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Autor: Hector Ferlini Salazar

¿Quién paga la salud de las personas migrantes?

Jenyel Contreras Guzmán*

El pasado 11 de junio el Gobierno de Costa Rica dio a conocer que en conjunto con el apoyo de los distintos cuerpos del Sistema de las Naciones Unidas estableció un acuerdo de cooperación conjunta para el desarrollo de un Plan Sanitario para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país, el cual consta de tres fases:

  1. Consistió en una dotación financiera de 200 millones de colones enfocada en la asesoría técnica, insumos, equipos y producción de material de comunicación y abogacía para diferentes poblaciones, en la primera fase de contención de la pandemia.
  2. Consistirá en la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para la dotación de personal y medicamentos para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país. Así como la identificación de más recursos financieros para la ejecución de esta fase.
  3. Consistirá en la participación de Médicos sin Fronteras y Cruz Roja Internacional para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país.

Durante el 2019, el país estableció un Convenio de Cooperación (Convenio ACNUR-CCSS, que entró a regir el 1° de enero de 2020) con el Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante el cual dicha organización dotó de recursos financieros (1.8 millones de dólares) para asegurar temporalmente a 6.000 personas refugiadas y solicitantes de refugio, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El monto de la cuota del beneficio que ha asumido ACNUR para cada persona asegurada se calculó sobre la base 350.000 colones, y mediante la figura de seguro voluntario.

Desde el año 2011, y a partir de la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) Costa Rica dispone del Fondo Social Migratorio. El origen de estos fondos procede de acuerdo con el artículo 33 de dicha ley, del importe de un monto adicional al coste del proceso de regularización migratoria de veinticinco dólares (US$25,00) a las personas extranjeras en el momento en que se otorgue su regularización migratoria, así como cada vez que se dé su renovación de permanencia en el país. Es decir, es un fondo que alimentan permanentemente las personas migrantes. El artículo 242 de esta misma ley establece los sectores beneficiarios de los fondos y su distribución en la siguiente proporción: 40% para Migración, 20% para Educación; 25% para Salud; 5% Desarrollo comunal; 5% para Seguridad y prevención; y 5% para Adaptación Social.

Asimismo, “de acuerdo con los datos oficiales de la CCSS la demanda nacional de servicios de salud por parte de la población migrante nicaragüense no sobrepasa el 6% dependiendo del servicio médico, e incluso en las zonas fronterizas, la incidencia de las personas migrantes en los servicios de la CCSS es proporcional a su incidencia a nivel nacional” (Voorend, 2017) a la vez que los datos empíricos contradicen la idea de que las personas nicaragüenses  acuden a los servicios de la CCSS sin contar con seguro médico, lo cierto es que “ en el seguro directo contributivo (como persona asalariado o voluntario) las personas nicaragüenses (37%) aportan más que las costarricenses (31%)” según los datos del Censo Nacional de 2011.

Las investigaciones científicas sobre migración laboral en Costa Rica tienen 30 años denunciando las condiciones de explotación, informalidad laboral y exclusión social que sufren personas migrantes, particularmente las nicaragüenses, en actividades relacionadas a las labores domésticas, la agricultura de monocultivos y la construcción. Estos dos últimos sectores han sido considerados a nivel nacional e internacional, como “sectores esenciales” para la reactivación económica de los países postpandemia. Tan solo el gremio cafetalero costarricense durante las últimas décadas ha dispuesto de 70.000 personas migrantes (nicaragüenses e indígenas ngäbes) para llevar a cabo la siembra y cosecha de sus ganancias.

Por su parte, la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) establece en su artículo N°. 177 multas a aquellas personas físicas o representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas que contraten personas en condición migratoria irregular en el país. No obstante, desde mayo de 2012 se han establecido prorrogas vía Decretos Ejecutivos (37112-GOB, 37990-G, 38541 GOB-MTSS-MAG, 41429-MGP-MTSS-MAG, 41719-MGP-MTSS-MAG, y 41908-MGP-MTSS-MAG) que establecen disposiciones transitorias la prohibición del cobro de dichas multas.

Finalmente, un análisis integral de la afectación de los servicios de salud nacional por parte de las personas migrantes implica reconocer también sus aportes (12% del PIB de acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2018), así como sentar las responsabilidades en quienes han contratado en condiciones de informalidad y explotación laboral a personas migrantes irregulares para la obtención de sus ganancias, dificultándoles y perpetuando condiciones de vida inhumanas, así como su no acceso regular a los servicios de salud.

* Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Costa Rica (UCR). Docente en la Escuela de Sociología de la UCR, investigadora y evaluadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Compartido con SURCOS por la autora.

Imagen: https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/costa-rica-garantiza-acceso-a-salud-para-indigenas-panamenos-durante-el-periodo-de-cosecha-del-cafe/

Activar la economía a costa de fracturar las medidas para la mitigación de la pandemia: mal presagio

Juan Huaylupo Alcázar

El poder estatal y los medios de la opinión privada, callan los peligros para la ciudadanía al debilitar, flexibilizar o eliminar las restricciones sanitarias para el resguardo de la salud pública. Ante el aumento de infectados con el virus pandémico, se culpa a quienes carecen de alternativas de supervivencia y se exime de responsabilidad a los que presionan y deciden la apertura de comercios y negocios. Esto es, inmoralmente se acusa a las víctimas y se oculta a los culpables, que se imaginan héroes y benefactores.

La visión autoritaria y el posicionamiento político de los empresarios, una vez más, imponen sus intereses privados como si fueran intereses de todos, de la sociedad y del Estado. Los que se creen dueños de la sociedad y del destino de las personas, están imponiendo exigencias y sacrificios a todos para beneficios privados. En la actual coyuntura crítica una vieja historia se repite: la necesidad de salarios de quienes históricamente han sido despojados de los recursos para la vida, que no es un apoyo a los empresarios que se enriquecen con su trabajo y consumo, es la imposibilidad de vivir sin vender su trabajo.

La economía es falsamente considerada como el único determinante para definir la condición y calidad de vida de los individuos, poblaciones y sociedades, y a partir de ello se busca reactivar la economía, independientemente de sus implicaciones en la salud y la condición vida de las poblaciones. Reactivar la economía sin cambiar los modos de apropiación de las ganancias generadas colectivamente, que generan pobreza, miseria y hambre en los espacios sociales nacionales, es una contradicción, que no se resuelve con el crecimiento empresarial ni con los dogmas simplistas de modelos macroeconómicos. La concentración y centralización de la riqueza privada tiene su correlato en la pobreza cada vez más profunda y generalizada.

América Latina es el espacio de mayor polaridad social del mundo, la brecha entre ricos y pobres es abismal, como también lo es para Costa Rica, pero no son los trabajadores ni sus salarios los responsables. La economía latinoamericana y costarricense crece e enriquece a empresas mundiales y empresarios nacionales con masivos desempleados y pobres.

Las dramáticas consecuencias del Covid-19 y las desigualdades con que se vive la cuarentena o la enfermedad misma, deja al desnudo la esencia del capitalismo en su devenir histórico. La pandemia ha agudizado las tendencias imperantes en el mundo, han fallecido cerca de medio millón de personas e infectado a siete millones, pero está condenando a la miseria y hambre a cerca cinco mil millones de personas. Las víctimas del virus en su mayoría son producto de las inequitativas relaciones económicas imperantes y por el dominio político-militar, dispuesto a liquidar a toda la humanidad.

Efectivamente el Covid-19 está evidenciado la vulnerabilidad de la economía, pero no es el virus quien la ha paralizado, se ha frenado porque los trabajadores han debido dejar de trabajar y se les ha reducido sus jornadas y salarios, en un contexto desocupación y pobreza, a otros en cambio, como ocurre con trabajadores de la agricultura de exportación (piña, banano, tubérculos), les ha significado el aumento de las jornadas, con míseras compensaciones y en riesgosas condiciones sanitarias para nacionales, indocumentados e informales, sin cobertura de seguridad social. Los trabajadores se han empobrecido y los empresarios han dejado de ganar en este período, que no es lo mismo que perder, sin embargo, esos patronos lo consideran intolerable e inaceptable.

La presión política empresarial para liberalizar las restricciones sanitarias, en colusión gubernamental y legislativa, está propiciando la proliferación de infectados con el coronavirus que, sin medicamentos, vacunas ni alternativas, ponen en riesgo sus vidas y la de otros.

Eliminar las restricciones sanitarias no resuelve la reactivación económica en un contexto que ha empobrecido y desempleado masivamente a trabajadores, que no serán reincorporados ni recuperarán sus montos salariales, menos aún, cuando aumentan los precios de mercancías y servicios que ofrecen las empresas. Esto es, la disminución de la capacidad adquisitiva de gran parte de la población impide satisfacer sus necesidades, como limita a los empresarios a recuperar las inversiones y materializar las ganancias en las mercancías que no se consumirán. Pese a que la ruta tomada para la apertura, reproduciendo e incluso profundizando las condiciones de desigualdad previas a la pandemia, no reactivará la economía. Sin embargo, aumentar la absorción laboral y los salarios, no son alternativas imaginadas por el poder totalitario imperante en nuestro tiempo, aunque fueron una realidad exitosa con el New Deal, que en 1929-1932 reactivó la economía en la mayor crisis conocida en el capitalismo. Asimismo, se olvida los resultados económicos que trajo consigo el esfuerzo y contribución de miles de trabajadores que levantaron las fabricas terminada la Segunda Guerra Mundial, para luego ser entregadas a sus dueños, así como se omite la significación de la solidaridad internacional con el Plan Marshall para la Europa destruida de la postguerra.

Aquí, los propietarios de la UCCAEP muestran su ignorancia al creer que solo su visión de la economía es la única y verdadera, como un dogma divino, reclamando y exigiendo beneficios, subsidios y condonaciones o amnistías tributarias, aunque ello signifique el sacrificio de muchos para pocos.

La reproducción del infame círculo de miseria no se resuelve eliminando las restricciones sanitarias, como tampoco los Estados, pueden ni intentan satisfacer las necesidades básicas, salud y vida de los pobres y desempleados, menos aún en Costa Rica, con un gobierno, legisladores y magistrados que imponen, legislan y consienten la usura, las confiscaciones salariales, los aumentos impositivos a los trabajadores y sectores medios, e incluso absurda y anticonstitucionalmente, se pretende estrangular el presupuesto de las universidades públicas y particularmente de la Universidad de Costa Rica, benemérita institución pública que es orgullo nacional, reconocida internacionalmente por sus aportes científicos, técnicos e investigativos, así como por su contribución a la educación superior y a las esperanza de bienestar, vida digna y democracia para todos.

El terror empresarial de desaparecer agudiza su prepotencia totalitaria al querer apropiarse de los recursos y riquezas de la sociedad, así como, por su desprecio al pueblo, atenta contra sus vidas.

Reactivar la economía sin bienestar, contra los derechos, la educación y la vida, solo trae malos presagios que auguran enfrentamientos inconvenientes, donde todos seremos perdedores. La miopía estatal y empresarial, es tal, que no se percatan que una sociedad próspera, sana, segura y sin miedos conviene a todos, incluso a los dueños del capital.

(*) Juan Huaylupo Alcázar es catedrático en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica.

Enviado a SURCOS por el autor.

El progresismo social es la bandera fundamental de la próxima campaña electoral

Vladimir de la Cruz

Me señalan algunos amigos, a propósito de un anterior artículo, que todavía es temprano para analizar y ver el horizonte de las elecciones del 2022, que falta tiempo para que cuadren mejor los escenarios partidarios, y que todavía no se ven candidatos…

No es cierto, para mí, que sea relativamente temprano. En Costa Rica al terminar un proceso electoral, inmediatamente queda preñado el siguiente. Los óvulos y espermatozoides políticos se activan, algunos pegan tan rápido como ha asumido el nuevo gobernante, y empiezan en su difícil labor de gestación. Algunos son gestaciones fallidas que no maduran como embriones y fetos políticos, y se interrumpen en su embarazo político, o abortan naturalmente, y otros terminan de nacer en posibilidad de aspirar a la presidencia en el siguiente ciclo electoral. El crecimiento de estos que logran pegar o surgir no es fácil. Es también muy duro y algunos mueren infantes, adolescentes o jóvenes, en ese proceso, que en este caso es una edad que se mide en pocos meses. Otros logran su mayoría de edad sin éxito y pocos son los que finalmente culminan con la nominación presidencial de algún partido, especialmente de los grandes e históricos, no de los partidos que tienen rasgos muy personales, y que giran alrededor de una persona particularmente como hay algunos en el país.

En Costa Rica no hay tregua política electoral. No hay descanso político electoral entre una campaña nacional y otra. Los políticos no pueden descansar ni replegarse. Cualquier descanso o repliegue puede significar una sustitución. En política no hay espacios vacíos, alguien los llena.

Quien aspira a la Presidencia de la República con propósito de llegar a ocupar esa alta distinción no puede dejar espacios de tiempo, ni de lugar, en su lucha y objetivo de vida político, porque efectivamente alguna otra persona, de sus propias tiendas políticas, le puede superar y sustituir, o aparecerle como contrincante, sobre todo si lo encuentra débil en su aspiración.

Hoy además, por las elecciones de medio período para elegir alcaldes y consejos municipales, se activan las fuerzas políticas partidarias en todo el territorio nacional, porque hay que elegir en los 82 cantones más de 5000 funcionarios municipales, que son auténticos líderes políticos regionales, cantonales o comunales, que responden a los diversos partidos políticos, y muchos de ellos también responden a esos posibles candidatos presidenciales, que silenciosamente se mueven preparando sus baluartes y apoyos logísticos cantonales para la siguiente campaña electoral.

La campaña electoral municipal mueve las hormonas políticas desde la asunción del nuevo gobierno hasta las elecciones cantonales, de manera que no deja de haber movimiento y agitación política. Lo vimos en las recientes elecciones donde hubo una gran participación de partidos políticos cantonales y con relativo éxito. Igualmente vimos un fracaso electoral de partidos grandes y tradicionales, que incluso tienen diputados, pero que en las municipales les fue mal.

De alguna manera estas elecciones municipales son las bases de trabajo visibles para la siguiente campaña nacional. Por ello también tienen su importancia y obliga a los partidos a valorarlas para corregir lo que tengan que corregir con miras a la siguiente campaña electoral nacional.

Los aspirantes a la Presidencia de la República, de los partidos que logran elegir regidores, munícipes y alcaldes, luchan por tenerlos de su lado, como elementos muy importantes, como motores locales de la campaña nacional. Además, algunos de estos líderes municipales se ven a sí mismos proyectados hacia el futuro como posibles candidatos a diputados y a desarrollar una carrera política pública más activa. Igualmente, de la Asamblea Legislativa se proyectan hacia ministerios, viceministerios, juntas directivas de las instituciones públicas, puestos en servicio exterior y otras posibilidades que brinda el espacio político nacional.

El otro elemento que hace que el proceso político esté preñado desde el origen de instalación del nuevo gobierno hasta su término, con la siguiente campaña electoral, es el escenario legislativo, con sus 57 diputados, respondiendo a los diferentes partidos que representan.

El escenario legislativo es altamente politizado. Los diputados representan partidos políticos vivos y activos en la Política Nacional. Por el papel que tienen, durante seis meses al año, en las sesiones parlamentarias ordinarias, por su propia iniciativa y por las de sus partidos, impulsan proyectos de ley con lo cual tratan de darle contenido a sus promesas de campaña electoral y de los programas electorales que agitaron en las elecciones para lograr los votos. Son también cierta imagen de gobierno de lo que desearían impulsar si estuvieran en el ejercicio del Poder Ejecutivo.

La politización mayor del escenario legislativo se da en cada sesión parlamentaria cuando los diputados tienen un tiempo dispuesto para el llamado “control político”, que es cuando diariamente tienen la posibilidad de criticar al Gobierno y a todos los funcionarios públicos, y tienen la posibilidad de cuestionar sus actuaciones y de llamarlos a “rendir cuentas” ante los diputados o ante comisiones investigadoras parlamentarias que se instalan para esos efectos.

El blanco de esta lucha es principalmente el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y sus vicepresidencias, y por los Ministros y sus actuaciones institucionales. Estos son los ojos de las tormentas políticas diarias, así como de chaparrones y lloviznan que siempre tienen. Por eso la actividad política no cesa, ni tampoco la electoral. Solo que la electoral adquiere a veces la forma de una laguna de aguas mansas, y aparentemente muy mansas, y casi plana, sin movimiento en su superficie, pero debajo de ella tiene profundas y agitadas corrientes de agua, que muchas veces terminan en verdaderos remolinos. Así es el mundo político.

En cuanto a que no hay candidatos a la vista, no estoy de acuerdo. Existen, respiran y trashuman. Los hay y no pocos lo que ya empiezan a moverse. En el Partido Liberación Nacional están de los candidatos nacionales Antonio Alvarez, que según me han dicho aspirará a la Presidencia si las encuestas de alguna manera lo repuntan, José María Figueres, que no oculta su deseo de volver a aspirar a esa candidatura presidencial. De estos dos más conservador y menos socialdemócrata es Antonio Alvarez. José María al menos hace alarde de sus posiciones socialdemócratas y su mensaje es más “progresista” y menos “conservador” que el de Antonio Alvarez. En el caso de José María no le veo posibilidades si no está en Costa Rica por lo menos de manera dedicada a su precampaña. No puede ser candidato viviendo fuera del país. Requiere su presencia por lo menos tres semanas por mes este año y a tiempo completo el próximo. Todos los candidatos de Liberación en este sentido le llevan ventaja al estar en el país. En Liberación Nacional están también Fernando Zamora, el ex Secretario General, muy apuntado en su lucha presidencial, pero muy “conservador” en sus planteamientos políticos, y más parece “socialcristiano” que socialdemócrata. Está trabajando duro y moviéndose por el territorio nacional. Está Guillermo Constenla, ex presidente del Partido Liberación Nacional, que no hace sentir sus pasos aún, pero dejó la presidencia del INS para vincularse a la lucha interna por la Presidencia. A nivel legislativo están los diputados Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides. De estos a Carlos Ricardo es quien más le veo la fuerza para aspirar a la Presidencia, y en posibilidad de derrotar a los demás candidatos internos, en mucho dependiendo de su labor legislativa este año y el próximo.

En la Unidad Social Cristiana destaca Pedro Muñoz por su papel parlamentario, en esa lucha presidencial, tratando de controlar las estructuras del partido por sus dirigentes intermedios. Allí también, a la sombra por ahora, Rodolfo Piza que seguirá siendo el faro definitorio de esa candidatura presidencial mientras públicamente no renuncie a ella. Pero, igual que José María Figueres tiene que estar en el país al menos a finales de este año lo más, para amarrar los hilos internos de la Unidad Social Cristiana.

Si no fructifica, el llamado de Pedro Muñoz a la unidad del centro derecha en coalición de todos los grupos cristianos, tendrá que pelearla internamente. Y, si es en coalición electoral no le veo como el representante de esa coalición.

En el Frente Amplio solo vislumbro, por ahora, al diputado José María Villalta, que no tiene contrincante parlamentario ni partidario a la vista. Volverá a repetir su doble candidatura de diputado actual y candidato presidencial, sin el entorno y contexto nacional de la campaña del 2014 de la que resultó victorioso.

En el Partido Acción Ciudadana, hasta ahora, solo el diputado Welmer Ramos se menciona en posibilidad de aspirar a encabezar a ese partido en las próximas elecciones. Pero en ese Partido esto está todavía muy verde. Otros posibles candidatos hay que esperarlos hasta principios del próximo año para ver si renuncian a sus puestos públicos para poder aspirar a la candidatura.

Entre los partidos cristianos están Fabricio Alvarado, que es único en su partido y Carlos Avendaño que también parece único en el suyo. El Presidente legislativo actual dicen que aspira a pelear una de estas candidaturas.

El Partido Republicano Social Cristiano de permanecer solo tendrá de nuevo al Dr. Hernández de candidato. En coalición socialcristiana y de cristianos no lo veo encabezando la plana.

En los libertarios el que sobresale es Eli Feinzaig como el más representativo de estas tendencias político ideológicas.

Los troskistas probablemente de nuevo repitan con su candidato de la elección del 2018 que se desempeñó muy bien en la campaña. El Partido Nueva Generación postulará a la presidencia a Sergio Mena, que es el amo y señor en ese Partido, que la viene trabajando con giras y con programas radiales, con planteamientos muy “conservadores”, que no tienen nada que ver con las nuevas generaciones, o con la “nueva generación”. El conservadurismo mostrado en la última campaña mucho lo quemó.

Para algunos de estos personajes y partidos que se ven en los grupos cristianos no católicos es muy difícil pelearles sus nichos electorales, que manejan con sus mas de 4000 templos y locales religiosos que tienen en todo el país. Pero, como quedó demostrado en las elecciones municipales, estos grupos sin un tema nacional, como el que tuvieron en la campaña del 2018, poco tienen que hacer.

El mundo, en general, avanza hacia el progresismo social. Esta es la bandera fundamental para agitar en la próxima campaña electoral, con mira a los nuevos votantes, a los votantes menores de 40 años, que será un tercio de la población votante, y a la población nacional que poco a poco ha ido aceptando los cambios que en materia de Derechos Humanos se han ido consolidando en el país, con miras a la población mayor, y de adultos mayores, que será más de un tercio de la población votante, que requieren más apoyo institucional y especialmente la protección de la clase media, que ha sido duramente golpeada, con las políticas que se han venido impulsando relacionadas con ingresos, “congelamiento” real de salarios y de pensiones.

Del distanciamiento a la convivencia digna

Aprender a convivir no basta; es preciso aprender a convivir con justicia.
Adela Cortina

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            El distanciamiento recomendado para evitar el contagio del Covid19 es de apenas 1.8 M. Sin embargo, siguiendo el mal ejemplo de quienes levantan muros, un país que ha gozado del reconocimiento internacional por su hospitalidad y la promoción y defensa de los derechos humanos, se está dejando contagiar por el virus letal de la insolidaridad: un distanciamiento desproporcionado e injusto.

            No se trata de cualquier distanciamiento. Tiene una dimensión de violencia simbólica y psicológica que cultiva el odio hacia los “otros amenazantes” (Carlos Sandoval), en el caso de los inmigrantes nicaragüenses ahora, además, convertidos en los principales agentes o “vectores” de contagio. Y una dimensión de violencia socioeconómica por parte de inescrupulosos empresarios, quienes aprovechándose de su condición de indocumentados y de pobreza, se les explota sometiéndolos a situaciones infrahumanas, con la complacencia de los gobiernos de turno. Cabe destacar que todavía hay reservas de hospitalidad solidaria que nos hermanan, y que debemos fortalecerlas.

            Como bien señala la filósofa Adela Cortina, “aprender a convivir no basta; es preciso aprender a convivir con justicia”[1]. En este sentido, destaca esta autora que las sociedades deben proteger los “derechos humanos de segunda generación”, que corresponden a la “ciudadanía social”: “Aunque las Naciones Unidas cargan la tinta en el racismo y la xenofobia como obstáculos ante la conciencia de la igualdad, el mayor obstáculo sigue siendo la aporofobia, el desprecio al pobre y al débil, al anciano y al discapacitado”[2].

            El país está lejos de una convivencia justa que garantice ese derecho fundamental a la ciudadanía social. Especialmente, cuando se favorece -lo que, paradójicamente, se ha venido convirtiendo en “política de Estado”-, la evasión y la elusión fiscal por parte de las grandes empresas y el sector financiero. Asimismo, una campaña de odio y desprestigio contra los trabajadores y pensionados del sector público, presentándolos ante la opinión pública como delincuentes que viven a costas de los impuestos del pueblo.

            Con este falso discurso se busca desviar la atención sobre los verdaderos privilegios producto de una relación “incestuosa” entre gobierno y sectores económicos dominantes, hoy dispuestos a desmantelar el Estado social de Derecho y privatizar la institucionalidad pública.

            El discurso del odio de Donald Trump, que estigmatizó al inmigrante latino, y particularmente al mejicano, como delincuente y terrorista, ha encontrado su réplica en nuestro país ¿Cómo es posible que llevados por mezquinos intereses de una élite insolidaria, cuyo dios es el dinero y el poder a cualquier precio, se haya caído tan bajo, emulando a uno de los líderes políticos más nefastos y vergonzosos del mundo? ¿Hacia dónde quieren llevar el país las fuerzas políticas y mediáticas, utilizando las armas letales del miedo y el odio en una guerra permanente contra su mismo pueblo?  No basta la escandalosa desigualdad que nos separa, ahora también se trata de concitar el odio para conducirnos al fratricidio.

            Para el escritor mejicano, Alberto Ruy Sánchez, “el problema no es la crisis humanitaria, sino que en el poder de varias potencias estén desquiciados amantes de la violencia y de las armas, incluyendo las armas nucleares. Y que estos poderosos adinerados detesten a la cultura o la vean como algo decorativo. El mundo nunca ha dejado de estar en crisis humanitaria. Pero al salir de la última guerra mundial en el siglo XX se trató de establecer una nueva convivencia basada en los derechos humanos, incluyendo los culturales y de salud. La avaricia del dinero y poder avasallantes quiere pretender que todo eso no existe y no es necesario. Y eso es indignante”[3].

            La pandemia actual está contribuyendo, como si fuese un actor político de primer orden, a exponer a la luz el verdadero rostro, cultural y éticamente empobrecido, de los poderes “fácticos” de un sistema neoliberal, que viene cultivando la frivolidad, la violencia y el autoritarismo. Y que ahora, en su desesperación, como la bestia herida de muerte, se ha vuelto más insensible y agresivo. Y como señala, el autor citado, lo más indignante es que le ha declarado la guerra a la cultura. La más devastadora porque ataca al “sistema inmunológico” de las sociedades humanas. Desestructurar las culturas ha sido la estrategia de dominación por excelencia de los imperios coloniales y neocoloniales.

            Uno de los símbolos más elocuentes de este sistema insensible y violento es la rodilla del policía blanco de Houston Texas, Derek Chauvin, presionando hasta provocar la muerte por asfixia del ciudadano negro, George Floyd. Ambos ciudadanos de una misma patria, distanciados en un país sometido a la supremacía blanca, acicateada por el actual gobierno racista y aporofóbico de Donald Trump.

            Es un símbolo trágico que retrata de cuerpo entero a un sistema que se resiste a morir, y uno nuevo y diferente que pugna por nacer (Gramsci). Efectivamente, ante la desesperación de no poder justificar tanta injusticia se acude a las armas más innobles para someter y asfixiar a quienes protesten o se rebelen: criminalización de la protesta social.

             Sin embargo, cada vez son más visibles las manifestaciones de quienes apuestan, con decisión y voluntad, por superar el distanciamiento radical, insolidario y deshumanizante que impide la “hospitalidad universal” (Kant), la convivencia justa y afectiva entre los seres humanos y con la naturaleza.

            Esta pandemia nos está convocando a un cambio de rumbo sustantivo, como bien señala el historiador Frank Snowden: “No es el fin del mundo, pero sí un claro mensaje de la naturaleza de que estamos viviendo de un modo no sostenible.  Ese desafío no va a desaparecer incluso si la Covid 19 desaparece o aparece una vacuna contra ella”[4].

            El desafío, en lo fundamental, apunta a la construcción un nuevo proyecto de convivencia global donde nos dispongamos a fortalecer las relaciones empáticas como especie y con nuestro hábitat; elevar al máximo nuestras potencialidades y capacidades afectivas para la convivencia digna y justa.

            El país requiere con urgencia rectificar, en esa dirección. La mesa para el diálogo social constructivo sigue vacía. Se agota el tiempo y también la paciencia. La clase dirigente debería despertar, para darse cuenta que la presión de su “rodilla” está llevando al pueblo a los límites de la asfixia.

[1] Cortina, Adela (1999). Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid, Alianza Editorial p. 254.

[2] Ibid, p.238

[3] Paniatowska, Elena et.al. (2017) Trump. México te habla. Grandes esinnobles ycritores mexicanos opinan sobre Donald Trump. Entrevistas de Raúl Godínez. México, Nueva Imagen. P.57

[4] https://www.infobae.com/economia/2020/05/31/frank-snowden-historiador-de-epidemias-el-desafio-no-es-tener-cuarentenas-permanentes-sino-reabrir-la-economia-con-el-menor-costo/

Entre el bono Proteger y los privilegios fiscales de zonas francas

Gerardo Hernández Naranjo

El gobierno está enfrentando grandes dificultades para asegurar el financiamiento del Bono Proteger, que sería el único recurso con que contarían miles de familias para subsistir en el contexto de la pandemia.

Desde antes de la Pandemia, el estilo nacional de desarrollo había mostrado ya su fracaso en cuanto a la reducción de la pobreza y la desigualdad, generación de empleo suficiente y sobre todo de empleo digno, porque amplios sectores de la clase trabajadora sufren precarización y debilitamiento de sus derechos laborales. Es decir, ya estaban desprotegidos y desprotegidas, como ha quedado en evidencia en las plantaciones de la zona norte y caribe.

En contraste, en ese mismo esquema de desarrollo, se ha protegido la acumulación de riquezas de élites empresariales nacionales y trasnacionales siendo el régimen de zonas francas uno de sus más claros ejemplos. Las zonas francas (que generan empleo, divisas y todo lo mismo que las otras empresas fuera de ellas) se han convertido en verdaderos paraísos fiscales dentro de nuestro territorio, en monumentos a la irresponsabilidad fiscal y en un claro instrumento para PROTEGER la acumulación y debilitar la distribución de riquezas.

El privilegio de exoneración del impuesto sobre la renta que por ley disfrutan, alcanzó en el 2018 cerca de 350.000 millones de colones, equivalentes a un 1.02% del PIB según el Ministerio de Hacienda. Es decir, 350.000 millones de colones que fueron a engrosar las utilidades de las empresas en lugar de alimentar los fondos públicos necesarios para la inversión social, la infraestructura, la seguridad y tantas otras áreas de política pública que hoy enfrentan limitaciones financieras.

Para hacernos una idea más clara de ese obsceno privilegio: con lo que no pagaron las empresas de zonas francas en impuesto sobre la renta en el 2018, se podrían financiar hoy 2.800.000 bonos proteger de 125.000 colones, o bien asegurar que 466.000 familias reciban ese bono por 6 meses consecutivos.

Las dificultades que tiene el gobierno para financiar el bono proteger, tienen que ver con la pandemia neoliberal que protege la acumulación y debilita distribución de riquezas desde hace 4 décadas.

Mientras muchas familias seguirán a la espera de algo para subsistir, la UCCAEP, Horizontes Positivos, AMCHAM y otras élites empresariales, tienen asegurado su bono proteger con el actual gobierno y el Ministro Garnier es su principal garante.

Se podría dar un bono de 125,000 colones a 2,800,000 familias

O bien darle ese bono a 466,000 familias por seis meses consecutivos

Tras que deben, cobran. Aclaraciones de SINTRAJAP

Comunicado:

Para trabajadores, ex trabajadores de JAPDEVA, afiliados a SINTRAJAP y población en general:

Lamentable, si muy lamentable la actitud y la actuación de la Presidencia Ejecutiva y parte de la Administración de JAPDEVA, que intenta lavarse las manos y desviar la atención de la crisis y torta que ellos mismos han creado y que al parecer los está superando. Con un cinismo insuperable pretenden hacerle creer a los trabajadores y a la población en general que SINTRAJAP es responsable por los errores que ellos han cometido. Por eso decimos prohibido olvidar.

Es importante recordar las responsabilidades de cada parte, para no caer en las trampas de comunicación que utilizan para confundirnos. La responsabilidad de lo bueno o lo malo que le pase a JAPDEVA, por una buena o mala administración es de ellos, los que han llevado a JAPDEVA a la triste realidad que hoy vive, han sido ellos, los gobiernos y los administradores que pusieron ellos para sacar la institución adelante. A SINTRAJAP le corresponde organizar a los trabajadores para defender sus intereses y sus derechos y para lograr esto puede y debe utilizar todos los recursos legales que permite la democracia y el estado social de derecho que nos regula.

SINTRAJAP con el fin de colaborar y por tratar de impedir que los administradores de turno cometan abusos ha dado luchas, ha presentado muchas denuncias en los tribunales intentando impedir violaciones a la ley que perjudiquen a los trabajadores, a JAPDEVA, a Limón y a la patria. SINTRAJAP ha presentado propuestas que a nuestro criterio pueden ayudar a la administración a mejorar su gestión, algunas cosas se han aplicado otras no. Todo ese esfuerzo ha tenido un alto costo mediático, político y económico para la organización. Sabemos que esta lucha le arde a los político-empresarios que gobiernan el país y no lo perdonan, pero continuará mientras sea necesario y la ley lo permita.

El Presidente de la Republica actual dijo públicamente que todos estos cambios se harían sin provocar desempleo o perjudicar a JAPDEVA, hay actas firmadas por el gobierno y administradores donde se acuerda respetar los salarios y los empleos, existen medidas cautelares acogidas por los tribunales que les recuerdan a los administradores que los trabajadores tenemos derechos.

No sabemos por qué nos tocó estar aquí en estos momentos al frente de la organización, pero le damos gracias a Dios por permitirnos llevar esta responsabilidad sobre nuestros hombros y le pedimos que nos siga iluminado para tratar de hacer lo correcto.

JAPDEVA tiene obligaciones legales con los trabajadores, la provincia y el país y no los está cumpliendo, si los que administran no están en capacidad de sacar la tarea, es mejor que lo reconozcan y le permitan a otros hacerlo, porque necesitamos sacar la institución adelante a pesar de todo el daño que le han provocado.

Lic. Antonio Wells Medina, Secretario General
Fedrick Patterson Bent, Secretario General Adjunto

¿El virus que podría cambiar al mundo? Una conversación desde la sociología

Juan Pablo Pérez Sáinz y Allen Cordero Ulate

Les compartimos la transcripción en formato de publicación del conversatorio “¿El virus que podría cambiar el mundo? Reflexiones desde la sociología”. La actividad virtual se realizó el pasado mes de marzo con la participación de Juan Pablo Pérez Sáinz y Allen Cordero Ulate. La sugestiva pregunta tiene su respuesta en el documento que puede descargar aquí:

También puede ingresar a la página de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y descargar el documento desde ese sitio:

¿El virus que podría cambiar el mundo? Reflexiones desde la sociología

Por un Talamanca seguro -manifestación contra violencia de género y por seguridad comunitaria

Ante ola de violentos sucesos, mujeres y acompañantes del Caribe Sur se manifestaron el miércoles 17 de junio frente a Tribunales y Municipalidad de Talamanca bajo el lema Por un Talamanca seguro.

  • Manifestación en favor de la seguridad comunitaria y contra la violencia de género

La comunidad del Caribe Sur manifiesta su preocupación por el aumento de la violencia contra las mujeres implícita en actos delictivos recientes. Más allá del daño material percibido, nuestro llamado pone énfasis sobre la necesidad de detener la progresiva pérdida de confianza y credibilidad en la institucionalidad que está llamada a protegernos y que sentimos profundamente ausente.

Esta llamada no se orienta solo a exigir una respuesta efectiva de las fuerzas de seguridad ante episodios de inseguridad concreta, sino también a que las estructuras diseñadas para el bienestar de nuestra población, en especial mujeres,  juventud y  niñez,  cuenten realmente con alternativas efectivas para romper con ciclos de violencia y delincuencia estructural de forma preventiva.

Por esto, consideramos de altísima relevancia tener respuestas reales para la comunidad a fin de estimular la regeneración del tejido social que siempre ha caracterizado a nuestras comunidades y como condición necesaria para vivir en armonía, sin temor de que ni nuestros hogares, ni nuestros cuerpos, ni nuestros niños y niñas sean violentados, o que la población más vulnerable sea sacrificada a una violencia sistémica encausada por la pobreza y la carencia de alternativas de desarrollo y bienestar.

De seguido exponemos más que nuestras peticiones nuestras exigencias, puesto que no estamos pidiendo otra cosa que el cumplimiento real y efectivo de lo que por mandato las autoridades y las instituciones están llamadas a cumplir:

Acciones preventivas:

  1. Solicitamos que exista una Oficina de Atención Integral para la niñez y la adolescencia que cumpla con programas y proyectos efectivos para el desarrollo de habilidades sociales y prácticas en atención integral de la población joven, no solo desde el punto de vista productivo, sino de bienestar psicológico y emocional. En este sentido consideramos de absoluta relevancia un mayor volumen de personal competente en la oficina del PANI.
  2. Que la Oficina de la Mujer de la Municipalidad desarrolle programas efectivos, evaluables y transparentes orientados a la atención integral de las jóvenes y mujeres de la localidad.
  3. Que el Comité de la Persona Joven y Deporte gestione efectivamente recursos para la inversión en programas deportivos, artísticos y culturales, así como instalaciones físicas que se correspondan a la realización de estas actividades. En caso de obtenerse recursos para infraestructura, la gestión de estos fondos debe de realizarse en acuerdo a mecanismos de transparencia con la comunidad y la administración y aprovechamiento de los bienes debe ser en acuerdo con los sectores beneficiaros y no por las decisiones unilaterales de una junta o persona designada como administradora.

Acciones reactivas:

  1. Requerimos ejecutividad en los puestos designados para mantener el orden público, eso implica justicia pronta y cumplida, transparencia y respuesta a través de los mecanismos establecidos por ley para conocer avances en investigaciones pertinentes, así como una reducción efectiva de la impunidad existente frente a delitos en flagrancia.
  2. Exigimos que las víctimas sean tratadas con respeto por parte de las autoridades, esto implica que si la investigación judicial señala una fecha de visita para las inspecciones oculares, esa temporalidad sea respetada. Esto incluye también contar con personal capacitado para no provocar revictimización, especialmente en casos delicados en los que el delito implica violencia sexual o doméstica.
  3. Solicitamos un mínimo de recursos para atender con eficiencia las competencias de las fuerzas policiales, eso incluye contar con vehículos suficientes para cubrir las demandas de la seguridad ciudadana en comunidades como Cahuita, Manzanillo y Puerto Viejo.
  4. Exigimos una base mínima de comunicación entre los diversos cuerpos de la Fuerza Pública que se desempeñan dentro del territorio de forma que exista coordinación para la atención efectiva delitos, esto no solo permitiría la maximización de los activos, sino también compartir información registrada en los archivos respecto de sospechosos o personas capturadas como resultado de hechos delictivos.

Vecinas y vecinos del Caribe Sur.

Unidas Talamanca.

Las galimatías metajurídicas de la Procuraduría acerca del ajuste salarial del sector público

“¿Dónde empieza la niebla que te esconde?” (M. Benedetti)

Manuel Hernández

  • Los acuerdos pactados en la Comisión Negociadora de Salarios son vinculantes (artículo 695 Código de Trabajo)

En el dictamen C-202-2020,  de 29 de mayo de este año,  la Procuraduría General de la República (PGR) atendió una consulta que formuló el anterior Ministro de Hacienda, quien solicitó criterio acerca de si resultaba procedente revocar el Decreto Ejecutivo N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, de 17/12/ 2019,  que fijó el ajuste salarial para el  2020.

Este dictamen concluyó que un decreto ejecutivo, por tratarse de un acto normativo general, no es susceptible de revocación, pero agregó  -motu proprio- que sí se puede derogar, sin perjuicio de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante la vigencia de la norma derogada.

En un artículo que publiqué la semana pasada, titulado “La suspensión unilateral del ajuste salarial del sector público es manifiestamente ilegal”, analicé los alcances de ese dictamen y comenté que aunque le abría de par en par la puerta al Gobierno para que dictara un sobreviniente decreto derogatorio, por lo menos, salvaguardó aquellos derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.

Ahora bien, resulta que el actual titular del Ministerio de Hacienda solicitó al mismo bufete del Estado una reconsideración y/o aclaración de dicho dictamen, solicitando particularmente que se aclare si “el aumento 2020 constituye una situación jurídica consolidada que impide su derogación”.

En el dictamen C-219-2020, de 12 del mes en curso, la PGR afirma  que esa gestión no se debe tramitar por la vía de la reconsideración, porque lo pretendido es una aclaración de los alcances del dictamen C-202-2020.

El nuevo dictamen le enmienda la plana a las autoridades de Hacienda y reconviene que interpretaron incorrectamente aquel dictamen, porque partieron de la premisa errónea que la PGR consideró la existencia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas para todos los funcionarios públicos, y en consecuencia, la imposibilidad de derogar el aumento salarial.

Este dictamen sobreviniente confirma el precedente, reiterando que se puede derogar aquel decreto, advirtiendo que se aclara ese dictamen en el sentido que corresponde exclusivamente a la Administración activa revisar si existen o no derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas a favor de algún funcionario o funcionarios.

Con fundamento en estas consideraciones que contiene el dictamen complementario de PGR se pueden inferir tres conclusiones:

En primer lugar, la PGR reitera que el Poder Ejecutivo puede derogar el decreto que fijó el ajuste salarial del año 2020.

En segundo lugar, en materia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, es donde el nuevo dictamen hace aguas, a merced de un curioso análisis dialéctico, que trata de precisar el alcance de aquella expresión que parecía tan contundente en el dictamen original, que determinó que el decreto se podía derogar,  sin perjuicio de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante su vigencia, pero que ahora en este giro la Procuraduría acota que nunca consideró la existencia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.

Esta es una cuestión, añade el dictamen, que le compete revisar y definir  únicamente a la Administración activa, cumpliendo así este dictamen  escrupulosamente con el protocolo sanitario de la técnica del lavado de manos, con agua y jabón hasta los codos.

Es decir, la PGR hizo un giro contorsionista que más de un artista de circo envidiaría, para retractarse de lo que en el dictamen principal definió con total claridad y precisión.

En tercer lugar, por la vía singular de la aclaración, tácitamente se reconsideró el dictamen principal, de manera parcial, obviándose de esta manera que la cuestión planteada por el Ministerio de Hacienda la conociera la Asamblea de Procuradores, que es la instancia que por ley le correspondía revisar dicho dictamen.

Insisto, como lo sostuve en aquel artículo de mi autoría, que al amparo del Decreto Ejecutivo que fijó el ajuste salarial de los servidores públicos, quedaron reconocidos derechos subjetivos y consolidaron situaciones jurídicas a favor de los funcionarios públicos, que un decreto sobreviniente no puede de un solo plumazo suprimir, aunque sea con el licenciamiento de la PGR; salvo que sea quebrantando el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 34 de nuestra Constitución Política, que constituye un principio esencial del Estado de Derecho.

Además, ese ajuste salarial fue producto de una negociación pactada con los sindicatos en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (sesión N° 03-2019 de 17/12/2019), que mucho menos puede ser unilateralmente revocada por el Gobierno, a contrapelo del Convenio N° 98 OIT y del artículo 695 del Código de Trabajo:

“Artículo 695.

(…) En todo caso, los acuerdos logrados por medio de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público serán vinculantes para las partes y al efecto las administraciones públicas emitirán los actos administrativos necesarios para hacerlos efectivos en todo el sector público centralizado y descentralizado.”

Esta disposición del Código de Trabajo, por cierto ampliamente desconocida, la cual destaco, determina la obligatoriedad jurídica que producen los acuerdos pactados en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, los cuales tienen que ser ejecutados por las Administraciones Públicas.

El Poder Ejecutivo no puede desvincularse ad nutum de un acuerdo pactado en aquella Comisión, cuyo acuerdo, materializado en el Decreto Ejecutivo  N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, vino a configurar auténticos derechos subjetivos a favor de los servidores de toda la Administración Pública, centralizada y descentralizada.

Veremos cuál será la siguiente jugada maestra del Gobierno, pero todo indica que ese Decreto está pegado a un respirador mecánico, aunque su derogatoria sería manifiesta y evidentemente ilegal e inconstitucional.

“Cosas tenedes, que harán hablar las piedras”, contestó Alfonso VI al Cid.

16/06/2020