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Etiqueta: privatización

La democracia no pertenece al Estado

Juan Huaylupo

El Estado costarricense, a través de sucesivos gobiernos, es responsable de la inaceptable pérdida de logros y conquistas democráticas. Por ello estamos en las calles: para reconquistar lo arrebatado, de forma ilegítima, por estas sucesivas tiranías que se han apoderado del aparato estatal y se han autoidentificado como agresivas protagonistas de la liquidación de la institucionalidad pública, del desfinanciamiento de la educación y la salud, y del irrespeto a la normatividad pública, entre otras acciones que esta nefasta dictadura efectúa de manera abierta. A mi juicio, la actuación estatal se muestra como un declarado enemigo de la historia, la cultura y la democracia de la sociedad costarricense.

El Estado costarricense no es un grupúsculo de administradores ineptos, prepotentes jerarcas, ministros y una burocracia incondicional que se arrogan la facultad de decidir y disponer autónomamente el destino social, político y económico de las personas y de la sociedad. Actúan ajenos a las necesidades de la ciudadanía en alimentación, salud, educación, seguridad, vivienda social, trabajo remunerado y estabilidad laboral, y con ello afectan críticamente la situación y la vida de quienes menos posibilidades tienen de satisfacer sus propias necesidades básicas. Liquidar la institucionalidad pública, como lo hacen los autócratas, es negar la atención de los servicios públicos. Estos no son regalos: están pagados por las personas trabajadoras activas y jubiladas, y deben pagarlos también los empleadores morosos y las entidades públicas. Son obligaciones ineludibles que deben plasmarse en el presupuesto nacional y en su ejecución por parte de quienes ejercen la función pública. Restringir o impedir que las instituciones cumplan con sus obligaciones constitucionales es la privación y privatización de los recursos, que condena al empobrecimiento y sus secuelas a la inmensa mayoría de la población costarricense.

Un gobierno que privatiza lo público no es un Estado social, moderno, benefactor o nacional. Es un Estado atrasado, que puede corresponder a cualquier estadio del pasado, como el esclavista o el feudal, porque en esas épocas no existían políticas públicas, elecciones universales, gobierno de todos para todos, democracia ni soberanía. El monarca, el autócrata, el esclavista o el dueño de riquezas, tierras y vidas era el tirano absoluto, en un tiempo y un espacio sin más normas ni pautas que las propias. En el presente, es el autócrata fascista. Las nociones de gobernados y gobierno son inadecuadas para los regímenes totalitarios, y tampoco lo son para Costa Rica, pues las personas gobernadas no son esclavas ni carecen de derechos sociales y jurídicos. Son colectividades con pensamiento, decisiones y acciones propias, que tienen derechos, que eligen a quienes deben actuar en su beneficio, y que también luchan contra los gobiernos que las desprecian, explotan y empobrecen, y los destituyen por las vías que la democracia ofrece. Por tanto, ni los gobiernos ni quienes gobiernan son autónomos: dependen de la ciudadanía, a la que tienen la obligación incondicional de servir.

El Estado social de derecho es la concreción democrática de la sociedad y debe ser el garante del bien común y de los derechos igualitarios para la continuidad tanto de la sociedad como del propio Estado. Esto es, el Estado social no es un actor extraño ni ajeno a nuestra historia, ni un ente que representa solo a una clase; su función es para todas las personas, en medio de una desigualdad social sistémica. Un Estado que se parcializa, que usa el monopolio de la violencia con criterio de clase y custodia los intereses de los ricos de la sociedad, es un Estado atrasado: una regresión política a la lucha de todos contra todos, a la perpetuación del antagonismo entre clases y a las guerras, hasta la liquidación de la civilización y la humanidad.

«Divide y reinarás» es una vieja consigna que los autócratas y su entorno han empleado contra sus adversarios políticos para manipular, desprestigiar, confundir y engañar a la ciudadanía, y para controlar procesos políticos y electorales. Un ejemplo es el uso de las llamadas «granjas de bots» en elecciones de nuestra América, un fenómeno que, a mi juicio, también debería investigarse en Costa Rica.

La acción libre de la ciudadanía es de vital trascendencia para la creación y el fortalecimiento de la democracia en la política nacional. La degradación y liquidación de la política pública, las amenazas, el desprecio y el chantaje de la actual dictadura, así como el irrespeto al sistema jurídico y constitucional, son actos que tienden hacia el establecimiento de un poder político absoluto, incompatible con la democracia, el derecho y el progreso social.

Ante las condiciones impuestas por la dictadura costarricense, la población no ha permanecido pasiva ni observadora. Por el contrario, participa activamente en la reconstitución y recreación de la democracia con su pensamiento, su participación, sus protestas y sus manifestaciones sociales, como también ocurre actualmente en Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal, Albania, Serbia, Turquía, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Argentina y Paraguay, porque las acciones del fascismo son globales.

La subordinación política a los adinerados y explotadores, así como la sumisión a potencias extranjeras, con prácticas que contribuyen a la polarización social mediante el incremento de la explotación, la miseria, las enfermedades y la desnutrición, son muestras de que esta dictadura no gobierna, sino que usurpa el poder social.

La política de austeridad es una amenaza al desarrollo del país

Gilberto Lopes
San José, 13 de noviembre de 2026

Se renuevan las propuestas de venta de activos públicos costarricenses, de privatización de los sistemas de pensión, de las medidas de austeridad, contempladas en el presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa.

Con la deuda pública superando nuevamente el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) se aplican las medidas de contención del gasto de acuerdo con la ley aprobada en el gobierno de Carlos Alvarado.

No faltan quienes sugieren que el Estado no puede gastar más de lo que ingresa, que las reglas de la economía de una sociedad son iguales a las de una familia. Vale la pena detenerse en esa idea: ¿es realmente así? ¿Qué países desarrollados se rigen por esa regla?

Es cierto que una familia que vive endeudada, que vive de préstamos, probablemente terminará por arruinarse cuando ya no pueda honrar sus compromisos. El Estado, por el contrario, no puede dejar de gastar para que la sociedad funcione. Lo cierto es que un Estado no quiebra. Inclusive cuando entra en default, cuando no puede pagar su deuda, el resultado es muy distinto a lo que ocurre con una empresa o una familia.

No hay que perder esto de vista, porque tiene importancia para entender cuáles son nuestras alternativas y por qué nos tratan de asustar con argumentaciones como estas.

Por lo general quienes argumentan así apuntan a las privatizaciones y a las políticas de austeridad. Las primeras responden a los intereses de cierto capital, con frecuencia internacional. Las segundas, al deterioro del nivel de vida de las mayorías. Me parece que ninguna de las dos responde a los intereses de las mayorías nacionales –trabajadores y empresarios– y no son, por lo tanto, un camino que responda a los mejores intereses nacionales.

La relación entre la deuda y el PIB varía no solo cuando crece la deuda sino también cuando lo hace el PIB. En un debate sobre las políticas económicas en la reciente campaña electoral en Brasil se destacó que, en un país con grandes desigualdades económicas y sociales, donde las políticas públicas son un factor esencial para su reducción, la austeridad fiscal termina contribuyendo a aumentarlas y a debilitar la democracia. No es muy distinto el panorama en Costa Rica.

La austeridad fiscal no es solo una política económica, es un proyecto político. Las inversiones públicas y las medidas redistributivas aplicadas por el Estado tienen consecuencias importantes en la realidad social de un país. El énfasis en la austeridad desdibuja el proyecto de desarrollo que un país necesita.

Por qué la deuda no disminuye

En una reciente discusión sobre el tema en el diario El Financiero, se preguntaban por qué la deuda no disminuye en Costa Rica, pese a las medidas para contener el gasto.

Un economista español, Juan Torres López, catedrático de la Universidad de Sevilla, ha escrito mucho sobre el tema. Hace años lo fui a entrevistar a su universidad y desde entonces no he dejado de asomarme a sus análisis.

Europeo, su referencia es el Tratado de Maastricht que, en 1992, fijó las normas para la creación de una Unión Económica y Monetaria en la Unión Europea y para la creación de la moneda común europea, el euro.

El Tratado de Maastricht estableció que los déficits públicos de los países miembros no debían superar el 3% del PIB; y la deuda pública, el 60%.

La excusa –dice Torres en su artículo– “fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits”. Pero no hay una sola razón científica para asegurar que mantener déficits inferiores al 3% del PIB, o una deuda inferior a 60%, permitirá reducir la deuda y que no tendrá un efecto negativo en la actividad económica del país, afirma.

Los intereses políticos

Es evidente que no hemos sido muy originales cuando, en el gobierno Alvarado, fijaron el límite de gastos y estipularon drásticas medidas de austeridad para reducir el déficit. Sin embargo, las políticas de austeridad, ni en Europa ni aquí, lograron ese objetivo. Por el contrario, al reducir el gasto público, la deuda aumentó en lugar de disminuir.

El tema de la deuda es objeto de miles de páginas de economistas, políticos, académicos. Es un tema importante, pero que no tiene soluciones ajenas a intereses económicos y políticos. No se trata de un problema “científico”.

En un estudio sobre el tema, publicado en el Cambridge Journal of Economics en diciembre del 2013, tres economistas –Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Pollin– se preguntan si una alta deuda pública afecta consistentemente el crecimiento económico.

Tres años antes, dos colegas, Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, habían escrito un artículo –Growth in a Time of Debt– en el que respondían afirmativamente a esa pregunta.

Herndon, Ash y Polin no estaban de acuerdo. Su respuesta muestra, en primer lugar, el manejo equivocado de los datos por parte de Rogoff y Reinhart. Al contrario de lo que sostienen, los datos sobre el crecimiento, cuando la deuda pública supera inclusive el 90% del PIB, no difieren de manera drástica, cuando la deuda es inferior.

Rogoff y Reinhart presentaron sus conclusiones al Comité de Presupuesto del Senado estadounidense y estas fueron luego reproducidas por grandes medios de comunicación: The Economist, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Fox News, National Public Radio y otros.

Los resultados sirvieron para justificar las medidas de austeridad que se impusieron en Estados Unidos, en Europa y también en América Latina.

La necesidad de una nueva propuesta

En Costa Rica, con atraso y gracias a la alianza con los sectores más conservadores del país, un gobierno elegido con promesas distintas impuso una política de límites de gasto que no van a resolver el problema de la deuda, lo van a agravar. Solo han servido para descarrilar el proyecto económico del país e imponer una pesada carga para la inmensa mayoría de la población.

Como lo señalan los estudios citados, terminaron dando pie a renovados esfuerzos de grupos interesados en privatizar los recursos públicos y en aplicar políticas de austeridad.

Una nueva visión de país necesita repensar este esquema, analizar sus efectos y avanzar en la elaboración de una nueva propuesta que responda al interés de la mayor parte de la población.

Convocan a marcha nacional en defensa de la CCSS y la democracia para el 8 de noviembre

La Red Nacional por la Democracia convoca a una marcha “en defensa de la CCSS y la democracia” para el domingo 8 de noviembre, a las 9 a. m., bajo la consigna “Páguele a la Caja”.

En San José, el recorrido saldrá del parque de La Merced y llegará al edificio central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La convocatoria tiene alcance nacional. Para las regiones fuera del Valle Central, la organización preparó una segunda versión del afiche, sin punto de reunión definido. La idea es que las organizaciones y las personas de cada localidad definan su propio punto de encuentro y su recorrido, y lo anoten en el afiche para difundir la convocatoria en su comunidad.

El afiche plantea una pregunta sobre el costo de la atención privada: “Un parto normal en promedio cuesta alrededor de 2,5 millones de colones en una clínica privada, ¿tendremos que endeudarnos para tener hijos si no evitamos que privaticen la Caja?”.

Desmantelamiento sistemático del ICE

Gerardo Fumero Paniagua

El Instituto Costarricense de Electricidad fue creado en 1949 como un baluarte del desarrollo socioeconómico, y en pocas décadas sacó al país de la oscuridad y la incomunicación en que lo mantenía la transnacional Electric Bond and Share Company, lo que podría considerarse una de las experiencias empresariales estatales más exitosas de Latinoamérica.

Pero precisamente sus dos servicios, públicos y esenciales para los costarricenses, sumamente lucrativos en manos privadas, serían también su perdición, pues pronto provocarían de nuevo la codicia de los privados. El sector de Energía sufrió un primer embate 41 años después, con la ley No. 7200 en 1990, mediante la cual se le cedió a Cogeneradores un 30% del negocio rentable (la generación) y se creó el mecanismo para exigirle al ICE que adquiriera esa energía a “precios de oro”, aunque no la ocupara.

El tristemente célebre “Combo del ICE”, 51 años después, en el año 2000 intentó arrebatarle la totalidad de las partes rentables de su operación, pero la reacción popular fue mayor que la codicia de los privados. Después del Combo se hicieron otros intentos de abrir completamente la generación eléctrica, proyectos que de nuevo fueron rechazados por la resistencia popular y algunos legisladores con alma, por ejemplo, los expedientes 17.812 y 18.093.

En 2008, 45 años después de la creación de Telecomunicaciones, un Tratado de Libre Comercio aprobado a punta de propaganda, mentiras, chantajes y amenazas, abrió finalmente la parte rentable de ese mercado, Ley No. 8642, y se le dejó al ICE en exclusiva, lo que podría considerarse servicios sociales: la telefonía fija y la pública.

Desde principios de la presente década, el ICE pudo haber brindado servicios móviles 5G, actualizando sus equipos Huawei 4G, aprovechando la inversión que había hecho en ellos, valorada hasta en $1.500 millones, según estimó el mismo presidente ejecutivo del ICE, el Ing. Marco Acuña Mora, el 23/01/23, en Nuestra Voz. El 21/11/24 también declaró allí mismo que el ICE perdería $289 millones en los próximos 5 años si no implementaba 5G.

Pero cuando precisamente se negociaba con Huawei esa actualización tecnológica, en agosto del 2023, Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE. UU., anunció una donación de $10 millones para “ciberseguridad”, ante la preocupación de Estados Unidos por la participación de China en nuestros servicios 5G.

 

El 29/08/23, el presidente Rodrigo Chaves se reunió en la Casa Blanca con Joe Biden para discutir … y “seguridad digital”. El 31/08/23, Chaves firmó el Decreto de “Ciberseguridad”, No. 44196-MSP-MICITT, publicado el 04/09/23, que de “ciberseguridad” nada tiene, pero en cambio prohíbe al ICE (a nadie más) la compra de equipos chinos.

Entonces, sin poder aprovechar su red instalada, el ICE viene siendo obligado a hacer inversiones por cientos de millones de dólares para sustituir la red Huawei y sin un norte claro y con interferencias políticas directas desde el MICIT y la Casa Presidencial, transita un calvario sin rumbo, mientras la competencia contabilizaba en abril del 2026, 1,6 millones de líneas celulares 5G.

Pero no basta con cercenarle los mercados; hay que ir también contra su organización. El 22/04/2026, el presidente ejecutivo (en funciones de gerente general interino) ordenó la reorganización de la Gerencia de Electricidad, trasladando la planificación de la expansión del sistema de transmisión de la Dirección de Planificación y Sostenibilidad, DPS, a la División de Transmisión, DT.

Fragmentar o diluir las funciones de una planificación técnica, hasta hoy la piedra angular que garantizó la soberanía energética y una matriz eléctrica renovable desde mediados del siglo XX, propicia decisiones coyunturales o políticas en lugar de aquellas de carácter técnico, sustentadas en profundos estudios y modelos hidrológicos, financieros y de demanda real. En un contexto de cambio climático (fenómeno de El Niño más severo) y de mayor demanda por la electromovilidad, la ausencia de un ente planificador, eminentemente técnico, con experiencia y nacional, compromete la seguridad energética del país y la capacidad técnica, legal y operativa del ICE.

No contentos todavía, decidieron también destruir hasta lo que representa al ICE, su propia sede central, el edificio del ICE – Sabana, (un símbolo de la Segunda República, el Estado Social de Derecho y el Estado de Bienestar, junto con la CCSS), pues en junio de 2026 todavía el P. E. sostenía que no tenía sentido construir una nueva sede y prefería invertir los recursos en generación eléctrica; pero apenas dos meses después anunció la demolición de dicho edificio y la construcción de uno nuevo.

Para profundizar la desarticulación interna, entre el 23 y el 29 de junio de 2026, la Gerencia de Electricidad trasladó el personal y las competencias para la elaboración del Plan de Expansión de la Distribución hacia la División de Distribución y Comercialización (DDC), así como los estudios de conexión a la red.

El 27 de agosto, el Consejo Directivo del ICE acordó finalmente demoler el edificio actual y construir una nueva torre de 40.000 metros cuadrados, edificio que aseguró costaría $100 millones, mientras que rehabilitar el actual costaría $120 millones.

Solo para mencionar algunas otras coincidencias, el 18 de setiembre, el subcontralor (fungiendo como contralor interino) se reunió con Rodrigo Chaves para tratar varios asuntos de gobierno y el 21 de setiembre, la Contraloría General de la República entregó el informe de auditoría DFOE-SOS-IAD-00005-2026 sobre la Red de Transmisión Eléctrica, en el que señaló problemas de gestión asignados a la ejecución de proyectos y de preinversión.

El 22 de setiembre el Consejo Directivo aprobó la disolución definitiva de la DPS, violando la Ley No. 10.159, el Decreto No. 43864-PLAN y todos los procedimientos internos (Estatuto de Personal y Convención Colectiva), por lo que tales acuerdos, a mi juicio, son absolutamente ilegales.

La cereza en el pastel sería la aprobación del proyecto de ley de Armonización Eléctrica, Expediente No. 23.414 que pretende cercenarle al ICE el Centro Nacional de Control Eléctrico, crear unos 100 nuevos agentes de mercado (intermediarios), abrir completamente la generación eléctrica, permitir la exportación de los privados al mercado centroamericano y quitarle toda potestad de planificación para pasarla a manos políticas, bajo el MINAE, y finalmente, para presionar la aprobación de dicho proyecto de ley, el 24 de setiembre la UCCAEP orquestó todo un show con cobertura nacional.

Me desvela pensar: ¿cómo pueden, apenas tres o cuatro generaciones después, pensar y actuar de forma tan contradictoria? Por ejemplo, algunos de nuestros bisabuelos, que en marzo de 1890 producían café, propusieron al presidente José Joaquín Rodríguez la creación de un impuesto a la exportación del grano, para construir un Teatro Nacional, el cual fue inaugurado en 1897. Apenas 80 años después, el lucro, la ambición y la avaricia desmedidas han socavado el Estado, transformando servicios públicos esenciales en lucrativos negocios privados, aunque muchos pobres ya no puedan tenerlos; tal es el caso de la educación, la salud, la seguridad, la electricidad y las telecomunicaciones, vaciando de contenido los principios sociales y de solidaridad recogidos en nuestra Constitución de 1949, artículos 50 y 74.

Lo único que está clarísimo es el contubernio de fuerzas políticas y económicas para destruir la institucionalidad y la democracia, y el servilismo y el amor al poder de la mayoría de los jerarcas, dispuestos a decir (como marionetas) cualquier cosa un día y lo contrario al siguiente, no sin antes dejar en el canasto de la basura sus propios criterios y sus principios, si los tenían.

La patología del poder en Costa Rica

Juan Huaylupoi

En la actualidad la política costarricense se ha degradado transgrediendo radicalmente su pasado. El presente y su devenir no reproduce procesos ni significaciones del pasado, sin embargo, toda sociedad conserva el sello indeleble de su historia, cultura, socialización, conservada a través peculiares patrones sociales y políticos que fueron respetados y reproducidos, como una subjetividad colectiva, que no necesitó instrucción ni coacción para su reproducción. Nuestra democracia estaba consolidada y nutrida por esa idiosincrasia que permitió conservar sus modos de vida colectiva, históricamente construidas, a la vez que creaba barreras contra un orden ajeno y la instauración de estructuras perversas de poderes clasistas, corruptos o delincuenciales.

En ese pasado fue la sociedad civil unitaria y solidaria quien creó una democracia que modelaba el quehacer estatal o sociedad política. La heterogeneidad social no fue obstáculo en la reproducción de su democracia y paz social, donde ninguna clase, movimiento social o posición político-partidaria poseía la capacidad para apropiarse del aparato estatal para autocráticamente usurpar el poder o enriquecerse ilegal e ilegítimamente. Nuestra sociedad civil demostró ser la protagonista que creaba y viabilizaba la democracia, no fue del Estado, dado que era dependiente y ejecutor de la voluntad, decisiones y acciones de la ciudadanía para el bien común.

Nuestra memoria histórica ha otorgado al poder estatal un mérito que nunca fue suyo, los testigos directos o indirectos de la historia escrita, se identificaron con el rol visible del Estado por lo que se le asignó ser el gestor de los logros sociales alcanzados, pioneros en el ámbito latinoamericano. Sin embargo, no fue un constructo estatal, fueron conquistas logradas por nuestras familias y la ciudadanía. La educación formal nos impuso a gobernantes y algunos dirigentes como gestores individualistas de nuestro pasado, sin el debido reconocimiento del papel jugado por la sociedad civil en dichos procesos. Por ello y como retribución histórica, nuestro pueblo es leal y obediente con quienes representan ese poder, que a pesar de los años transcurridos, aun se resiste a protestar contra los abusos e inequidades de los autócratas que nos gobiernan y que incluso los amparan electoralmente. El discurso del amo parasita nuestra sociedad civil, la cual no se reconoce como protagonista de nuestro pasado, ni la historia escrita rectifica de verla como sumisa y dominada por el poder estatal.

La construcción de lo público, de las políticas públicas es una creación de la sociedad civil que el liberalismo, de ayer y hoy, le ha arrebatado y privatizado desde el poder estatal y de los intereses de los propietarios globales. De manera similar, las elecciones que fueron el instrumento sancionatorio de la ciudadanía costarricense contra los partidos y autócratas que violentaron el interés común, hoy también ha sido trastocado con demagogia y discursos de odio de los autócratas del actual gobierno, que buscan lograr sus ambiciones privadas, dividiendo y enfrentando a nuestra ciudadanía, que ya no escucha, no comparte ni les interesa las ideas, pensamientos ni propuestas de los otros.

La insatisfacción y el desencanto ciudadano causado por el liberalismo de anteriores gobiernos, ha sido capitalizado por los radicales liberales que nos gobiernan, que dueños de un partido y de la mercantización de los medios, están capturando y destruyendo la institucionalidad pública, no para adecuarlas a las necesidades existentes, sino para privatizarlas, como ya se hace en Argentina, Ecuador, Perú y Chile entre otros espacios latinoamericanos como un proyecto estratégico global más allá de nuestras fronteras.

Las dictaduras electorales son el resultado de escisiones ciudadanas, como lo hicieron sus predecesoras fascistas, cuyos discursos de odio fueron preludios de violencia social, muertes civiles y guerras. El fascismo no construye, toda oposición real o ficticia es destruida, como ya lo enuncia la estupidez gubernamental, para que el miedo, aislamiento y el silencio les permita el ejercicio totalitario del poder.

El fascismo no terminó con la II GM, tampoco se refugió, para aparecer simultáneamente en muchos países, ni surgen por generación espontánea, las condiciones y posiciones radicales autoritarias y contradictorias existentes en la globalidad contemporánea, crean fascistas que actúan y se preparan para desaparecer a los otros, hasta que la invocación a Tanatus logre su clímax, la liquidación de cualquier identidad, sean migrantes, ricos, ignorantes, pobres, intelectuales, indígenas, pueblos o la humanidad. La patología fascista no tiene límite, asesinan suicidándose.

El fascismo contemporáneo no es un invento ni una fantasía fatalista, es la evidente consecuencia del fin del diálogo y la concertación, para imperar los gritos, el odio, las calumnias y las amenazas. La demagogia y el discurso agresivo que los caracteriza no es original, imitan a patológicos personajes como Adolf Hitler. Augusto Pinochet y Donald Trump.

El discurso de odio ya actúa destruyendo los resquicios del Estado Social de Costa Rica, como provocación hacia la violencia salvaje contra todos los que se oponen, observan, reflexionan, de los indiferentes e ignorantes. La reconstitución de la condición política de la sociedad civil hacia el bien común es una alternativa de nuestras sociedades y de la humanidad contra el horizonte trágico del poder fascista imperante.

i Docente universitario pensionado. Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

El lado oculto de la “armonización” eléctrica

José Luis Amador.

José Luis Amador

Los políticos empresarios y sus afines dicen que hacen falta más empresarios privados produciendo energía porque, el ICE, por sí solo, no puede producir y financiar la energía que está requiriendo el país. Pero el problema es que ya existe una ley de cogeneración eléctrica, donde estos empresarios han estado generando y vendiendo energía al ICE a precios exorbitantes, haciendo un gran negocio, por cierto. Pero ese no es el punto.

El asunto es que ahora quieren más.

Ahora van por todo.

El problema es que, con su deseada ley, los empresarios dejan de ser cogeneradores y pasan a dirigir el negocio eléctrico. Ahora, las funciones de planeación y administración del negocio eléctrico, que por mandato de la Constitución han estado exitosamente en manos del ICE, pasarán de manera solapada al control de los empresarios privados.

Con esta ley el ICE se convierte en un actor secundario mientras se está entregando la rectoría del negocio a los intereses privados y afines. Esto echa por tierra los principios de servicio público y precio al costo establecidos por la constitución y garantizados por el ICE. Los únicos beneficiados serán los empresarios y los “grandes consumidores”.

Actualmente, las ventas de energía a Centroamérica las hace el ICE y los recursos así obtenidos se aplica a la institución lo que redunda en baja de las tarifas. En la nueva ley los empresarios privados podrán vender directamente a Centroamérica o a grandes consumidores, obteniendo para sí los beneficios que antes se distribuían colectivamente en provecho del usuario. Lo que antes era para el usuario ahora es para el empresario.

Depende de usted ciudadano. Si gentilmente y por puro amor a los políticos empresarios como Oscar Arias, José Ma. Figueres y otros generadores privados, entregamos esta Institución del Estado que tanto nos ha dado y sigue dando, y dejamos que se convierta en un cascarón al servicio de los grandes empresarios,

Una suculenta e innecesaria dádiva del pueblo costarricense a los generadores privados: ticos con corona.

Todo un retroceso histórico.

En la imagen podemos apreciar la represa de la planta Cachí, una de las grandes obras del ICE.

La “nueva derecha” y la destrucción del ICE

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Este tema es muy serio y grave, ajeno a los denuestos que pueda generar en las redes sociales dominadas por los troles o bots engendros del chavismo. Por eso, voy a comenzar con una explicación casi didáctica, para que nos ubiquemos exactamente sobre lo que estamos tratando.

Empecemos por señalar que no nos estamos refiriendo a la derecha tradicional que apoyó las ideas de la democracia liberal y que, como sucedió en Costa Rica, supo convivir con la alternancia de partidos social demócratas o social cristianos y sus reformas sociales. No, esta nueva derecha o “conservadurismo radicalizado” como la califican varios autores entre ellos Natascha Strobl en su libro “La Nueva Derecha”, es otra cosa y es tan extremista, que se cayó del borde de la mesa para terminar en aguas procelosas de orientación fascista, donde sus seguidores nadan a placer. Cuando un movimiento político con esta orientación sea cual sea su estructura llega al poder, actúa de inmediato para establecer formas de autoritarismo cada vez más radical. Sobre esto dice Strobl

  • “Formalmente ocupan los más altos cargos del Estado, pero es precisamente esta posición las que utilizan para desmantelar el sistema democrático que los llevó a la cima. Esto afecta a todos los ámbitos del Estado, pero en especial al sistema judicial y al Parlamento: el Poder Ejecutivo va contra en contra del Judicial y del Legislativo. En el proceso la separación de poderes que es constitutiva del Estado-nación moderno y democrático se está erosionando rápida y sistemáticamente. El llamado “cuarto poder”, los medios de comunicación, también está siendo acorralado y saboteado, y el Estado de bienestar, el mayor logro del movimiento obrero organizado en el Siglo XX, está siendo debilitado…”,

Y además agrega que, una vez en el poder y de cara al exterior o sea al resto de la sociedad, se presentan como;

  • “las víctimas de un ominoso Estado profundo o de “redes rojas· secretas en el aparato judicial, realmente conservador. En el proceso el Parlamento se convierte en una institución elitista distante que no puede juzgar al líder elegido por el pueblo los medios son una red incendiaria de izquierda que difunde noticias falsas unilaterales; el Estado de bienestar alimenta a los perezosos y los emigrantes a costa de los ciudadanos locales y laboriosos”.

Quien lea con cuidado esas citas, fácilmente puede comparar esas características del asalto al poder por los aspirantes a fascistas de la nueva ultraderecha, con la desgracia que está sufriendo Costa Rica en los últimos años y que el pueblo básico y obnubilado, votó para que continuara cuatro años más con la destrucción de nuestra democracia. Calificar al ciudadano con adjetivos groseros y de menosprecio, es lo típico de estos movimientos; por eso si les dicen “básicos” es parte de la estrategia de cegarles la mente con mentiras y post verdad, pues como bien lo cita F. Finchelstein en su libro “Aspirantes a Fascistas”, Goebbels reconocía;

  • “Nuestra propaganda es primitiva, porque el pueblo piensa de forma primitiva. Hablamos el lenguaje que entiende el pueblo”.

En pocas palabras la definición de la política de mentiras y el calificativo de “básicos” que diera Pilar Cisneros. Por su parte, Finchelstein afirma también que:

  • El intento fascista de una propaganda “primitiva” produce efectos hipnotizantes para los creyentes y, al mismo tiempo, aberrantes, irreales e incluso estúpidas, para los críticos – lo que también confirma que – los lideres siempre tienen la razón, y los otros, incluidos los periodistas, deben aceptar sus explicaciones sin preguntar…”.

De esa manera, con la actitud ideológica premeditada de destruir toda la institucionalidad del país, en este momento tienen al ICE como su víctima inmediata en manos de los sicarios de la institucionalidad. El famoso proyecto de la “armonización” lo único que conlleva es la entrega de nuestra riqueza energética en manos de unos, muy pocos, generadores privados para que, precisamente, generan pingües ganancias en su beneficio y a costa de los bolsillos de la ciudadanía que, siguen aplaudiendo al verdugo que pretende sacrificar al ICE.

Para seguir engañando a los “básicos” arman la pasarela mediática, por ahí pasa un expresidente del Saprissa que es el socio y máximo ejecutivo de Genera Holdings o los representantes de la UCCAEP para que hablen a nombre de sus asociados, los generadores privados, dentro de los que hay algunos que Rodrigo Chávez insultó, denigró y llamó “costarricenses con corona” que ahora se las quiere adornar con los diamantes de la generación eléctrica, gracias al proyecto que él preparó y envió a la Asamblea Legislativa y lo mantienen en vigente sus entenados políticos en el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Ahora resulta que, a los defensores de la democracia, la institucionalidad y en este caso el ICE, nos gritan: ¡¡COMUNISTAS!!, con una ignorancia pasmosa o un cerebro que no logró sobrepasar los tiempos de la Guerra Fría. Lo que el ciudadano costarricense debe entender es que si ese calificativo perdió toda vigencia histórica, ideológica, política, económica y social, no sucede igual con los aspirantes a fascistas que SI están resucitando esa vieja ideología anti democrática y enemiga de todo lo que podemos llamar Estado Social de Derecho, a través de dictaduras reales como Bukele en El Salvador o autocracias electorales como las de Trump (EE.UU), Kast (Chile), Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz de Bolivia y el chavismo en Costa Rica, entre otros, que están destruyendo la herencia institucional que ha beneficiado a miles por décadas en toda nuestra América.

Entonces costarricense: de qué lado se coloca, es de los que protege esa herencia o de los que la destruye…pero después no se arrepienta, pues la Historia enseña que generalmente lo pueblos despiertan cuando ya es demasiado tarde.

¡Triunfo de los movimientos sociales y de la ciudadanía patriótica por el derecho a la electricidad!

Movimiento por el Derecho a la Electricidad

Jueves 28 de mayo del 2026

Desde inicios del año 2025, un conglomerado de organizaciones sociales, compartiendo las preocupaciones, de las negativas consecuencias que la eventual aprobación del expediente 23 414, tendría para la forma en que los costarricenses hemos sabido democratizar el acceso a la luz, sumamos esfuerzos en el Movimiento por el Derecho a la Electricidad, para enfrentar en conjunto, un nuevo intento de repartirse la electricidad del pueblo costarricense.

Esto entendiendo que el tiempo presente, amerita de nuestra unidad y convergencia, a partir de principios cívicos y democráticos que tenemos en común, ya que enfrentamos un momento clave para el futuro del país.

El pasado jueves 21 de mayo, desde las Organizaciones Integrantes del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, en conjunto, con parte de las Diputaciones del bloque parlamentario que se opone a este perjudicial proyecto de ley, mediante conferencia de prensa dirigida al pueblo de Costa Rica, alertamos a la sociedad costarricense, del intento del partido en el Gobierno, de aprobar apresuradamente, el plan de “Armonización”, dándole primer debate legislativo programado para el anterior martes 26 de mayo.

La respuesta de las organizaciones sociales, y de la ciudadanía patriótica, no se hizo esperar. De la mano de crecientes comunicados sumándose al llamado a participar en la jornada patriótica para oponerse al plan de armonización, también las distintas fracciones legislativas del bloque parlamentario que se opone al 23 414, fue dando sus razones técnicas para oponerse al plan de armonización, en defensa del modelo eléctrico gestionado por el ICE.

El martes 26 de mayo, un crisol de delegaciones de organizaciones estudiantiles, grupos de mujeres, movimientos ecologistas, organizaciones laborales, agrupaciones ciudadanas, organizaciones agrícolas y campesinas, grupos ecuménicos, y ciudadanía patriótica en general, acudieron al llamado, haciéndose presentes en las afueras de la Asamblea Legislativa; en una multitudinaria jornada cívica y pacífica, llena de música, expresiones artísticas, charlas técnicas, y discursos de distintas vocerías.

Dicha articulación entre el bloque parlamentario y los movimientos sociales se hizo sentir. Ya que si bien lograron aprobar en primer debate el proyecto con mayoría simple (mitad más uno de los diputados presentes a la hora de votar), lo cierto es que gracias a todo lo antes descrito, no cuentan con la mayoría calificada (38 votos) que se ocupa para aprobar el proyecto en segundo debate. Más importante aún, el resultado de la votación en primer debate (27 a favor, 24 en contra, 6 sin votar) revela que la fracción oficialista, no contó con la totalidad de los votos que la integran (31 diputados).

El día de ayer miércoles 27 de mayo, el Gobierno de la República mediante rueda de prensa desde Zapote, anunció que desconvocarían el expediente 23 414, lo cual representa un triunfo de las organizaciones integrantes del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, de los movimientos sociales, de la ciudadanía patriótica, y un triunfo del bloque parlamentario de oposición a dicha iniciativa de ley.

Desde el Movimiento por el Derecho a la Electricidad, que crece y se fortalece, consideramos que los ataques infundados y demagógicos de la presidenta de la República buscan distraer la atención del fracaso de su estrategia legislativa, resultado de un Ministerio de la Presidencia inoperante, y de una Presidencia de la República, ayuna de diálogo social, con los movimientos sociales.

Además, sobre los ataques también infundados, del presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora, queda más que claro, que cuando se acude al insulto y la descalificación de quien tiene argumentos diferentes sobre un tema, se hace gala de precariedad intelectual y carencia argumentativa.

Para la ciudadanía costarricense cada vez es más evidente que estos entes en la práctica se convierten en vocerías políticas de la línea del gobierno que los nombra en el puesto, no en vocerías técnico-profesionales. Los inquilinos de turno de dichas presidencias ejecutivas, con frecuencia, al acabar su nombramiento, pasan a ocupar altos cargos en grandes empresas privadas (práctica conocida como puertas giratorias).

Desde nuestras organizaciones, tenemos memoria: el señor Marco Acuña Mora, antes de ser director Corporativo de Electricidad y luego presidente ejecutivo del ICE, trabajaba como administrador del contrato de conexión del Grupo CMI (Capital Guatemalteco) dueño de plantas eólicas de generación privada que venden energía al ICE. Las subastas eléctricas del plan de armonización benefician a generadores privados de electricidad, algo que podría beneficiarle. Por eso le solicitamos al señor Marco Acuña su renuncia inmediata a la Presidencia Ejecutiva, ya que no representa dignamente el legado histórico del ICE.

Desde el Movimiento por el Derecho a la Electricidad nos solidarizamos con el joven estudiante Elián Jiménez Campos y exigimos la desescalada de los discursos de odio, polarización y violencia accionados por la Fuerza Pública y promovidos por la Presidencia de la República.

Llamamos al movimiento social y popular, y a la ciudadanía patriótica a mantenernos alerta. En los próximos días, anunciaremos mediante conferencia de prensa, las siguientes acciones y actividades. ¡Digamos no al plan de Armonización (23.414)!

Los pilares del desarrollo democrático nacional están amenazados

Vladimir de la Cruz

Tenemos 205 años de vida independiente. Declarada la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821 iniciamos el proceso de separación de la España colonial, que había hecho de la región que iba desde la provincia Costa Rica hasta México, pasando por Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala, como también se le conoció, de la región que comprendía a las provincias de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde el 15 de setiembre se había dispuesto comunicar a las provincias, la ruptura con España para que cada Provincia tomara su propia decisión. Chiapas, hoy estado de México también formó parte de la Capitanía General, pero se separó antes que Guatemala y el resto de las provincias. Éramos parte del Virreinato de México, o de Nueva España, la región más grande que tenía Espala en ultramar, como se decía en esa época.

Entre 1821 y setiembre de 1823 constituimos Juntas de Gobierno para dar nuestros primeros pasos de vida independiente, al mismo tiempo que se consideraba en la región mantenerse unidos, en vida independientes, como antes se había vivido. Así se inició el proceso para la gestación de la República Federal de Centroamérica, que funcionó desde 1824 hasta 1838 cuando de ella nos retiramos ese año, que también había provocado el retiro de Nicaragua y de Honduras. Dentro de la República nos constituimos bajo la forma de Estado de Costa Rica. La República impulsó las bases de un Estado fuerte, liberal, constituido por la división clásica de los tres poderes de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así se constituyó Costa Rica con la Constitución Federal del 22 de noviembre de 1824, lo que se afirmó con la Constitución de Costa Rica de 1825, llamada Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.

Desde entonces tenemos la separación de Poderes Públicos, cada uno de ellos con independencia entre sí, con funciones propias, exclusivas, indelegables, insubrogables. Así se desarrolló la estructura del Estado política y administrativa del Derecho de Costa Rica, que llega hasta nuestros días.

Hasta el año 2022 estos poderes de Estado se respetaron entre sí, en su independencia y en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Con el gobierno que inició en el 2022, que acaba de terminar, se cuestionó esa independencia y se trató de dominar por parte del Poder Ejecutivo.

Con las elecciones de febrero de este año, con el triunfo presidencial del partido Pueblo Soberano, y con una mayoría legislativa de 31 diputados, de 57, el presidente saliente, Rodrigo Chaves, y la presidenta entrante, Laura Fernández, afirmaron que ya tenían controlados y tomados dos Poderes, y. que iban por tercero, por el Poder Judicial, en lo que no han escatimado ataques verbales y amenazas directas a sus magistrados integrantes, de cambiarlos, no reeligiendo lo que puedan reelegirse y nombrando magistrados afines y comprometidos políticamente al gobierno y a sus cogobernantes, Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Con la figura de Estado de Costa Rica nos mantuvimos hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el jefe de Estado y presidente de la República, Dr. José María Castro Madriz firmó la Declaratoria de República de Costa Rica, que había sido declarada el día anterior por el Congreso Constitucional. Desde entonces iniciamos la vida de la República de Costa Rica, como nos seguimos reconociendo nacional e internacionalmente.

La República surgida en 1848, en su aspecto formal, así denominada, llegó hasta el 8 de mayo de 1948, cuando el entonces líder político y militar, José Figueres, de los sucesos de marzo y abril de 1948, a favor de reconocer el resultado electoral de 1948 a favor de Otilio Ulate, elecciones que se habían anulado, se impuso sobre Ulate el 1 de mayo, para recibir el gobierno el 8 de mayo, por un lapso de 18 meses, según lo pactado, como sucedió.

Ese 8 de mayo al recibir el gobierno que terminaba, en manos del Designado a la Presidencia, Ing. Santos León Herrera, e iniciar el nuevo período de gobierno, José Figueres, hizo pública declaración, por Decreto Ejecutivo, que iniciaba su mandato fundando la Segunda República de Costa Rica. De esa forma, también declaró ipso facto la existencia de la Primera República, la que había sido fundada por Braulio Carrillo.

En la sesión primera de esa Junta de Gobierno, después de integrar a los Miembros que se encargarían “de preparar todo lo referente al acto de traspaso de los poderes públicos”, señaló que ese “Gobierno Provisorio de la Nación” ejercería “sus funciones con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República”. Así, desde 1948 hasta hoy hemos vivido, y seguimos viviendo, el período histórico, o fase histórica nacional, de la Segunda República.

Todos estos años han tenido pilares fundamentales que han dado como resultado el desarrollo democrático que hasta hoy hemos tenido en Costa Rica, que se ven amenazados desde el gobierno de Rodrigo Chaves, 2022-2026, y con el que inicia de Laura Fernández, donde Rodrigo Chaves sigue siendo la figura más importante de su Gabinete, de su Consejo de Ministros, con su doble ministerio de la Presidencia y de Hacienda, marcando los pasos y la música que se entona en los poderes Ejecutivo y con los 31 diputados del Legislativo.

Entre esos pilares fundamentales del desarrollo democrático podemos destacar los siguientes:

1.- Un Estado de Derecho fuerte, sólido, constituido por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que se sumó en esa condición el Tribunal Supremo de Elecciones, que podemos llamarlo, para estos efectos, Poder Electoral, con el mismo rango e independencia de funciones que los otros poderes de Estado.

2.- Un desarrollo vigoroso constitucional, de 13 Constituciones Políticas, que marcaron y definieron la estructura institucional y administrativa, y fortalecieron los valores del pueblo y de la ciudadanía costarricense, sus derechos y libertades. Las Constituciones de 1871 y la de 1949, ambas con el tiempo de duración y vigencia que tuvieron, a pesar de la interrupción de la de 1871, en el periodo de la dictadura de Federico Tinoco y Constitución de 1917-1919.

3.- Un ejercicio de gobernantes, en los poderes públicos, predominantemente de educadores, abogados, médicos, periodistas, con pocos militares ejerciendo el Poder. Desde Juan Mora Fernández, 1824-1833 los educadores y civiles fueron clave sobre militares.

4.- Un ejército, que a pesar de sus gloriosas jornadas en la lucha nacional contra los filibusteros norteamericanos en Costa Rica y en Centroamérica, no se desarrolló ni fortaleció de manera constante. Por el contrario, después del Crimen de Estado contra los Héroes nacionales, de aquellas jornadas, Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas, se empezó a debilitar institucionalmente, hasta que pasados los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se tomó la decisión de eliminarlo de la estructura del Estado costarricense, haciendo tengamos 78 años sin Ejército, cuyos gastos institucionales pudieron orientarse a otras tareas de la administración pública nacional.

5.- El desarrollo de un concepto de vida democrática considerada como poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, concepto que se enriqueció con la incorporación del Plebiscito y el Referéndum Nacional como instancias de consulta popular, haciendo que esa vida democrática y el poder público se valide “con el pueblo”.

6.- Un sistema electoral, que, aunque con limitaciones en su origen, evolucionó y se enriqueció hasta tener hoy un sistema de partidos políticos amplio, con igualdad plena de mujeres y hombres en sus derechos políticos y sociales, en el cual todas las personas de 18 años se consideran ciudadanos con esa capacidad política de tomar las decisiones para la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como el de las instancias municipales.

7.- El desarrollo de un Estado Social y Democrático de Derecho, fundamentado en los siguientes aspectos:

a) – desarrollo de libertades púbicas

b) – desarrollo de derechos ciudadanos

c). – fortalecimiento de la educación pública, como el motor del desarrollo nacional de posibilidades y oportunidades y de superación personal de los ciudadanos.

Desde los inicios de la vida independiente se impulsó la educación de niños y niñas. Se fortaleció con la apertura de la Universidad de Santo Tomás en 1843, con los impulsos que dieron a la educación, entre otros, los Jefes de Estado y Presidentes José María Castro Madriz, Jesús Jiménez, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, con las reformas que se impulsaron por los Secretarios o Ministros de Educación, Mauro Fernández, Miguel Obregón, Uladislao Gámez, con la fundación de la Escuela Normal de Heredia y la especial atención que se dio a la formación de maestros y profesores.

Con el impulso que se dio con la fundación de la Universidad de Costa Rica, como única Universidad en el país, desde el 26 de agosto de 1940 hasta la fundación del ITCR, el 10 de junio de 1971, de la Universidad Nacional, el 15 de febrero de 1973 fortaleciendo a partir de ese momento un sistema de universidades públicas, en esa misma década, con la UNED, el 3 de marzo de 1977, y finalmente con la Universidad Técnica Nacional el 4 de junio del 2008, que contribuyeron a fortalecer los mecanismos democráticos nacionales. De hecho, hasta esos años toda la clase política nacional se formó bajo los aleros de la educación pública, contribuyendo a concebir una sociedad costarricense más inclusiva y democrática.

Elemento clave de este desarrollo universitario fue garantizar el financiamiento público a la educación superior universitaria, como meta de llegada de los niños y jóvenes que asisten a la educación preuniversitaria, siendo este un gran facto de movilidad social y democrático.

Esta financiación está en crisis y gravemente amenazada, de manera especial por el Gobierno de Rodrigo Chaves y su continuismo con Laura Fernández, orientado el desfinanciamiento y al debilitamiento total de la educación pública en general y la superior en particular.

d).- el desarrollo de un sistema de salud nacional, que desde el siglo XIX se orientó a garantizar las mejores condiciones de salud del pueblo costarricense, para los cual se impulsaron medidas de saneamiento ambiental de construcción de habitaciones, de impulso de hospitales desde los inicios del Estado de Costa Rica, hasta la fundación del Ministerio de Salud, el 4 de junio de 1927, y de la Caja Costarricense del Seguro Social, el 1 de noviembre de 1942, que llegó a universalizar sus servicios de enfermada, maternidad y de salud integrales, desarrollando en el país una medicina de primer mundo. Hoy gravemente amenazado todo el sistema por los procesos de privatización que se han venido dando contra la CCSS, la cual se debilitado institucionalmente.

e) – la Junta Gobierno fortaleció todo este proceso impulsando, entre otras medidas, la nacionalización bancaria y la de recursos hidro energéticos. Con la nacionalización bancaria facilitaron el crédito público para todos los sectores sociales del país, desarrollando los mecanismos para la gestación de las clases medias, y nacionalización de los recursos hidro energéticos y la creación del ICE desarrollaron la electricidad en todo el país, estimulando la producción y las actividades económicas, frenando a la vez la migración campo ciudad, al llevar la modernización a las zonas rurales.

Antes de la existencia del ICE la electricidad en manos privadas que se desarrolló desde 1880 no alcanzó a cubrir ni siquiera el 5% del territorio nacional. Hoy con el ICE la electricidad prácticamente llegó al 100% del territorio nacional.

Estos pilares del desarrollo democrático nacional han sido debilitados, y se encuentran amenazados en el paredón de tiro del actual grupo gobernante, de los cogobiernos de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y sus diputados del Partido Pueblo Soberano.

f) – el desarrollo de una legislación social fuerte y avanzada que se fue logrando desde principios del siglo XX, hasta llegar a las Reformas Sociales de 1943 que incorporaron el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución de 1871 y que se introdujo también en la Constitución de 1949, ligeramente ampliado.

En este campo ha habido una arremetida contra la legislación laboral y los derechos laborales en el país. Su principal amenaza la tiene gestionada por los cogobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, y sus diputados del partido Pueblo Soberano que quieren establecer la jornada esclavista de trabajo de 12 horas, sin reconocimiento del pago de horas extras, de reducción en los beneficios salariales en el pago de aguinaldo y de reducción real de las pensiones, a la hora de acogerse los actuales empleados, a un 40% de su salario, bajándolas de un 60% a ese 40%, y a un aumento de la edad de retiro en 5 años más de trabajo, es decir retiro para la pensión en la realidad a los 65 o 70 años de edad.

g) – El desarrollo democrático y social del Estado de Derecho que se logró alcanzar hasta 1978 hizo surgir el Estado de Bienestar en Costa Rica, que fue un modelo en la región centroamericana, motor generador de empleo, y de creación de las clases medias. Desde aquel año ese papel del Estado empresario, del estado de Bienestar, sufrió los embates de los Planes de Ajuste Estructural, que se impulsaron a partir de la década de 1980 y de las políticas de Tratados Libre Comercio, a partir de la década de 1990, junto a las políticas neoliberales que han empobrecido al pueblo costarricense y han debilitado las clases medias.

h) – Lamentablemente los sectores sociales se han debilitado en sus organizaciones de defensa, y en sus luchas, de sus derechos fundamentales. Frente a grandes amenazas han reaccionado estos sectores. En este siglo hay recordar y tener presente las Jornadas de Defensa del ICE, las luchas del Combo del ICE, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y las luchas contra el TLC con Estados Unidos en el 2007.

Estamos a las puertas de batallas similares. Hay que refrescar la memoria histórica, social y política.

El ICE, los comunistas y los marcianos

José Luis Amador.

Por José Luis Amador

No sé si lo han notado pero el chavismo está desesperado. Es evidente que en las últimas horas ha habido un clamor popular en defensa del ICE. Nada más revisen las redes. La respuesta de los chavistas ha sido llamar comunistas a todos aquellos que defiendan al ICE. Lo único que les falta es argumentar que el país está siendo víctima de una invasión de comunistas y marcianos.

DICHOSAMENTE los sectores populares, incluso en las bases chavistas, hay mucha gente que luchó y ha luchado por esta institución. Gente que sabe que el ICE siempre ha estado al servicio del pueblo. Electrificando al país, pero también poniendo la carne en el asador, poniendo el hombro y exponiendo a su gente, cuando la inclemencia de la naturaleza así lo ha exigido.

Esta ley que pretenden imponer solo beneficia a unos cuantos ricos. No le está rebajando el salario a los trabajadores del ICE. Pero está adulterando el espíritu fundamental con que fue creada la institución. De un plumazo el ICE deja de ser una institución centrada en las necesidades del usuario, para convertirse en una empresa regida por empresarios al servicio del lucro.

Sigamos dando la cara. Defendamos al ICE. Y que los diputados no aflojen. Que nos llamen como quieran. Y si los marcianos también vienen a apoyarnos en esta lucha, serán bienvenidos.

¡¡Esta lucha apenas empieza!!

¡¡No perdamos lo poquito que nos queda!!