno de los casos posteriores se produjo esa sensación y continuidad. Oscar Arias rompió y se alejó de Luis Alberto Monge; Abel Pacheco se distanció de Miguel Ángel Rodríguez; Laura Chinchilla rompió con Oscar Arias y Carlos Alvarado, diciendo que iba a continuar con la obra de Luis Guillermo, se alejó de ella cuanto pudo, identificándose más, por sus políticas, con los gobiernos liberacionistas y socialcristianos.

Si se quiere impulsar la reelección de diputados de manera consecutiva, en lo que estoy de acuerdo y apoyo, creo que debe ser abierta. La tendencia es probable que sea una reelección consecutiva. El ejercicio legislativo de los diputados es un arte, una profesión. No solo deben prepararse sino que también tienen que especializarse en el arte legislativo. El proceso de la formación de las leyes es riguroso, está sometido a procedimientos, a negociaciones políticas de los partidos, de los propios diputados, de los partidos y diputados con el gobierno.

La Asamblea Legislativa en su funcionamiento trabaja seis meses al año, de manera exclusiva, para conocer los proyectos de ley que le envía el Poder Ejecutivo. En los otros seis meses los diputados establecen mecanismos de presentación de proyectos de ley, de los propios diputados y sus fracciones legislativas. En este período de sesiones ordinarias los diputados de gobierno o del partido gobernantes tienes su propio derecho de presentar sus proyectos, lo que sumado en tiempo al de las sesiones ordinarias, el resto de los diputados tienen menos tiempo para ellos y sus partidos paras los proyectos que quieren impulsar.

La Asamblea Legislativa trabaja en el conocimiento de los proyectos de ley por comisiones integradas por diputados. Anualmente se integran esas comisiones. Anualmente se pueden cambiar los integrantes de ellas que es lo más frecuente. Esto hace que los diputados no se especialicen en su función parlamentaria según el trabajo de comisiones que realizan, de manera qué al cambiar cada año de comisiones, la mayoría lo hace, se pierde tiempo de aprendizaje y de seguimiento de proyectos. Los partidos con muchos diputados pueden tener una buena distribución de ellos en las distintas comisiones, lo que les permite un poquito más su especialización parlamentaria, pero si gravitan de una comisión a otra igualmente se entraban.

Hay también en la práctica legislativa la posibilidad de enviar proyectos de ley a comisiones que no son especializadas en la materia, como se quiso hacer con la Ley de las jornadas 4-3. Esto se hace como maniobra parlamentaria de quien gobierna la Asamblea Legislativa para tratar de aprobar proyectos de manera más fácil.

El trabajo de los diputados no debe medirse por la presencia en ellos en la Sesión Plenaria que funciona a partir de las 3 de la tarde. El trabajo de los diputados debe evaluarse desde las comisiones parlamentarias donde es que estudian los proyectos de ley para, aprobados en comisión, pasarlos al plenario legislativo.

La reelección parlamentaria es buena. Permite reelegir a los buenos diputados. Con ser diputado no se asegura ser reelecto. Para ello hay que distinguirse en el trabajo que permite a los electores, como a los partidos proponer la reelección de los diputados para un período legislativo más.

Soy partidario de que la reelección de diputados sea más abierta, más amplia, mayor de un período adicional. Esto va a obligar a que los diputados que quieran hacer carrera parlamentaria se pulan, se distingan. Prácticamente en todos los países del mundo esto es posible, es normal, es distinguible; no produce ningún temor ni cuestionamiento. Para el control político y moral de los diputados están las instancias públicas conocidas. Para ese mismo control está el derecho de los ciudadanos al control político. Para el control también está la prensa en todas sus formas, la libertad de pensamiento y de opinión que permite apuntar en las diferentes direcciones del quehacer institucional, público y político.

La propuesta que se impulsa es hipócrita. Propone una reelección de un período, con posibilidad de saltar un período, y volver a la Asamblea Legislativa, por dos períodos más. No solo es hipócrita sino que es también corrupta en la forma. Es vergonzosa para los diputados que la están impulsando, por eso solo promueven un período de reelección consecutiva. Sin miedo deberían actuar y proponer una reelección abierta, continua. Son los electores los que va a decir la última palabra en cuanto a la reelección de un diputado que de nuevo aspire a su continuidad o a un nuevo período. La experiencia legislativa de los diputados no se hereda a otro. Se pierde, se rompe.

Hipócrita es también por cuanto algunos de los diputados que la impulsan ya han sido diputados anteriormente, y su propuesta es que los actuales diputados no puedan reelegirse, puesto que tendrían que dejar el período legislativo siguiente y hasta el 2030 podrían volver a aspirar, en ese momento con la expectativa de los 8 años. ¿Para qué esperar?

En el caso presidencial debería ser igual. En todo el continente y en Europa los presidentes y jefes de Estado pueden reelegirse. También en Europa, especialmente, hay mecanismos más fáciles de destitución. Bien podría establecerse la reelección presidencial con una ley que permita la revocatoria de mandato, como existe a nivel cantonal la posibilidad de destitución de los alcaldes. Si no se quiere, por ahora la reelección presidencia, sí debería valorarse extender el mandato por lo menos a seis años, para facilitar una mejor acción y obra de gobierno.

Pongámoslo en extremo: si no se permite la reelección presidencial, ¿por qué permitir la reelección de un partido, que se le niega a su presidente la posibilidad de reelegirse? Si el Presidente incumplió con lo que ofreció, si resulta malo, peor ha de ser su partido, que lo escogió, los postuló y logró convencer a los electores para que lo eligieran presidente.

La reelección es tan solo una posibilidad para los diputados como la puede ser para el presidente. ¿Por qué tenerle miedo? Yo no lo tengo. Creo que le daría más vida al escenario político nacional y a la democracia.

Si el temor al presidente reelecto es la posibilidad de su autoritarismo, dictatorial y despótico, no debemos engañarnos que sin reelección el presidente también puede ser autoritario, despótico, autoritario, intimidante, controlador, temerario, invasor de la privacidad, de la represión institucional que puede ejecutar. Son también los peligros de la democracia, cuando no hay una cultura política desarrollada, y fuertes organizaciones políticas, partidos y organizaciones sociales, en capacidad de dar respuesta a estas poses autoritarias en democracia.

A todos los partidos les conviene la reelección de diputados y del mismo presidente.

Compartido con SURCOS por el autor.

¿Más cantones o más provincias?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Se sigue insistiendo en crear más cantones por parte de los diputados. Cuando se propone un nuevo cantón se hace sobre la base de un distrito que pertenece a un cantón, que se quiere independizarlo y darle fisonomía propia, como cantón. Ello significa una segmentación del cantón, con los efectos negativos que tiene para el mismo, y su municipalidad, como ente administrador, junto con su alcaldía. Se le reduce territorio, se le resta recaudación de impuestos y de ingresos por las actividades productivas, o turísticas, que muchos distritos y cantones tienen; se generan nuevas opciones y problemas alrededor de la prestación de servicios públicos cantonales, como la base económica necesaria de arranque para el nuevo cantón donde tienen que asumirse esos gastos municipales.

Los nuevos cantones exigen, de igual manera, un presupuesto especial porque requieren construir instalaciones propias del Concejo Municipal y de las alcaldías que les correspondería, con la contratación de personal, que le sería también necesario a cada uno de estos nuevos cantones, con sus respectivas municipalidades, porque estarían empezando desde cero.

En el picadillo cantonal que están haciendo los diputados no toman en cuenta las normas legales que existen para crear cantones, como es la Ley de la división Administrativa de la República, que señala los pasos para la creación de cantones, entre ellos un mínimo de población, equivalente al 1% de la población nacional, que sería una cifra aproximada a los 50.000 habitantes. Se han creado cantones que tienen 5.000 habitantes.

En 1848 se creó la división territorial de Costa Rica, con provincias, cantones y distritos. En aquel momento se establecieron solo 5 provincias, San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste. Puntarenas y Limón se desarrollaron primero como Comarcas y, luego, como Provincias, proceso que culminó en 1909.

En la Administración de Alfredo González Flores, 1914-1917, los distritos de Lepanto, Cóbano y Paquera, ubicados en la Península de Nicoya, se agregaron al cantón de Puntarenas, distritos que ahora se quieren convertir en cantones, cada uno de ellos, de la Provincia de Puntarenas.

Desde 1848 hasta 1980 se fueron segregando, al interior de las provincias, sus cantones para crear nuevos cantones. Así llegamos en 1980 a 81 cantones, cuando se creó el cantón de Garabito. Desde el 2017, en estos últimos siete años, se han creado 4 cantones, Río Cuarto, en el 2017, separado del cantón de Grecia; Monteverde, en el 2021, separado del cantón de Puntarenas; Puerto Jiménez, en el 2022, separado del cantón de Golfito y, en trámite positivo, en estos días, en la Asamblea Legislativa, de separación del cantón Abangares el nuevo cantón de Colorado.

En el picadillo nacional, que quieren los diputados, están en trámite, de proyectos de ley, de creación los siguientes nuevos cantones: San Rafael de Alajuela, que se le daría el nombre de Cantón de Ojo de Agua; el de Peñas Blancas, que se segregaría del cantón de San Ramón; el de Jicaral, de Puntarenas, el de Cóbano y el de Lepanto, ambos de la provincia de Puntarenas, y el de Tucurrique, que se segregaría del cantón Jiménez, de la provincia de Cartago.

Pareciera que los diputados no consultan al Instituto Nacional de la Estadística y Censos, al Ministerio de Planificación Nacional, a la Comisión Nacional de División Administrativa, así como también podría consultarse a las Escuelas de Geología y Geografía, de la Universidad de Costa Rica, y de la Universidad Nacional, que podrían dar sus aportes en este sentido.

Los mini cantones que están en trámite son iniciativas de diputados que parten básicamente del criterio de que las municipalidades no atienden debidamente las necesidades de los distritos, que se quieren segregar como cantones, lo que evidencia realmente una mala administración municipal, que puede corregirse, con una mejor coordinación, con voluntad política, al interior de los Concejos Municipales y las Alcaldías.

En algunos de estos casos los distritos, que se propone crear como cantones, tienen Intendencias y Concejos distritales, como autoridades superiores del Distrito, que son también minúsculos órganos de poder político, que tienen representación popular. Las Intendencias tienen autonomía financiera y capacidad para gestionar recursos públicos. Estas Intendencias, generalmente, las pocas que existen, siete en el país, tienen problemas presupuestarios y de gestión con las municipalidades a las que pertenecen.

La tendencia de los diputados, por ahora, es convertir las Intendencias en cantones. La creación de cantones es potestad de la Asamblea Legislativa. Al interior de ella se necesita un acuerdo de al menos 38 diputados para crearlos.

Recientemente, de manera pública, la Ministra de Planificación, Laura Fernández, ha llamado la atención sobre esta partición del territorio nacional, preocupación que comparto. Para ella, con reformas parciales a la legislación municipal se resolverían problemas que se aducen para impulsar los nuevos Cantones.

De seguir así, ¿hasta dónde vamos a llegar en esta partición territorial?

Hay que abrir un gran debate nacional sobre la Planificación y la División Territorial del país. En esta discusión hay que considerar la necesidad de dividir provincias, para crear nuevas provincias, más que para crear nuevos cantones. Hay regiones provinciales que requieren una mejor definición territorial, que no implicaría crear estructuras de gobierno provincial, como sí se necesita cuando se crea un nuevo cantón.

En la Planificación Nacional hay seis regiones socioeconómicas. En época del Presidente Daniel Oduber, 1974-1978, se habían establecido otras regiones: Central, Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, Atlántica y Norte. La Región Central, a su vez, algunos la dividen en Central Norte, Central Occidental, Central Oriental y Central Sur.

En el gobierno de Rodrigo Carazo, 1978-1982, se estableció la regionalización, propia del Ministerio de Economía: Brunca, Huetar Atlántico, Huetar Norte, Pacífico Central y Chorotega. La Región Pacífico Central que fue absorbida por la Región Central y se establecieron 22 subregiones.

En el gobierno de Luis Alberto Monge, 1982-1986, se recuperó la Región Pacífico Central y se eliminaron las 22 subregiones con sus respectivos consejos subregionales, división que se mantiene hasta el presente.

El gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier estableció como regiones a las provincias de Heredia y Cartago, que luego fueron eliminadas.

Estas regiones se hicieron considerando criterios de desarrollo y social, así como factores políticos, sociales y económicas. En cada una de estas regiones se comprendieron cantones de diferentes provincias. Del mismo modo, los ministerios tienen sus propias divisiones regionales. Así, por ejemplo, el de Educación tiene 33 direcciones regionales; el de Salud tiene 27 direcciones regionales; el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene 11 direcciones regionales.

El desarrollo de las regiones, en la Administración Pública del país, supuso que las provincias eran anacrónicas, por las deficiencias de comunicaciones, transportes y por las necesidades de la economía de base agropecuaria, y por la desigualdad cantonal existente. La regionalización actual obedece a estudios y criterios geográficos, de geofísica y socioeconómicos.

Hoy las provincias no tienen autoridades provinciales como existieron hasta 1998, con los Gobernadores y las Gobernaciones provinciales. Una redefinición territorial, con nuevas provincias, no exigiría crear, de nuevo, las gobernaciones y establecer a los Gobernadores.

Los efectos prácticos de una nueva redefinición provincial sí podría mejorar la representación popular en la Asamblea Legislativa, y responder mejor a las regiones que la realidad ha impuesto, como las Zonas Económicas Especiales, que plantean mejores estrategias de desarrollo económico, que les dan más dinamismo a esas regiones ya establecidas. En este sentido se han señalado zonas especiales cómo la del Norte, desde San Carlos hasta Upala y Los Chiles; la del Sur, con los cantones de Golfito, Osa, Buenos Aires, Coto Brus y Corredores. La región de Pérez Zeledón y cantones aledaños podrían constituir una nueva provincia; Puntarenas podría dividirse en la parte central norte y central sur de la Provincia; Guanacaste, aparte de algunas particularidades podría comprender los cantones de la llanura y los cantones de la altura guanacasteca. Con Limón se podría proceder igual, considerando los cantones no costeros. Cito estos casos por poner ejemplos.

Creando más mini cantones hay que ponerle más atención, a la propuesta que he venido planteando, de que al interior de las provincias, se establezca por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, potestad y capacidad que tiene por su propia ley constitutiva, regiones de población, que permita electoralmente, a cada una de estas regiones internas, elegir sus propios diputados dentro de la cuota de diputados provinciales que le corresponde a cada provincia. Así se daría una mejor representación política y ciudadana y una más efectiva representación popular. Mejoraría el interés de elección de diputados al interior de cada provincia, y se acercaría más el diputado a sus respectivos votantes.

La distribución regional de los diputados provinciales fortalecería el régimen de partidos políticos, impulsaría el fortalecimiento real de liderazgos y disminuiría, sin dudas, el abstencionismo. Los partidos que a nivel provincial participen fortalecerían sus presencias. Los partidos nacionales se obligarían a escoger mejor sus candidatos a diputados. Las organizaciones sociales y los grupos productores, de los diversos cantones, también pondrían más atención en la postulación que se haga de candidatos regionales, como igual interés pondrían asociaciones de diverso tipo, cooperativas, sindicatos, asociaciones sociales, culturales, feministas, ecologistas etc.

El Tribunal Supremo de Elecciones puede acordar esta nueva forma de elegir los diputados. Tiene la potestad y capacidad legal sin cambiar la Constitución Política para hacerlo. De asumir este liderazgo institucional tiene que hacerlo pronto, porque debe definirse esta forma de elección antes del 1 de enero próximo, del 2025, solo faltan 10 meses, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones haga público el calendario electoral desde el 1 de enero del 2025 hasta el 4 de abril del año 2026, en el supuesto que hay una segunda ronda electoral ese año.

No tendría razón alguna el Tribunal Supremo de Elecciones para no impulsar una reforma como ésta que enriquecería y fortalecería el proceso electoral y democrático. Contra ella solo podría operar el conservadurismo político, las presiones políticas de los partidos políticos, principalmente tradicionales, porque dentro de ellos operarían grupos que controlan, esos partidos, a modo de “sindicatos” o de “mafias políticas” que desearían seguir controlando la selección y posible elección de postulantes a diputados, cuando al interior de estos partidos han desaparecido o se han debilitado, en la toma de decisiones, los organismos superiores de los partidos.

Compartido con SURCOS por el autor.

¿Crisis político electoral en Costa Rica? La ruptura del bipartidismo y el auge de la derecha

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Costa Rica goza de un reconocimiento internacional, entre otras cosas, por su democracia estable, por sus recursos naturales protegidos y su rica diversidad natural, por la abolición del ejército desde hace 76 años; por el ejercicio democrático electoral y cambios de gobierno estables, cada cuatro años, desde 1848, con algunos períodos muy cortos de golpes de estado, dos en el siglo XX, de dos años cada uno; por un régimen de partidos políticos que funciona desde 1889, por un régimen constitucional estable desde 1871, por el ejercicio de libertades y derechos y una amplitud de los Derechos Humanos.

En este escenario, las corrientes políticas, especialmente desde 1931 hasta hoy, han girado con la presencia liberales clásicos decimonónicos, de la izquierda comunista, la socialdemócrata, la social cristiana, como grandes ejes de pensamiento político. En la segunda mitad del siglo XX surgieron variantes de estas corrientes políticas o ideológicas, algunas de ellas con pequeñas estructuras político-partidarias y hasta electorales. Corrientes liberales y neoliberales se han desarrollado como corrientes político-electorales desde finales del siglo XX. Hoy tienen más presencia pública y de gobierno. Tendencialmente se ven como amenazas gubernativas, ahora y para el próximo gobierno 2026-2030.

Tradicionalmente los gobiernos de Costa Rica desde 1953 hasta el 2014 han gravitado con partidos socialdemócratas y socialcristianos gobernantes, alternado entre ellos, los socialdemócratas 9 veces en gobierno, los socialcristianos seis veces. Esto produjo la idea de un bipartidismo gobernante muy sólido, al que se le debe lo bueno y lo malo del país en todo sentido.

Dos de los últimos gobiernos fueron de un nuevo proyecto político electoral, sin una clara definición político-ideológica, que quedó fuera del proceso político, y electoral en la práctica, en las elecciones nacionales del 2022, donde no eligió el partido gobernante, de estos años, ni un solo diputado, y en las elecciones municipales recién realizadas donde también se desdibujó electoralmente.

Parlamentariamente, el bipartidismo histórico dominó el Poder Legislativo, generalmente con mayoría socialdemócrata o compartiendo con los socialcristianos la amplia mayoría legislativa desde 1953 hasta 1998.

Desde 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió. Perdieron las mayorías legislativas con la que se imponían nacionalmente. Aparecieron otras fuerzas pequeñas parlamentarias con las que tuvieron que negociar para la mejor toma de decisiones parlamentarias y políticas. En este escenario, desde 1998, surgieron fuerzas políticas electorales y parlamentarias de carácter cristiano no católicas, liberales dentro del neoliberalismo. Hubo una atomización de partidos disputando la presidencia de la República en el 2022 cuando participaron 25 partidos políticos en esa batalla electoral. De estos 25 partidos nacionales solo llegaron ocho a las elecciones municipales del pasado 4 de febrero. El nuevo Congreso Nacional, de 57 diputados, quedó dominado por seis partidos, cinco de ellos ubicados en el centro derecha.

En los últimos ocho años han venido surgiendo corrientes de carácter neoliberal populistas. En el 2022, en las elecciones se impuso como gobernante, con menos de un año de ejercicio político, y de reconocimiento personal político, el actual presidente de la República, que tenía casi 35 años de trabajar en el extranjero, en el Banco Mundial. Totalmente desarraigado, sin raíces políticas importantes, a modo de un típico outsider se impuso, cuestionando todo el pasado político, acusando graves casos de corrupción reales, como un lastre de toda la clase política tradicional, de todos los partidos políticos existentes y de todos los poderes públicos. Señalaba que la situación que se calificaba de ingobernabilidad en que había entrado el país se debía a que no había habido gobernantes que gobernaran, que mandaran, presentándose como el escogido para esa tarea.

Los partidos tradicionales gobernantes desde 1978 habían iniciado el proceso de acabar y debilitar el Estado Social de Derecho que se había venido construyendo desde 1943, y de reducir al máximo posible el Estado asistencialista y benefactor que se había impuesto desde las reformas políticas y sociales de 1943, y como resultado de la Guerra Civil, de 1948, en el marco de la guerra fría que se dio desde 1945 hasta 1991, como barrera de contención a las posibilidades de ascensos de la izquierda y de los comunistas, sobre todo después del triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, del triunfo del Salvador Allende, en Chile, en 1970, y de los sandinistas en 1979, como del desarrollo de las insurgencias guerrilleras en Suramérica y Centroamérica en este período, 1980-1989, que se frenaron con los Acuerdos de Esquipulas, iniciando procesos de reconstrucción democrática en la región; democracia que no ha sido fácil establecerla y consolidarla, como se puede apreciar por lo que sucede en Nicaragua, desde el 2006 hasta hoy; en Honduras desde el golpe de Estado al Presidente Zelaya en el 2009; con el gobierno de Bukele en El Salvador, recientemente, cuestionado en muchos aspectos, a pesar de su exitoso enfrentamiento y control de los grupos narco criminales, y con los sucesos electorales hace pocos días, de Guatemala, donde se trata de que el Presidente Bernardo Arévalo no pueda gobernar ni ejercer democráticamente su mandato presidencial.

En este contexto los grupos neoliberales tienen cada vez más presencia en el área y en Costa Rica. El actual gobierno, del presidente Rodrigo Chaves, es su mejor exponente. Sus desplantes autoritarios, despóticos y confrontativos con toda la institucionalidad, pública, que le paraliza acciones por violar la Constitución, las Leyes y por no apegarse con rigurosidad a los trámites administrativos para sus proyectos, y por su constante confrontación con los sectores sociales y políticos del país, lo ha llevado a plantear recientemente la necesidad de acabar con todas las estructuras intermedias de la institucionalidad, para poder ejercer un gobierno más directo, mas autoritario y con capacidad de tomar de decisiones únicas y verticales desde el Poder Ejecutivo. Sin partido político propio, impulsando dos, que no participaron en las elecciones municipales, por impedimentos legales, se le ve como un peligroso continuista político gubernativo. Por la Constitución Política no puede reelegirse, pero nada le impide impulsar su candidato tarea en la que se encuentra.

En las recientes elecciones municipales, el Presidente, y sus amigos, no pudieron participar por no haber acatado las disposiciones legales y electorales de su inscripción. Pero, otros partidos, del centro derecha tuvieron cierto auge, lo que perturba a los dirigentes del partido Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana. En ambas tiendas políticas desde distintos parámetros se ha planteado, después de las elecciones municipales, la posibilidad de impulsar coaliciones políticas contra ese modelo neoliberal del actual presidente Chaves. Lo mejor es que estos dos partidos son los que han impulsado ese modelo neoliberal desde 1978, lo han agudizado, han contribuido a debilitar el Estado Social de Derecho y el asistencialismo social, y se sienten desplazados de esas políticas. La social democracia nacional impulsó reformas importantes a las que ha renunciado. El social cristianismo nacional se dice heredero de las reformas sociales de 1943 que resultaron de una alianza del Partido Comunista, del partido Republicano, que era el del Gobierno y de la Iglesia Católica.

Ambos partidos abandonaron hace bastantes años estos impulsos e identificaciones sociales. Se plegaron a los mandatos internacionales de las políticas neoliberales. Las nuevas corrientes neoliberales han superado a esos partidos, que han sido arrastrados a posiciones cada vez más a la derecha política, lo que les es muy difícil disputar con sus banderas. La izquierda nacional ni siquiera ha podido presentarse, con fuerza, como la defensora de esas reformas sociales, del Estado Social de Derecho, ni como un verdadero movimiento político reformista, que defienda las reformas sociales que han sido debilitadas, de rescate de los derechos sociales de los trabajadores que ya han sido eliminados y de nuevas reformas sociales.

El escenario de las coaliciones no está lejano, aunque en el país no haya una gran experiencia en este tipo de participaciones. Las posibles coaliciones contra el actual gobierno y su posibilidad continuista de reelección gubernativa, se presentan ambas como coaliciones de centro de derecha, disputando contra un gobierno de derecha, que a los efectos produce más confianza, esperanza y sentimientos de renovación contra la derecha histórica que ha desarrollado una masa de pobreza enorme, de excluidos de los beneficios sociales, de marginados sociales, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, de debilitamiento de salarios y pensiones, de cercenamiento de subsidios sociales.

Cuando el presidente actual habla a estos grupos sociales les manifiesta su identificación con ellos. Les hace ver que no les puede resolver sus problemas porque no le dejan gobernar; que él necesita fuerza institucional y política para poder resolver sus problemas. Procura crear un estado de violencia política interna, aprovechando la presencia en el país de más de 20 grupos de organizaciones criminales, que se disputan el territorio nacional, por el control de la comercialización de drogas, considerando que Costa Rica se ha convertido en la bodega de almacenaje de drogas, más importante de la región, junto con la de Ecuador en Sur América, para con ese estado de violencia, acudir, si pudiera a la declaración de un Estado de Excepción, que le permitiera gobernar sin ataduras y ojalá con mano fuerte. Ese es su diseño político. Esas son las propuestas electorales, las dos coaliciones desde el centro derecha que proponen elementos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana.

La izquierda no tiene a la vista posibilidades de presentar un proyecto también de coalición política electoral. La historia de esta izquierda no produce la confianza para un gran frente político de esa naturaleza, al menos por ahora.

El escenario inmediato pareciera avanzar hacia el fortalecimiento de la de derecha en general en el país.

Compartido con SURCOS por el autor.

¿Un robo o un faltante de diputados?

Escrito en . Publicado en Derechos.

Vladimir de la Cruz

He propuesto una reorganización electoral en el seno de cada una de las provincias a efecto de que, de esa manera, se elijan de mejor forma los diputados correspondientes.

Señalé que la forma actual de elegir es discriminatoria al interior de las provincias porque se elabora una sola lista de diputados, para toda la provincia, donde supuestamente están representados los habitantes de los diferentes cantones de cada provincia, lo cual no es cierto.

Esa lista, que preparan y ofrecen los partidos políticos, no representa de la mejor manera a los habitantes de cada provincia, porque los partidos políticos se ven obligados a poner en los primeros puestos de la lista de diputados, a quienes consideran sus más representativos líderes de la provincia, como líderes políticos o partidarios, considerando también la pertenencia de ellos a los cantones con mayor población en el interior de las provincias, con el cálculo de que así pueden atraer más votantes.

El número de diputados nacionales se fijó en la Constitución Política de 1949, en aquel momento era de 45, correspondiendo, en promedio, un diputado por cada 18.000 habitantes. Este número de diputados se mantuvo en el Congreso de 1953 y en el de 1958. Para la integración de la Asamblea Legislativa de 1962 se elevó el número de diputados a 57, cifra que se ha mantenido hasta hoy. En 1956 llegamos al millón de habitantes. La representación de diputado por habitante pasó los 20.000 habitantes.

También la población ha ido creciendo, hoy somos cinco millones, sin que crezca el número de diputados, de la base y proporcionalidad con la población, como originalmente inició en 1949.

Hoy tenemos 5.044.197 habitantes y cada diputado representa a 88.494 habitantes. Si se hubiera establecido la disposición constitucional, que esa relación población-diputado original tenía de 18.000 habitantes por diputado, fuera creciendo de la misma manera, hoy tendríamos una Asamblea Legislativa de 280 diputados. El crecimiento del número de diputados no es lo que quiero analizar. En términos generales, creo que debería aumentarse por lo menos a 81 u 87 diputados la representación actual, con una combinación de diputados provinciales, y de 24 o 30 por lista nacional. Pero, esto es para otro momento y otra discusión.

Lo real es que 18.000 habitantes por diputado establecía una cercanía del diputado con sus habitantes provinciales, especialmente con sus electores, los ciudadanos, que es muchas veces lo que se busca. Hay en la Asamblea Legislativa una propuesta que contempla crear distritos electorales nacionales que elegirían uno o dos diputados por distrito procurando esa cercanía política sobre lo que tenemos hoy; el número de los 57 diputados no ha cambiado desde 1962. Lo que ha cambiado es el número de diputados por provincias según los censos nacionales, que se realizan por ley cada diez años, que es el que determina cuántos diputados le corresponden a cada provincia. Por eso es que en los últimos procesos electorales hubo movimientos de diputados en algunas provincias que perdieron población y otras que ganaron, por lo que de igual manera perdieron o ganaron diputados.

Hoy la Asamblea legislativa se integra de la siguiente manera: la provincia de San José con 20 cantones, tiene 19 diputados que representan a 1.601.167 habitantes; la provincia de Alajuela con 16 cantones tiene 11 diputados que representan a 1.035.466 habitantes; la provincia de Cartago con 8 cantones tiene 7 diputados que representan a 545.092 habitantes; la provincia de Puntarenas con 13 cantones tiene 5 diputados que representan a 500.166 habitantes; la provincia de Heredia con 10 cantones tiene 6 diputados que representan a 479.117 habitantes; la provincia de Limón con 6 cantones tiene 5 diputados que representan a 470 383 habitantes y la provincia de Guanacaste con 11 cantones tiene 4 diputados que representan a 412.808 habitantes.

Con estos datos se elige un diputado en San José por cada 84.271 habitantes, en Alajuela uno por cada 94.133; en Cartago uno por cada 77.870; en Puntarenas uno por cada 100.023; en Heredia uno por cada 79.852; en Limón uno por cada 94.076 y en Guanacaste uno por cada 103.202.

Se puede apreciar que hay una desproporción poblacional para elegir diputados en las diferentes provincias. En el caso de Cartago se tiene una cifra más baja para elegir que en Guanacaste o Puntarenas, que necesitan más electores lo que evidencia una real discriminación, en este caso regional, y de igualdad política ciudadana, lo cual en la práctica guanacaste y Puntarenas tienen desde esta perspectiva menos representación Política en la Asamblea Legislativa.

Si se tomara la cifra de elección de Cartago para elegir diputados de 77.870, que es la más baja, de manera igualitaria para todas las provincias, porque los ciudadanos son iguales en todas la provincias, y en todo el país, habría que tener por lo menos una Asamblea Legislativa integrada por 64 diputados, por lo que faltarían 7 diputados para una igual representación ciudadana. Esto evidencia que, en la distribución de diputados, se esquilma, se menoscaba, se le quitan diputados a la población, en el conjunto de las provincias, por lo pocos que sean, dándole más representatividad a los ciudadanos de unas provincias que a los de otras, lo que no debe ser, lo que debe corregirse.

En mi propuesta de la semana anterior, propuse una reorganización de elección, al interior mismo de las provincias, sin alterar esta conformación legal de población que se hace para definir el número de diputados por provincia. Con ello se pretende una mejor representación de los diputados de cada provincia desde su propia provincia.

Esto se corregiría estableciendo un criterio poblacional, por cantones, de manera que los diputados correspondientes a cada provincia se dividan el número de diputados provinciales, en la proporción debida, por cantones o grupos de cantones, para que esos diputados representen mejor las regiones de sus provincias.

Esto no altera en nada el número de diputados a elegir. No hay que hacer reformas constitucionales o legales especiales. El Tribunal Supremo de Elecciones, por sus propias potestades, puede definirlo y establecerlo, en atención a la mayor equidad e igualdad ciudadana, dentro de las provincias, sin discriminación alguna para regiones provinciales como ahora ocurre.

Lo que se altera es la presentación de los candidatos a diputados por provincia, para lo cual habría que hacer varias papeletas, por agrupamiento de cantones, para la postulación de sus respectivos diputados provinciales. No es tampoco un proceso difícil para el Tribunal Supremo de Elecciones que tiene la experiencia de realizar 84 procesos electorales cantonales simultáneamente. La elección de diputados de esta manera sería más sencilla que la de los representantes populares cantonales.

Se procedería, más o menos de la siguiente manera: En la provincia de San José, con sus 20 cantones, considerando, en términos generales, el promedio de 84.271 habitantes por diputado, el cantón de San José, con 351.958 habitantes tendría derecho a elegir prácticamente cuatro diputados. Solo este cambio le quita la presión política, y la lucha interna más aguda, a los partidos políticos que quieran postular candidatos, que siempre se pelean los primeros puestos de cada provincia.

Le sigue el cantón de Desamparados que con su población de 249.367 podría postular tres diputados; el cantón de Pérez Zeledón con 143.282 habitantes podría elegir dos diputados; los cantones de Santa Ana, Puriscal, Acosta, Mora, Tarrazú, León Cortés, Dota y Turrubares podrían constituir una sola región con derecho a elegir dos diputados; el cantón de Tibás elegiría uno; el cantón de Goicoechea dos; los cantones de Curridabat y Alajuelita un diputado cada uno, los cantones de Moravia y el resto de los cantones prácticamente un diputado cada uno, cantones que se podrían agrupar en microrregiones si no se quisiera tener un diputado por cantón.

Para este proceso, se haría como en las elecciones cantonales, donde todos los partidos participantes pueden presentar candidatos en cada región interna de las provincias.

O, el caso de la provincia de Limón, con seis cantones con 470.383 habitantes que eligen a 5 diputados, pueden reagruparse los cantones así: Limón elige un diputado, los cantones de Pococí y Matina eligen dos diputados; Talamanca, Siquirres y Guácimo, eligen dos diputados.

En próximo artículo haré una radiografía más detallada y precisa sobre esta posible distribución. No lo pude hacer hoy porque encontré datos no precisos y contradictorios de distribución de la población, según los censos y otras instancias, lo que espero solucionar para la próxima semana.

De esta forma, con mayor precisión, por número de habitantes, se pueden fraccionar las provincias en microrregiones cantonales para que con ellas se elijan los diputados correspondientes de cada provincia, de manera más democrática y más representativa de la población y de los electores. Así no faltarán diputados, ni se robarán diputados otras provincias, ni habrá una población fantasma que no está igualmente representada, con diputados porque se elegirán con más precisión.

Volveré sobre este tema.

La Mesa Redonda analiza con Vladimir de la Cruz entrevista de Carlson a Putin

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este programa es una conversación sobre una variedad de temas, incluida la entrevista que el famoso periodista Carlson le hace al presidente ruso Vladimir Putin sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se destaca la entrevista de Carlson con Putin, la cual se centra en cuestiones como el apoyo de Estados Unidos al separatismo en el Cáucaso Norte y la respuesta de Putin a las acusaciones de apoyar a los neonazis en Ucrania. La conversación profundiza en esta realidad como un conflicto Intercapitalista de seguridad nacional en términos militares, aborda sus implicaciones, particularmente entre Rusia y EE.UU., y el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial en relación con las tensiones geopolíticas actuales.

Los oradores también abordan la importancia de las influencias socialistas y comunistas en el pasado de Rusia y su impacto en la economía global y las relaciones internacionales, particularmente en los contextos europeo y asiático. Discuten el surgimiento de grupos neofascistas en ciertos países europeos y cómo la referencia de Putin a la postura antinazi de su padre durante la Segunda Guerra Mundial sirve como un recordatorio simbólico de los conflictos históricos. La conversación enfatiza las complejidades de las ideologías políticas y la dinámica en evolución de las relaciones internacionales, con un enfoque en cómo los eventos pasados ​​continúan dando forma a las narrativas y tensiones actuales.

Además, los ponentes analizan las posibles implicaciones de las acciones militares de Rusia, como la anexión de Crimea, sobre la seguridad regional y el panorama geopolítico más amplio. Discuten las preocupaciones sobre la militarización de ciertas regiones y la creciente incorporación de países a alianzas militares, destacando las luchas de poder y las alianzas en curso después de la Segunda Guerra Mundial. La conversación subraya la importancia del contexto histórico para comprender los conflictos actuales y las intrincadas relaciones entre las naciones en un mundo globalizado.

En general, el programa proporciona información sobre las tensiones geopolíticas entre Rusia y Estados Unidos, los ecos históricos de conflictos pasados ​​en las narrativas actuales y las complejidades de las relaciones internacionales en un mundo que cambia rápidamente. La discusión profundiza en los matices de las ideologías políticas, las acciones militares y los legados históricos que continúan dando forma a la dinámica entre las naciones e influyen en la seguridad y la estabilidad globales.

Programa Mesa Redonda:

Entrevista a Putin:

¿Qué sigue hacia las elecciones nacionales del 2026? Una mejor distribución de elección de los diputados

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En el proceso de las elecciones municipales se ha avanzado mucho. Queda poco, tal vez, por perfeccionar y avanzar en este campo.

Las llamadas elecciones nacionales comprenden la elección del Presidente y sus vicepresidentes y la elección provincial de los diputados, que son llamados diputados nacionales. Es decir, son electos por cada provincia pero tienen carácter nacional. Esto hace que un ciudadano de una provincia pueda ser candidato por otra provincia. No existiendo gobiernos provinciales, gobernaciones provinciales, y la figura del Gobernador, como hasta 1998 existieron, ese carácter nacional está acentuado y consolidado.

En las elecciones nacionales SI falta, en la perspectiva de la mayor igualdad posible de elegibilidad de diputados, hacer una mejor distribución de las plazas, de los puestos a elegir por provincia.

En el caso de las elecciones de diputados, en mi opinión, falta hacer dos reformas importantes y urgentes, que mejorarían la gobernabilidad y gobernanza nacional. Una requiere reforma constitucional, lo cual es más difícil de realizar con miras al próximo proceso electoral del 2026. Es la de separar la elección de diputados de la presidencial. Primero la Presidencial, el primer domingo de febrero y luego, un mes después, la de diputados. De esto hablaré en otra oportunidad. Queda siempre el primer domingo de abril para definir el resultado electoral en el caso de una segunda ronda.

La otra propuesta no requiere reforma constitucional de ningún tipo. El Tribunal Supremo de Elecciones, con las facultades constitucionales y legales que le rigen, puede acordarla, declararla, implementarla y hacerla, incluso en atención a un concepto esencial de mayor representatividad ciudadana, y bajo los mismos estándares de mayor igualdad posible de género.

Lo que propongo, en adelante, es para partidos nacionales y provinciales. Los nacionales son los que participan en todas o varias provincias a la vez. Los provinciales son los que participan exclusivamente en una sola provincia.

El número de diputados a elegir por provincia lo determina el Tribunal Supremo de Elecciones, así está establecido por la Constitución y la ley, de conformidad al número de ciudadanos que hay en una provincia, de manera que haya una proporcionalidad numérica de ciudadanos por provincia. Esto se hace con resultado de los censos nacionales cada diez años. Por eso hay provincias que ganan un diputado y otras que lo pierden, como ha sucedido en los últimos años.

Si hay 57 diputados en la Asamblea Legislativa ellos responden, por ejemplo, a los 5 millones de habitantes que tiene Costa Rica, que habitan en el territorio nacional, en sus diversas provincias.

Así, con este mismo ejemplo, un diputado representa a 88.000 habitantes, en número redondo. Ese registro y contabilidad lo realiza minuciosamente el Registro Civil que es una dependencia del Tribunal Supremo de Elecciones.

De ese registro se separa el de Ciudadanos, que son los mayores de edad que configuran e integran el Padrón Electoral, que se elabora, igualmente, por ubicación de los ciudadanos en los distritos, cantones y provincias.

El Tribunal Supremo de Elecciones informa constantemente, como prueba de idoneidad y transparencia política y electoral, a los partidos políticos, del movimiento poblacional: de los nacidos, de los fallecidos y de los nuevos ciudadanos.

Precisado el dato se sabe cuántos habitantes hay por provincia y con relación a ellos se fija el número de diputados que corresponde elegir por provincia.

Definida esa situación los partidos políticos saben cuántos candidatos pueden postular a diputados por provincia.

Con el mismo ejemplo, en el supuesto que una provincia tenga 450.000 habitantes elige cinco diputados, si tiene 880.000 elige diez, y así sucesivamente. Por ello la Asamblea Legislativa hoy tiene 19 diputados de la Provincia de San José, 11 de Alajuela, 7 de Cartago, 6 de Heredia, 4 de Guanacaste, 5 de Puntarenas y 5 de Limón.

Los partidos se enfrentan en cada proceso electoral a ver cómo distribuyen sus posibles candidatos. Toman en cuenta los cantones de mayor número de votantes, la calidad, méritos, reconocimientos y liderazgos de los candidatos. Esto coloca a cantones, dentro de cada provincia, con ventajas sobre otros, de manera discriminada y con casi nulas posibilidades de que un candidato que viva en esos cantones tenga posibilidad de salir electo.

Así, se configuran las listas de diputados que se presentan a los electores, a los ciudadanos. Actualmente, los partidos políticos, nacionales y provinciales, presentan una sola lista de candidatos a diputados por cada provincia, alternando género en forma vertical y horizontal, si el partido participa en varias provincias.

Con los mismos datos registrales de población que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, se puede hacer una labor quirúrgica de análisis de cómo la población de una provincia se distribuye en sus respectivos cantones.

De esa forma, el Tribunal podría hacer una distribución regional por cantones del número de diputados, que le corresponde elegir a una provincia, con base a la distribución poblacional, precisando, al interior de las provincias, cuántos diputados podrían ser electos por grupos o regiones de cantones, que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones puede determinar. No se altera en nada el número de habitantes y ciudadanos por provincia ni cambia el número de diputados. Pero, al interior de las provincias se coloca con mayor fuerza y participación real a los habitantes y a los ciudadanos electores, para que puedan elegir mejor a sus propios representantes populares, que en la lista oficial que se presenta a los electores no importa donde vayan ubicados, porque eso no va a producir el resultado de su elección. La elección se determinará por los votos recibidos en cada región.

Los partidos políticos tendrían mayor obligación de escoger mejor sus candidatos, poque estarían más cerca de sus votantes. Los votantes estarían más cerca de sus diputados electos. Las regiones tendrían mejor representación legislativa o parlamentaria. Los grupos regionales se activarían más en los procesos electorales. Sin duda alguna se provocaría una baja sustantiva del abstencionismo. Se fortalecería la representación política, la participación ciudadana y la democracia nacional.

Al elegir de esta manera a los diputados también se fortalece la elección por género, porque a los niveles de las microrregiones que se harían de la población, en cada provincia, por grupos de cantones o regiones de habitantes, las listas que se propongan de diputados tienen que armarse de la misma manera, considerando los criterios de paridad vertical y horizontal según correspondan, lo cual haría más eficaz la elección posible de más mujeres en la Asamblea Legislativa.

Si el Tribunal Supremo de Elecciones exitosamente ha organizado procesos electorales simultáneos en 84 cantones, de diversa cantidad de población, no le sería nada difícil hacer una elección nacional de diputados, en siete provincias, donde al interior de ellas se harían unas cuantas microrregiones que difícilmente llegue a constituir un rompecabezas de unas doce regiones electorales en todo el país, en el conjunto de las siete provincias.

Estamos a tiempo para que esta propuesta se conozca, se discuta, en todos los ámbitos políticos interesados, con todos los sectores sociales nacionales también interesados, y se pueda aprobar. El próximo 1 de enero del 2025, dentro de 11 meses, el Tribunal Supremo de Elecciones, deberá estar anunciado el cronograma electoral de las elecciones del primer domingo de febrero del 2026.

El Tribunal Supremo de Elecciones tiene toda la capacidad técnica, profesional y de personal para evaluar esta propuesta, desde ahora, e irla puliendo con colaboración de las fuerzas vivas de la nación costarricense.

No perdamos esta oportunidad de mejorar la representación popular legislativa. Sobre todo, no perdamos tiempo en mejorar la democracia nacional.

Oteando las elecciones municipales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Apenas terminó el proceso de las elecciones municipales, en los 84 cantones, el domingo pasado, casi de inmediato, a partir de las 8 de la noche, el Tribunal Supremo de Elecciones empezó a dar los primeros resultados, provisionales, pero definitivos en sus proyecciones.

La última palabra la dará en pocos días cuando revise más detenidamente la papelería electoral, los informes de las Juntas y analice, con cuidado, voto por voto, aquellos resultados donde se acredita un ganador por pocos votos de diferencia. Cuando esto sucede lo que ocurre es que los fiscales de los partidos interesados revisan esos votos con lupa, con la intención de anular votos o de rescatar votos, de los que fueron anulados, porque de ello depende que suban o resten los votos originalmente reportados, y ello pueda dar origen a un cambio en el resultado declarado provisionalmente.

El lunes, como sucede en todos los procesos electorales de Costa Rica, el país amaneció con una paz y calma de cementerio, relajado tranquilo, como si nada hubiera pasado el domingo 4 de febrero.

Calma porque todos los votantes se dieron por satisfechos del proceso electoral, independientemente de los resultados, de ganadores y perdedores, porque así se ven los resultados, de electos y no electos a los puestos de gobiernos municipales. No hay muertos ni heridos, durante las votaciones, ni como resultado de ellas, como ocurre en enfrentamientos dolorosos en otros países del vecindario. Ni qué decir de Nicaragua o de lo que está moviéndose como aguas turbulentas en Guatemala, con la elección de Bernardo Arévalo, o como ocurre un poquillo más al sur, en Venezuela, donde se privan derechos de participación y se inhabilitan candidatas.

Calma porque los abstencionistas, con su ausencia en las urnas, avalaron la decisión tomada por los que se presentaron a ejercer su derecho al sufragio, que no es obligado en el país. De hecho, los abstencionistas se suman en silencio apoyando al grupo, al partido, al candidato o a las personas electas.

De cementerio, porque el resultado de los votos tumba emocionalmente a los que no fueron electos, como personas, como grupos alrededor de los candidatos y a sus mismos partidos, a quienes se les pone visualmente esa marca de funeraria, cuando no de hospital, en sus salas de enfermos de cuidados intensivos, según se interpreten los resultados electorales, que también se comparan, como con los expedientes clínicos hospitalarios de los pacientes, de cómo avanzan progresivamente recuperándose de sus males o cómo se les agudizan sus signos de enfermedades y males, que pueden ser fatales.

El abstencionismo se mantuvo alto, un 68.04%, aunque tuvo un leve descenso.

Con ese entorno daré algunos vistazos sobre los resultados provisionales. En ocho cantones el abstencionismo fue inferior al 50%.

Curiosamente donde hay más concentración urbana y poblacional hubo más abstencionismo. ¿Qué ha pasado con las municipalidades que no se sienten en esas comunidades? ¿Es solo un problema de las municipalidades o del Gobierno Central? ¿Los servicios municipales no se atienden como se debiera para motivar a la ciudadanía en sus deberes cívicos y electorales?

Los cantones con mayor abstencionismo son los siguientes: Desamparados: 78,56%, Alajuelita: 77,62%, San José: 76,97%, Heredia: 76,76%, Goicoechea:76,62%, Coronado: 75,55%, La Unión: 74,8%, Curridabat: 74,58%, Tibás: 74%, Moravia: 73,19%, Montes de Oca: 73%, Pococí: 72,65%, Liberia: 72,1%, Alajuela: 71,25%, Aserrí: 70,84% y Buenos Aires: 70,57%.

En el caso de la municipalidad de San José, con un alcalde que ha estado allí más de 30 años, ¿qué ha hecho para dañar tanto la participación ciudadana? Pero no ha sido solo un problema del alcalde. También lo ha sido del partido de ese alcalde, principalmente Liberación Nacional. Esto es lo que hay que ver.

Si hay desidia electoral se debe en mucho a los mismos partidos políticos, que no realizan ninguna actividad política, en sus cantones a cargo, para fortalecer la educación cívica, la formación ciudadana, la cultura electoral y democrática. Poco les importa la participación ciudadana. Esto es lo que está haciendo el Presidente Chaves, educando, especialmente los miércoles en sus sesiones de prensa, a su manera, a los ciudadanos que atentamente le siguen, que les genera confianza porque se identifica con ellos. Se desilusionarán de él si no ven frutos concretos, pero puede llevar su tiempo. Le quedan 27 meses de gobierno.

1.- En esta elección hubo dos nuevos cantones, llegándose a la suma de 84 pequeñas repúblicas, como las he venido señalando. Recordemos que los cantones son divisiones territoriales en el interior de las siete provincias de todo el territorio nacional. Como territorios tiene cada uno sus propios límites, su propia población, que puede ser alta o baja, en número de habitantes y de votantes. Tiene cada uno su propio gobierno y con ello sus propias autoridades, que fue lo que se eligió el domingo. Esas autoridades se representan en los alcaldes y vicealcaldes, en sus concejos municipales y distritales, con sus regidores y síndicos propietarios y suplentes, y los intendentes donde los hay.

Como se realizan las elecciones a nivel presidencial, el que se impone con mayoría de votos gana la alcaldía y, por proporción de votos, se integran los concejos municipales y distritales, como ocurre con la Asamblea Legislativa.

Con este primer resultado se tienen partidos y candidatos ganadores de las alcaldías y se tiene la integración de los concejos con representantes de varios partidos. En lo que se ha informado hasta ayer, no hay un solo concejo que lo haya ganado un solo partidos, ni siquiera de los últimos cantones, que son minúsculos en votantes. De esta manera, hay gobiernos compartidos.

De esto queda por definir, que el primero de mayo próximo al integrarse oficialmente los concejos municipales y distritales, quienes son nombrados presidentes de ellos, lo que cuenta en el haber de los partidos políticos para significar su mayor importancia, por la mayor cantidad de presidencias municipales y distritales que puedan tener, que son resultantes naturales de alianzas, de ese día, entre las fuerzas políticas que se representan en esos concejos.

Cuando hay gobiernos y partidos de gobiernos fuertes esto es importante para el gobierno y su partido, como para el Presidente, porque le permite medir el impacto de su gestión. En el caso actual, el gobierno de la república carece de partido, de partido fuerte que así mismo se reconozca como partido gobernante. Lamentablemente no se pudo medir el impacto de la gestión presidencial en esta ocasión. Hubiera preferido que se hubiera podido medir con la participación de sus partidos municipales. Su resultado hubiera sido sorpresivo y un buen espejo para el resto de los partidos políticos.

El propio Presidente de la República está como el niño perdido de La Llorona, sin partido propio, sin partido fuerte, sin haber podido participar de manera certera con los partidos que intentó inscribir desde la Casa Presidencial con sus alfiles políticos, con sus oficiales, con sus obispos, más no con sus caballos, que son iguales en puntos de equivalencia…, pero el caballo siempre será caballo y eso fue lo que aparentaron los que dirigieron los movimientos ajedrecísticos de la Casa Presidencia al inscribir sus partidos, al mover sus piezas, en el ajedrez político de estas elecciones.

Volviendo al cuento de La Llorona, que es un cuento de terror, de origen mexicano, que aquí también lo tenemos en la versión costarricense, a La Llorona se le reconoce la existencia de tres hijos, así como la casa de gobierno tuvo tres hijos, que los perdió, el partido Progreso Social Demócrata, y los partidos Pueblo Soberano y Aquí Manda Costa Rica, que fueron casi partidos no natos, casi perdidos… Los hijos de La Llorona desaparecieron en medio de una tragedia que la madre no pudo atender…Los partidos del presidente se perdieron por tragedias que los directores de sus orquestas partidarias, y el propio presidente, no pudieron resolver, de sus partituras políticas, que debían seguir, que no las entendieron o poco les importaba su existencia.

2.- Hubo una renovación forzada de liderazgos cantonales impuesta por la ley, que prohibió que 46 alcaldes y autoridades municipales que llevaran dos ejercicios de gobierno no podían aspirar a ser electos para un nuevo período. Así hubo necesidad de cambiar casi el 50% de los alcaldes. De los 30 que podían reelegirse 23 lo lograron, algunos de ellos cambiando de partido político. Diecinueve alcaldes reelectos lo hicieron por los partidos que los habían elegido, incluidos partidos cantonales como Alianza por Sarchí (APS), La Gran Nicoya (LGN) o Auténtico Santacruceño (PASC). Estos 23 no jugarán para las elecciones de alcaldes del 2028. De los alcaldes reelectos 4 cambiaron de partido y 4 crearon nuevos partidos. De los reelectos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana reeligieron 7 alcaldes cada uno. Esto coloca a las actuales alcaldías y sus respectivos concejos con una evidente renovación personal, de género y también generacional.

Personal por cuanto a la fuerza se impusieron, con el apoyo de los ciudadanos, los nuevos alcaldes que sustituyeron a los que no tuvieron oportunidad de reelección.

Por género, porque la ley se aplicó con fuerza para exigir la paridad vertical y horizontal de postulación de candidatas mujeres. Aun así, no era una garantía de un resultado igualitario, por la propia decisión de los votantes al escoger sus candidatos de una oferta amplia de partidos y de postulaciones. Obligadamente los partidos tuvieron que igualar sus candidaturas. El único que lo logró plenamente, en los 84 cantones, fue Liberación Nacional que llevó 42 candidatas mujeres y 42 hombres. Le siguió la Unidad Social Cristiana con 31 mujeres y 41 hombres; Nueva República 35 hombres y 34 mujeres; el Liberal Progresista con 29 hombres y 17 mujeres; Progreso Social Democrático con 23 hombres y 12 mujeres; el Frente Amplio con 14 mujeres y 13 hombres y Acción Ciudadana con un hombre y 3 mujeres.

3.- Setenta y siete partidos participaron en las elecciones entre nacionales, 16; provinciales, 7, y municipales, 54. En las últimas elecciones nacionales del 2020 participaron 25 partidos nacionales e igual número a nivel provincial. En alguna provincia hubo dos partidos más y en otra uno menos. Así, en estos dos años, después de la elección nacional, desaparecieron 9 partidos nacionales y 18 provinciales. Hubo, en esta ocasión, un amplio espectro de partidos cantonales, de los cuales 12 eligieron alcaldes, uno menos que en la elección del 2020.

De los partidos nacionales que están representados en la Asamblea Legislativa Liberación Nacional sufrió un enorme revés, de 43 alcaldes que eligió en el 2020 solo obtuvo 29. Perdió 14; la Unidad Social Cristiana aumentó de 15 a 20 del 2020 a esta elección; el Liberal Progresista obtuvo 3 alcaldías, en su primera participación; el Progreso Social Demócrata obtuvo 2 alcaldías en su primera participación; Nueva República logró 2 alcaldías en este proceso; el Frente Amplio logró una alcaldía en estas elecciones.

Los otros partidos que lograron alcaldías fueron Nueva Generación que repitió sus 4 alcaldías, Unidos Podemos, que para mí fue una gran sorpresa, pasó de 1 alcaldía en el 2020 a 9 ahora; Acción Ciudadana que había sido eliminado de la presentación legislativa en el 2020, ahora fue eliminado de las 4 alcaldías que tenía en el 2020; el Republicano Social Cristiano mantuvo sus dos alcaldías. Los partidos provinciales y cantonales que habían electo, en el 2020, 13 alcaldías, ahora eligieron 12. En el 2020 participaron 86 partidos, en el 2024 lo hicieron 77. Hubo una reducción de 9 partidos.

Antes de la eliminación de su participación electoral el partido Aquí Costa Rica Manda había sido el tercer partido en inscribir más candidatos, 4.460. Por eso hubiera sido importante haber visto el impacto de su participación. Le seguía hacia arriba la Unidad Social Cristiana con 5.229 y Liberación Nacional con 6.178.

Si el partido Aquí Costa Rica Manda aprendió su lección, de trámites de inscripción electoral, y si corrige lo correspondiente, que es más fácil, hacia la elección nacional del 2026, puede resultar una gran sorpresa. Este esfuerzo organizativo que hicieron fue importante y grande. Hay que atenderlo desde el análisis. No hay que subestimarlo porque no participó. Hay que ponerle atención a los focos y luces que lanza el gobierno sobre regiones, poblaciones, habitantes y ciudadanos, grupos organizados de todo tipo, con miras hacia las elecciones nacionales. Si esto no se aprende, bien podría suceder otro Rodrigo Chaves, guste o no guste, otro outsider o un insider, todavía no a la vista. El pueblo está para esos cambios, buscando esperanzas, promesas, realizaciones, soluciones

4.- Los partidos Unidad Social Cristiana, Unidos Podemos y Liberal Progresista, en su conjunto, representan el espectro más a la derecha del dial político. Los tres tuvieron crecimiento importante.

La Unidad Social Cristiana proporcionalmente más que Liberación Nacional, con quien ha sido parte del llamado bipartidismo histórico nacional. Evidentemente ha tenido un recambio interno que se siente. Su presidente, Juan Carlos Hidalgo, y su Secretaria General, Raquel Carballo, parecieran ser la yunta de trabajo que ha fortalecido a esta organización y la tiene en este éxito político, en estas elecciones. Con discreción, pero con peso, se hace sentir la experiencia del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, que ilumina caminos, aunque no le sigan pero deja su huella indeleble, sobre todo estratégica, a mi modo de ver. En esta elección este es un partido que se puede considerar ganador.

Unidos Podemos, de la Ministra de la Presidencia del actual gobierno, Natalia Díaz, es también otro partido ganador. Sorpresivamente pega 9 alcaldías. Este es un gran trabajo organizativo, político y emocional de identificación con Natalia, quien ha podido sostener y mantener su partido, con efectiva discreción y mesura política, pero con constancia evidente. Perfila fuerte su presencia política nacional. Bien puede a sus atributos políticos sumar la posibilidad de que su partido sea el taxi del relevo del próximo candidato presidencial del actual gobierno, si no es ella misma, con su experiencia y sus atributos personales políticamente fortalecidos.

El partido Liberal Progresista es el tercer partido ganador en tanto nuevo que es. Logra demostrar mayor capacidad organizativa que el Frente Amplio, con casi 20 años de existencia política, al igual que Unidos Podemos, al elegir 3 alcaldes y presentarse en 46 cantones. Su principal dirigente, Eli Feinzaig, muy conservador en la Asamblea Legislativa, casi el cabús del gobierno, disputando esta posición con la Unidad Social Cristiana, ha logrado demostrar capacidad organizativa nacional importante. Candidato a la Presidencia que será ya sentó su base organizativa principal.

A nivel nacional ha impactado el triunfo del Alcalde Diego Miranda, colega historiador, en San José, que derrotó por una diferencia importante de 2.200 votos al candidato oficial de Johnny Araya, que por casi 30 años había estado al frente del Municipio Capitalino, la Municipalidad políticamente más importante del país, en cierta forma la más abandonada. Para el Alcalde Miranda fue la derrota de una dictadura, de trampas que le colocaron. Fue el triunfo del cambio político “por el bien de San José”, para lograr una “municipalidad sin corrupción”, según sus palabras, y una “gestión transparente”.

5.- La izquierda política del país sigue sin luces, sin ruta, sin guía política. No muestra una ruta y vocación por el poder político. Esa vocación hace mucho tiempo se perdió. Su expectativa fundamental es elegir diputados si se puede, y regidores si también se logra. Tener alguna voz en estos escenarios públicos es suficiente satisfacción.

La excelente fracción parlamentaria que tiene actualmente el Frente Amplio no tuvo ninguna repercusión organizativa que se viera manifestada en esta justa electoral. Con 18 años de participaciones electorales solo logró una alcaldía, lo que evidencia su falta de aparato político organizativo, el Partido político, como instrumento de organización, de agitación, de movilización y de lucha, que no se siente.

Los otros grupos de izquierda nacionales, que participaron o no en las municipales, que apoyaron al Frente Amplio, a última hora, poco sumaron en esa dirección, por la misma razón. Carecen de esa visión nacional necesaria de sumar fuerzas para lograr grandes cambios políticos. Unidad en la acción, aunque haya diversidad de opinión, es la clave.

Lo importante en la participación política de la izquierda es tener claro la necesidad de sumar sectores, para lo cual deben superarse sectarismos, dogmatismos, resentimientos personales, que siguen siendo un gran lastre para estos sectores. Y, falta mucho una buena visión de la realidad política nacional, de sus problemas principales y de las posibilidades de aliados alrededor de la solución de esos problemas.

Por ahora estas primeras observaciones del proceso electoral pasado.

En La Mesa Redonda se analizó la situación de Venezuela

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En un episodio más de #LaMesaRedonda, se exploran las repercusiones de la reciente inhabilitación de la líder venezolana María Corina Machado de cara a las elecciones nacionales. Para brindar un análisis experto sobre este acontecimiento, el director del programa conversó con el destacado politólogo e historiador costarricense, Vladimir de la Cruz.

La decisión de inhabilitar a Machado ha generado interrogantes sobre la reacción que podría tener Estados Unidos ante este acto del gobierno venezolano. En el programa, se abordaron las posibles respuestas y acciones que podrían surgir por parte de la potencia norteamericana.

Compartimos el programa completo:

¡A votar!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El próximo domingo termina el proceso electoral, que fue convocado para elegir y renovar las autoridades cantonales en Costa Rica. Las autoridades cantonales se representan en los alcaldes y vicealcaldes, que son el equivalente en los cantones al presidente y sus vicepresidentes. También se elige a los miembros del Concejo Municipal que se integra por los regidores propietarios y suplentes, y los síndicos propietarios y suplentes, que son el equivalente de la Asamblea Legislativa en el cantón.

Del resultado del domingo queda como parte del proceso electoral, juramentar a las personas electas, como nuevas autoridades y que asuman el cargo.

Costa a Rica tiene 84 cantones y casi 500 distritos, distribuidos en todas las provincias. Los cantones son territorios precisos, bien delimitados, con una población que le es propia a cada cantón. De hecho, son como pequeñas repúblicas, en tanto esa población tiene su territorio independiente y autónomo de los otros cantones, y sus propios órganos de gobierno cantonal, con sus especificidades poblacionales, económicas, geográficas; con sus particulares problemas; con normativa jurídica nacional y cantonal que regula sus actividades administrativas y políticas generales.

Las autoridades cantonales se nombran por períodos de cuatro años. La legislación actual permite una reelección consecutiva. Para esta ocasión prácticamente la mitad de las autoridades cantonales serán obligatoriamente removidas, y nuevas los sucederán, porque ellas ya tenían dos períodos o más de ejercicio gubernativo. Así, esta elección, o escogencia de nuevas autoridades, va a llevar a los gobiernos municipales nuevas autoridades y dirigentes políticos cantonales.

En esta ocasión también participan las mujeres con mayor posibilidad de elección, porque la legislación se cambió obligando a los partidos a llevar absoluta paridad de candidaturas masculinas y femeninas, con el sistema llamado de paridad vertical y horizontal. Con esta normativa un partido que participa en una provincia en varios cantones está obligado a que la mitad de sus candidatos que encabezan las listas sean mujeres y hombres. Esto ya se había hecho sentir en la pasada elección nacional cuando al partido Unidad Social Cristiana el Tribunal Supremo de Elecciones le obligó a llevar un candidato femenino en la Provincia de San José, para proporcionar esa igualdad, amenazado al partido de que si no cumplía esta regla le anulaban la papeleta. Sucedió de manera similar en estas elecciones con los partidos Aquí Costa Rica Manda y Pueblo Soberano, identificados con el presidente Rodrigo Chaves, en tanto el Tribunal Supremo de Elecciones les anuló casi todas sus papeletas por no cumplir esta disposición de la paridad vertical y horizontal, y por no haber demostrado la imposibilidad de hacerlo, lo que les hubiera permitido su inscripción.

El sufragio, el derecho político del voto, es una conquista política. Hubo épocas en que las personas no votaban porque carecían de este Derecho, y porque los sistemas políticos estaban organizados de manera que el gobernante se suponía representante de Dios en la Tierra, y justificaba su poder y gobierno por esa razón.

Las ideas políticas que se fueron desarrollando desde el siglo XVII cuestionaron el origen de este poder. Impulsaron la idea de la representación política, en la cual el gobernante es resultado de un acto de delegación de la voluntad de los ciudadanos, de manera que si ese gobernante no está en sintonía con esa voluntad, o ese mandato, de ahí la idea del Mandatario, ese pueblo que le deposita su voluntad tiene el supremo derecho de la rebelión política, para destituirlo, y sustituirlo por otro que refleje y represente esa voluntad política, para gobernar, que le ha sido depositada, con el objetivo de lograr la mayor felicidad posible para los ciudadanos, para el pueblo.

Esta idea de la rebelión política se plasmó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, de la Revolución Francesa, que también se expresó en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, del 5 de setiembre de 1791, de esa Revolución.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue publicada en Costa Rica en 1844, lo que influyó en la Constitución Política de 1844, que estableció el derecho de rebelión política, lo que no se mantuvo en el resto de las constituciones nacionales.

En el desarrollo republicano que iniciamos desde la Independencia se reconoció la condición de la ciudadanía para la población. Se dejó atrás la servidumbre y el vasallaje de la colonia. Surgió el ciudadano con Derechos y Libertades. También surgió el ejercicio de gobiernos y autoridades nombradas por procesos electorales, por medio de legislación que inicialmente fue restrictiva para los ciudadanos, estableciendo mecanismo de participación y de elección. Hasta 1913, por ejemplo, la votación era pública y se practicaba la elección de segundo grado mediante la cual se escogían primero unos electores quienes tomaban la decisión final. Ese año se pasó a la elección directa. En 1924 se estableció la elección por voto secreto, con lo cual se fortaleció el derecho de votar dejándole al ciudadano la posibilidad de votar a conciencia, sin presión alguna sobre su voto público. En 1949 se reconoció el voto de la mujer y se amplió la democracia política y electoral, con el llamado voto universal, de hombres y mujeres. El voto o sufragio de las mujeres empezó a ejercitarse desde 1951 estableciendo el reconocimiento a elegir y a ser electas, proceso que ha ido en aumento. En 1974 se estableció la ciudadanía a los 18 años, con lo cual se amplió el ejercicio del voto, de derechos políticos a los jóvenes.

Hoy la legislación electoral ha avanzado a establecer una igualdad real en posibilidades de elección, obligando a los partidos a postular a puestos de elección popular mujeres y hombres en plena igualdad paritaria. Con esta medida estas elecciones municipales, del próximo domingo, serán las más democráticas en este sentido que se hayan realizado. Y su resultado probablemente será el de mayor representación femenina alcanzado en procesos electorales municipales.

Siendo los cantones pequeñas repúblicas, y nosotros los ciudadanos de esos cantones, tenemos en el voto, en el sufragio, el instrumento de poder para elegir las autoridades de los gobiernos locales. El poder del sufragio, del voto, que nos da la posibilidad de cambiar, una manera de destituir, autoridades de gobiernos locales, y de renovar o nombrar nuevas autoridades, que consideremos que sirven mejor a los intereses del cantón y de los ciudadanos que en ellos vivimos.

Como proceso electoral, en su organización y administración, es el más complejo que ha tenido el Tribunal Supremo de Elecciones.

La responsabilidad de los ciudadanos es ir a votar. Votar en conciencia por el partido o el candidato a alcaldes y sus vicealcaldes que consideremos mejor, y de votar por los miembros del Concejo Municipal, los regidores y los síndicos, que igualmente consideremos mejores para el trabajo que desde allí se hace proyectado hacia los cantones y los problemas que en ellos se dan.

Las elecciones municipales se han separado de las nacionales con la finalidad de que los ciudadanos le pongamos más atención a la inmediatez de nuestra comunidad y de nuestros gobiernos municipales. Esta situación hay que aprovecharla votando, fortaleciendo el sistema de gobiernos municipales. Hay que ir a votar.

Este derecho en otros países ha costado sangre. Basta con ver nuestro entorno geográfico y vemos las dificultades y limitaciones que se imponen sobre la población y ciudadanos para escoger sus candidatos, sus partidos y las limitaciones que se les imponen para participar en procesos electorales, favoreciendo de esa manera gobiernos y regímenes autoritarios. En 1948 una de las justificaciones de la guerra civil que tuvimos fue la defensa del sufragio, la defensa del resultado de las elecciones, en ese momento presidencial a favor de Otilio Ulate, que fueron anuladas por el Congreso. En 1889, ante una maniobra que hizo el gobierno, en las elecciones, se interpretó que quería alterar el resultado electoral, lo que produjo la movilización de campesinos, de hombres y mujeres, que impidió esa maniobra, lo que dio fundamento para que esa fecha, el 7 de noviembre de 1889, se declarara o reconociera como la del Día de la Democracia Costarricense.

Hagamos del próximo domingo ese día de la Democracia Costarricense. Vayamos a votar, a renovar y consolidar autoridades y gobiernos municipales.