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Etiqueta: privatización

La “nueva derecha” y la destrucción del ICE

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Este tema es muy serio y grave, ajeno a los denuestos que pueda generar en las redes sociales dominadas por los troles o bots engendros del chavismo. Por eso, voy a comenzar con una explicación casi didáctica, para que nos ubiquemos exactamente sobre lo que estamos tratando.

Empecemos por señalar que no nos estamos refiriendo a la derecha tradicional que apoyó las ideas de la democracia liberal y que, como sucedió en Costa Rica, supo convivir con la alternancia de partidos social demócratas o social cristianos y sus reformas sociales. No, esta nueva derecha o “conservadurismo radicalizado” como la califican varios autores entre ellos Natascha Strobl en su libro “La Nueva Derecha”, es otra cosa y es tan extremista, que se cayó del borde de la mesa para terminar en aguas procelosas de orientación fascista, donde sus seguidores nadan a placer. Cuando un movimiento político con esta orientación sea cual sea su estructura llega al poder, actúa de inmediato para establecer formas de autoritarismo cada vez más radical. Sobre esto dice Strobl

  • “Formalmente ocupan los más altos cargos del Estado, pero es precisamente esta posición las que utilizan para desmantelar el sistema democrático que los llevó a la cima. Esto afecta a todos los ámbitos del Estado, pero en especial al sistema judicial y al Parlamento: el Poder Ejecutivo va contra en contra del Judicial y del Legislativo. En el proceso la separación de poderes que es constitutiva del Estado-nación moderno y democrático se está erosionando rápida y sistemáticamente. El llamado “cuarto poder”, los medios de comunicación, también está siendo acorralado y saboteado, y el Estado de bienestar, el mayor logro del movimiento obrero organizado en el Siglo XX, está siendo debilitado…”,

Y además agrega que, una vez en el poder y de cara al exterior o sea al resto de la sociedad, se presentan como;

  • “las víctimas de un ominoso Estado profundo o de “redes rojas· secretas en el aparato judicial, realmente conservador. En el proceso el Parlamento se convierte en una institución elitista distante que no puede juzgar al líder elegido por el pueblo los medios son una red incendiaria de izquierda que difunde noticias falsas unilaterales; el Estado de bienestar alimenta a los perezosos y los emigrantes a costa de los ciudadanos locales y laboriosos”.

Quien lea con cuidado esas citas, fácilmente puede comparar esas características del asalto al poder por los aspirantes a fascistas de la nueva ultraderecha, con la desgracia que está sufriendo Costa Rica en los últimos años y que el pueblo básico y obnubilado, votó para que continuara cuatro años más con la destrucción de nuestra democracia. Calificar al ciudadano con adjetivos groseros y de menosprecio, es lo típico de estos movimientos; por eso si les dicen “básicos” es parte de la estrategia de cegarles la mente con mentiras y post verdad, pues como bien lo cita F. Finchelstein en su libro “Aspirantes a Fascistas”, Goebbels reconocía;

  • “Nuestra propaganda es primitiva, porque el pueblo piensa de forma primitiva. Hablamos el lenguaje que entiende el pueblo”.

En pocas palabras la definición de la política de mentiras y el calificativo de “básicos” que diera Pilar Cisneros. Por su parte, Finchelstein afirma también que:

  • El intento fascista de una propaganda “primitiva” produce efectos hipnotizantes para los creyentes y, al mismo tiempo, aberrantes, irreales e incluso estúpidas, para los críticos – lo que también confirma que – los lideres siempre tienen la razón, y los otros, incluidos los periodistas, deben aceptar sus explicaciones sin preguntar…”.

De esa manera, con la actitud ideológica premeditada de destruir toda la institucionalidad del país, en este momento tienen al ICE como su víctima inmediata en manos de los sicarios de la institucionalidad. El famoso proyecto de la “armonización” lo único que conlleva es la entrega de nuestra riqueza energética en manos de unos, muy pocos, generadores privados para que, precisamente, generan pingües ganancias en su beneficio y a costa de los bolsillos de la ciudadanía que, siguen aplaudiendo al verdugo que pretende sacrificar al ICE.

Para seguir engañando a los “básicos” arman la pasarela mediática, por ahí pasa un expresidente del Saprissa que es el socio y máximo ejecutivo de Genera Holdings o los representantes de la UCCAEP para que hablen a nombre de sus asociados, los generadores privados, dentro de los que hay algunos que Rodrigo Chávez insultó, denigró y llamó “costarricenses con corona” que ahora se las quiere adornar con los diamantes de la generación eléctrica, gracias al proyecto que él preparó y envió a la Asamblea Legislativa y lo mantienen en vigente sus entenados políticos en el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Ahora resulta que, a los defensores de la democracia, la institucionalidad y en este caso el ICE, nos gritan: ¡¡COMUNISTAS!!, con una ignorancia pasmosa o un cerebro que no logró sobrepasar los tiempos de la Guerra Fría. Lo que el ciudadano costarricense debe entender es que si ese calificativo perdió toda vigencia histórica, ideológica, política, económica y social, no sucede igual con los aspirantes a fascistas que SI están resucitando esa vieja ideología anti democrática y enemiga de todo lo que podemos llamar Estado Social de Derecho, a través de dictaduras reales como Bukele en El Salvador o autocracias electorales como las de Trump (EE.UU), Kast (Chile), Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz de Bolivia y el chavismo en Costa Rica, entre otros, que están destruyendo la herencia institucional que ha beneficiado a miles por décadas en toda nuestra América.

Entonces costarricense: de qué lado se coloca, es de los que protege esa herencia o de los que la destruye…pero después no se arrepienta, pues la Historia enseña que generalmente lo pueblos despiertan cuando ya es demasiado tarde.

¡Triunfo de los movimientos sociales y de la ciudadanía patriótica por el derecho a la electricidad!

Movimiento por el Derecho a la Electricidad

Jueves 28 de mayo del 2026

Desde inicios del año 2025, un conglomerado de organizaciones sociales, compartiendo las preocupaciones, de las negativas consecuencias que la eventual aprobación del expediente 23 414, tendría para la forma en que los costarricenses hemos sabido democratizar el acceso a la luz, sumamos esfuerzos en el Movimiento por el Derecho a la Electricidad, para enfrentar en conjunto, un nuevo intento de repartirse la electricidad del pueblo costarricense.

Esto entendiendo que el tiempo presente, amerita de nuestra unidad y convergencia, a partir de principios cívicos y democráticos que tenemos en común, ya que enfrentamos un momento clave para el futuro del país.

El pasado jueves 21 de mayo, desde las Organizaciones Integrantes del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, en conjunto, con parte de las Diputaciones del bloque parlamentario que se opone a este perjudicial proyecto de ley, mediante conferencia de prensa dirigida al pueblo de Costa Rica, alertamos a la sociedad costarricense, del intento del partido en el Gobierno, de aprobar apresuradamente, el plan de “Armonización”, dándole primer debate legislativo programado para el anterior martes 26 de mayo.

La respuesta de las organizaciones sociales, y de la ciudadanía patriótica, no se hizo esperar. De la mano de crecientes comunicados sumándose al llamado a participar en la jornada patriótica para oponerse al plan de armonización, también las distintas fracciones legislativas del bloque parlamentario que se opone al 23 414, fue dando sus razones técnicas para oponerse al plan de armonización, en defensa del modelo eléctrico gestionado por el ICE.

El martes 26 de mayo, un crisol de delegaciones de organizaciones estudiantiles, grupos de mujeres, movimientos ecologistas, organizaciones laborales, agrupaciones ciudadanas, organizaciones agrícolas y campesinas, grupos ecuménicos, y ciudadanía patriótica en general, acudieron al llamado, haciéndose presentes en las afueras de la Asamblea Legislativa; en una multitudinaria jornada cívica y pacífica, llena de música, expresiones artísticas, charlas técnicas, y discursos de distintas vocerías.

Dicha articulación entre el bloque parlamentario y los movimientos sociales se hizo sentir. Ya que si bien lograron aprobar en primer debate el proyecto con mayoría simple (mitad más uno de los diputados presentes a la hora de votar), lo cierto es que gracias a todo lo antes descrito, no cuentan con la mayoría calificada (38 votos) que se ocupa para aprobar el proyecto en segundo debate. Más importante aún, el resultado de la votación en primer debate (27 a favor, 24 en contra, 6 sin votar) revela que la fracción oficialista, no contó con la totalidad de los votos que la integran (31 diputados).

El día de ayer miércoles 27 de mayo, el Gobierno de la República mediante rueda de prensa desde Zapote, anunció que desconvocarían el expediente 23 414, lo cual representa un triunfo de las organizaciones integrantes del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, de los movimientos sociales, de la ciudadanía patriótica, y un triunfo del bloque parlamentario de oposición a dicha iniciativa de ley.

Desde el Movimiento por el Derecho a la Electricidad, que crece y se fortalece, consideramos que los ataques infundados y demagógicos de la presidenta de la República buscan distraer la atención del fracaso de su estrategia legislativa, resultado de un Ministerio de la Presidencia inoperante, y de una Presidencia de la República, ayuna de diálogo social, con los movimientos sociales.

Además, sobre los ataques también infundados, del presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora, queda más que claro, que cuando se acude al insulto y la descalificación de quien tiene argumentos diferentes sobre un tema, se hace gala de precariedad intelectual y carencia argumentativa.

Para la ciudadanía costarricense cada vez es más evidente que estos entes en la práctica se convierten en vocerías políticas de la línea del gobierno que los nombra en el puesto, no en vocerías técnico-profesionales. Los inquilinos de turno de dichas presidencias ejecutivas, con frecuencia, al acabar su nombramiento, pasan a ocupar altos cargos en grandes empresas privadas (práctica conocida como puertas giratorias).

Desde nuestras organizaciones, tenemos memoria: el señor Marco Acuña Mora, antes de ser director Corporativo de Electricidad y luego presidente ejecutivo del ICE, trabajaba como administrador del contrato de conexión del Grupo CMI (Capital Guatemalteco) dueño de plantas eólicas de generación privada que venden energía al ICE. Las subastas eléctricas del plan de armonización benefician a generadores privados de electricidad, algo que podría beneficiarle. Por eso le solicitamos al señor Marco Acuña su renuncia inmediata a la Presidencia Ejecutiva, ya que no representa dignamente el legado histórico del ICE.

Desde el Movimiento por el Derecho a la Electricidad nos solidarizamos con el joven estudiante Elián Jiménez Campos y exigimos la desescalada de los discursos de odio, polarización y violencia accionados por la Fuerza Pública y promovidos por la Presidencia de la República.

Llamamos al movimiento social y popular, y a la ciudadanía patriótica a mantenernos alerta. En los próximos días, anunciaremos mediante conferencia de prensa, las siguientes acciones y actividades. ¡Digamos no al plan de Armonización (23.414)!

Los pilares del desarrollo democrático nacional están amenazados

Vladimir de la Cruz

Tenemos 205 años de vida independiente. Declarada la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821 iniciamos el proceso de separación de la España colonial, que había hecho de la región que iba desde la provincia Costa Rica hasta México, pasando por Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala, como también se le conoció, de la región que comprendía a las provincias de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde el 15 de setiembre se había dispuesto comunicar a las provincias, la ruptura con España para que cada Provincia tomara su propia decisión. Chiapas, hoy estado de México también formó parte de la Capitanía General, pero se separó antes que Guatemala y el resto de las provincias. Éramos parte del Virreinato de México, o de Nueva España, la región más grande que tenía Espala en ultramar, como se decía en esa época.

Entre 1821 y setiembre de 1823 constituimos Juntas de Gobierno para dar nuestros primeros pasos de vida independiente, al mismo tiempo que se consideraba en la región mantenerse unidos, en vida independientes, como antes se había vivido. Así se inició el proceso para la gestación de la República Federal de Centroamérica, que funcionó desde 1824 hasta 1838 cuando de ella nos retiramos ese año, que también había provocado el retiro de Nicaragua y de Honduras. Dentro de la República nos constituimos bajo la forma de Estado de Costa Rica. La República impulsó las bases de un Estado fuerte, liberal, constituido por la división clásica de los tres poderes de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así se constituyó Costa Rica con la Constitución Federal del 22 de noviembre de 1824, lo que se afirmó con la Constitución de Costa Rica de 1825, llamada Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.

Desde entonces tenemos la separación de Poderes Públicos, cada uno de ellos con independencia entre sí, con funciones propias, exclusivas, indelegables, insubrogables. Así se desarrolló la estructura del Estado política y administrativa del Derecho de Costa Rica, que llega hasta nuestros días.

Hasta el año 2022 estos poderes de Estado se respetaron entre sí, en su independencia y en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Con el gobierno que inició en el 2022, que acaba de terminar, se cuestionó esa independencia y se trató de dominar por parte del Poder Ejecutivo.

Con las elecciones de febrero de este año, con el triunfo presidencial del partido Pueblo Soberano, y con una mayoría legislativa de 31 diputados, de 57, el presidente saliente, Rodrigo Chaves, y la presidenta entrante, Laura Fernández, afirmaron que ya tenían controlados y tomados dos Poderes, y. que iban por tercero, por el Poder Judicial, en lo que no han escatimado ataques verbales y amenazas directas a sus magistrados integrantes, de cambiarlos, no reeligiendo lo que puedan reelegirse y nombrando magistrados afines y comprometidos políticamente al gobierno y a sus cogobernantes, Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Con la figura de Estado de Costa Rica nos mantuvimos hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el jefe de Estado y presidente de la República, Dr. José María Castro Madriz firmó la Declaratoria de República de Costa Rica, que había sido declarada el día anterior por el Congreso Constitucional. Desde entonces iniciamos la vida de la República de Costa Rica, como nos seguimos reconociendo nacional e internacionalmente.

La República surgida en 1848, en su aspecto formal, así denominada, llegó hasta el 8 de mayo de 1948, cuando el entonces líder político y militar, José Figueres, de los sucesos de marzo y abril de 1948, a favor de reconocer el resultado electoral de 1948 a favor de Otilio Ulate, elecciones que se habían anulado, se impuso sobre Ulate el 1 de mayo, para recibir el gobierno el 8 de mayo, por un lapso de 18 meses, según lo pactado, como sucedió.

Ese 8 de mayo al recibir el gobierno que terminaba, en manos del Designado a la Presidencia, Ing. Santos León Herrera, e iniciar el nuevo período de gobierno, José Figueres, hizo pública declaración, por Decreto Ejecutivo, que iniciaba su mandato fundando la Segunda República de Costa Rica. De esa forma, también declaró ipso facto la existencia de la Primera República, la que había sido fundada por Braulio Carrillo.

En la sesión primera de esa Junta de Gobierno, después de integrar a los Miembros que se encargarían “de preparar todo lo referente al acto de traspaso de los poderes públicos”, señaló que ese “Gobierno Provisorio de la Nación” ejercería “sus funciones con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República”. Así, desde 1948 hasta hoy hemos vivido, y seguimos viviendo, el período histórico, o fase histórica nacional, de la Segunda República.

Todos estos años han tenido pilares fundamentales que han dado como resultado el desarrollo democrático que hasta hoy hemos tenido en Costa Rica, que se ven amenazados desde el gobierno de Rodrigo Chaves, 2022-2026, y con el que inicia de Laura Fernández, donde Rodrigo Chaves sigue siendo la figura más importante de su Gabinete, de su Consejo de Ministros, con su doble ministerio de la Presidencia y de Hacienda, marcando los pasos y la música que se entona en los poderes Ejecutivo y con los 31 diputados del Legislativo.

Entre esos pilares fundamentales del desarrollo democrático podemos destacar los siguientes:

1.- Un Estado de Derecho fuerte, sólido, constituido por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que se sumó en esa condición el Tribunal Supremo de Elecciones, que podemos llamarlo, para estos efectos, Poder Electoral, con el mismo rango e independencia de funciones que los otros poderes de Estado.

2.- Un desarrollo vigoroso constitucional, de 13 Constituciones Políticas, que marcaron y definieron la estructura institucional y administrativa, y fortalecieron los valores del pueblo y de la ciudadanía costarricense, sus derechos y libertades. Las Constituciones de 1871 y la de 1949, ambas con el tiempo de duración y vigencia que tuvieron, a pesar de la interrupción de la de 1871, en el periodo de la dictadura de Federico Tinoco y Constitución de 1917-1919.

3.- Un ejercicio de gobernantes, en los poderes públicos, predominantemente de educadores, abogados, médicos, periodistas, con pocos militares ejerciendo el Poder. Desde Juan Mora Fernández, 1824-1833 los educadores y civiles fueron clave sobre militares.

4.- Un ejército, que a pesar de sus gloriosas jornadas en la lucha nacional contra los filibusteros norteamericanos en Costa Rica y en Centroamérica, no se desarrolló ni fortaleció de manera constante. Por el contrario, después del Crimen de Estado contra los Héroes nacionales, de aquellas jornadas, Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas, se empezó a debilitar institucionalmente, hasta que pasados los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se tomó la decisión de eliminarlo de la estructura del Estado costarricense, haciendo tengamos 78 años sin Ejército, cuyos gastos institucionales pudieron orientarse a otras tareas de la administración pública nacional.

5.- El desarrollo de un concepto de vida democrática considerada como poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, concepto que se enriqueció con la incorporación del Plebiscito y el Referéndum Nacional como instancias de consulta popular, haciendo que esa vida democrática y el poder público se valide “con el pueblo”.

6.- Un sistema electoral, que, aunque con limitaciones en su origen, evolucionó y se enriqueció hasta tener hoy un sistema de partidos políticos amplio, con igualdad plena de mujeres y hombres en sus derechos políticos y sociales, en el cual todas las personas de 18 años se consideran ciudadanos con esa capacidad política de tomar las decisiones para la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como el de las instancias municipales.

7.- El desarrollo de un Estado Social y Democrático de Derecho, fundamentado en los siguientes aspectos:

a) – desarrollo de libertades púbicas

b) – desarrollo de derechos ciudadanos

c). – fortalecimiento de la educación pública, como el motor del desarrollo nacional de posibilidades y oportunidades y de superación personal de los ciudadanos.

Desde los inicios de la vida independiente se impulsó la educación de niños y niñas. Se fortaleció con la apertura de la Universidad de Santo Tomás en 1843, con los impulsos que dieron a la educación, entre otros, los Jefes de Estado y Presidentes José María Castro Madriz, Jesús Jiménez, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, con las reformas que se impulsaron por los Secretarios o Ministros de Educación, Mauro Fernández, Miguel Obregón, Uladislao Gámez, con la fundación de la Escuela Normal de Heredia y la especial atención que se dio a la formación de maestros y profesores.

Con el impulso que se dio con la fundación de la Universidad de Costa Rica, como única Universidad en el país, desde el 26 de agosto de 1940 hasta la fundación del ITCR, el 10 de junio de 1971, de la Universidad Nacional, el 15 de febrero de 1973 fortaleciendo a partir de ese momento un sistema de universidades públicas, en esa misma década, con la UNED, el 3 de marzo de 1977, y finalmente con la Universidad Técnica Nacional el 4 de junio del 2008, que contribuyeron a fortalecer los mecanismos democráticos nacionales. De hecho, hasta esos años toda la clase política nacional se formó bajo los aleros de la educación pública, contribuyendo a concebir una sociedad costarricense más inclusiva y democrática.

Elemento clave de este desarrollo universitario fue garantizar el financiamiento público a la educación superior universitaria, como meta de llegada de los niños y jóvenes que asisten a la educación preuniversitaria, siendo este un gran facto de movilidad social y democrático.

Esta financiación está en crisis y gravemente amenazada, de manera especial por el Gobierno de Rodrigo Chaves y su continuismo con Laura Fernández, orientado el desfinanciamiento y al debilitamiento total de la educación pública en general y la superior en particular.

d).- el desarrollo de un sistema de salud nacional, que desde el siglo XIX se orientó a garantizar las mejores condiciones de salud del pueblo costarricense, para los cual se impulsaron medidas de saneamiento ambiental de construcción de habitaciones, de impulso de hospitales desde los inicios del Estado de Costa Rica, hasta la fundación del Ministerio de Salud, el 4 de junio de 1927, y de la Caja Costarricense del Seguro Social, el 1 de noviembre de 1942, que llegó a universalizar sus servicios de enfermada, maternidad y de salud integrales, desarrollando en el país una medicina de primer mundo. Hoy gravemente amenazado todo el sistema por los procesos de privatización que se han venido dando contra la CCSS, la cual se debilitado institucionalmente.

e) – la Junta Gobierno fortaleció todo este proceso impulsando, entre otras medidas, la nacionalización bancaria y la de recursos hidro energéticos. Con la nacionalización bancaria facilitaron el crédito público para todos los sectores sociales del país, desarrollando los mecanismos para la gestación de las clases medias, y nacionalización de los recursos hidro energéticos y la creación del ICE desarrollaron la electricidad en todo el país, estimulando la producción y las actividades económicas, frenando a la vez la migración campo ciudad, al llevar la modernización a las zonas rurales.

Antes de la existencia del ICE la electricidad en manos privadas que se desarrolló desde 1880 no alcanzó a cubrir ni siquiera el 5% del territorio nacional. Hoy con el ICE la electricidad prácticamente llegó al 100% del territorio nacional.

Estos pilares del desarrollo democrático nacional han sido debilitados, y se encuentran amenazados en el paredón de tiro del actual grupo gobernante, de los cogobiernos de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y sus diputados del Partido Pueblo Soberano.

f) – el desarrollo de una legislación social fuerte y avanzada que se fue logrando desde principios del siglo XX, hasta llegar a las Reformas Sociales de 1943 que incorporaron el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución de 1871 y que se introdujo también en la Constitución de 1949, ligeramente ampliado.

En este campo ha habido una arremetida contra la legislación laboral y los derechos laborales en el país. Su principal amenaza la tiene gestionada por los cogobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, y sus diputados del partido Pueblo Soberano que quieren establecer la jornada esclavista de trabajo de 12 horas, sin reconocimiento del pago de horas extras, de reducción en los beneficios salariales en el pago de aguinaldo y de reducción real de las pensiones, a la hora de acogerse los actuales empleados, a un 40% de su salario, bajándolas de un 60% a ese 40%, y a un aumento de la edad de retiro en 5 años más de trabajo, es decir retiro para la pensión en la realidad a los 65 o 70 años de edad.

g) – El desarrollo democrático y social del Estado de Derecho que se logró alcanzar hasta 1978 hizo surgir el Estado de Bienestar en Costa Rica, que fue un modelo en la región centroamericana, motor generador de empleo, y de creación de las clases medias. Desde aquel año ese papel del Estado empresario, del estado de Bienestar, sufrió los embates de los Planes de Ajuste Estructural, que se impulsaron a partir de la década de 1980 y de las políticas de Tratados Libre Comercio, a partir de la década de 1990, junto a las políticas neoliberales que han empobrecido al pueblo costarricense y han debilitado las clases medias.

h) – Lamentablemente los sectores sociales se han debilitado en sus organizaciones de defensa, y en sus luchas, de sus derechos fundamentales. Frente a grandes amenazas han reaccionado estos sectores. En este siglo hay recordar y tener presente las Jornadas de Defensa del ICE, las luchas del Combo del ICE, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y las luchas contra el TLC con Estados Unidos en el 2007.

Estamos a las puertas de batallas similares. Hay que refrescar la memoria histórica, social y política.

El ICE, los comunistas y los marcianos

José Luis Amador.

Por José Luis Amador

No sé si lo han notado pero el chavismo está desesperado. Es evidente que en las últimas horas ha habido un clamor popular en defensa del ICE. Nada más revisen las redes. La respuesta de los chavistas ha sido llamar comunistas a todos aquellos que defiendan al ICE. Lo único que les falta es argumentar que el país está siendo víctima de una invasión de comunistas y marcianos.

DICHOSAMENTE los sectores populares, incluso en las bases chavistas, hay mucha gente que luchó y ha luchado por esta institución. Gente que sabe que el ICE siempre ha estado al servicio del pueblo. Electrificando al país, pero también poniendo la carne en el asador, poniendo el hombro y exponiendo a su gente, cuando la inclemencia de la naturaleza así lo ha exigido.

Esta ley que pretenden imponer solo beneficia a unos cuantos ricos. No le está rebajando el salario a los trabajadores del ICE. Pero está adulterando el espíritu fundamental con que fue creada la institución. De un plumazo el ICE deja de ser una institución centrada en las necesidades del usuario, para convertirse en una empresa regida por empresarios al servicio del lucro.

Sigamos dando la cara. Defendamos al ICE. Y que los diputados no aflojen. Que nos llamen como quieran. Y si los marcianos también vienen a apoyarnos en esta lucha, serán bienvenidos.

¡¡Esta lucha apenas empieza!!

¡¡No perdamos lo poquito que nos queda!!

La ruta está trazada

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Esta es una frase lapidaria pero absolutamente cierta. Es una afirmación que no da lugar para dudar. El llamado “chavismo” es un proyecto político que va más allá de Rodrigo Chaves y mucho más, de Laura Fernández. Es un programa bien diseñado para “tomar” el Poder Judicial, ganar elecciones, controlar todas las instituciones, reducir derechos civiles, sociales y políticos y el Estado de Derecho, privatizar, minimizar el Estado de Bienestar y, en general, imponer un régimen autoritario alineado con las políticas del gobierno de Trump.

La gran pregunta que surge es: ¿quién ha trazado esa ruta?

Evidentemente no es Rodrigo Chaves. Él no tiene la capacidad intelectual para ello, como se ha demostrado; las funciones que ha desempeñado en su vida profesional en el Banco Mundial han sido de ejecutor, de obedecer órdenes. Sin embargo, hay que reconocer que ha sido un excelente intérprete, un actor de de primera línea para conectar con la gente y llevar a cabalidad la partitura escrita. La actual presidente, heredera del continuismo, es un accidente imprevisto de esa Ruta.

Hay alguien que maneja los hilos detrás de los personajes principales. Pilar Cisneros y su equipo sí tiene la capacidad y la experiencia como para diseñar una campaña y una estrategia orientadas a ganar elecciones. Sin embargo, la Ruta trazada rebasa sus posibilidades. Pilar está moviendo los hilos detrás de Chaves y Laura, pero dentro de unos parámetros predeterminados.

La política costarricense está diseñada desde el exterior, desde el extranjero, y los titiriteros mueven los hilos que le indican los estrategas de la internacional ultraderechista.

No resulta aventurado decir que la política costarricense está dirigida por un grupo, principalmente estadounidense, que dirige las políticas de Trump, Bukele, Milei y otros orientados a salvaguardas los interese económicos de los EEUU.

Esta Ruta implica una intervención directa de los EEUU en los asuntos internos de los países, como se ha demostrado en las elecciones de Honduras, Ecuador, Argentina y otras. Es una intervención sobre los procesos electorales, sobre los partidos, sobre los empresarios, sobre los medios de comunicación, sobre los pueblos, ya sea amenazando y aplicando sanciones. Impone aranceles si no aceptan las decisiones de USA, retiran visas si ponen obstáculos a sus objetivos, secuestran personas y hasta bombardean países.

El gobierno de EEUU interviene descarada o indirectamente a favor de los gobiernos latinoamericanos de su simpatía, que están directamente involucrados en su estrategia de pasar a un nuevo modelo económico-social basado en el autoritarismo.

El gobierno de Chaves se ha apuntado clara y definitivamente en este camino.

La presencia del gobierno de USA en la política costarricense es cotidiana: logró silenciar a los empresarios con la amenaza de las visas ( solo basta leer la entrevista a la directora ejecutiva de la UCAEPP en La Nación, donde se refleja el sometimiento y miedo a las políticas estadounidenses), el retiro de visas a políticos provenientes y empresarios del riñón de la oligarquía nacional; la participación directa de las fuerzas y oficiales de las agencias, como la DEA, CIA y FBI, de los Estados Unidos en las operaciones nacionales contra los traficantes de drogas, con desprecio por nuestra soberanía o saber de los compromisos, que no se conocen, sobre la explotación de los recursos naturales del país. En fin, la Embajada norteamericana está presente en los más diversos eventos políticos nacionales.

La Ruta está trazada por fuerzas externas, poderosas y capaces. Es una ruta inteligente, bien diseñada y se basa -también y no menos importante- en el convencimiento de la gente de que ese sendero es el mejor, sea, el control ideológico para que la ciudadanía no se rebele, sino que simplemente obedezca.

¿Quién está intelectualmente detrás de este gobierno? No es Chaves desde luego. Podría ser Pilar y su equipo, como ejecutores nacionales, sometidos estrictamente a la Ruta trazada internacionalmente por asesores principalmente estadounidenses. El aporte nacional se limitará a la simple adecuación de las formas (a quién atacar, cómo hacerlo, etc.), el manejo de los tiempos, pero bajo la dirección estricta externa.

Los dirigentes chavistas solo están obedeciendo fielmente los dictados de una política claramente diseñada e impulsada desde una internacional enemiga de los pueblos. Creo que es claro.

Ahora bien, ese proyecto autoritario y enemigo de la soberanía de las naciones, encuentra grandes resistencias. Los pueblos no aceptan sumisamente la imposición de medidas que limiten o eliminen los logros sociales y políticos alcanzados. En EEUU la oposición a las políticas nacionales e internacionales de Donald Trump crece hasta producirse casi que guerras civiles en algunos Estados; en Argentina, Bolivia, Panamá, Perú o Ecuador se han producido o están ocurriendo grandes movilizaciones sociales e incluso rebeliones contra las políticas ultraderechistas de esos presidentes. La derecha autoritaria, está lejos de representar la solución a los problemas de América. Los gobiernos autoritarios no resuelven los problemas, los agudizan.

En Costa Rica si no descarrilamos esa Ruta, se van a producir grandes retrocesos sociales y políticos, como está quedando en evidencia. Esa es una tarea nacional.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte II)

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

En nuestra primera columna repasamos cómo Costa Rica construyó un Estado de Bienestar ejemplar y cómo, a partir de los años 80, ese modelo empezó a fracturarse bajo la receta neoliberal. Pero el cambio de rumbo no solo nos trajo recortes; trajo consigo una cultura donde la función pública dejó de ser un servicio para convertirse, en muchos casos, en un botín.

Hoy vamos a hablar de esa herida abierta: la corrupción del bipartidismo, la factura social que nos cobraron y cómo esa indignación parió un movimiento político que prometió salvarnos de nosotros mismos.

El festín del bipartidismo y el descaro institucional

A partir de los años 90, los ticos empezamos a desayunar con escándalos de cuellos blancos. Ya no eran rumores, eran millones de colones de los fondos públicos esfumándose frente a nuestros ojos.

Recordemos el sonado caso del Fondo de Emergencias, uno de los primeros grandes golpes a la confianza institucional. Pero la verdadera sacudida llegó con el saqueo del Banco Anglo Costarricense. Durante la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier (PUSC, 1990-1994), el banco más antiguo del país fue desangrado mediante inversiones ruinosas. El detalle que no se nos puede olvidar es que miembros de la Junta Directiva y la Gerencia de la institución eran socios o allegados al bufete de la familia Calderón Fournier.

A su llegada al poder, y bajo la presión y recomendación de la Contraloría General de la República (CGR), la administración de José María Figueres Olsen (PLN, 1994-1998) se apresuró a decretar el cierre definitivo del Banco Anglo en septiembre de 1994. Fue un golpe durísimo a la economía y al orgullo nacional, aunque, para la historia, queda el consuelo de que por lo menos en esa ocasión los responsables, incluyendo al gerente Carlos Hernán Robles y a su Junta Directiva, terminaron en prisión.

A partir de ahí, la bola de nieve no se detuvo:

En el año 2000, durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (PUSC), el país estalló en las calles contra el famoso “Combo del ICE”, un intento de apertura disfrazado que la ciudadanía leyó como un claro intento de privatización a medida.

En 2004, bajo el gobierno de Abel Pacheco, el país se paralizó: estallaron los casos CCSS-Fischel y ICE-Alcatel, tramas de comisiones ilegales que llevaron a los mismísimos expresidentes Calderón Fournier y Rodríguez a la cárcel preventiva, aunque no llegaron a cumplir penas definitivas, y que mantuvieron al expresidente Figueres Olsen fuera del país, a pesar de que su causa no por años.

Más adelante, durante el segundo mandato de Óscar Arias Sánchez (PLN, 2006-2010), se gestó el Caso Crucitas, un desastre ambiental y legal tras la declaratoria de “conveniencia nacional” de la minería a cielo abierto.

Y como si no fuera suficiente, bajo la administración de Laura Chinchilla (PLN, 2010-2014), nos topamos con el vergonzoso Caso de la Trocha Fronteriza (Ruta 1856), donde el pretexto de la defensa nacional ante Nicaragua sirvió para que empresas fantasmas y funcionarios corruptos drenaran miles de millones.

La factura: El campo abandonado y la clase media asfixiada

Mientras las cúpulas del PLN y el PUSC se repartían el pastel y los tribunales, ¿qué pasaba con la Costa Rica real?

Se gestó una crisis sostenida. Mientras se perdían millones en corrupción, la excusa para el pueblo seguía siendo “no hay plata”. Esto provocó un abandono sistemático de nuestros agricultores y ganaderos, a quienes se les dejó a la libre competencia frente a mercados internacionales subsidiados, sin apoyo técnico ni crediticio. Paralelamente, la histórica clase media costarricense —el gran orgullo del Estado de Bienestar de los años 50— empezó a endeudarse para sobrevivir, viendo cómo el costo de la vida subía mientras la brecha entre los más ricos y los más pobres se ensanchaba a niveles históricos.

El advenimiento del PAC: La indignación como bandera

Fue exactamente en este caldo de cultivo de asco y frustración ciudadana donde germinó la ruptura. A finales de los años 90 e inicios del 2000, un grupo de dirigentes históricos del Partido Liberación Nacional, indignados por la podredumbre interna y el abandono de la socialdemocracia, decidieron que ya era suficiente.

Así nace el Partido Acción Ciudadana (PAC) en el año 2000, fundado por Ottón Solís Fallas. Pero Ottón no se fue solo. Detrás de él caminaron nombres que eran verdaderos pesos pesados de la política nacional, figuras de una moralidad y un peso histórico indiscutibles: don Alberto Cañas Escalante (fundador del PLN), don Guido Miranda (arquitecto de la CCSS moderna), y Margarita Penón Góngora, entre otros grandes intelectuales y ciudadanos.

Todos se cobijaron bajo una sola bandera suprema: la lucha frontal contra la corrupción.

El discurso era impecable. Era la promesa de la ética en la función pública. Sin embargo, con el paso de los años, Ottón Solís se adueñó por completo de la narrativa y de la estructura del partido que ayudó a crear. Lograron convencer a un país herido de que ellos eran los únicos depositarios de la decencia política.

Pero el poder es el ácido que prueba los metales. Y cuando finalmente les tocó gobernar, la historia dio un giro que nadie —o muy pocos— esperaban.

De eso hablaremos en nuestra tercera entrega, bajo un título que resume lo que nos pasó a todos como país: “¿Más cara la medicina que la enfermedad? Cuando te conviertes en esclavo de tus palabras”.

“La luz de Costa Rica no se vende: se defiende”

Welmer Ramos González, economista

Defender el modelo eléctrico es defender a Costa Rica

Hay cosas que un pueblo construye con dinero. Otras con trabajo. Otras con sacrificio. Y hay unas pocas que se construyen con generaciones enteras creyendo en un mismo sueño. El sistema eléctrico costarricense pertenece a esa última categoría.

No nació de la casualidad ni apareció por la mano invisible de un mercado. No fue un regalo de inversionistas extranjeros ni una oportunidad de negocios para unos pocos. Fue una obra colectiva levantada durante décadas por miles de costarricenses que entendieron algo profundamente simple: hay servicios tan esenciales para una nación que no pueden quedar sujetos únicamente a la lógica de la ganancia.

Mientras otros países preguntaban cuánto dinero se podía ganar llevando electricidad a una comunidad, Costa Rica se hizo otra pregunta: ¿cómo hacemos para que la electricidad llegue a todos? Y esa diferencia cambió nuestra historia.

Gracias a esa visión hoy Costa Rica posee algo extraordinario: prácticamente el 100% del territorio nacional cuenta con acceso a electricidad. La luz llega a barrios, montañas, comunidades indígenas, zonas rurales y costas alejadas. Llega a lugares donde un modelo guiado solo por la rentabilidad probablemente nunca habría llegado.

Porque una empresa puede ver una zona aislada y pensar: “no es rentable”. Pero una nación verdadera ve personas, ve familias, ve ciudadanos. Esa es la diferencia entre un negocio y un proyecto país.

Nuestro modelo eléctrico fue diseñado para servir a la población y no para extraer la máxima rentabilidad posible. Por eso existen subsidios cruzados. Por eso una familia en Guanacaste paga lo mismo que paga una familia en San José. Por eso quienes consumen más aportan más. Porque Costa Rica entendió algo que algunas sociedades olvidaron: la solidaridad no es una debilidad económica; es una fortaleza nacional.

Los datos hablan por sí solos. Costa Rica produce más del 98% de su electricidad con fuentes renovables. Tenemos cobertura prácticamente universal. Mantenemos altos niveles de calidad y confiabilidad. Y nuestras tarifas residenciales compiten favorablemente con muchos países desarrollados cuyos ingresos per cápita duplican o triplican el nuestro.

La siguiente tabla ilustra cómo se compara nuestro modelo con el de algunos países de la OCDE, considerando modelo de distribución, precio al consumidor residencial, cobertura y equidad territorial:

País

Modelo eléctrico

Precio hogar (USD/kWh)

Cobertura

Tarifa rural = urbana

Costa Rica

Estatal + cooperativas + ARESEP

~US$0.20–0.21

~100%

Sí (subsidio cruzado)

España

Privadas reguladas

~US$0.28–0.32

~100%

Alemania

Mixto privado-regulado

~US$0.44–0.48

~100%

No completamente

Francia

Predominio estatal

~US$0.30–0.32

~100%

Irlanda

Privado regulado

~US$0.69

~100%

Parcialmente

Italia

Privado regulado

~US$0.66

~100%

Parcialmente

California EE.UU.

Privadas concesionadas

~US$0.30–0.33

100%

No

Fuentes: Eurostat, Agencia Internacional de Energía (AIE), ARESEP. Precios convertidos a USD (tipo de cambio 2025).

Mientras países europeos con ingresos cercanos a los US$60 000 o US$70 000 por habitante pagan electricidad mucho más costosa, Costa Rica, con un ingreso cercano a US$20 000 por persona, ha construido un modelo eficiente, limpio y profundamente humano.

La tabla siguiente permite apreciar con mayor detalle la diferencia de precios residenciales e industriales, así como la relación entre el costo de la electricidad y el nivel de desarrollo económico de cada nación:

País

Residencial (USD/kWh)

Industrial (USD/kWh)

Veces más caro que CR

PIB per cápita (USD)

Irlanda

~0.69

~0.30–0.35

3.3x

130 000

Italia

~0.66

~0.26–0.32

3.1x

43 000

Bélgica

~0.61

~0.24–0.29

2.9x

61 000

Alemania

~0.44–0.48

~0.27–0.28

2.0x

60 000

Dinamarca

~0.39–0.41

~0.22–0.26

1.9x

77 000

California EE.UU.

~0.30–0.33

~0.20–0.24

1.5x

90 000

España

~0.28–0.32

~0.18–0.21

1.3x

38 000

Costa Rica

~0.20–0.21

~0.12–0.15

referencia

20 000

Fuentes: Eurostat, Agencia Internacional de Energía (AIE), FMI, 2025.

Eso no ocurrió por accidente. Fue producto de planificación pública, instituciones fuertes, visión de largo plazo y una decisión histórica: poner el interés nacional por encima del interés particular.

Y precisamente porque funciona, algunos quieren cambiarlo.

Debemos decirlo con claridad. Cada cierto tiempo reaparecen discursos que hablan de modernización, apertura, eficiencia y competencia. Las palabras cambian. El libreto casi nunca.

Se presenta la privatización como una receta inevitable, como si la historia empezara hoy y como si Costa Rica no hubiera demostrado ya que otro camino era posible.

Pero el país tiene memoria.

Recordamos épocas donde ciertos generadores privados vendían electricidad en condiciones extraordinariamente favorables, con contratos que garantizaron ganancias desproporcionadas. Recordamos privilegios construidos alrededor de un mercado cautivo. Recordamos cómo algunos pocos ganaron mucho mientras el país asumía costos que nunca fueron realmente discutidos.

Y hoy esos intereses vuelven a tocar la puerta. No llegan diciendo que quieren un negocio. Llegan hablando de eficiencia. No llegan diciendo que quieren rentas privilegiadas. Llegan hablando de competencia. No llegan diciendo que quieren capturar un mercado construido con inversión pública. Llegan diciendo que vienen a modernizar.

Pero Costa Rica tiene derecho a hacer una pregunta sencilla:

¿Modernizar para beneficiar a quién?

Porque cuando un sistema funciona, la carga de la prueba corresponde a quien quiere cambiarlo.

Y nuestro sistema funciona. Funciona porque fue construido con una lógica distinta. La lógica de país. El ICE, las cooperativas, la regulación y los mecanismos solidarios no son obstáculos para el desarrollo. Son precisamente las herramientas que permitieron construir uno de los sistemas eléctricos más exitosos del planeta.

Muchos países ricos todavía intentan resolver problemas que Costa Rica resolvió hace décadas: cómo electrificar zonas rurales, cómo universalizar el servicio, cómo impulsar energías limpias y cómo evitar que vivir lejos de las ciudades signifique pagar más.

Nosotros ya lo hicimos. Y lo hicimos juntos.

Por eso esta discusión no trata únicamente de kilovatios, tarifas o modelos regulatorios. Habla de algo mucho más profundo. Habla del tipo de país que queremos ser.

La electricidad costarricense no es solamente infraestructura. Es una decisión moral. Es la expresión de una idea profundamente democrática: que el progreso de una nación debe llegar hasta el último hogar, hasta la última familia y hasta la última comunidad.

Y hay cosas que una generación recibe no para venderlas, sino para protegerlas. Porque hubo costarricenses antes que nosotros que construyeron esta obra pensando en personas que nunca conocerían.

Nos toca hacer lo mismo. Porque la luz que hoy ilumina nuestras casas no nació en los mercados. Nació en una visión de país. Y los pueblos que olvidan el valor de lo que heredaron terminan pagando dos veces: primero con indiferencia y después con arrepentimiento.

La electricidad de Costa Rica no es un privilegio. No es una mercancía. No es una oportunidad de negocios. Es una conquista nacional.

Y las conquistas nacionales no se negocian: se defienden.

Porque la luz que llega a cada hogar costarricense no pertenece a unos pocos: pertenece a generaciones enteras. Y lo que un pueblo construyó unido, ningún interés particular debe arrebatárselo.

Ataque soez al ICE

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

El abogado exministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, exresidente en Washington, afirmó que el ICE pronto estaría iniciando ¡la demolición de sus represas!, porque la energía que produce solo sería eólica, solar, geotérmica… Que ¡El ICE perdió vigencia!, agregó.

Por sus antecedentes políticos no deberíamos extrañarnos, pero sí nos parece oportuno dar a conocer cómo «piensa» este atrevido compatriota, como muestra del ambiente que están tratando de crear ante la opinión pública los que quieren privatizar funciones vitales del ICE.

Como reacción a tal desaguisado, recordemos que el ICE logró en pocas décadas un desarrollo eléctrico que es ejemplo para muchas naciones. Hoy tenemos uno de los sistemas eléctricos más limpios del planeta, donde MENOS DEL 5 % de la electricidad proviene de combustibles fósiles, gracias a una matriz compuesta principalmente por agua, geotermia, viento y sol, lo que nos ha permitido ser autosuficientes en materia eléctrica, ahorrar millones en divisas y tener precios competitivos, reconocidos por la CEPAL. Su capacidad instalada supera los 3.671 MW, donde el 64,7 MW es hidroeléctrica, 12% eólica, 7,2 % geotérmica, 1 % bagazo de caña y 0,43 % solar. Ahora, con el argumento de las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Irán, y quizá pensando en el amenazante fenómeno de El Niño que se prevé de gran intensidad, el ICE ha anunciado la compra acelerada de otra planta térmica en su plantel de Limón, con una capacidad instalada de 200 megavatios, para dentro de tres años, que no alterará significativamente la producción eléctrica limpia.

Ahora bien, nuestro natural modelo monopólico de transmisión, originado con la Segunda República es, sin embargo, abierto en la “generación” con un componente privado del 26 %, abierto sin que se contara en el momento de su apertura, con los estudios que hubiesen previsto los problemas ambientales, de generación y sistema tarifario que eventualmente se hicieron presentes. La “distribución” atendida a través de ocho empresas (ICE, CNFL, 2 municipales y 4 cooperativas) no impiden que, por ley, sea el ICE el único responsable del suministro eléctrico.

No se puede desdeñar que la función medular del ICE sea planificar, prever y solucionar todos los problemas, previstos e imprevistos, para que el país, independientemente de los demás actores que intervienen, garantice electricidad todo el año, por todos los rincones del país, ofrecida, a diferencia de cualquier empresa privada, sin fines de lucro. Para ello, el ICE es la única institución que planifica a 20 o más años, en virtud de la compleja naturaleza de sus proyectos, lo que es favorecido por estar centralizados en una sola Institución. Un Instituto Costarricense de Electricidad, por cierto, últimamente golpeado desde adentro por su jerarquía, sin embargo, es todavía robusta gracias a la resistencia exhibida por su atenta «fuerza amarilla», que se esmera por ejecutar sus labores profesionales pese a los obstáculos que ponen en su camino los avaros privatizadores.

Asimismo, no ha de desdeñarse que los precios de compra a los generadores privados, fijados por ley, son, casi siempre, los más caros de la matriz eléctrica, aunque ellos, siempre al asecho, paradójicamente atacan al ICE por sus supuestas altas tarifas. Son los mismos que están «esperando el momento para desarmarlo y repartírselo y de paso aumentar la generación en manos privadas» (Gerardo Fumero), mientras «acusan» al ICE de ser un juez y parte que administra mal el sistema mientras actúa como rector, como regulador del mercado, y que, según ellos, solo debe ser operador. Un ICE, dicen, que no coordina con sus filiales, que no planifica, que no aprovecha las plantas al 100 %, que no es capaz de prever cambios en la demanda, que perdió la senda, que su modelo es obsoleto, etc., y otros pecados capitales, que ni ellos mismos se creen, pero que repiten para convencer a incautos que desconocen que sin el ICE, sus recibos de electricidad serían significativamente más elevados.

En resumen, ante nuevos ataques al ICE por medio de proyectos que dejan su fétido olor por los pasillos del horrible edificio legislativo, esperamos que, al menos, las 26 diputaciones del BLOQUE DEMOCRÁTICO, y la ciudadanía comprometida con la Patria, revivan la lucha por nuestro ICE, por el Instituto estatal ejemplar, orgullo de los buenos costarricenses, para que no puedan ser aprobados ante el rechazo popular.

Nos hace falta una idea de país que entusiasme a la ciudadanía

Gilberto Lopes
10 de mayo de 2026

Demolido sistemáticamente lo que quedaba del esfuerzo de construir una sociedad solidaria en Costa Rica, durante más de cuatro décadas la paulatina privatización de los recursos del Estado tuvo dos efectos: por un lado, redujo las opciones para contener el déficit fiscal; por otro, concentró la riqueza, alimentando una creciente polarización social.

¿Qué país se podía construir así? El que tenemos hoy. Una de sus expresiones más dramáticas es que más sectores han quedado marginados. Por un lado, las costas: en el Caribe, en la Pacífico, en Guanacaste. Por otro, la juventud que, sin educación adecuada, sin expectativa de ingresos, sin horizontes, es reclutada por el crimen organizado, que la seduce con la oferta de riqueza rápida y una vida corta.

¿Es ese el país que queremos?

Avanzamos por ese camino hasta terminar –en mi opinión, mediante cinismo político y engaño de la oferta electoral– poniendo un candado a cualquier eventual intento de retomar un camino solidario. Mediante la regla fiscal se precarizó el empleo público y se amarró la mano al Estado, indispensable para atender las demandas públicas y privadas de nuestra sociedad.

No es que no se necesitara enfrentar el crecimiento de la deuda pública. Había que hacerlo. Pero hay varias formas de hacerlo. La más importante es empezar a revertir un proceso de privatizaciones que deja el Estado impotente para hacer frente a las necesidades de la población. Pero no. La decisión fue recortar el gasto público, mientras trataban de convencernos de que esa era la mejor alternativa para enfrentar el problema.

Calculen, por ejemplo, cuantos miles de millones fueron a parar a manos privadas por la privatización del sector bancario, cuya nacionalización fue a base de la Segunda República. O los miles de millones que se transfieren todos los días de los bolsillos de los costarricenses a los concesionarios de una carretera privatizada y cada vez menos eficiente, como la 27, recursos que podrían destinarse al desarrollo de obras públicas en el país, en vez de financiar las vacaciones en el mediterráneo de los beneficiados con una concesión leonina.

¿Qué sentido tienen proyectos como esos? ¿Qué idea de país se puede forjar así? Me parece que ninguna. Además, desprestigiados los políticos que nos llevaron por ese camino, se abrieron las puertas para que cualquier aventurero que los atacara contara con el apoyo entusiasta de la mayoría. Naturalmente, no tardó en aparecer el oportunista capaz de hacerlo y de hacerlo de la manera más soez.

Tampoco fue capaz la oposición de renovar una idea de país. En vez de presentar sus propias propuestas políticas, su agenda se centró en la crítica a las del gobierno existente. A levantar la voz contra los riesgos del “populismo” y del “autoritarismo” con los que cada uno califica, a su modo, el gobierno. Sin que eso ayude a aclarar una alternativa o a debilitar el apoyo de los que simpatizan con el gobierno.

Siempre he desconfiado de los conceptos de se pretenden por encima de la política, que reivindican la extraordinaria calidad de poder servir para criticar, por igual, a la derecha y a la izquierda. Nos eximimos así de la obligación de ofrecer una alternativa política a la población, muchas veces aliados a la idea de que derecha e izquierda son conceptos inútiles para enfrentar el escenario político actual.

“Populismo” y “autoritarismo

Naturalmente, no comparto esos puntos de vista. Quiero sugerir algo distinto. Mientras una oposición (cada vez más minoritaria) ponía el grito en el cielo por lo que consideraba amenazas a la democracia, se consolidaba una política conservadora que quedará mejor delineada en este nuevo gobierno, con una cómoda mayoría parlamentaria.

El ministro de la Presidencia, que en el gobierno anterior no tenía ninguna importancia pues la política oficial consistía en descalificar a la oposición (no a negociar con ella), ahora tendrá una tarea distinta: mantener el orden en una fracción mayoritaria y tratar de sumar algunos votos que les permitan conformar una mayoría calificada.

Por otro lado, desde Hacienda, se trata de la aplicación radical de la regla fiscal, consolidando una política conservadora sustentada, además, por la criminalización de la protesta social y la limitación de la inversión pública.

No se trata de “populismo” ni “autoritarismo”, sino de algo más importante: de una política conservadora, surfeando la ola de desprestigio de líderes políticos que se encargaron de ir vaciando toda idea de país que pudiera entusiasmar a la ciudadanía.

La indispensable tarea de hacer saltar la regla fiscal

Aquí es donde se renueva la responsabilidad de quienes no compartimos ese rumbo. Es evidente que hace ya muchos años hemos sido incapaces de reivindicar una indispensable y renovada idea de país.

¿Por qué no denunciar una regla fiscal que, tal como está concebida, no es más que una cadena que inmoviliza todo posibilidad de responder a las demandas, a las necesidades, de nuestra población? Dirán que esa es una pelea imposible. Lo es hoy, porque hemos renunciado a darla. Pero la política, al contrario de lo que se repite con majadería, no es el arte de lo posible. Me parece que es el arte de hacer posible lo que es indispensable para construir un país.

Hacer saltar esa regla es quizás el objetivo más urgente y más fácil de explicar a la ciudadanía, si nos empeñamos en hacerlo. No es complicado. Hay más de un estudio sobre el tema, barridos para debajo de la alfombra por los intereses conservadores empeñados en aplicarla. A nosotros nos corresponde recuperarlos.

Me permito sugerir uno, escrito por el economista español Juan José Torres. En un artículo titulado “Vuelve a demostrarse: las reglas fiscales de la Unión Europea son un engaño” (puede ser visto aquí: https://juantorreslopez.com/vuelve-a-demostrarse-las-reglas-fiscales-de-la-ue-son-un-engano/), Torres se refiere a los resultados de esas reglas fiscales, establecidas en el Tratado de Maastricht en 1992 para la Europa comunitaria. Estipulaban que los déficits públicos no podían superar el 3% del PIB de cada país, ni la deuda pública el 60%, tal como se estableció en la regla fiscal de Costa Rica.

La excusa para eso –dice Torres– “fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits”. Como aquí.

Sin embargo –agrega– las políticas de austeridad que se impusieron con ese propósito no lograron ese objetivo: “la deuda aumentó en lugar de disminuir, en contra de lo que se había asegurado, tras recortar el gasto público”.

Torres insiste en que no hay ni una sola razón científica que permita asegurar que mantener déficits inferiores al tres por ciento del PIB o del 60 por ciento de la deuda pública redundará en una reducción de la deuda. Tampoco se puede negar que eso reducirá la actividad económica. Más bien sucede lo contrario, pues el gasto público es fundamental para llevar a cabo inversiones fuera del alcance de la iniciativa privada, dice Torres. Lo cierto es que esa regla fiscal, que el nuevo ministro de Hacienda tratará de aplicar a rajatabla, solo nos llevará por el mismo camino.

No dejo de pensar en que enfrentar desde ya ese escenario, cuyas dramáticas consecuencias son evidentes, nos abre un horizonte hacia el que caminar, con el posible apoyo los sectores que han ido quedando en el camino en esas décadas de privatizaciones: trabajadores del sector privado, empresarios de los más diversos sectores, funcionarios públicos, pensionados, jóvenes, la educación, la salud, todos los sectores están siendo afectados por la amarra impuesta al país por esa regla fiscal.

Una alternativa para el país

La lucha nos obligará a ir buscando caminos, a ir ensanchando horizontes, a ir sumando voluntades, a ir sugiriendo una nueva idea de país que durante décadas las privatizaciones han venido demoliendo.

El exdirector del programa Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez Saxe, enumeró, en un artículo –“Hablemos del futuro”– publicado el 19 de abril pasado, algunos de los problemas que enfrenta el país.

El éxito no ha sido para todos, afirmó. Entre los rezagos citó la desigualdad territorial (un problema de importantes repercusiones políticas, como quedó en evidencia en las elecciones de hace cuatro años), los mediocres resultados de la educación pública, la falencia de la estructura vial, el deterioro de la seguridad social, el desfinanciamiento de lo público, los efectos de una política monetaria sobre la competitividad de la producción nacional, “la falta de direccionalidad de la política del estado en su conjunto”.

No es poca cosa. Esa falta de direccionalidad de la política del estado resume, de cierta manera, la falta de una propuesta que entusiasme a la ciudadanía y le de sentido a un nuevo proyecto político.

No se puede construir una país con zonas francas, ni con un modelo de turismo como se ha venido desarrollando. Las zonas francas son un modelo de desarrollo para las empresas que se aprovechan de los beneficios que se les otorga (sobre el tema sugiero el artículo de los economistas Luis Carlos Olivares y Daniel Vartanián, “Cuatro mitos sobre las Zonas Francas y una errata política legislativa”, publicado el 8 de junio del 2020). Son ellas las que se desarrollan, mientras que, para el país, representa algunos empleos mejor pagados, siempre muy limitados, mientras los trabajadores nacionales son empujados a la informalidad. Ya en 2020 cifras de Hacienda revelaban que en Costa Rica había 1.040.025 personas en la informalidad, casi 55% del empleo en el sector privado.

Nuestro desarrollo tiene que estar basado en el desarrollo de empresas nacionales, de servicios, agrícolas, industriales. ¡Pero empresas nuestras! Públicas, ¡sí! Pero también privadas. Solo así se puede construir un país.

No se trata de oponerse a las zonas francas. Pero se trata de entender que ese no es un modelo de desarrollo. Se trata de ofrecer nuevas ideas.

Mientras no logremos avanzar en una visión propia seguiremos machacando la agenda del gobierno, discutiendo sobre el tono del discurso de la presidente, criticando la patanería del que se fue, sin ofrecer una alternativa, ni un camino distinto al que hemos venido recorriendo desde fines del siglo pasado, fundamento de la desesperanza que alimenta nuestro escenario político actual.

FIN

Foro analizará futuro de la zona marítimo-terrestre y riesgos de una nueva ola de privatización

Diversas voces académicas, sociales y comunitarias participarán en el foro en vivo “Zona marítimo-terrestre: ¿hacia una nueva ola de privatización?”, espacio que abordará los desafíos actuales en torno al acceso, uso y defensa de las costas costarricenses.

La actividad reunirá a personas especialistas vinculadas con investigación universitaria, organización comunitaria, asesoría legislativa y movimientos sociales, con el objetivo de reflexionar sobre posibles cambios en la gestión de la zona marítimo-terrestre y sus impactos sociales, ambientales y territoriales.

El foro se realizará el lunes 20 de abril a las 6:00 p. m., con transmisión mediante Facebook Live de SURCOS Digital.

Personas panelistas

  • Silvia Rojas, Programa Interdisciplinario Costero (PIC-IDESPO) y Escuela de Sociología, Universidad Nacional.

  • Pamela Bojorge, politóloga e integrante del equipo coordinador de la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica.

  • Jessica Ramírez, politóloga y asesora legislativa.

  • Damaris Rodríguez, presidenta de la Asociación Rescate de la Zona Marítimo-Terrestre.

La actividad ha sido organizada por la Alianza por una Vida Digna, la Escuela de Geografía de la UCR, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes y SURCOS Digital.

El encuentro busca abrir el debate público sobre el futuro de los territorios costeros, los derechos de las comunidades y las amenazas de privatización en espacios de alto valor social y ambiental.