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Etiqueta: privatización

Recuperar un rumbo perdido

Gilberto Lopes
San José, 11 de abril del 2025

Algún día dijo Figueres que la tarea que le quedaba pendiente era quemar La Nación. Representaba mucho contra las ideas por las que él había luchado. Desde mi punto de vista, más que la abolición del ejército (mucho más, mucho más fundamental) fue la nacionalización de los depósitos bancarios. Por algo fue también por donde empezó el ataque al sector público, ante una voracidad insaciable (de los que mandan) y la incapacidad de ver más allá de sus narices (de algunos de los que mandan, y de otros, de los que obedecen).

Esa pelea formidable, en la que se construía una forma de nación, se perdió. Derrota nunca más evidente que en el día en que el director de La Nación se transformó en ministro y embajador de quien, desde adentro, minaba las bases del mundo que construyó Figueres.

Hoy hablan de los peligros que corre la democracia en Costa Rica. Es una visión corta, en mi opinión. Los peligros son antiguos. Ninguno contribuyó más a eso que el líder más lúcido de ese proyecto de mirada corta. En beneficio propio, manoseó la Constitución, el Poder Legislativo, el Judicial. ¿Para qué? Para aprobar un proyecto desquiciador del sector productivo nacional, para avanzar en la privatización de las telecomunicaciones y echar a andar, de manera lesiva para los intereses nacionales, la privatización de las obras públicas.

¿Cómo sorprendernos del desencanto con la “democracia”?

La 27 nos recuerda todos los días el perverso mecanismo mediante el cual se mete la mano en el bolsillo de los costarricenses, con la complicidad de los organismos del Estado que deberían controlarlo. En esto, fueron muchos los cómplices, encargados de desmontar una capacidad pública eficiente, para entregarla a los mismos que hacen clavos de oro con un mecanismo perverso.

Hay quienes piensan que todo eso es cosa vieja. Del pasado. Y no se explican cómo hemos podido llegar tan lejos y tan hondo, ni esa lógica que, después de un Alvarado, entrega el país a un Chaves.

Para mí está claro. ¿Ningún daño ha hecho a nuestra institucionalidad el manoseo de los tres poderes para satisfacer ambiciones personales desmedidas? Ese tipo de acciones son como echar un químico corrosivo en los engranajes de la historia.

Hay responsables. Aunque algunos piensen que están olvidados, nunca dejan de funcionar, corroyendo los engranajes de la convivencia nacional. Lo modosito de las propuestas, los BMW y los Mercedes ofrecidos, son solo humo de paja, hipocresía que la brutalidad del “memorando del miedo” desnuda.

Entonces aparece uno, vivo, que toca los puntos sensibles, los más vulnerables. El primero, esa cúpula ambiciosa, de visión corta, insaciable. Luego los otros poderes, la prensa… La manera chabacana, como lo hacen, encanta a muchos.

Asaltan el Estado gentes sin antecedente político alguno. Las encuestas lo muestran. Sin historial, ni capacidad. Sin propuestas. Pero con estilo. Es suficiente el dedo apuntado a los responsables de la demolición hecha en los últimos 50 años, de la que ellos mismos son acabados representantes.

Nos toca recuperar un rumbo perdido. No es volver atrás. Es avanzar sobre las bases que hicieron de Costa Rica una excepción, las mismas que, desde hace casi 50 años, han venido demoliendo sistemáticamente. Bases tan sólidas que, pese a todo, no han podido ser demolidas del todo. Algo queda, sobre todo en la memoria de los costarricenses.

No se trata de gritos sobre una democracia en peligro. Ese peligro, como hemos visto, viene de larga data. Hace falta la defensa de lo público. En vez de terminar de deshacer el ICE, de vender el BCR, de avanzar en la privatización de la salud, de la educación, en la destrucción de la CCSS, sería prudente reconstruir los fundamentos que hicieron posible que el país creciera con imaginación, sobre la base de recursos propios, sin perder de vista los derechos de las mayorías. Sin rechazar su lugar en el escenario internacional. Pero no un lugar subalterno, mediocre (como una “zona franca”, sugieren algunos). Participar con lo nuestro. Llevar nuestra banca a los mercados internacionales. El ICE a Centroamérica y más allá; ¿por qué no? en vez de destruirlo. No es fácil, pero me parece que es lo que tiene sentido.

Un programa para el 2026 que llene de aire nuevo, de lucidez, una pelea en la que se juega una forma de construcción del país.

Privatización energética: un negocio familiar, no un beneficio nacional

Martin Rodríguez Espinoza

La reciente presión de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) para acelerar la apertura del mercado eléctrico en el país es una muestra clara de cómo el sector empresarial busca anteponer sus propios intereses económicos sobre el bienestar nacional.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es la institución pública, que pertenece a todos los costarricenses, que históricamente ha garantizado el acceso a la electricidad para la mayoría de los costarricenses, está en la mira de quienes ven en la privatización una oportunidad de negocio para un pequeño grupo familiar, sin considerar las consecuencias a largo plazo para el país.

Desde su creación, el ICE ha sido un pilar del desarrollo nacional, asegurando que la electricidad llegue a todos los rincones de Costa Rica con tarifas reguladas y un enfoque social. Sin embargo, la presión del sector privado, muchos de ellos ampliamente favorecidos con obscenas exoneraciones fiscales, muchos, además, evasores y elusores al fisco, con el argumento de una supuesta ineficiencia y altos costos, pretende privatizar el mercado energético, lo que en realidad podría derivar en una segmentación del servicio, afectando a los más vulnerables y beneficiando únicamente a grandes corporaciones.

Cacia, en su comunicado, cataloga la suspensión de la discusión legislativa sobre la apertura eléctrica como “inexplicable y generadora de incertidumbre empresarial”, pero lo que realmente está en juego no es la incertidumbre del empresariado, sino el futuro del modelo eléctrico costarricense.

La experiencia internacional ha demostrado que la privatización de sectores estratégicos como la electricidad suele derivar en aumentos de tarifas, menor inversión en infraestructura pública y una priorización de la rentabilidad sobre la cobertura universal del servicio.

El argumento de que los costos de producción se han elevado debido a las tarifas eléctricas es una narrativa que ignora la estabilidad que el ICE ha brindado en el suministro energético durante décadas. Si bien existen retos que enfrentar, privatizar el servicio eléctrico, sin una visión clara de sus implicaciones puede resultar en un modelo donde el acceso a la electricidad quede sujeto a la lógica del mercado y no a la necesidad del pueblo.

La insistencia del sector privado en la liberalización del mercado eléctrico no es altruista ni busca el desarrollo del país; es un movimiento estratégico para garantizar su propia rentabilidad a costa del patrimonio nacional. El llamado debe ser a fortalecer el ICE, mejorar su eficiencia y asegurar que continúe operando con un enfoque de servicio público, y no ceder ante presiones empresariales que solo buscan ganancias sin considerar el impacto social.

El futuro energético de Costa Rica debe construirse con un enfoque que garantice el acceso equitativo a todos los ciudadanos, y no bajo un esquema que privilegie a unos pocos a costa de la mayoría.

29 de marzo de 2025

Anulan adjudicación de áreas de salud a cooperativas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anuló este jueves la adjudicación de las áreas de salud que estaban destinadas a ser administradas por cooperativas, que son parte del Caso Barrenador.

La directora representante de la clase trabajadora en la junta directiva, Martha Rodríguez González participó en la sesión a pesar de que se pretendió impedir su presencia. Ella expuso argumentos sobre por qué los servicios de salud deben ser brindados por la CCSS y no privatizarse.

La tabla de adjudicaciones muestra los montos que se pretendía entregar a diferentes cooperativas:

Partida

Área de Salud

Cooperativa/empresa

Monto

1

Escazú

Coopesana

₡50.268.964.251,6

2

Santa Ana

Coopesana

₡49.013.234.400

3

Carpio-León XIII

Asociación de Servicios Médicos Costarricense

₡45.739.430.078,4

4

San Sebastián-Paso Ancho

Asociación de Servicios Médicos Costarricense

₡39.236.479.400,4

5

Pavas

Coopesalud

₡78.289.877.640

6

Desamparados 2

Coopesalud

₡65.628.700.080

7

Tibás

Coopesain

₡39.557.765.040

8

San Pablo

Coopesiba

₡28.801.761.998,399

9

Barva

Coopesiba

₡43.709.771.972,399

La organización sindical UNDECA enfatiza que la tercerización equivale a privatización de los servicios de salud.

Zona marítimo terrestre en disputa: proyecto privatizador avanza en el Congreso – En Voces y Política

Este miércoles 19 de marzo tendremos el programa: “Zona marítimo terrestre en disputa: proyecto privatizador avanza en el Congreso”.

Con la participación de:

Jessica Ramírez Benavides, politóloga y estudiante de Biología, asesora legislativa en temas municipales y ambientales.

Esteban Barboza Núñez, coordinador del Observatorio del Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Región Chorotega UNA.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.

Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica (https://www.facebook.com/radiouniversidadcr)

Injerencia, privatización y deuda: las amenazas que acechan a la CCSS

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El foro «Iniciativas Políticas para la Defensa y Fortalecimiento de la Seguridad Social y la CCSS» se llevó a cabo el 14 de marzo de 2025, organizado por el Frente Nacional por la Seguridad Social. El evento abordó el contexto legislativo de los proyectos en corriente legislativa relacionados con la defensa y fortalecimiento de la seguridad social.

Participaron las diputadas Gloria Navas Montero, Paulina María Ramírez Portuguez y Rocío Alfaro Molina, junto a una importante representación de organizaciones sociales. Durante el foro, se discutieron los desafíos actuales de la CCSS, incluyendo el crecimiento de la deuda estatal, la crisis en la atención médica y la injerencia del Poder Ejecutivo en su administración.

Además, se presentaron iniciativas legislativas para fortalecer la seguridad social y se hizo un llamado a la movilización ciudadana en defensa del sistema público de salud.

La Seguridad Social en Riesgo: Un Llamado a la Acción

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es el pilar de nuestro sistema de salud, garante del acceso universal y equitativo a la atención médica. Sin embargo, enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza su sostenibilidad y su papel como institución pública.

En este foro, se identificaron graves riesgos que afectan a la CCSS: una creciente deuda estatal que supera los 4,2 billones de colones, intromisión del Poder Ejecutivo en su administración, fuga de especialistas por condiciones laborales precarias y una falta de planificación que debilita su funcionamiento. Además, la sombra de la privatización se cierne sobre la institución, poniendo en peligro el acceso a la salud para miles de costarricenses.

Ante este panorama, la ciudadanía tiene un papel clave. La defensa de la seguridad social requiere que nos informemos, nos organicemos y alcemos la voz para exigir soluciones reales. La salud es un derecho, no un negocio. Si permitimos el debilitamiento de la CCSS, abrimos la puerta a un modelo excluyente donde solo quienes puedan pagar accederán a servicios médicos de calidad.

¿Qué se entendió por Seguridad Social?

Según la discusión en el foro, la seguridad social se entiende como un derecho fundamental que garantiza el acceso público, universal y equitativo a la salud, la protección laboral y las pensiones. Se enfatiza su papel en la estabilidad y el bienestar de la población, asegurando servicios de salud accesibles para todos, independientemente de su condición económica.

También se destaca que la seguridad social no es solo un sistema de atención médica, sino un pilar del Estado social de derecho, que protege a los ciudadanos frente a riesgos como enfermedades, desempleo y vejez. En este contexto, se subraya la necesidad de defender la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como una institución clave para garantizar este derecho.

¿Qué pasa con la presidencia ejecutiva?

En el foro se abordó el impacto negativo de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS en la institución y la necesidad de su eliminación. Se argumentó que:

  • Eliminación de la Presidencia Ejecutiva: Se propone un proyecto de ley para suprimir esta figura y restablecer el modelo original de gobernanza tripartita, en el que la representación incluía al Estado, los trabajadores y los empleadores.

  • Consecuencias de la injerencia política: Se señala que la Presidencia Ejecutiva ha facilitado la intervención del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones, priorizando intereses políticos sobre criterios técnicos.

  • Apoyo legislativo a la eliminación: Se menciona que el proyecto ha sido dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales y ha recibido respaldo de la mayoría de las fracciones legislativas.

  • Impacto en la autonomía institucional: Se critica que la existencia de esta figura ha debilitado la autonomía de la CCSS, favoreciendo decisiones que no responden a las necesidades reales de la seguridad social.

En términos generales, la discusión en el foro destacó que la Presidencia Ejecutiva es percibida como un mecanismo de control político que ha afectado la gobernanza de la CCSS, y que su eliminación permitiría recuperar la independencia y estabilidad de la institución

Las amenazas que enfrenta la CCSS

En un foro reciente sobre seguridad social, se identificaron graves riesgos que afectan el futuro de la CCSS:

🔴 Crecimiento de la deuda estatal: El Estado debe más de 4,2 billones de colones a la CCSS, comprometiendo su operatividad.
🔴 Intromisión del Poder Ejecutivo: Se ha denunciado una interferencia política en la Junta Directiva, debilitando la toma de decisiones técnicas.
🔴 Fuga de especialistas y crisis laboral: Condiciones laborales precarias y sueldos no competitivos están provocando la salida de profesionales de la salud.
🔴 Privatización encubierta: Se teme que el debilitamiento de la CCSS busque favorecer a la medicina privada, afectando el acceso universal a la salud.
🔴 Deficiencias en la planificación: Falta una estrategia clara para fortalecer el sistema de salud y garantizar su sostenibilidad.
🔴 Desinformación y manipulación: Existen campañas mediáticas que buscan desacreditar la CCSS para justificar su debilitamiento

El papel de la ciudadanía en la defensa de la CCSS

Frente a estas amenazas, la ciudadanía tiene un papel fundamental en la defensa de la seguridad social:

✔ Informarse y generar conciencia sobre la situación de la CCSS.
✔ Organizarse y movilizarse en sindicatos, juntas de salud y movimientos sociales.
✔ Denunciar intentos de privatización y exigir soluciones reales.
✔ Fiscalizar a las autoridades para evitar decisiones que perjudiquen a la CCSS.

Desafíos para una agenda común para abordar la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):

  • Planificación y fortalecimiento del primer nivel de atención: Se resalta la necesidad de una planificación adecuada para atraer, formar y retener a los mejores profesionales de la salud en todos los niveles de la institución.

  • Dignificación del trabajo y salarios justos: Se subraya la importancia de garantizar condiciones laborales dignas y salarios adecuados para el personal de salud.

  • Universalización de las pensiones: Se plantea la necesidad de ampliar las modalidades de aseguramiento para jóvenes sin un empleador formal, dado que el esquema actual para trabajadores independientes resulta inequitativo.

  • Reforma a la gobernanza de la CCSS: Se propone eliminar la figura de la presidencia ejecutiva y restablecer el modelo tripartito original, asegurando una mayor representatividad de la clase trabajadora.

  • Blindaje constitucional de la CCSS: Se sugiere elevar los principios rectores de la institución a rango constitucional, con el objetivo de protegerla ante posibles intentos de desmantelamiento o privatización.

  • Pago de la deuda del Estado con la CCSS: La necesidad de contar con un plan de pago gradual que contemple un porcentaje del PIB anual durante 20 años para saldar la deuda estatal con la institución.

  • Mayor participación ciudadana y movilización social: Se enfatizó la importancia de que la ciudadanía se organice y ejerza presión para la aprobación de estas reformas y la defensa de la seguridad social.

La salud es un derecho, no un negocio. No podemos permitir que destruyan la CCSS en beneficio de unos pocos. Unámonos para proteger el futuro de la seguridad social en Costa Rica.

Les compartimos el video completo del foro para que puedas profundizar en las discusiones y reflexiones.

Para más información pueden visitar el facebook de FRENASS

*Foto de la actividad tomada del Facebook de FRENASS

El desmantelamiento del sector público profundiza la crisis social en Costa Rica y conduce a la violencia

Manifiesto del BUSSCO

Desde el gobierno neoliberal anterior se viene impulsando una durísima política de austeridad presupuestaria, que ha sido profundizada por el gobierno de Rodrigo Chaves, dicha política es el nefasto resultado de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional FMI.

Los resultados de estos acuerdos provocan un crecimiento acelerado de la exorbitante deuda del Estado con la CCSS de ¢4 billones (¢4.000 millones de millones); mientras que el pago de intereses de la deuda en 2024 fue del 4,83% del PIB, el más alto en 19 años; una deuda agudizada por la actual administración que sabotea la institución y le impide cumplir plenamente con sus funciones, la reducción de presupuesto a la educación pública, el más bajo en 25 años; afectando comedores escolares, inversión en infraestructuras educativas colapsadas, suspensión de becas, subsidios de transporte y otros, el desmantelamiento de los programas de ayuda social del IMAS y desaparición de programas especiales, disminución de recursos en programas para jefas de hogar y más.

Las duras restricciones presupuestarias a los ministerios e instituciones autónomas que obliga la Regla Fiscal establecida en la Ley 9635, están provocando un grave deterioro por un lado en la calidad y cobertura de los servicios públicos y por otro, en el rol y papel del Estado en cuanto a su función social Constitucional.

El interés de los grupos de poder económico es la reducción del Estado a su mínima expresión, la privatización de servicios fundamentales como la educación, la salud pública, la electricidad y telecomunicaciones, los seguros, entre otros, y la venta de activos estatales, para hacer negocios privados con la totalidad de nuestra institucionalidad pública.

Las Leyes de Finanzas Públicas y Empleo Público han empeorado las condiciones laborales en el sector público, generando precarización salarial y laboral para miles de trabajadores y sus familias, incluso con un retroceso en el ingreso real del 20%, en relación con los niveles prepandémicos. En el sector privado se profundizan no sólo los niveles de explotación laboral, sino los paupérrimos salarios.

El ejercicio de la actividad sindical, pese a ser un Derecho Humano Fundamental y estar establecido en la legislación y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido severamente violentado, se acentúa la persecución sindical y el irrespeto a la libertad de sindicalización, se limita el derecho a la negociación colectiva de los y las trabajadoras de los sectores público y privado.

El actual gobierno en lugar de buscar solucionar los grandes problemas que afectan al pueblo costarricense ataca y agrede las voces de sectores populares pretendiendo acallarlas; lo anterior en un contexto de aumento de costo de vida, de la violencia e inseguridad, objeto de los preceptos del capitalismo salvaje.

El escenario preelectoral 2026 ya entró en acción, con partidos políticos que quieren profundizar la línea neoliberal de desmantelamiento del Estado y de peores condiciones para el pueblo. El PLN, el PUSC, el PAC los libertarios, los neopentecostales y el gobierno de Rodrigo Chaves no tienen diferencias ideológicas.

Se requiere un cambio radical de alternativas políticas, que realmente ponga en primer lugar las necesidades de los sectores populares, recupere el rol del Estado como redistribuidor de riqueza, garantice seguridad y paz a la ciudadanía, defienda la soberanía nacional y actúe realmente en proteger los intereses nacionales por encima de los privados.

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense llama a impulsar un gran encuentro nacional de sectores sociales populares y sindicales, para el diseño de una estrategia de lucha por la defensa de los derechos de la clase trabajadora, por condiciones de vida dignas para nuestro pueblo, por una educación y salud públicas de calidad, por políticas públicas que den respaldo efectivo a nuestros agricultores, que les permita conservar su derecho a la tierra y apoyo mediante condiciones crediticias y subsidios que garanticen nuestra soberanía alimentaria, por políticas de respaldo a los pequeños y medianos empresarios entre otras grandes necesidades que han sido desatendidas, pese a las demagógicas promesas de campaña.

Es importante unir esfuerzos por políticas efectivas de protección del medio ambiente, contra la privatización del agua, de nuestras playas y zonas costeras y contra la gentrificación en nuestras comunidades, por un verdadero combate a la corrupción político-empresarial, contra las políticas que favorecen la evasión y el fraude fiscal que según el último dato del Ministerio de Hacienda del 2021 representa el 5.66% del PIB (2.94% IVA y 2.72% Renta) en Renta el 63% de ese fraude es empresarial, las personas físicas con actividad lucrativa representan el 30% y los asalariados y pensionados sólo representan el 6.25%, cada uno de estos puntos del PIB representa aproximadamente 350.000 millones de colones al año, por lo este porcentaje 5.6% del PIB, son 2 billones de colones (2 mil millones de millones de colones de impuestos que se dejan los evasores).

Para enfrentar a las actuales élites que controlan el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se requiere de la más amplia y diversa unidad social y popular, que nos permita construir un camino diferente que garantice inclusión, la justicia social, la distribución de la riqueza, la equidad social en beneficio y bienestar de las familias costarricenses.

Para enfrentar a las actuales élites que controlan el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se requiere de la más amplia y diversa unidad social y popular, que nos permita construir un camino diferente que garantice inclusión, la justicia social, la distribución de la riqueza, la equidad social en beneficio y bienestar de las familias costarricenses.

P/ Comisión Política de BUSSCO

Luis Chavarría Vega

Kendy Chacón Víquez

San José, 18 de febrero de 2025

¿Quién ha fracasado?

Seidy Salas y Juan C. Cruz, comunicador@s

“La democracia está muriendo”. “No funciona más”. “Es un modelo que no ha logrado cumplir las promesas de bienestar que le hizo a la ciudadanía”. Estas son frases que se repiten en cientos de análisis y que cobran aún más sentido ante el auge de regímenes autoritarios que llegan al poder utilizando procedimientos democráticos. Pero ¿estamos ante un fracaso de la democracia o la responsabilidad es del sistema socioeconómico que la sustenta?

Para responder a esta pregunta, es importante considerar varios aspectos. La democracia occidental, es el resultado de una larga y cruenta lucha de la burguesía juntos con otros sectores sociales, contra el absolutismo y que tuvo un momento culminante con la Revolución Francesa. Desde entonces, los avances y los retrocesos democráticos han sido el resultado de distintas correlaciones de fuerza, en diferentes contextos espaciotemporales, asimismo, las nociones de “libertad”, “igualdad” y “justicia” derivadas de dicha revolución, no han sido productos acabados, sino conquistas por mantener y profundizar.

Lo mismo sucede con los pilares que sustentan la edificación democrática: el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para que ninguno prive sobre otro; el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía y la posibilidad de que cualquier grupo de ciudadanos, reunido en un partido político, pueda aspirar a gobernar el Estado y que esta potestad de gobernar se someta a la voluntad popular, que podrá decidir periódicamente cuál grupo gobierna.

Mientras existió el campo socialista, los Estados del «mundo libre» se presentaron como los modelos de democracia frente a lo que calificaron como gobiernos totalitarios antidemocráticos. Estableciendo Estados de derecho y optando por modelos de bienestar social, buscaron garantizar el ejercicio de los derechos básicos a la mayoría de sus habitantes, mostrando el bienestar logrado como fruto de la democracia. Todo esto sobre un modelo económico que permitía lucrar y acumular riquezas, pero con mecanismos de redistribución más o menos eficientes.

En América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de las democracias formales no lo eran en la práctica y las desigualdades socioeconómicas generaron tensiones que explotaron en graves conflictos armados, dictaduras y represión, especialmente en el cono sur y en Centroamérica. En los países tomados por la violencia, la democracia ni siquiera llegaba a hacer promesas.

Con la caída del socialismo, las potencias capitalistas iniciaron el proceso de desmantelar el marco jurídico del estado social de derecho, incluyendo compromisos con la salud y la educación públicas, así como con los derechos laborales conquistados a inicios del siglo XX. Se mantuvieron las libertades individuales, pero se erosionaron profundamente los derechos colectivos.

Esta nueva etapa del capitalismo mundial, caracterizada por «más mercado y menos estado», implicó la privatización de servicios públicos y medidas restrictivas de inversión social, profundizando las brechas sociales y la pobreza.

Para los países de América Latina que habían sufrido las dictaduras y los conflictos armados, el “retorno a la democracia” coincidió con la implantación de las medidas neoliberales[1], (con la excepción de Chile, donde el neoliberalismo floreció sobre la dictadura) y la construcción de la institucionalidad democrática tuvo que hacerse en el marco de los discursos de reducción del Estado. ¿Qué podría prometer la democracia en términos de bienestar e igualdad en ese marco de capitalismo salvaje?

No se puede dejar por fuera el fenómeno de la corrupción que crece y se multiplica entre las élites políticas en contubernio con sectores tanto empresariales como del crimen organizado, que minan desde dentro de los estados, la confianza ciudadana en la institucionalidad pública y en la política.

Ya entrado el Siglo XXI, la sindemia[2] generada por la pandemia del COVID 19, evidenció las profundas desigualdades sociales y desnudó las deudas de los estados con las personas más desfavorecidas, deudas forjadas desde la década de los 80 por el capitalismo neoliberal. La forma tan clara en cual las sociedades se dividieron entre las personas que tenían su supervivencia asegurada en medio del encierro y quienes sintieron que lo perdían todo, propició el resentimiento de estas personas hacia quienes conservaron sus empleos e ingresos. Esto llevó a importantes sectores de la población a reaccionar contra un sistema “que les abandonó” y a apoyar a figuras mesiánicas que prometen venganza contra las élites y libertad frente a los gobiernos.

Profundizando en los principales impactos socioeconómicos y políticos de la pandemia del COVID-19:

Socioeconómicos

  1. Desempleo: La pandemia provocó un aumento significativo del desempleo a escala mundial, con millones de personas perdiendo sus trabajos debido a la interrupción de actividades económicas. Las personas que generaban ingresos en el sector informal se vieron también entre la población más vulnerable.
  2. Recesión Económica: Muchas economías entraron en recesión en 2020, con una caída drástica en la producción económica y el cierre de numerosas empresas.
  3. Desigualdad: La pandemia amplificó las desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a las personas y comunidades más vulnerables.
  4. Industria del Turismo y Servicios: Sectores como el turismo, la aviación y los servicios se vieron gravemente afectados, con pérdidas económicas significativas.
  5. Educación: El cierre masivo de escuelas y la transición a la educación en línea en sistemas que no estaban preparados para ello, generaron desigualdades en el aprendizaje y afectaron el desarrollo educativo de millones de estudiantes.

Políticos

  1. Gobernanza y Respuesta: Las respuestas gubernamentales variaron significativamente, con medidas de confinamiento de diversos grados y restricciones que generaron controversia y protestas. En muchos casos, las restricciones sanitarias sirvieron de laboratorio para el autoritarismo.
  2. Políticas de Estímulo: Muchos países implementaron programas de estímulo económico para mitigar los efectos de la crisis, aunque por lo general fueron insuficientes.
  3. Desconfianza en las Instituciones: La pandemia aumentó la desconfianza en las instituciones gubernamentales y sanitarias, en parte debido a la propagación de desinformación y teorías de conspiración.
  4. Políticas de Salud Pública: Hubo un enfoque renovado en las políticas de salud pública y la importancia de la preparación para futuras pandemias. Pero también se evidenció la falta de soberanía de los sistemas nacionales y la dependencia de la industria farmacéutica globalizada.

Culturales

  1. Como ya se mencionó, la pandemia hizo evidente la convivencia de personas privilegiadas y desprotegidas, fomentando la fragmentación social. En muchos casos, las personas que estaban seguras en sus casas, con sus despensas llenas, recriminaban fuertemente contra quienes rompían el encierro para buscar ingresos.
  2. El sentido de libertad: La imposición del encierro con la consiguiente limitación a la libertar de tránsito y reunión se vivió en muchos sectores, especialmente entre las juventudes, como un abuso del Estado. Las personas de jóvenes de los sectores privilegiados, pero también en las clases populares, burlaron este sistema organizando fiestas clandestinas y rechazado las restricciones.
  3. El auge de las teorías de conspiración y el sentimiento anti-ciencia: Sobre bases reales que exponían el sentido de lucro de la gran industria farmacéutica, se crearon fuertes teorías antivacunas que impulsaron corrientes totalmente anti-ciencia. A la vez, la noción de que existen élites globales súper poderosas que buscan controlar las mentes y voluntades de las mayorías, se expandieron. La facilidad con que la información falsa y la desinformación se mueven en las redes sociales, ampliamente accesibles para todas las personas, contribuyó a este fenómeno.
  4. El gran agotamiento: En la post pandemia, se generó un estado emocional -y físico- caracterizado por un enorme cansancio que se expresa en todas las esferas de la vida social. Hay una disminución del activismo presencial, un rechazo generalizado a la información que genere preocupaciones, y un aumento en la búsqueda de “información” de fácil consumo que genere gratificaciones inmediatas.

Estas consecuencias profundas y variadas en diferentes aspectos de la vida global, aunadas al deterioro generalizado de las condiciones de vida de grandes sectores de la población, ayudan a responder la pregunta que da origen a esta reflexión.

La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos profundos en la economía y la sociedad. Ha amplificado las desigualdades existentes, aumentado el desempleo y generado una crisis económica global. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social han afectado a diferentes grupos de manera desigual, exacerbando las tensiones sociales y económicas. Por su parte, el neoliberalismo, con su énfasis en la desregulación, la privatización y la reducción del gasto público, ha contribuido a aumentar la desigualdad económica y social. Las políticas neoliberales han debilitado las redes de seguridad social y han dejado a muchas personas más vulnerables a las crisis económicas. En este contexto, las propuestas formales de la democracia no tienen mucho que ofrecer y los mecanismos que ofrece se muestran obsoletos o insuficientes.

Quienes sí parecen estar ofreciendo respuestas a esta crisis, o al menos narrativas que son bien recibidas, son los movimientos de extrema derecha. La ultraderecha viene ganando terreno en varios países, aprovechando el descontento social y económico generado por la pandemia y las políticas neoliberales. Estos movimientos suelen prometer soluciones rápidas y simples a problemas complejos, lo que les atrae a muchos votantes desilusionados.

La pandemia de COVID-19 y las políticas neoliberales han creado un contexto de inestabilidad y descontento, que ha sido aprovechado por los movimientos de ultraderecha para ganar apoyo. La combinación de crisis económica, aumento de la desigualdad y la percepción de que las instituciones tradicionales no están respondiendo adecuadamente ha llevado a muchos a buscar alternativas más radicales.

Entonces, el retroceso en los procesos de democratización expresado en la desconfianza o desprecio hacia el Estado y capitalizado por la ultraderecha en auge, el influyente tecno-feudalismo y la poderosa narco burguesía, más que una falla democrática, obedece a la naturaleza del sistema económico capitalista, al que nunca le interesó el bienestar de las mayorías. Ha sido sobre esa base en la que surgieron y se desarrollaron las democracias. Si seguimos culpando a la democracia por su fracaso, estaremos dejando impune al capitalismo, que seguirá rampante su curso hacia el control total de las sociedades. Sin justicia social y económica, no hay democratización que perdure.

Imágenes: 1- https://www.anred.org, 2- OXFAM

[1] El neoliberalismo surgió en la década de los 80, impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, liderados por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, promoviendo la reducción del papel del estado en la economía, la desregulación de los mercados y la privatización de empresas públicas. Estas políticas se basaban en la creencia de que los mercados libres y competitivos eran la mejor manera de generar crecimiento económico y prosperidad. Sin embargo, llevaron a un aumento de la desigualdad y la pobreza, ya que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyeron equitativamente.

En América Latina, el neoliberalismo se implementó a través de programas de ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que exigían a los países reducir el gasto público, privatizar empresas estatales y abrir sus economías al comercio internacional. Estas medidas provocaron mayores niveles de pobreza y desigualdad.

El neoliberalismo promovió políticas de austeridad, que implicaban recortes en el gasto social y la reducción de los servicios públicos. Esto llevó a un debilitamiento de las redes de seguridad social y a un aumento de la precariedad laboral. La globalización y la liberalización del comercio favorecieron la expansión del neoliberalismo, permitiendo a las empresas multinacionales operar en múltiples países y aprovechar las diferencias en costos laborales y regulaciones ambientales.

[2] Sindemia es un término acuñado por primera vez en la década de 1990 por el antropólogo estadounidense Merrill Singer y proviene de la unión de los conceptos de sinergia y pandemia. Se considera sindemia cuando dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades.

70 organizaciones dicen no al proyecto de privatización de la zona marítimo-terrestre

Mediante un manifiesto conjunto, 70 organizaciones y decenas de personas expresaron su preocupación ante el proyecto de ley expediente N.° 23.148: «Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo-Terrestre», específicamente en lo concerniente a la modificación propuesta mediante la adición de los artículos 22 bis y 22 ter a la Ley 6043 sobre la Zona Marítimo-Terrestre.

El manifiesto se dirige al diputado Carlos Andrés Robles, de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia este proyecto. La misiva está firmada por organizaciones comunitarias, juveniles, barriales, voluntarias, cívicas, feministas, de conservación, ambientalistas, culturales, turísticas, de desarrollo, microempresas, centros de rescate animal, brigadas ambientales, Covirenas, en defensa del mar, universitarias, de gestión cultural, comunales, de mujeres, y otras.

La sociedad civil firmante asegura que la modificación legal contraviene el principio fundamental establecido en la Ley 6043, que determina la naturaleza demanial y el carácter público e inalienable de dicha franja costera. Para el grupo, «la implementación de un sistema de permisos precarios constituye, de facto, una privatización material del espacio público».

Según el manifiesto, se «establece un mecanismo que favorece la apropiación del espacio público por parte de actores económicamente privilegiados, generando una barrera de acceso para la población general». Esto intensifica el proceso de gentrificación costera, lo cual resulta incompatible con los principios constitucionales de igualdad y acceso universal a los bienes de dominio público (demaniales).

Si bien el proyecto establece prohibiciones específicas sobre infraestructura permanente, aseguran que «la ocupación extensiva mediante mobiliario comercial representa una alteración sustancial del ecosistema costero y del paisaje natural, elementos que constituyen patrimonio nacional según nuestra legislación ambiental».

Les preocupa que este cambio pueda sentar un precedente para futuras modificaciones que debiliten aún más la protección de la zona pública, contraviniendo décadas de jurisprudencia constitucional sobre la materia. Además, aunque el proyecto contempla inspecciones mensuales, «la experiencia histórica en la gestión de la zona marítimo-terrestre demuestra las limitaciones institucionales para ejercer un control efectivo sobre las actividades comerciales en estas áreas».

Ante estos hechos, solicitan la reconsideración integral del proyecto de ley, específicamente en lo referente a la autorización de permisos de uso en la zona pública. Piden la apertura de un espacio de diálogo que incluya la participación de comunidades costeras, organizaciones ambientalistas y expertos en derecho ambiental y urbanístico. Además, solicitan el desarrollo de alternativas legislativas que promuevan un desarrollo costero verdaderamente sostenible y equitativo, sin comprometer el carácter público de la zona marítimo-terrestre.

La protección de nuestras costas no debe subordinarse a intereses comerciales particulares” finalizaron el manifiesto.

Firmantes

  • Asociación Barrio Escalante Unido
  • Asociación Cívica de Hermosa
  • Asociación Cóbano pro derechos de las Mujeres ACOPROM
  • Asociación Conservación del Planeta
  • Asociación Cultural Yaji Yazra Majimi, La Cruz
  • Asociación de Mujeres Unidas para el Desarrollo de África, Guácimo (AMUDA)
  • Asociación de Turismo Rural de Santa Elena de Pital
  • Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral
  • Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS)
  • Asociación Pro Guanacaste Integrado
  • Asociación Proyecto Camino Verde
  • Asociación Ramonense para la Conservación del Ambiente (ARCA)
  • Asociación Rescate de la Zona Marítima Terrestre (ARREZOMATE)
  • Asociación Somos Congos
  • Asociación Sostenibilidad en Grande, Guanacaste
  • ACODEC
  • Ade-Platanares Moravia
  • Agathos Natura
  • Alianza Defensa del Agua
  • Biofertilizantes m&m
  • Blanconejo
  • Bloqueazul
  • Bloqueverde
  • Brigada Ambiental Moravia
  • Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas
  • Colectivo Antigentrificación CR
  • Colectivo Ecologista Liberiano
  • Colectivo Revista La Agroecologa
  • Comité No al Basurero en Mora
  • Costa Rica por el Océano
  • COVIRENA Cabo Blanco Ario
  • COVIRENA Paso de la Danta
  • Defensores de la Casa Común
  • Domingo Pilarte
  • Eco Vida
  • EcoturAdvisor
  • Finca Amalur
  • Finca la Agroecológica la Waira
  • Finca Samanea
  • Frente Amplio
  • Frente Ecológico de Cipreses Cartago
  • Frente Ecologista Universitario (FECOÜ)
  • FECON
  • Fundación Promar
  • GreenWolf
  • Guanadefensoras
  • Grupo Organizado de Cabuya, Montezuma
  • Guías y Scout Grupo 50 Liberia
  • Kids Saving The Rainforest Manuel Antonio, Costa Rica
  • Montaña Verde, Perez Zeledón.
  • Monteverde Wildlife Experiences-Costa Rica
  • Movimiento Cahuita Unida
  • Movimiento Manglar
  • Movimiento Ríos Vivos
  • Mujeres emprendedoras
  • Observatorio Ciudadano
  • Observatorio de Bienes Comunes, turistificación y gentrificación Monteverde, Puntarenas.
  • Observatorio del agua Quebrada Barreal, San Vicente de Moravia.
  • Operation Rich Coast
  • Orgánica Abastecimiento
  • Paren de Fumigar
  • Partido Izquierda Costarricense
  • Programa Interdisciplinario Costero UNA
  • Proyecto Geografía y Diálogo de Saberes del Programa Kioscos Socioambientales UCR
  • Red de Coordinación en Biodiversidad
  • Riochante, Centro Cultural de Monteverde
  • Santa Teresa Lifeguards
  • Soul Bliss Journey
  • Talamanca Siempre Verde
  • The Wild Sense/ CR WEBS
  • Personas firmantes:
  • Adriana Jiménez Obregón
  • Alfredo Picado Sánchez 302310318
  • Ana Lorena Dávila Cubero 501600478
  • Andrés Calvo Fallas, Entrenador
  • Antonia Caro
  • Anyela Mahlich Chiclote 4 0269 0326
  • Carmen Picado Sánchez  107010340
  • Catalina Carrillo Vargas 117390351
  • Catalina Obregón López
  • Christian Díaz Chuquisengo 11388050
  • Criss Rojas Villegas,
  • Daniela Merino
  • David Ricardo Morera Arias
  • Diana Picado Abarca 115380550
  • Diana Vargas Álvarez 504150849
  • Doris Kandler
  • Eber Alberto Rodríguez López
  • Elisabetta Zanettin
  • Emilia Barreto
  • Evelyn Arias Gavarrete  503120060
  • Fanny Calvo Aguilar 3 0342 0756
  • Gabriela Mora Mora, 114990168
  • Girlany Bonilla Pizarro.
  • Griselda Calderón Argüello
  • Javier Rodríguez Fonseca.
  • Jesse Robert Artavia MacIntyre 116330940
  • Jessica Chacón Rojas
  • Jorge Corrales Alpízar
  • Jorge Solano Vargas
  • José Alonso Herrera Gutiérrez 206920571
  • Kennia Umaña Ureña
  • Krisly Arguedas Vásquez
  • Laura Picado Abarca 114410691
  • Lourdes Aguilar calderon
  • M. Fernanda Quesada Corrales 116510032
  • María Ángela González Arguedas
  • María Belén Larocca
  • Maria del Mar Zeledón
  • Maria mercedes Talevi
  • Maria Paz Sandoval Brown 504400616
  • María Raquel Picado Abarca 1 1666 0280
  • Mariana Sandoval Brown 504300953
  • Mariel Vega Rojas
  • Mario Novaro Hueyo
  • Maureen lndergren Sánchez
  • Melanie Alexandre Humbert
  • Melissa Gutiérrez Rodrígue 504300706
  • Minor Alberto Cortés Reyes
  • Noelia Picado Sánchez 117200129
  • Ocksan Aju Calvo
  • Raquel Andrea Salazar González
  • Ricardo Arévalo Rojas 1 1458 0493
  • Sheyla Santana Mora 503690584
  • Silvia Elena Matamoros Pacheco 1 1445 0197
  • Silvia Gallegos Moreno
  • Socorro Picado Sánchez 303250807
  • Sofia Cordero
  • Sofia Villalonga
  • Soul Bliss Journey
  • Susan Ariela Barrantes Acevedo 503830485
  • Tatiana Pochet Reyes 1 11080240
  • Virginia Vargas Acosta
  • Ximena Obregón (Movimiento Manglar)
  • María Carolina Villarreal Carmona
  • Sandro Varela Acuña

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Privatizar los sistemas eléctricos: un pésimo negocio

Alberto Gutiérrez Arguedas
Geógrafo y científico social
Universidad de Costa Rica / Coalición en Defensa del Modelo Eléctrico Solidario

Actualmente se discute en la Comisión Especial de Energía de la Asamblea Legislativa el proyecto “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, expediente No. 23.414. En pocas palabras, se trata de un proyecto ley intencionado para la privatización del sistema eléctrico nacional, de la misma envergadura y alcances del infame “Combo del ICE”, derrotado en las calles hace 25 años en una de las mayores movilizaciones sociales de la historia de Costa Rica.

En términos técnicos, este proyecto de ley tiene tres elementos básicos, que en su conjunto implicarían una reestructuración profunda del sistema eléctrico nacional:

  1. Creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Se trasladan las funciones de operación y coordinación del sistema eléctrico nacional del ICE al ECOSEN, una nueva entidad adscrita al MINAE. Con ello se politiza en el mal sentido de la palabra las decisiones y planificación estratégicas sobre el sistema eléctrico y se abre las puertas a conflictos de intereses y dinámicas viciadas de “juez y parte”, pues en dicha entidad tendrían representación los generadores privados de electricidad.
  2. Creación del Mercado Eléctrico Nacional (MEN). Se crea un mercado eléctrico mayorista o de subastas, es decir, un mercado eléctrico privatizado, en donde la electricidad es una mercancía que se transa entre agentes privados. Con ello se elimina la planificación operativa que actualmente ejerce el ICE, la cual garantiza que las decisiones y planes estratégicos sobre el sistema eléctrico respondan a criterios técnicos y a las necesidades sociales, no a intereses particulares.
  3. Exportación de empresas privadas en el mercado eléctrico centroamericano. Se autoriza que los generadores privados exporten directamente en el mercado eléctrico regional, lo cual actualmente solo puede hacer el ICE. Ello es problemático porque, bajo el esquema actual, las ganancias del ICE por exportación de electricidad se rebajan de las tarifas de los usuarios, mientras que si exportaran las empresas privadas esas ganancias serían para el lucro de estas, sin beneficio para la colectividad.

Lejos de ser una novedad, lo que propone este proyecto de ley es la vieja receta privatizadora de los años 1990. En aquellos años, al mismo tiempo en que se impulsaba el “Combo del ICE”, los demás países centroamericanos también impulsaron reformas legales para privatizar sus sistemas eléctricos, como parte de los programas de ajuste estructural. Honduras lo hizo en 1994, El Salvador y Guatemala en 1996, Panamá en 1997 y Nicaragua en 1998. A diferencia de Costa Rica, en donde la lucha social logró frenar la privatización, en los demás países sí se concretó.

El proyecto de ley de “armonización” busca cumplir un ansiado sueño de las clases dominantes: completar la privatización del sistema eléctrico de Costa Rica, la cual quedó “a medias” desde los años 1990. Quieren conseguir lo que no pudieron hace 25 años, utilizando los mismos argumentos de aquel entonces: que la apertura del sector eléctrico reducirá las tarifas, que modernizará la gestión y, en general, que mejorará la calidad del sistema eléctrico. Pero, ¿será cierto que privatizar el sistema eléctrico trae todos esos beneficios? La experiencia de los demás países centroamericanos dice lo contrario. Veamos.

En cuanto a las tarifas, a pesar de ser el país más caro de la región, Costa Rica mantiene la tarifa eléctrica más barata. Según datos de 2022, el precio del kilovatio/hora (kWh) en este país fue de $0,15, mientras que en Panamá y en Nicaragua fue de $0,17, en El Salvador $0,24, en Honduras $0,26 y en Guatemala $0,28. En algunos de estos países el pago de la tarifa eléctrica representa una pesada carga en las economías familiares y, de hecho, ha sido motivo de conflictos sociales. Por ejemplo, en el contexto de las grandes protestas en Panamá en 2022, el rebajo de la tarifa eléctrica fue uno de los ocho puntos prioritarios que el movimiento social presentó ante el gobierno en la Mesa Nacional de Diálogo.

Desde el punto de vista de la calidad del sistema eléctrico, los resultados de las privatizaciones han sido igualmente decepcionantes. Costa Rica se mantiene como el país con mayor índice de cobertura eléctrica (99,4%), seguido de El Salvador (97,9%), Nicaragua (97,3%), Panamá (94,3%), Guatemala (89,2%) y Honduras (85,7%). Lo mismo puede decirse de la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico: los apagones y picos de corriente, prácticamente desconocidos en Costa Rica, son una realidad cotidiana en otros países, provocando perturbaciones en la vida de las personas. Por ejemplo, en la ciudad panameña de Colón se han dado protestas contra la empresa de distribución eléctrica, en donde las personas, indignadas, han arrojado a la sede de la empresa sus electrodomésticos dañados.

Lo mencionado anteriormente revela que, contrario a las promesas, las privatizaciones no han traído buenos resultados en Centroamérica. Lo que sí han hecho es abrir un nicho de negocios sumamente lucrativo, del cual se han aprovechado un conjunto de empresas privadas, nacionales y transnacionales. Y aquí está el meollo del asunto: cuando se privatiza un sector estratégico como la energía eléctrica, esta deja de ser un derecho y pasa a ser una mercancía. Por lo tanto, ya no está en función de satisfacer las necesidades sociales sino de las posibilidades de negocio que pueda ofrecer. Aquellas actividades que no resultan lucrativas (por ejemplo, la electrificación de zonas rurales) son deliberadamente descuidadas.

En la coyuntura política actual, es fundamental prestar atención y aprender de la experiencia de otros países, pues pueden dar una idea lo que nos esperaría en caso de aprobarse el proyecto de “armonización”. Este proyecto de ley es anacrónico, pues en otras latitudes más bien se está discutiendo la necesidad de re-estatizar las empresas de electricidad que fueron privatizadas, debido a sus desastrosos resultados. Tal es el caso de Alemania, que en 2022 nacionalizó la empresa eléctrica Uniper, en el contexto de la crisis energética provocado por la guerra en Ucrania.

En conclusión, el motivo por el cual quieren privatizar el sistema eléctrico de Costa Rica no es porque no funcione bien. Al contrario: lo quieren privatizar porque funciona muy bien y por consiguiente es un jugoso botín del cual la oligarquía local y las empresas transnacionales se quieren apropiar. El momento actual nos invita a luchar, pues una vez que se privatiza el sistema eléctrico, es muy difícil revertirlo. Hay mucho en juego.

Referencias

Centroamérica 360º (2023). ¿Quiénes pagan la factura eléctrica más cara en Centroamérica? Centroamérica 360º Disponible en: https://www.centroamerica360.com/economia/quienes-pagan-la-factura-electrica-mas-cara-en-centroamerica/

ElDiario.es (2022). Alemania nacionaliza la eléctrica Uniper por 8.500 millones. ElDiario.es. Disponible en: https://www.eldiario.es/economia/alemania-nacionaliza-electrica-uniper-8-500-millones_1_9556221.html

Gordón, I. (2022). Mesa única del diálogo acuerda ocho puntos para negociar con el Gobierno. La Estrella de Panamá. Disponible en: https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/mesa-unica-dialogo-acuerda-ocho-puntos-negociar-gobierno-IKLE474084

Guillén, S. (2024). La ruta del apagón y la privatización del ICE. Semanario Universidad. Disponible en: https://semanariouniversidad.com/opinion/la-ruta-del-apagon-y-la-privatizacion-del-ice/

Rojas, M. (2022). Estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 2021. Ciudad de México: CEPAL.

Sánchez, D. (2023). Colonenses se cansan de las fluctuaciones y protestan en Ensa. Critica. Disponible en: https://www.critica.com.pa/nacional/colonenses-se-cansan-de-las-fluctuaciones-y-protestan-en-ensa-451655

¿Qué nos sucede que no despertamos?

Deivis Ovares Morales

Deivis Ovares Morales
Secretario de Organización de UNDECA

Nuestro país es reconocido en el ámbito Internacional como ejemplo de solidez democrática y de resolución de diferencias políticas por medios pacíficos, ante ello deberíamos cuestionarnos y plantearnos seriamente ¿Estamos realmente siendo parte activa e integral de la toma de decisiones y del modelo político económico que prevalece en el país? Para mí la respuesta es No, estamos acostumbrados a que otros escojan conforme a sus mezquinos y convenientes intereses quiénes van a ocupar cargos públicos de toma de decisiones, mismas que indudable e inevitablemente impactarán nuestro diario vivir.

Como costarricenses debemos ocuparnos mucho en reflexionar sobre política y sobre nuestro conformismo, omisión o indiferencia porque como señaló Platón “el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres”

Eso nos debe llevar a agudizar nuestros sentidos para despertar y observar lo que desde hace tiempo está frente a nuestras narices, y reconocer aunque no nos guste que ellos, (las alcurnias económicas y sus fichajes políticos) sólo cambian la cara y el color pero son la misma élite política mafiosa que nos imponen su corrupción, perpetúan su fraude tributario, siguen escondiendo fortunas de dinero público en paraísos fiscales, debilitan, sabotean y desfinancian las empresas e instituciones estatales para luego ofrecer comprarlas a precios de ganga que ellos mismos deciden en mesas costosas de hoteles o casas lujosas de las que no participan los legítimos representantes populares.

Ellos con sus argucias se adueñan de activos y amplias extensiones de tierras estatales, son los mismos que privatizan los servicios públicos poniéndolos en manos de sus propias empresas, ellos son los mismos que sin ningún escrúpulo causan la destrucción del medio ambiente para adquirir abultadas ganancias individuales.

Son los mismos que han procurado con enfermiza obstinación el deterioro sistemático de los Derechos Humanos Fundamentales como los derechos laborales a la huelga y a la negociación colectiva, pretendiendo coartar libertades e intentando criminalizar derechos históricos de nuestro pueblo como el aún vigente e indomable derecho a la protesta social.

Ellos nos imponen su narcotráfico, la conveniente inseguridad y su ola de crímenes, también nos imponen sus odios por medio de estrategias utilizadas por los más repudiables fascistas, criminales obscenos de la falsedad y la desinformación; podríamos seguir con una larga lista de lo que ellos nos han hecho, nos hacen y nos harán sino hacemos una verdadera introspección de nuestras conductas electorales.

Hace poco escuché un compañero de luchas decir que nuestro concepto de democracia es tan simplista y fugaz que para nosotros la democracia duraba de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde de un domingo de febrero cada cuatro años, y para mí lo peor es que en esas 12 efímeras horas lo que realmente hacemos es descartar lo que ellos deciden y escogen.

Creo que en el pueblo y los sectores sociales si realmente queremos un rumbo digno, social, con verdaderos contrapesos y equilibrios debemos tener la sapiencia de no seguir legitimando los intereses de ellos.

Los ejemplos sobran y solo por mencionar algunos es impulsar legislación injusta, retorcida y retrógrada para destruir derechos y limitar libertades como el Combo Fiscal, la Ley Antihuelgas, la Ley Marco de (des) Empleo Público, entre otras, pero aun así no les alcanza, su conspiración es constante, ellos fácilmente se ponen de acuerdo para presentar sus leyes de abolición de la jornada de 8 horas y eliminación del pago de horas extra, nos imponen sus decretos y legislaciones para beneficiarse con los negocios del cáñamo y cogeneración eléctrica, usan la política de forma abusiva y perniciosa para hacer sus leyes y decretos para condonar aranceles a los amigotes de campaña o los que sobre valúan sus unidades de transporte que se queman prestando el servicio en vía pública, en las carreteras deterioradas, construidas por las empresas que ellos mismos contratan facilitada por la Ley de Concesión de Obra Pública que ellos mismos generaron y que en lo más reciente nos ha dejado la Trocha, Cochinilla, Azteca, Diamante, Pista del Aeropuerto de Liberia. Esos deterioros ponen en riesgo al trabajador que conduce unidades de transporte público, los trabajadores que viajan en ellas y a los que con mejores posibilidades viajan por sus medios enfrentando el calvario de tránsito en el que pierde años y años de vida escuchando en cada campaña electoral que ellos tienen la pomada canaria para resolverlo y peor aún con el mayor de los cinismos que tienen “interés en resolverlo”.

Ellos son los mismos que nos imponen leyes que premian la irresponsabilidad fiscal con amnistías tributarias, y sin bastarles, también nos imponen el deterioro sistemáticamente de nuestras columnas de Seguridad Social con el desfinanciamiento de la educación y de la CCSS, bastiones de desarrollo de nuestra sociedad.

Aunque parezca y suene irracional, ante todo ese menosprecio a lo social y lo público, ante ese salvaje avance en la destrucción que nuestras conquistas históricas, absurdamente les seguimos premiando para que nuevamente ejerzan el poder y ¿para qué?, para que nos sigan jodiendo…

Solo quiero terminar con una frase que encierra una gran pregunta y que creo le pertenece a un científico famoso: ¿Por qué esperamos resultados distintos haciendo lo mismo?

¡Reaccionemos!