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Autor: María José Ferlini Cartín

Pueblos originarios de Costa Rica continúan luchando y exigiendo justicia, a dos años del asesinato de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en . Publicado en Derechos.

Jueves 18 de marzo de 2021. A pesar de que Sergio Rojas Ortiz clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas; el 18 de marzo del 2019 fue asesinado de 15 balazos en su casa de habitación en Yery de Salitre, al sur de Costa Rica.

De su asesinato por razones políticas, debido a su participación en la lucha por la tierra y la reivindicación de los derechos de los Pueblos Originarios de todo el país, el Estado de Costa Rica es responsable por omisión, ya que no cumplió con sus obligaciones para garantizar la vida e integridad de Sergio Rojas. Este asesinato continúa impune hasta el día de hoy, los autores intelectuales y materiales no han enfrentado el sistema judicial.

Contrario a la impunidad sobre su asesinato, Rojas Ortiz estuvo siete meses en prisión preventiva (2014-2015) sin que la Fiscalía formalizara alguna acusación en su contra, o sea, estuvo privado de libertad bajo un proceso que nunca pasó de la etapa de investigación.

La condena a este cobarde acto de violencia fue unánime a nivel internacional y nacional por parte de organismos, instituciones y organizaciones de derechos humanos, sociales y de Pueblos Originarios; sin embrago en setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación por parte del Ministerio Público.

Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos (as) y personas de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”. El desarrollo de la investigación ha sido excesivamente lento y con irregularidades que han sido denunciadas, sin embargo la respuesta del Poder Judicial solo ha mantenido la vergonzosa impunidad.

En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Pero las semillas de dignidad, justicia, autonomía y lucha que esparció Sergio Rojas con su ejemplo han brotado en todos los Pueblos Originarios del país y más allá; los procesos de recuperación de tierras – territorios en la zona sur continúan y crecen, su ejemplo se trasladó a la zona norte donde el Pueblo Maleku por medio del Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama iniciaron en junio del 2020 procesos de recuperación de su Territorio.

Debido a la inacción y omisión del Estado de Costa Rica, la mayoría de territorios de los Pueblos Originarios siguen ocupados de forma ilegal por personas no indígenas y los actos de violencia contra estos Pueblos siguen creciendo, tanto así, que el 24 de febrero de 2020 fue asesinado de 5 balazos por la espalda Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba cuyo asesinato también se mantiene impune.

Diversos actos de violencia contra los Pueblos Originarios, como tentativas de homicidio, agresiones con armas, ataques de turbas, quema de casas y de cosechas, ataques químicos y amenazas de muerte siguen repitiendo en estos Territorios.

Según un recuento de hechos de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) sólo en el 2020 se registraron 88 actos de violencia en esa zona del país; las agresiones y amenazas también afectan al Pueblo Maleku y en todos estos casos que han sido denunciados pública y judicialmente, hasta el día de hoy reina la impunidad, ningún agresor ha sido condenado por estos actos.

Solo en la Zona Sur la CLSS da cuenta que 12 personas de Pueblos Originarios han sido víctimas de amenazas agravadas (de muerte), sus nombres son: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba). Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra), Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Dorios Ríos Ríos, Ariel Ríos (China Kichá) y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y Jose Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además de amenazas contra 2 defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery Lopez Castro.

Las organizaciones e instituciones firmantes demandamos:

  • Que el Poder Judicial atienda de manera diligente, oportuna y rápida la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, para lograr que se cumpla el principio de justicia pronta y debida.
  • Que el Poder Judicial cumpla con el debido seguimiento a la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • Que el Poder Judicial brinde atención prioritaria a las denuncias por los casos de amenazas agravadas de las personas indicadas anteriormente y otras que existan y brinde un informe del avance de dichos procesos.
  • Que la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, llame a comparecer a la Fiscal General de la República y al Ministro de Seguridad Pública para que brinden informes su quehacer ante la sistemática violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios.
  • Que las autoridades del Estado acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de realizar los desalojos administrativos necesarios y priorizados por diversos Pueblos Originarios para acabar con la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas.
  • Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la vida e integridad física y territorial de los Pueblos Originarios, haciendo efectivas las Medidas Cautelares de la CIDH y extendiendo las mismas a los Pueblos Originarios que sean necesarios.

Organizaciones firmantes:
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Concejo de Mayores Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra.
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Recuperador@s Brörán de Crun Shurin.
Recuperador@s Brörán de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.
Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Proyecto de Educación Popular y Geografía del Programa Kioscos Socioambientales.
Proyecto Conflictos Territoriales e Interétnicos CIAN-UCR
Proyecto autonomías indígenas y estructuras comunitarias de Gobiernos Propios CICDE-UNED.
Programa de Gestión local de la UNED.

¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
¡SERGIO VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra del hostigamiento sexual

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado 17 de marzo se emitió el comunicado SP-D-0243-2021 firmado por Oriester Francisco Abarca Hernández en el que se estipula que a partir del primer ciclo del 2021 se debe adjuntar una infografía a los programas de cada curso que se impartan, como medida para que los y las estudiantes puedan conocer cuáles son esas manifestaciones no verbales, verbales, físicas, escritas que son denunciables y aplicables a cualquier persona que forme parte de la Universidad de Costa Rica.

Lo anterior, se está manejando específicamente para la sede del pacifico: Arnoldo Ferreto Segura y fue promovido por la Asamblea de Mujeres de la Sede del Pacífico y comunicado oficialmente por la dirección de la Sede.

Adjuntamos el documento y la infografía:

SP-D-0243-2021-Personal-docente-sobre-infografía-para-incluir-en-programa-de-cursos-1Descarga

Programa Alternativas: “8M 2021: Mujeres de Occidente dicen y construyen”

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado viernes 12 de marzo se llevó a cabo el Programa radial Alternativas donde se discutió sobre el 8M en este 2021 y el papel de las mujeres de occidente.

En la charla participaron:

  • Raquel Sagot, consultora en sostenibilidad y formadora ecológica.
  • Ericka Álvarez, abogada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
  • Gabriela Soto Pérez, emprendedora.
  • Dayana Ureña Solís, docente y coordinadora general de las Asambleas Patrióticas Populares.
  • Gisela Víquez, abogada y funcionaria del Ministerio de Hacienda.

Puede ver la grabación del programa por medio del Facebook de Radio 16:

https://www.facebook.com/AlternativasGrecia/videos/449378569816388

UCR, Voz experta: Comunidades se manifestaron a pesar de la pandemia por COVID-19

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Por Daniel Fernández Vásquez y Ana María Araya Meneses, equipo de trabajo del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)

Daniel Fernández Vásquez y Ana María Araya Meneses. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Más de 400 acciones colectivas se registraron en comunidades de todo el país durante el 2020, según el monitoreo realizado por el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas1 (OCAC), de la Universidad de Costa Rica. Estas acciones nos permiten aportar una mirada que se suma a la planteada en el mes de agosto por el equipo de PROTESTAS2 del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Según el informe construido en el OCAC fueron 431 las acciones de grupos y organizaciones de la sociedad civil que se lograron registrar durante el 2020. Denuncias, pronunciamientos, marchas, asambleas, bloqueos, recuperaciones de territorio, entre otras, buscaban la garantía de derechos humanos, la protección del ambiente, la defensa de ríos y la oposición a proyectos de ley mayoritariamente.

Desde el OCAC hemos sistematizado principalmente, pero no únicamente, acciones vinculadas a la defensa del ambiente (87) y de los derechos de los pueblos indígenas (121).

En el primer caso, se muestra un panorama que choca con el discurso verde (ya bastante deslegitimado) que suele presentarse en el país. Es posible ubicar procesos organizativos por la defensa del agua y el ambiente ante la amenaza desde distintos frentes (monocultivos, deforestación, proyectos de riego, proyectos hidroeléctricos, entre otros), así como denuncias y pronunciamientos en contra de leyes que plantean retrocesos a nivel ambiental y social.

Por otro lado, en el caso de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, las denuncias tanto por la inacción del Estado para garantizar su derecho al territorio y seguridad, así como las constantes amenazas y agresiones en su contra y la impunidad por estos hechos, se han mantenido a lo largo de todo el año. Además, a esto se suman múltiples pronunciamientos y denuncias presentadas ante los desalojos planteados contra algunas de las recuperaciones en diferentes territorios.

Un punto a tomar en consideración a partir de las acciones que se reportan en el informe es la alta presencia de las declaraciones públicas, tanto de denuncia como de pronunciamiento a través de las redes y medios monitoreados. Si bien podemos señalar que las medidas de cuarentena podrían tener un papel en esto (será un tema sobre el cual la continuación del monitoreo nos podría brindar algunas luces), también encontramos que esta se posiciona como una vía de visibilización de los diferentes conflictos. Que valga decir, muchas veces son invisibilizados por los principales medios de comunicación.

También es posible afirmar, como lo hace el equipo de PROTESTAS (Alvarado, Cortés, Sáenz, Sánchez y Guzmán, 2020) que otros medios que toman lugar en los espacios públicos no son completamente descartados y un claro ejemplo de esto son las recuperaciones llevadas a cabo en los territorios indígenas u otras acciones como marchas, bloqueos y liberación del cauce de ríos desde comunidades.

Si bien un seguimiento mes a mes de las acciones monitoreadas permite identificar momentos de mayor confrontación ante diferentes conflictos y problemáticas, también permiten ver que las mismas se mantienen a lo largo del año sin interrupción. Es así, que si bien la pandemia ha marcado cambios en muchísimas dinámicas sociales, procesos como el despojo, la contaminación, la violación de derechos de los pueblos indígenas y la amenaza a los bienes comunes se mantienen vigentes. Esto en muchas ocasiones y según señalan los diferentes grupos que protestan, con el favor del Estado costarricense, ya sea por acción u omisión.

Ninguno de los conflictos o problemáticas desde donde surgen las acciones reportadas son recientes. En tan solo la última década (aunque podríamos mapear bastante más atrás en el tiempo) se registran más de 20 proyectos hidroeléctricos propuestos solamente en la zona sur del país, múltiples denuncias a empresas dedicadas al monocultivo por afectaciones en comunidades y zonas protegidas y un alto número de amenazas y actos de violencia (incluido el asesinato) en contra de personas indígenas y sus derechos. Esto último principal, pero no únicamente en las comunidades de Salitre y Chiná Kichá.

Es importante señalar que estos proyectos, muchas veces vienen entretejidos y acompañados de leyes o propuestas de ley que amenazan los diferentes territorios. Todo esto pone en evidencia la tensión existente entre un modelo de desarrollo impuesto y las necesidades y apuestas diferentes a las planteadas desde el gobierno que surgen desde muchas comunidades.

El informe de OCAC sobre las acciones comunitarias, se extrae del monitoreo de medios y organizaciones como “Surcos Digital”, “Radio Machete”, “La Voz de Guanacaste”, Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS), FECON, Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua – Puntarenas, Movimiento Ríos Vivos, Coordinadora Norte Tierra y Libertad (CNTL) y Ditsö. Dicho trabajo se suma al monitoreo de acciones colectivas a nivel nacional realizado desde la base de datos Protestas. Todos los documentos, informes y gráficos se encuentran disponibles en los enlaces https://protestas.iis.ucr.ac.cr y https://accionescolectivas.ucr.ac.cr

  1. Proyecto parte del Programa Nuevas formas de acumulación, distribución y desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
  2. Protesta y COVID-19 en Costa Rica. Informe Marzo-Julio 2020. Disponible en https://protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/199
  3. Informe Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas 2020. Disponible en: https://accionescolectivas.ucr.ac.cr/images/Informe_Anual_2020.pdf

 

Por Daniel Fernández Vásquez y Ana María Araya Meneses
Equipo de trabajo del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)

UCR: PIAM cumple 35 años renovando oferta

Escrito en . Publicado en Derechos.

Con variedad de cursos virtuales este programa sigue abriendo puertas

El PIAM sigue ofreciendo opciones educativas y recreativas para la población adulta mayor de Costa Rica. Debido a restricciones sanitarias todos los cursos seguirán bajo la modalidad virtual. Foto PIAM

Ya son miles de personas quienes desde el año 1986 han matriculado los cursos que cada año ofrece el Programa Institucional de la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM).

Con tan solo 300 personas, aquel año la Universidad de Costa Rica (UCR) dio un paso adelante en América Latina para crear un espacio de formación permanente. Además de intercambiar saberes de las personas adultas matriculadas, abrió un espacio social a personas de diferentes generaciones para crecer y compartir sus vidas, encontrar amigos y volver a las aulas.

Y aunque la pandemia sanitaria impidió desde el año pasado las actividades presenciales, la virtualidad se convirtió en aliada de cientos de personas adultas mayores. Para el año 2021 el PIAM abrió la matrícula para 104 grupos, con una amplia oferta de cursos. Entre los días lunes 15 al viernes 19 de marzo se abrirá un periodo de matrícula extraordinaria, para lo cual debe revisar la Guía de Cursos y Horarios del primer ciclo 2021, disponible en este enlace.

Esa guía corresponde a la oferta de cursos específicos, es decir, aquellos que son impartidos propiamente por el PIAM, agrupados en ocho módulos temáticos: tecnologías de la información y la comunicación, nuevos idiomas, artesanías y manualidades, movimiento humano, estilos de vida saludable, arte y cultura, conocimientos generales, y grupos artísticos.

Para quienes nunca han sido estudiantes del PIAM, el primer paso es contar con un usuario para ingresar al sistema de matrícula virtual, para solicitarlo debe completar un formulario en en este enlace. Las personas que ya son estudiantes regulares deben actualizar su información personal en el sitio web https://piam.fundacionucr.ac.cr con la dirección de correo y la contraseña anteriores.

MÁS CURSOS

Otra de las opciones que ofrece el PIAM es la matrícula a cursos regulares de la UCR, impartidos por las diferentes escuelas. Aprender historia, arquitectura, literatura, psicología, tecnología de alimentos y otras ramas del saber es posible gracias a los espacios que cada una de las carreras abre para recibir a todas las personas adultas mayores de 50 años de edad.

Según la magister María José Víquez Barrantes, asesora educativa del PIAM, los cursos regulares no tienen como objetivo la profesionalización, entregar algún título formal o certificar conocimientos adquiridos. La meta es la actualización o el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas, así como posibilitar el intercambio entre personas de distintas generaciones que confluyen en el aula.

La publicación de la guía de cursos regulares se realizará el 22 de marzo, pero previamente la persona interesada debe completar un formulario en la semana del 15 al 19 de marzo en este enlace.La matrícula y pago se realizará en la semana entre los días 23 y 25 de marzo en la página web https://piam.fundacionucr.ac.cr.

Todos los cursos iniciarán a partir del próximo 5 de abril, en los horarios y plataformas especificadas en cada uno de ellos.

IMPACTO DEL COVID-19

Las restricciones sanitarias incidieron en una baja de la matrícula, que habitualmente ronda en las 2500 personas por ciclo. Para el segundo ciclo del año pasado se abrieron 165 grupos, 117 específicos y 48 cursos regulares, con una matrícula estimada en 1600 personas. Y para el verano 2021 se matricularon 247 personas en 28 grupos.

Previo a la pandemia sanitaria, la población estudiantil del PIAM representaba el 8% de la matrícula total de la UCR. Sin embargo, el COVID-19 implicó la suspensión de las clases presenciales desde el primer ciclo 2020.

“No obstante, el PIAM buscó opciones que le permitan atender el llamado a la protección de los derechos de igualdad y no discriminación, participación, integración e inclusión plena y a la autorrealización, mediante la defensa al derecho a la educación y a la atención de las oportunidades educativas para las personas adultas y adultas mayores, desde la virtualidad”, acotó la magister Segura.

“La continuidad de este programa significa un acto de resistencia ante las circunstancias que se presentan en la actualidad. Significa proponer expectativas de aprendizaje, más allá de estereotipos asociados a la edad. Significa construir desde un aprendizaje colaborativo, basado en el respeto a la diversidad. Significa plantear y replantear objetivos que respondan a lo que la sociedad demanda de la Universidad. Significa reflexión, compromiso y trabajo, pero, también significa celebración, remembranzas y esperanza. Por todo esto, celebramos con júbilo este 35 aniversario, reiteramos nuestro compromiso y les damos la más cordial bienvenida”, concluyó Segura.

Adicional al desarrollo de los cursos, durante el año 2020 el PIAM realizó 53 conversatorios de temáticas diversas, la mayoría de ellos mediante Facebook Live y transmitió 52 programas radiofónicos en La Rocola, la cual se transmite los martes a las 11 a.m. por la Radio Universidad, por la frecuencia 870AM.

En la foto Amigas de Al son de la Vida presentando la coreografía Ticas Lindas.

 

Autoría:
Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)

Añez en Bolivia, ¿Debe ser Procesada y llevada a Prisión?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

El año pasado redactamos un artículo titulado: “Jeanine Añez: candidata a ser enjuiciada”, en el cual mostramos una serie de actuaciones y acusaciones contra Añez, las cuales deben ser denunciadas, para someterla a juicio y ser privada de libertad. Hoy esto último, se hace realidad, no somos profetas, pero se dio.

Refresquemos la memoria a quienes ahora, salen en apoyo a la “expresidenta” (OEA, evangélicos, figuras políticas de derecha, otros/as), sobre aquellas acusaciones contra ella. Yo soy de la idea que no hay que hacer leña del árbol caído, pero en este caso, no se pueden obviar hechos tan concretos.

  1. Se autoproclamó como presidenta, sin haber sido electa por el pueblo boliviano. Asume la Presidencia, en una sesión parlamentaria sin quorum, que apenas obtuvo un 4% de los votos en la última elección.
  2. La eligió un grupo liderado por la cúpula de la iglesia católica boliviana, partidos políticos minúsculos, la Embajada brasileña, representantes del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, designados para el caso, y la Fundación Jubileo (que confirmó esos hechos), pero fundamentalmente fue apuntalada por la cúpula del Ejército y la Policía y sin duda tuvieron la garantía de EEUU. No se debe olvidar que fue un militar quien le colocó la banda presidencial, hecho inaudito y antidemocrático.
  3. Su gestión presidencial, muestra números rojos, tales como el 6% del Producto Interno Bruto PIB, en la caída de su economía. Lo que equivale a la generación de más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.
  4. Y si consideramos los efectos de la pandemia, que ha sido mal gestionada por el gobierno de facto, esto ocasionó una pérdida de ingresos de entre 30-50%, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza. Mientras tanto, Bolivia ya ha había superado las 8.000 personas fallecidas por el COVID-19 y las exportaciones han disminuido a 4.217 millones de dólares hasta agosto, cifra menor en 1.680 millones de dólares a la registrada en el mismo período de 2019. No se responsabilizó por la crisis humanitaria-sanitaria de Bolivia, ocasionada por la pandemia, generada por su mala gestión de gobierno, ocasionando la muerte, al menos, a 500 bolivianos, tirados en las calles, y el colapso del sistema de salud boliviano.
  5. La corrupción llegó a los niveles más altos, en empresas de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, ministerios como el de Salud y Obras, el incremento de la pobreza, y la ilegalidad e ilegitimidad en la política. En diez meses, Jeanine Áñez, juramentó a 36 ministros, y algunos juraron dos veces.
  6. Intentó inhabilitar, la personería jurídica del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, alegando fraude electoral en octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional. Ha declarado vilmente: “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”. Ha agregado además, la inhabilitación del MAS-IPSP por: sedición, y por la difusión de una encuesta de intención de voto.
  7. Renunció como candidata a aquellas elecciones, para esquivar los cargos en su contra, por las masacres de Sacaba y Senkata. Se conocen como masacres de Senkata y Sacaba a los hechos sucedidos en dichas localidades bolivianas, durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, en el marco de la crisis política y social de 2019.
  8. También por la represión de las fuerzas policiales y militares, durante su gestión, así como por hechos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Según el medio Bolivia TV del Pueblo, en noticia verificada, la “senadora demócrata Warren de EE.UU denunció con documentos y pruebas que una lujosa mansión cotizada en $u$ 28.3 millones apareció en agosto a nombre de Carolina Ribera Añez, quien es hija de la presidente interina Jeanine Añez”, cuestionando que esa compra pudo ser con dinero desviado de Bolivia.
  9. Y para no hacer la lista más larga: Cometió nepotismo: trató de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos; para su propio beneficio y obtener favores.
  10. Perpetró persecución contra grupos sociales, contra la prensa extranjera, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros, contrarios a su gestión.
  11. Se develó una lista con nombres de los militares bolivianos en servicio activo y pasivo adictos al Gobierno golpista de Jeanine Añez, que estarían detrás de la organización de situaciones de extrema violencia para impedir que se realizaran las elecciones en Bolivia. Estos escenarios de violencia se registrarán antes, durante y después de las elecciones. Incluso, violación de DDHH.

El Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala, Ollantay Itzamná, señala además que los delitos que se le imputan a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son: terrorismo, sedición y conspiración. Pero, estos no son todos los delitos, ni están todos los y las que cometieron estos delitos de lesa humanidad.

La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero, esta máxima pena, por la magnitud de los delitos cometidos por la usurpadora, motivados por el odio a la identidad indígena (confeso) es insignificante.

Añade además, no es venganza, es justicia mínima. Quienes asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es venganza, externalizan sus profundas convicciones que las y los indígenas en Bolivia y Abya Yala no somos seres humanos. Muchos menos nos consideran sujetos del derecho a la justicia.

¿Qué nos queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a todos los y las golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los bienes y patrimonios mal habidos que éstos acumularon.

Finalmente, lanza una propuesta fuerte: las y los golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus ONG, quieren conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo que por justicia aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les corresponde el destierro, si no quieren morir en la cárcel.

El sólo hecho de tratar de esconderse en una caja y/o debajo de su cama, evidencia que ella sabe de sus tracalerías y que puede ser encausada por sus delitos y casos de corrupción.

Hoy, la Organización de Estados Americanos OEA, sale en defensa de Añez, tratando de imponer una Comisión Internacional, que investigue su gestión de gobierno, de paso incluyen a Evo Morales, “sin tener velas en ese entierro”.

Ayer, mediante un entramando conformado por hordas fascistas, sectores de la policía y de los militares, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, los medios hegemónicos de comunicación, la Unión Europea (UE), las agencias de inteligencia de Estados Unidos (principalmente la Agencia Central de Inteligencia, CIA) y algunos gobiernos regionales (entre ellos, el argentino de Mauricio Macri y el brasilero de Jair Bolsonaro), en noviembre de 2019, concretaron el golpe de Estado a Evo Morales.

Como teólogo protestante, me da pena y pesar, las declaraciones de César Vidal, evangélico, abogado, periodista y escritor, nacido en España y nacionalizado norteamericano, de gran renombre entre los hispanos de EEUU y en América Latina: la detención de Jeanine Añez es un atentado a la libertad en Bolivia, “La actuación contra Añez y varios exministros, es un ejercicio despótico del poder que afecta a Bolivia y su democracia, y a todo Latinoamérica. La OEA y la Unión Europea deben reaccionar, no espero nada de Biden”.

Finalmente señalamos, Jeanine Áñez fue parte del golpe contra Evo Morales en Bolivia, de la represión que causó decenas de muertes, de las detenciones arbitrarias, de las proscripciones, de la persecución política y de los negociados que se hicieron a costa de la vida de los bolivianos (como la compra de respiradores con sobreprecio en medio de la pandemia. Respiradores que, además, nunca llegaron a Bolivia). Hoy la Justicia le empieza a pedir, que dé cuenta de todos sus crímenes.

Nota Última hora. En febrero pasado 2020, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz señaló a Áñez como responsable de estas masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto, el 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público, sin que esto generara responsabilidad penal. Dos semanas después, lo derogó.

El régimen de Añez adoptó políticas que buscaban echar por tierra todos los avances de Evo, algo que logró en solo 6 meses.

 

Imagen: http://latlibre.org/

Enviado por el autor.

Pronunciamiento en favor del río Grande de Térraba

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

San Andrés, Territorio Indígena de Térraba

14 de marzo de 2021 | Reunidos(as) en territorio recuperado por el pueblo Bröran, al lado del gran río y a la sombra de dos árboles, conversamos sobre la desprotección actual de los ríos ante la destrucción que provocan los seres humanos con sus equivocadas ideas de desarrollo y la falta de conciencia de los pueblos.
Tan equivocado es el rumbo, que los pueblos conscientes se organizan transitando diversas dificultades, para recuperar sus derechos, recuperar el territorio y defender los ríos de su muerte ante al acecho del mercado.
El agua que nos da la vida está en peligro de extinción. El río más caudaloso de Costa Rica ha disminuido a la mitad en medio siglo por causa de la extensa deforestación en la cuenca, la sedimentación en el cauce derivada de las actividades humanas, la alteración climática y el agronegocio.
Después de afrontar las represas triunfalmente, de demostrar cómo el sistema crea falsas necesidades para vender la idea del desarrollo, es tiempo de apuntar a recuperar nuestros ríos, que son muchos y que juntándose forman el imponente Grande de Térraba.
Los ríos son como las venas que van corriendo por el cuerpo. Los ríos y la tierra son una sola unidad, ¿cuánta agua podemos sacarle a sus venas sin dañarla? Nadie podría vivir si pierde su sangre. La tierra tampoco lo hará si la secamos. Por eso, hemos acordado manifestar lo siguiente:
1- Rechazamos la norma vigente, con la que el MINAE permite explotar hasta el 90% del agua en los ríos. El Estado es responsable de la destrucción de todos los ecosistemas ribereños que están destruidos y afectados en la actualidad. Es tiempo de actuar por recuperarlos.
2- Rechazamos la propuesta de Decreto del Caudal Ambiental que pretende cambiar el límite de explotación, resguardando apenas un 20% del agua en los ríos. La disminución de los cuerpos de agua por el cambio climático demanda las más estrictas medidas de protección y no este tipo de migajas tecnificadas.
3- Rechazamos la contaminación desmedida de las grandes empresas agroexportadoras y sus monocultivos. Nos corresponde a todos velar por que nuestros ríos estén limpios para la vida. El discurso del empleo no puede compensar los daños irreversibles sobre el ambiente de los ríos.
4- Las comunidades tenemos el deber de cuidar la biodiversidad de nuestros ríos como ecosistemas. Los ríos nos brindan agua, aire fresco y la posibilidad de producir alimentos, pero también a los demás seres de la naturaleza que comparten la vida en el territorio.
5- Los pueblos tenemos derecho a resistir contra el modelo neoliberal y a proponer nuevas formas de convivir. Apoyamos la lucha por una transición justa donde otras formas de vida, más digna y sustentable, sean posibles. Debemos romper con la sensación de dependencia de actividades destructivas del río y los territorios.
6- Llamamos al acercamiento entre organizaciones en la cuenca del río Grande de Térraba, para recuperar sus afluentes sobreexplotados y defenderlos de las amenazas del sistema, que genera una concentración desigual de los beneficios que obtienen de la explotación de sus aguas. ¡Afrontemos unidos el desafío!
7- Finalmente, reconocemos el río Térraba como un ser vivo. Como habitantes de pueblos ribereños, declaramos su derecho a existir dignamente, al equilibrio ecológico de sus aguas, y a ser defendido por los pueblos que habitamos en su cuenca.
Debemos aprender de las experiencias y avances internacionales para establecer un sistema participativo y justo de defensa del río Grande de Térraba. Debemos ser capaces de entender las causas de la disminución del caudal, la contaminación desmedida y la pérdida de biodiversidad, para afrontar y revertir estas situaciones. Los usos humanos deben basarse en la justicia ambiental y la equidad en el acceso y distribución del agua. Con estos conceptos fundamentales, tendremos un futuro mejor para los pueblos ribereños que habitamos esta gran cuenca, al tiempo que heredaremos un río caudaloso y sano para el desarrollo de la vida en todas sus formas.
FIRMAMOS
Vecinos y vecinas de finca San Andrés, Territorio Indígena de Térraba | Consejo Ditsö Iriria ajkönuk wãkpa – Cuidadores de la tierra (Salitre) | Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica | Participantes de Volcán de Buenos Aires y TI de Boruca | Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas
APOYAMOS
COECO-Ceiba Amigos de la Tierra – Costa Rica | FECON – Federación Ecologista | Red de Coordinación en Biodiversidad
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Foto: Encuentro en San Andrés. 13 y 14 de marzo.

Caso Manuela vrs El Salvador: Corte IDH determinará responsabilidad internacional de El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones de sus embarazos

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de Centro de Derechos Reproductivos, Colectiva Feminista para el desarrollo local, Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto El Salvador:

Corte IDH determinará responsabilidad internacional de El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones de sus embarazos

Marzo 9 de 2021 – El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, con el acompañamiento de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, presentarán sus argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuela y familiares contra El Salvador. La Corte tiene por primera vez la oportunidad de reconocer que la negación y penalización absoluta de servicios de salud reproductiva se convierte en discriminación y violencia contra las mujeres que sufren emergencias obstétricas.

Manuela fue una salvadoreña de escasos recursos que vivía en una zona rural, su estado de salud venía decayendo debido a un cáncer linfático y, sin que le hubieran dado un diagnóstico acertado, tuvo su tercer embarazo. Un día de 2008 se dirigió a evacuar a la letrina que se encontraba a unos metros de su casa porque empezó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal. Manuela sabía de su embarazo, pero no que en ese momento enfrentaba una emergencia obstétrica: expulsó un feto y se desmayó, se trató de un parto precipitado a causa de su precaria salud. Fue llevada al hospital, pero a pesar de su grave estado, el personal médico la denunció por el supuesto delito de aborto pues creyeron que ella estaba escondiendo una supuesta “infidelidad”. La Policía la engrilletó a la camilla y la interrogó sin la presencia de un abogado.

Manuela fue indebidamente condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado luego de graves irregularidades en el injusto proceso penal que enfrentó. Murió en 2010, privada de la libertad y dejando huérfanos a dos hijos, porque el Estado no le brindó diagnóstico ni tratamiento apropiado para un cáncer linfático que se le desarrolló y que fue una de las causas de la emergencia obstétrica que tuvo, esto sin contar otras afecciones que pudieron aquejarla pero que debido a la falta de atención no fueron identificadas.

“Recuerdo a mi mamá, ella nos aconsejaba y nunca nos dejó andar solos. Es doloroso crecer sin madre porque ese amor es inigualable. Le pido al Estado que no hagan estas cosas porque nos dejaron abandonados sin una mamá”, dijo Santos de Jesús, hijo mayor de Manuela.

Este litigio empezó en 2012 cuando el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2019 la Comisión decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerando que el Estado salvadoreño había violado varios derechos humanos de Manuela, entre ellos, el derecho a la vida, la salud, a las protecciones y garantías judiciales, a estar libre de discriminación y violencia de género.

“La historia de Manuela es una historia triste que está cambiando y se convierte en un camino de justicia y esperanza para todas las mujeres que en América Latina y el Caribe son criminalizadas por eventos obstétricos”, dijo Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

«El Centro sigue utilizando el poder del litigio para que niñas y mujeres puedan tener las garantías necesarias para gozar de sus derechos humanos al más alto nivel posible”, dijo Nancy Northup, presidenta y directora general del Centro de Derechos Reproductivos. «Lamentablemente lo que le pasó a Manuela sucede en muchas partes del mundo y por esa razón acudimos a la Corte IDH, para que se reconozcan estándares internacionales que acaben con ese tipo de persecución a mujeres inocentes en toda América Latina y sea un referente para el mundo”, agregó.

“Manuela fue víctima de un Estado que no protege la vida y la salud de mujeres, que las discrimina y criminaliza, entre otras, por tener complicaciones naturales del embarazo y que no brinda garantías para resguardar secreto profesional del personal médico”, dijo Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos. “Queremos que El Salvador asuma una responsabilidad internacional que ha evadido desde hace años a pesar de que en reiteradas oportunidades múltiples organismos de derechos humanos le han pedido que revise la legislación que causa esta injusta criminalización de mujeres”, agregó Martínez.

“Estamos acompañando a la familia de Manuela en esta búsqueda de justicia y reparación, la ausencia de Manuela es dolorosa, porque enfrentó violaciones múltiples a sus derechos, el Estado les falló, a sus familiares y a Manuela. Es por eso que este proceso ante la Corte IDH posibilita construir esperanza de transformación, para que esté horror no vuelva a ocurrir, para que el estigma y discriminación puedan erradicarse, para que la familia de Manuela pueda sanar la dolorosa e injusta pérdida de su hija y madre. Expresó Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista pidieron a la Corte IDH que emita una decisión para que el Estado salvadoreño reconozca su responsabilidad en un acto público; repare a la familia de Manuela por el sufrimiento causado garantizándoles acceso a educación, seguridad social, tratamientos de rehabilitación de salud mental y física, y les provea los medios suficientes para reestablecer sus proyectos de vida.

Las organizaciones también esperan que la sentencia de la Corte le pida específicamente a El Salvador que tome medidas para que el caso de Manuela no se repita estableciendo políticas públicas estructurales que deben incluir: una urgente revisión de las condenas de mujeres criminalizadas penalmente por emergencias obstétricas; medidas legislativas para regular de forma adecuada el Código de Salud con el objetivo de que el tratamiento de emergencias obstétricas no origine responsabilidad penal; campañas informativas y capacitaciones a funcionarios estatales; fortalecimiento de la Defensa pública y, entre otras, reformas de las deficiencias del sistema penal y penitenciario.

En materia de estándares de derechos humanos las organizaciones representantes del caso esperan que el tribunal reconozca que:

  • La penalización absoluta del aborto crea un contexto normativo que constituye una forma de discriminación y violencia de género pues impacta de manera desproporcionada a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que estimula la criminalización de sus procesos reproductivos, incluyendo las emergencias obstétricas.
  • La entrega de información médica confidencial de mujeres que requieren atención obstétrica de emergencia a autoridades policiales y judiciales por parte de profesionales de la salud constituye vulneraciones al derecho a la vida privada y a la salud.
  • Detener y esposar a las mujeres que se encuentran recibiendo atención obstétrica de emergencia constituye tortura. Además, ese tipo de detenciones preventivas que se basan únicamente en la gravedad del delito son arbitrarias y violan la presunción de inocencia.
  • Las prácticas y razonamientos que consideran que las mujeres en grave estado de salud deben poner por encima de su vida propia al feto, incluso si se encuentran inconscientes o vulnerables, constituyen estereotipos de género y esa es una forma de discriminación y violencia basada en el género. Ese tipo de estereotipos se convierten en barreras para acceder a los sistemas de salud y de justicia.

La Audiencia de la Corte, con sede en San José Costa Rica, se realizará los días 10 y 11 de marzo de forma virtual. La decisión de la Corte tendrá efectos en dos niveles, el primero es nacional pues El Salvador estará obligado a cumplir la sentencia debido a que de manera soberana reconoció, desde 1995, la jurisdicción de ese tribunal. El segundo es a nivel continental pues la decisión del tribunal generará jurisprudencia que entrará a formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el cual es reconocido por la mayor parte de países en América Latina y el Caribe.

Contactos de prensa para entrevista:
Centro de Derechos Reproductivos: +300 828 4013
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto: +503 7657 0800
Adjuntamos el link para ver la grabación de la rueda de prensa:
https://twitter.com/ReproRightsLAC/status/1369329498836135937?s=19
Imagen de Cabecera cortesía de Agrupación Ciudadana
Adjuntamos el link para consultar documentos e infografía sobre el caso de Manuela:
https://drive.google.com/drive/folders/1VNafbbhcR7uBF5LAdSwiXtN57JVTZucT

Adjuntamos el siguiente video sobre el testimonio de la familia de Manuela:

El Liceo Rural Tsikriyók: una institución educativa con alma indígena

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Educación.

Por Uriel Rojas

En las entrañas del Territorio Indígena Cabagra, se encuentra el Liceo Rural Tsikriyök, una institución baluarte en la conservación de la cultura bribri – cabécar.

Este Liceo se ubica cantón de Buenos Aires y para llegar hasta este centro educativo se debe ingresar por una entrada que se ubica en Brujo de Buenos Aires y transitar por un camino de tierra que lo lleva a cruzar un Cerro, el cual es el símbolo de identidad del centro educativo, ya que en épocas de verano crece en este lugar, una planta que produce una flor amarilla, que es de gran simbolismo en la cultura indígena local y dio origen al nombre de la institución.

En la actualidad, este Liceo cuenta con 102 estudiantes, los cuales provienen de 6 comunidades aledañas, enclavadas en las montañas de este territorio.

Además de las asignaturas ordinarias, en este liceo se fortalece la cultura indígena de sus estudiantes y para eso realizan de manera periódica diversas actividades y espacios sociales en donde interactúan con sus adultos mayores y refuerzan sus particularidades culturales.

De acuerdo con Sonia Rojas Méndez, directora de este centro educativo, “el 90% de la población estudiantil mantiene su lengua materna y sus costumbres innatas, tanto en sus hogares como en el centro educativo y se aprovechan los conocimientos ancestrales para seguir cultivando en ellos la identidad indígena bribri”.

Entre trillos y montañas, los estudiantes caminan diariamente más de dos horas para llegar a recibir sus clases presenciales a este centro educativo ya que las clases virtuales es bastante complicado debido a que carecen de tecnologías y buena cobertura a internet.

Del total de la matrícula, 72 de ellos reciben clases presenciales y 30 lo hacen a distancia.

Las primeras aulas de este Liceo fueron construidas en el 2014 y eran unos ranchos tradicionales a la usanza indígena y ya para el 2018, la Dirección de Infraestructura de Educación (DIEE) construyó su actual infraestructura que consta de 5 aulas, un área de orientación, una oficina de dirección, un área de comedor estudiantil, un rancho cultural y una cancha techada cuyo costo total osciló en ¢475 millones.

Este centro educativo se ubica en la comunidad de Yuavin de Cabagra, 30 km al norte de Buenos Aires.