Sin duda alguna, los acontecimientos del 11 de julio en Cuba, lo que ocasionaron fue que Cuba Socialista saliera triunfante y dictándonos una catedra de estrategias y tácticas para enfrentar la arremetida con claros matices de imperial.
Y es que el objetivo era claro para los mercenarios y contrarrevolucionarios: son una serie de pasos muy bien estudiados y perfeccionados, a partir de la experiencia de su aplicación previa en disímiles países de Europa del Este, Oriente Medio y África: Yugoslavia, Hungría, Ucrania, Libia, Egipto, Iraq; lo intentaron en Siria, Venezuela y Bielorrusia, a saber:
*Generar una situación de caos e ingobernabilidad.
*Entrada de una “intervención humanitaria” en forma de una fuerza militar foránea.
*Conducción del país invadido hacia una forma de Gobierno entreguista y dócil, que permita a la élite financiera y monopolios extranjeros, saquear sus riquezas en detrimento de las clases sociales más desfavorecidas.
Una de las lecciones que nos da Cuba, es saber detectar noticias falsas, antes las múltiples mentiras que publicaron y siguen publicando sobre el hecho de las marchas, y nos sugiere lo siguiente:
Leer la información completa y no dejarse llevar por un título demasiado llamativo, es imprescindible para no dejarse engañar.
Verificar las fuentes.
Detenerse a mirar quién firma la noticia y, ante la duda, investigar sobre esta persona, averiguar qué otras noticias tiene publicadas bajo su nombre o seudónimo.
En ocasiones las noticias de este tipo se encuentran en páginas no oficiales.
Se recomienda buscar más fuentes que tengan esta misma información, este paso ayudará a verificar qué tan cierta es.
El chequeo de las imágenes que se utilizan debe ser otra premisa, así como utilizar las herramientas de Google para determinar si están manipuladas.
Revisar el Dominio o URL, así como los comentarios de la publicación también ayudarán durante la verificación.
Inmediatamente a la intentona golpista, el presidente Diaz-Canel, dando una lección de liderazgo y temple de acero, comisiona al mismo pueblo a defender su revolución, estando consciente que el pueblo cubano, va a defender su revolución a costa de lo que sea.
Un hecho significativo de lo anterior, se refleja en la expresión de un señor, que culminada una marcha multitudinaria revolucionaria consciente, expresa y brota lo que le ardía dentro de sí: “¡Aquí, precisamente, frente al águila destronada!”. Su vista veía la multitud desde donde un pueblo en Revolución como derribaba el símbolo imperial.
No olvidemos que, el artículo 3 de la Constitución cubana, regula que la soberanía reside en el pueblo: “del cual dimana todo el poder del Estado”. Ese texto (aprobado por 86% de votos) obliga a respetar la soberanía popular y los derechos fundamentales.
El derecho de resistencia se regula contra “cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”, e incluye todas las vías. Por ser un recurso extremo, requiere el empleo previo de otros recursos.
Y es que los contrarrevolucionarios apostaron a, gente inexperta o con poca preparación, propensas a ser fácilmente manipulables, para hacerles creer que todas las calamidades que enfrentaban eran culpa de la ineptitud del Gobierno, y no producto de las acciones externas que se habían emprendido desde un año y medio antes, unidas a otros factores fortuitos.
Lo seguido fue y es, enfrentar y contraatacar las matrices digitales de opinión, develando las mentirosas imágenes y videos falsos, que buscaban atizar las mentes inescrupulosas y exacerbar los ánimos contrarrevolucionarios, así como hacerse eco en los medios occidentales.
Recordemos que, la televisora estadounidense, FoxNews, opacó unos carteles de apoyo a la Revolución Cubana, durante una entrevista con el congresista Ted Cruz, uno de los mayores defensores de la política de línea dura de Washington contra la Isla.
La cadena usó las imágenes para mostrar una supuesta manifestación contra el gobierno cubano, cuando realmente las pancartas eran usadas en una demostración de apoyo al presidente Díaz-Canel con el siguiente mensaje: Las calles son de los revolucionarios.
Un elemento sumamente publicitado fue el “supuesto” fracaso del Socialismo en Cuba, ante tan “estrepitosa” expresión del “cansado” pueblo.
¿Fracasó el Socialismo entonces?, depende del criterio con el que se lo aborde. Sin dudas, en la Isla no hay “shopping centers” repletos de mercaderías, no hay hiperconsumo de artículos fabricados con obsolescencia programada y la población no se mide por el vehículo o el reloj que posee, por la ropa de marca que viste o por el tope de su tarjeta de crédito.
Ahora bien: como el capitalismo se basa en la explotación, hace lo imposible para que los explotados no reaccionen. ¡Eso es la lucha de clases! Y en esa lucha, lo ideológico cobra un papel preponderante. De ahí que los pocos espacios socialistas existentes son mostrados por la derecha como «fracasos» estrepitosos.
A su vez, el pueblo cubano ha reiterado y es un momento crucial para continuar denunciando el cruel bloqueo del imperio norteamericano, recalcando en insistiendo que, durante seis décadas, de acuerdo con datos oficiales, ha representado para su población un perjuicio equivalente a 147.853 millones de dólares.
Solo durante la pandemia los daños alcanzaron 9.157 millones de dólares, una cantidad comparable con el préstamo de “servicio ampliado” que en 2019 acordó Ecuador con el FMI (y otras entidades financieras) por 10 mil millones de dólares.
Se agrega que, un estudio del PNUD, refuerza el problema del impacto Covid-19 en la economía y la sociedad cubanas. Bajo las consideraciones históricas evidentes, es imposible dejar de coincidir con las NNUU, de manera que se impone la demanda universal por acabar con el bloqueo.
Pero lo que jamás imaginaban, las fuerzas oscuras del imperio, fue y es el poderío de los pueblos de América Latina y del mundo consciente, en manifestaciones y apoyos a la Revolución Cubana, que es cada día mayor en número y simpatía.
En cualquier caso, esta osadía gringa pasará a la Historia como esa otra ocasión (otra más del montón), en que los “geniales” gringos se volvieron a equivocar por enésima vez de una esquina a la otra con Cuba, como siempre les ha ocurrido en los últimos 62 años.
Sonaron otra vez las campanas por “el fin” del Socialismo en Cuba. Salivaron seguro algunas bocas desde los balcones del imperio (y más allá o acá del mar que separa esta isla del resto del mundo), y también desde algunas alcantarillas, pero no pudieron ni podrán contra este pueblo aguerrido, que se afinca en la resistencia, de más de sesenta años de agresiones y con una mística revolucionaria en contra de todo.
Finalmente, el presidente Diaz-Canel, para seguir apoyando al pueblo cubano, el 14 de julio 2021, anuncia varias medidas económicas y sobre la importación de alimentos y medicamentos.
Durante una comparecencia televisiva el presidente Díaz-Canel, el primer ministro y el titular de Economía, también abordaron el tema de las afectaciones de la generación eléctrica, así como cambios relacionados con la empresa estatal y las micro, pequeñas y medianas empresas.
¡Adelante Cuba Socialista!
Recordemos que las “tropas de choque” del imperio contra los procesos revolucionarios, son ahora en Nuestra América las marras que arrasaron los barrios de Managua; los guarimberos de Caracas, que asesinaron y quemaron a simpatizantes de la Revolución Bolivariana; los grupos de tarea fascista que azuzaron el Golpe de Estado en Bolivia, que extorsionaron, arrasaron residencias, secuestraron y apalearon a indígenas, mujeres y dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS). Del mismo pedigrí son los “protestantes” del día 11-12 en Cuba.
En el mes de noviembre del año 2019, el movimiento estudiantil de las universidades públicas, personas de distintos movimientos y organizaciones sociales se movilizaron en contra de la aplicación de diversas políticas, entre ellas los recortes económicos al Fondo Económico de la Educación Superior. También denunciaban temas de violación a la legislación ambiental, de género, conflictos agrarios que perjudican al sector campesino, apoyo a la lucha por la justicia territorial llevada a cabo por comunidades indígenas y los homicidios políticos, aún impunes, ejecutados contra Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera, entre otros conflictos que continúan agravándose, perjudicando en mayor medida a los sectores empobrecidos históricamente. El día 21 de noviembre de ese año, siete personas estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Natalia Tapia Álvarez, Sileny Vásquez Orozco, Ixmucane Hernández, Javier Carvajal Monterrey, Andrés Solís Aponte, Abraham Cisneros Quesada y Antonio Mora Castro, fueron detenidas de manera violenta en las afueras de la Facultad de Derecho de dicho centro de estudios. Las personas detenidas son procesadas en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, bajo el expediente N° 19-003444-0175-PE, por los supuestos de incendio o explosión y obstrucción de la vía pública. Estas personas ya fueron condenadas bajo el veredicto de “culpables” por la dictadura mediática dominada por los grandes medios de comunicación, sin siquiera haber existido un juicio en el que ejerzan su derecho de defensa. Estas acciones de persecución mediática, política y judicial en contra de personas que ejercen su legítimo derecho al disenso y a la manifestación es una práctica que viene en ascenso en Costa Rica y busca cercenar el derecho a la protesta social a través de la criminalización del libre ejercicio de este derecho. La protesta social es un derecho en el cual confluyen otros, como la libertad de pensamiento, de reunión y de expresión, por mencionar algunos, todos ellos consagrados en instrumentos internacionales de derecho y en la Constitución Política. Algunos artículos constitucionales que se violentan con este proceso son: el 1) 25 derecho de asociación, 2) 26 derecho de reunión y manifestación, 3) 27 derecho de petición, 4) 28 derecho a la libertad de pensamiento y 5) 29 derecho a la libre expresión y Convenios Internacionales que tutelan la libertad de expresión y manifestación como la Convención Americana de DDHH y el Convenio N°87 de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU. La protesta social se ha considerado como derecho fundamental y un derecho humano por la importancia que tiene como herramienta de los pueblos y movimientos sociales para denunciar y exigir el cumplimiento de sus derechos que son lesionados por el aparato estatal. En Costa Rica la criminalización de la protesta social es un peligro latente que pone en riesgo la libertad de expresión, en la última década se han visto varios casos de persecución política en contra de manifestantes y personas defensoras de derechos humanos que se judicializan con el objetivo de aleccionar y atemorizar a los sectores populares que se manifiestan, tal es el caso de las personas estudiantes que mencionamos. Ante este panorama es que exigimos a la Fiscalía General de la República, solicite el sobreseimiento definitivo sobre las personas imputadas, lo anterior con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Procesal Penal que señala que el sobreseimiento procede cuando: «El hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado». Los delitos que se les acusa a las personas imputadas son a todas luces una envestida contra el derecho a la protesta social, ninguna de las personas acusadas participó en la comisión de delito alguno, por lo cual la Fiscalía está en el deber no solamente ético, sino en el deber legal de solicitar el sobreseimiento definitivo por no contar con los medios probatorios necesarios y que no alcanzan un mínimo de certeza que logre vincular las personas encartadas con los supuestos hechos cometidos. Este proceso ha tenido y tendrá un elevado costo para el erario público, ha nacido muerto y ha sido impulsado fervientemente de esto modo con la clara intención de criminalizar estudiantes que ejercían sus derechos constitucionales. Por estas razones, suficientes, es que solicitamos se dicte de manera inmediata el sobreseimiento definitivo a todas las personas procesadas y no se eleve este caso a juicio.
Mediante la comunicación social y la producción audiovisual social, un grupo de mujeres toman la escena en sus manos
Autoría: Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social, UCR)
Si las semillas tuvieran rostro, sería de mujer: de lideresas, de gestoras comunitarias, de políticas y luchadoras por sus territorios. Y aunque la cultura sexista ha reducido el rol de las mujeres a la procreación humana, la realidad es que esa es apenas una de las muchas actividades que cada día ellas emprenden.
Sus voces y sentires son tan diversos como mujeres existen en las costas, las zonas urbanas o rurales, etnias o nacionalidades. Y parte de ellas fueron recopilados en la Memoria del Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios (EC-519), una sistematización de experiencias del proyecto homónimo, e iniciativa del Programa Kioscos Socioambientales, inscrita en la Facultad de Ciencias Sociales.
El EC-519 surgió en el año 2019 “como un espacio de encuentro para mujeres que provienen de distintos territorios. Se realizó desde tres campamentos, en los cuales participaron 24 mujeres de 14 comunidades y 13 organizaciones de Costa Rica. Nos movimos por el país para reunirnos: en Punta Morales, como territorio costero; en Longo Mai, como territorio campesino; y en Sabanilla y La Carpio, como territorios urbanos”, explicaron las facilitadoras Zuiri Méndez Benavides y Catalina Tenorio Vargas, responsables de la sistematización y compiladoras de los textos incluidos en el documento.
De acuerdo a las compiladoras, estos campamentos fueron un espacio de encuentro de mujeres que provenían de “diferentes coordenadas y no habían tenido la oportunidad de conocerse, pudieron reunirse y escuchar, en la narración de sus compañeras, historias que desconocían, generando espejos, preguntas sobre sus propias historias, intercambios de estrategias como mujeres ante las opresiones, y un entramado de complicidad, afinidades y afectos. En la historia de una, nos fuimos encontrando todas”.
Para la ejecución del proyecto, explicó Méndez, dadas las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, las mujeres participantes fueron las productoras de los materiales audiovisuales, para lo cual recibieron capacitaciones en lenguaje audiovisual, movimientos de cámaras, iluminación y sonido. Además, se diseñó un manual para el uso del equipo que constaba de un celular, un estabilizador, micrófonos, lámpara y equipo de limpieza y tarjetas prepagos entregadas por la Universidad de Costa Rica (UCR). Esto permitió mantener un contacto permanente con todas las participantes, quienes fueron las líderes de todo este proceso, que aún continúa cosechando.
Otro de los productos logrados por este campamento fue la sistematización de la cartografía social participativa de lucha de mujeres en los territorios. Estos dieron origen a un mapa del cuerpo, ilustrado por Elizabeth Argüello, y organizado el material por Catalina Tenorio, de los campamentos realizados en el 2019. Con estos insumos se diseñaron 24 retratos tipo collage de las participantes con el apoyo de la diseñadora Paula Peña de las cuales surgió otra publicación disponible en este enlace.
Uno de los retos del proyecto fue precisamente los obstáculos que impuso la pandemia sanitaria para hacer más actividades presenciales. Esto obligó a reformular las actividades, y según Méndez, implicó a reformularse como un segundo proyecto, inventado nuevas formas de trabajo. Al final, se avanzó en todo lo propuesto y se concluyó exitosamente, enfatizó.
El proyecto “Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios» (EC-519) ha contado con el apoyo de Fondos Concursables 2019- 2020 de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS). Surgió gracias a las ideas y el trabajo de otros proyectos, como el de Comunicación y Memoria: Prácticas Narrativas y Audiovisuales con las comunidades de Puntarenas (TC-702), Comunicación Comunitaria para el Cambio Social (TC-127), Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio-ambientales específicos (TC-590), y al Programa de Economía Social Solidaria (PROESS), de la Escuela de Sociología.
Este proyecto fue la contraparte de otro que produjo una serie de seis capítulos, realizados por La Feria Producciones, productora audiovisual independiente que ganó el financiamiento del fondo El Fauno, otorgado por el Centro de Cine del Ministerio de Cultura.
Entre otros productos logrados por las mujeres participantes del proyecto EC-519 están la publicación de artículos colectivos, participación en programas radiofónicos y producción de videos sobre las luchas de las indígenas en la recuperación de sus territorios ancestrales, la pesca ilegal, los desafíos de las mujeres en el campo y ellas atravesando la pandemia. Así como la participación en un taller virtual sobre observaciones comunitarias al Acuerdo de Escazú, organizado con el Observatorio de Bienes Comunes.
Shirley Barrantes Ilama, una de las participantes de los campamentos organizados por el proyecto EC-519, dijo que se siente “sumamente orgullosa del trabajo que representa la memoria publicada porque transmite al 100% todo lo que sentimos las mujeres que participamos. Me parece que es un trabajo enriquecedor, y es demasiado lindo. No tengo palabras para agradecer”.
Unos de los aspectos que destacó Barrantes durante la presentación virtual de la memoria, es que cuando llegan a “estos espacios y escuchamos a otras mujeres e intercambiamos nuestras experiencias, nos fortalece y empodera”.
Barrantes es líder comunitaria, habitante de la comunidad de La Carpio e integrante de la Cooperativa de Vivienda, Construcción, Fuerza, Unión, Destreza y Ayuda Mutua R.L. (Coovifudam R.L.). En su caso, comentó, “no me había dado cuenta del empoderamiento como mujer y el crecimiento personal y profesional que adquirimos y por medio de estos campamentos hemos logrado identificar todas estas acciones que hacemos todos los días y que no nos damos cuenta”.
Por su parte, Marcela Esquivel Jiménez, productora de La Feria Producciones, gracias a estos campamentos “hemos aprendido a pensar, sentir y construir otros cines. El cine es una herramienta para contar historias. Y en este proyecto estamos quebrando ese privilegio que la industria capitalista y patriarcal le ha asignado a algo tan maravilloso como el arte de narrar desde una cámara con imagen y sonido. Como participantes logramos conocer los territorios de otras mujeres de este país a los que no hubiéramos accedido fuera de este encuentro. Eso fue gracias al recurso oral y visual que pusimos en práctica al compartir nuestras realidades, luchas e incluso heridas personales”.
Finalmente, Zuiri Méndez concluyó que en su caso los campamentos se constituyeron en “un espacio potente en tanto se conforma con la presencia y la voluntad del hacer común de mujeres que resisten todos los días desde sus acciones cotidianas, con la defensa y el cuido de sus territorios, de la vida y de la alegría ¡Que importante y poderoso es defender la alegría! Hacer memoria nos permite resguardar los procesos ante el olvido y la invisibilidad, sobre todo cuando se trata de proyectos hechos por y para mujeres”.
Hoy la Asamblea Legislativa otorgó el Honor de designar a 4 grandes mujeres costarricenses con el más alto Título que se entrega en Costa Rica: El Benemeritazgo. Las homenajeadas fueron:
Benemérita de la Patria LUISA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ Maestra de maestras, comunista, compañera inseparable de Carmen Lyra y de sus luchas contra los Tinoco; la democratización de la educación y su modernización, con una visión siempre presente de privilegiar a la niñez más vulnerable y las reivindicaciones de la mujer. Co fundadora con Lyra, del Kinder Maternal Montessoriano.
Benemérita de la Patria ANA GABRIELA ROSS GONZALEZ Médico, científica, luchadora y defensora por la Salud Pública y el Medio Ambiente. Luchadora contra el cáncer y por los derechos de las mujeres que luchan contra esa enfermedad. Liguista de corazón.
Benemérita de la Patria EMILIA PRIETO TUGORES
Una mujer que abrió espacios que habían sido reservados para los hombres, y que además dio significativos aportes a la cultura y el arte costarricense. Emilia Prieto fue una mujer multifacética: artista y grabadora, escritora y pensadora, comunista, luchadora social, investigadora de la cultura popular costarricense, cantautora y la más reconocida folklorista de Costa Rica. En realidad, fue mucho más que eso, fue una verdadera estudiosa de las expresiones populares, recopiladora e intérprete de las canciones tradicionales del Valle Central y pionera en el rescate de las tradiciones y la cultura vernácula del país. Se distinguió además por ser una persona ejemplar, por su entereza, estatura moral intachable y extraordinario altruismo.
BENEMÉRITA DE LAS ARTES PATRIAS VIRGINIA GRUTTER JIMENEZ Ciudadana de ejemplar trayectoria en el campo político, literario y de la promoción de la cultura, lo cual es reconocido ampliamente en distintos sectores nacionales e internacionales. Comunista. Su obra poética y narrativa, su contribución al desarrollo del teatro, su aporte al desarrollo de instituciones nacionales y su participación en luchas sociales de relevancia para la democracia, son parte del patrimonio.
Las 4 hacen honor a nuestras mujeres, pues representan lo mejor de ellas, de su lucha social, por los derechos de las mayorías y por aportar a la construcción de una Patria mejor. Bien merecen que hoy toda la Patria brincara.
A pocos días de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tome acuerdos sobre el futuro del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) nos preguntamos si el Ministerio Público (MP) será diligente investigando si los fondos y las reservas de los seguros sociales se están utilizando para el fin que dispone el artículo 73 de la Constitución Política de la República, donde en lo que interesa dice: “La Administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales” y el artículo 1 de la Ley del seguro social N° 17 donde en lo que interesa dice: “… Los fondos y las reservas de estos seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las que motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente”. El Código de Ética del Servidor de la CCSS en su artículo 10 establece lo siguiente. “El servidor de la Caja debe desempeñar sus funciones con prudencia, integridad, honestidad, seriedad, moralidad, ecuanimidad, y rectitud. El trabajador de la Caja debe actuar con honradez tanto en ejercicio de su cargo como en el uso de los recursos institucionales que le son confiados por razón de su función. Debe repudiar, combatir y denunciar toda forma de corrupción.” La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento en su artículo 3 en lo que interesa dice lo siguiente: “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. Asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajusten a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” El artículo 4 de la misma ley en lo que interesa dice lo siguiente: “Violación al deber de probidad.Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.” (Destacados míos). O si por el contrario se están desviando para otros fines no autorizados, produciendo la quiebra del IVM o un castigo injusto a sus asegurados. El artículo 2 de la “Ley Orgánica del Ministerio Público” establece:
“El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública. (…)” (Destacados míos).
El MP dispone de amplias facultades y herramientas legales para cumplir sus funciones, como la Ley N° 8422 “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública” del 6/10/2004. Dicha ley dispone en su artículo 5 lo siguiente: “Fraude de ley. La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de eludir.” (Destacados míos)
La Contraloría General de la República (CGR) y las auditorías internas de las instituciones públicas, que deben hacer cumplir la Ley General de Control Interno Nº 8292 del 31/7/2002 y otra normativa, constituyen otra herramienta de apoyo para el MP. Algunos artículos de dicha ley dicen lo siguiente:
“Artículo 3º-Facultad de promulgar normativa técnica sobre control interno. La Contraloría General de la República dictará la normativa técnica de control interno, necesaria para el funcionamiento efectivo del sistema de control interno de los entes y de los órganos sujetos a esta Ley. Dicha normativa será de acatamiento obligatorio y su incumplimiento será causal de responsabilidad administrativa. (…)” (Destacados míos)
“Artículo 7º-Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente Ley.” (Destacados míos)
“Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:
Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.” (Destacados míos)
“Artículo 9º-Órganos del sistema de control interno. La administración activa y la auditoría interna de los entes y órganos sujetos a esta Ley, serán los componentes orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se refiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.” (Destacados míos)
“Artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.” (Destacados míos)
Los incisos b) y c) del artículo 12 de dicha ley son particularmente importantes, pues de nada sirve que se gasten o despilfarren recursos públicos pagando salarios y demás gastos a las auditorías internas, si los jerarcas las ven como simples adornos, aprovechándose del dicho que dice “el que paga la música, manda el baile”. Los altos jerarcas de la CGR y las Auditorías Internas también deben cumplir con el deber de probidad; sin embargo, la ciudadanía ya está cansada de que estos órganos, disponiendo de recursos monetarios y legales suficientes, se dediquen a matar pulgas, mientras huyen de los elefantes. Dicho artículo dice así, en lo que interesa:
“Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…)
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. (…)” (Destacados míos)
Para cazar elefantes el auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna tienen amplias potestades conferidas por el artículo 33 de la misma Ley. Además, “los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la auditoría interna, deberán comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones” indica el artículo 35.
Sobre el desvío de fondos de los seguros sociales por omisión de cobro al Estado y otros motivos, la Auditoría Interna de la CCSS ha emitido una serie de informes con sus respectivas recomendaciones; aunque en mi opinión ha tenido miedo de cazar al elefante o ha disfrutado la suave melodía que le tocan. Entre ellos el ASF-084-2014 del 27-06-2014 y ASF-112-2017 del 06-10-2017 sobre los asegurados por cuenta del Estado (Artículos 1 y 2 de Ley 5349 y otras leyes). En cuanto al seguro de los trabajadores independientes existen al menos los informes ASF-009-2014 del 13-02-2014 y el ASAAI-210-2013 del 25-11-2013. Sobre el seguro de los pensionados (Ley 5905) existen los informes ASF-019-2012 del 06-02-2012 y el ASF-151-2013 del 13-09-2013. Ver al final los links de estos informes.
En el dictamen jurídico D.J. 3519-08 del 7/5/2008, suscrito por el Lic. Andrey Quesada Azucena, Abogado Área de Asesoría y la Licda. Mariana Ovares Aguilar, ambos de la Dirección Jurídica de la CCSS, se concluye lo siguiente, en respuesta a una solicitud que yo realicé en el año 2004, cuando ocupaba la Jefatura del Departamento Actuarial de la CCSS (ver páginas 28 a 31 de [2]):
“Por último es necesario acotar que es imposible trasladar fondos del régimen de seguro obligatorio a otros regímenes, ya sea el régimen de asegurados a cargo del estado – financiado según ley 5662 – u otros regímenes que se financien con destinos específicos. Lo anterior por disposición expresa del artículo 73 de la Constitución Política, del cual dispone que los fondos de la Seguridad Social, sean “fondos atados” a la imposibilidad de ser transferidos o empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación.”
“Los fondos de los regímenes que no se encuentren contemplados dentro del Seguro Obligatorio, como la Protección de la Salud de asegurados a cargo del estado u otros regímenes de protección creados por Ley especial que se financien con destinos específicos, no pueden recibir fondos de la seguridad social por disposición expresa del artículo 73 constitucional, por lo que no es jurídicamente posible que se efectúen traslados de fondos.” (Destacados míos).
No obstante que el dictamen anterior es de fecha 7/5/2008 y muy claro y contundente, en el oficio GF-23.472-14 del 20/11/2014, para atender una observación de la Auditoría Interna sobre un asunto afín, el Gerente Financiero, Sr. Gustavo Picado Chacón solicitó criterio a la Dirección Jurídica, “en relación con las recomendaciones de la Auditoría Interna de la Caja, relativas a que para cada una de las modalidades de aseguramiento, entre ellas la relativa al grupo de pensionados, la administración determine, registre y cobre al Estado, las diferencias entre ingresos por contribución y gastos o costos, así como los intereses respectivos (en caso de que los ingresos sean inferiores a dichos gastos-costos), se encuentra o no, a la legalidad y a los principios básicos que rigen el Seguro de Salud.” Un criterio similar solicitó el Director Actuarial Sr. Luis Guillermo López Vargas con el oficio DAE-864-16 del 18/11/2016. En respuesta se produjeron los oficios D.J. 1820-2015 y D.J. 0431-2017, suscritos por el Lic. Guillermo Mata Campos, Abogado Encargado de Estudio y Redacción y la Licda. Mariana Ovares Aguilar, Jefe a.i., Área de Gestión Técnica y Asesoría Jurídica (el primero) y la Licda. Ileana Badilla Chaves, Jefe a.i., Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica (el segundo), de la Dirección Jurídica de la CCSS, en los cuales se informa lo siguiente (Ver páginas 35 y 37 de [2]):
“Con fundamento en lo anterior, se considera que las recomendaciones que externa la Auditoría en principio implican una afectación del Principio de Solidaridad y de la forma en que se encuentra regulado, por parte de la Junta Directiva de la Caja, la forma en que cada sector contribuirá al financiamiento de los Regímenes de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte, por lo que para su aplicación se requiere una modificación de dichas disposiciones reglamentarias, que debe estar sustentando en estudios técnico financieros actuariales, que no se observa que se adjunten a la consulta planteada” (D.J. 1820-2015; destacados míos)
“Los regímenes de protección que administra la Caja son únicamente el Régimen de Salud o Reparto, y el de Pensiones o Capitalización Colectiva. La modalidad de aseguramiento de asalariados, trabajadores independientes, asegurados voluntarios, pensionados, asegurados por cuenta del Estado, entre otros no se pueden conceptualizar como regímenes, sino que es la forma en que la Institución ha determinado conceptualizar a los que son beneficiarios de las protecciones y servicios que brinda ya sea el Régimen de Salud o de Invalidez y Muerte” (D.J. 0431-2017; destacados míos)
El Gerente financiero de la CCSS, ignorando el dictamen D.J. 3519-08 del 7/5/2008, utilizó los dos criterios anteriores para dar respuesta a la Auditoría Interna, según consta en el informe SASF-13-151 -5- 2017 del 10 de marzo de 2017, donde dice (Ver página 8 de [7]):
No obstante, lo anterior, en el informe ASF-112-2017 de fecha 06-10-2017, que es de fecha posterior a la fecha del informe SASF-13-151-5-2017 del 10 de marzo de 2017, el Lic. Guillermo Mata Campos, firmante de los oficios D.J. 1820-2015 y D.J.0431-2017 -que eran a todas luces contrarios al dictamen D.J. 3519-08 del 7/5/2008- aclaró la aparente contradicción de la siguiente manera (ver páginas 40 a 44 de [2]):
“El Seguro por Cuenta del Estado, se maneja institucionalmente como una modalidad de aseguramiento del Seguro de Salud, porque brindamos una protección a la población indigente, no una venta de servicios médicos. Pero el hecho de que sea una protección no implica que no deba cobrarse de acuerdo con los costos que determinen estudios actuariales. La Solidaridad no se puede ver separada del principio de Sostenibilidad Financiera”.
Resulta sumamente extraño que el Sr. Gilberth Alfaro Morales, siendo el Director de la Dirección Jurídica de la CCSS, por lo que conoce los oficios que se emiten en la oficina a su cargo, haya formado un trío similar a aquel que llevó a la quiebra al seguro de salud en el año 2011. En efecto, en el oficio DAE-270-17 / DJ 1961-2017 / GF-1043-20 17 del 28/3/2017, suscrito por el trío Sr. Gilberth Alfaro Morales, el Sr. Gustavo Picado Chacón y el Sr. Luis Guillermo López Vargas, dirigido a la Presidenta Ejecutiva de la CCSS Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, le informan lo siguiente, en relación a una solicitud de información realizada por el suscrito (Ver páginas 6 y 8 de [8]):
En resumen, léase que continuarán desviando fondos de los seguros sociales de los trabajadores asalariados en lugar de facturarle al Estado lo que ordenan diversas leyes (Leyes 5349, 5905, 7374, 7983, etc.). Esta vez ya no será el seguro de salud el que será llevado a la quiebra, ahora le tocará el turno al seguro de pensiones y que los asegurados paguen los platos rotos. ¡El MP tiene la palabra!
Las universidades públicas si financian con el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) que se negocia cada año. Estos recursos en los últimos años han representado cerca del 1,3% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Las partes acercaron posiciones en relación con el uso de los superávits, regla fiscal y las normas de contabilidad
Este martes 20 de julio se realizó la segunda reunión de la Comisión de Enlace, integrada por autoridades del Gobierno, la academia y el representante estudiantil; espacio de diálogo y negociación en especial sobe el Fondo Especial para la Educación Superior Pública 2022, las cuales continúan avanzando, con voluntad y claridad con el fin de construir un acuerdo del financiamiento de la educación universitaria pública.
En esta reunión se acercaron las posiciones de ambas partes en relación con el uso de los superávits, regla fiscal y las normas de contabilidad que le afectan. De igual forma, se continuaron las negociaciones respecto a los montos postergados de los años 2020 y 2021.
El Consejo Nacional de Rectores comprometido con las generaciones actuales y venideras de estudiantes de las universidades públicas, con el acceso a la educación universitaria estatal de calidad, con la sostenibilidad del quehacer integral de las universidades reafirmamos nuestra posición de que se establezca el financiamiento de la Educación Superior que garantice una mejor inversión en becas, salud mental, infraestructura y equipo para sedes y recintos regionales, metas definidas en el Plan Nacional de la Educación Superior 2021-2025 para el avance del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal en los próximos cinco años.
Negociación anual del FEES
La Comisión de Enlace que negocia cada año el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) está compuesta por las autoridades de cada una de las universidades públicas que reciben dineros del fondo y representantes del Ministerio de Educación, de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda, de Planificación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Para la negociación del FEES del 2022 y como parte de los acuerdos alcanzados en el 2021 además se une a esta negociación una representación de los estudiantes de universidades públicas.
Seccional de obreros y piñeros y agrícolas del Sur ha crecido en la filiación, además de que han logrado actuar ante los embates patronales. De acuerdo con Ricardo Vargas Figueroa, presidente de esta seccional, el trabajo en equipo ha permitido avanzar en las luchas. Estos tienen el objetivo de discutir con sus patronos sus convenciones colectivas, pues buscan defender los derechos laborales que les corresponden.
El próximo fin de semana se reunirán en Puerto Viejo de Sarapiquí varias seccionales del sector agrícola, para de esta forma, demostrar lo importante que es este sector para la economía del país.
Compartido con SURCOS por Albino Vargas Barrantes.
Según datos del INEC, al 30 de junio de 2020, en Costa Rica existe una población de cercana a más de 100,000 personas que se han identificado como Indígenas según la Ditsö. Esto significa que más del 2% de la población en Costa Rica es Indígena.
La ley 6172, Ley Indígena, hace una amplia regulación de temas que abarcan la identidad, la organización y el territorio de los pueblos indígenas.
Esta es la primera infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Mujeres indígenas recuperadoras de tierra. Le invitamos a compartirlo en sus redes.
Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.
El pasado 18 de julio, se realizó la presentación de la primera marcha latinoamericana por la no violencia, esta es una marcha multiétnica y pluricultural, la cual tiene como propósito hacer conocer sus objetivos, promover la difusión y la adhesión a la misma; Dara comienzo el 15 de septiembre y finalizará en Costa Rica el 02 de octubre.
Dentro de los objetivos de esta marcha se destaca:
Denuncia Social: Denunciar y transformar todo tipo de violencia existente en nuestras sociedades: física, de género, verbal, psicológica, económica, racial y religiosa.
No Discriminación: propiciar la No discriminación y la igualdad de oportunidades y la eliminación de visas entre países de la región.
Pueblos Originarios: Reivindicar a los Pueblos Originarios en toda Latinoamérica, reconociendo sus derechos y su aporte ancestral.
Concientizar: Concientizar sobre la crisis ecológica defendiendo los recursos naturales. No a la megaminería y no más agrotóxico en los cultivos. Acceso irrestricto del agua a todo ser humano.
Renuncia a la guerra: Que los estados renuncien constitucionalmente a utilizar la guerra como forma de resolver conflictos. Reducción progresiva y proporcional del armamento convencional.
No a las Bases militares: Decir No a la instalación de bases militares extranjeras y exigir el retiro de las ya existentes.
Promover firma TPAN: Promover la firma y ratificación del Tratado de prohibición de armas nucleares (TPAN) en toda la región.
Visibilizar la No violencia: Visibilizar acciones no violentas a favor de la vida.
Concientizar sobre la crisis ecológica: Concientizar sobre el riego que genera la minería a cielo abierto, la deforestación y el uso de agrotóxicos en los cultivos
Acceso irrestricto al agua: Acceso al agua como underecho humano irrenunciable
Por una América latina libre: Impulsar la descolonización cultural política y económica de todos los países de América latina
Lograr el libre transito de personas: Eliminación de visas entre países de la región, y la creación de un pasaporte de países latinoamericanos
Se invita a las personas a sumarse a los recorridos por la marcha de la no violencia. En costa rica se espera una gran marcha física presencial, recorriendo desde guanacaste y San José, confluyendo en la san ramón; Se invita a las personas, de los diferentes países a realizar recorridos, y registrarlos en el formulario que se encuentran la página web.
Se han realizado caminatas y subidas a cumbres de montaña por la paz y no violencia, el próximo 31 de julio se plantea una camina hacia el cerro de la Trinidad en San Marcos de Tarrazú
Treetriage publicó un nuevo artículo con datos sobre el impacto de la deforestación en el planeta y la vida diaria de cada persona, basado en 28 fuentes distintas para su redacción.
El artículo toma como base las últimas estadísticas para dar a conocer sobre la gravedad del problema de la deforestación y la rápida destrucción de los bosques que ha provocado. Además, toma en consideración el impacto en el calentamiento global, la biodiversidad y los medios de subsistencia.
La deforestación se puede comprender como la tala de árboles que no tienen la intención de regenerarse o ser reemplazados. Según los datos del artículo, al ritmo de destrucción que se tiene hoy, existe la posibilidad de que las selvas tropicales de la Tierra desaparezcan en los siguientes 100 años.
Los efectos de la deforestación impactan de manera negativa la biodiversidad, ya que los bosques son el hogar de cientos de especies que al ver perdida su hábitat tiene complicaciones en su supervivencia.
Esto también impacta en los trabajos y las formas de vivir, ya que muchas personas dependen del uso de los suelos y de los bosques de manera sostenible para recibir ingresos económicos.
Pese a la rapidez con la que este hecho está impactando en el mundo, cada persona puede tomar acciones para combatir esta situación. Algunas de ellas son plantar un árbol y reducir el uso de los diferentes tipos de papel.
La información fue enviada a SURCOS por Treetriage. Esto se debe a una publicación de SURCOS del 2019 donde se hacia referencia a la reunión preliminar de la Conferencia de las Partes en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tendría lugar en Costa Rica.
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