Agenda setting y pánico moral: 25 años de discurso y prácticas contra el sector público en Costa Rica
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En la segunda mitad de los años noventa un medio de comunicación hegemónico realizó un programa especial televisivo sobre el déficit fiscal en Costa Rica. Llamó a los invitados de su panel “Comisión de alto nivel” y desde ese espacio, en una especie de “consejo de mayores”, decretaron sin reparo y sin contrapeso, que el problema que enfrentaba Costa Rica tenía que ver con el tamaño del Estado, la ineficiencia de sus instituciones, el mal desempeño de los funcionarios públicos, lo que había convertido el déficit fiscal un problema inmanejable. Esa noche acordaron que para reducir ese déficit había que hacer reingenieria, reducción, desmantelamiento del sector público.
La construcción del discurso, de la agenda mediática, caló en la opinión pública. La idea del elefante público empezó a cristalizar sobre la base de una muy bien cimentada estrategia de comunicación. A lo mejor el discurso no se apegaba tanto a la realidad. Pero era efectivo. Al decir de personas académicas de la calidad de la economista costarricense María Eugenia Trejos, lo del déficit fiscal era «un problema inventado».
Se abría así una agenda permanente y sistemática que cumple ya 25 años de haber sido instalada en la discusión pública.
En este periodo han transitado distintas administraciones que palabras más palabras menos adhieren las tesis de esa agenda mediática feroz y disolvente. Sin embargo el escenario actual no tiene comparación: llegamos a un momento histórico en el cual intereses privados, medios de comunicación empresariales y un conjunto de tecnócratas mal preparados o mal intencionados y políticamente torpes ubicados en esferas gubernamentales, han empezado a asestar un golpe letal a esa comunidad imaginada, horizontal y abarcadora, llamada sociedad costarricense.
También hay que decirlo: la estocada no solo proviene desde una recomposición aglutinadora de la hegemonía neoliberal que ha encontrado por primera vez en mucho tiempo una caja de resonancia en amplios sectores de la población, dado el trabajo incansable de los medios de comunicación y los formadores de opinión que un día sí y otro también posicionan sin reparo la idea que el sector público, sus instituciones, sus empleados, son cuasi delincuentes que deben ser alineados estandarizando y precarizando sus condiciones laborales a la baja, tal y como sucede en muchas actividades del sector privado.
El ejemplo de las condiciones infrahumanas de las personas trabajadoras en el sector piñero que saltó a la vista en los primeros meses de pandemia es una muestra de hacia donde quieren estandarizar los derechos laborales de todos y todas quienes suscriben la tesis del desmantelamiento del sector público, o como han dicho de forma elegante, «poner en cintura ese elefante». Ahora, con la negociación de un nuevo préstamo con organismos financieros como el FMI, las tesis monetaristas y reduccionistas han ganado espacio, junto a esa construcción permanente de descrédito a las instituciones públicas y sus personas trabajadoras.
La estocada es efectiva no solo por un periodo prolongado de agenda mediática, empresarial y política o por el poder desestabilizador e inmovilizador de la pandemia y sus efectos en las subjetividades políticas; también se recrea por una debilidad estructural y estratégica notable en sectores sociales, gremios, organizaciones de las personas trabajadoras que se ha venido acrecentando durante los últimos años en materia de respuesta, estrategia y comunicación hacia la ciudadanía. Años de despolitización, amedrentamiento y producción del miedo a la acción colectiva han dado finalmente resultados.
Es incuestionable la necesidad de apuntalar procesos de revisión internos en muchas instituciones públicas, que equilibren algunas distorsiones creadas en el pasado en materia de distribución, atinencia, remuneración. Pero el punto es que la opinión pública ha sido orientada a una sola dimensión (la del tema salarial) sin reparar abiertamente en otros procesos relacionados con los aportes de la institucionalidad al desarrollo costarricense.
La idea sistemática, por ejemplo, sobre las universidades públicas como «territorios libres» que deben ser corregidos por esos tecnócratas mal preparados y mal intencionados, es quizá una de las mayores nociones instaladas en el imaginario colectivo, que se ha volcado cual vocero de los sectores privados a pedir cuentas y poner el dedo acusador sobre dichas instituciones.
La guerra está declarada. Una polarización mas profunda que la política electoral se ha instalado en la sociedad costarricense y pareciera no tener retorno. La hegemonía neoliberal ha encontrado sustancia en el encono de unos contra otros y a partir de allí todo le ha resultado más sencillo, empezando por el desmantelamiento del pensamiento crítico y cuestionador, que es la base de toda acción universitaria autónoma.
25 años de agenda continua han dado sus frutos. Stanley Cohen (1972) introdujo por primera vez el término «pánico moral» que luego encontraría polisemias y varios significados. Para el autor, este concepto refiere a un episodio que surge y se convierte en amenaza latente para los intereses de grupos o valores sociales y pueden ser sostenidos en el tiempo.
El discurso desestructurador de lo público en Costa Rica tiene hoy su corolario porque ha generado incertidumbre, ha construido miedos del tipo «sino se cierran instituciones estatales y se regulan los salarios de todas las personas funcionarias del sector público, Costa Rica se enrumba a una crisis irreversible». De nuevo, la responsabilidad recae en los sectores trabajadores pero nada se menciona sobre el comportamiento rapaz, acumulador y extractivo de las elites que se amparan bajo un sistema tributario desigual y castigador para los grupos bajos y medios. Al mismo tiempo la idea de la amenaza para el sistema democrático e institucional costarricense se ha fortalecido proponiendo una responsabilidad unívoca, de nuevo, en el tamaño del estado, sus instituciones y las condiciones sociolaborales persistentes.
El trabajo simbólico, ideológico y discursivo ha sido ejecutado a la perfección.
En una época de notables aportes desde lo público, tales como la salud y seguridad social, el trabajo serio de las universidades en la investigación científica para abordar la pandemia desde diversas aristas entre las cuales el acompañamiento a las poblaciones y comunidades continua siendo impulsado, corresponde anteponer nuevas formas colectivas y ciudadanas de respuesta a la hegemonía neoliberal conjuntada en gobierno, medios de comunicación y sectores empresariales deslocalízados y articulados hacia afuera.
Es urgente y necesario.
Foto: Semanario Universidad.
