UNA alerta vicios legales y constitucionales en subasta de frecuencias de radio y televisión abierta

La Universidad Nacional (UNA) emitió un pronunciamiento oficial en el que advierte a Costa Rica sobre los riesgos democráticos, sociales y constitucionales asociados al proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión abierta impulsado por el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). El acuerdo fue aprobado en la sesión ordinaria 43-2025 del Consejo Universitario (UNA-SCU-ACUE-429-2025).

Según la institución, el diseño actual de la subasta amenaza la pluralidad de voces, puede afectar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, y pondría en riesgo la continuidad de medios comunitarios, regionales, culturales y religiosos, que durante décadas han sido actores fundamentales en las comunidades rurales, costeras, fronterizas e indígenas del país.

La UNA subraya que el espectro radioeléctrico, como bien público estratégico, debe asignarse según criterios de interés social y no únicamente económicos, pues constituye un recurso esencial para el acceso equitativo a la comunicación, la cultura, la educación y la participación democrática.

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Argumentos principales del pronunciamiento

1. El espectro radioeléctrico y su función social

El comunicado destaca que el espectro es esencial para medios como la televisión, la radio o el internet, y que su uso debe democratizarse para favorecer la transformación digital y el desarrollo social, económico, cultural y político. La concentración mediática afectaría directamente este objetivo.

2. Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones

El TSE ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de modificar frecuencias durante el proceso electoral 2026, por considerar que ello podría afectar el acceso ciudadano a información político-electoral. Pese a ello, el Poder Ejecutivo y la Sutel continuaron impulsando cambios normativos y administrativos.

3. Vicios legales y medidas cautelares vigentes

La UNA recalca que la subasta se abrió pese a:

• múltiples procesos contencioso-administrativos,

• medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional,

• órdenes vigentes de mantener el estatus actual hasta resolver el fondo de los casos.

4. Retroactividad normativa y afectación de derechos adquiridos

Los cambios normativos emitidos por el Poder Ejecutivo en 2024, a dos días del vencimiento de las concesiones, alteraron contratos que garantizaban prórrogas automáticas. La UNA sostiene que estas acciones violan:

• artículo 34 constitucional (prohibición de retroactividad),

• artículo 41 constitucional (seguridad jurídica).

5. Riesgo de monopolización

Los montos base fijados para participar en la subasta, que van desde $24.545 hasta $1.601.786, privilegian a unos pocos consorcios económicos y excluyen a medios pequeños. Esta situación, según la UNA, atenta contra el mandato constitucional que prohíbe los monopolios (art. 46).

6. Amenaza a la diversidad cultural y derechos fundamentales

La desaparición de emisoras comunitarias y culturales implicaría:

• pérdida de patrimonio comunicacional,

• debilitamiento de identidades locales,

• afectación del acceso a la pluralidad informativa,

• daño a derechos culturales y a la participación social.

La UNA recalca que la concentración mediática está reconocida por la jurisprudencia interamericana como un riesgo directo para la libertad de expresión.

7. Rol de la Universidad Nacional

La institución, comprometida con la probidad y la defensa de los recursos públicos, sostiene que no puede permanecer indiferente ante un proceso que:

• modifica derechos contractuales sin aval legislativo,

• erosiona principios constitucionales,

• afecta la calidad democrática del país.

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Petitorias del pronunciamiento

El Consejo Universitario acuerda:

1. Rechazar el proceso de subasta por vicios de legalidad y constitucionalidad.

2. Exigir a la SUTEL y al MICITT suspender la adjudicación hasta que se resuelvan las controversias constitucionales y se cumpla lo dispuesto por el TSE.

3. Solicitar al Poder Ejecutivo presentar ante la Asamblea Legislativa un marco regulatorio que:

   • proteja medios comunitarios, culturales, regionales y religiosos,

   • asegure pluralismo y diversidad,

   • garantice acceso equitativo para pymes,

   • preserve el patrimonio comunicacional histórico.

4. Pedir a la Asamblea Legislativa asumir competencia mediante ley expresa para regular el tema.

5. Exhortar a la Asamblea Legislativa a reconocer que la asignación de frecuencias no es un asunto únicamente técnico o económico, sino constitucional y democrático.

6. Hacer un llamado a la ciudadanía para informarse adecuadamente sobre el proceso y a las instituciones públicas para actuar con responsabilidad en defensa de la democracia y los derechos fundamentales.

El pronunciamiento es suscrito por el Dr. Braulio Sánchez Ureña, presidente del Consejo Universitario de la UNA.