Javier Sánchez Mora, estudiante de la Maestría Académica en Historia e investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Jornadas de investigación del Ciicla
La Talamanca de este periodo no debe ser pensada como una sociedad aislada y recóndita
Mister Selven Bryant, un habitante de Puerto Viejo, Limón, recordó en la década de 1970 que muchos hombres jamaiquinos, a inicios del siglo XX, se juntaron con mujeres indígenas y se establecieron de forma permanente en la zona talamanqueña. Según el habitante de Puerto Viejo, los hombres jamaiquinos hicieron sus fincas y familias allí, aprendieron el idioma indígena y sus hijos, al crecer, hablaron el inglés, el bribri y el español.i
Memorias como las de mister Selven, relatadas hace 45 años, coinciden con lo que ha sido investigado en años recientes. La historiadora Alejandra Boza Villarreal ha estudiado el caso de Alfredo Swaby Hidalgo, un hombre talamanqueño cuya madre fue una mujer bribri llamada María Teresa Hidalgo y cuyo padre fue un hombre jamaiquino llamado William Alexander Swabyii. La documentación que ha llegado a nuestros días muestra que Alfredo Swaby se movía entre el inglés, el bribri y el español tal y como mister Selven recordó que lo hacían los hijos de padres jamaiquinos y madres indígenas.
Fuente: La Prensa, 13 de abril de 1923, 3
Una mirada al periodo entre 1870 y 1910 revela múltiples ejemplos que confirman la presencia de vínculos conyugales entre personas bribris, cabécares y afrocaribeñas y nos lleva más allá de la costa talamanqueña; nos lleva hacia el interior del territorio indígena, a sus valles y montañas.
Tierra adentro
Siguiendo el curso río arriba del Sixaola, alejándose cada vez más de la costa, el geólogo William Gabb notó en 1873 que había personas de “raza mixta”, producto de relaciones entre personas blancas, negras e indígenas. En esta misma localidad se había establecido William Alexander Swaby, en la década de 1880, padre de Alfredo Swaby Hidalgo. Siguiendo el Sixaola, tierra adentro, el río se bifurca y llega al primero de sus afluentes, el río Urén, en cuyas márgenes, en 1896, una mujer indígena llamada Elizabeth y un jamaiquino, llamado Marcos Parma, se casaron católicamente. Al norte corre el segundo afluente del Sixaola, el río Lari, cerca de donde, en 1913, Julia Saldaña, una mujer bribri, mantuvo un vínculo conyugal con un hombre afrocaribeño proveniente de Bocas del Toro llamado William Lightbourne. En las montañas de San José Cabécar nace el río Coen, tercer afluente del río Sixaola, donde el religioso Pablo Solano indicó que una mujer indígena había vivido con un hombre negro.iii
Fuente: W.M. Gabb, Collins y Martínez, «Originalkarte des Hauptgebietes von Costa Rica», en Mittheilungen aus Justus Perthes» Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann (Gotha: Justus Perthes, 1877), Tafel 18.
Descendiendo de Alto Coen y dirigiéndose al norte se encuentra el Valle de la Estrella, territorio cabécar, donde el científico Henri Pittier, en la década de 1890, señaló que abundaban casas habitadas por parejas de mujeres indígenas y hombres negros. En 1896, en el mismo sector de La Estrella, el misionero Vicente Krautwig casó a una mujer indígena llamada Sebastiana y a un hombre jamaiquino llamado Santiago Quil Foot.iv
Según la tradición oral de la costa talamanqueña, muchos hombres jamaiquinos, a inicios del siglo XX, formaron vínculos conyugales con mujeres indígenas al interior de Talamanca. Según recordó mister Selven Bryant, los hombres jamaiquinos hicieron sus fincas y familias en Alta Talamanca. Inclusive William Smith, a quien la tradición oral recuerda como uno de los primeros afrocaribeños de habla inglesa que se establecieron en la costa talamanqueña en la primera mitad del siglo XIX, no estuvo relacionado únicamente con la zona costera. Se sabe que Smith tuvo una hija llamada Marcelina Smith nacida en 1893 con una mujer cabécar de La Estrella llamada Tomasa. En el sector de Bajo Lari (valle de Talamanca) Smith también estuvo en una relación con una mujer bribri llamada Leonor Almengor.v
La incorporación de elementos culturales indígenas por parte de los hombres afrocaribeños en estas relaciones conyugales no parece haber sido menor. Además del aprendizaje del idioma indígena por parte de los afrocaribeños que recuerda la tradición oral talamanqueña, el jefe político de Talamanca, Amado Chaverri, enviado por el gobierno costarricense, opinó en 1913 que estos vínculos conyugales se daban gracias a que los hombres afrocaribeños se acomodaban a la forma de vida de las mujeres indígenas.vi
Las fuentes también permiten identificar mujeres afrocaribeñas que formaron vínculos conyugales en Talamanca. En 1892 el obispo Bernardo Augusto Thiel había señalado la presencia de mujeres negras y criollas en Sipurio, valle de Talamanca, las cuales vivían, según él, “una vida libre” fuera del matrimonio. Una mujer proveniente de las islas de San Andrés, le había dicho al Obispo Thiel: “¡Yo casarme, nunca! Soy mujer y necesito mi hombre. O uno me busca o yo me busco uno, y si no me gusta le dejo y busco otro. Esta es mi vida y no adopto otra”.vii
Este otro caso, el de una mujer jamaiquina llamada Ana Louis Edward, ejemplifica la presencia de mujeres afrocaribeñas en Talamanca. En efecto, en 1907 ella se encontraba viviendo en el valle de Talamanca con un hombre proveniente de Cartago en una relación consensual. Sin embargo, tres años más tarde, Edward se identificó a sí misma como soltera y manifestó que vivía en Talamanca en casa propia.viii
Talamanca en el Caribe
Los ejemplos expuestos muestran que las relaciones conyugales de personas bribris, cabécares y afrocaribeñas no fueron excepcionales en este periodo. Muestran que había una fluidez de movimiento de personas entre las montañas y valles de Talamanca y el Caribe antillano e ístmico. Revelan lo que los estudios históricos han mostrado en las últimas dos décadas: que la Talamanca de este periodo no debe ser pensada como una sociedad aislada y recónditaix. Por el contrario, la historia de larga duración de la Talamanca de esta época es la de una sociedad independientex desde la cual, el Valle Central costarricense, Bocas del Toro, Colombia, el Pacífico Sur costarricense y las Antillas caribeñas habían sido zonas periféricas. Es difícil sostener la imagen de Talamanca como una sociedad aislada y recóndita cuando a finales del siglo XIX era posible encontrar personas provenientes de cada uno de esos lugares colindantes.
Las relaciones conyugales entre personas bribris, cabécares y afrocaribeñas nos obligan a reconsiderar los supuestos que tenemos sobre Talamanca al revelar a las poblaciones talamanqueñas como “fragmentos sobre el agua de unidades submarinas”xi, donde las unidades submarinas son las historias conectadas del mundo talamanqueño y el Caribe antillano e ístmico.
i Paula Palmer, “Wa’ apin man”: la historia de la costa talamanqueña de Costa Rica, según sus protagonistas (Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1994), 82.
ii Alejandra Boza Villarreal, “Economía, Estado y comunidades indígenas en Talamanca, Costa Rica, 1927-1948”, Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe 15, n.° 1 (2018): 119.
iii William M. Gabb, Talamanca, el espacio y los hombres (San José, Costa Rica: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1978), 25; ANCR, Poder Judicial, Juzgado Civil de Limón 941, f. 4v. (1909); Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Registro Civil, Limón, Matrimonios, 1888-1905, vol. 1, p. 140, partida 119; “La dinastía de los Saldaña en peligro”, La República, 12 de junio de 1913, 2; Pablo Solano Gamboa, “Recuerdos históricos de la misión”, en El último cacique. Talamanca, siglo XIX (San José, C.R.: EUNED, 2009), 525.
iv Henri Pittier de Fábrega, “La lengua de los indios bribri en Costa Rica”, en Actas de la conferencia de la clase filosófico-histórica de la Imperial Academia de Ciencias (Viena: Librería de los muelles. Academia de las Ciencias, 1898), 16. Traducido del alemán al español por Rebeca Mayorga. Proyecto: 818-C0-457 “Análisis lingüístico, literario e histórico del primer texto extenso en bribri y de su contexto de producción: el ‘Evangelio según San Juan’ (1905) traducido por Guillermo Gabb”; Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Registro Civil, Limón, Matrimonios, 1888-1905, vol. 1, p. 162, partida 150.
v Palmer, “Wa’ apin man”…, 82, 23; Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Registro Civil, Limón, Matrimonios, 1909-1921, vol. 4-5, p. 2, partida 2013; “La dinastía de los Saldaña en peligro”, 2.
vi “En la región de Talamanca”. La Información, 3 de abril de 1913.
vii Ana Isabel Herrera Sotillo, Monseñor Thiel en Costa Rica: visitas pastorales, 1880-1901 (Cartago, Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2009), 292.
viii ANCR. Poder Judicial. Limón Juzgado Civil, No. 283, f. 6-7v; ANCR. Poder Judicial. Limón Juzgado del Crimen, No. 242, f. 23.
ix Alejandra Boza Villarreal, La frontera indígena de la Gran Talamanca, 1840-1930 (Cartago, Costa Rica: EDUPUC, 2014), 262.
x Alejandra Boza Villarreal, “Guerras indígenas en Talamanca y Bocas del Toro (1709-1867)”, en De colonia a república: economía, política e Iglesia en Costa Rica (siglos XVIII-XIX) (San José: Fundación Museos del Banco Central de Costa Rica, 2017), 25.
xi Lara Putnam, “To Study the Fragment/whole: Microhistory and Atlantic World”, Journal of Social History 39, n.° 3 (2006): 617. (traducción propia).
Javier Sánchez Mora Estudiante de la Maestría Académica en Historia e investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, UCR
Docente de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura e investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Jornadas de investigación del Ciicla
El indígena es una ‘excusa narrativa’ al que estos relatos no otorgan voz. Estos textos enmascaran, silencian u ocultan la realidad histórica de su situación subalterna en la Costa Rica de la época.
Entre 1885 y 1940 se publicaron en Costa Rica relatos (novelas, novelas cortas, cuentos) que alegorizan al indígena costarricense y su cultura, textos en los que predomina una mirada deshistorizada y arqueológica. Son narrativas tardías del romanticismo indianista, previas al indigenismo que eclosianará posteriormente, ya en pleno siglo XX, sobre todo en el espacio cultural andino.
Fantasías indianistas
Nos referimos, en primer lugar, a Zulai y Yontá (1909, primera edición; 1919, segunda edición; 1946, tercera edición)1, de María Fernández de Tinoco, dos novelas -publicadas bajo el pseudónimo Apaikán– que han de analizarse conjuntamente, tanto por motivos narratológicos y sociológicos como editoriales. Fueron publicadas inicialmente por entregas en la revista Virya, órgano de la Sociedad Teosófica de Costa Rica. El conflicto de Zulai se expresa a través del triángulo constituido por Zulai, Ivdo y Kaurki. Este último, el cacique, buscará impedir que la pareja de enamorados cumpla con su idilio afectivo. Yontá se puede entender como una precuela: alude a la madre de Ivdo, el espiritual y valeroso guerrero que se enamora de Zulai en la novela del mismo nombre. Estas dos novelas han recibido en los últimos años bastante atención crítica (Francisco Rodríguez Cascante; Sergio Coto-Rivel), después de décadas de olvido. Las ideas teosóficas de su autora se canalizan, sobre todo, a partir de los paratextos y de las digresiones explicativas.
Portada de la tercera de edición de Zulai y Yontá, 1945, de María Fernández de Tinoco.
Menos conocida es Arausi (1929), de Diego Povedano (hijo del pintor academicista Tomás Povedano), novela que también deshistoriza las culturas indígenas costarricenses. Su enforque alegórico ya se aprecia desde el paratexto de la dedicatoria: “Dedico esta novela a mi esposa, por haberme servido ella de modelo para la concepción de la heroína de la obra.” La historia sentimental nos remite de nuevo al romanticismo indianista. Se estructura una historia de amor romántico entre Arausi y Surabta, entrelazada con un conflicto colectivo, el organizado a raíz de las pretensiones de la casta sacerdotal de una corte maya, la de Na-chan-caac (la actual Palemke, México), de dominar la voluntad del ilustrado pero débil monarca Tutulxiu, alrededor del mantenimiento o eliminación de los sacrificios humanos en sus dominios. Finalmente, se justifica la unión entre Arausa, princesa maya, y Surabta, guerrero huetar, como contribución a la eliminación de estos ritos sacrificiales.
Portada de Arausi, de Tomás Povedano, 1929.
El delfín de Corubicí (1923, primera edición; 1962, segunda edición), de Anastasio Alfaro, es un caso atípico. Es una novela redactada con el objetivo explícito de convertirse en un texto pedagógico. La primera edición se publicó en el número 12 de la colección El convivio de los niños, organizada por Joaquín García Monge. El proemio “El motivo de este libro” nos ofrece la intencionalidad desde la que fue concebida. Alfaro explica que fue invitado a una escuela superior de niñas para explicarles a estas últimas “las costumbres indígenas tal como las apreciaron los primeros conquistadores españoles” (1923: v), es decir, la vida cotidiana de los indígenas antes de la conquista y la colonia. Afirma que para despertar el interés de su audiencia decidió comunicar este contenido desde una estructura narrativa. Se describe en esta novela corta, desde una visión idílica y festiva, la vida cotidiana de los indígenas del Golfo de Nicoya.
Portada de El Delfín de Corubicí, de Anastasio Alfaro, 1923.
Matla (1933), de Euclides Chacón Méndez, nos ofrece, por el contrario, un enfoque pesimista. Es una novela corta publicada por primera vez en el Repertorio Americano en nueve entregas. En este último caso, contaba con un subtítulo “Fantasía indígena”, que perdió con la publicación en formato de libro. Contó con una primera edición en libro, realizada por el servicio de Publicaciones del Instituto de Alajuela en 1940, en la que se incorporó un prólogo de Moisés Vizenci. No se le conocen ediciones posteriores y podemos sospechar que la primera contó con escasa difusión. Ideológicamente, es una narración que se inserta en la teoría evolucionista de las civilizaciones; unas, más atrasadas, las indígenas, están condenadas a desaparecer en favor de otras menos sanguinarias, occidentales en el presente caso. También se representa en esta novela la típica historia de amor romántico, protagonizada en este caso por Yara, joven chorotega, hija de Kaurki, y Xilotl, un extranjero apátrida, mientras que el caciqué, Cararé, obstaculiza esta relación.
El imaginario precolombino también quedó incorporado en cuentos y leyendas. “De caza” es un cuento de Carlos Gagini, integrado en la colección Chamarasca (1898), que responde a la ideología del exotismo. Al inicio, el narrador observa desde su mirador el panorama del valle del río Barranca. El escritor enfrentado a la crisis de la página en blanco, decide transcribir una leyenda que el día anterior le relató un indígena octogenario: es decir, el narrador transcribe una leyenda indígena antes de que desaparezca uno de sus últimos presentantes. Esta leyenda se preserva en el ‘archivo’ de la cultura letrada escrita, en un relevo que se tematiza como inevitable. Este indígena relata un triángulo amoroso establecido entre Teribe, heredero del cacicazgo de Turiaca, su prima Sula e Itli, el amigo inseparable del primero. Teribe descubre y venga la relación oculta entre los amantes, al decidir que mueran en la hoguera. La atalaya en la que se encuentra el narrador del relato marco también debe entenderse como una metáfora del distanciamiento histórico e ideológico de la sociedad costarricense de finales del siglo XIX frente a unas sociedades precolombinas que considera como desaparecidas. Es, finalmente, la atalaya de la Historia, que observa el relevo de las civilizaciones desde una superioridad epistemológica.
Por su parte ,“Tapaligüi” es un cuento de Ricardo Fernández Guardia recopilado en la colección Hojarasca (1984). La historia de amor romántico tiene un carácter alegórico más evidente que el ofrecido en el cuento de Gagini. El sanguinario y depravado cacique Nambi, de Nicoya, desea a la joven doncella Miri, a su vez enamorada de Tapaligüi, hijo del cacique enemigo de Chira, Niquir. En las fiestas dedicadas al dios sol, Tapaligüi aprovecha para atacar con su ejército el pueblo de Nicoya, aunque llega demasiado tarde para salvar a Miri de ser sacrificada. Justo en este momento se escucha el sonido del cañón de un barco europeo. El relato está estructurado a partir de la narrativa alegórica del ‘destino manifiesto’: las sociedades indígenas han alcanzado un estado tal de corrupción moral (el cacicazgo de Nicoya realiza sacrificios humanos y actos de canibalismo en las fiestas del sol, celebradas tres veces al año) que se justifica la llegada de los españoles, quienes traen los valores civilizatorios del cristianismo. Por este motivo, el autor implícito dedica la primera parte del relato a mostrar la escena descriptiva de una festividad ritual que termina por convertirse en una orgía de sexo y alcohol: mediante este recurso busca mostrar la decadencia moral de la civilización indígena.
La Otredad temporal y sociocultural del mundo indígena es promovida cuando este último queda ubicado en un pasado lejano, previo a la ‘hora cero’ que supuso la llegada de los europeos a América. Este es el caso de “Leyenda indígena”, de Rosa Corrales de Chavarría, de 1903, relato publicado en el suplemento Los Lunes de “La República”, del diario del mismo nombre. El cacique Bu-kerá, respetado por sus súbditos, entra en guerra con un cacique vecino, Sar-Puñg, quien termina por tomar prisionero al primero y a sus jefes. Be tsung, el awa (médico o brujo) de Bu-kerá, negocia el rescate del cacique y Sar-Puñg, por su parte, le exige la entrega de diez doncellas, entre ellas su propia hija, Ka tú. Anteponiendo la lealtad y el amor a su cacique, el awa ofrece a su hija y a las demás doncellas al enemigo. Recriminado por Bu-kerá, quien tiene a Ka tú por amante, el médico-brujo desaparece y su cadáver es encontrado días después en las aguas del Golfo de Nicoya, una alusión a su suicidio.
Por lo demás, numerosas ilustraciones de tema arqueológico precolombino se incorporan en Revista de Costa Rica en el siglo XIX. Tomo I, de 1902. Es una miscelánea, tal como se cultivaron en todo el siglo XIX y a inicios del siglo XX en América Latina. Además de ilustraciones que muestran a indígenas como representantes de la estructura poblacional de la época, esta obra incorpora abundantes ejemplos de naturalezas muertas de objetos arqueológicos. Es un enfoque que también encontramos en la Cartilla histórica de Costa Rica, de Ricardo Fernández Guardia. La visualidad museística de la cultura material indígena la representa como una sociedad muerta que carece de vigencia en la época contemporánea.
La narrativa como invención excluyente
Como vemos, en los relatos mencionados se establece la oposición entre una vida cotidiana comunitaria tribal (dominada por caciques sanguinarios) y la vida idílica y arcádica de una pareja de sujetos indígenas -los protagonistas- que viven una historia de amor romántica en palenques o chozas aisladas, alejados de los vicios de la vida tribal (promiscuidad sexual, violencia, alcoholismo). Son narrativas en las que se distingue tanto al buen salvaje (la pareja protagonista, unida en una relación afectiva escenificada desde el amor romántico) como a Calibán (caciques, casta sacerdotal), mientras que el pueblo es un simple figurante.
Son relatos llenos de anacronismos. Como sabemos, el discurso racista está caracterizado por el tropo de la carencia, y la construcción de los personajes de estas narrativas –que son finalmente estereotipos- registran las huellas de este enfoque jerarquizador: el Otro cultural carece de modestia sexual, de pacifismo, etc. Es lo que ocurre con la figura del cacique (desea a la doncella protagonista del relato, es sanguinario y cruel), mientras que el pueblo carece de contención, a la hora de celebrar unos festivales comunitarios en los que prolifera el alcohol.
Como explica José Ricardo Chaves (comunicación por correo electrónico) en estas novelas (nos referimos propiamente a Zulai y Yontá y a Arausi), la conexión teosófica se observa, sobre todo, en el tema de la antropogénesis y de la sucesión de las distintas razas humanas, enfoque explicativo en el que la teosofía no aporta un fundamento genético, sino cultural y espiritual. Las ‘razas’ corresponden a las distintas etapas por las que ha transcurrido la ‘evolución’ humana, y en estas coordenadas cada ser humano ha pasado, pasa y pasará por todas ellas. No se debe confundir este enfoque explicativo con las problemáticas actuales del discurso racista. En las novelas mencionadas, de la Atlántida derivarían buena parte de los pueblos prehispánicos. Este enfoque formó parte de las ideologías identiarias latinoamericanas, como la de José Vasconcelos y su concepto de la raza cósmica.
En estas narrativas, el poder religioso -la casta sacerdotal- es uno de los antagonistas. Se opone siempre al desarrollo de una sociedad indígena más armónica, alejada del expansionismo militar y de la belicosidad. De alguna manera, esta casta sacerdotal –modelada, anacrónicamente, desde valores inquisitoriales- le permite a estos escritores alegorizar la sensibilidad conservadora de finales del siglo XIX e inicios del XX. Podríamos admitir una segunda lectura alternativa. La insistencia en convertir a la casta sacerdotal en alegoría del oscurantismo religioso, en representante de la idolatría y de la superstición, puede tener un subtexto: reforzar, implícitamente, la importancia de la evangelización cristiana del indígena a inicios del siglo XX. A esta segunda lectura contribuiría el hecho de que el tema de la anticipación evangélica también está presente en algunos de estos relatos. Además, en una tercera lectura, en Zulai y Yontá y Arausi, el triunfo sobre la casta sacerdotal podría aludir a la llegada de un nuevo cristianismo, de una nueva espiritualidad, propia de la teosofía, que pregona valores como la justicia social, el amor y la concordia.
La arqueologización de la cultura precolombina, en el discurso visual (ilustraciones) de algunas de estas novelas, es homóloga a la identificación, en el discurso literario, de las comunidades indígenas como ‘razas’ extintas. Las sociedades precolombinas solo sobreviven a partir de las huellas de una cultura material que los trabajos arqueológicos traen a la superficie. En el proyecto de construcción del Estado-nación costarricense, el pasado indígena precolombino se constituye en un pasado ‘muerto’, en un sustrato desaparecido, en una civilización que, justo en su decadencia, fue sustituida por otra llena de valores espirituales, la cristiana europea.
El indígena es una ‘excusa narrativa’ al que estos relatos no otorgan voz. Estos textos enmascaran, silencian u ocultan la realidad histórica de la opresión que ha vivido. La mímesis literaria romántica, cuando es adoptada y adaptada por el sistema literario latinoamericano, se revela como una invención, fantasía o pantalla que oculta las prácticas de exclusión del indígena en relación con el proyecto del Estado-nación.
Como teatro imaginario, estas novelas escenifican conflictos entre las sociedades indígenas. Las zonas de contacto conflictivas típicas de los contextos coloniales y de las narrativas colonialistas se reproducen en un contexto precolombino. Las naciones a las que presta mayor atención este grupo de narradores son los güetares y los chorotegas. De alguna manera, se alegorizan las relaciones entre el Valle Central y las regiones costeras de la actual Costa Rica. Son narrativas que construyen, finalmente, una geografía histórica imaginaria de Costa Rica.
El espectro potencialmente amenazante de una Otredad contemporánea (la existencia de indígenas en el siglo XX costarricense) queda sublimado desde la Otredad temporal y su imaginario exótico. El mecanismo ideológico empleado consiste en proyectar las ansiedades contemporáneas hacia el indígena en fantasías estereotipadas ubicadas en el pasado.
1 Se publicaron en vida de la autora tres ediciones en formato de libro: la de 1909, la de 1919, ambas surgidas de los Talleres de Alsina y, por último, la de 1946, procedente de los Talleres de la Imprenta Nacional, la que manejamos en la presente investigación, digitalizada por la Biblioteca Nacional de Costa Rica, y la que han empleado los críticos que, en los últimos años, se han ocupado de las dos novelas.
Dorde Cuvardic García Docente de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura. Investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (Ciicla)
Carlos Sandoval García y Brayan Rodríguez Delgado, investigadores del Centro de Investigación en Comunicación
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Jornadas de investigación del Ciicla
Es indispensable que quienes viven la exclusión puedan manifestarse con voz propia
El proyecto Exclusión social y procesos electorales en Honduras, Nicaragua y Costa Rica (2021-2022), que se realizó desde el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) con apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, se interrogó si la exclusión social, un rasgo predominante de las sociedades centroamericanas, estaba o no presente en las narrativas y resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, celebradas en 2021 y 2022.
En términos metodológicos, se analizó la presencia de temas asociados a la exclusión social en los perfiles públicos de personas candidatas, partidos políticos y medios de comunicación en redes sociales. Ello fue posible por medio de una herramienta creada por la compañía Meta (antiguamente Facebook) denominada CrowdTangle, la cual está a disposición de académicos y grupos de investigación mediante una solicitud de inscripción.
En el caso de Costa Rica, el hallazgo principal es que el mundo de la vida, caracterizado por la exclusión, no encuentra un correlato en las publicaciones de las personas candidatas monitoreadas. Las publicaciones asociadas a exclusión oscilaron entre un 6,38 % (el menor) y 29,35 % (el mayor) del total de posts publicados.
La contienda electoral 2022 se caracterizó por ser una campaña centrada en las personas candidatas. En la primera ronda, por ejemplo, 12 de las 25 personas candidatas (49 %) publicaron más en sus cuentas oficiales que en la de sus propios partidos. Frente a este panorama, ni los medios de comunicación, cuyas publicaciones referentes a la exclusión no alcanzaron el 3 % en Costa Rica, ni la ciudadanía logran introducir contrapesos a esta perdurable cultura política caudillista.
El proyecto también se interesó por analizar las propuestas programáticas de los partidos políticos que lograban mayor apoyo según las encuestas en meses previos a la primera ronda electoral 2022. Ello fue posible gracias a una afortunada modificación del artículo 148 del Código Electoral, según la cual el programa de gobierno es un requisito para los partidos que se presentan a las elecciones presidenciales.
Los programas muestran tres rasgos principales. El primero es su heterogeneidad, es decir, varían considerablemente entre sí, tanto en términos de estructura, como de extensión. En segundo lugar, se trata de programas más de tipo diagnóstico, los cuales carecen de metas a las que se les podría dar seguimiento en términos de cumplimiento. En tercer lugar, la exclusión es un tema marginal en los programas, pues apenas entre un 4.61 % y el 13,76 % del contenido de los programas analizados correspondía a alguna alusión a la exclusión. De nuevo, lo que es crucial y doloroso en el mundo de la vida es marginal en la oferta partidaria.
Ahora bien, cuando se cotejan los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), la conclusión es que quienes enfrentan mayores desventajas votan menos y, cuando lo hacen, tienden a preferir a opciones partidarias semejantes. En un análisis de correlación entre IDH y abstencionismo por provincia, se obtuvo un coeficiente negativo de -0.85 en la primera ronda, es decir, a menor IDH mayor fue el número de votantes que se abstuvieron de ir a las urnas. La exclusión no fue una prioridad de las campañas, pero sí constituye un factor que incide en la decisión de votar y por cuál partido hacerlo.
Surge entonces la pregunta de ¿por qué aquello que es central en la vida es marginal en las narrativas electorales? Una, entre otras respuestas, es que la política electoral ha experimentado una erosión de su legitimidad en diversas regiones y no se diga en Centroamérica. Más que dar respuesta a demandas ciudadanas, mucho de la política electoral consiste en legitimar la oferta electoral en sí misma.
En el caso de Costa Rica, por ejemplo, la promesa de campaña del ahora presidente Chaves, “yo me compro la bronca”, condensa una variante del populismo autoritario, según el cual gobernar es una tarea en primera persona, de claro acento machista, nombrada como una “bronca”. La “mano dura” se arropa con un lenguaje populista que pretende presentarse como alguien del “pueblo”.
Emerge, pues, una suerte de gamonal urbano, capaz de liderar un proyecto político neoconservador con poca resonancia práctica en el mundo de la vida, pero sí estridente en las declaraciones públicas y en las redes sociales.
También aparecen variantes del neoconservadurismo religioso, que entre 2018 y 2022 fueron dejando atrás la fachada cristiana para ir asumiéndose en lo que hoy llaman la “nueva derecha”.
Una vez que la campaña electoral toma el curso caudillista, ni los medios de comunicación ni la ciudadanía logran posicionar agendas y temas que trascienden las descalificaciones mutuas y la política del escándalo. La ciudadanía no construye oportunidades para posicionar temas o retos que pudieran ampliar la discusión.
En este siglo XXI, Costa Rica, y más en general Centroamérica, vive un nuevo ciclo político que puede ser descrito como una implosión social en que no hay conflictos armados, pero en que la democracia electoral no da respuesta a las demandas y expectativas de sectores mayoritarios.
El hecho que la democracia electoral no ofrezca opciones frente a la exclusión tiene enormes repercusiones, pues ¿de qué otro modo se pueden alcanzar acuerdos sociales? No se trata de idealizarla y menos ignorar las asimetrías de poder que la caracterizan, pero sin duda en la medida en que la exclusión se profundice, la democracia, en su expresión electoral y sustantiva, pierde legitimidad.
Frente a este panorama, los populismos autoritarios pretenden ofrecer respuestas a la exclusión, las cuales, aparte de la estridencia retórica, están lejos de responder a las demandas y expectativas ciudadanas.
Hoy en Costa Rica, y no se diga en Centroamérica, es indispensable que quienes viven la exclusión puedan manifestarse con voz propia. Es la esperanza que el libro ¿Responde la política electoral a la exclusión social en Centroamérica?, el cual recoge los hallazgos presentados de manera sucinta en este artículo, contribuya a fortalecer voces propias.
Carlos Sandoval García Investigador del Centro de Investigación en Comunicación, UCR
Brayan Rodríguez Delgado Investigador del Centro de Investigación en Comunicación, UCR
Prof. Juan Antonio Arroyo Valenciano. Escuela de Adm. Educativa, Facultad de Educación Universidad de Costa Rica
El pensamiento educativo moderno en su construcción histórica es producto de los aportes y planteamientos expresados en diferentes épocas y contextos por disímiles y connotados pensadores. Al respecto, los aportes de Locke (1632) y Rousseau (1712) no solo permiten comprobar tal afirmación, sino también resaltar el gran conocimiento que ambos poseían acerca de la relevancia de la educación para el Estado y la sociedad. Sus ideas permiten establecer la hipótesis de que es a través de los sistemas de educación pública que los seres humanos mutan del homo naturalis al homo civili, contribuyendo así a transformar a los seres humanos para una vida ciudadana, en donde las normas son establecidas por la voluntad general de todos los que conformar esa comunidad.
La educación debe lograr que cada persona se integre a la sociedad, pero ante todo que pueda llegar a sentir que es parte de ella. Por ende, surge el civismo o la educación cívica, como una asignatura orientada a ordenar y armonizar, a partir de un determinado corpus de conocimientos, valores, costumbres y comportamientos esenciales, las relaciones de convivencia entre todas las personas de un grupo social, con la finalidad de consolidar así una sola identidad colectiva.
Por consiguiente, y en consonancia con su acepción etimológica, el civismo prepara para que cada persona adhiera a su identidad, la actitud conforme a su deber como persona ciudadana, haciendo de la rectitud cívica una cualidad fundamental del ciudadano. La ley Fundamental de Educación de Costa Rica (1957) en concordancia con lo señalado, establece entre sus fines para los miembros de la sociedad costarricense: “la formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana”.
Sin embargo, formar ciudadanos no es un acto sencillo que pueda simplemente ser atribuido per se a la inclusión de una asignatura en el curriculum educativo, por ejemplo, a la educación cívica, máxime si esta tiene una orientación informativa, enfatiza en la exposición teórica acrítica y neutral, utiliza un lenguaje abstracto que la aísla de la práctica y del contexto social y político. Además, cuya praxis, bajo la misma orientación queda limitada a la organización de una semblanza o al desarrollo de un rito, que conmemora un determinado hecho histórico (Batalla de Santa Rosa, Día de la Independencia, entre otros). Es decir, la comunidad social supone estar promoviendo la identidad colectiva y la promoción de valores ciudadanos, al celebrar las actividades cívicas, pero esto es más un acto de asistencia que de participación activa.
«La educación cívica debe motivar a la persona ciudadana a ser protagonista responsable y crítica ante los problemas de la sociedad, motovarla a proponer soluciones asertivas que consoliden un entorno de convivencia cada vez más solidario y digno para cada uno y una de sus conciudadanos».
Este tipo de praxis fortalece la imagen y el modelo de una persona que de palabra se profesa persona ciudadana, pero en la práctica el fervor cívico no se manifiesta, ni da testimonio. Dado que prefiere esconder sus emociones y sentimientos, mantenerse al margen y aislarse, evitando el compromiso que le demandan por su deber ciudadano una participación activa, consciente y crítica, sea esta para elegir a sus gobernantes o atender la seguridad social de su comunidad.
Formar a la ciudadanía en valores cívicos, implica un trabajo en conjunto entre diferentes actores: familia, escuela y sociedad. Es un proceso que inicia desde la niñez y se va perfeccionando a través de los años. De acuerdo con lo anterior, el civismo debe trascender a la acción, a las obras que lo sensibilicen con los valores de la identidad colectiva. En otras palabras, debe motivar a la persona ciudadana a ser protagonista responsable y crítica ante los problemas de la sociedad; proponiendo soluciones asertivas, generando de toda acción una oportunidad para aliar el interés particular al bien general, de tal modo, consolidar un entorno de convivencia cada vez más solidario y digno para cada uno y una de sus conciudadanos y para el correcto funcionamiento de la sociedad.
Juan Antonio Arroyo Valenciano Profesor Escuela de Administración Educativa Facultad de Educación UCR
Mónica Vul Galperín, coordinadora del Programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad, del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP)
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
Por M. Sc. Mónica Vul Galperín, coordinadora del Programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad, del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP)
La lucha que debe darse es política, económica, cultural, educativa, social, porque, sin duda, es del orden del horror constatar la presencia de jóvenes, de cada vez menor edad, inscritos en la espiral de violencia y muerte
Frente al dolor más profundo, al horror, a la tristeza, la rabia, la tendencia es solicitar respuestas a los/las expertos/as. ¿Quién es el responsable, dónde está la causa, qué se pueda hacer para aliviarlo?
El homicidio de Manfred Varberena Novoa, de 23 años, y de Marco Calzada Valverde, de 19 años, nos llena de dolor, nos golpea, por ellos, por los que quedan (sus padres, hermanos y hermanas, sus amigos, sus vínculos), por sus vidas e ilusiones perdidas, por el carácter irreemplazable de cada uno de los jóvenes y por la sociedad en su conjunto.
Si sentimos indignación y dolor es porque esas muertes nos tocan, nos atraviesan. Nada justifica la crueldad, la violencia extrema. La violencia no es solo un acto, es también una atmósfera, un aire irrespirable. Y esta avanza en extensión, radicalidad y crueldad hacia sujetos y colectivos. Entre ellos, los y las jóvenes.
Estos actos brutales nos llevan a repensarnos, porque ningún cuerpo muerto se reduce a una imagen mediática televisiva. La muerte y sus heridas son reales, generan dolor a quienes las padecen. El lugar que se asume como investigadores/as ante estas situaciones devastadoras no es una cuestión ética menor. No escribo estas líneas desde un lugar de experta, a pesar de que así se define este espacio: “Voz experta”. Lo hago como investigadora en temas de violencias, jóvenes, subjetividades, duelos y desde el ejercicio en la práctica del psicoanálisis, ambas hace ya más de tres décadas.
En la horrorosa situación de la muerte de jóvenes, hay una multiplicidad de variables intervinientes que no debemos, en absoluto, banalizar.
Dicho esto, quisiera introducir algunas preguntas, incómodas, perturbadoras. No pretendo obtener respuestas, sino labrar mi pensamiento, como el movimiento de la pala, que remueve, excava con cuidado y hace agujeros para que algo nazca.
¿Por qué tantos jóvenes mueren de violencia? ¿Cómo desenmarañar las múltiples cuestiones que allí intervienen? ¿Dónde alojar sus subjetividades? ¿Qué puede llevar a un adolescente o joven a matar a otro?
¿Es posible que algunas vidas de jóvenes se consideren llorables y otras no? ¿Se inmiscuyen diferencias de nacionalidades, clase, raza o género a la hora del acto del duelo?
O será acaso, como plantea Judith Butler, que “las poblaciones se dividen demasiado a menudo, entre aquellas cuyas vidas son dignas de protegerse a cualquier precio y aquellas cuyas vidas se consideran prescindibles?” (Butler, 2021, p. 42).
No faltan los estudios que conciben a los y las jóvenes desde una ausencia total de interrelación entre ellos como sujetos y el lazo social que habitan y les habita, estudios que los patologizan, diagnostican y criminalizan, que los invisibilizan en su condición de sujetos, que ocultan que el estatuto de la construcción de la subjetividad de muchos/as jóvenes los lleva a vivir en los márgenes de referentes socioinstitucionales y en precarios horizontes de futuro.
Hoy, atravesamos tiempos de exclusiones, de dramáticas desigualdades, de naufragios y pueblos a la deriva, en una contemporaneidad en la que el rechazo a las diferencias muestra su costado más duro; época en la cual las segregaciones son el emergente del naufragio mismo de la civilización.
La globalización no solo se presenta como acumulación ilimitada y concentración de la riqueza, sino como segregación, en universos concentracionarios, donde la muerte ejerce sus mejores dispositivos. El discurso capitalista ha sido el modelo más fértil en deshacer los lazos sociales, en la producción de sectores abandonados, desposeídos y excluidos.
La segregación es, el problema más ardiente de nuestra época, universos donde viven jóvenes, mujeres, niños/as y se producen, homicidios, venta de drogas, intoxicaciones, múltiples manifestaciones de violencias. Para muchos de los jóvenes, la violencia y la muerte, el abandono, el abuso, la ruptura de los lazos sociales, vinculada a la precarización y a los despojos, son elementos comunes, en sus casas, en sus barrios, en cada esquina silente, en la expulsión del sistema educativo, la ausencia de políticas públicas, elevadas tasas de desempleo, precarización laboral, narcotráfico.
A esto se suma la invisibilización en situaciones tan graves, como el suicidio en los y las jóvenes, las violencias contra ellos mismos, las adicciones. Personalmente rehúso las tentaciones de psico-patologización, criminalización y modalidades dicotómicas a las que se recurre para explicar las violencias, que, tan sólo sirven para banalizar el problema y ocultar responsabilidades políticas, culturales, de género producidas por el neoliberalismo y su uso de la violencia.
Recientemente, el último informe de PNUD (2021) posiciona a Costa Rica como el quinto país con mayores niveles de concentración de ingreso de América Latina,
Donde, durante el 2021, hubo 538 homicidios lo que representa una tasa de 11,4 personas muertas cada 100.000 habitantes; 9 de cada 10 víctimas fueron hombres; y la mitad tenía entre 20 y 34 años de edad (USAID y PNUD, 2022).
Los jóvenes encarnan en sus vidas y en sus cuerpos esas violencias y muertes
Si bien Costa Rica se mantiene alta en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2021), en los últimos años ha sufrido un deterioro en sus indicadores de pobreza, desempleo y desigualdad. El aumento de las tasas de homicidios se relaciona con la distribución o falta de distribución de la riqueza. En este sentido, Costa Rica se ha convertido progresivamente en uno de los 10 países más desiguales del mundo, este es un dato que debe alertar a los gobiernos en relación con la inversión social, especialmente, en jóvenes. Pretender no mirar es encerrase en las murallas de la negación.
La lucha que debe darse es política, económica, cultural, educativa, social, porque, sin duda, es del orden del horror constatar la presencia de jóvenes, de cada vez menor edad, inscritos en la espiral de violencia y muerte. Que sea un joven quien mate a otro joven, que mueran en “ejecuciones” una madrugada cualquiera, que atenten contra sus vidas a secas y pasen a engrosar un número en las estadísticas y las noticias mediáticas.
Noticias que generan tratamientos diferentes para estas muertes, mientras unas, reciben total cobertura, reconocimiento público, la llorabilidad de la sociedad, otras, en cambio, el silencio, el anonimato. La ausencia de nombre, no solo en la vida, sino también en la muerte.
A lo largo de mis investigaciones en torno a violencias vinculadas a jóvenes, desde los años ochenta, algunas, con huérfanos de la guerra centroamericana, en su mayoría menores de 17 años, sobrevivientes y testigos de la tortura y el asesinato de uno o ambos padres; otras, con jóvenes privados de libertad en el Centro Juvenil de Formación Juvenil Zurquí, como W, quien mató a un compañero de clase de un Centro Educativo de Segunda Enseñanza, también con centenares de adolescentes y jóvenes en instituciones públicas de segunda enseñanza, he podido escuchar y estremecerme con sus testimonios y quebrantos más desgarradores, en un intento por sobrevivir, cueste lo que cueste. Testimonios que al irrumpir mostraban fragmentos de vida negados, invisibilizados, frente a la vulnerabilización. Detrás de cada uno de los y las jóvenes, había una historia personal única, en cada uno de ellos había un antes y un después; de algo estaba segura, sus decires me estremecían, sus palabras me perforaban.
Acudo al filósofo Giorgio Agamben e intento mantener la mirada fija en este tiempo para percibir, no sus luces, sino su oscuridad, intento ver las sombras e incidir en ellas. Hoy, lo hago a través de la escritura, humedeciendo la pluma en las tinieblas del presente.
Resulta imperiosa la necesidad de abordar esta temática desde miradas y lecturas que permitan entrecruzamientos y enfoques diferentes, que no impliquen solo guetificar, criminalizar zonas juveniles de “alto riesgo” e intervenir punitivamente. Crear nuevos paisajes, en un intento de que los y las jóvenes puedan narrar sus sueños, hacer posible que cada una de sus vidas sean vidas vivibles e igualmente llorables, que importen tanto en la vida como en la muerte.
Que existan otros rumbos y nuevas cartografías de deseos, paisajes que se encaminen a la no violencia, con itinerarios nuevos y una esperanza por venir, en una sociedad que no dé la espalda a la muerte y a la violencia en los y las jóvenes.
Esa es la apuesta y constituye el desafío conjunto. Cada una y cada uno de los jóvenes que habitan este país son seres dotados de “potencial y dotados también de un futuro impredecible que debe ser salvaguardado” (Butler, 2021, p. 54).
Bibliografía
Agamben, G (2011) Que es lo contemporáneo. En Desnudez Madrid Ed Adriana Hidalgo.
Butler, J. (2021) Sin miedo. Formas de resistencia a la violencia de hoy. España. EdTaurus.
USAID y PNUD (2022). Costa Rica: Análisis sobre homicidios dolosos Enero diciembre del 2021. Disponible en: https://infosegura.org/wp-content/uploads/2022/02/OnePager-CR-2021-Homicidios-ESP.pdf
OCDE (2018). Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018. Disponible en: https://www.oecd.org/economy/surveys/Costa-Rica-2018-Estudios-Economicos-de-la-OCDE.pdf
INEC (2022). Encuesta Continua de Empleo al primer trimestre de 2022. Disponible en: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/ece_i_t_2022.pdf
PNUD (2021). Informe Regional de Desarrollo Humano 2021. Disponible en: https://www.undp.org/es/latin-america/informe-regional-de-desarrollo-humano-2021
Valencia, S. Vul, M (2020) “Régimen Glotaritario y gestión de los afectos”, en “Pandemia. Derechos Humanos, Sistema Penal y Control Social (en tiempos de coronavirus)”. España. Editorial Tirant lo Blanch.
Vul, M. (2009). Adolescencia y violencia: homicidio en un Colegio Público. Una lectura desde el Psicoanálisis. Tesis para optar al grado de Magister Scientiae en Psicologia Universidad de Costa Rica, San José, CR.
Vul, M. (2018). Despatologizar. Un desafío al control establecido. Crítica Penal y Poder. Num.14 (2018). Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Universitat de Barcelona. 2016.
M. Sc. Mónica Vul Galperín Coordinadora del Programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad, del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP)
Camilo Retana Alvarado, docente de la Escuela de Filosofía e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
Culpar a gobiernos pasados de la situación del país dejará de ser un discurso creíble
No reconocer los méritos de administraciones pasadas es ponerse una soga al cuello
Varias medidas tomadas por la administración Chaves Robles en las últimas semanas tienen un aire tácito de revancha. Parte central de la narrativa de Chaves, ya desde el período de campaña, es que había llegado el tiempo de relevar a los que no habían dado la talla en los últimos treinta años; había llegado el tiempo de reemplazar a los culpables de las inoperancias del pasado.
Como discurso de campaña se trata de una estrategia efectiva, pues este tipo de argucia retórica no solo mete a todos los enemigos políticos en un mismo saco, sino que además los diferencia del enunciatario, quien se presenta como el Mesías llamado a enmendar los desastres de quienes lo precedieron. Se trata de un discurso agitador, pero que bien se podía atribuir a los furores desatados por toda coyuntura electoral. Se trata también, claro está, de un discurso esperable en virtud de sus altas posibilidades de éxito a la hora de movilizar descontentos en las urnas y de su capacidad de explicar cualquier cosa que no funcione reduciendo la complejidad de lo político a una cuestión de voluntad.
Lo que resulta sorprendente (¿lo resulta?) es que, transcurridas ya algunas semanas desde el comienzo de la nueva administración, ese discurso de la revancha no solo no se haya matizado, sino que haya aumentado sus decibeles. El mensaje a la ciudadanía y a la clase política es que no se dejará títere con cabeza, sin importar las bondades del títere. Los relevos en puestos, juntas y cargos discrecionales son prerrogativa de cada administración entrante y es lógico que un nuevo gobierno se interese en colocar operadores clave en ciertas zonas neurálgicas. La administración de Chaves, sin embargo, pareciera encadenar destituciones cuyo único denominador común son las viejas facturas que las explican. Es casi como si el revanchismo se elevara a estilo de gestión política.
No cabe duda de que hemos hecho muchas cosas mal en el país durante los últimos treinta años. Tampoco de que hay muchas cosas que podrían y deberían hacerse mejor. Pero es igualmente cierto que funcionarios de las administraciones anteriores han hecho su trabajo de manera esforzada y muchas veces destacada. El reconocimiento a algunos de esos funcionarios por parte de la ciudadanía es prueba suficiente de ello. Carecer de la generosidad política para reconocerlo no solo es señal de mezquindad, sino que implica ponerse la soga al cuello al generarle a la sociedad civil unas expectativas que a la postre resultan incumplibles. Por lo demás, desechar el conocimiento que muchos de esos actores políticos tienen de las instituciones en las cuales han trabajado, en algunos casos por décadas, pareciera reflejar una voluntad de botar al niño junto al agua sucia.
Para decirlo con pocas letras: si no por un criterio ético, al menos por un asunto de estrategia de cara al futuro, lo mejor para el actual gobierno sería dejar de escupir hacia arriba, pues llegará el momento en que seguir atribuyendo el estado actual de cosas a lo mal que lo hicieron los gobiernos pasados, dejará de ser un discurso creíble. En suma, si bien el revanchismo funcionó como estrategia electoral, habría que recordar al gobierno que ha pasado ya suficiente agua debajo del puente de las votaciones.
Camilo Retana Alvarado Docente de la Escuela de Filosofía e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UCR
Por: Dra. Tatiana Aguiar Montealegre, directora de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente RIFED.
Por: Dra. Tatiana Aguiar Montealegre, directora de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente RIFED.
La biblioteca de Éfeso, en la actual Turquía, fue construida en el año 117 A. C. Era la tercera más grande del mundo, tal como lo muestran ocho orgullosas columnas sobre pedestales a ambos lados de la entrada. Fue (y me atrevo a decir que lo sigue siendo) una de las edificaciones más impresionantes del imperio Romano. ¡Cómo no serlo si allí descansaban más de 12.000 papiros con el conocimiento de la humanidad! Me pregunto cuántos de ellos estaban escritos por mujeres… cuestiono, además, si hemos avanzado en lo que llevamos de este siglo para lograr que las mujeres validen y publiquen en mayor cantidad sus hallazgos en las distintas áreas disciplinares.
Las diferencias abismales entre la producción académica masculina y la femenina están ampliamente documentadas (Koffi, 2021; Ludine et al., 2018; Royal Society of Chemistry, 2019; Sharma & Poole, 2018). Solo por mencionar un ejemplo, el porcentaje promedio de mujeres que publica en revistas académicas sobre Economía es solamente el 7.5% (Hengel, 2022).
La Universidad de Costa Rica (UCR) no está exenta de esta disparidad. La producción académica enviada para evaluación en Régimen Académico en los últimos 3 años se compone de un total de 6304 materiales de diverso tipo. Entre ellos, un 36% proviene de solicitudes de calificación presentadas por profesoras y el restante 64% por profesores (Comisión de Régimen Académico, 2021). El detalle puede apreciarse en el siguiente cuadro:
Comparativo interanual de la demanda de evaluación de producción académica por género y área académica
ÁREA
2019
2020
2021
Género
Total
Género
Total
Género
Total
F
M
F
M
F
M
Artes y Letras
91
206
297
28
69
97
183
123
306
Ciencias Agroalimentarias
61
74
135
41
41
82
59
72
131
Ciencias Básicas
74
223
297
16
246
262
74
223
297
Ciencias Sociales
204
335
539
171
292
463
217
323
540
Salud
209
195
404
114
147
261
197
180
377
Ingeniería
49
206
255
49
111
160
28
218
246
Estudios Generales
60
108
168
9
27
36
53
63
116
Sedes Regionales
82
241
323
55
96
151
70
154
224
Otros
30
30
60
9
20
29
36
14
78
Total general
860
1618
2478
492
1049
1541
915
1370
22
Fuente: Comisión de Régimen Académico (2021).
¿Qué efecto tiene la publicación? Dejan constancia de avances en las disciplinas del saber y promueven nuevas reflexiones con respecto a las múltiples realidades de las que formamos parte. Las publicaciones, además, impactan de forma significativa las trayectorias académicas: “La publicación de trabajos en revistas académicas arbitradas es, y lo será de manera creciente, un elemento fundamental de juicio respecto al desempeño de los miembros de la comunidad académica” (Belcher, 2019, p. 12-13). En otras palabras, desarrollar artículos y capítulos de libros permite el ascenso en las distintas categorías que tienen las estructuras universitarias. En la UCR existen cuatro: persona instructora, adjunta, asociada y catedrática.
La brecha de género se va ampliando conforme se avanza en Régimen Académico. Por cada 5 hombres instructores hay 4 mujeres; sin embargo, esta proporción cambia en el nivel más alto: por cada 2 hombres catedráticos hay solamente 1 mujer. El detalle de la cantidad de mujeres y hombres se aprecia a continuación:
Personal docente en Régimen Académico por género y categoría activo al 22 de noviembre de 2021
Género
Instructor (a)
Adjunto (a)
Asociado (a)
Catedrático (a)
Femenino
371
84
197
161
Masculino
464
104
263
321
Total
835
188
460
482
Fuente: Comisión de Régimen Académico (2021).
Cuando se comparan con los hombres en la academia, Erin Hengel (2022) advierte que las académicas suelen tener redes de investigación de menor tamaño y sus manuscritos son evaluados con mayor rigor. Además, la autora ha encontrado evidencia de que, cuando las mujeres escriben en conjunto con sus contrapartes masculinas, se les reconocen menos méritos pues se asumen que estuvieron en posiciones asistenciales y no como gestoras centrales de la publicación.
Por otra parte, se han detectado pocas diferencias en las horas en que hombres y mujeres necesitan para llevar a cabo una publicación; sin embargo, hay evidencias claras de que son los académicos varones quienes tienen concluyen con mayor frecuencia sus manuscritos y los envían a las revistas para publicación (Ceci et al., 2014).
El tema me atraviesa no solamente porque soy mujer, también soy docente e investigadora. Escribir textos académicos es un proceso que implica articulaciones entre conocimiento y experiencia. Se hace a puerta cerrada. Quizás por eso, las personas imaginan que es sencillo, automático y, sobre todo, rápido. Nadie podría haber sintetizado mejor el temor que se tiene a hablar de lo que realmente sucede cuando se escribe que Wendy Laura Belcher (2019): “Escribir es para la vida académica lo que el sexo era para la Viena del Siglo XIX: todos lo hacen y nadie habla de ello” (p. 29).
Enfrentar las dificultades de la escritura académica ha sido una prioridad en distintas universidades (Becker & Richards, 2007; Charmillot, 2013). Algunas de las experiencias más exitosas reportadas en la literatura giran en torno a crear grupos de trabajo en donde personas que se encuentran escribiendo sobre distintos proyectos, se reúnen para comentar avanzas e, incluso, trabajar en un espacio compartido.
¿De qué forma deseamos fortalecer los procesos de publicación de las mujeres? Desde la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, queremos iniciar un proceso de diálogo en voz alta que repercuta en acciones concretas. Tal como advierte Daniel Cassany (2012), la formación que se recibe para escribir es escasa y este acto “se convierte en una tarea tan ardua como construir una casa, llevar la contabilidad de una empresa o diseñar una coreografía” (p. 14).
Para el II Ciclo 2022 planteamos el apoyo a 12 mujeres académicas. Esta primera iniciativa brindará un espacio de acompañamiento grupal durante 16 semanas para ahondar en los pasos necesarios para desarrollar una publicación académica y vendrá de la mano con la aprobación de ¼ de tiempo o 10 horas asistente para el desarrollo de una o varias publicaciones.
Cuando me imagino el conocimiento que se generará y publicará en los próximos 50 años, veo un altísimo estante de madera en donde se ven los lomos de las revistas y los libros que llegarán a existir. Quiero pensar que una gran parte de las voces dentro de las páginas son femeninas, y que esas palabras que las contienen son leídas por mujeres pero también por hombres.
REFERENCIAS
Becker, H. S. & Richards, P. (2007). Writing for social scientists: how to start and finish your thesis, book, or article. Second Edition. Chicago: University of Chicago Press.
Belcher, W. L. (2019). Writing your journal article in twelve weeks. Second Edition. Chicago: The University of Chicago Press.
Casany, D. (2012). La cocina de la escritura. Buenos Aires: Anagrama.
Ceci, S. J. et al. (2014). Women in academic science: a changing landscape. Psychological Science in the Public Interest, 15(3), 75-141.
Charmillot, M. (2013). Penser l’écriture de la science. En: Devenir Chercheur. Écrire une thèse en sciences sociales. París: Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.
Comisión de Régimen Académico (2021). Informe de Labores. Centro de Evaluación Académica, Universidad de Costa Rica.
Hengel, E. (2022). Publishing while female. Are women held to higher standards? Evidence from peer review. Revisión y publicación del tercer capítulo de la tesis para optar por el grado de Doctora en Economía de la Universidad de Cambridge.
Koffi, M. (2021). Innovative ideas and gender inequality. Memphis: Mimeo.
Ludine, J.; Bourgeault, I. L.; Clark, J.; Heidari, S. & Balabanova, D. (2018). The gendered system of academic publishing. Lancet, 391: 1754-1756.
Royal Society of Chemistry (2019). Is publishing in the chemical sciences gender biased? Londres: Royal Society of Chemistry Publications.
Sharma, J. & Poole, D. N. (2018). Gender bias in publishing. Lancet, 392, 1515-1516. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31998-6
Tatiana Aguiar Montealegre Directora de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente RIFED
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
Algunas reflexiones a propósito de la reciente conmemoración del Día Internacional del Ambiente
«Hace unos años atrás, tenía a mi hijo muy enfermo, tenía problemas respiratorios, lo tenían en observación, poniéndole nebulizaciones. El enfermero, que todavía trabaja allí en la clínica, desde que llegué empezó a cuestionar, que por qué nos oponíamos a la hidroeléctrica en ese entonces (Proyecto Hidroeléctrico Diquís), que por qué nosotros defendíamos derechos indígenas si todos éramos iguales«. Cindy Vargas, indígena Brorán de Térraba en Costa Rica. Extracto de artículo publicado en el Semanario Universidad (Costa Rica), «Mujeres indígenas denuncian discriminación y racismo en instituciones públicas por ser recuperadoras de tierra», edición del 28/04/2022
«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar«, Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista en El País (España), artículo publicado el 10/02/2022
«El 8 de marzo de 1995 el Juzgado dejó ‘sin valor ni efecto la orden de captura librada’. Aunque esta decisión no fue motivada, el fiscal encargado de la investigación en ese momento indicó, en una declaración rendida posteriormente (infra párr. 63), que el joven Juan Francisco López Mejía reveló haber sido coaccionado a rendir declaración incriminatoria, por lo que se determinó que no hubo méritos para la captura. El 23 de marzo de 1995 se recibió la última de las 27 declaraciones testimoniales mencionadas, correspondiente a un coronel del Ejército, de apellido Amaya. Un año después, el 10 de marzo de 1996 la Dirección de Investigación Criminal en Tela presentó un informe sobre el caso en el que subrayó que ‘en las investigaciones de este caso se van a tocar intereses muy grandes y de cualquier forma los oficiales de investigación asignados al caso corren mucho peligro‘. Extractos (párrafos 57-58) de la sentencia de la Corte IDH contra Honduras dictaminada en el 2009, sobre el caso de Blanca Jeannette Kawas Fernández, ecologista hondureña asesinada el 6 de febrero de 1995.
El pasado 30 de mayo del 2022, dos Comisiones del Senado de Chile (Ambiente y Relaciones Exteriores) aprobaron el Acuerdo de Escazú: lo hicieron con 7 votos a favor y 2 abstenciones (véase nota de El Mostrador y esta nota oficial de las autoridades ambientales chilenas).
Tan solo 24 horas después, el Senado chileno procedió a una segunda votación ampliada que se materializó el 31 de mayo, con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones (véase nota oficial del mismo Senado).
Se trata de dos votaciones sucesivas en Chile que ponen fin al proceso interno de aprobación del Acuerdo de Escazú, y que ahora, plantean algunas interrogantes a los demás Estados en los que se sigue manteniendo obstaculizado la aprobación del Acuerdo de Escazú dentro de sus respectivos poderes legislativos. La conmemoración del 5 de junio del 2022, Día Internacional del Ambiente, constituye una fecha propicia para reflexionar al respecto.
A modo preliminar: un generoso mes de mayo para Escazú
Estas dos votaciones en el Senado chileno vienen a culminar un proceso iniciado en la Cámara de Diputados de Chile, la cual aprobó el pasado 11 de mayo del 2022, en primer debate constitucional, el Acuerdo de Escazú: véase notade El Mostrador y cable EFE registrado en La Vanguardia. Esta aprobación también se hizo con una abrumadora mayoría: 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.
Siempre en el mismo mes de mayo, un segundo debate se llevó a cabo en el seno del mismo Poder Legislativo chileno asociando al Senado (véase al respecto esta nota oficial del mismo Senado del 16 de mayo del 2022).
Las indiscutibles mayorías obtenidas en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Las cifras obtenidas en ambas cámaras chilenas recuerdan a su vez que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado) y que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial).
Es muy probable que con tan decidido paso, Chile deposite el instrumento de ratificación correspondiente al Acuerdo de Escazú durante el mes de junio del 2022, mes del ambiente, como muy bien se sabe, con su máxima expresión el 5 del mes (Día Mundial del Ambiente): cabe precisar que en este mes de junio del 2022, se celebran los 50 años de la primera declaración internacional en materia ambiental, la cual fue adoptada en Estocolmo en 1972 durante una cumbre realizada del 5 al 16 de junio de 1972. Desde entonces, Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil conmemoran y celebran el 5 de junio como el Día del Ambiente (véase texto de la Declaración de Estocolmo de 1972, en páginas 3-6).
Una breve puesta en contexto
El Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica en marzo del 2018 y su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe«.
Este instrumento regional de vanguardia se adoptó, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato y una nota más reciente sobre una sentencia esperada para el 18 de mayo del 2022 que no se leyó).
Cabe indicar que para este año 2022, el Premio Goldman en materia ambiental incluyó, en el caso de América Latina, a dos líderes indígenas ecuatorianos que llevan muchos años luchando contra proyectos extractivistas (véase nota de La Vanguardia y nota de France24 del 26/05/2022). En Honduras, Berta Cáceres había sido galardonada con este mismo prestigioso premio internacional en el 2015.
Foto de Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016, extraída de esta nota de prensa de La Vanguardia titulada «El asesino de Berta Cáceres era un sicario: un joven pobre». El GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas) un grupo de investigación internacional fue constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, que intentó en un primer momento encubrir y maquillar el mismo Estado hondureño (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
El pasado 22 de abril, día en que se celebra el Día de la Madre Tierra, tanto órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hicieron un vehemente llamado conjunto (véase comunicado) exigiendo la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, señalando además que:
«el Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden«.
En el caso específico de Costa Rica, el V informe anual (2021) dado recientemente a conocer el pasado 26 de mayo (véase informe) de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) —un órgano adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— expresa sin mayores contemplaciones, en el capítulo correspondiente a Costa Rica, que:
«579. En relación con el acceso a la justicia respecto a asuntos ambientales, la REDESCA toma nota que a pocos días que entre en vigor el Acuerdo de Escazú, que protege el acceso a la información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, Costa Rica aún no lo ratificó, pese a que el acuerdo fue firmado hace tres años y desde entonces Costa Rica impulsó que otras naciones latinoamericanas lo suscribieran. La Relatoría Especial llama a Costa Rica a la ratificación del Acuerdo adoptado en Escazú, en sintonía con su compromiso con la protección del ambiente«.
Con el Acuerdo de Escazú, la esperada «sintonía» de Costa Rica con el compromiso en favor de la protección del ambiente está dando lugar a yerros, silencios, improvisaciones, omisiones y declaraciones que más bien evidencian una sorprendente e insólita cacofonía, como lo veremos a continuación.
Costa Rica y Chile: dos Estados en la mira
Hay que tener en mente que el largo proceso de negociación del Acuerdo de Escazú, que duró exactamente 5 años, 7 meses y 7 días, fue coliderado por Chile y por Costa Rica. Dos Estados que pusieron a sus mejores equipos de negociadores para lograr llevar a feliz término el proceso de discusión entre los 33 Estados que integran la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (más conocida como Cepal): un trabajoso proceso, que requirió un total de 9 largas rondas de negociación (véase acta final de la novena y última ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica).
Adoptado en marzo, en el mes de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto completo) enfatizaron que:
«Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
Esta declaración conjunta del mes de junio del 2018 constituye la última manifestación oficial de ambos Estados en favor del Acuerdo de Escazú. Hay que agradecerle a la diplomacia chilena por haberla mantenido en su portal oficial desde entonces.
Cabe indicar que en el mes de julio del 2019, ante los titubeos evidenciados con la aprobación del Acuerdo Escazú en América Latina, ambos Estados recibieron un primer llamado de atención suscrito por varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas que fue remitido de igual manera a otros Estados (véase texto del comunicado conjunto enviado a Costa Rica): pese al importante número de firmantes de esta misiva, no se logró mayor avance en el caso de Chile, ni tampoco de Costa Rica.
Un paso más hacia una rectificación por parte de Chile
Esta aprobación en la Cámara de Diputados chilena el pasado 11 de mayo y luego en el Senado el 31 de mayo constituyen dos importantes logros del Poder Ejecutivo de Chile, que permiten vislumbrar una nueva ratificación del Acuerdo de Escazú muy pronto: un tratado regional que ya cuenta con 12 Estados Partes (los últimos en ratificarlo —de forma conjunta— en enero del 2021 siendo Argentina y México).
Por parte de América Latina, Chile vendrá a sumarse a las ratificaciones ya registradas (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) de Bolivia y Uruguay (septiembre del 2019), Panamá y Nicaragua (marzo 2020), Ecuador (mayo 2020), así como Argentina y México (enero 2021). Se trata de Estados en los que, dicho sea de paso, no se ha observado en lo más mínimo una salida de las inversiones extranjeras o una parálisis de sus respectivas economías o una inseguridad jurídica desde que se aprobó el Acuerdo de Escazú. Ni mucho menos una invasión indebida de la inversión de la carga de la prueba en el ámbito del derecho penal, tal como se ha escuchado que provocaría el Acuerdo de Escazú en Colombia, en Costa Rica pero también en Perú y en Paraguay (Nota 1) por parte de algunos: sobre estos últimos, debemos precisar que lo han hecho de una manera bastante extraña para el caso costarricense, como se explicará en las líneas que siguen.
Al haber firmado este acuerdo regional (en setiembre del 2018), pero no haberlo aún ratificado en estos últimos cuatro años, Costa Rica comparte esta situación en América Latina con (además de Chile) los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Una Costa Rica que ha basado históricamente su imagen internacional en el respeto y la defensa de los derechos humanos y en la protección del ambiente, … ¿en esta lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee, por más extraño que pueda sonar para nuestros estimables lectores costarricenses (así como a los no costarricenses …).
Con relación a las buenas prácticas en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, no está de más referir a nuestros lectores a esta publicación de la Cepal titulada precisamente «Las sinergias entre el gobierno abierto y el Acuerdo de Escazú». En el caso específico de Costa Rica además, podemos referir a este comunicado de prensa oficial de la Cepal difundido a raiz de una importante reunión celebrada en San José el 8 de marzo del 2022, titulado «Banca multilateral y OCDE consideran fundamental el Acuerdo de Escazú para generar un clima de inversiones sostenidas y sostenibles»: un comunicado oficial de prensa que, extrañamente, no fue referenciado en ninguno de los principales medios de prensa costarricenses (Nota 2). Otro comunicado de prensa, sobre esta misma reunión de la Cepal, esta vez proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, fue objeto de la misma indiferencia mediática (Nota 3). No se tiene explicación alguna sobre tan notorio silencio a la hora de redactar estas líneas, pero debe existir (y desde ya se agradecería a especialistas en la materia realizar las investigaciones pertinentes).
Al proveer el Acuerdo de Escazú también herramientas tendientes a un mayor acceso a la información pública, a mayor transparencia y rendición de cuentas, no está de más preguntarse quiénes podrían sentirse (eventualmente) amenazados por tan loables objetivos en América Latina. En el caso de Colombia, un reciente artículo —cuya lectura recomendamos— habla de «terror» al respecto en algunas cúpulas empresariales (véase artículo publicado en el medio internacional Pressenza).
Más allá de la percepción de miedo, que puede ir aumentando en temor, miedo intenso, pavor, espanto o pánico e ir conduciendo a una sensación cercana al precitado «terror» de algunos sectores colombianos, no está de más señalar que el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEA) elaboró un instructivo sobre la participación ciudadana en materia de evaluación ambiental (véase texto completo), dado a conocer el pasado 2 de junio del 2022. Se trata de una valiosa herramienta que consolida el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental, en particular para las comunidades afectadas por lo que se denomina «externalidadesambientales negativas» causadas por proyectos de cierta envergadura. Este instructivo, en nuestra modesta opinión, debería interesar desde ya a autoridades de otros Estados de América Latina. En la parte final del documento, se indica (página 12) que:
«se instruye a las Divisiones y Direcciones Regionales del SEA decretar la apertura de los procesos de participación ciudadana en todas aquellas Declaraciones de Impacto Ambiental, en las cuales, habiéndose cumplido los requisitos formales de la solicitud (artículos 30 bis de la Ley N°19.300 y 94 del RSEIA) generen a su vez, los presupuestos de la carga ambiental -beneficios sociales y externalidades ambientales negativas- en los términos expuestos en el acápite 2 letras A y B precedentes«.
Como se podrá apreciar, las autoridades políticas en Chile parecieran tener muy claro las herramientas que hay que adoptar en perfecta sintonía con el contenido del Acuerdo de Escazú y las enormes ventajas que ofrecen en materia de gobernanza ambiental, participación informada y más generalmente paz social; mientras que en otras latitudes de la región, se adolece de esta claridad. La misma Ministra de la Presidencia de Costa Rica, en la parte final del comunicado oficial del 9 de marzo que nunca fue referenciado en ningún medio de prensa costarricense (y al que referimos en la Nota 3), precisaba al respecto al concluir la reunión de la Cepal del 8 de marzo en San José que:
«la apuesta al desarrollo sostenible está en la esencia del Acuerdo de Escazú, el cual será un instrumento esencial para garantizar el diálogo y la cohesión social«.
Un mismo tratado con dos lecturas y realidades tan disímiles entre Santiago y San José observadas en este mes de junio del 2022, ameritan nuevamente analizar con más detalle las razones aludidas por los detractores del Acuerdo de Escazú en Costa Rica.
Supuestos «argumentos» en contra de Escazú que la realidad objetiva desnuda por completo con el pasar del tiempo
En Costa Rica, como en varios otros Estados, «argumentos» contra Escazú han sido difundidos en los últimos dos años. En este 2022, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), la Corporación Bananera Nacional (Corbana) y otras seis cámaras nacionales, varias de ellas ligadas al sector agroexportador costarricense, reiteraron el 25 de febrero a los diputados su firme oposición al Acuerdo de Escazú: véase el texto de la carta en la que indican que «dicho Acuerdo contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector productivo» y en la que concluyen solicitando que «se proceda con el rechazo del proyecto 21.245, ante los riesgos que representa para la competitividad del sector privado y por resultar altamente inoportuno para el país (sic)».
Apenas fueron hechos públicos estos y otros «argumentos» meses atrás, en abril del 2021, por parte de otra cámara empresarial (Uccaep), un primer intento para debatirlos públicamente con especialistas no logró su cometido (véase la emisión Café para Tres del medio Delfino.cr del 22 de abril del 2021 al que no quisieron concurrir representantes de Uccaep). Dos intentos posteriores en aras de realizar debates públicos con representantes de la Uccaep tampoco fructificaron (Nota 4).
Una observación muy sencilla permite, desde la perspectiva del derecho internacional público, explicar esta renuencia al debate público con especialistas: en efecto, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban, al no permitir ningún tipo de reserva (Artículo 23) que pueda modular o limitar el alcance de algunas de sus disposiciones.
Si todo lo que se predice de negativo que va ocurrirle a Costa Rica si aprueba el Acuerdo de Escazú no se ha observado en ninguno de los Estados que ya lo ratificaron, hay un problema. Y es bastante grande, en particular para los detractores costarricenses del Acuerdo de Escazú y las fichas políticas que gravitan a su alrededor repitiendo sus supuestos «argumentos».
Con relación a las afirmaciones anteriores, se entiende cada vez con mayor claridad, conforme es aprobado el Acuerdo de Escazú en otras latitudes de la región, que los supuestos «argumentos» en su contra, en realidad, no lo son. Por cierto, en el caso de Costa Rica, un muy tempranero ejercicio periodístico desde la Universidad de Costa Rica (UCR) ya lo había así detectado: véase esta nota de Doble Check del 26 de abril del 2021 —cuya lectura se recomienda— y cuyo título y contenido no han dado lugar, a la fecha, a ningún derecho de respuesta, rectificación o aclaración por parte de la Uccaep. Recientemente, el mismo equipo de periodistas puso en tela de duda algunas afirmaciones de un «experto» sobre las reservas de petróleo en Costa Rica, hechas durante una emisión de televisión (véase enlace).
Volviendo a Escazú y a algunas cámaras empresariales empecinadas en presentarlo como peligroso y altamente dañino para la economía de Costa Rica, tuvimos la oportunidad de lanzarles públicamente varias preguntas así como a sus (siempre muy hacendosas) fichas políticas: véase nuestra breve nota publicada en el medio Delfino.cr el 3 de marzo del 2022, la cual, por alguna razón, no ha sido aún contestada a la fecha de redactar estas líneas (5 de junio).
Remitimos también al artículo del jurista costarricense Mario Peña (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDía. En otro artículo posterior de este mismo autor, titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica» (véase texto), se puede leer «que el ordenamiento interno ya contempla, al menos, treinta y un distintos mecanismos e instancias de participación en temas ambientales que otorgan la oportunidad del público de ser escuchados y de presentar observaciones por los distintos medios disponibles conforme a las circunstancias del proceso, y que ni el Acuerdo de Escazú, ni la legislación interna, contemplan la posibilidad del público de vetar proyectos empresariales a través de mecanismos o instancias de participación pública«.
Escazú y la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental, o del arte de amenazar con la vaina vacía
Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a algunas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta hace poco), se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde 1998.
Así se detalla en este valioso artículo del precitado jurista, publicado en el medio digital Delfino.cr: dicho sea de paso, este artículo tampoco ha dado lugar a una aclaración o reacción por parte de algunos, que han invocado la inversión de la carga de la prueba como un «argumento» incuestionable para oponerse al Acuerdo de Escazú.
Cabe recordar que el no aceptar el principio de la inversión de la carga en materia ambiental apareció en la sentencia del 2011 que puso fin en los tribunales costarricenses a lo que se puede denominar el «affaire Crucitas» (Nota 5): un escándalo ambiental que expuso ante el mundo la faz oscura de la «Costa Rica Verde» que tanto se publicita. La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica confirmó en todos su extremos la valiente decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del 2010 (véase texto) declarando ilegal el proyecto minero en Crucitas. Al revisar con detalle la batería de supuestos «argumentos» jurídicos presentados por la empresa minera canadiense Infinito Gold (véase el texto completo de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran interés), se observa que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental fue invocada por los abogados de la recurrente en su apelación: como era de esperar, esta argumentación fue rechazada sin mayor contemplación por los integrantes de la Sala Primera (véanse en particular los párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera). Una empresa minera canadiense que al apelar una sentencia en su contra… ¿cuestiona la aplicación de un principio básico del derecho ambiental vigente en el ordenamiento jurídico por parte de un tribunal costarricense? Así como se lee.
No está de más señalar a nuestros estimables lectores que muchos de los que advirtieron de una supuesta (y claro está totalmente errónea) «inseguridad jurídica» en Costa Rica a raíz de la decisión del 2010 del TCA (y del supuesto riesgo de ver ahuyentada la inversión extranjera en Costa Rica) … coinciden con los que hoy adversan el Acuerdo de Escazú.
La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros Poderes Judiciales en América Latina
Como indicado anteriormente, el Acuerdo de Escazú establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban.
Ciertamente, su discusión ha dado lugar a la repentina aparición de supuestos «argumentos» en su contra similares (extrañamente similares) difundidos en varios de los Estados en los que sectores políticos y económicos han logrado frenar su aprobación. En el caso de Costa Rica, estos «argumentos» fueron difundidos por algunos sectores empresariales y por sus fichas políticas, aunque también se detectó una extraña coincidencia desde otra esfera, sin que a la fecha se nos brinde una explicación al respecto (Nota 6). Sobre esta última, una diputada, en una emisión radial universitaria, refirió a las complejas —e insondables— relaciones que mantienen los huevos y las gallinas (véase emisión disponible en YouTube del programa Interferencias, del 11 de marzo del 2022, Radio UCR, minuto 45:15 / 45:48).
No obstante, a esta inexplicada coincidencia, persiste en el tiempo otra extrañeza específica a Costa Rica: más precisamente, se trata de un insólito «descubrimiento» escuchado (y que a la fecha, no ha encontrado eco alguno en el resto de América Latina). En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno, ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia: según ella, el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo de creatividad.
Es de notar que este «descubrimiento» (Nota 7) ha complicado innecesariamente la aprobación del Acuerdo de Escazú al haber sido luego confirmado por seis de los siete integrantes de la Sala Constitucional: el magistrado Paul Rueda fue el único en explicar muy bien en su voto salvado la lectura completamente errada hecha por la Corte Plena y luego por sus seis pares dentro de la Sala Constitucional (Nota 8).
Contrario a lo que se podría pensar, este «descubrimiento» no debería verse como algo fortuito. En efecto, no sería la primera vez que en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, que constituye precisamente uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y… solamente ella) como un derecho humano (Nota 9). Un años antes, el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles (Nota 10).
Manifestación frente al Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (así como se lee) de comunidades afectadas por la insensata expansión piñera en Siquirres. En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió el uso de bromacil. Foto perteneciente a los archivos del autor.
Como es previsible, este insólito «descubrimiento» del juez constitucional costarricense con respecto al Acuerdo de Escazú ha sido totalmente omitido en las discusiones y en las consultas recientes realizadas en Chile en torno a su aprobación: tratándose de un Estado en el que los argumentos más fantasiosos e insostenibles los unos que los otros salieron a relucir por parte de las mismas autoridades estatales (y ello hasta el 2022) y de sectores económicos afines, el «descubrimiento» del Poder Judicial costarricense podría considerarse desde ya como una verdadera «joya» a la creatividad y a la imaginación en América Latina.
El oficio del Poder Judicial de Chile (véase documento, con fecha del 26 de abril del 2022) analiza con sumo detalle los alcances de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, y con relación al inciso 5 del artículo 8 se lee simplemente (en página 9) que:
«los puntos 8.4, 8.5 y 8.6 del Acuerdo Regional se orientan a establecer una serie de dispositivos para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, todos los cuales persiguen aumentar el grado de información y participación ciudadana en la protección del medioambiente, junto con establecer mecanismos de apoyo específicos a grupos en situación de vulnerabilidad, y que tanto la decisión como su fundamentación estén consignadas por escrito. Todos estos compromisos parecen adecuados y necesarios con el objeto de hacer viable el acceso a la justicia ambiental. En nuestro país, algunos de estos mandatos de difusión y divulgación se canalizan a través de instrumentos que se encuentran operativos, como la información medioambiental, de riesgo climático y otros, por parte del Ministerio del Medioambiente (disponible en https://mma.gob.cl/) u otra en vías de serlo, como es el caso del proyecto de buscador de jurisprudencia de la Corte Suprema que permitirá acceder a una plataforma sistematizada de sentencias judiciales, incluyendo las de matera ambiental«.
Es muy probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la profunda soledad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.
Chile: un Estado anfitrión de la primera COP sin serlo del todo
Más allá del hecho que algunos sectores en Costa Rica cuestionen una herramienta muy básica del derecho ambiental contemporáneo (obteniendo sentencias desfavorables en su contra, y que no obstante parecieran dispuestos a persistir en sostener lo que a todas luces resulta insostenible desde un estricto punto de vista jurídico); y haciendo a un lado la vergonzosa mezquindad exhibida por el Poder Judicial costarricense, cabe recordar que los pasados 20-22 de abril, se celebró en Chile la primera Conferencia de Estados Partes (COP) al Acuerdo de Escazú.
La ubicación de esta cumbre regional se debió a la localización geográfica de las instalaciones de la Cepal, ente que auspició las negociaciones de este innovador instrumento regional.
Sobre esta primera COP, una reunión fundamental de cara a la futura implementación del Acuerdo de Escazú, remitimos a nuestros estimables lectores a una breve nota nuestra explicando sus alcances (versión en español así como en inglés).
A la cita, además de los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú, participaron como Estados observadores delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, al no haber aún aprobado dicho instrumento regional estos Estados: en el caso de Colombia, su representante oficial no pasó desapercibido, al ser una persona conocida de movimientos sociales colombianos, y de familiares de personas fallecidas y/o gravemente heridas durante las protestas acaecidas en Colombia en el 2019 (Nota 11). Recientemente (véase artículo publicado el 22 de mayo del 2022 en el portal de Mongabay), una entrevista a una reconocida activista ambiental en Colombia ha puesto de manifiesto la incoherencia gubernamental que se observa en Colombia con relación al Acuerdo de Escazú.
A modo de conclusión
El pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile, durante una muy emotiva jornada vivida en el Palacio de la Moneda, firmó el Acuerdo de Escazú, poniendo así fin a un craso error de lectura de su antecesor en el cargo y cerrando una paréntesis bastante triste para los derechos humanos y el ambiente que significó en líneas generales la administración (2018-2022) en Chile.
Desde este momento, Chile inició de forma decidida el proceso en la dirección correcta (que nunca debió abandonar), reafirmando de esta manera su regreso y el de su indiscutible liderazgo en la región en temas de ambiente y de derechos humanos: a tal punto que en este misma primera COP, se acordó que la segunda COP (a celebrarse en el 2024) volverá a realizarse en la capital chilena, al tiempo que un reunión intermedia (2023) se celebrará en Argentina.
Cabe precisar que el pasado 3 de mayo del 2022 , la primera etapa ante el Poder Legislativo con la que Chile inició la senda en aras de una pronta aprobación del Acuerdo de Escazú (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo reproduciendo un cable de la agencia de noticias EFE), fue seguido, el 4 de mayo de cables de agencias de noticias internacionales reportando lo escuchado en Costa Rica, lo cual, como era previsible, va en la dirección… exactamente opuesta (Nota 12).
Notas
Nota 1: Ante la aparición de «argumentos» muy similares en contra del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano, esfuerzos valiosos desde la sociedad civil y desde la academia han denunciado esta verdadera campaña de desinformación fomentada por algunos sectores empresariales en contra de este tratado internacional. En el caso de Costa Rica, véase en particular PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú», DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí; así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos», Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a «argumentos» idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, «Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales», disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú» disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.
Nota 2: Ni en el día en que fue divulgado este comunicado de prensa de la Cepal ni en los días posteriores se encontró referencia alguna en los grandes medios de prensa costarricenses. Unos 10 días después del evento, el 18 de marzo para ser exactos, fue el Semanario Universidad el que editó esta nota de prensa.
Nota 3: El 9 de marzo del 2022, el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica publicó en horas de la mañana el siguiente comunicado de prensa (véase enlace oficial) que reproducimos de manera integral a continuación, incluyendo fecha y hora de emisión:
«PPTCEPAL, Marzo 09, 2022, 10:45 am. La región avanza en los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú Quinto Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible
San José, 8 de mayo de 2022.- En el marco del Quinto Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible de la CEPAL, se llevó a cabo el seminario “Los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Banco Europeo de Inversiones (EIB) y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El evento contó con la puesta en escena por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, la Sra. Alicia Bárcena, y del Sr. Jaime Roberto Díaz, Vicepresidente Ejecutivo, BCIE, quienes celebraron la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, un instrumento innovador de la región que establece el íntimo vínculo entre un ambiente sano, los derechos humanos y la consecución de un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. El Acuerdo busca fortalecer el Estado de derecho, una democracia participativa y el diálogo intersectorial para enfrentar los desafíos ambientales, económicos y sociales del presente y el futuro.
En sus palabras, el Viceministro de Ambiente, el Sr. Franklin Paniagua, denotó que “en una recuperación verde, la institucionalidad ambiental tiene que ir al centro de la economía. La oportunidad que tiene el sector privado con este Acuerdo es grande. Hay que tender un puente al sector privado para que se entienda que es parte de la economía del futuro, que se acompaña y respalda en estos valores de derechos, participación y transparencia”.
Por su parte, el Viceministro de Asuntos Multilaterales, el Sr. Christian Guillermet Fernández, resaltó cómo el Acuerdo de Escazú se ha reconocido a nivel global como un instrumento marco de altos estándares para fomentar la inversión responsable, la transparencia en la gestión pública y privada y las salvaguardias ambientales, lo cual quiere decir que cualquier política pública o empresarial que tome en cuenta los principios marco de Escazú, gozará de respaldo y confianza, incrementando sus probabilidades de éxito e inclusive la competitividad del sector empresarial.
El evento albergó la trascendental firma de un Memorándum de Entendimiento entre la CEPAL y el BCIE para apoyar a los países en la implementación del Acuerdo de Escazú, el cual busca promover acceso a créditos, herramientas e información financiera, procurando procesos más beneficiosos para todas las comunidades de la región. Este convenio provee un marco de estabilidad para los negocios y las inversiones dentro y fuera de los países, basado en la rendición de cuentas, el diálogo y la transparencia.
Se contó asimismo con las exposiciones de representantes de la banca multilateral y regional para el desarrollo y asociaciones empresariales, quienes resaltaron la alineación y las sinergias del Acuerdo de Escazú con las políticas e instrumentos de sus instituciones para promover la Conducta Empresarial Responsable y la importancia de la transparencia y el acceso a la información en materia ambiental para que las inversiones sean sostenibles.
La Ministra de la Presidencia de Costa Rica, la Sra. Geannina Dinarte Romero, cerró el evento invitando a romper los paradigmas sobre la dicotomía imaginada entre el crecimiento económico, el medio ambiente, los derechos humanos y la democracia. Indicó que la apuesta al desarrollo sostenible está en la esencia del Acuerdo de Escazú, el cual será un instrumento esencial para garantizar el diálogo y la cohesión social. Llamó a la creación de la confianza y la construcción conjunta para aprovechar la oportunidad que el Acuerdo de Escazú aporta en la competitividad y seguridad jurídica para inversiones y empleo que garantice el futuro de las próximas generaciones.
Comunicación Institucional (2237 CR CEPAL Acuerdo de Escazú)
Miércoles 9 de marzo de 2022«.
Nota 4: Diversos intentos en aras de debatir públicamente estos supuestos «argumentos» con académicos y especialistas en materia ambiental han fracasado: primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también comunicado oficial de la UCR), así como en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitó a la Uccaep conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» pareciera ser la tónica de algunos en Costa Rica.
Nota 5: La expresión affaire refiere al complejo entramado politico-empresarial (y a un nutrido grupo de figuras y personeros gravitando a su alrededor), que desnudó ante la opinión pública costarricense este caso que fue llevado ante la justicia costarricense: con una sentencia redactada en el 2010 por tres jueces que refirieron a una verdadera «orquestación de voluntades» para explicar las múltiples ilegalidades de muy diversa índole observadas por parte del mismo Estado costarricense. Una «orquestación de voluntades» que, con más de 10 años de haber sido declarada como tal (2010), luego apelada, y reconfirmada (2011), aún no ha dado lugar a una sola sentencia en materia penal ni a a la condena de algunos de los altos funcionarios del Estado o de la empresa involucrados. En un reciente artículo del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Fernando Cruz, publicado en La Revista.cr (véase texto), leemos que: «La trascendencia política y económica del caso, no impidió a los jueces resolver conforme al mérito de los autos, con plena conciencia que la decisión no complacía a las instancias de poder político y económico. No es fácil que un juez resuelva a contrapelo de los poderosos intereses que sustentan el caso. La decisión de este tribunal es un luminoso homenaje a la independencia judicial«. Es menester referir a nuestros estimables lectores al voto particular (véase texto) de este mismo magistrado en abril del 2010, al separarse del criterio de la mayoría de los integrantes de la Sala Constitucional conjuntamente con su colega, el magistrado Gilbert Armijo. En febrero del 2022, tuvimos la ocasión de analizar la última maniobra de la empresa minera Infinito Gold contra Costa Rica aún pendiente de resolución: véase BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica: una nueva maniobra de la empresa minera contra Costa Rica», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 8 de febrero del 2022, disponible aquí.
Nota 6: La lectura de este artículo del medio costarricense Ojo al clima, titulado «Acuerdo de Escazú entró en vigor sin el país que le dio el nombre», del 26 de abril del 2021, permite conocer los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos en relación con su contenido. En este muy completo reportaje cuya lectura se recomienda, se lee que: «La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos», continuó la exviceministra.“Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricence de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto», añadió Madrigal«.
Nota 7: Sobre el particular remitimos a la sección «Las extrañezas del Poder Judicial costarricense ante el Acuerdo de Escazú» en nuestro artículo BOEGLIN N., «Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita con los demás a … ¿mirar?» Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022, disponible aquí.
Nota 8: En el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 (véase texto completo), en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala que: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.
Nota 9: Sobre tan desconcertante e indecorosa conclusión del juez constitucional costarricense que se lee en el párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo), resulta oportuno señalar que fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no amerita ninguna reflexión particular. Sobre este peligrosa regresión del juez constitucional costarricense, véase breve nota nuestra al respecto. De manera a no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense en el mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa de manera muy clara que: «231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante». En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«. En un reciente estudio del jurista Álvaro Sagot Rodríguez sobre las repetitivas regresiones ambientales del juez constitucional costarricense, el autor cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee textualmente que: «En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (p. 30 del precitado estudio).
Nota 10: Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta altamente cuestionable que la Sala considere que se trate de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».
Nota 11: El ahora diplomático Guillermo Botero, con rango de embajador de Colombia en Chile, fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y las organizaciones sociales negociaron con el Poder Ejecutivo colombiano las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña de desinformación en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación, orquestada por cúpulas empresariales colombianas y sectores políticos afines empecinados en presentarlo como un verdadera freno al desarollo: se trata de sectores reacios a que se proteja la vida y la integridad física de líderes comunitarios, campesinos, indígenas y ecologistas que defienden el ambiente en Colombia.
Nota 12: Véanse al respecto, nota de la agencia alemana DW y, por parte de la agencia gala AFP, esta nota de RFI y nota de LeFigaro así como la única nota aparecida en Costa Rica en el Tico Times reproduciendo este mismo cable AFP.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
Por: Adrián Pignataro López y Eugenia Aguirre Raftacco, investigadores de la Escuela de Ciencias Políticas
El proyecto de ley número 21407 busca reformar la Constitución Política en artículos varios para eliminar la segunda vicepresidencia en Costa Rica. Sostiene que la doble vicepresidencia es inefectiva (“tener dos Vicepresidencias no contribuye a mejorar la eficiencia en la conducción del gobierno”), que los puestos son poco conocidos, que muchas veces caen en “la invisibilidad y olvido” de una administración y que podrían ahorrarse recursos financieros condensando la vicepresidencia en una única persona. El presente criterio aborda consideraciones de fondo para consideración de las señoras Diputadas y los señores Diputados integrantes de la Comisión Especial que analiza la reforma constitucional propuesta.
El origen de la figura vicepresidencial
La vicepresidencia nació en Estados Unidos como un puesto para sustituir a la presidencia y para desempatar votos en el Senado. Aunque en un inicio la selección de vicepresidentes se basaba principalmente en criterios electorales, con el tiempo la vicepresidencia adquirió una renovada relevancia cuando los presidentes empezaron a escoger compañeros de fórmula con capacidad de contribuir sustantivamente en la administración y de proveer consejo y apoyo al presidente. La vicepresidencia de Walter Mondale durante la presencia de Jimmy Carter (1977-1981) marcó un precedente en este sentido (Goldstein, 2016). Desde entonces, los vicepresidentes y la vicepresidenta no solo han asumido tareas sustantivas en cada administración sino que se han convertido en consejeros relevantes. La mayoría de los países en América Latina replicaron la institución vicepresidencial de Estados Unidos en sus constituciones y actualmente solo México y Chile no cuentan con vicepresidentes (aunque, para el segundo, esto podría cambiar con la nueva constitución).
En Costa Rica, la Constitución de 1949 estableció la doble vicepresidencia, elegida en una fórmula de manera simultánea con el presidente (artículo 138), con los mismos requisitos para los tres cargos (artículos 131 y 132). La doble vicepresidencia no es la configuración más común en el mundo, pero tampoco es única de Costa Rica. Panamá (antes de 2004) y Perú son otros ejemplos cercanos. En El Salvador existen tres vicepresidentes (llamados designados presidenciales). En países parlamentarios también han existido múltiples vicepresidencias que acompañan al primer ministro (por ejemplo, el actual gobierno español cuenta con tres).
En el texto constitucional costarricense, las únicas funciones consignadas son la sustitución de absoluta o temporal de la persona que ocupe la presidencia (artículo 135). Además, se faculta la posibilidad de que las personas vicepresidentas se desempeñen como ministras o ministros (artículo 143). Pero la ausencia de funciones específicas, más allá de la sustitución, no ha impedido que las vicepresidencias en Costa Rica asuman roles y tareas, de manera formal (por decretos) o informal, en las distintas administraciones. Esto surge de un dilema muy simple al que se enfrentan las personas presidentas de la República: ¿qué hacer con las personas que las acompañaron en la papeleta? Los candidatos y las candidatas presidenciales tienen incentivos para seleccionar compañeras y compañeros calificados, para hacer atractiva su fórmula al electorado. Es decir, si escogen personas con capacidad y conocimiento para obtener votos, pueden también recurrir a ellas en el ejercicio del gobierno. Los datos muestran que ha sido así.
La evidencia en Costa Rica
Desde 1970 hasta 2018 (periodo para el cual se obtuvo información), solamente dos de los 26 vicepresidentes y vicepresidentas en los trece gobiernos no han tenido un cargo formal (o al menos identificable con la información recolectada). Las otras 24 personas han, desde la vicepresidencia, liderado ministerios[1] (Ambiente, Cultura, Economía, Hacienda, Industria y Comercio, Justicia, Planificación, Presidencia, Relaciones Exteriores), coordinado consejos presidenciales (Social, Económico, de Competitividad, de Economía Social Solidaria, de Cooperación Internacional, Política Exterior y Negocios Internacionales y de Sostenibilidad Ambiental), presidido la Comisión Nacional de Emergencias y dirigido el Consejo de Seguridad Nacional[2].
Adicionalmente a los roles formalmente asignados, las personas vicepresidentas han liderado tareas de alto relieve nacional, por ejemplo, en la atención de la emergencia por el Huracán Juana (Jorge Manuel Dengo Obregón), en el impulso de legislación sobre la igualdad de la mujer (Victoria Garrón Orozco) y el matrimonio igualitario (Ana Helena Chacón), en la negociación política-partidaria (Rodrigo Oreamuno Blanco), en la creación e implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza (Rebeca Grynspan Mayufis), en la coordinación del Triángulo de Solidaridad (Astrid Fischel Volio), en el equipo de evaluación de la mina de Crucitas (Alfio Piva Mesén), en la coordinación del Plan Franja de Desarrollo de la Zona Norte (Epsy Campbell Barr) y de la Mesa Caribe para el diálogo, el desarrollo económico y la inclusión social en la región Huetar Caribe (Marvin Rodríguez Cordero), entre otras.
Por lo tanto, aunque algunas puedan ser personas poco conocidas para la opinión pública (como lo son muchas otras personas funcionarias públicas, incluyendo diputadas, diputados, ministras y ministros), la evidencia indica que las vicepresidencias en Costa Rica han aportado en la gestión gubernamental. Este rol es variable, pues existen casos extremos de baja o nula participación y de conflictos con la presidencia (lo que también ha sucedido en otras democracias).[1] Sin embargo, los roles y tareas de las personas vicepresidentas son prerrogativas presidenciales. Las personas vicepresidentas pueden convertirse en un recurso en las tareas de gobierno, si quien ocupa la presidencia considera que esto contribuye a su gestión. Teniendo presente el concepto de centro presidencial, es decir, “los núcleos que apoyan directamente la labor de los jefes de gobierno y buscan reforzar su autoridad y su liderazgo […] mediante funciones de asistencia y asesoramiento, de coordinación, control político y planeamiento estratégico” (Lanzaro, 2018, p 13), entonces disminuir la vicepresidencia a la mitad (eliminando la segunda de ellas) implica una reducción en el margen de acción de la persona que ocupa la presidencia en particular y del centro presidencial en general.
Esta reducción de número no sería meramente formal. Las diversas labores de las personas elegidas para la vicepresidencia son un reflejo de que las candidaturas vicepresidenciales presentan altos niveles de experiencia política y conocimiento técnico-político (policy expertise). Pignataro y Taylor-Robinson (2021) muestran que más de la mitad de las personas candidatas en la vicepresidencia en los principales partidos (1974-2018) tienen experiencia política previa (media o alta), conocimientos técnico-políticos y un posgrado universitario. Es decir, no son mero “relleno” en la fórmula sino que son personas que pueden aportar con conocimiento y capacidad en el gobierno.
Vicepresidencias y representación democrática
Asimismo, la vicepresidencia es un espacio de representación ampliada (Pignataro y Taylor-Robinson, 2021) para grupos que no siempre tienen presencia en otros puestos, particularmente en la presidencia.
Mientras que el número de mujeres candidatas presidenciales en partidos grandes (con altas posibilidades de ganar) es reducido, muchas más mujeres han competido por la vicepresidencia y han ejercido este cargo. Desde 1990 hasta 2022, en todas las elecciones más de 40% de las candidaturas vicepresidenciales han sido mujeres (exceptuando 2010, cuyo porcentaje es de 38.9%, cuando fue electa la primera y única mujer presidenta). En la historia democrática de Costa Rica, mientras ocho mujeres han ejercido el cargo de vicepresidenta, tan solo una ha logrado llegar al puesto presidencial. Asimismo, en las candidaturas vicepresidenciales se cuentan personas afrodescendientes y personas del movimiento LGTBI. Reducir el número de vicepresidencias a uno implica una disminución de este espacio ampliado de representación.
Las candidaturas vicepresidenciales también permiten la representación multipartidaria en la misma papeleta. En otros países de América Latina es común que existan vicepresidentes de otros partidos (Marsteintredet y Uggla, 2019), por lo que la fórmula permite consolidar coaliciones partidarias. Incluso en sistemas parlamentarios se han utilizado las vicepresidencias para este tipo de equilibrios en gobiernos de coalición, como en el gobierno de Pedro Sánchez (España) y en el primer gabinete de Giuseppe Conte (Italia). Esta es una opción que en Costa Rica no se ha materializado en sentido estricto, pues ha habido vicepresidentes que en el pasado militaban en distintos partidos, pero no continúan al momento de formar parte de la papeleta (Ana Helena Chacón Echeverría es un ejemplo). Pero algunos partidos sí han utilizado los puestos de vicepresidentes para la representación intrapartidaria, cuando distintas facciones de un mismo partido se encuentran representadas por medio de las candidaturas vicepresidenciales para apostar a la cohesión partidaria. El Partido Unidad Social Cristiana solía utilizar esta estrategia en sus candidaturas de los años ochenta y noventa,
Fuente: Elaboración propia con las papeletas del Tribunal Supremo de Elecciones.
Actualmente, a la luz de escenarios legislativos con mayor número de partidos políticos y más tendientes al transfuguismo político (los llamados diputados y diputadas “independientes”), si se considera la figura de la vicepresidencia según el orden de sustitución presidencial, es posible imaginar que, en escenarios hipotéticos con una vicepresidencia menos y ante la eventual ausencia de la presidencia y la vicepresidencia, asumiría el cargo una diputación de oposición como resultado de un directorio legislativo multipartidista o estrictamente de oposición al partido de gobierno. Ello sería problemático para dar continuidad a la línea programática del partido que democráticamente obtuvo la presidencia en una elección popular. La segunda vicepresidencia garantiza que, en caso de ausencia de las personas en la presidencia y en la primera vicepresidencia, el Ejecutivo se conserve en el partido ganador de la elección presidencial.
Por último, la eliminación de una de las figuras vicepresidenciales también puede tener repercusiones en el desarrollo de carreras políticas. De los 26 vicepresidentes y vicepresidentas de Costa Rica en el periodo 1970-2018, cinco han optado por presentarse como candidatos y candidatas presidenciales luego de ejercer como vicepresidentes (de forma consecutiva o no). El caso en que se concretó la aspiración presidencial lo representa Laura Chinchilla Miranda, quien fungió como vicepresidenta entre 2006 y 2010 antes de buscar la presidencia en el siguiente periodo. Más recientemente la exvicepresidenta Lineth Saborío Chaverri (2002-2006) buscó el alto cargo de forma no consecutiva.
Conclusión
La doble vicepresidencia en Costa Rica amplía la representación política y partidaria, así como la capacidad de gestión política del centro presidencial. El ahorro presupuestario por eliminar la segunda vicepresidencia es ínfimo como porcentaje del presupuesto.[1] Aunque la constitución es minimalista respecto a las funciones de las vicepresidencias, la tendencia histórica de las últimas presidencias ha sido aprovechar las capacidades y conocimientos de estas personas elegidas en las tareas del gobierno, de una forma variada y flexible. Reducir el número de vicepresidentes limitaría esta posibilidad a la presidencia y su capacidad para ejecutar un programa.
[1] También en otros países latinoamericanos se encuentran casos de vicepresidentes en ministerios: Juan Carlos Varela e Isabel Saint Malo en Relaciones Exteriores (Panamá), Salvador Sánchez Cerén en Educación (El Salvador), Martín Vizcarra en Transportes y Comunicaciones (Perú), por citar algunos ejemplos.
[2] El Consejo de Seguridad Nacional fue una instancia informal creada en la administración de Luis Alberto Monge Álvarez para coordinar acciones internas y externas relacionadas con Nicaragua (Sojo, 1999, p. 84).
[3] El caso más emblemático de conflicto entre presidencia y una vicepresidencia Costa Rica aconteció entre Abel Pacheco de la Espriella y Luis Fishman Zonzinski. El primero no asignó funciones al segundo, quien renunció tres años después sin haber ejercido la vicepresidencia de manera efectiva. Esto contrasta con la proactiva vicepresidencia de Lineth Saborío de la misma administración, mostrando que el conflicto derivó por razones personales y políticas, no por la vicepresidencia como institución.
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (2019). Proyecto de Ley: Reforma de los Artículos 133, 135, 136, 137 y 138 de la Constitución Política (Eliminación de la Segunda Vicepresidencia de la República). Expediente No. 21.407.
Goldstein, Joel K. (2016). The White House Vice Presidency. The Path to Significance, from Mondale to Biden. University Press of Kansas.
Lanzaro, Jorge (coordinador) (2018). Centro presidencial. Presidencias y centro de gobierno en América Latina, Estados Unidos y Europa. Madrid: Tecnos.
Marsteintredet, Leiv y Fredrik Uggla (2019). Allies and Traitors: Vice-Presidents in Latin America. Journal of Latin American Studies, 51(3), 665-688.
Pignataro, Adrián y Michelle M. Taylor-Robinson (2021). Party competition, gender quotas, and enhanced inclusiveness in the selection of vice-presidential candidates. Politics, Groups, and Identities, 9(4), 721-738.
Sojo, Carlos (1991). Costa Rica: política exterior y sandinismo. San José: FLACSO.
Adrián Pignataro López y Eugenia Aguirre Raftacco Investigadores de la Escuela de Ciencias Políticas, UCR
Raziel Acevedo Álvarez. Fotografía de Dennis Castro Incera
Por el Dr. Raziel Acevedo Álvarez
El proceso investigativo tiene como objetivo fundamental documentar la tradición oral de la técnica de marimba, para ser utilizada en la enseñanza del instrumento
El Ensamble de Marimbas y Percusión de la Sede de Guanacaste, es una agrupación radicada en Santa Cruz y creada dentro de la línea de investigación sobre el instrumento, cuyo objetivo de trabajo se fundamenta en la construcción, recopilación de la música, su escritura y difusión del patrimonio cultural musical de la región; el cual tiene un desarrollo histórico tangible, no solo en la provincia, sino en gran parte de nuestro país, donde se la observa en sus diferentes formatos, afinaciones, materiales de construcción y música. Por ello, los proyectos se inscriben en la Sede de Guanacaste y en el Centro de Investigaciones en Diversidad Cultura y Estudios Regionales (Cidicer) de la UCR.
«La prioridad es mantener un equilibrio entre la tradición oral y la música universal, a fin de que la juventud tenga la oportunidad de aprender, conocer, disfrutar y defender el acervo cultural de la región»
En los procesos de investigación se rescatan o se escriben obras musicales de distintos niveles; desde el básico para la enseñanza inicial de niños y niñas, hasta obras de nivel musical alto, las cuales por su dificultad interpretativa, requieren ser grabadas con varias cámaras de video en diferentes posiciones, con el fin escuchar, ver y escribir una partitura lo más exacta posible a la interpretación tradicional.
A este detallado trabajo, se han susmado maestros de la talla de Fernando Meza, en Estados Unidos; Javier Nandayapa, en México y Lester Godínez, en Guatemala y como producto de este arduo trabajo, ahora se cuenta con obras guanacastecas escritas para marimba sola, o dos o tres o cinco ejecutantes por instrumento. La escritura de este material musical tradicional, permitirá mantener la tradición, la técnica y sobre todo, la difusión del patrimonio dentro y fuera del país.
Foto/Anel Kenjekeeva, UCR.
Por otra parte, se recurre al estudio de grabación con el Ensamble de Marimbas y Percusión, utilizando las obras recopiladas de alto nivel interpretativo, para producir discos compactos que posibiliten el disfrute, el goce estético, pero sobre todo, la preservación del patrimonio musical, que se ha visto fuertemente atacado por la radio y la televisión. A su vez, el trabajo realizado es la estructura para implementar conferencias, conciertos y recitales en diferentes espacios como parques, auditorios, aulas y teatros del país, donde se resalta el valor del instrumento y su proceso cultural. Además, el grado de difusión logrado con tales actividades, ha creado la plataforma para recibir invitaciones de alto nivel musical, para participar en eventos de renombre internacional, en países como: México, Guatemala, Francia, Polonia, Portugal, Nicaragua y Perú entre otros.
Todo este proceso investigativo tiene como objetivo fundamental, documentar la tradición oral de la técnica de marimba, para ser utilizada en la enseñanza del instrumento en todos los jóvenes que asisten a los cursos docentes, impartidos en la Etapa Básica de Música de Guanacaste, radicada en Santa Cruz. La prioridad es entonces, mantener un equilibrio entre la tradición oral y la música universal, a fin de que la juventud, es decir más de ocho mil personas matriculadas a lo largo de los años, tengan la oportunidad de aprender, conocer, disfrutar y defender el acervo cultural de la región, con documentos, discos y recitales, organizados a partir el método científico.
Raziel Acevedo Álvarez Investigador y docente, Sede de Guanacaste UCR
