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Etiqueta: municipalidades

Municipalidades deben ser agentes de cambio para eliminar la discriminación

Voces y realidades de las poblaciones vulnerabilizadas

Representantes de algunas poblaciones vulnerabilizadas coinciden en el papel que tienen las municipalidades en el abordaje para la eliminación de todas las formas de discriminación a través de políticas e iniciativas que consideren necesidades y especialidades en la gestión municipal.

De acuerdo con Ana Patricia Rodríguez, de la Red de Mujeres Municipalistas, existen grandes desafíos a nivel nacional en temas de género como, por ejemplo, avanzar en la participación y representación política de las mujeres en cargos de elección popular en los gobiernos locales, más capacitaciones y sensibilización sobre el enfoque de género, establecer presupuestos con dicho enfoque y realizar un reforzamiento de las oficinas de la mujer, que son instancias estratégicas en el ámbito local para la promoción y defensa de los derechos de esta población.

Dichas unidades enfrentan diversos problemas que afectan considerablemente su razón de ser, ya que no cuentan con el presupuesto y recurso humano multidisciplinario para atender los temas que afectan a las mujeres y, por la tendencia de varios municipios de asignar a dichas oficinas tareas que no están relacionadas con su finalidad.

La activista de la población afrodescendiente, Laura Hall, señala la necesidad de identificar a nivel estadístico la presencia de esta población en los diferentes cantones del país, así como contar con representación en los gobiernos locales de personas de diversas etnias.

“Tenemos grandes desafíos de visibilidad, racismo estructural, no se entrevé las necesidades de la población afrodescendiente para incidir en la toma de decisiones a nivel local y así tener respuestas efectivas y eficaces”, dijo Hall.

La activista de la población LGTBIQ­+, Margarita Salas Guzmán, recalcó que los gobiernos locales tienen la potestad para disminuir la violencia y discriminación hacia estas poblaciones, por lo que se requiere voluntad política para tomar acciones, tales como implementar capacitaciones internas en las municipalidades para promover los derechos de esta población y que existan mecanismos de denuncia para atender incumplimientos o casos de violencia, para avanzar hacia la constitución de cantones inclusivos que transversalicen los Derechos Humanos.

Estas perspectivas fueron parte de las conclusiones de un seminario organizado a finales del año anterior por la Defensoría de los Habitantes con el apoyo de la Unión Nacional de Gobierno Locales «Gobiernos locales y Derechos Humanos: Buenas prácticas y desafíos», el cual fue un espacio clave para fortalecer el compromiso de los gobiernos locales con la protección y promoción del principio de igualdad y no discriminación en la gestión municipal.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Tope de Montes de Oca: “Crónica de un desastre anunciado”

Mario Ruiz Salas
Vecino de Montes de Oca

¡El desastre del tope en Montes de Oca era evitable!

Vimos lo que se pasó advirtiendo durante meses: equinos heridos, dos muertos, jinetes borrachos violentos, alcohol en la vía pública (y esto per se no es un problema para mí, sino el hecho de que pese a la prohibición expresa en la ley y en la licencia municipal para el tope, y lo dicho por autoridades municipales, se permitió abiertamente) y abuso de recursos municipales para beneficiar a intereses privados, tanto quienes lucraron usando espacio público sin el pago respectivo de patentes como por el despliegue policial y de limpieza gratuito para el organizador, pero pagado con nuestros impuestos.

La soberbia de quienes, con un poco de poder, traicionan el bien común es vergonzosa. Montes de Oca merece respeto y líderes que prioricen a la comunidad, no sus intereses personales o el onanismo farandulero de desfilar en una carroza asumiéndose como un divo.

Las promesas vacías del alcalde y los promotores de este evento chocaron con la realidad que demostró lo contrario y predecible: violencia, descontrol y sufrimiento animal.

Hablemos y exijamos cambios. Montes de Oca no puede seguir así.

Reseña del Programa Alternativas: Análisis de las Políticas Públicas de Igualdad de Género en Costa Rica

El 13 de septiembre de 2024, el Programa Alternativas ofreció un análisis en vivo de las políticas públicas de igualdad de género en Costa Rica. La transmisión, que tuvo lugar a las 18:00 horas (UTC-6), se realizó a través de plataformas en línea como Facebook Live, YouTube y Spotify. Además, el programa fue retransmitido por diversas emisoras de radio, incluyendo 107.1 FM Radio Actual, Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía y Radio Revolución, garantizando así una amplia cobertura y accesibilidad a la discusión.

El panel estuvo conformado por tres destacadas expertas en el ámbito de la igualdad de género y políticas públicas. Las invitadas incluyeron a María Jesús Zamora Cruz, licenciada en Sociología y activista feminista; Irené Barrantes Jiménez, máster en política pública y género; y Vivian Solís Espinoza, especialista en derechos humanos y género.

El programa hace un acercamiento sobre el estado actual de las políticas de igualdad de género en Costa Rica, y destaca la importancia de este análisis en un momento de cambio global y nacional, asimismo, se hizo un llamado a la acción conjunta para enfrentar los retos y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

María Jesús Zamora Cruz subrayó la importancia de continuar con la investigación y el activismo para asegurar que se respeten los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de género. En su intervención, destacó el valor de las alianzas y redes de apoyo entre mujeres como una herramienta clave para fortalecer los esfuerzos hacia la igualdad de género. Durante su presentación, Zamora compartió datos reveladores sobre la situación de las mujeres en el Cantón de Poás, evidenciando que son mayoritariamente responsables de las tareas domésticas y de cuidado, sin recibir reconocimiento.

En el ámbito económico, expusieron las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a empleos dignos y remunerados. Tanto las asalariadas como las emprendedoras deben lidiar con la falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, las condiciones laborales precarias y la falta de apoyo al comercio local. En el ámbito político, Zamora destacó los obstáculos que enfrentan las mujeres, como la violencia política, la subestimación de su trabajo y la priorización de candidaturas masculinas, lo que limita su participación y representación.

Irené Barrantes Jiménez aportó una perspectiva cultural, resaltando la necesidad de que las políticas públicas de igualdad de género se integren con las iniciativas culturales para ser más efectivas. Señaló la importancia de la voluntad política y el apoyo financiero para implementar cambios significativos en la política de género. Barrantes enfatizó la necesidad de pasar de una igualdad normativa a una igualdad sustantiva, que se refleja en la vida cotidiana de las mujeres. Hizo un llamado a las municipalidades a realizar diagnósticos similares al presentado por Zamora, con el objetivo de identificar las necesidades locales y promover la equidad de género en cada comunidad.

Por su parte, Vivian Solís Espinoza abordó la importancia de la voluntad política en la asignación de recursos y la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. Subrayó la necesidad de un acompañamiento técnico adecuado y de una rendición de cuentas efectiva en las municipalidades y otras instituciones gubernamentales. Solís hizo énfasis en que las municipalidades, como encargadas de ejecutar estas políticas a nivel local, deben seguir el mandato gubernamental y la normativa internacional suscrita por Costa Rica. Además, llamó a tomar acciones concretas para garantizar una implementación real y efectiva de las políticas públicas.

Este espacio concluyó con un llamado a la acción, destacando que la desigualdad de género es un problema profundamente arraigado y naturalizado en la sociedad costarricense. Para lograr un cambio real, es fundamental que tanto las instituciones como la sociedad civil trabajen en conjunto para implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de género. Se resaltó la importancia de la sororidad, el autocuidado y la justicia integral en la lucha por los derechos de las mujeres, subrayando que, aunque el camino es complejo, la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados son esenciales para alcanzar una sociedad más equitativa.

Defensoría investiga traslado de atención de carreteras nacionales a municipalidades

Sobre más de 3.000 kilómetros de la red vial nacional

Como parte del control de legalidad que realiza la Defensoría de los Habitantes, se le envió al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (MOPT), 12 preguntas relacionadas con la eventual entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 44.263-MOPT, que estaría trasladando a las municipalidades del país la atención de más de 3.000 kilómetros de carreteras nacionales.

El objetivo de esta Defensoría es verificar la procedencia técnica y jurídica de dicha medida y garantizar que su eventual aplicación no perjudique la conservación y mejoramiento de dichos caminos públicos. Estas son las consultas que el jerarca del MOPT, Mauricio Batalla Otárola, debe responder dentro de los cinco días hábiles: si la transferencia de dicha responsabilidad fue comunicada formalmente a los gobiernos locales involucrados o no. En caso afirmativo, precisar en qué fechas y a través de qué medios.

Se le consultó si la medida fue adoptada con el concurso y participación de dichos gobiernos locales, o si es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, además, en caso de llevar adelante esta iniciativa, cuál es la cuantía exacta de los recursos que serán transferidos a cada una de las municipalidades involucradas y si dichos recursos ya están o no reservados a nivel presupuestario.

Para esta Defensoría, es importante saber en qué fechas serán transferidos los respectivos recursos a las municipalidades involucradas, a través de qué metodología se estableció la cuantía de recursos a trasladar para cada una de ellas y si su ministerio considera que tales recursos son suficientes para garantizar el óptimo mantenimiento y conservación de las carreteras cuya atención sería encomendada a los gobiernos locales.

Además, se le consultó si la transferencia de esta responsabilidad no prevé transferir recursos adicionales, qué consideración le merece que los establecidos actualmente en las Leyes N° 8114 y 9329, se destinen exclusivamente al mantenimiento de la red vial cantonal y cuál sería el plazo por el que se trasladaría dicha responsabilidad a las municipalidades.

También, deberá informar si considera que las respectivas municipalidades están preparadas en términos de recursos humanos, administrativos y logísticos, para asumir dicha responsabilidad a partir del presente mes y lograr la ejecución presupuestaria de los recursos que les serían transferidos y presentar los estudios técnicos recientes de órganos expertos como LANAMME u otros, que precisen el estado actual de las carreteras cuya atención se trasladaría a las municipalidades.

Por último, deberá indicar qué consideración le merece la posible transgresión al principio de jerarquía de las normas, que implicaría trasladar la atención de carreteras nacionales a las municipalidades vía Decreto, a pesar de que la Ley General de Caminos Públicos, N° 5060, asigna al MOPT la administración de la red vial nacional (incluyendo las carreteras primarias, secundarias y terciarias), y a las municipalidades la red vial cantonal.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Proyecto de ley establece mecanismos para que municipalidades actualicen tarifas de servicios

  • Con apoyo de IFAM y PNUD, diputaciones de la comisión de asuntos municipales proponen procedimientos para la revisión periódica de tasas y tarifas por servicios municipales.

  • Auditorías de la Contraloría y estudios del PNUD revelan que municipalidades usan recursos que deberían ser para inversión en financiar gastos ordinarios.

Diputaciones de la comisión de asuntos municipales de la Asamblea Legislativa presentaron el proyecto de ley expediente 24.384 que define procedimientos obligatorios, para que las municipalidades actualicen las tarifas y tasas que ya cobran por los servicios prestados. La iniciativa evitaría la desactualización de las tarifas y la pérdida de ingresos que afectan la calidad de los servicios municipales.

Los gobiernos locales realizan distintos servicios como la recolección de residuos sólidos, el mantenimiento y gestión de parques y espacios verdes públicos, la limpieza de caños y acequias, e incluso en algunos cantones la gestión del agua potable y alcantarillado sanitario. Estas acciones son financiadas con las tasas y tarifas que pagan las personas habitantes del cantón.

“Las municipalidades enfrentan un reto en hacer inversiones para mejorar la calidad de los servicios porque los cálculos mediante los cuales fijaron las tarifas están desactualizados, por lo que apenas alcanzan para la operación mínima. El Código Municipal establece que cada municipalidad cobrará tasas y precios considerando su costo más un 10% de utilidad para desarrollarlos. Pero la falta de mecanismos que aseguren la actualización oportuna hace que se queden sin presupuesto para mejoras y ampliación de servicios”, dijo Jorge Ocampo Sánchez, presidente ejecutivo del IFAM,

Según el Código Municipal las tasas y tarifas deben revisarse anualmente. Sin embargo auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) y estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revelan que hay gobiernos locales que pasan años sin actualizar sus tarifas, generando un grave deterioro en la calidad de los servicios públicos que brindan. Cuando por fin una administración municipal responsable hace la revisión, años de inacción pueden convertirse en fuertes golpes al bolsillo de las y los habitantes, al generar aumentos que no estaban presupuestados.

Para solucionar lo anterior, la iniciativa de ley, impulsada por los diputados Horacio Alvarado (PUSC), Luis Diego Vargas (PLP), Danny Vargas (PLN), Geison Valverde (PLN), Waldo Agüero (oficialista) y la diputada Olga Morera (PNR), establece procedimientos para que la alcaldía – en coordinación con los departamentos técnicos municipales – realicen estudios tarifarios cada 4 años, el año en que se realizan las elecciones municipales. Los estudios deberán ser conocidos y aprobados por los concejos municipales ese mismo año en que inicia la administración.

“El procedimiento y los plazos para la fijación de precios por servicios públicos municipales deben regirse por criterios técnicos, incluyendo valoraciones socioeconómicas para asegurar que no se afectarán a las poblaciones más vulnerables. Al ser un procedimiento de carácter obligatorio, se libera a los concejos y alcaldías de las presiones políticas que reciben para que no realicen los ajustes, permitiendo que concentren su tiempo y esfuerzos en el análisis técnico de la propuesta financiera, que sea costo-eficiente y beneficie a la población del cantón”, señaló Horacio Alvarado Bogantes, diputado presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa.

Además, el proyecto propone que posteriormente se deberá realizar el ajuste cada año correspondiente a la variación interanual del índice de precios al consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“El estudio identificó casos en los que municipios se ven obligados a reducir la calidad, frecuencia o cobertura del servicio, debido a estas restricciones presupuestarias. Esto pone en riesgo el funcionamiento de servicios esenciales para las personas residentes, afectando de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerabilizadas, que son quienes más urgen de gobiernos locales fortalecidos, democráticos, cercanos y capaces de cubrir las necesidades más apremiantes”, aseguró José Vicente Troya Rodríguez, Representante Residente del PNUD en Costa Rica.

El proyecto de ley es apoyado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU), implementado por el PNUD y ejecutado por la Organización para Estudios Tropicales (OET) con financiamiento de Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés).

“Para los gobiernos locales es muy importante tener lo más claro y estandarizado posible el procedimiento de actualización de tarifas, que dé confianza y seguridad de transparencia a la población del cantón de que las decisiones se toman conforme a estudios técnicos para el bienestar de las mayorías”, afirmó Rosario Siles Fernández, alcaldesa de Alajuelita.

Auditorías y estudios técnicos respaldan la reforma

Un estudio del Proyecto TEVU analizó la situación financiera y las necesidades de una muestra de 20 gobiernos locales de la Gran Área Metropolitana (GAM). La investigación concluyó que los municipios enfrentan barreras presupuestarias para mantener los servicios públicos básicos que brindan, como mantenimiento de parques y vías, saneamiento ambiental, servicios de alcantarillado sanitario y pluvial, valorización de residuos, entre otros.

Lo anterior ha sido señalado por la Contraloría en repetidas ocasiones. El Informe No. DFOE-DL-IF-00003-2016 del 2016 concluyó que la ausencia de políticas y procedimientos para fomentar la actualización de las tasas de los servicios incumple la normativa. El ente contralor señaló que esto “va en detrimento de la calidad, cobertura y frecuencia de la prestación de ese servicio, por cuanto no se generan los recursos suficientes para garantizar su sostenibilidad financiera y su desarrollo. Por esta razón, se pierde la oportunidad de financiar proyectos sostenibles de separación y valorización de los residuos”.

La UCR ofrece capacitación sobre ordenamiento territorial y gestión municipal

Uno de los objetivos principales del curso que ofrecerá ProDUS a los gobiernos locales está enfocado en promover la elaboración e implementación de los planes reguladores en los cantones que aún no cuentan con esta herramienta de planificación territorial (foto: Archivo OCI, UCR).

ProDUS abre curso gratuito dirigido a gobiernos locales

El Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS- UCR) ofrecerá un curso dirigido a autoridades municipales sobre los principios relacionados a los temas de ordenamiento territorial y gestión municipal eficiente.

El objetivo del curso es propiciar el conocimiento de los tomadores de decisiones sobre el tema del desarrollo urbano sostenible, principalmente desde la base legal, planificación e implementación de los planes reguladores en Costa Rica.

Este curso es gratuito y es exclusivo para personal de alcaldías, concejos municipales e intendencias electas para el periodo 2024-2028. El mismo se ofrecerá de forma virtual por medio de la plataforma de zoom, los días 10, 17, 24 y 31 de mayo y 7 de junio, en horario de 6:00 p.m. a 8:30 pm.

Según el M.Sc. Félix Zumbado, investigador de ProDUS, la iniciativa pretende contribuir al avance, en materia de elaboración y aprobación de planes reguladores en los diferentes cantones del país que aún tienen pendiente esta tarea, así como solventar dudas generadas por las campañas de desinformación y noticias falsas que se han generado alrededor de este tema, en los últimos meses.

Las clases serán impartidas por el equipo interdisciplinario de ProDUS- UCR, y el contenido del curso está ligado a la experiencia adquirida por este programa de investigación, en materia de desarrollo de planes reguladores y otros proyectos vinculados con el ordenamiento territorial, a lo largo y ancho del país.

Las personas interesadas pueden inscribirse al curso por medio del siguiente enlace:

https://forms.gle/wxvTRgDgQEAYurAb8?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3zqskSvqaIqXpixla5oS4lcF4dT9gvGVcSH2N0KhP-7a7ftx6MZ25Ea94_aem_AeIkPWDFczA67cqkTX0mmq4fCn184k04RAqQPdMRdllNOevGf1GB04095oi4Ni-1MMoYQ1tGkWiL_490t5uwXzGH

Tatiana Carmona Rizo
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Planes reguladores, políticas de ordenamiento territorial y municipalidades en Costa Rica

El caso de moda: Pérez Zeledón

José Solano Saborío*

¿Existe en realidad una política de desarrollo de los territorios?

Apoyamos y promovemos los Planes de Ordenamiento Territorial, pero en su dimensión correcta, cuál es que respondan PRIMERO a un Plan de Desarrollo Cantonal SOSTENIBLE y responsable con el ambiente y la planificación regional y nacional.

Hoy, después de ser partícipe de sendos procesos en varios municipios, para adoptar estos reglamentos técnicos que deben responder a la ciencia y la técnica, pero también a premisas de desarrollo sostenible, debo concluir que son un compendio de ocurrencias inconexas entre los mismos cantones, tanto a nivel de los territorios costeros y rurales, como del GAM.

Y mi participación personal ha sido en varios ámbitos diferentes, como en mi condición de administrado e interesado de al menos un par de municipalidades, o en mi carácter de regidor municipal en Curridabat cuando debíamos aprobar cambios al vigente POT cantonal; o, en este caso, como asesor de organizaciones sociales y gremiales en el actual proceso de nuevo POT en Pérez Zeledón.

El ordenamiento territorial es la actividad de la administración pública destinada a establecer, a través de criterios técnicos interdisciplinarios, la mejor forma de aprovechar el espacio físico, lo cual va a depender de las características propias de cada sitio; Procurando: Equidad Social, Sostenibilidad Ambiental, Competitividad Económica, Participación de los ciudadanos y administrados del territorio a regular.

Además, como premisa deben respetar Normas de Legalidad Nacional, especialmente la Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012-2040 y la Ley de Planificación Urbana Nº4240, en especial lo referido en los artículos 17, 13 y concordantes, además de artículos como el 25, sobre las zonas especiales que deben de venir contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, o los órganos permanentes de revisión de este, contenidos en el artículo 59.

Aclarado esto, debo defender mi conclusión del desastre de planificación territorial en el país y, particularmente, el que hoy es motivo de justificadas protestas públicas a lo largo del Valle de El General.

El de Pérez Zeledón, a como está hoy, es un plan de ordenamiento confiscatorio contra pequeños propietarios de zona agrícola, impide en la práctica la renovación de cultivos pues los permisos para cambios en zonas declaradas por el POT como de uso restringido, deberán someterse a estudios muy onerosos para mipymes agrícolas.

Restringe el desarrollo de nuevos centros urbanos pues lo que hace es referir a normativa nacional del INVU creada para el Valle Central, por lo que limita el desarrollo en la periferia impidiendo el desarrollo humano. Imagínese que una empresa que cobró poco menos de 400 millones de colones para generar los estudios preliminares y los diagnósticos para proponer soluciones, simplemente diga que en el caso de la Renovación Urbana, se aplique una normativa nacional que no se adapta a la realidad espacial del cantón de Pérez Zeledón cuya amplia mayoría del territorio no es de concentración urbana, pues de sus doce distritos solo dos tienen esas condiciones, Daniel Flores y el mismo distrito homónimo de la reconocida ciudad de San Isidro de El General.

En materia ambiental, sin una clara fundamentación técnica, se abren portillos para que en zonas protegidas se instalen grandes desarrollos hoteleros, Casinos o demás turísticos, pero CARECE de promoción del Turismo Rural Comunitario, natural para el cantón, al que NO SE LE MENCIONA NI UNA VEZ en todo el POT. PERO, extraordinariamente, en la nueva zonificación, si se establecen áreas restringidas, pareciera antojadizas, para generar las actividades económicas agrícolas y ganaderas.

Súmele el secretismo…

Un atropellado proceso llevado a cabo tanto por el órgano técnico contratado como de la Comisión especial nombrada por el Concejo Municipal, con la ausencia, en la elaboración del POT de organizaciones civiles, gremiales, sociales y formales del cantón, como las Cámaras de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo, o de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, o la Asociación Agencia para el Desarrollo de Pérez Zeledón, esta última siendo la entidad que según Decreto Ejecutivo 39876 está facultada para designar proyectos en cualquier parte del territorio de Pérez Zeledón bajo la condición de ZONA ECONÓMICA ESPECIAL, cubierta por el derecho internacional de tratados de comercio de la OMC firmados por el país como integrante del GATT, que estaría, bajo el ordenamiento de fuentes de derecho del país, por encima de cualquier ley local; pues esto NO SE MENCIONA O SE TOMA EN CUENTA EN NINGUNA PARTE DEL POT de PZ en trámite.

Y, aún más grave, ¡las propuestas INCLUYEN INTERVENCIÓN SOBRE TIERRAS INDÍGENAS sin CONSULTAR A DICHA POBLACIÓN!

Las evidencias  para estas y muchísimas más aseveraciones, están contenidas en los insumos que han presentado las organizaciones antes mencionadas como la Comisión de Revisión del CFIA, que hicieron originalmente un documento de 84 páginas con sus observaciones del documento del POT publicado en el sitio web de la Municipalidad a diciembre y marzo de 2023 y 2024 respectivamente; pero que hicieron una última revisión con miras a la audiencia pública y resumieron textualmente lo siguiente, manteniendo las recomendaciones y consideraciones de un Estudio de 83 páginas entregado hace unas 6 semanas, y “que definitivamente afectan muchísimo a como están en este momento, parte de los puntos que vemos»:

“- Los cuadrantes urbanos que deberían estar definidos por los estudios hechos para este POT, se indica que son los definidos por el INVU que son sumamente restrictivos y arbitrarios.

– No se permiten segregaciones de menos de 8 lotes fuera de cuadrantes urbanos

– No se permiten servidumbres fuera de cuadrantes urbanos

– Se restringen las áreas públicas a donar cuando se urbaniza una propiedad al 15% de pendiente lo que hace que las propiedades que se puedan urbanizar sean muy muy pocas.

– No se permite el uso de drenajes para tanque séptico a menos que se presente un estudio de tránsito de contaminantes que es bastante costoso (el profesional hace un estudio de infiltración para evaluar esto mismo y es lo que está normado por el CFIA), no se definen zonas de alta y muy alta fragilidad donde se ocupen sistemas de tratamiento mejorados y se deja arbitrariamente al criterio futuro.

– Se piden estudios de estabilidad de taludes (costo alto) para proyectos en terrenos con pendientes sobre el 30%, este criterio es arbitrario y el profesional responsable es el que debe tomar la decisión al respecto según lo que evalúe en sitio.

– La actividad de turismo agropecuario, turismo de aventura, senderismo, centros de estudios de biodiversidad o turismo ecológico, entre otras desarrollado en fincas conectadas por servidumbres agrícolas, que es posiblemente la actividad que genera mayores impulsos a la conservación y preservación del medio ambiente no será permitido. Se permiten solo actividades comerciales frente a calle pública.

– Se indica en varios artículos que se podrán pedir estudios adicionales, lo que expone a la arbitrariedad de los trámites, incluso si SETENA ya evaluó y aprobó un proyecto, la municipalidad podría pedir estudios adicionales

– Se agregan regulaciones constructivas detalladas que nos exponen a que si cambia en el futuro la legislación nacional, podríamos no poder desarrollar proyectos, porque el POT dice una cosa y la reglamentación nacional otra, por ejemplo, que cuando se vaya a construir una escuela, el Ministerio de Educación tenga su reglamento y apruebe el proyecto, pero la Municipalidad de acuerdo al POT no lo apruebe, haciendo inviable que se de una escuela, esto en un caso crítico.

Algunas de las recomendaciones del CFIA:

– “Zonificación con base en los IFAs, dinámica actual del cantón, dinámica estratégica a plazos definidos, uso categoría de caminos con jerarquización municipal, existencia de servicios públicos indispensables, calidad del transporte público, entre otros».

¿Por qué creemos que han desarrollado un Plan de Ordenamiento tan deficiente?

No quiero —y recomiendo a los sectores opuestos a esta deficiente política territorial— no caer en la tentación de la especulación sobre los motivos del Gobierno Local liderado por la vicealcaldesa Rosibel Ramos y, con el contubernio de ocho regidores de los nueve que conforma el Concejo, de las fracciones del PUSC, PLN y FA, solo con la excepción valiente de don José Luis Orozco.

Me abstengo de especular sobre agendas globalistas y otras teorías conspirativas, que más bien generan desinformación y distorsiones ideológicas sesgadas y me apego a creer que la estulticia y los cálculos politiqueros para beneficiar a grupos o elites convenientes para carreras políticas personales en partidos tradicionales, es lo que mueve a crear estos mamotretos en contra del Interés Público y el bienestar de las mayorías.

Pero celebro que el pueblo masivamente se informe y se oponga de forma pacífica y patriótica a estas desafortunadas y repetidas costumbres de la oligarquía política nacional.

*Consultor en materia administrativa público privada y ex director de la Agencia para el Desarrollo de Pérez Zeledón.

Atención sector municipal: Las convenciones colectivas están protegidas por los derechos humanos. Lo dice la Procuraduría

En un comunicado proporcionado por la ANEP, Albino Vargas Barrantes, Walter Quesada Fernández y Rafael Mora Solano, se destaca la importancia de respetar los derechos laborales en el sector municipal de Costa Rica, en línea con la reciente sentencia opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Se reconoce el respaldo de la Procuraduría General de la República, que establece la obligatoriedad de acatar los dictámenes de la Corte Interamericana y garantiza el respeto a los derechos contemplados en las convenciones colectivas. La ANEP insta a que todas las instituciones públicas cumplan con estas disposiciones, asegurando así los derechos laborales de los trabajadores del sector público.

Albino Vargas Barrantes, dirigente sindical, destacó que el documento fue transmitido a los 82 consejos municipales y a las 82 alcaldías de Costa Rica desde el 6 de julio anterior. Vargas señaló que la ANEP advirtió que debían respetar la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual garantiza el pleno respeto a los derechos contemplados en las convenciones colectivas o que podrían llegar a estarlo. 

Por su parte, Walter Quesada Fernández destacó que  la procuradora general de la República funciona como abogado del Estado y sus pronunciamientos son vinculantes para la institución que lo solicita. Para Quesada, dicho pronunciamiento de la procuraduría es esencial al reconocer que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre deben ser de acatamiento obligatorio para el Estado costarricense. 

Siguiendo esta línea, Rafael Mora Solano aborda cómo interpretar este pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, destacando que esto le da fundamento a lo que la ANEP ha venido defendiendo en contra de las violaciones que han habido a los derechos humanos laborales de los trabajadores del sector público, especialmente en el sector municipal, donde se han violentado derechos principalmente en las convenciones colectivas de trabajo que resultan derechos inamovibles, al ser derechos que están incorporados en el contrato individual de trabajo de cada compañero y compañera del Sector Público de este país, y enfatiza en el sector municipal. 

Profundiza lo que dice la procuraduría en su pronunciamiento PGR-C-036-2024 del 4 marzo pasado: “dado lo anterior las autoridades administrativas no tienen competencia de declarar la nulidad de las normas jurídicas por razones de inconvencionalidad, sin embargo al estar obligadas a realizar el control de convencionalidad exoficio dentro de su ámbito competencial, deben interpretar y decidir dentro del parámetro de convencionalidad la gestiones que deben resolver los administrados aplicando los criterios de la corte interamericana derechos humanos emitidos tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito consultivo” 

Mora concluye enfatizando la certeza de la ANEP ante este tema y que todos los consejos municipales y el resto de la institucionalidad costarricense debe respetar el último pronunciamiento de conocimiento público en Costa Rica, de forma que  la ANEP la ha hecho circular por toda la institucionalidad pública. Además, de que es la consultiva número 27-21 en donde se establece claramente que los derechos laborales son derechos intocables para los trabajadores del sector público.

Aumento en número de alcaldesas electas supone un reto hacia la igualdad

  • Se debe analizar a fondo implicaciones de la paridad horizontal que rigió para estos comicios.

  • Debe existir mayor alfabetización digital para disminuir la violencia desde las redes sociales que afectan a las mujeres políticas.

UNA Comunica. 26 de febrero de 2024. Pasar de ocho a 22 alcaldesas electas para el periodo 2024-2028 puede interpretarse como una gran conquista y un logro en la lucha por alcanzar la igualdad y la equidad en los derechos políticos de las mujeres.

Sin embargo, visto desde otro punto de vista, apenas una cuarta parte (26,19%) de las personas elegidas el pasado 4 de febrero son mujeres que encabezarán las municipalidades del país.

Para Ana Soto, académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) y coordinadora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional (UNA), los resultados electorales abren una gran interrogante para investigar y detallar acerca de las razones de ese crecimiento y de los retos que se avecinan para evaluar la aplicación de las reglas vigentes en materia de prevención y sanción de la violencia política hacia las mujeres.

“Lamentablemente, lejos de ser la normalidad, ha sido la excepción”, refuerza Soto, al hacer un balance entre lo acontecido tras estas últimas elecciones y la histórica lucha, donde la discriminación ha sido la tónica en la participación política de las mujeres.

Al respecto, mencionó la lucha que, desde más de 100 años, emprendió la Liga Feminista en Costa Rica para garantizar, entre otras cosas, el derecho al sufragio, y luego la inclusión de ese derecho en la Constitución Política de 1949.

“Luego de obtener ese derecho, se abrieron dos frentes paralelos de lucha: por un lado, la posibilidad de decidir, que se consagró a nivel constitucional, y posteriormente, ostentar puestos públicos. Sin embargo, el avance en este último camino ha sido mucho más lento. Ejemplo de ello es que hasta hace muy poco fue que empezamos a tener presidentas en la Asamblea Legislativa o, por primera vez, ahora tenemos a una mujer al frente del Tribunal Supremo de Elecciones”, rememoró Soto.

Una serie de conquistas legales y normativas han permitido el avance en materia de igualdad política. Uno de ellos fue la promulgación de la Ley 10.235 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres, vigente desde el 17 de mayo del 2022. Otro hito fue la resolución de la Sala Constitucional de febrero del año anterior que ordenó la paridad horizontal en puestos de elección popular, lo que abrió la puerta para que los partidos políticos postularon en igual cantidad mujeres y hombres entre la totalidad de cantones en que participaron.

Ambos factores, junto con la imposibilidad de reelección de alcaldes o alcaldesas que ya sumaban dos periodos consecutivos en el puesto, permitieron una mayor participación política de las mujeres. Para la académica Soto, a partir de este momento, se debe abrir un espacio de análisis e investigación para determinar el peso que estas decisiones tuvieron en el resultado final de las elecciones.

“Sin restarle méritos al resultado obtenido, que es muy importante, hay que analizar la efectividad de las normas aplicadas. Existe una deuda histórica hacia las mujeres en este tema. No porque no queremos participar en política o porque no tengamos la capacidad, sino porque hay un conjunto de elementos estructurales que nos han limitado desde el imaginario social”, apuntó.

Retos que se avecinan

De cara al futuro, Ana Soto considera fundamental dar seguimiento a la forma en que durante la gestión de las alcaldesas se extinguen aquellas acciones que representan violencia política. Hechos como el de una excandidata a intendenta en Lepanto a quien se le negaron vacaciones para participar en política o la de un artículo de un asesor del Partido Liberación Nacional en contra de una exaspirante por Puntarenas, utilizando frases sexistas, refuerzan la tendencia de que la violencia sigue presente.

En ello coincide José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), quien señaló que “debemos ir viendo cómo disminuye la violencia política hacia las mujeres porque no se trata solamente de que hayan sido electas, sino de que puedan gobernar y gestionar con la tranquilidad y las condiciones de igualdad requeridas”.

Es importante, señaló Soto, que se pueda también cambiar la narrativa desde los propios medios de comunicación, para posicionar en la agenda mediática la importancia de un estadio político y social más equitativo. “Debería existir un reconocimiento social a todas esas mujeres que han decidido dar un paso al frente y participar, que se sostuvieron, que se enfrentaron a ese contexto de violencia, para seguir generando no solo acciones afirmativas, sino en general”.

José Andrés Díaz señaló la necesidad de “fomentar la educación y la formación ciudadana. O sea, tenemos que empezar a inculcar una participación cada vez más inclusiva, de personas jóvenes, de mujeres y dejar atrás el discurso de que no se les otorga un privilegio, sino de que como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de proponer nuestros nombres”.

Otro punto de atención que recalcó la coordinadora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la UNA es considerar el crecimiento del uso de lenguaje violento en contra de las mujeres que se da desde las redes sociales. Lograr una alfabetización digital desde los primeros años e incluso desde la escuela y el colegio es fundamental para crear entornos donde exista más tolerancia y respeto.

Finalmente, Soto destacó la importancia de seguir avanzando en normativa legal que acompañe ese esfuerzo por la igualdad. Hizo mención, por ejemplo, al proyecto 23.443 Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política. La iniciativa amplía los alcances de la ley 10.235 para que se proteja también a las mujeres lideresas de organizaciones sociales y no solo políticas. El proyecto está asignado en este momento a la Comisión Especial de la Mujer en la Asamblea Legislativa, a la espera de dictamen.

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Universidad Nacional, Costa Rica