Como saben el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) fue transformado por la CCSS, en el CEACO, un centro especializado para pacientes con Covid-19. Este cambio se dio desde marzo del 2020. La Caja planteó que habría soluciones alternas para las y los pacientes que requerían los servicios de rehabilitación. Sin embargo, eso no se ha dado y con ello, hay una severa afectación a miles de personas con discapacidad.
Es por ello que la semana pasada, 172 ex-pacientes del CENARE suscribimos una carta dirigida a la Junta Directiva de la Caja. Reclamamos que hemos sido comprensivos ante la grave situación de emergencia sanitaria, generada por la pandemia, pero que la institución ha dejado en el abandono a personas que siguen requiriendo esos servicios, y con ello se viola el derecho a la salud y la rehabilitación. Es decir, otra situación de discriminación e injusticia social.
Esta situación refleja la grave situación que enfrentan las personas con discapacidad. Este es un problema puntual en el derecho a la salud y la rehabilitación. Pero el aislamiento por la imposibilidad de acceder a las TIC, el problema de la educación, del empleo, forman un conjunto de situaciones graves y de derechos que se violan.
Por último, en la carta se hace un llamado a la reflexión por los perjudiciales impactos a la salud que puede llevar a cabo la desatención de personas con diversas deficiencias, además señala la posición del país y el sistema de salud, con respecto al incumplimiento de la normativa legal e internacional que establece la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600).
Información compartida con SURCOS por la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
Varias instituciones y organizaciones han levantado una denuncia contra el Estado Hondureño, responsabilizando a este por la muerte de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, joven de 26 años, estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien el pasado 6 de febrero del 2021 fue detenida por la Policía Nacional de Honduras, junto a otros doctores en la ciudad de La Esperanza, bajo el supuesto de infringir y violentar el toque de queda (PCM 26-021).
La denuncia se fundamenta en base a que los hechos en la forma en la que murió la joven no son claros, pues esta fue encontrada sin vida en las celdas de la Policía Nacional, alegando a un supuesto suicidio. Se responsabiliza al estado hondureño, por su incompetencia para garantizar la protección de la vida y de los derechos humanos.
Además, se manifiesta la preocupación de que esta muerte se da en el marco de la suspensión de garantías constitucionales decretado bajo el PCM 012-2021, mecanismo que está incrementando las sistemáticas acciones violatorios a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas represoras del Estado Hondureño, mismo que agudiza el miedo y el estado de indefensión en tiempos de pandemia por el Covid-19 y en todos los contextos.
Por lo tanto, se exige al Ministerio Público una investigación exhaustiva en la mayor brevedad que puede dar claridad sobre la situación y los responsables de la muerte de Keyla Martínez, a su vez se extiende un abrazo solidario y sororo para familiares y amigos de parte de organizaciones sociales y colectivos de honduras, tales como: Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, Campesinas Lencas, Escuela de Enfermería UNAH, Red Nacional Defensoría de Derechos Humanos en Honduras.
Otra de las demandas es que la familia de Martínez tenga el derecho y potestad para acceder a todos los documentos oficiales y no oficiales pertinentes a este feminicidio, porque cada mujer asesinada le concierne a todo el pueblo.
Por último, se realizan 2 convocatorias una frente a la comandancia de la Policía Nacional de Honduras a las 9:00am, y la otra en las afueras de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH a las 10:00am, con el objetivo de exigir una investigación detallada y exhaustiva por el femicidio de Keyla Martínez.
#JusticiaparaKeyla #Niunfemicidiomás, ¡la policía no cuida, viola y asesina!, ¡Policía Nacional, ustedes son el mal! fueron algunos de los hashtags y consignas que se expresaron en reclamo por justicia ante este lamentable suceso.
Adjuntamos algunos documentos y comunicados de organizaciones y colectivos con respecto al tema:
La Editorial Arlekín publicó el libro “Neoliberalismo y afectos: derivaciones para una praxis psicosocial liberadora” de Helga Arroyo e Ignacio Dobles.
El libro aborda en ocho capítulos lo siguiente:
– El materialismo histórico, la psicología y los procesos de subjetividad – Sartre. Dialéctica, proyectos humanos y totalizaciones-en-marcha – Marcuse. Una revolución de los afectos, la vida para ser vivida – Sobre las afectividades – Las formas de subjetividad neoliberal – Estrategias del miedo: configuraciones, efectos – Los afectos y la psicología en la perspectiva decolonial – Conclusiones: derivaciones, implicaciones y alcances
“Don Carlos Alvarado le sigue mintiendo al pueblo de Costa Rica, a los sectores sociales, socioproductivos, productivos, empresariales y organizaciones sindicales”, esas fueron las palabras de Lenin Hernandez Navas, secretario general del SINAE, y representante de 37 diferentes organizaciones, que buscan mediante la elaboración de un documento que se pausen durante un mes todos aquellos proyectos de ley que puedan relacionarse con el préstamo y las negociaciones que se coordinan con el Fondo Monetario Internacional. Lo anterior, tiene la finalidad de generar tiempo para poder revisar y dar propuestas, ya que según Hernandez, no es justo que en este momento de crisis se le brinden más responsabilidades a la clase media costarricense con el tema del déficit fiscal.
En relación a lo anterior, Hernández también señala que en el país hay un sector económico poderoso que no se ha visto afectado con los proyectos que se han gestionado desde la institucionalidad, y que, por el contrario, se ha visto una clara vinculación por parte del gobierno de Carlos Alvarado, tal es el caso de Horizonte Positivo y Alianza Empresarial para el Desarrollo.
En el video se destaca también la participación de ciertas figuras políticas-económicas del país como André Garnier, que ha representado los intereses de las zonas francas, mismas que están exentas de impuestos y en época de pandemia han sido de los sectores que han presentado mayores ganancias. Hernández, reitera la injusticia que sería para la sociedad costarricense y la clase media trabajadora la imposición de nuevos impuestos y recortes al gasto público.
Por último, Lenin Hernández demanda a que se escuche y se tome en consideración la posición de más de 1 millón de personas que representa las diferentes organizaciones antes mencionadas, ya que lo que se necesita es “una política real de reactivación económica” (Hernández, 2021), un gestionamiento responsable de los recursos y una toma de decisiones que tenga presente la necesidad y los derechos de la clase trabajadora del país y de los sectores vulnerables.
Seguidamente, adjuntamos las declaraciones que puntualizó el secretario general del SINAE con respecto a los proyectos del ejecutivo:
Antes de exponer la posición del movimiento sindical sobre el tema, es importante que conozcamos aspectos generales que se plantean dentro de la formulación de la Ley de Empleo Público. Lo primero, es que es un proyecto de 28 páginas, que aborda aspectos en materia laboral, se trata según Alfaro (2019) de “una nueva conceptualización de las redes laborales con el Estado desde la etapa de contratación hasta la de despido” (párr.2). Lo segundo, es que desde la institucionalidad y el Ministerio de Planificación se argumenta que la propuesta es necesaria para modernizar el Estado actual. Por último, específicamente se dice que lo que se quiere con este proyecto de ley es la aplicación de un sistema de salario único para todos los empleados públicos, poner un tope a los incentivos y bajar la curva de crecimiento por el pago de las remuneraciones.
Los cambios estructurales que se planean ejecutar están íntimamente relacionados con las siguientes áreas: reclutamiento y selección del personal, según se indica para garantizar idoneidad comprobada para los puestos que se asumen; alta dirección pública que va aunada al área anterior pues lo que se requiere es que cada unidad y departamento esté liderado por personas aptas y capacitadas; cambios en la movilidad pública; la desvinculación de los funcionarios del sistema por bajo rendimiento; modificaciones en materia de salarios con el fin de lograr una igualdad entre los altos jerarcas y los profesionales de menor rango; vacaciones; permisos de cuido; licencias de maternidad; otros incentivos laborales; condiciones de aplicación y de contratación temporal (Alfaro, 2019. párr.1-33).
Ahora bien, con respecto a esta ley han surgido diferentes posicionamientos tales como el de los movimientos sociales y el movimiento sindical de Costa Rica, que refiere su disconformidad con el proyecto debido a una posible recarga de la crisis fiscal sobre el sector laboral y que terminará afectando la calidad que ofrecen los servicios públicos y la estabilidad del Estado Social de Derecho.
Parte de las acciones que se han tomado desde estas entidades sindicales y sociales son las manifestaciones que se han llevado a cabo en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde han participado algunas figuras que están inmersas dentro de la institucionalidad como lo es el actual rector de la Universidad de Costa Rica Gustavo Gutiérrez Espeleta, el SINDEU, la APSE, UNDECA, ANDE, SEC, CTRN, SINAE, sindicatos del AyA, entre otros. Estas manifestaciones tienen como objetivo preservar el empleo público, el Estado Social de Derecho y la calidad de vida de las personas ciudadanas y funcionarias del Estado y sus familias.
En el video publicado por Marcela Zamora-Cruz en su página de Facebook hace un llamado a las federaciones estudiantiles a sumarse a la causa, ya que estos proyectos como la Ley de Empleo Público y las negociaciones con el FMI, afectan no solo a la clase trabajadora, también a la educación pública, específicamente a las universidades públicas.
Demandas de la Comunidad educativa y del Comité del Asentamiento expuestas ante Subsistema de Niñez y Adolescencia, desde el 23 de junio 2020.
SURCOS comparte la siguiente información:
El equipo Interdisciplinario MEP, la Comunidad Educativa de las Escuelas de Atención Prioritaria, Los Jardines, Alberto Manuel Brenes y Comité de Lucha y Bienestar Asentamiento Los Jardines plantean a diferentes instituciones gubernamentales como la Defensoría de los Habitantes, AyA y PANI, una propuesta para salvaguardar el subsistema Local de Niñez y Adolescencia en las comunidades de San Ramón de Alajuela.
Está lo que plantea es lograr determinar el estado actual de la Niñez y Adolescencia en el Asentamiento Los Jardines, que se encuentra ubicado en Caserío Los Jardines, las personas que habitan este lugar se encuentran en condiciones de exclusión social y de riesgo debido a la pandemia del Covid-19.
En el margen de fundamentación de la propuesta se adhiere a los siguientes hechos:
Se conoce la existencia de 41 personas menores de edad.
Dentro de las personas que están en edad escolar, algunos de ellos se encuentran suscritos a instituciones educativas
Se valoriza el riesgo sanitario que corre la población que habita este asentamiento y se ejecutarían medidas alternativas para subsanar el riesgo.
Ahora bien, en ese marco lo que se demanda es:
Determinar la condición del estado del cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad (PME).
Que el Ministerio de Salud brinde información detallada sobre el estado de las condiciones sanitarias del asentamiento y de acceso a la salud integral.
DINADECO informe sobre el apoyo y el acompañamiento que se le está brindando a esta población.
La Municipalidad de San Ramón informe acerca de la posible gestión de estudios, pactados el 17 de marzo del 2020.
Instituciones como el AyA, Fuerza Pública, CCSS, CEN CINAI, MEP, CONAPDIS, IMAS y todas las mencionadas en el documento formal, brinden información detallada sobre los mecanismos de acción y proyectos que se destinan para el asentamiento.
La respuesta por parte de las autoridades, específicamente la Defensoría de los Habitantes fue el oficio N00859-2021-DHR, del 28 de enero del 2021, aborda en términos generales los siguientes puntos:
Presentar la documentación que haga constar que todas esas situaciones que exponemos anteriormente sean verdaderas.
Responder a los siguientes interrogatorios ¿El asentamiento El asentamiento cuenta con fuente pública o servicio de camiones cisterna? ¿Conoce la entidad si existe disputa judicial sobre la legalidad del asentamiento? ¿Cuáles han sido las negociaciones y acuerdos de la instancia que Ud. representa para mitigar los posibles efectos del COVID-19, ante la población menor edad, discapacidad, personas adultas mayores y personas con riesgo de salud?
Adjunto encuentra los documentos oficiales a los que se hizo alusión en la nota:
La conciencia que la humanidad tiene del rol preponderante que juegan los Estados Unidos, el más reciente y último –eso esperamos- imperio universal de Occidente, quedó patente, una vez más, con la actitud asumida casi unánimemente por los pueblos de la tierra, frente a los acontecimientos que tuvieron verificativo en ese país durante las elecciones presidenciales pasadas y, sobre todo, ante los acontecimientos que pusieron término – ¿por ahora? – dramáticamente al conato de golpe de estado. Ese intento de golpe de estado, inspirado en la manera como ellos mismos lo acostumbran hacer en todas partes en donde ven amenazados sus “intereses”- es decir, los intereses de sus trasnacionales, que se nutren de la explotación de las materias primas de los países periféricos – puso en vilo a la humanidad entera; todo el mundo estaba consciente de que allí se jugaba, en medida no desdeñable, el destino de la especie sapiens; no era un asunto doméstico de quienes lo habían provocado; podría devenir en un asunto de vida o muerte para la humanidad entera; un golpe de estado de índole fascista en Washington haría realidad lo que Hitler intentó hacer y tuvo como desenlace la II Guerra Mundial. No nos ha de extrañar, por ende, el sentimiento de alivio que muchos en todos los rincones del planeta experimentaron cuando se dio el feliz desenlace de tan arriesgada y riesgosa aventura; sentimiento acentuado con la inusual ceremonia – marcada por las medidas militares de precaución ante la amenaza de terroristas nacionales y para evitar el contagio de la Covid-19- de la toma de posesión del nuevo presidente, un anciano de endeble salud y formado en la más rancia tradición política, pues su único oficio conocido es haber sido senador. La escogencia de Biden sólo puede interpretarse como una visceral y clara reacción de la mayoría del electorado yanqui, ante el fracaso de la afirmación de Trump de que todos los males de la sociedad norteamericana provenían de la corrupción del establishment político, incrustado en las instituciones consideradas, desde los días de los padres de la patria, como base fundamental del edificio “democrático” de la nación, y ubicadas en la Casa Blanca y el Capitolio; esto explica el ataque de hordas fascistas al Capitolio y el berrinche de Trump al verse obligado a abandonar, sino hasta el último minuto y sugiriendo que volvería, las instalaciones de la Casa Blanca.
El fracaso de Trump – ¿momentáneo? – es el fracaso de un intento de deslegitimar las tradiciones o, más exactamente, la rutina del ejercicio del poder político imperial. Pero, en realidad, sólo se trataba de cambiar las formas, no el fondo del quehacer político; más aún, si algún “mérito” (¿?) le hemos de reconocer a Trump, es haber puesto en evidencia la podredumbre que excreta el poder imperial de la Roma americana; como en la conocida y divertida leyenda, bastó que un niño –Trump- señalara que la noble dama Lady Godiva andaba desnuda, para que la impúdica farsa del poder imperial quedara al desnudo ante la mirada estupefacta del mundo entero.
Pero, no nos hagamos ilusiones, Trump puede estar no sólo ya muerto políticamente y a un tris de parar con sus huesos de viejo y degenerado corrupto en la cárcel -¡ojalá¡- pero sólo como persona física, porque el movimiento que él ha suscitado, sale hoy más fuerte que hace 4 años; las cifras no engañan: más de 74 millones votaron por él, 45% de los cuales le siguen con perruna fidelidad aún hoy día; 95% de los que votaron por Trump creen que hubo fraude, es decir, están firmemente convencidos de que el nuevo gobierno es espurio y, por ende, antidemocrático; la fe en el sistema “democrático” norteamericano está severamente golpeada; haga lo que haga la nueva administración, siempre será objeto de sospecha y rechazo por casi la mitad de los ciudadanos yanquis, pues en la política pasa lo mismo que en el amor: si se pierde la confianza todo está arruinado. Esto lo cambia todo; hoy el enemigo de Estados Unidos no está afuera; en vano se buscaría en Pekín o Moscú, y menos en Pyongyang, Caracas o la Habana, porque está en sus propias entrañas; como en la lúcida y esclarecedora película de Bergman, la serpiente ha incubado un huevo que engendrará una nueva víbora. Desde este punto de vista, buscar las causas de los males endémicos de la “democracia” norteamericana fuera de sus fronteras, no deja de ser un acto de mala fe, como sospecho parece estar incurriendo el nuevo Secretario de Estado; si insiste en ese trillado e irresponsable juego, como ya lo advirtió en la cumbre (virtual) de Davos el líder de China, la consolidada potencia hegemónica mundial, el nuevo gobierno yanqui pondría en peligro la paz mundial en detrimento de todos, incluidos en primer lugar, quienes lo provoquen. Por su parte, Putin, al derrotar en Siria a la OTAN y a sus aliados regionales del régimen sionista, ha demostrado estar mucho más avanzado en tecnología bélica y estrategias militares que sus adversarios occidentales. China ha proseguido con su política de conformar pactos de amplio espectro en el campo comercial, como lo demuestra la formación de una zona de libre comercio – la más amplia y poderosa del mundo actualmente- con todos los países de Asia y Oceanía, con la – ¿momentánea? – excepción de la India; en la misma línea de apertura mundial en los mercados, ha de interpretarse el acuerdo recién firmado entre China y la Unión Europea. Con ello, queda claro que el epicentro de las finanzas mundiales no es más Wall Street.
Las repercusiones en los ámbitos económico, social y político no han hecho sino ahondar y acelerar la crisis estructural del fallido modelo neoliberal, crisis que, desde 2008, ha venido siendo el protagonista principal del escenario de la geopolítica mundial. Hasta ahora, las medidas adoptadas por los sectores hegemónicos de la metrópoli imperial para enfrentar su crisis interna, no sobrepasan el ámbito coyuntural, muy justas por lo demás, tales como dar de inmediato multimillonarios subsidios a los sectores más empobrecidos, solventar el problema de los inmigrantes, contrarrestar la ola racista y combatir los prejuicios supremacistas tan en boga en la administración anterior y, lo más importante, tratar de imponer mayores cargas impositivas a las minorías plutocráticas. Pero esto no basta; para llegar al fondo del problema se debe cambiar radicalmente el “orden” económico-mundial imperante desde los acuerdos de Breton Wood, impuestos por la potencia que se creyó ganadora luego del cataclismo de la II Guerra Mundial. La solución no está en exportar la guerra a los países periféricos con el único fin de satisfacer los apetitos criminales de ganancias del complejo militar industrial, el más poderoso lobby en los sinuosos pasadizos de Washington; las élites imperiales deben, por fin, llegar al convencimiento de que la guerra ya no es un negocio, como lo ha señalado en múltiples ocasiones el Papa Francisco. Para lograr una salida a la crisis actual, se requiere que los países periféricos se unan y conformen un bloque que les dé protagonismo en el escenario de la geopolítica mundial; la pandemia ha demostrado fehacientemente que la humanidad es una sola, por lo que ya no hay problemas locales: las calenturas de unos pocos pronto se convierten en la pulmonía de todos…
Y para poner punto final a estas reflexiones, cabe preguntarse: y en Tiquicia ¿qué? Ese asunto lo trataré en un próximo artículo.
En una muy esperada decisión dada a conocer este 5 de febrero del 2021, la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió que la CPI tiene plena jurisdicción para conocer de exacciones cometitas por Israel y ello, en todos los territorios palestinos, sin excepción de ningún tipo (véanse los comunicados de prensa de la CPI en inglés y en francés).
Por parte de la sociedad civil, son varias las organizaciones que expresaron su profunda satisfacción con esta decisión (véase, entre muchos otros textos, el comunicado de prensa de Human Rights Watch).
Esta Sala de la CPI estuvo integrada por tres miembros: una jueza (oriunda de Benín), y dos jueces (de Francia y de Hungría); y fue presidida por el juez húngaro, el cual optó por separarse del criterio de sus dos colegas.
La conclusiones a las que llega la Sala de la CPI en breve
En su larga sentencia (véase texto completo de 60 páginas), la Sala de la CPI concluye en su parte dispositiva que:
«- that Palestine is a State Party to the Statute; (…)
– by majority, Judge Kovács dissenting, that, as a consequence, Palestine qualifies as ‘[t]he State on the territory of which the conduct in question occurred’ for the purposes of article 12(2)(a) of the Statute; and (…)
– by majority, Judge Kovács dissenting, that the Court’s territorial jurisdiction in the Situation in Palestine extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem«.
Como se puede observar, dos jueces de los tres optaron por considerar que la justicia penal internacional es competente para examinar lo que ocurre en todos los territorios palestinos, incluyendo Gaza y Jerusalén Oriental: un escenario particularmente temido por Israel. Algunos de sus aliados (Alemania, Australia, Austria, Brasil, Hungría, República Checa y Uganda) intentaron en los amici curiae presentados en La Haya, convencer a la CPI de declararse incompetente y de limitar su competencia territorial, sin lograr mayores éxitos en su gestión.
Habíamos tenido la oportunidad de analizar el alcance de la demanda presentada por Palestina en el 2018, así como los intentos (desesperados) de Israel y de sus aliados para intentar evitar a toda costa que se concretara lo que se escuchó en La Haya este 5 de febrero del 2021 y que viene a confirmar en todos sus extremos la interpretación hecha por la Fiscalía de la misma CPI (véase nuestra breve nota titulada «Solicitud de investigación contra exacciones militares israelíes procede en todos los territorios palestinos, Gaza incluida. Fiscal de la Corte Penal Internacional«, publicada en el Portal de la UCR, sección Voz Experta, edición del 12/05/2020, y disponible en este enlace).
La actitud desafiante de Israel y de su incondicional aliado norteamericano ante la justicia penal internacional
Cabe recordar que cuando la Fiscalía de la CPI anunció que había procedido a iniciar formalmente una investigación en Palestina en diciembre del 2019, en Israel, el Primer Ministro y el Ministro de Defensa calificaron a la CPI como antisemita (véase nota del Jerusalem Post y este cable de la agencia Reuters), como parte de las gesticulaciones iracundas del aparato estatal israelí que ya no impresionan mayormente.
Hay que tener presente que Israel pudo beneficiar como nunca antes en la historia de un ocupante de la Casa Blanca (hasta enero del 2021) dispuesto a satisfacer cada una de sus pretensiones y de sus caprichos, tanto en el plano bilateral como multilateral: como parte del abanico de presiones ejercidas sobre la CPI, Estados Unidos adoptó de manera insólita sanciones contra el personal mismo de la CPI en junio del 2020, que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nuestra breve nota titulada «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)» y disponible en este enlace).
Anteriormente, y como expresión de solidaridad absoluta con Israel, Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos cuando este órgano de Naciones Unidas votó una resolución creando un mecanismo para investigar las exacciones israelíes contra los manifestantes palestinos que participaron a la denominada «Marcha del Retorno«, en junio del 2018 (véase al respecto nuestra breve nota titulada «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes» y disponible en este enlace).
Foto de la Embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas saliendo de la sala de sesiones del Consejo de Seguridad al iniciar su alocución el Embajador de Palestina, el 15 de mayo del 2018 en Nueva York. Foto extraída de nota de prensa titulada «EE.UU. se queda solo en la ONU» (La Vanguardia, edición del 16/5/2018).
Más allá de posturas, vociferaciones y de las amenazas puestas a ejecución por el aliado norteamericano, en julio del 2020 se filtró en la prensa israelí que las autoridades preparaban un lista secreta de cientos de integrantes de sus fuerzas de seguridad involucrados en actos susceptibles de calificar como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad (véase nota de Haaretz del 16/07/2020 titulada «Israel drafts secret list of hundred of officials who may stand trial at Internacional Court» y esta otra nota publicada en la misma fecha en The Times of Israel).
A modo de conclusión
Esta sentencia del 5 de febrero del 2021 viene a finalizar un largo recorrido procesal desde la solicitud de investigación preliminar presentada en mayo del 2018 por Palestina (véase cronograma seguido en este documento oficial de Naciones Unidas) y abrir una nueva y decisiva etapa.
Con esta decisión, la justicia penal internacional ve despejado el camino para examinar todo lo observado, documentado y denunciado en el territorio palestino desde el mes de junio del 2014, y que tiene enlutadas a tantas familias en Palestina, esperando desde entonces por justicia y clamando por ella.
El hecho que una jurisdicción internacional como la CPI, por vez primera en la historia del derecho internacional público, se pronuncie sobre el estatuto de Palestina como Estado y acepte examinar lo que ocurre dentro de su territorio, confiere a esta decisión un alcance ya no solamente jurídico, sino altamente simbólico y esperanzador.
Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR) Enviado a SURCOS por el autor.
Sentires y Saberes es un espacio del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Busca profundizar la reflexión en torno a los Bienes Comunes, sobre su origen, propiedad y gestión.
En esta ocasión compartirnos con María Cianci Bastidas de La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) sobre las relaciones entre Bienes Comunes y la comunicación, una caracterización del contexto, principales tensiones y algunos desafíos para los procesos organizativos comunitarios. Le invitamos a ver la entrevista:
La Orquesta de las Selvas Tropicales presenta una canción sobre la importancia cultural y las luchas de los pueblos originarios. Este proyecto es resultado de la alegría, solidaridad y compromiso de muchas personas costarricenses, que están conscientes de la importancia de preservar las culturas de los pueblos originarios y de acompañarles en los procesos que se viven a nivel interno con respecto a la defensa de sus territorios.
La canción “Cinco Siglos Igual” es del músico León Gieco. Fue elegida porque resume y expone de alguna manera, una historia fatídica para muchos pueblos de hace más de 500 años, además que ha sido un himno y emblema en toda América Latina porque representa sus procesos de lucha y visibilización. La adaptación de esta obra musical se relaciona directamente con los pueblos originarios de Costa Rica; los arreglos y grabaciones fueron hechos en las casas de las personas colaboradoras debido a los tiempos de crisis por la pandemia del Covid-19. La producción tardó alrededor de 3 meses.
Por último, se extiende la invitación a escuchar esta hermosa canción, que está dedicada a las zonas rurales y pueblos originarios, que está hecha con todo el propósito de que el sexto siglo sea un camino, un andar para transformar la dolorosa historia de esta población, expuso Guadalupe Urbina, una de las participantes de esta experiencia musical.
La versión en YouTube se encontrará disponible a partir de 24 de febrero, esto en conmemoración del primer año del asesinato del líder comunal y recuperante indígena Bröran Yehri Rivera. Por ahora, les compartimos una versión preliminar.
