Por Carlos Meneses Reyes
I.-Tras dos meses de manifiesta actividad popular en el desarrollo del Paro Nacional, corresponde ubicar los derroteros tomados por el movimiento de protesta, resaltando los virajes del mismo, en los objetivos de un fin propuesto.
Cual doloroso trámite de un parto para la sociedad colombiana, el resultado de las situaciones y efectos producidos son múltiples. Comenzando que por la injerencia de una magistrada de pretender condicionar la realización de manifestaciones y protestas, propios de un Paro Nacional a “permisos” por conceder; la decisión de la Alcaldía de Bogotá de revocar la autorización a los organizadores o Comité Nacional de Paro (CNP), de instalación de tarimas de oradores en la plaza de Bolívar; la actitud de dilación en el reconocimiento y trato de representatividad del Comité de Paro Nacional (CPN); designaron, desde el primer día, el propósito de darle a la protesta social, un tratamiento contra insurgente.
Blandieron el uso y aplicación constitucional, de dientes para afuera, como lo asimila la jerga popular, de protección y defensa de los derechos humanos y del derecho a la protesta y el condicionamiento de las armas oficiales, al uso de la fuerza a manera de distinción, proporcionalidad y el no uso de armas letales.
En total impunidad y mentira, han galopado sobre un estado de cosas inconstitucional (eci) y aplicado, con toda clase de calificaciones, estigmas, a cada una de las novedosas formas y contenido de las protestas que las jornadas callejeras han suscitado.
Se aplicó la más feroz arbitrariedad de las fuerzas armadas y el uso desmedido de la fuerza policial, sin distinción y con aplicación de salvaje insidia contra la juventud, en primera línea, en valeroso ejemplo de contención a los instrumentos de una dictadura en ejercicio.
Demasiados hechos políticos se han sucedido, que resumen toda la actividad del Paro Nacional. La constante manifiesta de la contra parte gubernamental ha sido: la de no conversar, de no dialogar, con los organizadores del Paro; como tampoco con los actores de concentraciones, manifestaciones y bloqueos.
Sin voluntad política para escuchar y reconocer las reclamaciones populares, primó la respuesta oficial y el uso de los efectos mediáticos. En respuesta, sobrevinieron las acciones de bloqueo, como expresión de la protesta popular. Estos bloqueos se generalizaron hacia las vías de acceso a las ciudades y carreteras de transito nacional, como resultado de la vinculación al Paro del sector de transportistas. En sucesión inusitada, las movilizaciones programadas resultaron superadas por las acciones de emprender de hecho, en las vías públicas; demostrándose la falta de capacidad y carencia de dirección del CNP ante la fuerza de los acontecimientos masivos que deparaba el accionar de las masas en el Paro Nacional.
La cadena de sucesos en el desenvolvimiento del Paro Nacional superó las figuras de estereotipos que sobre la protesta se tenía en Colombia. Pronto afloró que no se centraba en el contenido de pliegos de peticiones, reivindicaciones no cumplidas, o propuestas de carácter gremial o sindical y por ello la iniciativa del movimiento sindical colombiano, en ruta a niveles de escaños alcanzados, quedó superada por la exigencia de los sectores populares, palmariamente difundidas, lo cual conllevó a la connotación de carácter político del Paro; con el ítem, que su no reconocimiento político e intervención, en el caudal de la lucha popular, por parte de los movimientos políticos de oposición y del no rechazo de estas colectividades a las políticas de hegemonía oligárquica contra insurgentes aplicadas, ha derivado en un divorcio de lo programático partidario con lo coyuntural expuesto.
Las organizaciones políticas y partidos de oposición, por lo coyuntural de lo inmediato del debate y aspiraciones electorales, relegaron los vínculos que tienen con la lucha política por opción o vocación de poder, apartando o dejando a un lado la respuesta a los conflictos que agobian al movimiento popular colombiano, en lo económico, político, social, ecológico, con agenda propia y contradicciones subsistentes, hacia alcances de transformación estructurales.
Hablar de divorcio de las colectividades políticas de oposición, centra la discusión en la supremacía de la suerte de la vía electoral, cuando ello en modo alguno estaba en juego. Esto redunda en la resonancia al espíritu político de la dirigencia sindical, gremial, de organizaciones sociales; lo cual trajo como resultado la capitulación al leguleyismo santandereano, por parte de la Dirección del Comité de Paro. Se reemplazó así, la dinámica de la lucha y resistencia popular contra las medidas fascistas y dictatoriales, por la presentación de proyectos de ley, ante el corruptivo Congreso de la república y en momentos en que este asomó, como el principal enemigo de las luchas populares en Colombia y generador de tantos males.
El carácter comúnmente conocido o tradicional de Paro Cívico Nacional Indefinido, derivó en la huelga política, en el Paro Político Nacional (PPN). Ello explica la cortedad de manejo de la dirección del CNP, al aceptar la no capacidad representativa nacional de la mayoría de los sectores afectados, protestantes y manifestantes. Pero los cuadros sindicales no tuvieron la capacidad de dar el salto cualitativo a la caracterización política de la protesta y no quedarse en el mero calificativo de “estallido social”. Por ello la Dirección del Paro, se plegó a las estrategias de dilación y desconocimiento de la contra parte gubernamental. La contradicción suscitada en el seno de las organizaciones, movimientos, partidos y sectores sociales de la Asamblea de Delegados, no fue suficiente para otorgar una línea de trabajo a aplicar a la Dirección Nacional de Paro (DNP), con miras a superar las limitables de participación y asistencia, ante los efectos del rebrote político efervescente popular; manifestado en multiplicables sectores, de fuerzas regionales y de la sociedad civil, ante los cuales no tenía ni cubría alcance direccional.
II.- En cuanto a los movimientos y/o partidos de oposición, no cualificaron con su soporte y participación de dirección y asistencia política al movimiento sindical en Paro Nacional; centrando todo su esfuerzo en lo participativo electoral. Ni siquiera asumieron el ejercicio “De la participación democrática de los partidos políticos”; desde el punto de vista de tema o asunto de recurrir a el cabildo abierto en los municipios; para en la práctica, superar las talanqueras o reparos impuestas a las expresiones de democracia directa participativa o “democracia de las calles”.
Se conoce que la reglamentación de lo constitucional, por parte de los hacedores de leyes narco para estatales, han relegado y desechado la naturaleza y eficacia practica de esos mecanismos de participación directa. Obvio que pesa la existencia de un congreso mayoritario narco oligárquico paramilitar, en el manejo estatal y gubernamental y en el recorte de inspiraciones del constituyente primario. No obstante, ello no es óbice para que sea la conducción política la que asume la superación de esos entuertos, de desconocer la cumplimentación y uso de participación de todos esos mecanismos constitucionales de democracia directa y no representativa. Comenzando por el voto mismo, en franca y total degradación, con un sistema electoral corrupto y de casino que aún a costa del desarme y desmovilización de una fuerza insurgente, lo mantienen sin asomo de implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colón. Todo por el culto al electorerismo, también conocido como “cretinismo parlamentario”; cuando la esencia de la participación electoral en Colombia incluye el elemento material de superar la corrupción, clientelismo, compra venta de votos; el terror y el engaño, ínsito, propio y connatural del sistema electoral corrupto, que atornilla a todo lo espurio y falso de la llamada “democracia” colombiana.
III.- La desigualdad social es más violenta que cualquier protesta. El número de reivindicaciones y cambios estructurales que fueron surgiendo durante el trazado y desarrollo del Paro Nacional, demostró la dinámica del mismo y la ausencia confusionista de objetivos.
Con militarización y violencia el gobierno nacional obstaculizó la negociación.
El gobierno desvirtuó el carácter pacífico de la protesta. Demostró que al sistema nada le importa eso. Arremetió en forma salvaje y desmedida. La acometida con el uso indiscriminado de disparos a los manifestantes, apoyados de civiles armados, resaltó en lo desigual del conflicto en escena; evidenciando la aplicación y el uso del paramilitarismo en lo urbano. Por ello se plantea que el tratamiento dado a la protesta fue contra insurgente.
A lo gubernamental afectó la irrupción de descontento, cual expresión política, sin depender de movimiento político orientador. Tanto el origen del conflicto actual como su no solución, implica que el único responsable de los efectos, en todos los planos, por resultado del Paro Nacional, es el actual gobierno del sub presidente Duque. La protesta generalizada y radicalizada surgió, por incompetencia e ineficacia gubernamental, en lo conocido como desgobierno, cual estallido de resistencia al régimen imperante y al modelo económico neoliberal. Allí radica la esencia de la protesta y el meollo del asunto a resolverse.
A la fecha se puede afirmar que el asunto, como materia y motivo a resolverse es de resultado y esencia originaria de motivación política, como protesta interminable y en escala, que suscitó el Paro Nacional desde el 28A, en forma creciente, ascendentes, de espiral imparable. No se registra antecedente que la represión policial-militar pueda dar al traste con esta clase de protesta política.
Por el contrario, se ha demostrado que aún sin un organismo de dirección activo, los enfrentamientos continúan en muchas ciudades capitales de departamento y la lluvia de reclamaciones y exigencias regionales, aumentan.
El gobierno le apuntó al desgaste de las dirigencias y de los manifestantes. Al enfrentamiento de estos con los sectores sociales en receso y población afectada por las acciones y movimientos de protesta. Descargó toda su culpa e ineficacia en la conducción gubernamental de solución al asunto, bajo la premisa de la dilación, la negación a la violación de los derechos humanos, la no condena a la violencia policial, lo cual redundaba en el camino explicito para el desmonte del Escuadrón de la Muerte Policial-Esmad, la reforma y cambio estructural de la actual policía militarizada y la apertura a un Nuevo Pacto social en Colombia.
IV.- Los fines esenciales constitucionales del Estado han sido colocados en entredicho. El ejercicio de la soberanía popular en forma directa, vilipendiada. Violado el derecho a la vida y aplicado de facto el recurso de la muerte, con el asesinato, el desaparecimiento físico y tortura a los jóvenes. El trato y protección a ciudadanos, sin discriminación a marginados, minorías, pueblos autóctonos, fue desconocido. Los derechos sociales, económicos y culturales, mancillados; así como no reconocer, el carácter inalienable de los bienes y servicios públicos, a ojos vista privatizados y objeto de la furia inclemente de la indignación generadora de repulsa colectiva, en una acción que podría considerarse- en el imaginario popular- de descalificación y no empoderamiento de protección, como propio, hacia la cosa pública.
Así la situación, transcurridos dos meses de protestas no reconocidas e imparables; todo en Colombia está por darse. La Resistencia, continúa. No se requiere de una inteligencia preventiva para que el establecimiento acepte que días de mayor radicalización se darán y en vísperas del festejo de la primera independencia nacional y la lucha por la segunda independencia definitiva se está abriendo con mayor intensidad. Transitamos por la segunda oportunidad y bajo la premisa que “no hay mal que dure cien años, ni país que lo resista”.
