El pasado 14 de abril del 2021 la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) enviaron cartas al señor Eduardo Cruickshannk Smith, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica con el motivo de apoyar la lucha sindical y social en contra del proyecto de Empleo Público.
Estas cartas, lo que expresan es la preocupación de que con el argumento del ajuste fiscal se puedan impulsar de alguna manera políticas que puedan eliminar derechos adquiridos y puede tender a precarizar aún más las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector público, quienes son los que día a día brindan servicios esenciales y garantizan los derechos de la población.
Si quiere conocer el documento a profundidad, lo adjuntamos para descarga:
El SEC hace un llamado al Gobierno para que así como estableció nuevamente la restricción vehicular y otras medidas sanitarias inmediatas entre ellas el teletrabajo para distintas instituciones, también se incluya al sector educación en esta modalidad y se asigne la virtualidad al Curso Lectivo actual, suspendiendo la presencialidad el tiempo que resta del primer semestre, como mínimo.
Actualmente los contagios que se están registrando con la tercera ola de Covid-19 son alarmantes, por lo que nuevamente reiteramos el llamado que hicimos desde diciembre del 2020, cuando exigimos la vacunación inmediata a todo el Magisterio Nacional, para garantizar la tranquilidad emocional y la salud de toda la comunidad educativa, previendo una situación como la que estamos viviendo ahora.
¡Con la salud y la vida de las personas no se juega!
El 22 de abril a las 4:00pm se llevará a cabo un foro virtual en el que se discutirá sobre la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. Contará con la participación de los siguientes expositores:
sc. Mario Peña Chacón, profesor y coordinador, maestría en Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, UCR.
Nicolas Boeglin Naumovic, profesor en Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
Modera:
Isabel Avendaño Flores, decana Facultad de Ciencias Sociales.
El mundo futbolístico europeo enfrenta en el presente un enorme conflicto entre un grupo de equipos de Inglaterra, España e Italia, por un lado y por otro, la UEFA, la FIFA, algunos gobiernos y quienes deben ser los principales actores en este drama, futbolistas activos y exfutbolistas de diversos equipos y países, que adversan la propuesta de crear una liga alterna.
La causa principal de esta guerra es la decisión de 15 equipos de organizar y desarrollar una liga propia y privada, ajena a las decisiones y designios tanto de la UEFA como la FIFA. Esto 15 equipos rebeldes (junto a otros cinco que es probable que se sumen), quieren tener su propia liga, a la que denominarían Super Liga Europea.
Los impulsores de esta iniciativa buscan que el rentable negocio del fútbol sea todavía más rentable para sus arcas. Esto no es otra cosa que la entrada brutal del neoliberalismo en el deporte más popular y querido del planeta.
Como es sabido el neoliberalismo es una corriente económica y política que sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada; es decir, con la menor intervención posible del Estado. Los impulsores de este sistema buscan, asimismo, la menor carga impositiva y un control público marginal sobre el mercado para que, de esa forma, las grandes empresas (que están en manos de una minoría muy rica y concentradora de la riqueza), puedan ejercer control de los negocios, las industrias, la producción y el comercio interno y externo.
Para quien como yo, quien soy un entusiasta aficionado del fútbol, ésta es una muy mala noticia. Aunque no siempre puedo coincidir con los máximos jerarcas de este deporte sea en el ámbito nacional, europeo (UEFA) o internacional (FIFA), creo que tiene razón el máximo dirigente europeo, Aleksander Ceferin cuando afirma que la creación de la elitesca Súper Liga, es una afrenta para todos los que aman el fútbol y que su impulso está guiado por la codicia.
El conflicto, que tiene diversas aristas (económicas, políticas, jurídicas y culturales), apenas ha empezado. Ya se ha amenazado con descalificar a los equipos “rebeldes” de los torneos europeos y a los futbolistas de esos equipos, de excluirlos de las selecciones nacionales.
En este contexto tiene mucho sentido lo expresado por el jugador del Paris Saint-Germain, Ander Herrera: “Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta Superliga avanza, se acabaron esos sueños (…) Los ricos han robado lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta”.
Por su parte, también Mesut Ozil, quien fue campeón del mundo con Alemania en el 2014, expresó su rotunda oposición a esta iniciativa: “Los niños sueñan con ganar el Mundial o la Liga de Campeones, no cualquier Superliga”. “El placer de los grandes partidos es que los jugamos una o dos veces al año, no todas las semanas”, sentenció sabiamente.
El mundo se ha estremecido y se sigue estremeciendo por esta pandemia devastadora, frente a la cual el neo-liberalismo se ha mostrado incapaz de enfrentarla con éxito. La lección está más que clara (aunque los intereses de las minorías económicas, políticas y mediáticas, se resistan): sólo la medicina pública, el esfuerzo solidario y la cooperación internacional, pueden asegurar la derrota de esta pandemia y de otras que con certeza aparecerán en el futuro.
Sin embargo, es bien sabido que la terquedad de la codicia neoliberal no va a cejar en su empeño e intereses, y eso es lo que se refleja en esta “guerra” futbolística que se inició desde el anuncio de la Superliga, el 18 de abril anterior.
Mi esperanza en que el pueblo futbolero y los futbolistas, se pronuncien y que su incidencia se exprese como un tsunami, para frenar a esta Superliga neo-liberal y dañina para el fútbol del pueblo.
La UCR brinda un curso formativo para organizaciones que atienden esta problemática en el país
Según la ONU, a diferencia de otras regiones, las niñas centroamericanas y caribeñas son sometidas, principalmente, al comercio sexual por parte de redes criminales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
En este momento, millones de personas viven atrapadas en lo que hoy se conoce como la esclavitud del siglo XXI: la trata de personas. Son víctimas de explotación sexual, laboral, de extracción de órganos, de servidumbre doméstica, de mendicidad, de adopciones ilegales.
Y en medio de la pandemia mundial provocada por el COVID-19 las redes criminales se han fortalecido ante el desvío de las fuerzas de seguridad estatales para atenderla, la reducción de servicios sociales y el desempleo. Todos estos factores impiden que las víctimas de la trata de personas tengan cada vez menos posibilidades de escapar estas redes criminales y pedir ayuda para su protección.
La trata de personas sigue siendo un reto en todos los países. En la mayoría de ocasiones, son abordados como casos de prostitución, proxenetismo o estados migratorios irregulares, explicó la magister Mónica Sancho Rueda, coordinadora del curso “Apoyo a la sensibilización y capacitación de la comunidad universitaria y nacional en la temática de la Trata de Personas” (ED-3006), ejecutado desde el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM-UCR). “Y con la pandemia sanitaria, las personas se ven muy vulnerabilizadas por sus patronos, eso hace que sean de fácil captura o engaño por parte de tratantes, y se vuelven en víctimas potenciales. En los casos de los que se ha tenido conocimiento, ha habido un alza importante en este tipo de explotación”, comentó Sancho.
“Como parte del compromiso del CIEM en la prevención para la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres, desde el año 2013 se impulsó este proyecto de acción social. Ha tenido mucho éxito, de manera que el mismo día que se abre la inscripción, queda satisfecha y con muchas personas en lista de espera; que deben esperar al próximo periodo para recibir la capacitación”, acotó Sancho.
Cada año, el ED-3006 convoca a personas profesionales y estudiantes universitarios con segundo año de carrera concluido, a participar en este curso libre y gratuito. El próximo iniciará matrícula entre los días lunes 19 y miércoles 21 de de abril, mediante el correo matriculatrata.ciem@gmail.com . Los requisitos incluyen el envío de la copia de la cédula de identidad por ambos lados, expediente académico en caso de personas estudiantes, copia de los títulos universitarios y completar el formulario de inscripción.
Sancho mencionó que dadas las restricciones de presencialidad, el curso se impartirá por la plataforma UCR Global y Zoom, lo que permitirá que personas de las Sedes Regionales de las universidades participen de esta modalidad de educación continua.
El curso tiene un cupo máximo de 30 personas, a quienes obtengan una nota superior a 70% y cumplan con la asistencia se les extenderá un certificado de aprovechamiento.
Como ahondar en el tema, este año el CIEM-UCR inscribió un proyecto de investigación denominado “Apoyo a la investigación para la efectiva sanción al delito de Trata de personas, especialmente en mujeres y niñas, en Costa Rica”. El año pasado la UCR tuvo la coordinación del Observatorio Latinoamericano contra la Trata y Tráfico de Personas, capítulo Costa Rica.
Vacíos imperdonables
“Este curso es un espacio muy importante por las falencias en las facultades, salir una como abogada y no tener idea de cómo funciona la trata de personas, la normativa y cómo tratar a las víctimas es terrible”, dijo María Fernanda Valverde Díaz, graduada de la Facultad de Derecho de la UCR.
Según Valverde, actualmente coordinadora de capacitació e investigació de la Fundación Justicia y Género, aseguró que entre su gremio predomina la desinformación, no solo sobre trata de personas, sino sobre derechos humanos en general. “Me parece que tiene que ver con el perfil de la Facultad de Derecho que es muy cuadrado, donde cualquier cosa nueva es difícil que cale, ni siquiera se habla de género en el derecho, menos de los derechos de las mujeres”, criticó.
Igualmente, Amanda Segura Salazar, abogada penalista y funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres, recalcó que “este es un fenómeno que no hemos enfrentado como sociedad, lo creemos muy ajeno, pensamos que no nos atañe como sociedad. Además, es un tema que se ha feminizado en el conocimiento y mucho menos hay posibilidad de abordarlo en una academia tan masculinizada”.
“El curso con sus contenidos le mueve a una el piso, hay ejemplos que se comparten en clase que una ni se imagina. Ahora no puedo quedarme tranquila cuando una mujer está desaparecida por meses porque hay casos que terminan en su muerte. Creo que deben incluirse espacios formativos desde los Estudios Generales y en las Ciencias Sociales se tienen introducir contenidos necesariamente”, acotó Segura.
Para la penalista, sería ideal impartir una segunda parte del curso, llegar a personas de otras regiones no urbanas, ya sea mediante capacitación presencial o pensar en la posibilidad virtual.
“El desconocimiento es una de las mayores problemáticas. Mientras la delincuencia organizada envuelta en esta dinámica evoluciona y crea nuevos métodos para llevar a cabo sus propósitos, las instituciones y personas en general aún desconocen sobre el tema”, concluyó la magister Sancho.
La trata de personas es un delito de carácter global que victimiza principalmente a las mujeres y niñas. Pero con la pandemia provocada por el COVID-19 se incrementó los casos de trata de personas con fines de explotación laboral. Foto: Karla Richmond, UCR.
Un delito internacional
Según la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC), el 7% de las víctimas detectadas son mujeres y niñas. En América Central y el Caribe hay más niñas que son objeto de trata con fines de explotación sexual que en otras latitudes, llegando a un 40% de todos los casos reportados en esta región.
De acuerdo a ese ente internacional, las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre y la pandemia del coronavirus podría sumar unos 130 millones de personas más a las que estarían en riesgo de padecer hambre severa a finales de 2020. Esta es uno de los factores de los que las redes criminales se aprovechan para sus actividades ilícitas. Los beneficios económicos obtenidos por estas redes superan los $32 mil millones anuales, solo precedida por el narcotráfico y el comercio de armas.
El Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado que Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino de trata. Costarricenses víctimas de este delito han sido localizadas en Estados Unidos, México, Guatemala, Canadá, España y Bahamas. En el país se han rescatado a personas provenientes de países como Perú, China, Cuba, Haití, Filipinas, Sudáfrica y Rusia, entre otras nacionalidades.
Entre los desafíos pendientes están la erradicación de los estigmas y los prejuicios sociales, que responsabilizan a las víctimas de su situación. Incluso, hay personas que no saben que están siendo víctimas de trata y menos conocen que existen formas para denunciar, explicó Sancho.
Algunos factores detonantes de la trata de personas son la pobreza, las crisis políticas y migratorias, las emergencias naturales, el desempleo y la violencia doméstica. Afecta a personas de todas las edades, en condiciones de discapacidad, poblaciones indígenas y en especial a latinoamericanos, asiáticos y africanos.
Desde el 2013 Costa Rica regula este delito mediante la Ley N°9095 y su reglamento. Actualmente, el país es parte del Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de Personas, un instrumento legal internacional que lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
La UCR frente a la trata de personas
Marta María Artavia Alpízar Estudiante de Enseñanza de la Psicología
A lo largo de los años la UCR se ha caracterizado por enfocarse en generar un impacto positivo en la sociedad formando profesionales de calidad; pero también al brindar servicios a poblaciones en condición de vulnerabilidad mediante sus programas de Acción Social. A pesar de este valioso aporte, la UCR ha generado pocos espacios de formación sobre la trata de personas. Al no visibilizarla no se puede trabajar preventivamente y mucho menos atender oportunamente, lo cual aumenta los factores de riesgo para las personas en condición de vulnerabilidad y propicia un contexto óptimo para la captación de nuevas víctimas.
A pesar de esto, el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer (CIEM) realiza grandes esfuerzos de capacitación mediante su curso sobre Trata de Personas. Lamentablemente esto no es suficiente, es necesario un mayor aporte de la Universidad. Un único curso es insuficiente para atender adecuadamente a dicha población, hace falta más práctica o campos de aplicación que permitan generar un impacto inmediato en comunidades, por ejemplo, a nivel preventivo. Pero esto no se ha dado, no sólo por la falta de recursos económicos, sino también por la ausencia de conexiones entre las distintas carreras, escuelas y facultades para así preparar a profesionales sensibles a esta problemática.
Creo que es necesario crear redes entre las distintas carreras para generar espacios formativos, informativos y de intervención que faciliten el desarrollo de herramientas para prevenir la trata de personas en las comunidades. Así, este delito dejaría de verse como un hecho aislado y sería reconocido como otro tipo de violencia que sucede más cerca de lo que pensamos.
Eduardo Muñoz Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social
El pasado 19 de abril del 2021 se desarrolló el foro virtual: “Empleo público e impactos económicos y fiscales. El objetivo de la actividad fue analizar los impactos económicos y fiscales que puede generar el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público número 21336 que se discute en Asamblea Legislativa
En la actividad se detalló información del proyecto de ley y las propuestas económicas y fiscales del actual gobierno. Además, se combinó con información vinculada a la autonomía universitaria y el impacto de esta propuesta.
El espacio tuvo la participación de los diputados Pedro Muñoz y José María Villalta, el académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, Fernando Rodríguez. Además, participó la economista y consultora Sofía Guillen y Gastón Baudrit, Asesor Jurídico del Consejo Nacional de Rectores.
La actividad fue desarrollada por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Durante esta semana la celebración es para la Madre Tierra y los libros. El Colegio de Biólogos de Costa Rica en conjunto con la Editorial Tecnológica de Costa Rica organizan diferentes charlas virtuales para estas conmemoraciones.
Las actividades comienzan este martes 20 de abril a las 6pm con la charla «Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente». Esta actividad está dirigida principalmente a niños y niñas, pues realizarán experimentos durante la sesión. Para inscribirse puede ingresar aquí.
El miércoles 21 de abril tendrá lugar la actividad «Figuras clave e hitos en la historia de las ciencias naturales en Costa Rica». Para participar de esta actividad debe registrarse aquí.
El jueves 22 de abril a las 5pm se presentará la charla «Alexander Skutch: ¿el último gran naturalista?» Al que puede ingresar registrándose aquí. Y para cerrar este ciclo de charlas, el 22 de abril a las 6pm será el espacio para la actividad «Rafael Lucas Rodríguez Caballero: encuentro de ciencia y arte». Al que puede ingresar haciendo click aquí.
Estas actividades se organizan en el marco de la celebración del Día Mundial de la Madre Tierra, declarado por la Organización de las Naciones Unidas el 22 de abril. Así como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, establecido por la UNESCO en 1995, para el día 23 de abril.
Información compartida a SURCOS por Luko Hilje Quirós.
Nuevamente, se prenden los fuegos de una próxima campaña electoral. Los candidatos de los partidos se aprestan a levantar las banderas, hoy a media asta. Y el pueblo mayoritario a la expectativa sin comprometer su voto. Sabe que es un tiempo donde “no hay santo ni santa en quien persignarse” y menos capilla partidaria confiable.
Si es tal la crisis de credibilidad en los partidos que no alcanzan a elevar al mínimo los decibeles de las pasiones político-electorales, no hay duda que el terreno es fértil para los vendedores de “pomada canaria” en este marasmo sindémico (combinación de crisis sanitaria y social). Ya un candidato se frotó su rostro con dióxido de cloro. Y que conste, de mi parte, no tengo nada contra esa medicina popular hasta que la ciencia pruebe su ineficacia. A lo que me refiero, en este caso, es a su propuesta de salvar al país con la explotación minera a cielo abierto aunque ya no “llueva café en el campo”. Y es muy probable que el candidato que lo adversa esta vez nos meta “gato por liebre” o “caballo por res” al ritmo del regatón.
Si por la víspera se saca el día, con las candidaturas de mayor arrastre en el Partido Liberación Nacional, preparémonos para un espectáculo circense de candidatos haciendo malabares como los mejores magos, especialmente para mostrarse como amigos de los pobres y de la maltrecha clase media, eso sí sin tocar a la élite que estafa al Estado, un día sí y otro también, con sus triquiñuelas jurídicas, como lo ha develado el excelente artículo de Natalia Díaz en el Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/pais/fifco-britt-h-solis-farmaceutica-y-pineras-fueron-grandes-contribuyentes-que-quedaron-fuera-del-foco-de-hacienda-en-algunos-anos/). Estos candidatos en campaña se presentan como defensores de los pobres para travestirse gobernando contra los pobres.
El gobierno actual, que se vendió como gobierno de unidad nacional y se convirtió en cogobierno a favor de los ricos, le ha servido en bandeja de plata la cabeza del pueblo a los partidos tradicionales para que asesten el golpe mortal. Y lo han venido haciendo con esa “prolífica” –más bien “necrofílica”– gestión legislativa que ha socavado las bases del Estado Social de Derecho, es decir, la democracia al estilo costarricense. Por eso, cada vez somos menos Costa Rica y más Centroamérica, con perdón de los pueblos centroamericanos que son valerosos y trabajadores, pero víctimas de nefastos regímenes dictatoriales que los han mantenido postergados en la miseria, y hoy son expulsados al “infierno” de la franja fronteriza con Estados Unidos.
Se ha dicho hasta la saciedad, pero vale la pena repetirlo: el ser humano es el animal más irracional de la especie. Mientras a los otros animales su racionalidad les evita volver a caer en el mismo hueco, el ser humano en su torpeza irracional cae varias veces ¿Cómo se explica tal insensatez, en tiempos donde las fidelidades partidarias y hasta de cualquier signo ya no cuentan?
Aunque algunos apuntan a la manipulación de la conciencia colectiva por parte de los nuevos programadores del comportamiento humano y otros a la fe y la esperanza de que aquellos partidos recuperen y actualicen sus glorias pasadas, al primer amor que los catapultó como los artífices de la “Segunda República”, lo cierto es que seguimos siendo muy susceptibles, como simples animalitos irracionales, a ser presa fácil de cualquier malabarista de circo, especialmente cuando la peor crisis que padecemos es la de la “palabra”, que hoy nos induce, como lo expresara Pablo de Tarso, a decirle bueno a lo malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce.
A sí las cosas, está a la orden de día la seducción del discurso mesiánico, con sus palabras volátiles que venden soluciones fáciles y agitan las voluntades ciudadanas, con una especie de catarsis al estilo del culto mediático, donde “las masas no buscan significado sino espectáculo” (Jean Baudrillard).
En medio de la algarabía que anuncian los primeros fuegos de la campaña, todavía esperamos que emerja la sensatez y la “lucidez” (Saramago) para no convertirnos una vez más en víctimas de los vendedores de “pomadas canarias” y de “indulgencias” para alcanzar el “reino de este mundo”. Es decir, para frenar la fiesta de los mercaderes de la política, hoy también invadida por los mercaderes de la religión.
El Estado como garante de la Salud Pública y vigilante de que la actividad humana hacia el Ecosistema debe atender los perjuicios del plaguicida etropofós.
Interrogamos a las autoridades sobre las medidas tomadas después de conocerse las conclusiones del Estudio realizado por la UCR.
Se ha escrito mucho y se tenido acceso a información sobre el excesivo uso de plaguicidas, insecticidas y fertilizantes en Costa Rica, que ya por mucho tiempo han sido la preocupación de quienes estudian los factores de riesgo creados por esas prácticas inconvenientes para el ambiente y por ende para la salud.
Hace poco tiempo, en setiembre de 2020 se dio a conocer un estudio realizado por los científicos de la Universidad de Costa Rica sobre las consecuencias ambientales del uso de un insecticida, por cierto de frecuente utilización, en las plantaciones de banano. Se dice que su utilización podría estar cambiando el cerebro de los peces en ríos cercanos a las plantaciones y volviéndolos más vulnerables a los depredadores naturales de esas especies.
En las conclusiones de la investigación realizada publicadas en la revista Scientific Reports se mostró que en ciertas dosis, este químico afecta el sistema nervioso de los peces, los cuales se vuelven más vulnerables porque ya no podrían huir con la misma agilidad cuando son atacados por sus depredadores.
La investigación se llevo a cabo en una especie nativa de Costa Rica conocida como sardinita de río la cual es abundante en las vertientes del Caribe y del Pacífico.
El plaguicida estudiado se llama etropofós, nombre genérico, y que en altas dosis es capaz de aniquilar a los peces en las cercanías de las plantaciones. Pero en una pequeña dosis puede causar una disminución de hasta un 51% en la hormona colinesterasa en la sardinita y bajos niveles de esa hormona están relacionados con contracción muscular, parálisis y fallas respiratorias en peces.
La autora principal de la investigación fue la científica Natalia Sandoval de la Universidad de Costa Rica. El investigador de Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional aseguró que esto podría tener importantes impactos a nivel de ecosistema al escapar el plaguicida hacia los causes de los ríos cercanos a las plantaciones, afectando la población de peces.
En la noticia publicada por el periódico La Nación el viernes 13 de setiembre se afirma que el insecticida etoprofós es muy utilizado en nuestro país particularmente en las plantaciones de banano, a pesar de tener una alta toxicidad ya bien conocida. Y que la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) encontró que su exposición en cabras y gallinas les generó aminoácidos radioactivos en hígado y riñones.
Dejar pasar esta información y no hacer nada es la peor actuación que podemos mostrar como país que resguarda el ecosistema y la salud de nuestra población y de nuestro ambiente, que incluye naturalmente a todas las especies vivas que en él habitan.
Nos gustaría preguntar a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y a las del Ministerio de Ambiente y Energía MINAE, qué piensan hacer al respecto.
Este ultimo ministerio tiene como misión emitir políticas ambientales en materia de protección ambiental, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y de la promoción del uso de las fuentes de energía renovables para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los planes y programas ministeriales y en el Plan Nacional de Desarrollo en el país.
Particularmente me gustaría saber si la actual titular de ese Ministerio la Dra Andrea Meza Murillo ha leído la publicación del Estudio de Investigación y ha dado instrucciones a sus subalternos para enfrentar esta grave contradicción entre ambiente y producción; y si ha coordinado con el Ministro de Agricultura la acción que deberá tomarse para solucionar esta de forma radical.
Un señor Fernández del Instituto Libertad, templo de Milton Friedman y su cofradía neoliberal, clama en El Financiero «¡Rompamos los monopolios creados por ley para crear riqueza y prosperidad!».
Más allá del engaño, comentamos lo siguiente: Hay monopolios importantes para el país. Recope es uno de ellos, pues el abastecimiento energético con combustibles fósiles, es una función estratégica que ha de estar bajo control del Estado. Si alguna empresa quisiera competir con Recope, además, se enfrentaría ante la necesidad de, al menos, duplicar la infraestructura que los costarricenses hemos venido financiando bajo el alero de esa sociedad anónima del Estado. O sea, desde el muelle petrolero, tanques de almacenamiento, control de calidad de todos los combustibles, estaciones de bombeo, cientos de kilómetros de poliductos, planteles de distribución, personal administrativo, etc., con el agravante de que, para resarcirse de esa inversión de miles de millones de dólares, su combustible tendría que venderse no solo más caro que el que nos ofrece Recope, sino también buscando una ganancia sustantiva.
Pero como Recope funciona sin fines de lucro y los gastos administrativos rondan solo el 7%, y calificada por Fitch Ratings como AAA, sus precios seguirían siendo muchísimo más baratos que los de la supuesta empresa competidora.
Es de esperar, por tanto, que no haya en el mundo empresa seria que estuviera siquiera considerando tan mal negocio. Por otro lado, ¡claro que hay monopolios indeseables!, como, por ejemplo, el que crearon con el muelle de APM, que por decisiones administrativas, lo encargan del trasiego exclusivo de todos los contenedores que se trasiegan en Limón, pese a que las terminales portuarias de Japdeva tienen mayor capacidad de funcionamiento.
Y así otros ejemplos propiciados desde el incompetente Consejo Nacional de Concesiones.
