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Autor: María José Ferlini Cartín

Tomemos las mejores decisiones

Por José Luis Pacheco

Estamos en momentos en que la toma de buenas decisiones es fundamental. No solo los que manejan grandes negocios o empresas o las autoridades públicas. Las decisiones deben estar enfocadas en valores y principios muy diferentes a los que han venido sirviendo de fundamento hasta ahora, pues es obvio que no han sido los que se requieren para tener una sociedad más justa y equitativa.

Requerimos de una manera diferente de hacer política y es urgente que se logren diferenciar muy claramente los políticos de los politiqueros, los políticos de los oportunistas, los políticos de los estafadores de ideas y de acciones, los políticos de los farsantes ideológicos y espirituales. Diferenciar eso es un primer paso para tomar decisiones correctas.

Es muy lamentable escuchar a mucha gente, leer en muchos escritos y en redes sociales esa generalización malsana y prejuiciosa en el sentido de que todos los que nos metemos a política somos ladrones y corruptos. Esa generalización ha hecho decaer el valor de la política y ha hecho que, aquellos que desean servir simplemente decidan no meterse.

La política es el arte del servicio y los políticos de verdad, honestos, honrados, colaboradores e incluso patriotas existen y buscan las oportunidades para servir. Desgraciadamente los politiqueros y politiquilllos sin escrúpulos han invadido la cancha y esa es la tarea que tenemos y a la que estamos llamados y máxime en estos tiempos electorales, sacarlos de la arena política.

Generalizar confunde a la gente porque pierde confianza y ve a todos de igual forma aunque, con poco esfuerzo, podría diferenciar lo bueno de lo malo.

Que Dios nos ayude a enfocarnos en lo realmente bueno y en saber que la política es la herramienta más eficaz para el desarrollo de pueblos y personas si la ponemos en las manos correctas y esa es la decisión que debemos tomar.

 

Comentario del autor leído en el programa radial Panorama y compartido con SURCOS por el autor.

Boletín Informativo OPNA – Monitoreo de medios

El Observatorio de Política Nacional, pone a disposición un monitoreo de medios de comunicación relacionado a la política nacional de Costa Rica. Semanalmente el OPNA estará actualizando los monitoreos en su página web, y usted podrá disponer de las bases de datos completas y en formato abierto para dar seguimiento a las principales tendencias noticiosas de la política nacional. De esta manera, la ciudadanía y la comunidad académica, pueden hacer libre uso de los datos.

Los monitoreos de medios de las últimas semanas se pueden encontrar en los siguientes enlaces:

Monitoreo de Medios 17-23 abril 2021 – https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Abril-Mayo/17-23-de-mayo.pdf
Monitoreo de Medios 24-31 abril 2021 – https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Abril-Mayo/24-al-30-de-mayo-2021.pdf

Monitoreo de Medios 01-06 mayo 2021 – https://opna.ucr.ac.cr/images/Monitoreos2021/Abril-Mayo/31-de-mayo-06-de-Junio-Hoja-1_1.pdf

 

Compartido con SURCOS por Observatorio De La Política Nacional – Escuela De Ciencias Políticas.

La situación de los derechos humanos en Centroamérica es lamentable

Por Giovanni Beluche V
Sociólogo

Es inadmisible la persecución que hace el gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores políticos en vísperas de las elecciones en ese país hermano. Una clara maniobra para proscribir las candidaturas de sus adversarios, tan burda como la inhabilitación que hizo el gobierno de Lenín Moreno para sacar de la contienda a Rafael Correa o la realizada por la derecha brasileña para quitar del camino a Lula Da Silva y que Bolsonaro tuviera vía libre.

La diferencia es que sobre lo ocurrido en Ecuador y Brasil no escuchamos el coro de condenas orquestado por los Estados Unidos y el séquito de gobiernos marionetas que abundan en América Latina.

Repito, es inaceptable, injustificable y condenable la persecución contra los opositores nicaragüenses.

Llama la atención que los grandes medios de comunicación dan escasa cobertura sobre el creciente autoritarismo del gobierno encabezado por el señor Bukele, que controla los tres poderes del Estado a sus anchas. El bravucón de Bukele que no toca a los criminales de la guerra civil que sufrió ese heroico pueblo durante los ochenta.

Tampoco hacen campaña sobre los posibles vínculos del gobierno de Juan Orlando Hernández de Honduras, surgido de un escandaloso fraude electoral, cuyo hermano está preso por narcotráfico en los Estados Unidos. Cuesta pensar que el reo no haya puesto dinero para la campaña electoral de su hermanito Orlando. Muy poco de esto se habla en los medios de Centroamérica.

Ni hablar de Guatemala, donde la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y la violencia de todo tipo contra las niñas, los niños y la gente humilde, cuenta con la complicidad de un Estado inútil. Sobre esto tampoco hablan en los medios.

Costa Rica no se queda atrás, los sectores hegemónicos están desmontando el Estado social de derecho y han arremetido contra las clases asalariadas y la pequeña producción urbana y rural, cargándole todo el peso de la crisis que viene desde antes del Covid 19. Los políticos y buena parte del empresariado costarricense, que gustan de criticar a Ortega, no dudaron en criminalizar la protesta social y proscribieron el derecho a huelga. Mientras, siguen rampantes escondiendo fortunas en paraísos fiscales, evadiendo y eludiendo impuestos de forma escandalosa.

En Costa Rica se mantienen impunes los asesinatos de dos líderes indígenas, recuperadores de tierras y cuidadores de la naturaleza. El Estado no solo no los protegió, como lo exigieron organismos internacionales, sino que ahora cubren de impunidad a sus asesinos.

Así las cosas, nuestra región se acerca a la celebración de su bicentenario de independencia, con muchas cuentas por saldar en materia de derechos humanos y de acceso libre a la información.

 

Compartido con SURCOS por Mariano Sáenz.

FRENASS pide a la CCSS no generar confusión en torno a elección de juntas de salud

El Frente Nacional Por La Seguridad Social (FRENASS) solicita a la Junta Directiva Nacional de la Caja Costarricense del Seguro Social, que proceda a instruir a la Dirección de Contraloría de Servicios y a cualquier otra instancia administrativa a que se abstenga de promover o de realizar cualquier comunicado o comentario que desestabilice o ponga en duda la realización del proceso de elecciones que culminará el próximo 20 de octubre del 2021.

San José, 09 de junio del 2021

Sr. Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo
Sra. María de los Ángeles Solís Umaña, Directora
Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Directora
Sra. Marielos Alfaro Murillo, Directora
Sr. Christian Steinvorth Steffen, Director
Sr. José Pablo Ross Araya, Director
Sra. Martha Elena Rodríguez González, Directora
Sr. José Luis Loría Chaves, Director
Sra. Maritza Jiménez Aguilar, Director
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL C.C.S.S.

Señoras y señores:

Recientemente la Junta Directiva de la C.C.S.S. dispuso la realización del proceso de elección de las Juntas de Salud para el próximo 20 de octubre del 2021, ya que sus actuales integrantes cesarán sus funciones, dado que el período por el que fueron electos vence el próximo 31 de diciembre del 2021.

Estas Juntas de Salud, fueron creadas mediante la Ley denominada Desconcentración de Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ley 7852, “como entes auxiliares de los hospitales y las clínicas, para mejorar la atención de la salud, el desempeño administrativo y financiero, así como la promoción de la participación ciudadana”.

Esta Ley dispone que “los integrantes de las juntas de salud permanecerán en sus cargos cuatro años, contados a partir de la fecha de su designación, y podrán ser reelegidos”.

También otorga a la Junta Directiva de la Caja, la facultad de emitir “los reglamentos y las disposiciones necesarios para regular los procedimientos de proposición y elección de los miembros de esas juntas, asimismo, su funcionamiento”.

En concordancia con la mencionada Ley, se dictó el Reglamento de las Juntas de Salud, estableciendo que:

“los lineamientos para la asesoría, la capacitación, el acompañamiento y la definición estratégica y logística del proceso de elección estarán a cargo de la DICSS o la instancia que, en su defecto, sea delegada por la Junta Directiva. En ese sentido, queda debidamente facultada para atender y aprobar cualquier diligencia, trámite y acción que resulte necesaria para la adecuada ejecución del proceso de elección de Juntas de Salud a su cargo, y así garantizar el cumplimiento del espíritu y principios tutelados por la Ley 7852 “Desconcentración de los Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social” y sus reformas para estos efectos.

El mismo Reglamento, en su Artículo 20, dispone en lo que es de interés, que “las elecciones se realizarán cada cuatro años, de conformidad con lo dispuesto por la Ley número 9280 del 27 de octubre del 2014 y en las fechas que apruebe la Junta Directiva, en el transcurso del segundo semestre del año anterior a que las Juntas de Salud cesen sus funciones”.

El Artículo 21 de este Reglamento referente al periodo de nombramiento y reelección, reitera lo señalado por Ley, al disponer que:

“Los integrantes de las Junta de Salud durarán en funciones cuatro años, pudiendo ser reelectos. Asumirán sus funciones a partir del 1 de enero del año par hasta el 31 de diciembre del año impar siguiente. Al inicio de su gestión y previo a asumir funciones, deberán de ser juramentados por la Presidencia Ejecutiva o la Gerencia Médica en el caso de Hospitales Nacionales y Centro Especializados; la autoridad regional competente y en defecto de ambas instancias, por las Direcciones Médicas correspondientes”.

Ahora bien, a pesar de encontrarse firme el Acuerdo de la Junta Directiva que fijó la fecha para celebrar el proceso de elecciones de las Juntas de Salud (mes de octubre) y de las disposiciones legales y reglamentarias ya indicadas, la Dirección de la Contraloría de Servicios mediante el oficio No. PE-DICSS-DIR-0793-2021, sobre la designación del representante de la comunidad ante el comité electoral local, señaló:

“… como se mencionó al inicio, las elecciones fueron programadas y aprobadas por la Junta Directiva de la Institución para el próximo 20 de octubre, sin embargo, tanto la Dirección Institucional de Contralorías de Servicios de Salud como el Equipo de Juntas de Salud, somos conscientes de la situación actual que estamos enfrentando como institución y como país, a causa de la pandemia por la COVID-19, por lo que hemos realizado la consulta correspondiente a efectos de que a nivel superior se valore la situación – teniendo en cuenta que la realización de elecciones es mandato de ley- y de proceder, se giren las instrucciones necesarias con respecto a la realización o no de dichas elecciones. Por tal motivo, dado que aún no se cuenta con disposición en contrario, es deber de esta Dirección velar por el cumplimiento de la normativa en materia de elecciones de Juntas de Salud, así como continuar con la planificación procedente, no obstante, ante cualquier directriz emanada de las jerarquías institucionales, se les estará comunicando oportunamente”.

Señoras Directoras y señores Directores, del oficio referido y de las diferentes insinuaciones y comentarios en las capacitaciones o en redes sociales, se desprende una intencionalidad que prepara las condiciones para que la realización de las elecciones no se efectúe conforme lo indicado por la Ley y por la propia decisión de la Junta Directiva. Lo anterior preocupa a este Frente porque ese ambiente de inestabilidad y confusión pone en duda la celebración de las elecciones, generando una clara inseguridad jurídica al contravenir disposiciones jurídicas y los acuerdos de la instancia jerárquica superior de la Institución.

Si eventualmente la Dirección de Contraloría de Servicios insiste en la reprogramación para la realización de las elecciones de las Juntas de Salud, como consecuencia inmediata se dejaría sin Juntas de Salud a las Áreas de Salud y a los Hospital, haciendo nugatorias las disposiciones legales y constitucionales en protección de la participación ciudadana, tan echada a menos en las épocas actuales, a pesar de los discursos políticos que tratan de disuadirnos de lo contrario.

Lo anterior se torna más grave porque ni las autoridades de la Administración ni la Junta Directiva de la Caja poseen la competencia necesaria para prorrogar el período por el cual fueron nombradas las Juntas de Salud que cesan sus funciones el 31 de diciembre del 2021. No hay ley o reglamento que faculte a la Caja prorrogar de oficio la competencia ya sea territorial, del tiempo, de la materia u otra de las Juntas de Salud, en este caso, una vez superado y vencido el plazo por el que fueron nombradas, todo ello de conformidad con los artículos 59 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

Por otro lado, somos absolutamente consientes del esfuerzo sobrehumano y magnánimo del personal de la Caja en la atención de la pandemia y en el logro de altos índices de vacunación en la población contra el COVID 19. Por eso dudar de que para el mes de octubre 2021 no alcancemos la vacunación y la inmunidad necesarias para proteger a la población, es dudar de la capacidad de nuestra querida institución y del esfuerzo demostrados durante todos estos meses por su personal. Por eso, tal argumento no puede ser de recibo para suspender el proceso de elecciones.

En razón de lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Junta Directiva Nacional de la Caja Costarricense del Seguro Social, que proceda a instruir a la Dirección de Contraloría de Servicios y a cualquier otra instancia administrativa, que se abstenga de promover o de realizar cualquier comunicado o comentario que desestabilice o ponga en duda la realización del proceso de elecciones que culminará el próximo 20 de Octubre del 2021, todo ello en resguardo de la legalidad institucional y en apego del Acuerdo que en su oportunidad tomó la Junta Directiva en tal sentido.
De Ustedes con toda consideración,
Por FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL

Cuando hablamos del sector agropecuario, exclamamos la desfachatez en su máxima expresión

Por Jeison Leitón Marín

AL PUEBLO DE COSTA RICA.
AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA.
A LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
CUANDO HABLAMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, EXCLAMAMOS LA DESFACHATES EN SU MAXIMA EXPRESIÓN.

Cuando se creía haber visto todo, nos sorprende la desfachatez vergonzosa y sínica en el accionar de la Asamblea Legislativa. La discusión de un proyecto de ley sobre un fondo de avales, que se sustenta en un préstamo internacional que debemos pagar todas y todos los costarricenses por igual, «acuerdan» que esos recursos sean administrados a su antojo por el sistema financiero representado por la UCAEEP y la Asociación Bancaria. Nos quieren hacer creer que los mismos que nos han llevado a la crisis económica que afrontamos, nos van a salvar. Señoras y señores diputados pongámonos serios y les invito a que hablemos de cómo se debe emprender la reactivación económica y desarrollo, pero de forma inclusiva, participativa y distributiva.

Me permito recalcar 3 puntos para que no se nos olvide:

  1. Se sacaron de debajo de la manga un proyecto que no era para todos los productores y productoras (21965), con una condonación de deudas, (DISCRIMINACIÓN EN SU MAXIMO ESPLENDOR). Es importante reiterar que esa condonaron consistía en REMANENTES de fideicomisos, deudas INCOBRABLES y PRESCRITAS. Y tras cuernos palos el señor Presidente de manera pública manifiesta que en dicha ley se debe limitar la participación vía reglamento, como si la BURLA no fuera suficiente, entra en escena la Contraloría General de la República gestionando ante la Sala Cuarta un recurso solicitando dicha ley sea declarada inconstitucional.
  2. Es importante dejar claro que esta propuesta de condonación dejo a la gran mayoría de productores agropecuarios afuera, pero venir a atacar a los beneficiados, alegando que les van a regalar poco más de 6 mil millones, es inmoral, indecente y repudiable, porque cuando se dio la ley conocida como el Combo Fiscal, a las grandes empresas les condonaron más de 195.000 mil millones, y la Sala Cuarta no cuestionó nada y con su resolución validó esta condonación. Señores magistrados lo que es bueno para la gansa es bueno para el ganso, no se valen discriminaciones.
  3. Es de conocimiento que sectores productivos con gran ahínco, nos dimos a la tarea de redactar un proyecto de ley, bajo el expediente N°21935, que SÍ atiende el PROBLEMA EL ENDEUDAMIENTO Y EL FINANCIAMIENTO de todos los sectores productivos compuestos por pequeños y medianos, y es importante recalcar que nunca se buscó ninguna condonación, por el contrario se busca que estos sectores cuenten con las herramientas que les permitan reiniciar sus actividades. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo (con pocas excepciones), asumieron un compromiso real con esta iniciativa, y al contrario salieron en defensa del sector financiero y de grandes empresas de manera frontal. Han logrado proteger los intereses de los grandes negocios, importándoles poco o nada el empobrecimiento en que avanzamos todos los días.

Es urgente se le prioridad al proyecto de ley N°21935, y de esa manera se inicie una reactivación incluyente, participativa y distributiva, que vendrá a consolidar y hacer crecer el empleo, la riqueza y el desarrollo

Nadie está en contra del proyecto de avales, pero el texto sustitutivo aprobado por la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios da vergüenza, da vergüenza porque le entregan la administración a los grandes nada más, ni una silla para los pequeños, da vergüenza porque podría convertirse en lo mismo de siempre, todo para los tagarotes y nada para los que de verdad lo necesitan.

Jeison Leitón Marín.

Presidente Asociación de Agricultores Independientes de la Zona Norte de Cartago.

Mesa de Ruralidad y Asuntos Agropecuarios. Encuentro Social Multisectorial.

Conversatorio: «¿Por qué somos recuperadoras de la tierra?»

SURCOS comparte la siguiente información:

El próximo lunes 14 de junio a las 6:00pm se llevará a cabo un conversatorio organizado por Chieton Morén, la temática que se abordará es ¿Por qué somos recuperadoras de la tierra?, este desde la percepción, visión y lucha de las mujeres indígenas.

Contará con la participación de:

  • Doris Ríos Ríos
  • Elides Rivera Navas
  • Magy Lázaro Quesada

Para inscripción al conversatorio enviar un mensaje de Whatsapp al: 8930-1317.

Adjuntamos invitación formal del evento:

Conversatorio sobre Ciencias, Educación y Bicentenario

La Biblioteca Nacional y Academia de Geografía e Historia de Costa Rica invitan al ciclo de conferencia y conversatorios con el tema “Extranjeros influyentes en el desarrollo de la educación y la ciencia en Costa Rica”, se contará con la participación de:

  • Yamileth González García, historiadora y Ex-Rectora UCR
  • Luko Hilje Quirós, biólogo e investigador jubilado
  • Guillermo Alvarado Induni, geólogo, CNE

Día: 17 junio 2021
Hora: 4:00 pm.
Transmisión: Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica

Cero Trata de personas

En el canal de Youtube “Los Dioses Están Locos”, se puede encontrar el video titulado “Cero Trata de personas. Somos partes del problema, seamos parte de la solución”, el cuál tiene como mensaje unirnos a denunciar las violencias y no hacer un silencio cómplice, y deja como reflexión ¿Nos unimos junto a otras organizaciones de la sociedad civil para luchar contra la trata y el tráfico de personas? No podemos desoír una problemática tan violenta como esta, es ahora.

Somos parte del problema, seamos parte de la solución.

Compartimos el video completo:

Pandemia incrementó desigualdad de género en espacio doméstico

A partir de la pandemia, el espacio doméstico se convirtió en un lugar con mayor desigualdad de género, no solo porque se trasladó el trabajo remunerado de la esfera pública hacia la esfera privada del hogar, sino también porque las horas laborales y las dedicadas a las tareas domésticas y de cuido se acumularon desproporcionadamente sobre las espaldas de las mujeres. Así lo confirman los resultados de la investigación “Conciliación de vida laboral y vida familiar en el marco del Covid-19 en mujeres académicas de la UNA”, elaborada por Ana Elena Obando, del Instituto de Estudios de la Mujer de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (IEM-UNA).

Ya antes de la pandemia, datos de la Organización de las Naciones Unidas reportaban que las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a los trabajos domésticos y de cuido no remunerados (entre 22 y 42 horas por semana).

Con la crisis sanitaria, esta desigualdad se profundizó. En el caso de las mujeres académicas, el estudio del IEM-UNA revela que al trasladarse -con el confinamiento- el trabajo remunerado de la Universidad al hogar, se borró la línea de tiempo que dividía a este de las tareas domésticas.

“Ello originó un caos… Al cambiar los tiempos y el espacio, aumentaron las horas de ambos trabajos, comprimidos en un espacio que no tenía las condiciones físicas para el teletrabajo”, destaca el informe de esta investigación, cuyos resultados se obtuvieron a partir de cinco grupos focales con la participación de un total de 22 académicas de distintas áreas del conocimiento, de diversas sedes, con edades entre 33 y 57 años.

A esto se sumó el cierre de centros educativos y de cuido -tanto públicos como privados- a los cuales asistían sus hijos e hijas, que significó una presión adicional para las mujeres como principales cuidadoras.

Polifuncionalidad y soledad doméstica

La multiplicación de las horas de trabajo remunerado y no remunerado se relaciona con la polifuncionalidad que debieron asumir las mujeres.

En los grupos focales, la mayoría de las académicas afirmó que el trabajo doméstico, las múltiples tareas de cuido, más todo el trabajo de la Universidad, incluyendo la atención a estudiantes -quienes generalmente no respetaban los horarios laborales- las obligó a trabajar hasta en la madrugada para poder cumplir con todo.

 “Se me fue el día haciendo meriendas, atendiendo a mis hijos, haciendo tareas y atendiendo a los estudiantes, porque no es lo mismo cuando una está en clases presenciales, allí tienen menos dudas y se evacúan de inmediato” , dijo una académica, según se registra en el informe de la investigación.

Como parte del estudio, se contabilizaron en una tabla las horas dedicadas al trabajo remunerado, así como las destinadas a tareas domésticas y de cuido por ellas y sus parejas, lo cual confirmó la desigual distribución de los trabajos entre los sexos y evidenció la extensión de la jornada laboral remunerada de 8 horas hasta 14, tiempo extra no reconocido ni remunerado.

Las académicas también experimentaron lo que en la investigación se denominó soledad doméstica, que se refiere a la falta de acompañamiento en las tareas domésticas y de cuido de parte de sus esposos o compañeros.

La mayoría de ellas coincidieron en que sus parejas “les ayudaban”, pero que la responsabilidad principal siempre recaía sobre ellas.

La investigadora Ana Elena Obando destacó que esta soledad doméstica, que generalmente ha sido acompañada por otras mujeres (familiares o empleadas domésticas), se hizo más evidente en tiempos de pandemia, ya que el confinamiento y el miedo al contagio las limitó para buscar apoyo en los oficios domésticos, a la vez que las aisló por completo del espacio social presencial.

No es casual, entonces, que las académicas manifestaran que extrañan la oficina como un espacio separado del hogar, ya que en este no solo podían dedicarse al trabajo remunerado sin las distracciones presentes en la modalidad de teletrabajo, sino que permite la interacción con personas fuera de la familia; es decir, ofrece la posibilidad de mantener cierto equilibrio emocional y social, que aliviana la carga laboral y académica.

Tareas de valor

La investigación “Conciliación de vida laboral y vida familiar en el marco del Covid-19 en mujeres académicas de la UNA” parte de la premisa de que las tareas del hogar y de cuido generan producción y valor, por lo cual deben reconocerse y contabilizarse en los modelos de la economía, buscando formas de redistribuirlos equitativamente entre ambos sexos, tanto desde el Estado como mediante medidas institucionales.

Esta premisa está en concordancia con el Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), que establece el deber de: “Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.”

En este sentido, esta investigación incluye recomendaciones orientadas a que se realicen los cambios en el ámbito universitario para contribuir a equilibrar la desigual carga académica y laboral que recae sobre las trabajadoras universitarias, con el fin de mejorar la salud, las condiciones laborales de las académicas y su crecimiento profesional.

En esa línea, se propone realizar campañas para instar a los hombres universitarios y a otros a que asuman su responsabilidad del 50% de las tareas del hogar y de cuido junto a las mujeres y demás miembros adultos de la unidad familiar.

Asimismo, se insta a que la Universidad dé pasos en esa dirección, mediante políticas, horarios, salarios, tiempos de reuniones y creación de unidades y redes especiales de apoyo para el cuido de las y los niños y adultas(os) mayores, que generalmente están a cargo de las mujeres universitarias.

Además, se recomienda reformar el Reglamento de Régimen Académico para crear nuevas formas de evaluación que tomen en cuenta desde las labores académico-docentes, de investigación y acción social, entre otras, hasta los trabajos de cuido y del hogar que hacen las mujeres.

 “Medir a ambos sexos bajo los mismos parámetros y exigirles los mismos requisitos obviando la división sexual del trabajo, resultará en odiosas discriminaciones contra las mujeres y perpetuará las desigualdades de género existentes”, subrayó Ana Elena Obando, autora de la investigación.

Este tipo de trabajos se inscribe dentro de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional (PIEG-UNA), que en su numeral 4 señala la importancia de fomentar la conciliación de la vida profesional, laboral y familiar del personal académico y administrativo.

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

 

Enviado por Oficina de Comunicación, Universidad Nacional, Costa Rica.

Imagen tomada de https://www.themarkethink.com/

Visita fallida del Relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial: ¿Quién ganó?

Por Marcia Aguiluz Soto, Abogada experta en derechos humanos

Absolutamente nadie. Todo lo contrario, como país perdimos: la imagen de Costa Rica y del Poder Judicial quedó aún más afectada a nivel nacional e internacional.

El pasado 24 de mayo estaba prevista la comparecencia ante la Corte Plena del Poder Judicial, del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados, un experto internacional que tiene entre su mandato el realizar recomendaciones sobre este tema a los Estados. Según la invitación que se circuló unos días antes, él se referiría a la “Independencia Judicial: la elección de magistrados y magistradas en Costa Rica”.

El propio día, varios magistrados/as hicieron públicas sus objeciones a la comparecencia. Para justificarse alegaron, entre otras, que había un retraso en la agenda de la Corte y este tema no era prioritario, que no tuvieron suficiente tiempo para prepararse, que el Relator había dado su opinión sobre temas que estaban siendo conocidos por la Sala Constitucional, y que el tema no es de competencia de la Corte. Luego de casi dos horas de discusión y ante el anuncio de que el Relator tenía otros compromisos, la audiencia finalmente no se llevó a cabo.

Diversos medios de comunicación cubrieron la noticia. Algunos cuestionaron los atestados del Relator, otros objetaron el contenido de sus opiniones previas sobre Costa Rica (de paso deslegitimando las contribuciones que hacen a nuestro país, este tipo de mecanismos internacionales de protección). Pocos se refirieron a la deuda que existe en torno al mejoramiento de los procesos de nombramiento de magistrados/as y la importancia de abordar este tema. Lamentablemente la fallida visita del Relator no permitió abrir este debate y su manejo disperso o sesgado en medios tampoco aportó a la discusión de fondo.

Para algunos costarricenses hablar de independencia judicial equivale a defender privilegios y, por tanto, no es de su interés defenderla; esto se confirma fácilmente al leer los numerosos comentarios en redes sociales que –a propósito de lo ocurrido- abogaban por hacer “limpieza” de este Poder al mejor estilo de nuestro vecino país El Salvador.

Es evidente que no existe un consenso ni un entendimiento de lo que está en juego: nada más y nada menos que un sistema de pesos y contrapesos fuerte que garantice nuestros derechos humanos en igualdad.

Eventos como los ocurridos frente a la visita del Relator no solo afectan la imagen del Poder Judicial, sino que suman al desgaste de nuestro sistema democrático, mostrándolo cada vez más alejado e incapaz de resolver las necesidades de las personas.

Muchos actores son responsables de este desgaste. En relación con el hecho concreto, debo señalar que la decisión de una mayoría de magistrados/as de no recibir al Relator generó un costo innecesario y evitable, cuyas consecuencias solo entenderemos con el paso de los años. Algunos medios de comunicación -por las razones que sean- también han puesto su granito de arena en este caos. Muchos otros actores callan y una no sabe si es por silencio cómplice, por desinterés o simple ignorancia.

En relación con este tema -y muchos otros- creo que como sociedad nos merecemos más: más sensatez, más pausa, más escucha, menos ego y más amor por este país.

 

Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por la autora.