El reciente decreto emitido por la Presidencia de la República, que otorga nuevas facultades a la Unidad Especial de Intervención (UEI), ha generado una profunda preocupación en diversos sectores del país. Este cambio habilitó a la UEI, tradicionalmente encargada de situaciones de alta complejidad operativa, para realizar investigaciones de inteligencia y allanamientos, atribuciones que antes recaen exclusivamente en otras entidades judiciales y policiales.
Sergio Ortiz Pérez expresó que este decreto genera «suma preocupación» debido a los cambios en las funciones de la UEI, subrayando el impacto potencial que estas modificaciones pueden tener en el equilibrio democrático. «Vemos con suma preocupación el decreto de la Presidencia de la República, en el cual cambia las funciones de la Unidad Especial de Intervención y les habilita para realizar investigaciones de inteligencia y allanamiento», señaló.
Por su parte, Grace García calificó el decreto como una amenaza directa contra la democracia y la paz del país. «Este decreto representa una clara amenaza para nuestra democracia y paz. Otorgar mayores poderes a un cuerpo policial con alta preparación y equipo bajo la dirección directa de la Presidencia, en la coyuntura actual, representa un grave riesgo y simboliza un peligroso avance, similar a los desarrollados por las dictaduras en otros países de la región latinoamericana, generando las llamadas policías políticas», advirtió.
En la misma línea, Wendy Vargas destacó que las nuevas facultades asignadas a la UEI invaden competencias exclusivas del Poder Judicial. «Las facultades otorgadas a la UEI son las otorgadas al Poder Judicial y que son ejecutadas por el OIJ, órgano con plena independencia y rigurosidad científica. Esta Unidad lanzará acciones únicamente bajo la dirección del Presidente», explicó, enfatizando la preocupación por la concentración de poder.
Vivian Rodríguez, por su parte, hizo un llamado enfático a la ciudadanía y a las autoridades para revertir esta situación. «Hacemos un llamado a la población a prestar atención a la gravedad de este hecho; hacemos un contundente llamado al Presidente de la República a revocar esta decisión que pone en riesgo la división de poderes y la estabilidad democrática”. Vivian Rodríguez se pregunta: “¿Y las bases de nuestro Pacto Social?». Además, instó a los demás poderes de la República a activar los mecanismos necesarios para proteger la libertad y el orden constitucional del país.
La implementación de este decreto ha encendido las alarmas sobre el posible debilitamiento de la separación de poderes y el aumento de la influencia presidencial en instituciones clave. Las voces críticas piden un debate nacional urgente para evaluar las implicaciones de este cambio y garantizar la preservación de los principios democráticos fundamentales.
Le invitamos a ver el video de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo:
En los últimos días hemos visto cómo la idea presidencial de poner aretes al ganado para, supuestamente, controlar su comercialización y el concepto de lo que debe ser el éxito espetado por la diputada Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa, han permitido que aparezcan los más venenosos ataques desde el albañal del oficialísimo.
Por un lado, Cisneros considera que el éxito en la vida de una persona se mide por la acumulación de bienes materiales como un apartamento de lujo. Visión pobre y retorcida de lo que debe ser un ser humano: noble, generoso, amante del servicio a los demás y con una dosis enorme de humanismo. Pero nada de eso se puede esperar de quien dedicó su vida profesional a denigrar a otras personas, atacar a las instituciones, decir en campaña que se puede vivir sin cultura y que no cree en Dios; con semejante pedigree qué se puede esperar sino el ataque y verbo incontenible de improperios y agresiones falsas, propias de quien se proclamó maestra de la mentira del presidente y altos funcionarios.
Pero la diputada no hizo más que ir a la zaga de su compañero de equipo el presidente Chaves que, desde su teatro mediático de los miércoles y los días siguientes, ha hecho gala no sólo de lo más procaz de su lenguaje, sino que también de su capacidad para denigrar y ofender a una persona, como meterse en la vida privada del auditor de la CCSS, que fue el denunciante de los gusanos barrenadores que él introdujo en la institución para destruirla; o la forma impropia de tratar como “diputadilla” a la Lic. Sofía Guillén ignorando que ella es parte de Poder Legislativo, con los mismos derechos y prerrogativas que él como Presidente y que es el que debe dar cuentas de sus actos a los diputados, así que debe respetar para ser respetado; y la flor en el ojal la puso en la zona norte, a donde fue a inaugurar un puente Bailey y que son estructuras provisionales… vaya ridiculez! Ahí se enfrentó a pequeños productores de ganado por los famosos aretes; no solo defendió a los grandes productores, sino que maltrató a aquellos ciudadanos que se atrevieron a confrontarlo insinuando que quienes se oponían a su idea eran contrabandistas, lavadores de dólares, narcos y otras lindezas, al amparo de las ferias ganaderas. Por cierto, vale felicitar a la esposa del señor Alfaro, dueño de algunas de esas ferias por su entereza al darle respuesta firme, enérgica y valiente a un presidente que se va de boca insultando a su familia.
En fin, que el dúo partidario de la autocracia, se retrató de cuerpo entero esta semana, al exhibir lo más procaz de su limitado lenguaje, que solo se amplía para insultar y crear odios desde el centro, no de un apartamento de lujo ni de la casa en Monterán, sino desde su albañal, permanentemente surtido de las aguas negras de su visión materialista de la vida o de dictadura en la función pública a la que aspiran llegar, inspirando odio y resentimientos en sectores a los que creen que podrán llevar a votar por sus súbditos, puestos en las papeletas de algún partido taxi, jalados como ganado , no de las orejas, sino de las argollas propias de animales domesticados.
Discurso de graduación Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional (noviembre 2024)
Por Memo Acuña
Cerramos un año relevante para la Facultad de Ciencias Sociales, al celebrar nuestros primeros 50 años de vida, aportando al desarrollo de la sociedad costarricense en su conjunto. Por eso, esta graduación es muy significativa toda vez que ustedes serán recordados, queridos y queridas estudiantes, como la generación que acompañó a nuestra Facultad en esa hermosa celebración.
En marzo anterior, al iniciar con una clase inaugural la programación de actividades que nos acompañaría a lo largo del año, nuestra querida Arlette Pichardo nos recordaba el valor de la alegría como motivación constante en un mundo vertiginoso, lleno de cambios y desafíos en el que las Ciencias Sociales son absolutamente pertinentes, indispensables, necesarias.
Hoy, la alegría se manifiesta en la culminación de un esfuerzo que deberá recordarse siempre y será la emoción que guie su caminar en su vida personal, familiar y laboral. Eso, la alegría de permanecer y transcurrir.
Debo permitirme en este día, en este acto significativo, hacer un reconocimiento a las familias de quienes están hoy aquí recogiendo el fruto de su esfuerzo. Son ustedes, ese núcleo importante, los que sostienen el afán y el maravilloso acto de transitar en el conocimiento y la formación. Mi admiración profunda y sincera.
Para hacer este homenaje, tanto a ustedes graduandos y graduandas como a sus familias y amigos, quisiera convocar de manera muy especial a Sandra Mihanovich. Tal vez ese nombre no les diga mucho, pero si les cuento que es la autora de esa hermosa canción “honrar la vida”, ya sabrán el significado que para mí tiene hablar con su letra, utilizarla también para hacer un sencillo pero sencillo homenaje a quienes en este momento no están con nosotros por alguna razón.
Su energía, su paz, su esfuerzo rondan también esta sala a la que hoy acudimos con entusiasmo. Para ellos, ellas, mi pensamiento, mi abrazo.
Dice la autora que “eso de durar y transcurrir, no da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida”. La vida se honra en cada acto de nobleza, en cada acción dignificante, en cada gesto de humildad.
Con este título en sus manos, el primer mandato que quiero solicitarles es que sus acciones sean ejemplo de nobleza, dignidad y sobre todo y ante todo, humildad. Sean humildes para transitar, permanecer, honrar la vida.
Continúa Mihanovich diciéndonos: “Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida”. A lo largo de todos estos años de estudio, ustedes queridos graduandos, queridas graduandas, fueron construyendo una memoria, un ritual de la constancia, pero sobre todo un hacer consciente del mundo que les tocó vivir.
Por eso, la segunda solicitud que les hago es que continúen siendo a través de una actitud vigilante, despierta, cuestionadora.
“Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas, es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida” nos advierte Sandra. Si. Eso es. No es desde el silencio que construiremos una mejor sociedad.
Esta solicitud es quizá la más aguda que les formulo. Vivimos tiempos difíciles, en los que hemos visto el flagelo de la violencia campear sin control; este año, como ningún otro, el narcotráfico y el crimen organizado nos han arrebatado a niños y niñas que quizá nunca regresen al sistema educativo. La desigualdad y la pobreza permean el proyecto de sociedad que somos.
Por eso, persistir en hacer notar la injusticia es un acto de resistencia. Les solicito entonces su voz, su acompañamiento: en silencio nunca más. Eso, queridos y queridas graduandos y graduandas, es, definitivamente un acto de amor, un acto para seguir honrando la vida.
Hoy, al salir con su título ya en sus manos y al salir a esta sociedad que les necesita con urgencia, piensen en la hermosa circunstancia, el gran privilegio que les hizo ingresar a esta universidad, permanecer, persistir, nunca darse por derrotados y derrotadas. Ese es el principal valor de un acto como el de hoy: la resistencia, permanencia y logro.
Estimadas y estimados señores que nos acompañan hoy en este auditorio. Este año las graduaciones de nuestra facultad serán especiales porque coinciden en tiempo y espacio con las celebraciones de los 50 años. Celebramos entonces.
Celebramos que nuestra Facultad gradúa 606 nuevos profesionales en distintos campos de las Ciencias Sociales. No debemos olvidar que desde las Ciencias Sociales se acompaña los desafíos que nos impone la sociedad costarricense y que ustedes hoy asumen al convertirse en los nuevos profesionales que le entregamos a nuestro querido país.
Por ello, como lo hemos dicho reiteradamente, salgan y contribuyan con su trabajo y su forma de ver la vida, a construir una nueva arquitectura de país, que es tan urgente en estos momentos. Pero en particular, permanezcan, perduren, persistan: honren la vida.
De mi parte y de parte del señor vicedecano: ¡Felicidades y muchos éxitos!
Sobre el presupuesto general de la República, la Constitución Política establece en el artículo 177, que, «la preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo», el que «será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa» (Art. 178). Luego, el proceso continúa al interior del Congreso de la República, indicándose que, dentro de las «Atribuciones de la Asamblea Legislativa» (Art. 121, inciso 11), está la de «dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República».
Por lo anotado, pareciese un sinsentido jurídico, inconstitucional, (¡otro!), la pretensión del Chaves, a través de la diputada Cisneros, y una decena de diputados oficialistas y evangélicos, de que la Sala Constitucional, en el «día menos pensado», resuelva ordenar a los señores diputados, NO cubrir sensibles partidas presupuestarias deficitarias, en áreas fundamentales, como educación universitaria, educación básica, cultura, seguridad, infraestructura vial, Becas Avancemos, trasporte de escolares en zonas rurales, colegios científicos, tren a Paraíso, plazas para la Fiscalía y Migración, carretera a San Carlos, Editorial Costa Rica…, con parte de los dineros presupuestados para abonar a la gigantesca y creciente, deuda del Estado.
De prosperar semejante acción ante la Sala IV, matizada como «consulta», la Asamblea Legislativa, ya no podría, ejercer la suprema atribución democrática, de dictar los presupuestos, que le son sometidos para su conocimiento, por el Poder Ejecutivo, dándosele a éste, un poder cercano al que ejercen ciertas dictaduras centroamericanas. ¡Nuestro límpido cielo a veces no es tal!
Cuando se piensa que ya no hay más ocurrencias burocráticas en el horizonte del Estado costarricense, lamentablemente no hay que esperar mucho para percatarse del error de esa percepción. Hoy veremos otro ejemplo.
Resulta que, en su afán de destruir la visionaria, magnífica, ¡y muy modificada Ley de Aguas!, que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, hace 82 años, regresa otro mal proyecto de ley, que, como resabio de las anteriores propuestas, avanza, con cierto sigilo, en la Asamblea Legislativa, como si no tuviera importancia. Sin que la mayoría de los señores diputados, se estén percatando de las consecuencias que tendría una posible aprobación, de la iniciativa que está procesándose en comisión, éste avanza, gracias quizá a la buena fe de sus proponentes, y de los que son indiferentes, pues, seguramente, les habrán comentado, que es un buen proyecto, moderno, extraordinario, y muy necesario para sustituir “la vieja ley” de 1942, que ya cumplió su vida terrenal. Que el agua, su agua, nuestra agua, la de nuestros hijos, requiere, una “gestión integrada”, que no se explica cómo funcionaría.
Sobresale en dicho proyecto, como principal objetivo, la creación de un nuevo organismo gubernamental, que absorbería, como un papel secante, fundamentales funciones del AyA, como la gobernabilidaddel recurso hídrico, y, las que, ejecuta, gracias a su realidad natural e institucional, como órgano ejecutor y rector del sector agua, que, además, tiene la capacidad constitucional de delegar, en las ejemplares ASADAS, dicha gobernabilidad, para el abastecimiento de agua potable en comunidades rurales. Asociaciones que, en la versión original del proyecto, se habrían convertido en concesionarias, con las consecuencias inconstitucionales que se vislumbraban.
Las responsabilidades del AyA, han sido puestas en práctica, desde que, en 1961, el presidente Mario Echandi Jiménez, promoviera su creación como Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA), en un momento histórico en que el país, experimentaba una severa crisis de abastecimiento de agua potable, en los crecientes centros urbanos, y que hoy hemos de seguir aplaudiendo.
En la más reciente propuesta, de las varias que han pasado por el Congreso, aunque se debilita, no se propone desaparecer el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con sus más de 4.000 funcionarios, profesionales especialistas, técnicos calificados, operarios de diversos oficios, administrativos que atienden, entre otros, las responsabilidades, relacionadas con “Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en el ejercicio que el Estado tiene sobre ellas”, tal y como lo concibieran los legisladores en 1961. Para don Mario Echandi, la creación del SNAA, sustentada en la Ley de Aguas del doctor Calderón Guardia, era «la medida de mayor trascendencia nacionalen favor de la salud pública durante los últimos cincuenta años”. Y por ello, consecuentemente, se gestionaron los préstamos internacionales que permitieran su urgente estructuración, pues el compromiso nacional y el interés por dotar al país de agua de buena calidad para consumo humano, servida a domicilio, demandaba una buena dosis de entrega, en momentos en que los gobiernos locales, y otros ciudadanos, estaban lejos de tener la capacidad de garantizar tan fundamental servicio público.
La trascendencia de ese acto gubernamental, hoy se ha de valorar, a partir de lo avanzado, y los logros alcanzados, pues, a diferencia de otros países, la gran mayoría de los costarricenses, ¡todavía!, podemos tomar agua del grifo, con la seguridad de que su calidad y cantidad adecuadas, son una meta irrenunciable.
Pues, resulta, que, hay quienes piensan, que esa compleja tarea encomendada al AyA, sin que medie, ningún informe técnico, riguroso, participativo y coordinado con sus departamentos de planificación, jurídicos y de ejecución, se le debe trasladar a un nuevo aparato burocrático que se estaría creando en el marco del MINAE, para que, desde él, se ejerza, nada menos, que la gobernabilidad del agua de todos los costarricenses, que hoy cumple el AyA, como misión suprema.
¡No se preocupen!, dicen los que así piensan, pues ya el MINAE tiene una Dirección de Agua, que se encarga de otorgar permisos de uso y concesiones, para personas físicas y jurídicas, de carácter privado, y que, con “unos ajustes presupuestarios”, podría asumir funciones trascendentales que definen al AyA.
Ante ello, soslayan que el Ministerio de Ambiente, con escaso presupuesto e inmensas obligaciones sin atender, como, por ejemplo, el pago de gran parte de las tierras, sobre las cuales se ha sustentado el conjunto de áreas de conservación que tanto prestigia a Costa Rica, tiene posibilidad cero, de aumentar significativamente su presupuesto general, que, más bien, vemos disminuir, año con año, pese a las responsabilidades crecientes que conllevan sus funciones, en pro del desarrollo sostenible.
Pese a que la planilla de la Dirección de Agua ronda los 40 funcionarios, incluyendo choferes, conserjes, mensajeros, recepcionistas, solo seis cumplen funciones de «gestión de proyectos de desarrollo hídrico«. Y, aún, así, se propone que sobre esa tambaleante “estructura”, se edifique la pomposa Dirección Nacional de Aguas (DINA), que cumpliría funciones que hoy se ejecutan en el AyA. Ello, sin tener un estudio cuidadoso, acerca de la requerida inversión financiera, que, como es usual en este tipo de proyectos, no se ha estimado formalmente. Así las cosas, la gobernabilidad del agua, quedaría en manos de un organismo, que, al día de hoy, no ha sido objeto de un proceso riguroso de planificación, tal y como se puede corroborar fácilmente.
Pero, hay algo más, y quizá más ocurrente. Resulta que, hacia esa misma Dirección Nacional de Aguas (DINA), sin pensarlo mucho y sin mayor estudio, también se incorporarían funciones que hoy, con un calificado recurso humano profesional y técnico, se ha venido ejecutando en el Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), creado durante la administración de don Luis Alberto Monge en 1983.
Los proponentes del proyecto de creación de la DINA, desdeñan que el conocimiento que se tiene en Costa Rica, acerca de esas formaciones hidrogeológicas que conocemos como acuíferos subterráneos, se ha desarrollado, en o alrededor, del Senara. Labor silenciosa, pero constante, de mucha rigurosidad científica, que ha permitido localizar los acuíferos en todo el país, estimar sus caudales, conocer su compleja geología, determinar su vulnerabilidad, dictar medidas de protección, con la fundamental misión, de garantizar a los habitantes de todo el país, el uso sostenible de esas fuentes de agua, que garantizan el abastecimiento de agua potable de la mejor calidad.
Para el debido cumplimiento de esas insustituibles obligaciones, el Senara cuenta con más de 136 funcionarios, entre los cuales se cuenta, cerca de un centenar de profesionales y técnicos, que ya han vivido, con cierta desazón, los tortuosos caminos, por donde caminan los recurrentes proyectos, que buscan derogar la visionaria Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia, quitarle al AyA la suprema función de gobernar el agua potable, y, realizar las funciones que, sobre la aguas subterráneas, cumple a cabalidad el Senara. Algo así, como un terremoto institucional en el sector agua.
Años atrás, enfrentados a la realidad de no contar con los especialistas, que hoy laboran para el Senara, hasta propusieron que los mismos, se trasladaren a la DINA, que estaría por crearse. Ante el rechazo manifiesto que se recibió como respuesta, se optó por desistir de esa ocurrencia, pero, contrario a la lógica más elemental, se ha seguido adelante con la necedad de que, en la DINA, se abran las plazas para la contratación de los recursos humanos imprescindibles, y se financie la adquisición de materiales y equipos, como del Senara, para poder cumplir con las tareas que… hoy cumplen los experimentados funcionarios del Senara. ¿Verdad que no tiene sentido?
Bajo esa premisa, se establece en dicho proyecto de ley (Nº 23.511, Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico) que la DINA, cual espejo del Senara, se encargaría de “realizar las investigaciones hidrológicas e hidrogeológicas a nivel nacional, así como las prácticas de mejoramiento, conservación y protección para el uso sostenible del agua, tanto superficial como subterráneo”. Además, tendría que “Desarrollar el monitoreo y la clasificación en cantidad y calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y realizar los estudios de vulnerabilidad de los acuíferos, así como la delimitación de las áreas de recarga y descarga de aguas subterráneas”. Y, cual si se tratara de aspectos no cubiertos actualmente, por el organismo del Estado especializado en la materia, se anota que la DINA tendría que “Elaborar los estudios respectivos y proponer al ministro de Ambiente y Energía ladeclaratoria de áreas de recarga acuífera de protección absoluta”, así como, “Realizar investigaciones y estudios técnicos-científicos en aguas subterráneas, pluviales y superficiales con fines de exploración, explotación, inyección artificial e investigación científica y técnica de acuíferos, protección y aprovechamiento sostenible”.
Así, cual, si el Estado estuviere enfrentando un vacío, en la administración, investigación, dictado de directrices, regulaciones, etc., sobre el manejo de las aguas superficiales y subterráneas, el proyecto de ley propone duplicar en el organismo que estaría por crearse, las responsabilidades que, por ley, corresponde cumplir, tanto al AyA, como al Senara. Propuesta que se hace, en momentos en que, como sabemos, es imprudente, asumir extraordinarios compromisos presupuestarios, relacionados con una nueva instancia estatal, que ejecutaría, funciones que ya realiza eficientemente, el Estado.
Sí hay algo que no se puede, ni se debe, ocultar. Aparte de los problemas de gestión en el AyA, que se han venido profundizando, con el correr de los últimos 12 o 15 años, vemos, que sus «aguas se han contaminado», con elementos salidos del privatizador Banco Mundial. Ejemplo relevante, aquél que considera al «agua como un bien económico«, y no como «un bien social», traído a Costa Rica, por funcionarios ubicados estratégicamente, en el MINAE y el AyA, indebidamente vinculados a la GWP-BM (Global Water Partnership). Personas que han hecho creer, principalmente, a algunos legisladores, que la Ley de Aguas, la ley de Creación del AyA y la ley de Creación del Senara, son los tres pecados capitales, que han hecho imposible el trabajo eficiente de los jerarcas del AyA.
Que el hecho de perder, por fugas desde sus cañerías, agua para más de dos millones de personas, o que no se hubiera construido el proyecto Orosi 2, o aprovechado parte de las aguas que se pierden en el balneario Ojo de Agua, o ejecutado un eficiente proyecto de hidrómetros, que permita el cobro justo del agua en condominios, es causado por esas leyes citadas, que, cabe reseñar, han obstaculizado, hasta ahora, procesos de privatización, que los costarricenses no queremos.
Se conoce que han corrido dólares, por manos de «consultores», encargados de la redacción apresurada de las varias propuestas de nueva Ley de Aguas, que, como la actual, pese a sus deficiencias, se propone imponer en nuestra Patria. Trabajos pagados, sin reflexionar, acerca de las onerosas consecuencias financieras, que tendría su aprobación, y, el retroceso que provocaría, una interesada administración de la mayor riqueza natural de Costa Rica. En fin, se trata de un capricho recurrente, que tendría un costo indeterminado para las finanzas públicas, y para el bienestar de los habitantes, que es preciso detener.
La Comisión Internacional de Juristas de América Latina realizó una entrevista con Ana Marcia Aguiluz Soto, quien es la directora regional para América Latina de American Friends Service Committee.
Durante este, se desarrollaron 5 apartados relacionados a la temática “La violencia contra las mujeres”. En primera instancia se consultó sobre la situación actual de la violencia contra las mujeres en Latinoamérica.
Ana Marcia comenta que, según las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo sufre o ha sufrido algún tipo de violencia. Ahora bien, recalca la relevancia de entender las nuevas formas de violencia, más allá de la violencia “tradicional”. A esta refiere la violencia: sexual, institucional, el acoso callejero, la falta de acceso a servicios de salud y la obstétrica. También comenta que existe una violencia estructural la cual se basa en las brechas entre hombre y mujeres. Algunos datos al respecto que menciona Ana Marcia son que al día de hoy se requieren 131 años para alcanzar la paridad de género, así como para cerrar las brechas legales se requieren 286 años, en términos de representación en puestos de poder 140 años, esto según el Foro Económico Mundial
Seguidamente se le consultó sobre cuáles medidas se pueden implementar para eliminar la normalización de la violencia contra la mujer. Ella comenta que es importante entender que existe un sistema y este es patriarcal. Es a este al que hay que atacar, en donde se busque cambiar patrones culturales, establecidos en instituciones que lo replican como: el sistema educativo, la iglesia y los medios de comunicación. Estos espacios se dedican a establecer roles predeterminados para hombres y mujeres, el comportamiento de cada uno de esos roles, desarrollar sesgos y estereotipos.
Asimismo, se le consultó por cuáles medidas legales pueden ser más efectivas para reducir la impunidad en casos de violencia de género y feminicidio. Ana Marcia comenta que sobre todo deben ser medidas de prevención, en las cuales se trabaje en los patrones culturales, asimismo, paralelamente deben existir leyes que penalicen conductas de violencia. En esta línea, se le preguntó sobre cambios legislativos o iniciativas para combatir la violencia de género en línea. Ella comenta que hay que comenzar por tipificar las conductas de violencia de género ante las nuevas formas de violencia, posteriormente realizar una revisión de las normas existentes y por último trabajar con las grandes empresas de tecnología para contribuir a la educación de la población.
Finalmente, se le consultó sobre el rol de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en la prevención de la violencia de género. A lo cual respondió que estas actúan como contrapeso social, ya que denuncian todas las problemáticas. Por otro lado, comenta la labor de sensibilización, que busca un mundo igualitario y un mundo justo, que sea realmente inclusivo.
En el marco de la fecha internacional que la ONU celebra por la solidaridad con Palestina y ante el proceso que el gobierno de Costa Rica ha iniciado para firmar un TLC con Israel, se realizará una manifestación este viernes 29 de noviembre Frente a la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, de 5:00 pm a 7:00 pm.
La Red de Solidaridad con Palestina, ante la ambigüedad de las declaraciones del Gobierno sobre los alcances de las conversaciones de los equipos que representan a cada país signatario de este proceso, envió una carta al Ministerio de Comercio Exterior COMEX, hace tres semanas, y el mismo ha respondido con una lista de temas comerciales para este TLC, que no deberían ser de interés de nuestro país como son los temas de seguridad, que podrían incluir lo militar y temas de intercambio de productos que no se garantizan sean producidos en territorios ilegales, ocupados por Israel y donde el régimen Israelí somete a la población Palestina a régimen de Apartheid, como la ONU lo ha denunciado.
Además, en la respuesta que da COMEX a la Red de Solidaridad con Palestina, se informa que se ha adoptado una condición de «secreto de Estado» sin dar información del fundamento para el mismo, ni de qué temas están en esta categoría de secretismo, que excluye de la información al pueblo costarricense.
Y por último, el Gobierno de nuestro país, envía un mensaje incorrecto y totalmente alejado de la trayectoria e imagen internacional que tiene Costa Rica de ser un país, sin ejército, propiciador de la paz y respetuoso de los organismos judiciales internacionales, al empeñarse en firmar un Tratado Comercial con un Gobierno cuya cabeza tiene a un encausado por crímenes de guerra y genocidio, como es el jefe de Gobierno Israelí, Benjamin Netanyahu y contra quién la Corte Penal Internacional ha emitido orden de captura. Así mismo, nuestro país propicia un acuerdo con un gobierno y unas fuerzas militares que en casi catorce meses han asesinado con bombardeos indiscriminados a más de cuarenta mil civiles en Gaza, entre los cuales se encuentran cerca de veinte mil niños inocentes.
La Red de Solidaridad con Palestina invita a manifestarse al pueblo costarricense amante de la paz a esta convocatoria en protesta del TLC con Israel este viernes 29 de noviembre a las 5:00 pm frente a la Casa Amarilla.
Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres – 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversas organizaciones, colectivos, grupos, partidos y activistas independientes convocamos a una Gran Marcha Nacional para exigir respuestas concretas ante la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica. En un contexto donde la violencia de género ha alcanzado niveles alarmantes, exigimos la Declaratoria de Emergencia Nacional por violencia hacia las mujeres por parte del Gobierno, a sabiendas de las características machistas y autoritarias de Rodrigo Chaves. Ante la falta de acciones contundentes, las mujeres declaramos esta emergencia desde las calles, reafirmando nuestra lucha y exigencia de justicia para todas.
Datos recientes del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial reflejan una situación crítica. Se contabilizan hasta la fecha 21 femicidios y alrededor de 70 muertes violentas de mujeres. Además, los crímenes de odio hacia las mujeres trans continúan siendo desatendidos y tratados de forma transfobia en medios y espacios públicos. La inacción del Estado costarricense ha dejado en evidencia una falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención y justicia, lo que ha permitido un aumento en la violencia y un ambiente de impunidad. La violencia patriarcal es un problema estructural vinculado a la pobreza, las desigualdades y precarización del trabajo y condiciones de vida en el sistema capitalista.
Las instituciones responsables de la protección de las mujeres han sido debilitadas por recortes presupuestarios y decisiones políticas de este gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha sido instrumentalizado políticamente, alejándose de su labor de colaboración con organizaciones civiles y sectores que han luchado históricamente contra la violencia de género, incumpliendo con las obligaciones jurídicas de protección especial como la CEDAW y Belém Do Pará. Las iniciativas gubernamentales -usadas para lavar la imagen del gobierno-, como los «puntos violetas» han sido estrategias que no han generado cambios significativos en la vida de las mujeres, dejando a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Nos solidarizamos con las personas trabajadoras del INAMU a quienes diferenciamos de las jerarquías gubernamentales responsables de estas acciones denunciadas.
El sistema judicial ha sido cómplice de esta violencia, dándonos la espalda al momento de denunciar, mostrando debilidad y falta de compromiso en el acompañamiento a las víctimas. Este sistema, aludiendo a la falta de recursos, evade profundizar en la búsqueda de las tantas mujeres desaparecidas hasta encontrarlas, como ocurre con Nancy Chacón, Daniela Escobar y la niña Keibril García. Por si fuera poco, también se tarda en llevar a juicio a asesinos en los casos de femicidios como los de Fernanda y Raisha, Natali Madriz y Yuli Ureña los cuales irán a juicio prontamente debido a la presión de sus familiares.
El Ministerio de Educación Pública y las universidades estatales han enfrentado una serie de recortes que incluyen ataques a personas trabajadoras de la educación y a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, con menos recursos para comedores, transporte y becas. La ausencia de programas de igualdad y equidad de género afecta a las juventudes y niñez, negándoles una educación sin violencia. Se ha recortado el presupuesto también de Acueductos y Alcantarillados perjudicando el acceso hacia el agua. Los recortes en el Ministerio de la Vivienda hacen que el presupuesto sea el menor en los últimos años por lo cual acceder a un bono de vivienda es cada vez más difícil perjudicando a las mujeres de sectores populares y sus familias.
Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) también se encuentra bajo amenaza debido a recortes y privatización, limitando el acceso a la salud pública, lo que afecta de manera desigual a las mujeres. La situación es especialmente crítica en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde los recursos para la atención de salud de las mujeres son escasos. Además, se ha negado la inversión en obra pública como la construcción del Hospital de Cartago.
Es fundamental que defendamos las conquistas sociales que han significado las instituciones públicas y exijamos el mejoramiento de los servicios públicos.
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar siguen siendo vulnerados en Costa Rica. A pesar de que el Código Penal establece el acceso al aborto terapéutico desde hace más de 50 años y de que existen una norma técnica y un protocolo de la C.C.S.S., aún no se garantiza plenamente este derecho, como fue evidente en los casos de Ana en 2007 y de Aurora en 2012. Esta situación refleja una forma de violencia que enfrentan las mujeres en el país, quienes carecen de la libertad para decidir sobre sus cuerpos, ya que el aborto continúa siendo ilegal. Inclusive, el país sigue incumpliendo con su obligación de recolectar datos actualizados sobre interrupción del embarazo pero según la Asociación Demográfica Costarricense, entre 2007 y el 2008, se realizaron aproximadamente 27,000 abortos inducidos.
De manera solidaria, levantamos la voz contra la ocupación en Palestina y la política de exterminio llevado a cabo por Israel hacia el pueblo palestino, exigimos la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, en solidaridad con el pueblo palestino.
Exigimos el cumplimiento de la ley que se encarga de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en Costa Rica vigente y demandamos la aprobación de normativa para que la política sea un espacio seguro para las Mujeres.
Hacemos un llamado al feminismo y al movimiento de mujeres a sostener la independencia y autonomía de nuestro pensamiento frente al Estado, instituciones y sectores anti derechos, y a desarrollar un movimiento a nivel nacional por medio de movilizaciones callejeras para luchar contra la violencia machista.
Las organizaciones firmantes, unidas bajo la consigna «Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos», demandamos:
La Declaratoria de Emergencia.
Justicia para Fernanda y Raisha (en el juicio que inicia el 2 de diciembre), para Yuli Ureña (en el juicio que inicia el 4 de diciembre) y para Naty Madriz (en el juicio que inicia el 22 de enero del 2025),
Aprobación de los proyectos de ley que exigen las mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio y de Familias Sobreviviendo el Femicidio.
La despenalización del aborto tal y como fue recomendado por diferentes países en 2 ciclos en el Examen Periódico Universal coincidiendo con el criterio del Comité CEDAW en los casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud de la mujer y malformación grave del feto.
La legalización del aborto seguro, libre y gratuito.
Instamos a todo el país a unirse a esta marcha para alzar nuestras voces en contra de la violencia basada en género, los discursos de odio y la impunidad. Exigimos políticas de prevención eficaces y el fortalecimiento de los servicios públicos y de las instituciones comprometidas con la protección de los derechos de las mujeres.
Este 22 de noviembre, y en honor al reformador y democratizador de la educación nacional, Mauro Fernández Acuña, se celebra en Costa Rica el Día de la Persona Docente.
Entre los muchos aciertos que tiene la reforma educativa de don Mauro, el reconocimiento a la labor del magisterio es central en su obra. Le dio mucha importancia a la formación pedagógica, e incluso creó la revista El Maestro para el intercambio de ideas pedagógicas y métodos. Dice Luis Ricardo Villalobos, que para don Mauro: “Todo lo que nos rodea constituye bien o mal a nuestra educación, pero el maestro es el factor imprescindible de ella”. Y agregaba que la formación de docentes debe garantizar el desempeño competente, para que la carrera profesional “… alcance el brillo e importancia que merece. Es así como a finales del siglo XIX se reconocía la importancia vital de la docencia en el proceso educativo y se establecían las bases para la formación y ejercicio de una profesión digna e imprescindible para darle al recién nacido sistema educativo nacional, larga y fructífera vida.
En el primer cuarto del siglo XX, se dan las primeras normativas para el ejercicio de la profesión. Se redactan reglamentos para docentes de primaria, educación secundaria y una ley de jubilaciones y pensiones del Magisterio Nacional. Pero también en ese momento, surge la inestabilidad laboral y se empieza sentir una fuerte injerencia gubernamental en los nombramientos, lo cual deriva en gran desconcierto y desigualdad. En este contexto, para los años treinta se realiza un Congreso de Maestros, durante el cual se va diseñando la Asociación MAESTROS UNIDOS, la primera agrupación gremial, cuya intención era fortalecer el magisterio. Esta asociación duró poco tiempo, sin embargo, la idea del trabajo colectivo siguió vigente y sienta las bases para las asociaciones de educadores que conocemos.
Probablemente este fue un factor que dio origen a que, en el gobierno de Otilio Ulate, en 1953, se estableciera el Estatuto de Servicio Civil y la Ley de Carrera Docente y su respectivo reglamento. En 1970 esta Ley es integrada como Título II en el Estatuto de Servicio Civil.
Esta Ley es de gran importancia ya que establece la docencia como carrera profesional; exige de la persona docente solvencia moral y profesional; vela porque la docencia se ejerza dentro del campo específico de la formación pedagógica y académica; establece las jerarquías de la carrera docente, en relación con la preparación pedagógica y académica rendimiento profesional y el tiempo servido; y busca siempre la dignificación del educador costarricense.
Al celebrar en 2024 el día de la persona docente costarricense, queremos reflexionar precisamente sobre la dignificación, y por qué creemos que no podemos dejar que se pierda. Ante la difícil situación de la educación nacional, que presenta un deterioro generalizado desde hace algunas décadas; que se potencia con una grave disminución en su presupuesto, pareciera que nos hemos devuelto un siglo atrás en cuanto a las incertidumbres sobre estabilidad, bienestar y remuneración docente. Es por eso, que es necesario retomar estrategias reivindicativas de dignificación docente, en cuatro ámbitos fundamentalmente:
La institucionalidad que aporta las condiciones para el bienestar del ejercicio profesional: derecho a una carrera docente, un salario equitativo a las funciones, el reconocimiento a los méritos, el mejoramiento profesional, garantías sociales, el bienestar en el lugar.
Una actuación personal de carácter ético y profesional, que responde de manera oportuna y pertinente, a los requerimientos educativos.
La actuación gremial que defiende los derechos adquiridos y los amplia.
Una comunidad que reconoce y valora el papel docente. El escrutinio ciudadano se construye a partir de los ámbitos anteriores
La dignidad es un valor que se basa, por una parte en honrar la vida de nuestros ancestros quienes han sido garantes de una educación de calidad por y para los niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes de nuestro país. También se sustenta en reconocer el respeto, la igualdad y el buen vivir que merecen todas las personas; constituye el fundamento de los derechos humanos. Aunque también deberíamos conferirlo a todo ser vivo si queremos preciarnos de ser habitantes y no explotadores de este hermosos planeta tierra.
Al reconocer la labor de los y las docentes costarricenses, que en primera línea sostienen el sistema educativo nacional, abogamos por el fortalecimiento de la dignidad del magisterio en todos sus alcances.
Auguramos para los próximos años, celebrar del Día de la persona docente costarricense, reconociendo su dignidad personal y profesional.
En la Asamblea Legislativa los diputados laboran en Comisiones y en el Plenario. En las comisiones se lleva a cabo mucha labor legislativa. Es donde todos los proyectos de ley se conocen, en su trámite parlamentario.
Allí se discuten ampliamente. En esa discusión los diputados pueden convocar expertos, asesores, conocedores del tema que están tratando para poder tomar una decisión sobre el proyecto de ley que discuten y analizan.
Del análisis y discusión de un proyecto de ley en comisión se produce un resultado, a favor o en contra del proyecto en trámite. Si por mayoría de los diputados se vota en contra, el proyecto se pasa al archivo legislativo, sin conocerlo el Plenario de los diputados. Allí técnicamente muere el proyecto de ley.
El Plenario es la sesión donde se reúnen todos los diputados para conocer esos proyectos que han sido dictaminados en las comisiones.
De las Comisiones hacia el Plenario los proyectos de ley pueden resultar con voto afirmativo de la totalidad de los diputados o con votos divididos, en una propuesta del proyecto de ley de la mayoría de los diputados y en otra u otras de minoría. Cuando así sucede los proyectos de ley pasan al Plenario para su conocimiento y eventual aprobación como Ley de la República o finalmente también de rechazo del proyecto.
En la vida parlamentaria, el Poder Ejecutivo por medio de quien ocupe el Ministerio de la Presidencia tiene la responsabilidad de impulsar los proyectos de ley que propone el Poder Ejecutivo. Para ello negocia con diputados individualmente o con las fracciones legislativas de los distintos partidos que allí están representados.
Las comisiones trabajan en su conocimiento de los proyectos de ley por períodos llamados ordinarios y extraordinarios. En los ordinarios son los diputados los que tienen lo que se llama la iniciativa de la ley, es decir, de proponer proyectos de ley, a modo individual o como fracciones legislativas. En los períodos extraordinarios solo el Poder Ejecutivo puede proponer proyectos de ley, propios o de los diputados, pero presentados por el Poder Ejecutivo en su agenda.
Las sesiones de los períodos extraordinarios cubren los meses de mayo, junio y julio y la de los meses de noviembre, diciembre y enero.
Las sesiones de los períodos ordinarios son las que se realizan en los meses de agosto, setiembre y octubre y en los meses de febrero, marzo y abril.
Así, en este momento, en este mes, se están acabando las sesiones ordinarias legislativas. Tiene prioridad en estas discusiones la aprobación del Presupuesto Nacional de la República para el año 2025, presentado por el Poder Ejecutivo, que tiene que ser aprobado a más tardar a finales del mes de noviembre.
En esta discusión el gobierno ha presentado un Proyecto de Presupuesto Nacional que reduce enormemente los dineros de muchos ministerios e instituciones, especialmente los que tienen que ver con educación y cultura. En Educación el gobierno propuso cero aumento, en el presupuesto para las universidades públicas, para el próximo año. Las universidades solicitaban un crecimiento del 4.04 %, muy inferior al 8% que constitucionalmente se les debe asignar.
En la parte final que se tenía de discusión el gobierno tenía una mayoría de disputados, de 6 contra 4, a favor de su propuesta de reducir el presupuesto de las universidades. Así se votó el pasado jueves, quedando la ratificación de ese voto para el día siguiente, el viernes.
El viernes dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana, Felipe García y Alejandro Pacheco, validando la creación de la Universidad pública, de la Universidad de Costa Rica, por el Dr. Calderón Guardia, y el crecimiento posterior impulsado por el Partido Liberación Nacional en la década de 1970, que permitió el desarrollo de los estudios superiores universitarios desde aquellos años, rectificaron su voto, del día jueves, votando afirmativamente la propuesta de asignarle a las universidades un 2% del Presupuesto Nacional.
Con ese voto, con ese cambio de actitud tan solo le dieron la oportunidad a la educación superior universitaria, de que en el Plenario legislativo se conozca esa propuesta. Allí, la mayoría de los diputados puede rectificar lo propuesto por la Comisión, y los mismos dos diputados pueden votar en contra de ese 2% sí así lo creyeran políticamente conveniente para su partido y el país.
El Presidente Rodrigo Chaves, el animal que habita Zapote, el Jaguar, como él mismo se llama e imita con rugidos, en sus peroratas de los miércoles y de las giras electorales que semanalmente hace por distintas partes del país, se enfureció perdiendo, lo que es frecuente también en él, sus controles mentales, su vínculo de la lengua con su cerebro. En la montada mesa de prensa que realiza, el pasado miércoles, se les tiró encima, como animal, como jaguar, tratando de destrozarlos, de depredarlos que es lo que hace el jaguar como animal, de intimidarlos, asustarlos, echándoles encima a sus seguidores y a la población que puede seguir esa actividad, la de la farsa de mesa de prensa que tiene, llamándolos varias veces “desgraciados” y “mal nacidos”.
El inquilino de Zapote haciendo alarde de su ignorancia lingüística lo que hizo fue evidenciar el “pacto” que tenía con la fracción legislativa del partido Unidad Social Cristiana, con el diputado Bojorges, que parece ante la opinión pública ser el candidato que Rodrigo Chaves trata de imponer en el PUSC, contra Juan Carlos Hidalgo, para la campaña presidencial próxima en ese partido, para tener asegurado, con él, con Bojorges, parte de la continuidad de su mandato o asegurar una verdadera tureca política manejada y sometida a Chaves y a sus designios políticos y económicos nacionales.
Cuando se recrimina un mal agradecimiento lo que se hace es reclamar la ingratitud de las personas por favores recibidos de quien recrimina. ¿Cuáles favores le debían los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco al Jaguar de Zapote, para enfurecerlo tanto? ¿Cuáles favores le debe la fracción de diputados de la Unidad Social Cristiana al inquilino de Zapote, y la fracción de ese partido en la Comisión de Asuntos Hacendarios?
La despotricada que hizo Chaves fue recordarles a esos diputados y a su partido que le debían favores, que eran unos ingratos y desagradecidos por haber votado como lo hicieron.
Los desgraciados son personas que no agradecen los beneficios o favores recibidos o que no responden a ellos. ¿A qué no le respondieron los diputados al presidente Chaves? El Jaguar les pudo decir “ingratos”, pero prefirió decirles más fuerte “malagradecidos”.
El mal agradecido es también la persona que “paga” con malas acciones lo que ha recibido en favores o bienes. ¿Recibieron favores y bienes los diputados, de la fracción legislativa de la Unidad Social Cristiana, por parte de Chaves, sus financistas, o de sus grupos políticos y económicos, que le apoyan en su lucha contra las universidades públicas?
Bien nacido es el concepto opositor del mal nacido, y el refrán popular lo señala: es de bien nacidos ser agradecidos.
Las personas mal agradecidas se destacan porque no reconocen ni aprecian esfuerzos ni sacrificios, que se hacen por ellos, porque siempre piden favores, porque en ese rastrerismo se comportan siempre de manera muy amable, porque tienen baja inteligencia emocional, porque no toleran que les digan “no”, porque carecen de responsabilidad personal. ¿Así el Presidente considerará a esos diputados?
El desagradecido real en este caso es el que siente que no fueron agradecidos con él. El desagradecido fue el presidente, que tiene poca empatía con otras personas, que se cree el centro del universo, que se siente el florero de la mesa o el muerto de la vela, cuando parte que los demás tienen que “servirle” para algo de carácter utilitario. Salvo, claro está, que él presidente hubiera pagado de alguna manera esos posibles votos que él esperaba se le dieran a su negativa contra las universidades y la educación superior pública.
Como Presidente es él el que tiene obligación de servirle a los ciudadanos, de rendirle cuentas a los ciudadanos. Como Mandatario está obligado a cumplir con los mandantes, con el pueblo, el ejercicio de un buen gobierno, de no destruir la seguridad social, de no debilitar las instituciones sociales y culturales, de no paralizar la educación, de no debilitar la seguridad ciudadana. Está obligado a luchar real y efectivamente contra las organizaciones narco criminales que por su influencia en las estructuras de su gobierno han desmantelado, en la práctica, las instancias más importantes de lucha que se habían venido desarrollando en el país, en la instancia de seguridad pública, contra esos grupos mafiosos.
El mal agradecido es también la persona que olvida o desconoce los beneficios o favores recibidos. ¿Qué se les pudo haber olvidado a estos diputados para desatar tanta furia, y odio, del presidente hacia ellos?
Los que reclaman a los mal agradecidos son los que con sus actos esperan que esas personas que olvidaron la mano que les ayudó en algo, vuelvan a necesitar ayuda, por lo que esperará que regresen arrepentidos a los brazos, abrazos y arrumacos de cualquier tipo, en este caso con el Jaguar.
Cuando Chaves reclamó a los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco, con su “malagradecidos” les recordó que le debían favores. Eso es lo grave.
El hecho de que los hayan llamado mal agradecidos no quiere decir, ni significa, que estos diputados lo sean. Quien proyecta su condición de mal agradecido es quien lo dice, quien lo reclama porque proyecta su propia actitud que quiere imponérsela a los diputados.
Si ese improperio, salido de la cloaca bucal del jaguar, no les cae bien, no tienen por qué aceptarlo.
El que los haya llamado “mal nacidos” fue a modo de insulto. Fue decirles indeseables, despreciables. Salvo que el presidente hubiera insinuado que los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco hubieran nacido por cesárea u otra forma, no uterina, de parto considerado normal, para decirles “mal nacidos”. Si así fuera, estaría insultando a miles de costarricenses que hoy nacen por el procedimiento médico de la cesárea.
Se puede decir “mal nacido” para referir relación social o política de no ser deseado, no bienvenido, no apreciable en la relación.
El punto final de esto se va a decidir en los próximos días, cuando esta discusión del Presupuesto para las universidades públicas se discuta en el Plenario Legislativo. Allí la fracción legislativa del partido Unidad Social Cristiana se tiene que poner del lado de las conquistas históricas del gobierno del Dr. Calderón Guardia o de las posturas de Rodrigo Chaves. Algunos de esos diputados se acostarán con el gobierno votando en contra de las universidades. ¿Allí, la fracción legislativa tendrá que ponerse de lado de los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco o avalará los reclamos por beneficios y favores que el Presidente les ha dado a los diputados, de carácter personal, económica o políticamente a los diputados o al mismo partido?
Los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco en esta segunda y final etapa del proceso de aprobación del Presupuesto Nacional, después de los insultos e intimidaciones públicas que ha hecho el presidente Chaves de sus personas e investiduras parlamentarias, deben mantener decente y dignamente su posición a favor del presupuesto universitario como se acordó en la Comisión. De lo contrario quedará en evidencia que le deben favores y beneficios al Jaguar, que con sus rugidos los asustó y llamó de nuevo a su lecho, a su guarida.
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