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Autor: María José Ferlini Cartín

Perú y Guatemala: devoraron la honestidad

“Necesitamos una Nación
donde la corrupción
no sea una forma
consentida de gobernar”,
Javíer Díez Canseco.

Lic. José A. Amesty R.

En el transcurso de pocas semanas, han explotado dos naciones, una sudamericana y otra centroamericana, producto de los altos índices de corrupción, entre otras; en las altas, medias y bajas esferas de sus gobiernos, Perú y Guatemala. Lo irónico, es que sus presidentes, afirmaron alguna vez, en el caso de Alejandro Giammattei: “persigamos la maldita y asquerosa corrupción”; en el caso de Martín Vizcarra: “que se investigue todo, incluso aquellas denuncias que ya fueron archivadas”. Es obvio, que no pudieron, o se dejaron llevar por la descomposición social, política, económica, entre otras, aunque era su bandera política al llegar al gobierno. Echemos un vistazo a algunos datos, sobre la corrupción en estos dos países, aunque lo que da es vergüenza; sin extrañarnos, que haya nuevos casos prontamente, ya que al parecer los gobiernos de derecha en América Latina están echando aguas, y la corrupción los está engullendo. En el caso del presidente peruano Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso Nacional por “incapacidad moral permanente”, pero lo sarcástico es que ese Congreso Nacional, más de 60 de sus parlamentarios, tienen denuncias en la Fiscalía, algunos tienen sentencia probada, y están esperando la decisión del Congreso, para que se levante su inmunidad parlamentaria. Veamos que la moción de destitución del mandatario fue aprobada por 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando ampliamente los 87 necesarios, al cierre de una sesión plenaria de casi ocho horas. Entre quienes votaron por sacar al presidente estuvieron los legisladores del Fujimorismo, con una larga historia vinculada a la corrupción, y que saborearon su venganza, contra el hombre que les hizo perder su mayoría en el Parlamento, y apoyó los procesos anticorrupción que llevaron a prisión a su jefa Keiko Fujimori.

También votaron su destitución legisladores del ultranacionalista, Unión por el Perú, cuyos principales parlamentarios están acusados de corrupción, y que es dirigido desde la cárcel por el ex militar Antauro Humala -hermano el expresidente Ollanta- en prisión desde 2004, por la muerte de cuatro policías, durante la toma de una comisaría en un frustrado intento de derrocar al expresidente Alejandro Toledo.

Asimismo, los legisladores de Podemos Perú, partido dirigido por un empresario que se ha hecho millonario con el negocio de universidades de baja calidad, y que fue detenido acusado de haber sobornado magistrados, para lograr la irregular inscripción de su partido, que responde a una secta evangélica.

Lo cierto es, que las denuncias de corrupción son un flagelo que ha afectado, al menos, a los últimos seis gobernantes peruanos: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, el suicidado Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra; sin incluir los recientes Manuel Merino y Francisco Sagasti.

Lo cierto también es que, las entidades que conforman el Estado peruano, están, desde hace muchos años, en un proceso de degradación (de la clase dominante), que arrastra a toda la sociedad hacía su debacle e inviabilidad como país, cuya clase dirigente es incapaz de resolver, y quienes no se dan cuenta de este proceso de degradación social, que pone en jaque a todo su estrato social, pero que lastimosamente el pueblo peruano, aún herido por años de embrutecimiento, opresión y represión, sin dirección política alguna, no puede capitalizar a su favor, esta condición revolucionaria.

Un caso emblemático de corrupción en América Latina, y del cual no escapa Perú, son las denuncias, investigaciones y confesiones de ejecutivos del grupo empresarial Odebrecht, quien involucra a gobernantes, funcionarios y empresarios peruanos, ya que entre el 2005 y el 2014, efectuó sobornos por 29 millones de dólares, a cambio de los cuales obtuvo más de 143 millones de beneficio, fechas y cifras que figuran en un informe del Departamento de Justicia de EEUU, y que de acuerdo a las normas del país del norte, Odebrecht deberá pagar una multa de más de 3,5 mil millones de dólares, por haber entregado 788 millones de dólares, en sobornos para obtener contratos del sector público.

Algunos historiadores del Perú sitúan la corrupción desde una perspectiva ideológica de la corrupción (corrupción estructural), y cuya expresión mejor elaborada es: “ha robado, pero ha hecho obras”, refiriéndose a los mandatarios y funcionarios públicos peruanos.

En este sentido, la propia narración de la historia republicana peruana, a través de textos y no pocos tratados de historia, para la educación superior, ha contribuido con la ideología de la justificación del robo oficial, del soborno administrativo y de todo tipo de maniobras para apoderarse de millones del presupuesto nacional, en cada nivel gubernamental.

Claro, en las últimas décadas esta ideología, como percepción falseada de la realidad, se ha extendido y sofisticado en los procesos políticos electorales, desde las elecciones generales a la presidencia, hasta las regionales y municipales.

Hay, pues, entonces, según algunos historiadores, una corrupción de origen histórico, que ha ido conformado esa lacra ideológica de la corrupción. Pero la corrupción en el Perú no tiene solamente un origen histórico. Es la misma estructura económica y social imperante la que reproduce esa herencia histórica. El contenido patrimonialista del Estado, el carácter marcadamente privatizado de ese aparato de dominio de unas clases sobre otras dirige y promueve la tendencia a apropiarse de todo lo que sea posible en cuanto se asume una posición de poder.

Y en este sentido, para acabar con la corrupción, los cambios jurídicos no bastan, como lo propuso, en algún momento, el candidato a la presidencia Ollanta Humala, especialmente la no prescriptibilidad de los delitos de hurto en agravio del Estado, y la no aplicación de los privilegios penitenciarios a estos delincuentes de cuello y corbata.

Estas propuestas son importantes, pero insuficientes para terminar con el flagelo que corroe al viejo Estado peruano, que requiere una remoción total de su actual estructura económica y social.

Y qué decir de Guatemala y la corrupción. Iniciamos con un dato nada liviano, sucedido el año pasado, en relación a la descomposición de la sociedad guatemalteca.

Las autoridades de Guatemala impidieron el ingreso al país (2019) de un integrante, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Yilen Osorio, esta Comisión Anticorrupción, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas ONU, está investigando a varios integrantes del gobierno, incluido el presidente, Jimmy Morales, y su hermano (Samuel Morales), que niegan todo tipo de acusaciones. Osorio dirige una investigación por presunta corrupción, en la que estarían involucrados entre otros también el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos.

Jimmy Morales, fue presidente de la República de Guatemala, entre el 14 de enero de 2016 y el 14 de enero de 2020, tras ser electo en las elecciones generales de 2015.

Por supuesto, activistas humanitarios y autoridades indígenas ancestrales, repudiaron la retención de Osorio, además una veintena de organizaciones y municipalidades indígenas, calificaron de “vergonzosa” esa decisión de retener al investigador colombiano.

La premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, pidió ayer a la comunidad internacional condenar la retención del investigador de la CICIG.

En los últimos 11 años, la Comisión individualizó numerosos casos de corrupción que involucraron a más de 600 personas en Guatemala.

En resumen, Jimmy Morales, es considerado como el peor presidente de la Guatemala “democrática”, deja un país desolado por la desigualdad, el empobrecimiento y el pacto de corruptos.

Le sucede, Alejandro Giammattei, quien, según opinadores, no implicará mayores cambios para Guatemala, más que el aumento del autoritarismo, la represión y la continuidad del “pacto de corruptos”.

Con un 57,95% del electorado guatemalteco, obtuvo la victoria presidencial Giammattei, en medio de unas elecciones caracterizadas por el intervencionismo, el lawfare y el porcentaje más alto de abstencionismo en la historia, el 61,41%.

Llega al gobierno guatemalteco, con acusaciones en torno, primero, a la intromisión de la Corte de Constitucionalidad para eliminar de la contienda electoral a Thelma Aldana y a Zury Ríos, lo que posibilitó el camino electoral para Giammattei y Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y segundo, Alejandro Giammattei es conocido por la masacre en el Pavón en 2006. Fue director del Centro Penal cuando se llevaron a cabo una serie de asesinatos, los cuales serían demostrados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, como parte de una política de limpieza social y mano dura.

Giammattei, durante la campaña electoral, se encontró rodeado por militares y por personas acusadas de corrupción. Además, en distintos momentos, Alejandro Giammattei alardeó sobre su tono autoritario y la mano dura es una de sus promesas de campaña.

Fue extraño, que, durante un viaje a Taiwán, los nombramientos de la rama securitaria, fueran hechos por los militares, sin su presencia.

A su vez, como si fuera poco, diversas carteras del Estado se encuentran en manos de ex asesores del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Todo parece indicar que en Guatemala seguirá reinando el neoliberalismo blindado por el Ejército.

Una perla en su gestión es que se suma la impunidad como política de Estado, donde Jimmy Morales fue juramentado como parte del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Brindándole a Morales la inmunidad parlamentaria. De momento, por donde se vea, las expectativas sobre cambio en Guatemala son prácticamente nulas. Y ello es una mala noticia para quienes viven en Guatemala y en toda Centroamérica.

Finalmente, hemos conocido las últimas informaciones, que tras la aprobación del presupuesto neoliberal para 2021, manifestantes incendian el Congreso Nacional y exigen la renuncia del presidente Giammattei, cuyo presupuesto no prevé aumentos en las partidas de salud y educación, y tampoco en las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil.

El presupuesto de casi 12.800 millones de dólares, un 25% más abultado que el de este año 2020. La mayoría de los fondos, están dirigidos a infraestructuras para beneficiar al sector privado.

El 60% de la población, de casi 17 millones de habitantes de Guatemala, la mayoría indígenas, vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años. Además, varias entidades económicas y analistas advierten que es un riesgo que un tercio del presupuesto sea financiado por deuda.

Asimismo, el Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares, para atender la pandemia, aunque solo se concedieron menos del 15% de esos recursos, que no se usaron en temas de salud.

Los manifestantes llenaron la plaza central, frente al antiguo palacio de gobierno en la capital, portando banderas azul y blanco del país, y pancartas con lemas como “No más corrupción”, “Fuera Giammattei” y “Se metieron con la generación equivocada”.

Conversatorio: «La politización evangélica en perspectiva comparada: los casos de Argentina y Costa Rica. Semejanzas y diferencias»

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo invita al conversatorio “La politización evangélica en perspectiva comparada: los casos de Argentina y Costa Rica. Semejanzas y diferencias» el próximo 04 de diciembre a las 10:00 am.

En el evento virtual participan:

𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝘀 𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶

Argentino. Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Investigador adjunto en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-ARGENTINA). Profesor Adjunto en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Autor del libro: «Los evangélicos en la política argentina: crecimiento en los barrios y derrotas en las urnas» (Editorial Biblos, 2020).

𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝘆 𝗣𝗶𝗻𝗲𝗱𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗰𝗵𝗼

Costarricense. Licenciado en Sociología, Universidad de Costa Rica. Investigador-profesor del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.

Modera: Catalina Montenegro (comunicadora, productora e investigadora UNED).

El conversatorio se transmitirá en Youtube y Facebook.

66a. entrega firmas de apoyo Campaña Nacional «Etiquetado de transgénicos ¡Ya!»-noviembre 2020

Red Biodiversidad informa que se entregó a los jerarcas de los ministerios MEIC (Victoria Eugenia Hernández Mora), MINSA (Daniel Salas Peraza) y MAG (Luis Renato Alvarado Rivera), así como al actual presidente de la República (Carlos Alvarado Quesada) una última nota con el acompañamiento de la sexagésima sexta (66ª.) entrega de firmas de apoyo a la solicitud formal realizada el 16/04/2015 para la elaboración de un reglamento de etiquetado de los productos alimentarios que contengan en su fórmula productos transgénicos.

Además, se incluyó la promesa realizada por el señor presidente Carlos Alvarado Quesada, en la que se compromete firmando, junto a sus vicepresidentes y otros miembros del gobierno a establecer “… la obligatoriedad de informar al consumidor de alimentos para consumo humano o animal que contengan ingredientes genéticamente modificados”. Punto 9. del documento adjunto «Acuerdos con sectores. Carlos Alvarado Presidente 2018. Yo creo en el Ambiente»).

Con esa última entrega antes mencionada, ya suman 56 507 (Cincuenta y seis mil quinientos siete) firmas de personas que desde sus espacios y luchas apoyan y solicitan que la promulgación de un decreto ejecutivo haga valer ya el compromiso que se adquirió por parte del presidente para hacer efectivo el derecho constitucional que tenemos todas las personas consumidoras a recibir información adecuada, precisa y veraz, así como a la libertad de poder elegir que consumimos, esto se especifica en los términos de nuestra Carta Magna (art. 46), la Ley n.° 7472 de Defensa Efectiva del Consumidor (art. 32, 33 y 34) y su reglamento (Decreto Ejecutivo n.° 25 234-MEIC, art. 91 y 92).

O nos unimos, o nos hundimos como país: tal es la disyuntiva ante la grave crisis actual

Luis Fernando Astorga Gatjens
luferag@gmail.com

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), al analizar la situación económica actual y las perspectivas post-pandémicas (todavía no claramente dibujadas), señala un severo incremento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en los países de la región latinoamericana y caribeña.

En este contexto de análisis y previsión del panorama económico y social, este prestigioso organismo de las Naciones Unidas, fija para Costa Rica una situación de significativo decrecimiento económico y de un preocupante aumento de la pobreza y la desigualdad social.

El decrecimiento del país que CEPAL (en coincidencia con el FMI), había estimado inicialmente en -3,3 %, en el más reciente reporte lo proyecta en -5,5 %. Todo hace prever que el golpe económico que sufrirá el país en este 2020, será mucho mayor de lo esperado. Valga indicar que estos números negativos podrían ser aún más negativos, si la pandemia y sus severos efectos, se prolongan por más tiempo de lo que se vaticina en el presente.

Por otra parte, el incremento de la desigualdad, la CEPAL lo valora entre un 3 y casi un 4 %. Es oportuno aquí recordar que el Coeficiente de Gini sirve para medir los niveles en la desigualdad en los ingresos en un país. Es decir, cómo se distribuyen los ingresos que se generan. Se trata de un valor numérico que va del 0 al 1. El cero representanta la perfecta igualdad en la distribución de los ingresos. Así las cosas, en la medida en que la cifra se acerca a cero, la igualdad es mayor y cuando, está más cerca de uno se da lo contrario.

Costa Rica en las últimas décadas ha venido perdiendo terreno en el Coeficiente de Gini, de manera sostenida. Lo cual es un reflejo del aumento de la desigualdad. Según el Banco Mundial, ocupa el poco honroso lugar noveno entre los más desiguales del mundo. Y si la proyección de la CEPAL se cumple, la desigualdad será mucho mayor. Éramos tantos y parió la abuela, como bien lo sintetiza este refrán popular.

Y lo que aparecen como números y datos estadísticos fríos se traduce en miles hogares costarricenses donde el hambre, se asomaría irremisiblemente a sus puertas. Se trata de un panorama desolador donde para muchas personas apenas habrá recursos para una dura supervivencia.

En el presente, ya se han empezado a generar múltiples brotes de reclamo social ante el Gobierno, por la falta de una respuesta clara y contundente ante el panorama económico y social, actual y futuro. La desesperación es una mala consejera que, si no se contiene, se puede desbordar y llevar al país al caos.

Hay también fundados reclamos de que la pesada carga que genera la crisis está muy mal distribuida. Hay sectores muy afectados por la crisis (trabajadores despedidos o a quienes se les redujo la jornada laboral; agricultores pequeños y medianos; medianos, pequeños y microempresarios; un sector importante de las y los trabajadores del sector público –particularmente, los de salarios más bajos–; trabajadores y trabajadoras informales; mujeres jefas de hogar; personas mayores; personas con discapacidad; entre otros), hay sectores que han salido hasta ahora casi indemnes e, incluso, hay otros que han obtenido ganancias en medio de la crisis. Estos últimos constituyen una pequeña minoría, pero muy poderosa, que no han contribuido pagando los impuestos que les corresponde, utilizado para ello diversos mecanismo de evasión y elusión fiscal, como bien lo señaló el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles.

En las circunstancias actuales es urgente y necesario que todas y todos nos percatemos de que el país nunca antes ha enfrentado un desafío de dimensiones tan grandes. Si la situación económica, política y social era muy difícil antes de la pandemia, todo hace prever que la crisis que generan las obligadas medidas restrictivas ahondará la crisis.

Lo más complicado es que esta desafiante emergencia encuentra a un país con un débil liderazgo gubernamental y con una gran división producto de una atomización de intereses. Asimismo, hay agrupaciones políticas que no han medido con claridad los graves alcances de la pandemia y añoran una pronta vuelta a la normalidad anterior. Y eso no va a suceder. El mundo y el país ha de cambiar inevitablemente y todavía no están definidos los hilos de ese nuevo tejido de normalidad post-pandemia. Estas agrupaciones, en vez de formular propuestas con un sentido unitario y patriótico, están enmarañadas en lo que podrán obtener en las elecciones del 2022.

La desafiante tarea dirigida a evitar que la pobreza y la desigualdad nos desborden, así como el caos social y político, obliga a una imprescindible toma de consciencia inmediata y lúcida, y la renuncia coyuntural de los intereses particulares y de grupo, a favor de una acción unitaria, de un diálogo constructivo para buscar una solución nacional, viable y patriótica. Sólo de esta manera, podremos recuperar y tener un país, en el cual podamos celebrar el segundo centenario de su fundación.

O nos unimos, o nos hundimos como país: Tal es la disyuntiva ante la grave crisis actual. Y el tiempo corre en nuestra contra.

 

Enviado por el autor.

Banco Nacional solicita actualizar información de crédito a clientes afectados económicamente por la pandemia

  • Para desarrollar políticas económicas que generen tranquilidad

  • El formulario esta publicado en el sitio web

  • Digitar la dirección www.bncr.fi.cr

El Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica (CFBNCR) requiere conocer la situación financiera actual de sus clientes, con el fin de ofrecerles una solución integral a sus operaciones de crédito.

Por esta razón, está solicitando a los deudores, completar el formulario que se encuentra publicado en el sitio web www.bncr.fi.cr y con el fin de que un equipo colaboradores realice un análisis de la situación. Es importante mencionar que este formulario no equivale a una solicitud de prórroga o arreglo de pago con el Banco Nacional. Los datos permitirán a la entidad desarrollar las políticas acordes a las necesidades de quienes tienen financiamientos de consumo, vivienda, pequeña empresa y empresariales.

“Para el Conglomerado Financiero Banco Nacionales un desafío, porque además de procurar nuestros indicadores económicos en niveles adecuados, debemos apoyar a nuestros clientes en tiempos de crisis como la que hemos vivido juntos, a partir de la presencia del Covid-19. Para nosotros es fundamental su bienestar financiero, por esa razón, hemos aplicado durante este año las modificaciones en nuestro modelo de cobro de crédito, para establecer las prórrogas a sus financiamientos y generarle un poco más de tranquilidad”, indicó Francisco Gamboa, Director General de Relaciones Institucionales.

Una vez recopilados los datos de los clientes, un grupo de colaboradores los estarán analizando para brindar soluciones individualizadas debido a que cada caso es particular.

Se recuerda a los clientes acceder solo sitios seguros, no digitar la dirección en buscadores y no ingresar ningún enlace que parezca sospechoso, tampoco facilitar claves o números de token, el Banco Nacional no se solicitará ninguno de esos datos.

“Desde hace más de 106 años hemos hecho banca responsable y este 2020 con mucha más razón, quedamos a la espera de su información para continuar nuestra labor.” Concluyó Gamboa.

 

Imagen tomada del blog del Banco Nacional.

Aportes al pensamiento jurídico costarricense V

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Con gusto les comparto el siguiente texto que es una combinación entre el prólogo que escribí a la obra y la presentación pública de esta biografía-homenaje a uno de los grandes juristas y maestros del derecho en nuestro país.

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Libro-Homenaje a don Ulises Odio Santos

Los pueblos que no recuerdan ni veneran la memoria de sus héroes, sus mártires o sus ciudadanos ejemplares, están condenados al extravío, al olvido, a la decadencia y finalmente a su extinción. Honrar las figuras que de muy distintas maneras han salvado la integridad de la Patria, han dado la vida por ella o la han ilustrado por medio de sus acciones en los campos que fuera, por el contrario, permiten sostener en el tiempo los méritos, lo mejor de la identidad de un conglomerado humano y permiten proyectar a futuro la herencia de un pasado valioso que tuvo brillo por la acción de hombres y mujeres extraordinarios. Por eso, llegar en este día a rendir un pequeño homenaje a un gran jurista y maestro como lo fue Ulises Odio Santos, persigue, aunque de manera modesta, cumplir con la obligación moral de recordarle a las nuevas generaciones quién fue y qué hizo este ilustrísimo ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Pretendemos también perpetuar su memoria y su legado, para que se entienda que en el ejercicio del Derecho en esta nación, ha habido personalidades fuera de lo común, forjadas a fuerza de estudio, trabajo y excelencia, y que pertenecieron a una generación que les tocó forjar un Poder Judicial fuerte en una Costa Rica volcada sobre la búsqueda de la verdad, la justicia y la ley como instrumentos de paz social y democracia activa.

Resulta por esto importante referirnos a algunos de los antecedentes que explican la publicación de esta biografía-homenaje a la persona del jurista Odio Santos, ex magistrado de varias Salas y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

El primero de ellos se ubica en el contexto de la XIII Cumbre Judicial de los países iberoamericanos, realizada en República Dominicana en junio de 2006 y en la cual se promulgó el Código Modelo de Ética Judicial para la región y con éste, se instauró la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ).

Pocos meses después, en setiembre de ese mismo año, se llevó a cabo la primera reunión anual de la CIEJ en Argentina, donde se decidió convocar a la primera edición del Premio Iberoamericano al Mérito Judicial. Esta iniciativa buscaba el reconocimiento a la carrera y aportes de juristas especialmente destacados del área de países integrantes de las cumbres, así como el conocimiento y difusión de estas figuras prominentes en toda la región.

Por iniciativa del entonces Magistrado Presidente de la Sala Constitucional y miembro titular de dicha Comisión internacional, don Luis Fernando Solano Carrera, el 16 de julio de 2007, la Corte Plena en sesión 22-2007, propuso, por parte de Costa Rica, el nombre de Ulises Odio Santos como postulante en el certamen que había sido convocado.

Fue así como en la segunda reunión anual de la CIEJ, realizada en Ciudad de México en setiembre de 2007, el candidato costarricense resulto ganador del Premio Iberoamericano al Mérito Judicial, proponiéndose en el mismo acto la elaboración de una biografía patrocinada por la CIEJ, para cuyos efectos Costa Rica debía proveer el texto correspondiente.

Para marzo de ese mismo 2007, don Luis Paulino Mora Mora, Magistrado Presidente de la Corte, recibió en nombre del Poder Judicial costarricense y de la familia de don Ulises, el galardón adjudicado en el marco de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en Brasil y pocos días después, en la inauguración del Año Judicial, se le hizo entrega a doña Norma Orozco, esposa del ex magistrados Odio Santos, la medalla representativa del premio obtenido.

No es sino nuevamente por iniciativa de don Luis Fernando Solano, esta vez ante el recientemente constituido Comité de Notables de la Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial, que en los primeros meses del año 2012, insta a retomar el proyecto de biografía en homenaje a don Ulises, concretándose la contratación, con autorización de Corte Plena del historiador y abogado Tomás Federico Arias Castro, iniciándose la recopilación de información por parte de este investigador, a la que se sumó la que ya estaba en manos de la entonces Directora del Despacho de la Presidencia magíster Nancy Hernández López, un juego de fotografías conseguido por el ex magistrado don Alfonso Chaves Ramírez y aportado por el Licenciado Alfredo Blanco Odio, y otra serie de indicaciones y aportes hechos por otros colaboradores, como las personas a entrevistar, entre las cuales estaban amigos, colegas y discípulos del insigne maestro, así como diversas fuentes de información, que fueron los recursos que finalmente dieron con la elaboración del primer texto borrador presentado por el autor de la biografía que hoy presentamos.

Posteriormente vino el trabajo de revisión y corrección por parte del Comité Editorial, mismo conformado por los integrantes del Comité de Notables de la Comisión de Ética y Valores, así como la corrección de estilo a cargo, principalmente, del magíster Rafael León Hernández, funcionario de la Secretaría Técnica de Ética y Valores.

El autor Arias Castro nos entrega un texto construido cuidadosamente, que va desde los orígenes europeos y caribeños de la ilustre familia Odio y su arribo a Costa Rica; la infancia y juventud de don Ulises en el Puerto de Puntarenas; su paso por la Universidad de Costa Rica donde ya da claros indicios de su excelencia como persona y como estudiante; hasta el itinerario que experimentó este prominente ciudadano y jurista ingresando a edad temprana a la carrera judicial, en la que descolló por su vocación sólida por el derecho y espíritu de servicio, hasta ocupar las más altas posiciones como magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Todo lo anterior puesto en perspectiva y contexto de la evolución histórica e institucional en la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, por cierto, una época especialmente relevante, en que le tocó a don Ulises Odio Santos ser parte de una generación que reconstruyó y reinventó a la Patria de este período.

Al valioso texto estrictamente biográfico, se le ha añadido un “Prólogo” donde el Comité Editorial consideró necesario ilustrar, sólo a modo de ejemplo y para conocimiento de las nuevas generaciones, el resumen y comentario de algunos de los temas más relevantes tratados por el jurista Odio Santos, a lo largo de su brillantísima carrera como juez y magistrado de la República. En este apartado, el aporte de la letrada de la Sala Primera, Rosalena González Ulate y del juez de apelaciones, magíster David Fallas Redonda; la primera resumiendo y comentando una amplia gama de materias del ámbito del derecho privado, coantecionso-administrativo, familia, entre otras; y el segundo haciendo lo propio respecto del derecho penal y procesal penal, labores que han aportado un valor agregado que esperamos sea disfrutado y aprovechado por quienes decidan estudiar más a fondo la obra.

Es nuestro deber indicar que este “Prólogo” no hubiera sido posible, sin el arduo trabajo previo de don Ricardo Hilje Quirós, uno de los discípulos más reconocidos del jurista Odio Santos, conocedor de su obra como pocos y quien tuvo a cargo la revisión general y exhaustiva de todas las sentencias publicadas de don Ulises, y que constan en los archivos de la biblioteca de la Corte Suprema y en las recopilaciones de sus Salas. Don Ricardo se abocó al análisis y selección preliminares, sobre los cuales se concretó el posterior trabajo ilustrativo de la letrada González Ulate y el juez Fallas Redondo. Es de importancia agregar que a propósito de la construcción de esta biografía y su prólogo fue necesario digitar, para que a futuro puedan consultarse de manera informática, las sentencias revisadas y seleccionadas por don Ricardo, material que habrá de servir de base para una próxima publicación, ya de todo este conjunto, a manera de antología o tesaurus, a cargo del mismo Profesor Hilje y con el enriquecimiento que sin duda él sabrá darle. La colaboración que para esta dura labor prestó la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, por medio de don Alfredo Jones León y doña Ana Eugenia Romero Jenkins, suministrando el recurso del digitador, ha sido de gran valía para el resultado final que hemos conseguido. No podemos dejar de mencionar tampoco la disposición que brindara la Licenciada Hannia Mendoza, Directora de la Biblioteca del Poder Judicial.

A todas las personas mencionadas nuestro agradecimiento. De manera especial al autor don Tomás Federico Arias Castro y, como suele ocurrir en este tipo obras, aunque el trabajo no ha sido fácil, finalmente se ha culminado gracias también a la participación y entrega de quienes han tenido la idea y quienes la han llevado a buen puerto.

Reiteramos que es de pueblos nobles reconocer la relevancia de sus mejores hijos. Ulises Odio Santos supo ser un ciudadano digno de ser emulado, un juez probo y sabio y, sobre todo, un impulsor de grandes cambios institucionales de la mano de la promoción de nuevas generaciones a quienes supo reconocer y alentar en el estudio y en el correcto ejercicio de la autoridad pública. Valga entonces este homenaje para perpetuar su memoria y enaltecer su luminoso paso por el Derecho, la Judicatura y la Docencia.

Ex Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex Comisionado de la Comisión Interamericana de Ética Judicial.
San José, octubre 2014.

Música en vivo: No callaremos frente al crimen

Este sábado 28 de noviembre a las 5:30 pm en Casa Calufa habrá música en vivo con Óscar Espinoza, Pancho y Rubén Golcher

Con ₡2000 colones usted podrá reservar su espacio al Sinpe Móvil: 8618 4801 (Óscar Espinoza).

 

Enviado por Óscar Espinoza.

Impuestos y no más evasión y fraude para afrontar la grave crisis del país

Luis Fernando Astorga Gatjens,
(luferag@gmail.com)

La situación económica-social del país es ya muy difícil y sin duda, se pondrá peor como consecuencia de la prolongación de los graves efectos de la pandemia, particularmente, las inevitables medidas de cierre, confinamiento y cuarentena.

Miles de familias costarricenses se han visto severamente golpeadas por la brusca reducción de los ingresos, por una crisis que ya ha alcanzado tres meses y cuyo horizonte de superación, no está claro.

La posibilidad de una vacuna eficaz y un tratamiento efectivo para combatir la covid-19, se vislumbran muy lejanamente. Se afirma que se podrían alcanzar resultados al final del presente año y con mayor certeza, en el 2021. Asimismo, está por verse si una vez obtenida la vacuna, se va a producir tan masivamente, que pronto pueda llegar con precios asequibles para países como el nuestro.

El pueblo costarricense en todas sus expresiones está sufriendo la crisis económica. Se incluye a ese 46 % de las y los trabajadores que ha venido subsistiendo dentro de actividades informales, y que el confinamiento, les impiden o les limitan la generación de ingresos. Las micro y pequeñas empresas que también se han visto limitadas a desarrollar sus actividades productivas. Los agricultores que ven cómo llegan las cosechas y se les complica la venta de sus productos en las ferias u otros mercados. Las y los trabajadores del sector privado que han sido despedidos o les fue reducida su jornada laboral y, lógicamente, también su salario. Las y los funcionarios públicos, especialmente, los de salarios más bajos, que no percibirían aumentos salariales en los próximos cuatro años.

Es seguro que en la medida que la situación de crisis sanitaria se extienda por más tiempo, las secuelas económicas y sociales serán más duras.

Los gastos en el campo de la salud se han aumentado y todo indica que se van a requerir más recursos para afrontar los desembolsos de los meses venideros. La CCSS, que ha sido tan significativamente debilitada en sus ingresos, requerirá que se le inyecten recursos tan urgentes como inmediatos. No hacerlo pone en grave riesgo al país, por el serio incremento de contagios que se está dando en el presente. La amenaza de un crecimiento exponencial está latente.

Para la obtención de recursos tanto para la atención sanitaria como para la reactivación económica, algunos sectores proponen la solicitud y obtención de préstamos en el exterior. En las condiciones actuales, algunos de estos préstamos hipotecarían el futuro del país y de las nuevas generaciones, y vendrían con condiciones muy desfavorables, que incluyen la venta de valiosos activos del Estado. Este no es un camino ni bueno ni sano para la economía nacional.

La pregunta inmediata que surge es: ¿Y de dónde se deben obtener los recursos que el país demanda con urgencia?

Una fuente fundamental en el presente deben ser los impuestos que evaden y eluden las grandes empresas. El año pasado el Ministerio de Hacienda publicó un número de grandes contribuyentes (que no lo han sido, valga la observación), que declararon cero ganancias de forma reiterada en los últimos diez años.

Muchos de estos “contribuyentes” forman parte de la UCCAEP, que ha venido impulsando acciones para hacer que el peso de esta grave crisis recaiga en las y los trabajadores del Estado y en otros sectores sociales y poblacionales. Esta organización, que representa los intereses de las grandes empresas ha pretendido, incluso, que algunas de sus representadas obtengan ganancias en medio de una situación tan apremiante para el país.

Por otra parte, cuando se ha propuesto la necesidad de aprobar impuestos, de inmediato la UCCAEP (como sus “representantes” y voceros en el Gobierno, en la Asamblea Legislativa y en algunos medios informativos), ponen el grito al cielo y los rechazan, utilizando múltiples argumentos, que esconden sus intereses y la falta de compromiso con el desarrollo democrático del país.

Ante la gravedad de la pandemia en sus efectos económicos, muchos reputados economistas (que incluyen Premios Nobel en este campo), se han pronunciado en el sentido de que, para afrontar esta crisis, es inevitable que los países aprueben cargas impositivas, particularmente, a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Es decir, a quienes han acumulado mucha riqueza y que, utilizando múltiples medios y mecanismos, eluden o evaden el pago de esos impuestos.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolitica (CELAG) ha realizado encuestas en disferentes países de la región, consultando sobre la necesidad de un impuesto a los grandes ricos y empresas, que contribuya a enfrentar la crisis generada por la pandemia. “Las últimas tres encuestas realizadas por el CELAG en los pasados dos meses, muestran que en Argentina, Chile y México existe un gran acuerdo sobre esta temática: En Argentina, el 78 por ciento de las y los encuestados estaría de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas; En Chile, este valor es de 72 por ciento y en México es de 67 por ciento. En todos los casos observados hay, como mínimo, dos tercios de la ciudadanía que apoyan esta política pública.

Este tipo de encuesta no se ha realizado en Costa Rica, pero es muy probable que, si se realizara, sin duda, la gran mayoría de la ciudadanía estaría de acuerdo en este tipo de impuesto. Igualmente, estarían de acuerdo, en que el gobierno utilice todos los mecanismos a su alcance para reducir la evasión y el fraude fiscal.

Es hora de que todos quienes se han beneficiado de todo lo que les ha ofrecido el país, contribuyan sin mezquidad y egoísmo, a que Costa Rica salga adelante de una situación tan desafiante como difícil.

Alternativas… Turismo: Mitos y Realidades

Este viernes 27 de noviembre a las 6 p.m., en el programa radial Alternativas se estará hablando sobre: “Turismo: Mitos y Realidades”. Estarán participando: Humberto Aguilar, Michelle Hidalgo, Hamer Salazar y José Rodríguez.

Puede sintonizarlo en los 1590AM o bien a través de Facebook Live.