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Autor: María José Ferlini Cartín

Programa Alternativas: “Control ideológico y represivo sobre la sociedad costarricense”

El próximo viernes 15 de enero a las 6:00 pm el Programa radial Alternativas discutirá acerca de “Control ideológico y represivo sobre la sociedad costarricense” con los siguientes invitados:

– Bryan Montero, docente e investigador.
– Osvaldo Montero, filósofo y laboratorista químico.
– Asdrúbal Marín, profesor de filosofía jubilado.
– Manuel Hernández, abogado.

Puede sintonizar el programa en Radio 16, 1590am o por medio del Facebook de Radio 16

Costa Rica y el FMI: Un camino trillado, un fracaso seguro

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Uno de los argumentos favoritos para justificar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es aquel que insiste que ello nos dará una “carta de presentación” o, mejor aún, un “certificado de buena conducta”, ante los mercados financieros internacionales. Y entonces, nos dicen, al mejorar la imagen de Costa Rica, lograremos mayor acceso a financiamiento internacional en condiciones más favorables. Lo cual, a su vez, pondría en marcha una espiral virtuosa de baja en las tasas de interés, reanimación de la inversión empresarial, creación de empleos y, a fin de cuentas, bonanza económica.

Esto que digo no es ni quiere ser una caricatura. Es, casi textual, lo que repiten los economistas de la corriente dominante, cuyos rostros en la televisión se han vuelto tan familiares como los de los futbolistas más famosos. Y, sin embargo, la suya es la oferta propia de una casta de brujos y hechiceros: superstición y pensamiento mágico. Pende de supuestos épicos, extremadamente audaces, pero, además, no hay evidencia histórica que respalde tales desvaríos.

El caso de la crisis de la deuda pública europea

El problema estalló a finales de 2009, cuando se dio a conocer que, contando con la complicidad de Goldman Sachs, poderoso banco de inversiones neoyorkino, el gobierno griego había “maquillado” los datos. Falsamente se había informado que el déficit fiscal era del 3,7% del PIB, cuando la cifra real alcanzaba el 12,7% (meses después el dato se revisó al alza, por encima del 13%). Se desató así la crisis de la deuda europea, conforme los juegos especulativos en los mercados financieros extendían el “contagio” hacia las deudas de Italia, España, Irlanda y Portugal, o sea, los países de la así llamada “periferia de la zona euro”. Ello provocó que las tasas de interés sobre sus emisiones de deuda se elevaron peligrosamente.

Empezó entonces una sucesión de “programas de rescate” para estos países. En el caso de Grecia, el primer programa, por €110 mil millones, se aprobó en mayo de 2010. A poco quedó en evidencia el fracaso de esta iniciativa, lo que obligó a un segundo programa de rescate, aprobado en julio de 2011 por €130 mil millones. Programas similares fueron aplicados para los otros países involucrados en la crisis de la deuda. En todos los casos, sin excepción, estuvo presente el FMI, como parte de la llamada “troika”, junto a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).

¿Se logró así restablecer la “confianza” de los mercados financieros y la de esos entes fantasmagóricos llamados “los inversores”? ¿Se logró estabilizar la situación y reducir las tasas de interés, de forma que Grecia y los otros países afectados tuviesen acceso a financiamiento en condiciones favorables? Rotundamente NO.

Los acontecimientos a lo largo de 2011 y hasta bien entrado 2012 resultan muy ilustrativos. Mientras las tasas de interés de la deuda alemana de largo plazo se movían por debajo del 2%, la de Grecia por momentos alcanzaba la cota surrealista del 27-28%. La de Portugal llegó a rozar el 14%, la de Irlanda el 12%, y las de Italia y España rondaban el 7%.[1] Y, por favor, tangamos presente que en esos mismos momentos estaban en vigencia los célebres “programas de rescate”. Estos, conviene enfatizar, materializaban al detalle los énfasis de política económica característicos del FMI, es decir, su marcado sesgo hacia la austeridad fiscal, el recorte y la restricción, sumadas a las infaltables privatizaciones. Tal sería la vía “correcta”, de hecho, la única posible, para sanar los desequilibrios fiscales. Y, sin embargo, la realidad proclamaba ruidosamente otra cosa.

Y, a fin de cuentas, ¿cómo se logró estabilizar la situación e impedir que la eurozona colapsara? No fue gracias a estos programas austeritarios. Un momento, en particular, resultó decisivo para modificar el curso de los acontecimientos, cuando Mario Dragi, presidente del BCE, estando en Londres, lanzó el 26 de julio de 2012, su famosa frase: “el BCE está listo para hacer lo que sea necesario. Créanme que será suficiente”[2]. Ello marcó un punto de quiebre decisivo en el enfoque de la crisis por parte del BCE. Engavetada la ortodoxia, en adelante el BCE siguió la ruta que, desde finales de 2008, transitaba la Reserva Federal de Estados Unidos, la llamada política de facilitación cuantitativa (o “quantitative easing” según su designación original en inglés), lo cual incluye la adquisición masiva de bonos de deuda pública, con el expreso objetivo de reducir significativamente sus tasas de interés.

Posteriormente a esto las primas sobre la deuda de los países de la periferia europea, o sea, el margen sobre las tasas de interés de la deuda alemana, bajaron y se estabilizaron, lo que, a fin de cuentas, impidió que la eurozona implosionara.

O sea, y en breve, el patrocinio del FMI fue por completo incapaz de propiciar que se recuperara “la confianza de los mercados financieros”. No ocurrió tal cosa, y quizá la razón principal de ello es que los paquetes de rescate, lejos de “rescatar” las economías (a lo más “rescataban” a los bancos), más bien provocaron recesión, desempleo al alza e hirviente malestar social. Todo lo cual hacía mucho más difícil recuperar la sostenibilidad de las cuentas fiscales. De hecho, se fracasó dramáticamente justo en aquello que se suponía ser el objetivo prioritario: controlar y reducir la deuda pública. En el caso de Grecia, por ejemplo, siendo que la deuda representaba un 127% del PIB en 2009 -o sea, el año en que se gatilla la crisis de la deuda- a las alturas de 2019, se ubicaba en 165%. Es significativo el título que Stiglitz quiso poner al capítulo 7 de su libro sobre el euro: “Políticas de crisis: cómo contribuyeron las políticas de la troika a empeorar la estructura de la eurozona y a garantizar la depresión” (Stiglitz 2017).

Recordemos que en 2008-2009, el impacto de la crisis financiera y la Gran Recesión originadas en Estados Unidos, provocó una severa recesión también en Europa, incluyendo estos países de la llamada periferia. A las alturas de 2010, y con excepción de Grecia, las economías de los otros cuatro países involucrados en el problema, ya habían logrado reemerger a territorio positivo. Las políticas de austeridad impuestas a través de los “programas de rescate”, produjeron una segunda recesión, incluso más prolongada que la primera, ya que se extendió hasta 2013 (2015 en el caso griego), y cuyos efectos en el desempleo fueron incluso mucho más severos de los que se habían sufrido con motivo de la recesión de 2008-2009.

En síntesis: los programas de austeridad fiscal, liderados por el FMI como parte de la “troika europea”, fueron, desde cualquier ángulo que se les mire, un completo fracaso.

La crisis de 1997 en el sudeste asiático aporta material adicional para la reflexión

Es un tema que el célebre Joseph Stiglitz analiza en su libro “El malestar en la globalización” (Stiglitz 2002). El problema inició con la devaluación de la moneda de Tailandia (el bath) hacia julio-agosto de 1997, y rápidamente se extendió a Corea del Sur, Malasia e Indonesia, con repercusiones que se hicieron sentir posteriormente en Rusia y Brasil.[3] Las políticas de liberalización financiera que el FMI había promovido, crearon las condiciones propicias que dieron lugar a la crisis. Una vez que ésta se precipitó, las recetas fondomonetaristas de austeridad fiscal y privatización dificultaron su superación.

Malasia optó por rechazar la participación del FMI, y decidió seguir su propio camino y generar sus propias respuestas. Desestimó así las advertencias catastrofistas que se le formularon, las cuales le auguraban el castigo de “los inversores” y, desde luego, un desastre seguro (¿verdad que suena familiar?). Y, sin embargo, fue el país que logró la más rápida y sólida recuperación, aunque no fue el único “alumno mal portado”. Tampoco Corea siguió al pie de la letra las recetas que la ortodoxia prescribe.

La herejía de Malasia reiteró una blasfemia que también le dio buenos resultados a la India y China, y les mantuvo al resguardo de la tormenta: la imposición de diversas formas de control sobre los movimientos de capital, diseñadas con sentido pragmático y flexible.

En breve: no aplicar las políticas austeritarias, de privatización y desregulación que prescribe el FMI, puede resultar lo más sensato y correcto.

Y la década pérdida de América Latina…

Podríamos todavía extendernos ampliamente acerca de lo que significaron los programas de austeridad fiscal y “ajuste estructural”, que el FMI, en colusión con el Banco Mundial, aplicaron durante el decenio de los ochenta del pasado siglo en América Latina, como respuesta a la crisis de la deuda externa que tan duramente golpeó a nuestro continente a inicios de ese decenio. Correspondió eso a un paquete de política que a finales de los ochenta recibió la designación de “Consenso de Washington”. Este término fue propuesto por John Williamson (Williamson Septiembre 2003), y posteriormente devino de uso generalizado.

El abordaje que se hizo de la crisis, con base en esa propuesta de políticas, devino devastador para las economías, las sociedades y, en especial, los pueblos latinoamericanos, y sus perniciosos efectos se hicieron sentir durante todo ese decenio e, inclusive, entrados los años noventa[4]. Ello ameritaría una discusión mucho más amplia que, a fin de no alargar en exceso este artículo, dejaré para un momento posterior.

A modo de conclusión, quiero enfatizar que la experiencia latinoamericana de los años ochenta, ofrece conclusiones que coinciden con las que es posible extraer de la crisis de la deuda europea en el período reciente. En particular las dos siguientes:

  1. Las políticas de austeridad fiscal, recorte y restricción que el FMI promueve, provocan recesión y desempleo, y conllevan elevados costos sociales y humanos, con repercusiones negativas que, potencialmente, se prologan por decenios. Tristemente es el camino que, con notoria terquedad ideológica, está siendo elegido por las élites políticas de Costa Rica (tanto el gobierno de Carlos Alvarado como asimismo la Asamblea Legislativa, con pocas excepciones).
  2. El objetivo prioritario de estas políticas es devolverles sostenibilidad a las finanzas públicas, pero, sobre todo, poner la deuda pública bajo control. En ese sentido, su fracaso es total: no lo lograron en América Latina en los ochenta. No lo han logrado en Europa en el período reciente. Tampoco lo lograrán en Costa Rica.

Retomaré este asunto en artículos posteriores.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Alonso, Nuria, y David Trillo. 2015. «Riesgo soberano en la eurozona ¿una cuestión técnica?» Papeles de Europa Vol. 28 núm. 1 1-26.

Becker, Victor A. 27 septiembre 2013. «The experience of three crises: the Argentine default, American subprime meltdown and European debt mess.» Real-World Economic Review 64 65-115.

González Sarro, Iván. 2013. Impactos de la década perdida en América Latina ¿Una lección para los países periféricos de la Unión Europea? Reexaminando el modelo neoliberal. Madrid: Instituto de Estudios Latinoamericanos Universidad de Alcalá.

Kokkinakis, Yiannis. marzo 2018. «From Bologna to Athens: the political economy of reforms in Europe.» Real-World Economic Review 147-162.

Palley, Thomas. Septiembre 2017. «Fixing the euro’s original sins: the monetary –fiscal architecture and monetary policy conduct.» Real-World Economics Review 81 15-26.

Soros, George. 1999. La crisis del capitalismo global. México: Plaza & Janes.

Stiglitz, Joseph. 2017. El euro. Cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa. Barcelona: Penguin Random House.

—. 2002. El malestar en la globalización. Buenos Aires: Aguilar Ediciones.

Ugarteche, Oscar. julio-septiembre 2016. «Lecciones de la crisis del euro para la cooperación financiera regional.» Problemas del desarrollo 186 (47) 31-57.

Vilariño Sanz, Ángel, Nuria Alonso Gallo, y David Trillo del Pozo. 2011. «La falacia del spread de la deuda soberana como indicador de la solvencia del Estado.» XIII Reunión de la Economía Mundial.

Williamson, John. Septiembre 2003. «No hay consenso. Reseña sobre el Consenso de Washington y sugerencia sobre los pasos a dar.» Finanzas y Desarrollo 10-13.

Wishart, Ian. 2012. «ECB ‘will do whatever it takes’ to save the euro.» PolíticoPro, 26 de Julio.

[1] Algunos trabajos interesantes sobre la crisis europea de la deuda son los siguientes: (Alonso y Trillo 2015); (Vilariño Sanz, Alonso Gallo y Trillo del Pozo 2011); (Ugarteche julio-septiembre 2016); (Becker 27 septiembre 2013); (Kokkinakis marzo 2018); (Palley Septiembre 2017)

[2] Wishart lo cita en estos términos: “Draghi, the ECB’s president, who was speaking in London today (26 July), said he was “ready to do whatever it takes” to save the euro, adding: “Believe me, it will be enough.” (Wishart 2012)

[3] En (Soros 1999) se ofrece una crónica interesante de los acontecimientos, y un análisis muy sugerente.

[4] En (González Sarro 2013) se aporta una síntesis muy ilustrativa sobre las consecuencias sociales y económicas derivadas de las políticas del Consenso de Washington en América Latina.

 

Publicado en https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/01/costa-rica-y-el-fmi-un-camino-trillado.html?m=1 y compartido con SURCOS por el autor.

Pronunciamiento contra la designación de José Figueres Ferrer como héroe de la paz

Los historiadores David Díaz Arias e Iván Molina Jiménez realizaron un pronunciamiento contra la designación (por parte de la Asamblea Legislativa) de José Figueres Ferrer como héroe de la paz.

El pronunciamiento será divulgado en medios de comunicación como el Semanario Universidad y también será publicado en las redes sociales del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (Cihac).

Puede descargar el documento en el enlace y si desea ser parte de las personas firmantes puede contactar a David Díaz al correo electrónico david.diaz@ucr.ac.cr

ACODEHU: Alto a la criminalización y judicialización de la protesta social

SURCOS comparte el pronunciamiento de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu):

San José, Costa Rica
12 de enero de 2021

Alto a la criminalización y judicialización de la protesta social

Solidaridad con ciudadanía judicializada

Los últimos meses 2020, en medio de la crisis social, económica y sanitaria agudizada por la pandemia COVID19, diferentes sectores de la sociedad civil se suman al llamado del Movimiento Rescate Nacional (MRN), para impulsar protestas sociales contra las intenciones tácitas del gobierno de Carlos Alvarado de condicionar la vida y el futuro de nuestro pueblo a las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Demostrando de manera consciente y creativa que ante la semiparalización por pandemia, los protocolos de distanciamiento social no son sinónimo de indiferencia social, y mucho menos, negación de la política económica nefasta emprendida por el estado costarricense a partir de la imposición del Combo Fiscal.

En este escenario de lucha social, el 12 de octubre 2020, en una manifestación cívica frente a casa presidencial, son víctimas de detenciones arbitrarias ciudadanía que ejerce el derecho legítimo de toda democracia a protestar y defender la soberanía política, cultural y económica del país, ante las intenciones del gobierno de supeditar aún más nuestras vidas a los mandatos fruto del capitalismo voraz representado en el FMI; lejos de impulsar medidas para que la carga tributaria sea asumida por los sectores de mayor poder adquisitivo del país y no por los sectores más vulnerabilizados, que de hecho, la pandemia ha visibilizado a nivel nacional e internacional el creciente índice de pobreza que sufrimos.

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos reitera su profunda preocupación y rechazo al conjunto de violencias emprendidas por el estado costarricense y apoya las diferentes acciones impulsadas por nuestro pueblo en defensa de sus territorios, conquistas y dignidad, como la reciente marcha emprendida el 11 de enero 2021 por representantes de organizaciones base de las comunidades Ngäbes (ATIAPSI, ATIGUSI, COIS) desde Sixaola hacia San José y denunciamos la práctica del gobierno a hacer caso omiso al mandato desde la CIDH de proteger a las comunidades indígenas recuperadoras de sus territorios y aplicar la normativa respectiva en su defensa.

Precisamente, después de la burla de un supuesto proceso de diálogo, este 11 de enero el gobierno confirma que inicia conversaciones formales con el FMI para lograr un acuerdo “para garantizar la estabilidad económica del país a mediano y largo plazo, y para promover un crecimiento más fuerte, inclusivo y sustentable.” Denunciamos que estas acciones constituyen una continuidad para afianzar la imposición de medidas, políticas económicas y proyectos de ley tendientes a despojarnos de las garantías sociales que han sido pilar para el estado de derecho que históricamente ha caracterizado a Costa Rica y hoy cada vez más amenazado, recargando la crisis económica en los hombros de nuestro pueblo.

Así, nos sumamos al llamado solidario de diferentes colectivas, instancias y organizaciones a fin de sumarse a piquete en solidaridad con compañeros y compañeras que mañana han sido citados a audiencia judicial como parte de esta ola de represión institucional emprendida por el estado costarricense.

Primer Circuito Judicial, San José

Miércoles 13 de enero, 2021
9 AM

De igual manera, reiteramos que dicho proceso de judicialización orquestado desde los grupos de poder, donde incluso medios de comunicación asumen un papel mediático intentando convertir en delito el derecho humano a la protesta social, se suma a una gran cantidad de casos de compañeras y compañeros víctimas de abusos policiales, persecución y detenciones arbitrarias, quienes muchas y muchos hoy se encuentran con procesos judiciales que atentan contra su dignidad y proyectos de vida.

¡No al FMI!
¡La protesta social es un derecho humano inalienable!
¡No a la criminalización y judicialización de la protesta social!
¡Respeto a la integridad física y emocional por parte de la fuerza pública!

ACODEHU

Ana Cecilia Jiménez
Presidenta ACODEHU

Fechas importantes sobre el ingreso a la UCR

Todas las fechas sobre los diferentes servicios y trámites de la ViVE pueden ser consultadas en el Calendario Estudiantil Universitario 2021.

El 5 de febrero del 2021 (durante el transcurso del día), la Universidad de Costa Rica dará a conocer los resultados de la nota de admisión para la población de primer ingreso, de acuerdo con la información publicada por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil la semana anterior.

Según la Dra. María José Cascante Matamoros, vicerrectora de Vida Estudiantil de la UCR, la Institución realizó un gran esfuerzo de articulación interinstitucional para adaptar, de manera efectiva, las diferentes etapas del proceso de admisión al contexto generado por la pandemia, con el fin de buscar siempre el beneficio y la seguridad del estudiantado.

“La publicación de los resultados de la nota de admisión para el día 5 de febrero demuestra la capacidad de la Institución para procesar de forma ágil, pero siempre con rigurosidad y calidad, las calificaciones de las más de 64 000 personas que se inscribieron para realizar la Prueba de Aptitud Académica, que se efectuó en el mes de diciembre del año anterior”, dijo la vicerrectora.

Tras conocer los resultados de la nota de admisión, quienes deseen estudiar en la UCR deberán realizar el procedimiento de inscripción en el concurso de ingreso a recinto y carrera para estudiantes de primer ingreso, del 17 al 19 de febrero del 2021. Este proceso puede realizarse por vía web a través de la página https://eingreso.ucr.ac.cr/eingreso/ (véase en el Calendario Estudiantil Universitario el horario para realizar el trámite).

El resultado del proceso de concurso de ingreso a recinto y carrera para la población de primer ingreso (lista de admitidos) se publicará el día 26 de febrero del 2021 en la página de la Oficina de Registro e Información https://ori.ucr.ac.cr, a las 5:00 p. m. Además, el resultado del proceso de Admisión Diferida se dará a conocer el 5 de marzo del 2021, a las 7:00 p. m.

Por otra parte, para la población de estudiantes universitarios que deseen realizar el proceso de concurso de ingreso a recinto y carrera, se estableció en el Calendario Estudiantil Universitario 2021 que el trámite de recepción de solicitudes de escogencia de recinto y carrera se llevará a cabo del 8 al 10 de febrero del 2021. Este procedimiento puede hacerse por vía web, por medio de la página https://eingreso.ucr.ac.cr/eingreso (véase en el Calendario Estudiantil Universitario el horario para realizar el trámite).

El resultado del proceso de concurso de ingreso a recinto y carrera para la población universitaria se publicará el día 5 de marzo del 2021 en la página de la Oficina de Registro e Información https://ori.ucr.ac.cr.

Solicitud de beca socioeconómica

Otra fecha importante para la población estudiantil de primer ingreso de la UCR es la fecha para solicitar beca socioeconómica. De acuerdo con el Calendario Estudiantil Universitario UCR, el trámite de “Acceso vía web a solicitudes de beca socioeconómica para la población estudiantil de primer ingreso a la Universidad en el año 2021” se llevará a cabo del 26 de febrero del 2021 (cuatro horas después de la publicación del resultado de ingreso a carrera, una vez que la UCR asigne la cuenta de correo institucional) al 1.° de marzo del 2021, a las 11:59 p. m.

Los resultados de la solicitud de beca socioeconómica se darán a conocer el 27 de marzo del 2021, en la página de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica: https://becas.ucr.ac.cr.

Si desea estar al tanto de todas las fechas importantes sobre los diferentes trámites y servicios que ofrece la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, puede ingresar al Calendario Estudiantil Universitario 2021 a través de la página vive.ucr.ac.cr.

 

Tatiana Carmona Rizo
Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Undeca expresa apoyo total a Martha Rodríguez para asumir representación temporal del movimiento sindical

SURCOS comparte el siguiente comunicado de la Unión Nacional de Empleados De la Caja y Seguridad Social (Undeca):

La Junta Directiva Nacional de UNDECA, convocada el 8 de enero, con el fin de conocer la postulación de su Secretaria Adjunta, Martha Elena Rodríguez, para asumir temporalmente la representación del Movimiento Sindical ––ante la sensible pérdida del compañero Mario Devandas Brenes–– resolvió por unanimidad:

  1. Apoyar incondicionalmente la postulación de la señora Martha Elena Rodríguez.
  2. Reconocer las capacidades y aptitudes de la compañera, su compromiso con la clase trabajadora, la defensa de la caja y la justicia social.
  3. Que la dirigente Rodríguez es una destacada trabajadora profesional en la caja y dirigente sindical, quien cuenta con permiso sin goce salarial para dedicarse de lleno a atender las actividades sindicales en esta Organización.
  4. Que como cotizante activa del Seguro Social, como costarricense y dirigente sindical cuenta con todos los derechos constitucionales para postularse a ocupar esta vacante.
  5. Que la señora Rodríguez ha sido una mujer sobresaliente en las mesas de negociación de la Reforma de Pensiones de la Caja, Comisión de Salarios, la Mesa Multisectorial del Gobierno y diversas instancias institucionales. Además, ha destacado en el ámbito internacional como participante en Conferencias de la OIT, eventos latinoamericanos y de la Federación Sindical Mundial.
  6. La Junta Directiva de UNDECA agradece las diversas muestras de apoyo externadas a nivel nacional.

Junta Directiva UNDECA. 08 de enero de 2021.

Personas de la comunidad indígena Ngäbe de Sixaola marchan por sus derechos

Personas indígenas Ngäbes de Sixaola marchan hasta San José para exigir el respeto a sus derechos y peticiones relacionadas con la cédula, proyecto de vivienda y por los cortes de electricidad que se han hecho recientemente, mencionan en un video.

Recientemente este grupo de indígenas ngäbes se reunieron en modalidad virtual con autoridades del gobierno central, con el apoyo de la Municipalidad de Talamanca, para comunicar sus peticiones.

Puede apoyar la marcha de las personas indígenas ngäbes de Sixaola:

Cuenta IBAN del BNCR: CR61015111220010571594 a nombre de Galletano Villagra Torres.

 

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

No cesan las conspiraciones contra la Ley de Aguas

Freddy Pacheco León *

Circunstancias de la vida nos han cruzado en el camino de los costarricenses que, desde hace una década, han venido propiciando las recetas sobre la administración del agua dictadas desde el Banco Mundial. Empezaron, nada menos, por cuidar que el acceso al agua no fuere considerado como un Derecho Humano, en “el texto mejorado” de una nueva Ley de Aguas impulsado por ellos y el exministro de Ambiente Roberto Dobles.

Luego siguieron con una trama central en la que su cuento tenía como argumento, que el manejo del agua se concentrara en ese mismo Ministerio de Ambiente, sin importarles que es un órgano político muy propenso a tomar decisiones determinadas por intereses particulares y no comunitarios. Así, empezaron a hablar engañosamente de «gestión integrada» del agua, mientras impulsaban una legislación que más bien busca una gestión monstruosa, acaparadora, centralizada, antidemocrática e irracional, en el Ministerio de Ambiente, buena para la satisfacción de entes como la GWP-Banco Mundial («Global Water Partnership») pero mala para un Estado que se espera busque el bienestar general.

Como parte del proceso silencioso, poco a poco, gracias al poder del dólar pero «como quien no quiere la cosa», desde el extranjero fluyeron invitaciones a gigantescos «foros mundiales del agua», donde los inconscientes e inconsecuentes turistas costarricenses, se maravillaban de las bellezas de Marsella, Estambul, Seúl, Brasilia, etcétera, y aplaudían hasta el paroxismo, junto a los otros 30 mil «participantes», las proclamas de los representantes de las grandes corporaciones transnacionales del agua vista como cosa comercial. Aplausos que eran verdaderas monedas de pago por los paseos y los contratos diseñados para «incidir» (¡así le dicen ahora!) en los cambios en la legislación nacional con los cuales se abriera nuevos cursos al agua que ha de verse como un «bien económico» y no como un «bien social». “No money, no water”, es su lema.

Ello sucedía más o menos silenciosamente, mientras la GWP-Banco Mundial reclutaba «sargentos» en instituciones nacionales, públicas y privadas, que podrían servirle para el cumplimiento de sus disimuladas intenciones. Sin que faltara, ¡cómo no!, la muy onerosa tarea de redactar propuestas de textos legales, que sirvieran para dar los saltos que les permitieran cumplir sus tareas.

Eso sí, sabían que antes, ¡y esto es de especial trascendencia!, había que quitar del camino los obstáculos que más les incomodaban, como lo es la visionaria Ley de Aguas que nos heredara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Ley emitida en 1942 que desde entonces declara al agua como «un bien de dominio público», y que como tal no puede pasar a ser propiedad privada ni ser transada en bolsas de valores. Ley con la cual el señor expresidente hizo viable el sueño de darle agua potable a sus compatriotas, para con ello sustentar los servicios urgentes de salud que requería una población que, por las enfermedades y poco desarrollo sanitario, tenía una expectativa de vida menor a 50 años. Ley que con el paso de los años, no solo ha sido obviamente adaptada a nuevas necesidades, sino que pudo mantener su vigencia como instrumento legal de gran valor.

Pues resulta que esos «sargentos» que acostumbran moverse tras bambalinas, se han especializado a apuntar sus ballestas hacia la Ley de Aguas, con la intención expresa de destruirla porque… «es muy vieja». Tan vieja, agregamos, como el Código de Trabajo, las Garantías Sociales, la ley de creación de la Universidad de Costa Rica, y otras, que no por «viejas» han de ser desechadas, como se pretende con la Ley de Aguas.

En su ataque incansable como batallón apertrechado con recursos externos, se les ocurrió otra estrategia que, según sus mentes, podría hacer posible el cumplimiento de sus compromisos de una manera expedita: usar la Ley de Iniciativa Popular, diseñada para que el pueblo pudiera legislar desde su estatus de soberano.

Y lograron así introducir en la corriente legislativa, un texto para una nueva Ley de Aguas, que el Tribunal Supremo de Elecciones había tramitado tan, pero tan mal, que las cerca de 150.000 firmas que lo acompañaron, fueron recogidas inocentemente, sin que existiera siquiera un texto que sustentara su trámite, como manda la citada ley. Los ciudadanos firmaron por un proyecto de ley… que no existía. Pero, en fin, más allá de ese desastre, el texto eventualmente agregado a las firmas, que no podía ser modificado por los diputados según su «derecho de enmienda», fue alterado sustancialmente en negociaciones con cámaras empresariales y el Poder Ejecutivo, en sesiones de comisión legislativa. De hecho, el ministro de la Presidencia de doña Laura Chinchilla, don Carlos Ricardo Benavides, prácticamente se convirtió en el «coordinador» de ese ilegal proceso, que culminó con la aprobación del proyecto en Primer Debate en la sesión del lunes 31 de marzo del 2014, sin que fuere conocido por el Plenario legislativo, porque, se alegó, ya estaba vencido el plazo de dos años para su votación que rige para las iniciativas de ese carácter, y no había tiempo que perder…

¡Hubo júbilo inmediato! Al día siguiente, miembros nacionales de la GWP se presentaron en diversos medios de comunicación como parte de su celebración. Entre ellos doña Maureen Ballestero y doña Yamilette Astorga, y por supuesto algún que otro peón del ajedrez que habían estructurado. Eso sí, sin pensar ni un instante en lo que sucedería pocos meses después con su amañado proyecto mal llamado “de iniciativa popular”.

Como parte de esas cosas raras que suceden a veces en la Asamblea Legislativa, los diputados más interesados en su aprobación, propiciaron confiadamente una consulta a la Sala IV, que, al ser atendida, pensaron, les permitiría aprobar el proyecto en Segundo Debate en forma expedita. Sin embargo, en su atropellado trámite se equivocaron y los señores magistrados señalaron roces constitucionales que había que corregir. Tarea incumplida que por un momento detuvo su trámite.

Después vino otro proyecto, promovido principalmente por el diputado Antonio Álvarez Desanti, que al no ser por la vía de la “iniciativa popular”, permitía negociar más libremente con grupos de interés, por lo que les permitió presentar un supuesto texto consensuado para su aprobación. Sin prestarle la debida atención a los múltiples defectos que encerraba su contenido (parecía una mala fotocopia del anterior) se negoció entre fracciones políticas su aprobación y así sucedió.

Sin embargo, este segundo proyecto pasó a ser memorable por la torpeza cometida en su trámite. Fue aprobado en primer debate el 2 de noviembre del 2017 cual si se tratara del tramitado por la vía de la iniciativa popular, por lo que se presentó con su mismo número de expediente Nº 17.742 como “texto sustitutivo”, por una moción aprobada un par de días antes avalada con entusiasmo por el presidente legislativo el diputado Gonzalo Ramírez, quien pareció no percatarse del grave error que se estaba cometiendo con un proyecto tramitado por la vía de la iniciativa popular.

Y como era de esperarse, al resolver una consulta ante la Sala Constitucional, los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, rechazaron por improcedente ese “mágico procedimiento”, pues era ni más ni menos, que una de las más vergonzosas chambonadas legislativas en muchos años. Los genios promotores, convencieron a los señores diputados de que al proyecto votado en abril del 2014 (el de “iniciativa popular”) le podrían trasplantar un nuevo texto “ya consensuado” para así cumplir aparentemente con las objeciones que emitieran los señores magistrados de la Sala IV ante la consulta que entonces se les hiciera. O sea, al proyecto ingresado con las 150 mil inocentes firmas, por arte de magia infantil, le trasplantaron el texto aprobado en comisión legislativa y Plenario Legislativo, por otro completamente diferente, absolutamente inconexo con el que se acompañó con 150 mil firmas.

Se frotaron las manos, y ajenos a las objeciones que, por supuesto se les comunicaron, dijeron “¡pa eso tenemos la mayoría!” y le dieron una alta votación esa noche del Día de los Santos Difuntos. Eventualmente sería archivado sin llegar a ser conocido en segundo debate.

 Y llegamos al presente gobierno para conocer que nuevamente, el texto del trasplante, volvía a la vida, pero con su número de expediente original. Proyecto que caminó dando tumbos, y maltrecho por los golpes, gracias a la insistencia de la diputada Paola Vega y el apoyo medio disimulado de su colega Carlos Ricardo Benavides y otros diputados que confesaron no conocer el proyecto que se aprestaban a votar favorablemente. De hecho, después de un trámite de casi dos años en que la Comisión de Ambiente presidida por la diputada Vega Rodríguez, rechazó propuestas de audiencia necesarias para conocer detalles del proyecto que ella movía aceleradamente y por mal camino, llegamos a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, iniciadas en diciembre del año 2020, donde había sido ubicado por el Poder Ejecutivo en el primer lugar de la agenda. Ya, aparentemente, estaba servida la mesa para aprobarlo sin más dilación, nuevamente.

Pero sucedió algo insólito, consecuencia de la incompetencia que a veces contagia a legisladores cual virus epidémico. Mientras los que desde el colectivo «Agua es vida, no mercancía» cruzábamos los dedos muy discretamente desde semanas antes, para que llegara el día 15 de diciembre sin que se hubiere aprobado el expediente N°20.212, los diputados se mostraban indiferentes a la fecha, pues ni doña Paola Vega se había percatado que, de alcanzarse el plazo fatal de cuatro años que se cumplía al iniciar ese día, el «prioritario proyecto de nueva Ley de Aguas», el proyecto de su vida parlamentaria, ¡habría de archivarse! Hubo lamentos, insultos, recriminaciones, por «la metida de patas”, mientras los compañeros del colectivo “Agua es vida, no mercancía” iniciábamos nuestra celebración al ponerse el sol el día 14 de diciembre, pues sí teníamos certeza del error grave que estaban cometiendo.

Y es que había que celebrar, y mucho, pues, por ahora, el agua potable de los costarricenses sigue siendo gobernada por el Instituto Costarricense de Aguas y Alcantarillado (AyA) como un bien demanial, como bien social, ajeno a modelos de administración privada en el campo agropecuario, respetuoso de planes de uso de generación hidroeléctrica llevados adelante por el ICE, sin impunidad para los responsables de miles de pozos ilegales, sin que se erosionen las funciones del ente técnico responsable de la conservación de las aguas subterráneas (Senara) y sin que se le arrebaten torpemente al Ministerio de Salud sus funciones relacionadas con plantas de tratamiento de aguas servidas y control de vertidos, entre otros. ¡Claro que lo celebramos brindando, eso sí, con un vaso de agua! porque se trata del recurso natural más valioso de Costa Rica! ¡Por eso a usted también le invitamos a brindar!

Pero amigos, a dormir como los delfines, con la mitad de su cerebro alerta, pues anda por ahí otra fotocopia desmejorada del proyecto de nueva Ley de Aguas (expediente N°20.386) que podría saltar como la liebre y que se dice está empeñada en promover la diputada Paola Vega. Proyecto presentado en la legislatura pasada por Otto Guevara, Ottón Solís, Fabricio Alvarado, Víctor Morales Zapata, Mario Redondo, Epsy Campbell, y otros. Peor que los anteriores, pero uno más de las conspiraciones contra la Ley de Aguas.

*PhD en Ciencias Biológicas

El Gobierno debe atender oportuna y adecuadamente las peticiones de población Ngäbe de Sixaola

SURCOS comparte el comunicado de la Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe:

La Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe saluda y se solidariza con la lucha emprendida por las comunidades indígenas Ngäbes de Sixaola por su justo derecho como personas indígenas transfronterizas.

Dichas comunidades están compuestas por centenares de familias de obreros y obreras que trabajan para empresas bananeras nacionales y transnacionales, dedicando sus energías y vidas en el trabajo para la prosperidad de dichas empresas y la economía costarricense, sin embargo, no se les retribuyen dignamente, manteniéndoles en condiciones de explotación. Así, después de la huelga decenas de trabajadores fueron despedidos y defraudados por la transnacional Del Monte sin pago de sus derechos correspondientes. Los actuales dueños de la empresa quieren desalojar a las familias de las viviendas, cortándoles la luz eléctrica, negándoles el agua, entre otros.

Tratados como extranjeros en estas tierras y con las limitaciones que esto implica, la población Ngäbe históricamente habitan las áreas transfronterizas entre Costa Rica y Panamá desde mucho antes de la existencia de ambos estados. Esto es reconocido por la ley N.° 9710 del 9 de agosto del 2020 “Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza” que en su art. 4 entiende por persona indígena transfronteriza:

“persona indígena que forma parte de pueblos, cuyo territorio histórico y establecimiento, como entidad poblacional, se produce antes de la existencia de las fronteras que sirven de límite entre Costa Rica y sus países limítrofes, en concordancia con lo estipulado en el artículo 32 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales LEY N.° 9710 2 y el artículo 36.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Pese a la existencia de esta ley la situación de la población Ngäbe no ha cambiado, y las situaciones relacionadas con la pandemia han agudizado la problemática de la población.

La marcha iniciada por indígenas ngäbes hacia la capital San José representa un enorme sacrificio para las familias ngäbes y los expone a riesgos evitables al realizarse en un contexto de pandemia. Ya han caminado 47 kms el día lunes 11 de enero entre Sixaola y Cahuita.

Como red integrada por gestores y gestoras locales de 7 territorios indígenas de la región caribe sur y comunidades ngäbes de Sixaola, y 3 comarcas indígenas de Panamá, hacemos un llamado de urgencia al presidente de la República Sr. Carlos Alvarado y autoridades competentes para atender oportuna y adecuadamente las peticiones de la delegación, y evitar situaciones que puedan ser lamentables para los ngäbes.

Atentamente
Carlos Zúñiga Zúñiga
Cédula 1-1020 969
Coordinador
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe

 

Foto: Vicerrectoría de Acción Social, UCR.

Colegio de Periodistas pide transparencia en negociación con el FMI

SURCOS comparte el comunicado del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación (Colper):

En defensa al derecho constitucional de acceso de información pública y ante el inicio de las negociaciones del Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación, hace un llamado al gobierno de la República para que dicho proceso se dé en el marco de la transparencia y acceso a la información oportuna para construir la confianza necesaria en la población.

La única manera para contrarrestar las noticias falsas y la especulación entre la población es permitiendo a la prensa profesional el acceso al avance de los acuerdos y a los negociadores del gobierno para lograr informar de forma seria y adecuada los resultados de las negociaciones.

Desde el Colper estamos seguros del trabajo serio, responsable y profesional de parte de todos los comunicadores para darle a la ciudadanía la información balanceada para la toma de decisiones y así poder lograr los consensos que el país necesita.

Junta Directiva 2021