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Etiqueta: municipalidades

Ya son doce las municipalidades que rechazan el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Municipalidades de La Unión y San José se suman a los gobiernos locales que han manifestado su oposición al expediente legislativo N.° 23.414

Las municipalidades de La Unión y San José se sumaron recientemente a los gobiernos locales que han expresado su oposición al proyecto de ley expediente N.° 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una iniciativa que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa y que ha generado preocupación en diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios.

Con estos pronunciamientos ya son doce las municipalidades del país que han manifestado su rechazo al proyecto o han solicitado que no sea aprobado en su forma actual, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario que históricamente ha garantizado el acceso universal a la electricidad en Costa Rica.

En el caso de la Municipalidad de La Unión, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo N.° 3888, mediante el cual manifestó expresamente que no apoya el proyecto de ley por considerar que afecta el sistema solidario brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), promueve la apertura y control del mercado eléctrico y pone en riesgo la soberanía energética construida durante décadas en beneficio de toda la población costarricense.

Por su parte, el Concejo Municipal de San José aprobó una moción en la que se manifiesta oposición al expediente legislativo N.° 23.414 y se insta respetuosamente a la Asamblea Legislativa a no aprobar la iniciativa en su forma actual. La moción señala que existen advertencias formuladas por instituciones académicas, organizaciones sindicales, entidades técnicas y órganos especializados sobre los posibles impactos que tendría el proyecto en el acceso equitativo a la electricidad, la planificación energética nacional y el modelo solidario que caracteriza al sistema eléctrico costarricense.

Entre los argumentos incluidos en la moción aprobada por el Concejo Municipal de San José se citan pronunciamientos del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, criterios técnicos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, observaciones de la Procuraduría General de la República y posiciones institucionales del Grupo ICE, las cuales advierten sobre cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

Estos nuevos acuerdos se suman a los pronunciamientos previamente emitidos por otros gobiernos locales de distintas regiones del país, reflejando una creciente preocupación municipal ante una propuesta legislativa que podría transformar profundamente el modelo eléctrico nacional.

Las organizaciones y personas que impulsan la defensa del modelo eléctrico solidario consideran que estos acuerdos evidencian que la discusión sobre el expediente 23.414 trasciende el ámbito técnico y constituye un tema de interés público relacionado con el acceso a servicios esenciales, la soberanía energética, la planificación nacional y el desarrollo equilibrado de las comunidades.

Las organizaciones firmantes reiteran su llamado a las diputadas y diputados de la República para que escuchen las preocupaciones expresadas por gobiernos locales, instituciones académicas, organizaciones sociales y sectores técnicos antes de avanzar en la aprobación de una iniciativa que podría modificar de manera sustancial uno de los pilares históricos del desarrollo costarricense.

La campaña es promovida por la Red de Mujeres Costeras, Bloque Verde, Bloque Azul, COECOCeiba–Amigos de la Tierra Costa Rica, Costa Rica por el Océano, Movimiento Ríos Vivos, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Frente Eco Cipreses, Oilwatch Costa Rica, la Red de Coordinación en Biodiversidad, Talamanca Siempre Verde y Causa Sur, organizaciones que han hecho un llamado a fortalecer el debate público sobre el futuro del sistema eléctrico nacional y a ampliar la participación de los gobiernos locales y las comunidades en esta discusión.

Municipalidad de Bagaces se suma al rechazo del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Municipalidad número 10 en contra del proyecto

La Municipalidad de Bagaces se convirtió en una de la Municipalidad más reciente del país en manifestar formalmente su oposición al expediente legislativo N.° 23.414, denominado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional».

Mediante el acuerdo N.° 05-160-2024-2028, aprobado de forma unánime en la sesión ordinaria celebrada el 2 de junio de 2026, el Concejo Municipal de Bagaces acordó respaldar el acuerdo N.° 1114-2026 de la Municipalidad de Goicoechea, en el cual se reitera la oposición a dicha iniciativa legislativa.

La votación contó con el apoyo de la totalidad de los regidores presentes, quienes aprobaron el acuerdo con cinco votos a favor y ninguno en contra, otorgándole además carácter de acuerdo firme.

Con esta decisión, Bagaces se suma a otras municipalidades que han expresado públicamente su rechazo al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, entre ellas Goicoechea, Belén, Pérez Zeledón, Montes de Oca, León Cortés, Turrialba, San Rafael de Heredia y San Isidro de Heredia.

El pronunciamiento refleja la creciente preocupación de diversos gobiernos locales respecto a los posibles impactos que esta propuesta legislativa podría tener sobre el modelo eléctrico nacional y la gestión de un servicio considerado estratégico para el desarrollo del país.

La adhesión de Bagaces fortalece la posición de los gobiernos municipales que han solicitado a la Asamblea Legislativa reconsiderar el avance de este proyecto y abrir espacios de discusión más amplios sobre el futuro del sistema eléctrico costarricense.

Diversas organizaciones ecologistas y comunitarias han venido impulsando una campaña para que más gobiernos locales analicen y se pronuncien sobre el expediente legislativo N.° 23.414. La iniciativa busca que las comunidades se acerquen a sus municipalidades y promuevan acuerdos en base a la autonomía municipal, incentivando la participación ciudadana y el derecho de los gobiernos locales a ser escuchados en decisiones que podrían tener implicaciones para sus territorios.

Esta estrategia retoma experiencias exitosas desarrolladas en años anteriores, cuando decenas de municipalidades se declararon territorios libres de cultivos transgénicos y libres del uso de determinados herbicidas, logrando que más del 90% del territorio nacional adoptara este tipo de pronunciamientos en el caso del maíz transgénicos.

Bloque Verde
Bloque Azul
COECOCeiba-Amigos de la Tierra CR
Costa Rica por el Océano
Movimientos Ríos Vivos
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Eco Cipreses
Oilwatch Costa Rica
Red de Coordinación en Biodiversidad
Talamanca Siempre Verde
Red de Mujeres Costeras

Ciudadano exige informe técnico urgente por traslado de residuos al relleno sanitario de Limón

Un ciudadano limonense presentó una exigencia formal y urgente ante el Concejo Municipal de Limón, la Alcaldía y el Ministerio de Salud, solicitando un informe técnico exhaustivo y coordinado que justifique el traslado de desechos sólidos desde la meseta central al relleno sanitario ubicado en el cantón central de Limón.

La gestión fue realizada por Marco Levy Virgo, quien advierte que esta práctica podría acelerar el agotamiento de un recurso estratégico para la provincia, con consecuencias graves para la salud pública, el ambiente y la economía local.

Principios legales y constitucionales invocados

El documento fundamenta la exigencia en la Ley General de Salud, la Ley para la Gestión Integral de Residuos y en los principios precautorio y preventivo del derecho ambiental, señalando que las autoridades están obligadas a actuar aun cuando exista incertidumbre científica sobre posibles daños.

Asimismo, se invoca el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho colectivo e intergeneracional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional que exige una tutela efectiva de los llamados intereses difusos.

Riesgos ambientales, sanitarios y económicos

Según se expone en el documento, el traslado de residuos desde otras regiones al relleno sanitario de Limón incrementa de forma desproporcionada la carga ambiental sobre una provincia históricamente marginada, sin que exista evidencia pública de una evaluación rigurosa de impactos.

Se recuerda además que el relleno sanitario se ubica en una zona de recarga acuífera, condición que en el pasado ya generó controversias ambientales, y se advierte que su eventual colapso podría provocar una crisis de residuos sólidos similar a la vivida antes de su construcción.

El texto subraya que Limón es una región con alta visitación turística, vinculada a cruceros y actividades ecoturísticas, por lo que una crisis sanitaria o ambiental tendría impactos directos sobre el empleo y los ingresos locales. También se advierte que, de agotarse el relleno, el traslado de residuos limonenses a otras provincias implicaría costos económicos insostenibles para los gobiernos locales.

Exigencia concreta a las autoridades

La solicitud plantea un plazo de diez días hábiles para que la Municipalidad de Limón, el Ministerio de Salud y el Concejo Municipal presenten un informe que detalle:

  • Los fundamentos técnicos, legales y fácticos que sustentan el traslado de residuos desde la meseta central.
  • La vida útil real del relleno sanitario, con proyecciones basadas en datos científicos actualizados.
  • Las medidas previstas para evitar el agotamiento del sitio, considerando que la construcción de un nuevo relleno sanitario requiere varios años.

El documento concluye advirtiendo que, de no obtener una respuesta adecuada, se valorará acudir a instancias superiores y acciones judiciales para la defensa de los derechos colectivos, en resguardo del ambiente, la salud pública y el interés intergeneracional de la provincia de Limón.

Antecedentes

SURCOS ha dado seguimiento en distintas ocasiones a conflictos socioambientales vinculados con la gestión de residuos sólidos, el uso de rellenos sanitarios y los impactos desiguales que estas decisiones generan en distintos territorios.

Estas publicaciones han advertido sobre la necesidad de criterios técnicos transparentes, participación ciudadana efectiva y una distribución equitativa de las cargas ambientales entre regiones del país.

🔗 Puede ver en SURCOS notas relacionadas sobre gestión de residuos y rellenos sanitarios:

https://surcosdigital.com/?s=rellenos+sanitarios

Imagen de cabecera con fines ilustrativos.

Municipalidades continúan estancadas en gestión de servicios locales

La Contraloría General de la República emitió el Índice de Gestión de Servicios Municipales 2025 (IGSM 2025), en el cual participaron los 84 gobiernos locales del país. La herramienta refleja cómo las municipalidades organizan y operan los servicios que brindan a la población, que son cruciales porque impulsan el desarrollo comunal y aseguran que se cubran necesidades indispensables para el bienestar diario de las personas.

El estado actual revela que las municipalidades tienen una gestión aún frágil, esto se traduce en servicios que no siempre cumplen estándares mínimos de calidad o continuidad. Para el año 2024 las municipalidades presupuestaron en gastos un total de ¢337.671 millones para atender todos los servicios, pero solo ejecutaron ¢241.386 millones, lo que equivale al 71%.

Se encontró gestión básica y sin avance, débil gestión de alcantarillado pluvial, gestión vial deficiente, brechas críticas en gestión de residuos sólidos, tarifas desactualizadas y alta morosidad.

Se les invita a revisar el informe completo en el siguiente enlace:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025016850.pdf

Webinario «Fuera Mekorot de Abya Yala»

El agua como bien común en disputa

El colectivo Comunicadores por Palestina hace un llamado urgente a la ciudadanía a participar del webinario “Fuera Mekorot de Abya Yala”, un espacio de análisis sobre los intereses de la iniciativa privada y grupos de poder en torno al agua como recurso estratégico en América Latina.

Este evento busca abrir un diálogo entre activistas defensores del agua e investigadores de la región, con el objetivo de visibilizar la presencia e influencia de la empresa nacional de aguas de Israel, Mekorot, en distintos países de nuestro continente.

Temas a discutir:

  • ¿ Ordenamiento territorial ?

  • ¿Ordenamiento hídrico ?

  • ¿Ordenamiento jurídico ?

  • ¿ Desarrollo urbanístico ?

  • Y la distribución del agua.

Mekorot es la empresa estatal israelí responsable del control del agua en territorios palestinos ocupados, acusada por múltiples organizaciones de derechos humanos de robo, contaminación y apartheid hídrico. Ahora, sus «tentáculos» se extienden hacia América Latina, muchas veces bajo otros nombres o mediante alianzas público-privadas, como parte de los llamados “planes maestros” de gobernanza del agua.

En Costa Rica, es importante poner atención a los “regalos” y viajes que esta empresa ofrece a municipalidades como parte de estrategias de influencia política y comercial. Aunque el reciente viaje de funcionarios municipales se reprogramó, los convenios siguen gestándose en silencio.

Fecha del evento: miércoles 3 de julio

Webinario disponible en el canal YouTube de Revista Biodiversidad TV: https://youtube.com/@revistabiodiversidad-tv

Informarnos es también defender el agua como derecho, no como mercancía.

Más de 100 organizaciones rechazan proyecto de ley de aguas y alertan sobre sus consecuencias políticas y ambientales

  • Recuerdan a los diputados el costo electoral de legislar en contra del ambiente y las comunidades

  • Exigen que la Asamblea Legislativa se abstenga de aprobar el proyecto

Una amplia y diversa coalición de más de 100 organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, ASADAS, académicas y de múltiples sectores expresa su profunda preocupación por el avance del proyecto de Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente 23.511), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.

Para las organizaciones firmantes, este proyecto representa un serio retroceso en materia ambiental y social. Señalan que “en lugar de modernizar la legislación para promover una gestión justa, democrática y ecológica del agua, el texto actual abre peligrosos portillos que facilitan su explotación desmedida, en beneficio del sector extractivista”.

Las organizaciones advierten a las y los diputados que aprobar esta ley acarreará consecuencias políticas en los próximos comicios:

“Haremos visible su responsabilidad. No permitiremos que se entreguen nuestros bienes hídricos a los intereses agroindustriales, inmobiliarios y de la construcción. Les vamos a aguar la fiesta”.

Uno de los puntos más críticos del proyecto es la posibilidad de reducir las zonas de protección alrededor de nacientes y acuíferos, sin garantías mínimas ni estudios técnicos previos. La Procuraduría General de la República (PGR-OJ-095-2023) advirtió que esta disposición viola el principio precautorio y constituye una regresión ambiental.

Un ejemplo alarmante se da en la Zona Norte de Cartago, donde nacientes que abastecen a más de 50 mil personas presentan niveles de contaminación por clorotalonil degradado superiores a los permitidos. En lugar de tomar medidas para proteger estas fuentes, el gobierno elevó ilegalmente los límites permitidos. Según el AyA, el 80% del área de protección de esas nacientes está invadido: 44% por agricultura intensiva, 33% por pastos, 3% por infraestructura, y solo un 20% conserva cobertura forestal (UEN-GA-2024-00175).

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea (AL-DEST-CIV-0026- 2025) también advirtió que las reducciones propuestas en zonas de protección podrían provocar fragmentación del bosque, pérdida de biodiversidad, alteraciones del ciclo hidrológico y mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.

El proyecto, además, deja temas clave —como el otorgamiento de concesiones, el caudal ecológico y la participación ciudadana— sujetos a reglamentación futura, sin garantías en el texto legal. Esto debilita el control ciudadano y limita la participación de comunidades rurales, costeras e indígenas.

Otro punto crítico es que se permitiría a desarrollos inmobiliarios, como condominios turísticos, perforar pozos propios si el AyA declara falta de disponibilidad, sin distinguir entre proyectos comunitarios y grandes emprendimientos privados. Esta medida puede generar desplazamientos, turismo descontrolado y graves impactos ecosistémicos, especialmente en zonas costeras.

También se plantea una amnistía general para legalizar pozos ilegales, sin estudios técnicos ni revisión de impacto, lo que premia la ilegalidad y compromete la sostenibilidad de los acuíferos.

Además, el proyecto no delimita claramente las competencias de las instituciones involucradas en la gestión del agua (MINAE, Ministerio de Salud, AyA, SENARA, municipalidades, ASADAS), lo que puede generar conflictos, descoordinación y vacíos de responsabilidad.

Aunque se menciona el cambio climático, no se establecen obligaciones concretas ni mecanismos eficaces para garantizar la adaptación, la protección de ecosistemas o una planificación hídrica con enfoque climático.

Frente a esta situación, las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a la Asamblea Legislativa:

Exigimos que se abstengan de aprobar este proyecto de ley. Antes de avanzar, es indispensable determinar si vulnera la Constitución y el derecho humano al agua. No se puede legislar a espaldas del pueblo y del ambiente”.

Las organizaciones firmantes: Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas, Amigos de los Árboles, Asada Guacimal Puntarenas, Asada San Miguel, Asada San Miguel de Cañas, Asoc. PROAL/Proyectos Alternativos, Asociación Civil Pro Natura, Asociación de Estudiantes de Biología UCR, Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), Asociación de Mujeres Artesanas de Santa Elena, Asociación de mujeres Meri Dirikä (Mujeres lideresas Ngäbe de Sixaola), Asociación de Progreso Barranca, Asociación de Siquirres, Asociación de Turismo Rural de Santa Elena de Pital, Asociación Ecologista Nido de Halcón, Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Asociación Pro Guanacaste Integrado, Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Regenerativa Matzù Insigne, Asociación Sindical Costarricense de Empleados de Telecomunicaciones y Electricidad, ASOOSTRAS Judas de Chomes, AGLOCAM Logística, Bloqueazul, Bloqueverde, Buen Vivir-Costa Rica, Casa AIKO, Meleruk, Talamanca, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Colectiva por el Derecho a Decidir CR, Colectivo Agroecológico Campo Alegre, Colectivo Agroecológico Zurquí, Colectivo Ecologista Liberiano, Colectivo Trueque, Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta., Comité de vecinos Boquerón, Comité de vecinos Boquerón Abajo, Comité Punta Pelencho, Comunidad de Barrio el llano, Pérez Zeledón, Comunidad de Yerbabuena, La Unión., Concejal de Distrito, Sabanilla de Montes de Oca, CONCEVERDE Colectivo Ciudadano de San Rafael de Heredia, Confederación Unitaria de Trabajadores, Confraternidad Guanacasteca, Coordinadora por la Liberación Animal, Costa Rica por el Océano, Covirenas Caribe Sur, Defensores de la Casa Común, Eco Cipreses, Eco Vida ., Ecolur Compostaje Doméstico, Esparzol, Federación costarricense para la conservación de la naturaleza (FECON), Festival Madre Monte Longo Mai, Foro Político Filosófico Agenda Verde, Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Frente Ecologista Universitario (FECOU), Frente Nacional de Lucha, Fundación Caracara, Fundación CODEHMA, Fundación Orgánica, Fundación Suwo Di, Fundación TAIS, GreenWolf, Hatillo 4 Sur Organizado, Horizonte DEI, Junta de Salud de Sarchi, La Gallada del Golfo Dulce, Montaña Verde, Movimiento Cahuita Unida, Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina, Movimiento de Resistencia y Formación, Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC, Movimiento Ríos Vivos, Longo Mai de Volcán de Buenos Aires, Movimiento Salvemos la Loma Salitral, Mujeres apoyando a Lucy y doña Digna, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade), Observatorio Ciudadano del Agua Quebrada Barreal, Observatorio Ciudadano del Agua Río 3 Amigos, Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas Aserrí. /Desamparados, Oilwatch Costa Rica, PIAPIAS: Comunicación Popular y Educación Antiespecista, Preserve Planet, Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes del Programa Kioscos Socioambientales UCR, Proyecto Movimientos Socioambientales del Caribe Sur de Costa Rica de Kioscos Socioambientales, Radio Machete, Red de Agroecología Costa Rica, Ríos Vivos, Sindicato de Trabajadores Bröran del Agro, Artesanos y Gestores de la Cultura Crün Shürin (STABRÖCS), Talamanca Siempre Verde, UNAPROA, Unidos por el Agua, Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, Yunta Agroecológica de Mujeres.

Las personas firmantes: Alejandra Sandi Retana, Alfredo Jiménez Montero, Alix guerrero morales, Álvaro Fernández González, Amanda Carballo Córdoba, Amanda Gutiérrez Rodríguez, Ana Fonseca Moya, Ana Ligia Sanchez Rojas, Ana Tristán Sánchez, Ana yancy galagarza, Andrea Mora Villegas, Andriana Jiménez Marin, Antonio Castiglioni Espinoza, Ariana Gómez López, Ariana Lizeth Coca Barrera, Ariel Vindas Núñez, Ariela Álvarez arguedas, Arturo Carballo Madrigal, Bärbel Passeyer, Brenda Briceño González, Bruno de Jesús Coto Barboza, Carlos Alberto Mayorga Martinez, Carmen Díaz Castro, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Catalina Carrillo Vargas, César Augusto Gómez Calderón, Christoph Burkard, Comite de vecinos Boqueron Abajo, Craig Schieber, Dafne Araya Vega, Daniel Moraga León, Daniela María Salas Monge, Dany Villalobos, Darío Antonio Rojas Venegas, David Villalobos Villalobos, Davide Giannotti, Dayana Rojas Venegas, Diana Mejías Villalobos, Diego Alfonso Amey Fonseca, Donel Alvarado Zapata, Dylan Zúñiga Villalobos, Eduardo Gardela Ramírez, Elber Alberto Solano Monge, Enid Cruz Ramírez, Escarleth Rodríguez Solano, Estrella Venegas Zamora, Fabián Arias Solano, Fanny Calvo Aguilar, Federico Campos Mora, Fiorella Biolley Solano, Freddy Alexander Peña Chavarría, Gabriel Delgado Álvarez, Gabriela Pérez Quintanilla, Gaus Monge Mora, Génesis Rojas Cruz, Gina Borrero, Giovanni Brenes, Greivin Núñez Mendoza, Guisell Duran Perez, Hannya leiton Zúñiga, Héctor González Pacheco,, Heidy Córdoba Guido, Ingrid Rodriguez Wolter, Isabel Méndez Garita, Italo Fera Fallas, Ivonne Jackelen, Jeff Hernández Castro, Jeremy Valverde Jiménez, Jorge Corrales Alpízar, Jorge Segura Ramírez, Jorge Sibas Vega, José Antonio Mora Calderón, Jose Coimbra, José Manuel Cerdas Albertazzi, José Pablo Zárate Montero, Juan Pablo Gutiérrez García, Juan Solano, Karen Fallas Corrales, Karen Romero Castro, Karla Ann Koll, Karla Borbón Meneses, Karla Milena Picado Valverde, Katherine Barquero Carrillo, Kattya Rodríguez Alfaro, Kenneth Alfaro Alvarado, Laura Carolina Garrigues Herrera, Laura Yuré Calvo Santana, Ligia Barrantes Cartin, Lucía Mahlich Barreto, Luis Diego Marín Schumacher, Luis Gabriel Coronado, Luis gustavo Moraga Rodríguez, Luis José López Miranda, Luz María Romero Miño, Madeline Kiser, Manuel Palacios Baker, Marcos Benicio Jimenez Montezuma, Maria Celeste Quesada Valverde, María Chaves Villalobos, Maria Daniela Chaves Mendoza, María del Rocío Chamorro Tasies, Maria Delgado Cordero, María Eugenia Delgado Marín, María Fernanda Chaves Rodríguez, María Fernanda Oviedo Zúñiga, María Gabriela Hernández López, Maria Hernandez, María Laura Gutiérrez García, María Soto Barrientos, María Trejos Montero, Mariana Porras Rozas, Mariana Taylor Retana, Marianela Quesada Navarro, Mario jose suazo palma, Marta Castro, Marvin Varela Solano, Maureen Leal Mora, Mauren Ramírez Carballo, Mauricio Alvarez Mora, Maylin Karlson Flores, Me uno a la defensa por El Agua = La Vida, Melanny Delgado Cordero, Melissa Céspedes Alvarado, Melvin Solis Blanco, Millaray Villalobos Rojas, Minor López, Miriam Valle Gutiérrez, Mónica Escalante Casco, Mónica Solís Ugalde, Movimiento de Resistencia y Formación, Nahomy Solís Cruz, Nancy Mendoza Diaz, Natalia Solano Corrales, Natalia Solís Rojas, NICOLAS MORALES LORIA, Noemi Canet, Orlando Barrantes Cartín, Orlando Castro Quesada, Oscar Beita Quesada, Osvaldo Durán Castro, Paola Carrillo Molina, Pascal Girot Pignot, Paulino Najera Rivera, Peggy Chamorro, Priscilla Rojas Alvarado, Rafael Villegas mayorga, Raquel Berrocal Sibaja, Raquel sagot, Rebeca Montero Castro, Ronulfo Morera Vargas, Rosa Cordero Guzman, Rosi Naranjo Segura, Ross Salazar Vargas, Roxana Gómez Zúñiga, Ruth Sancho Matamoros, Samantha Obaldia Calderón, Sandra Candela Restrepo, Seidy Boniche Reyes, Sergio Ortíz Pérez, Sofía Gutiérrez Rodríguez, Sofía Martorell Esquivel, Stefanny Castro Ramirez, Stefano Silvestri, Stephanie Rojas Merlo, Susan Barrantes Acevedo, Tamara Borrero, Thalia jimenez Tomas, Ulises Chavarría Chevez, Verónica Castro Ramírez, Virginia Murillo Murillo, Walter Benavides, Yendry Martínez Rivera, Yoel Buitrago

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Defensoría: Sectores trabajan unidos para mejorar servicios de salud en la Región Brunca

Defensoría consolida encuentro con autoridades de salud, municipalidades, juntas de salud y líderes comunales.

A partir de una investigación sobre las condiciones de recurso humano, infraestructura, equipamiento, primer nivel de atención, listas de espera y otras situaciones que se viven en los cinco centros hospitalarios de la Región Brunca, la Defensoría de los Habitantes agrupó a autoridades y representantes de diversos sectores del campo de la salud, municipalidades y líderes comunales en aras de impulsar propuestas de mejora en la prestación de los servicios de salud para toda la Zona Sur del país.

La intención es que, una vez consolidadas las iniciativas sean remitidas a la entidad que corresponda (CCSS, Ministerio de Salud, Gobiernos Locales, Juntas de Salud) para que puedan ser ejecutadas con la urgencia que requieren.

El hospital Fernando Escalante Pradilla es el centro de salud con mayor cantidad de denuncias ante la Defensoría sobre listas de espera en los últimos años; para abril del 2024 ocupaba el primer lugar con un 75 % del total de quejas, seguido por el Hospital Tony Facio, de Limón, con un 12%, el Hospital San Juan de Dios con 8% y el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia con 5%. En cuanto a la distribución de las especialidades denunciadas se ubica Oftalmología, Radiología e Imágenes Medicas, Neurocirugía, Cirugía General y Ortopedia.

De los cinco hospitales de la Región Brunca (Escalante Pradilla, Ciudad Neily, Juana Pirola, Manuel Mora y Tomás Casas), solo uno dispone de un equipo para realizar mamografías y se encuentra en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón por lo que implica largos desplazamientos para las pacientes, dificultando el acceso a pruebas preventivas, lo que no resulta de recibo para esta Defensoría, ya que esta distribución de equipos no responde a criterios de equidad y amplían las brechas en el derecho a la salud. Actualmente se está a la espera de un nuevo mamógrafo en el Hospital Tomás Casas, con el aporte del gobierno local. El Hospital de Ciudad Neily enfrenta desafíos que requieren atención inmediata y la asignación de recursos a nivel de personal especializado, infraestructura y equipamiento médico. Otro servicio que requiere fortalecimiento urgente es enfermería, siendo la mayor carencia la especialidad de obstetricia, así como en Consulta Externa, cardiología, oftalmología, urología y optometría.

Debido a la alta incidencia de cáncer gástrico y males respiratorios en San Vito, el Hospital Juana Pirola (HJP), requiere con urgencia la incorporación de personal médico especialista en gastroenterología y terapia respiratoria, para atender las necesidades de salud de esta población. El Hospital Manuel Mora Valverde, de Golfito es el responsable de atender a 45.000 habitantes de los cantones de Golfito, Puerto Jiménez y Osa, pero enfrenta desafíos significativos para brindar una atención médica adecuada debido a que solo tiene 57 camas y otras limitaciones en recursos humanos, infraestructura y equipamiento.

El Hospital Tomás Casas de Osa presenta un conjunto de retos significativos en materia de especialidades médicas, infraestructura y equipamiento. La gran mayoría de las instalaciones hospitalarias de la zona Brunca enfrenta un problema en los cielos rasos, producto de shock térmico que se da en la región por las altas temperaturas; se requiere de climatización de las mismas.

Diputada Vanessa Castro impulsa ley para la conservación de arboretos en Costa Rica

La diputada socialcristiana Vanessa Castro presentó a la corriente legislativa el expediente 24.804, titulado “Ley de conservación de arboretos para la biodiversidad y educación ambiental”. Esta iniciativa tiene como propósito principal la protección de especies arbóreas amenazadas en el país, con el fin de contribuir a la conservación de la diversidad biológica de Costa Rica. Además, busca desarrollar espacios educativos y de sensibilización ambiental a través de los arboretos, los cuales estarán abiertos a ciudadanos de todas las edades y niveles educativos, promoviendo así una mayor conciencia sobre la importancia de la biodiversidad.

Otro de los objetivos fundamentales de la propuesta es fomentar el turismo científico y educativo, lo que a su vez contribuiría al desarrollo económico sostenible de diversas comunidades del país. Para garantizar la adecuada administración y mantenimiento de los arboretos, la responsabilidad recaerá en las municipalidades y en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Para ello, se creará un Fondo Verde, cuya función será financiar exclusivamente la creación, administración y mantenimiento de estos espacios. Dicho fondo será gestionado por el SINAC y recibirá aportes del Estado, donaciones nacionales e internacionales, así como contribuciones provenientes de alianzas público-privadas.

Asimismo, el proyecto de ley plantea la implementación de incentivos fiscales dirigidos a empresas que colaboren con la creación y mantenimiento de los arboretos mediante donaciones, patrocinios o convenios de cooperación. Estos beneficios incluirán deducciones tributarias sobre el impuesto sobre la renta y exenciones parciales del impuesto de bienes inmuebles, con el propósito de incentivar la participación del sector privado en la conservación ambiental.

La propuesta legislativa contó con el aporte de expertos en la materia, como el profesor Franklin Sandí Murillo, docente de biología en la Universidad de Costa Rica (UCR); la doctora Magda Cecilia Sandí, coordinadora de la Comisión de Memoria del Mundo de la UNESCO; y el consultor peruano en ecología y conservación Héctor Alexis Luque Machaca. Con este proyecto, Costa Rica reafirma su compromiso con la conservación ambiental y la educación, apostando por la integración de la ciencia, la biodiversidad y el desarrollo económico sostenible.

Información compartida con SURCOS por el despacho de la diputada Vanessa Castro.

Municipalidades deben ser agentes de cambio para eliminar la discriminación

Voces y realidades de las poblaciones vulnerabilizadas

Representantes de algunas poblaciones vulnerabilizadas coinciden en el papel que tienen las municipalidades en el abordaje para la eliminación de todas las formas de discriminación a través de políticas e iniciativas que consideren necesidades y especialidades en la gestión municipal.

De acuerdo con Ana Patricia Rodríguez, de la Red de Mujeres Municipalistas, existen grandes desafíos a nivel nacional en temas de género como, por ejemplo, avanzar en la participación y representación política de las mujeres en cargos de elección popular en los gobiernos locales, más capacitaciones y sensibilización sobre el enfoque de género, establecer presupuestos con dicho enfoque y realizar un reforzamiento de las oficinas de la mujer, que son instancias estratégicas en el ámbito local para la promoción y defensa de los derechos de esta población.

Dichas unidades enfrentan diversos problemas que afectan considerablemente su razón de ser, ya que no cuentan con el presupuesto y recurso humano multidisciplinario para atender los temas que afectan a las mujeres y, por la tendencia de varios municipios de asignar a dichas oficinas tareas que no están relacionadas con su finalidad.

La activista de la población afrodescendiente, Laura Hall, señala la necesidad de identificar a nivel estadístico la presencia de esta población en los diferentes cantones del país, así como contar con representación en los gobiernos locales de personas de diversas etnias.

“Tenemos grandes desafíos de visibilidad, racismo estructural, no se entrevé las necesidades de la población afrodescendiente para incidir en la toma de decisiones a nivel local y así tener respuestas efectivas y eficaces”, dijo Hall.

La activista de la población LGTBIQ­+, Margarita Salas Guzmán, recalcó que los gobiernos locales tienen la potestad para disminuir la violencia y discriminación hacia estas poblaciones, por lo que se requiere voluntad política para tomar acciones, tales como implementar capacitaciones internas en las municipalidades para promover los derechos de esta población y que existan mecanismos de denuncia para atender incumplimientos o casos de violencia, para avanzar hacia la constitución de cantones inclusivos que transversalicen los Derechos Humanos.

Estas perspectivas fueron parte de las conclusiones de un seminario organizado a finales del año anterior por la Defensoría de los Habitantes con el apoyo de la Unión Nacional de Gobierno Locales «Gobiernos locales y Derechos Humanos: Buenas prácticas y desafíos», el cual fue un espacio clave para fortalecer el compromiso de los gobiernos locales con la protección y promoción del principio de igualdad y no discriminación en la gestión municipal.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Tope de Montes de Oca: “Crónica de un desastre anunciado”

Mario Ruiz Salas
Vecino de Montes de Oca

¡El desastre del tope en Montes de Oca era evitable!

Vimos lo que se pasó advirtiendo durante meses: equinos heridos, dos muertos, jinetes borrachos violentos, alcohol en la vía pública (y esto per se no es un problema para mí, sino el hecho de que pese a la prohibición expresa en la ley y en la licencia municipal para el tope, y lo dicho por autoridades municipales, se permitió abiertamente) y abuso de recursos municipales para beneficiar a intereses privados, tanto quienes lucraron usando espacio público sin el pago respectivo de patentes como por el despliegue policial y de limpieza gratuito para el organizador, pero pagado con nuestros impuestos.

La soberbia de quienes, con un poco de poder, traicionan el bien común es vergonzosa. Montes de Oca merece respeto y líderes que prioricen a la comunidad, no sus intereses personales o el onanismo farandulero de desfilar en una carroza asumiéndose como un divo.

Las promesas vacías del alcalde y los promotores de este evento chocaron con la realidad que demostró lo contrario y predecible: violencia, descontrol y sufrimiento animal.

Hablemos y exijamos cambios. Montes de Oca no puede seguir así.