Días atrás SURCOS publicó la nota Solicitan al Gobierno respuesta sobre paso para fauna en Ruta 32 y Ruta San Ramón-San José donde se dio a conocer que Ma. Elena Fournier S; presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI desde el mes de octubre del año 2019 en varias ocasiones ha tratado de comunicarse con varias instancias del gobierno buscando respuestas a su preocupación sobre el proyecto de ampliación de la Ruta 32 y Ruta San Ramón -San José, Ruta 1 OBIS y por ende la debida construcción de los pasos para la fauna tanto subterráneos como aéreos, sin embargo no ha recibido respuesta alguna a sus inquietudes.
Hoy compartimos la siguiente información enviada por Ma. Elena Fournier acerca de la muerte de manigordos en la Ruta 32:
19 noviembre, 2020
Señora ministra Licda. Andrea Meza Señor director José Joaquín Vargas ACTo-SINAC-MINAE Ministerio de Ambiente y Energía.
Señor ministro Méndez Mata Señor ingeniero Kenneth Solano Carmona Proyecto Ruta 32-CONAVI-MOPT-CHEC Presente.
ASUNTO: URGEN ACCIONES PREVENCIÓN: En 15 días muertes de 5 manigordos, Ruta 32 entre Pocora y recta de Parismina.
Estimado señor ministro Méndez M., ministra doña Andrea, don José Joaquín y don Kenneth:
Por favor necesitamos trabajar en equipo, esto es urgente, esto es un problema nacional y ¿si CHEC se va sin terminar obras?
Problema urgente a resolver No. 1 con la empresa CHEC.
Respecto a la Ruta 32 y su ampliación, en estos quince días, han sido atropellados y muertos 5 (cinco) manigordos, uno de ellos en la foto anexa, entre Pocora y la recta de Parismina.
Costa Rica es un país que ha firmado/ratificado Convenios, Tratados internacionales en pro de la biodiversidad, fauna silvestre entre ellas, tenemos un marco legal ambiental que tenemos que respetar, como también está el EIA, Setena para la empresa CHEC.
Además Costa Rica depende del turismo nacional y principalmente internacional, ha quedado más claro con la pandemia Covid-19. Nos estamos quedando sin animales silvestres, está el fenómeno que se llama: defaunización de los bosques tropicales, una de las principales causas, el atropello y muerte de animales silvestres por las carreteras y sus ampliaciones, como la Ruta 2, la deforestación, la cacería, entre otras causas.
Urge la construcción de los pasos de fauna subterráneos como aéreos, señalización, rotulaciones, muchas cámaras de control de velocidad-esto daría buenos fondos al MOPT- todas las acciones preventivas para evitar más muertes innecesarias.
También, desde la Comisión Vías y Vida Silvestre, CVVS, que trabajamos en estos temas desde el año 2012 y la UNED, hemos aportado soluciones como la Guía, señalización, hemos realizado materiales, gracias a Audiovisuales de la UNED, para la radio, T.V., redes, que les compartimos para que las difundan por favor, o sea aportamos soluciones también.
Problema urgente No. 2 para resolver con CHEC entre muchos otros pendientes.
La otra foto se relaciona a la cantidad de basura que dejan los trabajadores de CHEC y el proyecto en si, ya teníamos ese problema pero se ha agravado y… ¿el Plan de residuos sólidos del proyecto con CHEC, y la SETENA?
Según Ley GIR, Residuos sólidos No. 8839: la multa veinte a cien salarios base, más pago daño ambiental…por tirar basura.
Esperamos ver los pasos de fauna subterráneos, aéreos, rotulaciones, señalización, cámaras de control de velocidad en la ampliación de la Ruta 32, lo antes posible, por el respeto al Contrato MOPT-CONAVI-CHEC, por el bien del desarrollo económico, social y sobre todo el respeto hacia los Animales y su habitat, como lo exige la Ley nacional e internacional y por una Costa Rica limpia.
Atentamente, Ma. Elena Fournier S. Coordinadora Comisión Vías y Vida Silvestre, CVVS Tel. 22 97 0970
Este viernes 20 de noviembre la Escuela de Nurtición de la UCR llevó a cabo el webinar: «Principales aportes de la agroecología en tiempos de COVID-19», con la participación de M.Sc. Guido Barrientos, M.Sc. Natalia Monge, Ing. Allan Chavarría y Bach. Melissa Salazar.
Esta semana quiero compartirles la presentación que hace ya algunos años hice al “Manual del Derecho Procesal Penal” de la Dra. Jenny Quirós Camacho. Estimo que mantiene plena vigencia y utilidad.
Presentación a cargo del magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez del libro de la jueza Jenny Quirós Camacho Proceso Penal Acusatorio – La Experiencia de Costa Rica
En los procesos de transformación social, ni las grandes reformas, ni siquiera las revoluciones más extremas, logran erradicar por completo los antiguos regímenes u órdenes establecidos, sus valores y costumbres, sus pautas culturales, o incluso, sus instituciones políticas y jurídicas. Una especie de resistencia inercial termina colándose siempre a pesar de los cambios y, cuando menos se espera, se puede recomponer una fuerza verdaderamente restauradora o contra-reformista. Se requiere de mucha claridad acerca de las renovaciones que se impulsan, la bondad de sus contenidos, así como de una gran fortaleza intelectual y espiritual que termine por imponerse frente a esas resistencias.
Esta realidad histórica se evidencia, de manera muy clara, en las propuestas de reforma en el campo del derecho y, particularmente, cuando se ha querido transformar los sistemas procesales. En el mundo Occidental, el tránsito en lo que hace al proceso penal, desde un ordenamiento inquisitivo a otro más bien acusatorio, ilustra con total transparencia la dinámica de esta evolución. Por un lado, se reforman los marcos normativos y, por otro, se conservan, a veces de manera apabullante, los parámetros tradicionales de interpretación legal, la forma burocrática en que se llevan los procedimientos, las costumbres centenarias en la gestión de los casos, y las pautas de conducta en actores y destinatarios del proceso. Basta echar una ojeada a lo que han sido las iniciativas de reforma en América Latina, para comprobar la contundencia de esta verdad: proyectos de códigos que duran décadas para ser elaborados; proyectos que duermen el sueño de los justos en los archivos parlamentarios; nuevos códigos promulgados sin prever lo mínimo para su efectiva vigencia; o bien, como parece ser nuestro caso, nuevos códigos que se aplican arrastrando todo el peso cultural del pasado.
No cabe duda de que en la región latinoamericana, el último movimiento renovador, a partir de la década de los ochentas del siglo recién pasado y teniendo como modelo el Código Procesal Tipo, ciertamente ha tenido un éxito sin precedentes, al menos en lograr un cambio formal en la legislación de muchos países del área, proponiendo el abandono de los ordenamientos procesales heredados de la Colonia y la temprana República, de impronta inquisitiva, y pretendiendo modernizarse hacia sistemas acusatorios, de rasgos más bien inspirados en las fortalezas de la tradición anglosajona.
Con toda certeza, ante una propuesta de reforma procesal penal, pesa decididamente el factor político en sentido estricto. Un régimen procesal penal dice mucho de la calidad democrática de una nación y, quizá eso explica la dificultad que se tiene de impulsar reformas a fondo o bien de hacerlas efectivas una vez promulgadas formalmente. No es por casualidad que haya sido precisamente a partir de esa misma década de los años ochenta, que en Centro y Sur América, con la erradicación de las dictaduras militares tradicionales y la vuelta a regímenes democrático-electorales, se encontrara terreno fértil para las propuestas de renovación en los regímenes procesales penales con características acusatorias. Pero este nuevo momento histórico abrió un capítulo de desafíos también inédito. A la par de la conciencia de que la reforma legal no va a poder cambiar, por sí sola, la realidad social y jurídica de nuestros países, y que estamos frente a una necesaria transformación cultural y política mucho más profunda, no debe perderse el norte del rumbo a seguir.
La reforma de que hablamos debe inscribirse en un sistema destinado a tener siempre presente, como principal punto de referencia, a las personas, su dignidad humana intrínseca, los derechos fundamentales que hacen real esa dignidad y que, en últimas, se trata de un sistema puesto al servicio de la resolución de conflictos entre seres humanos diversos, entre victimarios y víctimas, y entre ciudadanos y la autoridad pública. No perder el norte significa también desechar las tendencias tecnocráticas y eficientistas que pueden pervertir y malograr una auténtica reforma procesal democrática. Por cierto, una de las razones que con frecuencia se esgrime para justificar el cambio de lo inquisitivo a lo acusatorio, es la necesidad de una mayor eficiencia y eficacia del sistema penal en su conjunto, a saber, la policía, la fiscalía y los tribunales de justicia. Esto es en principio una verdad con la que debemos comprometernos. Una justicia lenta y tardía termina siendo una justicia denegada por violación a derechos humanos fundamentales. Pero las variables de la eficiencia y la eficacia, no pueden ser fines en sí mismas. Hay que recordar aquí que cuando el Estado, el ejercicio de la autoridad pública, o la eficiencia del sistema se ponen por encima de las personas, su dignidad y sus derechos, podemos estar hablando de cualquier cosa, menos de un régimen democrático de convivencia.
Dicho de otra manera, hay que prever el riesgo de convertir el sistema penal en una especie de “brazo armado” de una determinada ideología o modelo económico o estatal. Sobre todo si, como ocurre en nuestros países, existen importantes sectores y mayorías de habitantes que no logran sentarse a la mesa del reparto. Sin ser reduccionistas, ya sabemos el peso real que tienen la marginalidad social en la trama de buena parte de los delitos más comunes entre nosotros.
En Costa Rica, ya lo sabemos también, la migración desde los sistemas procesales inquisitivos hacia formas más modernas de tipo acusatorio, ha recorrido un camino muy particular. Este proceso se inició hacia 1973 con la promulgación del Código de Procedimientos Penales y ha tenido su último momento con el Código Procesal Penal de 1996, vigente a partir de enero de 1998. Aunque hemos sido uno de los países de la región que más en serio se tomó esos procesos de reforma, se han experimentado logros y fracasos, ventajas y desventajas. Así, por ejemplo, la profesionalización de una policía técnica judicial, la investigación de los delitos con apoyo científico, la independencia funcional del Ministerio Público, el fortalecimiento de la Defensa Pública y la oralización de la fase de juicio, se cuentan entre los logros más significativos del período 1973-1997. Pero, por otra parte, junto a esos avances se fueron enquistando prácticas viciadas, magros resultados en la duración de los procesos, la calidad de las investigaciones o en las respuestas a las nuevas formas de criminalidad. A estos resultados negativos se unió la insostenible concentración de funciones (juez de instrucción clásico), o bien la traición de los principios acusatorios en la fase de juicio, todo lo cual terminó por activar la necesidad de un nuevo movimiento renovador. No resulta erróneo percibir, en conclusión, que el haber ocupado un puesto de vanguardia en la reforma procesal penal latinoamericana, hizo que Costa Rica también cometiera errores e incubara vicios que otros países han podido evitar y, paradójicamente, ese mismo puesto de primera línea de avance ha hecho que arrastremos herencias y prácticas que ha costado mucho erradicar.
Cuando, para hablar de otro ejemplo que resulta tema central en el desarrollo del libro que presentamos, se ha querido hacer de la oralidad un instrumento real en el marco del Código Procesal que nos rige, han surgido resistencias de al menos tres diversos tipos. La primera de ellas, de carácter cultural ha consistido en seguir arrastrando el peso –milenario ya-, de lo inquisitivo. Si se mira bien, el carácter inquisitivo de las relaciones interpersonales e institucionales rebasa lo jurídico e impregna a profundidad la civilización a la que pertenecemos. En principio, y tanto en las relaciones sociales y personales básicas, como en los procesos de investigación jurídica, la tendencia es a juzgar primero, e investigar después. Se trata de la preeminencia del pre-juicio antes que del juicio. Esa manera “natural” de abordar las relaciones y conflictos humanos hace que se traduzca en una profunda pauta de conducta, relativa al cómo deben establecerse las opiniones y las verdades en una sociedad. Ni la academia, ni la práctica profesional hacen mucho por contrarrestar esta errónea orientación. Se comprenderá la trascendencia –nefasta- de que haya jueces dominados por esta ideología en la construcción de las decisiones que tienen en sus manos. De igual manera, esta predisposición anímica frente a la construcción de la verdad legal, va acompañada de una fuerte tendencia a un ejercicio vertical del poder. El protagonismo de un juzgador que mira a las partes y sus puntos de vista, no como el sustrato sobre el que tiene que decidir, sino como males necesarios a los que debe guiar y suplantar, es el síntoma más claro de que el autoritarismo inquisitivo sigue presente entre nosotros. En resumen, las prácticas inquisitoriales en el campo del derecho procesal penal, infiltradas regímenes anteriores o insertas en un marco acusatorio, sólo se colocan en mayor evidencia, tanto por la palpable contradicción con los principios rectores, como por la trascendencia, para personas de carne y hueso, de los “fallos”, en el doble sentido de la palabra, emanados de jueces prejuiciosos, arbitrarios o autoritarios.
La segunda de las resistencias al cambio detectadas es de carácter psicológico. No menos determinante que la anterior, la fuerza inercial juega aquí a favor de la costumbre, la manera en que se ha hecho por años o décadas las cosas y, en fin, la dificultad que hay, en el común de los humanos, de acomodarse a las transformaciones y a los avances de cualquier tipo. Así, tanto más complejo es el contexto al que nos vemos abocados, cuanto que las propuestas de reformas jurídicas se han visto acompañadas de importantes innovaciones tecnológicas. En muchos casos los recursos tecnológicos o, mejor dicho, su carencia, se toma como pretexto para no avanzar en la implementación de los cambios. Hay que tener presente que esas excusas deben ser superadas y que, independientemente de los recursos que se tengan a mano, el cambio es también de actitudes, conductas y voluntades, es decir, psicológico en sentido amplio.
Por último, una de las resistencias frente a las reformas es de carácter pseudo-jurídica. Se apela, en este caso, a la “imperiosa necesidad” que tiene el común de los operadores jurídicos de aplicar la literalidad de la ley ordinaria, olvidándose de los principios rectores del mismo Código Procesal, y sobre todo de aquellos contenidos en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Esta concepción estrecha del derecho hunde sus raíces en la mediocre educación impartida en la mayoría de nuestras universidades, cuestión que nos apartaría del propósito que tienen estas reflexiones. Lo constatable es que se aplican las normas jurídicas al margen de lo que una interpretación integral y más profunda pudiera ayudar, en cuanto al acceso real a la justicia, la celeridad con que puedan atenderse las demandas ciudadanas, la efectiva igualdad entre las partes y la aplicación de la respuesta penal, como mal necesario, a lo estrictamente indispensable. Si puede realizarse una justicia de calidad, en tiempos menores y con estricto respeto de los derechos fundamentales, nada impide que el recurso a los principios de mayor jerarquía nos permita hacer interpretaciones más allá de la literalidad de las normas ordinarias. El límite siempre estará dado por la efectiva violación de uno de esos derechos y el consiguiente agravio real y efectivo a los legítimos intereses de la parte interesada, cuestión que puede controlarse por medio de los múltiples mecanismos ya previstos.
Es a partir de estas consideraciones previas que puede abordarse, en su justa perspectiva, una obra como la que nos ofrece la Doctora Jenny Quirós Camacho, destacada integrante de la judicatura costarricense.
Para empezar, conviene decir que nos enfrentamos a un trabajo que es mucho más que un manual o tratado sobre derecho procesal penal. La lectura de este libro nos obliga a incursionar en cuestiones filosóficas, filológicas y jurídicas en sentido radical y amplio, en tanto que, simultáneamente, se nos pinta un panorama completo sobre la ideología y los principios rectores del Código Procesal Penal vigente en Costa Rica, su naturaleza predominantemente acusatoria y su conformidad con el derecho de la Constitución y los tratados internacionales. Estas cuestiones, a manera de basamentos del edificio que la autora ha construido, nos introduce en la teoría contemporánea de la comunicación a propósito del debate oralidad versus escritura; nos conduce también hasta las razones de fondo que existen para optar por un proceso penal democrático en la disyuntiva entre lo inquisitorial y lo acusatorio; y nos recuerda que, todo esto, es imposible sin tener presente la doctrina universal de los derechos humanos.
Ahora bien, todo el bagaje teórico que contiene esta obra, surge de lo que, en nuestro criterio, constituye su núcleo y aporte principal. Nos referimos al sustrato empírico que en su momento recopiló la autora, incorporando la perspectiva de los destinatarios de la reforma procesal penal en Costa Rica y, a partir de esa riquísima información, hacer un recuento de las principales practicas viciadas que se han filtrado, ya sea de los anteriores ordenamientos procesales, ya de las nuevas pautas de comportamiento que se han ido enquistando al calor de su efectiva puesta en marcha. Aquí salen mal librados principalmente los jueces. Si bien es cierto hay señalamientos críticos contra el Ministerio Público y la Defensa, lo cierto es que del desarrollo que se hace en esta investigación, la responsabilidad más relevante parecen tenerla los juzgadores que, bien por excederse en sus funciones, bien, por el contrario, por no cumplir cabalmente con ellas, terminan siendo el factor que más vicios y problemas genera en el desenvolvimiento sano del proceso.
Ciertamente, la Doctora Quirós Camacho, nos previene de que el status y rol del imputado, como personaje protagónico del proceso, no sufrió mayor cambio respecto de su definición anterior en el Código de Procedimientos Penales (1973), por ello, su interés se centra en otros de los destinatarios del nuevo ordenamiento, principalmente el juzgador, el defensor -tanto público como privado-, las víctimas y los testigos. Se teje así, en cada una de las fases principales del procedimiento vigente (preparatoria, intermedia y debate), un análisis crítico desde puntos de vista internos y externos, que dan una mayor objetividad y consistencia respecto de la identificación de los principales errores que se están cometiendo y sus posibles vías de erradicación.
Así, con la claridad simétrica que ya caracteriza el pensamiento de la autora, el último de los capítulos de esta obra nos propone, en cada una de las principales etapas del proceso penal, una serie de indicaciones tendientes a resolver los vicios y yerros que se han diagnosticado y criticado con anterioridad. Se entra entonces a concluir sobre la necesidad imperiosa de que las peticiones al juez, en la fase preparatoria, se hagan y resuelvan en audiencias ágiles y productivas; que se le otorgue a la audiencia de la fase intermedia el papel que le corresponde, a saber, un momento de verdadera discusión que sirva para discriminar qué vale la pena enviar a juicio y en qué condiciones; y, finalmente, recuperar el carácter fundamental del debate, como fase decisoria por excelencia, sin traicionar sus principios rectores.
En síntesis, las tesis que la Doctora Quirós Camacho se ha propuesto demostrar, en mi opinión con todo éxito, son básicamente dos: en primer lugar, que la reforma procesal costarricense de los años 1996-1998 quiso ser y en realidad lo fue, una reforma de naturaleza acusatoria, en armonía con el derecho de la Constitución y los tratados internacionales; y, en segundo término, que los extravíos no han sido producto del diseño legislativo, sino en las prácticas seguidas por los responsables de aplicarlo, que no han sabido aprovecharlo de manera correcta y en todas sus posibilidades.
Si, por último, de algo podemos estar seguros y congratulados a diez años de la puesta en vigencia del nuevo ordenamiento procesal penal, es de que, pese a las dificultades con que se ha tropezado en su aplicación, se confirma la ideología acusatoria, profundamente democrática del Código entonces promulgado, su capacidad para enfrentar razonablemente el problema delictivo en una sociedad caracterizada por un gran dinamismo y cambio, con un incremento real de la violencia y formas inéditas de criminalidad, a las que se está dando respuesta sin maltratar ni comprometer las libertades y garantías propias del Estado de Derecho. De igual manera, ha surgido un pensamiento nuevo y amplio, vigorosamente crítico, que pone sobre la mesa los desafíos que tenemos por delante, evidencia de lo cual es el trabajo que ahora hemos tenido el honor de presentar.
En el marco de las actividades de la Semana de la Prensa y Profesionales en Comunicación en Costa Rica, dedicada a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU, se llevó a cabo el pasado miércoles 4 de noviembre de 2020 la Presentación del DECÁLOGO DE LA ETICA PARA COMUNICADORES.
La presentación del Decálogo estuvo organizada por el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, la Cátedra en Responsabilidad Social de Comunicación Alberto Cañas en conjunto con el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional y se trasmitió por medio de la presencialidad remota en la Plataforma ZOOM y por el Facebook Live de la Rectoría de la Universidad Nacional y del Colegio de Periodistas de Costa Rica.
El presidente del Tribunal de Honor y Ética, Ph.D. Efraín Cavallini Acuña, manifestó que el Decálogo para Comunicadores Sociales es un producto de comunicación que se ha logrado elaborar gracias a esa voluntad, motivación y actitud abierta de muchas personas para co-crear y comprender que la corresponsabilidad es la llave para la construcción de proyectos de beneficio mutuo. De esta manera, los miembros del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas-THE-COLPER, recogieron gran cantidad de reflexiones, argumentos, pensamientos, observaciones, recomendaciones, que les llevó a proponer la creación de un DECÁLOGO DEL COMUNICADOR Y LA COMUNICADORA SOCIAL, el cual fue elaborado como parte de la Catedra de Ética y Responsabilidad Social de Comunicación “Alberto Cañas” del THE-COLPER, en conjunto con el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional, cuyo propósito es divulgarlo ampliamente en medios de comunicación, entre estudiantes y profesionales en comunicación, así como en la sociedad en general.
Este Decálogo fue aprobado en sesión ordinaria del THE-COLPER del 17 de febrero de 2020, acta No. 04 y presentado formalmente al país, el miércoles 4 de noviembre de 2020 en un evento organizado por el Tribunal de Honor y Ética-COLPER en el marco de la Semana de la Prensa y Profesionales en Comunicación 2020.
El secretario del Tribunal de Honor y Ética, Master Gerardo Chavarría Vega, hizo la presentación oficial del Decálogo, indicando, que los miembros del Tribunal de Honor y Ética, consideran que todos los periodistas y comunicadores deben tener un decálogo, que ayude a mejorar la calidad de profesionales del periodismo costarricense: “La desconfianza que hoy nos producen los reportajes, las informaciones y noticias, llega por una contradicción constante y falta de objetividad y de veracidad. Nuestros ciudadanos necesitan el contacto con un periodismo veraz, sano e independiente. Por estas premisas en el THE-COLPER, nos avocamos a construir un decálogo para los periodistas y comunicadores”.
Para Chavarría, el periodismo tiene una misión muy importante de formación e información a nivel social, por esta razón, se le hizo ver al Presidente de la Junta Directiva del COLPER, Lic. Belisario Solano Solano, la importancia de que el Colegio de Periodistas cuente con este instrumento enunciativo, en el que se detallan los principios éticos que se espera practiquen los periodistas y comunicadores, en su tarea diaria para hacer de la comunicación una vía para la sana convivencia y diálogo social responsable.
Para los integrantes del THE-COLPER con el Decálogo para Comunicadores, se busca promover y concientizar, sobre los principios éticos para el ejercicio de la comunicación social, por ello, motiva a ser partícipes de los compromisos fundamentales de: Respeto, Verdad, Honestidad, Imparcialidad, Independencia, Democracia, Paz, Justicia, Tolerancia, Calidad de vida, Integridad, Equidad, Buena Fe, Neutralidad, Excelencia, Libertad de Pensamiento y de Expresión, Respeto al Derecho Ajeno y Propio, al Ambiente y al Pluralismo.
(Bloque Verde, 20-11-2020) Hoy la semilla campesina e indígenas puede ser intercambiada o vendida libremente, pero un proyecto de ley intenta cambiar esa práctica milenaria con la excusa de la calidad y el control. Según la OCDE casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, por ser en su gran mayoría semillas locales, nativas y criollas.
En la práctica se trata de un mecanismo de restricción de uso de las semillas, una privatización de esta práctica ancestral que ha hecho posible la agrobiodiversidad existente y que se encuentra en extinción por la homogeneización de la agricultura industrial. Se trata del proyecto bajo el título: “Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas”, expediente 21087.
Según la Red de Coordinación en Biodiversidad “ese texto fue construido sin ningún tipo de participación de organizaciones campesinas, ecologistas o indígenas, y tampoco ha sido consultado a representantes de estos sectores como parte de su trámite legislativo”.
Por su lado la Red de Mujeres Rurales mediante una carta enviada a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa este proyecto de ley “no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas”. Para ellas “quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder.”
Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.
Diversos colectivos y organizaciones le han hecho saber a los diputados que esta ley está hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas. Pero además está diseñada para ir en contra de los intereses de la mayoría de la población.
Para la Red de Mujeres “La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas». Esto debido a que se plantean penas e infracciones contra las personas que intercambian semillas locales cuando estas representan una amenaza comercial para las empresas.
Sumando a todo lo anterior es especialmente grave la falta de participación de los pueblos indígenas en un tema que les afecta directamente y es obligatorio consultarles tal como señala el convenio 169 de la OIT.
Según la Asociación De Desarrollo Indígena Bribri Talamanca (ADITIBRI) en una carta enviada a la Comisión de Agropecuarios aseguro que: “hemos mantenido nuestras semillas, intercambiado y reproducido con prácticas milenarias”.
Para ADITIBRI la forma de conservación, reproducción y producción son propias pueblos indígenas, prácticas inclusive antes de la fundación de la República, en este caso, se refiere al convenio 169 OIT indicando, los Estados deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos. La ADITIBRI aseguran que no han sido informados ni consultados y que este proyecto es contrario a las prácticas tradicionales y costumbres de su pueblo y solicitan archivar dicho proyecto de ley.
Hace más de quince años se ha venido intentando aprobar distintos proyectos de ley relacionados con el tema que tienen serias implicaciones para la agricultura campesina e indígena, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.
El proyecto de ley expediente n°21087 excluye a las comunidades indígenas y campesinas de los espacios de decisión en materia de semilla. Tanto en la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Semillas (ONS), como en la Comisión Nacional de Recursos Fito-Genéticos (CONAREFI), no toman en cuenta a ninguna organización o instancia que pueda defender los derechos de las personas que cultivan la tierra.
Por otra parte, crea un marco de competencia desleal ya que los únicos que podrán venderle al Estado costarricense semillas para las distintas instituciones que tienen programas de asistencia y extensión serán las empresas que logren certificar las semillas. Es decir, que estarían en desventaja pequeñas y medianas empresas que quieran comercializar semillas.
Esta vez compartimos un artículo de Mario Luna, de El Salvador, cuya intención es ofrecer un análisis socio-teológico de coyuntura y opinión, desde su experiencia salvadoreña como parte de una Comunidad Eclesial de Base.
Este hermoso y oportuno artículo es parte de la serie de textos de análisis de coyuntura que compartimos este año tras la declaratoria de pandemia. Pretendemos compartir insumos para las personas y comunidades que quieran contar con análisis y herramientas para entender lo que estamos viviendo en Latinoamérica., siempre desde el enfoque del pensamiento crítico.
Mario Luna es docente, Teólogo, maestrante en Teología Latinoamericana (por la UCA de El Salvador), miembro de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador. Facilitador de biblia y teología del ministerio de diversidad sexual de la Iglesia Episcopal de El Salvador. Acompañó a dos CEBs en Zacamil, Mejicanos, la comunidad Monseñor Romero, Zacamil, y la comunidad la Fosa. Además, es miembro del Centro de Investigación Ecuménica de El Salvador (CIE)
Mario ya nos ha acompañado en el DEI de forma presencial durante el Taller Socio-Teológico, y actualmente forma parte del Seminario de Construcción Colectiva que se realiza en modalidad virtual en este momento.
Agradecemos profundamente a Mario por recuperar las experiencias desde las Cebs en Zacamil y compartir generosamente este artículo.
Les animamos a ustedes enviar sus artículos para compartirlos con muchas más personas.
DEI
«Mi Reino no es de este mundo…»
Hacia la construcción y recuperación de lo femenino en los espacios comunitarios políticos en tiempos de crisis por el Covid-19
Por: Mario Luna (El Salvador, CA).
Covid-19 y crisis social-política en El Salvador y Latinoamérica
Evidentemente debemos decir que en los actuales contextos que vivimos en América Latina, hubo una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. Es decir, una naturalización de este.
Se justifica esta narrativa señalando que “por razones de salud y seguridad pública” se quitan las libertades constitucionales a los ciudadanos. Dando así lugar a una verdadera militarización de los municipios y zonas en que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona o en que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus.
El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla.
Por ejemplo en El Salvador, la pandemia ha llegado, y ha puesto en crisis no solo el sistema de salud pública, sino que también a las personas más empobrecidas. Muchos salvadoreños y salvadoreñas afirman: “Si me quedo en casa, me muero de hambre”. Por tanto hay una naturalización de morir de hambre o morir por el contagio del virus.
Dejar de trabajar y encerrarse en casa por Coronavirus es un lujo para quienes trabajan en el sector informal de El Salvador. Según un estudio que Fusades presentó en octubre de 2018, se trata de siete de cada diez salvadoreños. Gente que no tiene Seguro Social ni pensión y, salvo excepciones como algunas empleadas domésticas, tampoco un pago fijo. Los vendedores informales son ícono de este desafortunado sector de la economía nacional, y los vendedores del Centro Histórico son los más célebres de entre ellos (ver enlace).
Al menos hasta 2015, la Alcaldía capitalina calculaba que son más de 8,600 en puestos en las calles del Centro, y unos 10,000 ambulantes: carretoneros y buhoneros (que andan la venta en la mano). Toda esa gente no se puede dar el lujo de encerrarse. Si venden, comen; si no, no. Así lo dicen algunos de ellos. “¿Se imagina si no salimos a vender lo que va a pasar con nosotros? Nos van a dejar morir”, dice una anciana que vende medicamentos. “Si no me dejan venir al trabajo, yo voy a hacer desvergue”, dice un lustrador de zapatos. “¡La gente de dinero compra cosas para guardarlas, nosotros ni el supermercado conocemos!”, dice una vendedora de ropa interior.
No obstante, se posiciona toda una narrativa de parte del gobierno que naturaliza su accionar, por ejemplo:
Geovanny Ramírez tuvo que salir de su vivienda, ese 7 de abril, porque ya no tenía nada para comer. La cuarentena y el régimen de excepción, impuestos por el Gobierno desde el 21 de marzo por la pandemia de COVID-19, lo obligaron a guardar su venta y eso lo dejó al borde de la hambruna. Así que se acomodó la mascarilla, tomó su bicicleta, el dinero de una encomienda y luego salió rumbo al centro de San Miguel. A pocas calles de su casa, unos policías de la Unidad Táctica Operativa (UTO), destacados en San Miguel, lo detuvieron en un retén, cuando el reloj marcaba las 8:30 a. m. cuando se detuvo “por respeto a la ley”, según dijo, los policías comenzaron a acusarlo: “Uno de ellos dijo que yo era pandillero, porque yo andaba dinero ajeno (…) Me dijeron que me iban a llevar como a un pandillero, y yo les dije que no soy nada de eso. Ahí fue cuando me empezaron a pegar”.
Geovanny es electricista de profesión y comerciante, y más recientemente repartidor y recadero. “Salí por necesidad”, dijo, pero los agentes no le creyeron. El primero lo golpeó en las costillas y, sin recuperar el aliento, corrió con todas sus fuerzas de regreso a casa, dejando atrás su bicicleta y a los policías. Uno de ellos disparó y Geovanny no supo si fue al aire o si falló el tiro. Griceydi Padilla, su vecina, salió al escuchar “una detonación similar a la de un arma de fuego” y “gritos de una persona pidiendo auxilio”. Era Geovanny, quien aprovechó la puerta abierta para buscar refugio, pero fue descubierto y sacado a puntapiés por los policías. De ahí se lo llevaron junto a tres más que pedían detener el maltrato, incluyendo a una adulta mayor. Así lo narró Griceydi a la procuradora delegada de Derechos Humanos en San Miguel, Gladys Benítez, según la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre el caso (Fuente: ver enlace).
Por otro lado, hay una crisis política en El Salvador. Hay fuertes indicios antes de la pandemia de la absolutización de la militarización del Estado (con el 9 de febrero), es decir un mes antes del confinamiento y de la paro de la economía (trabajo), había fuertes indicios de esta realidad:
“Por primera vez en la historia, un presidente utiliza al ejército para tomarse la Asamblea Legislativa y amenaza con disolver el Congreso. Nayib Bukele organizó este domingo 9 una concentración con miles de simpatizantes frente al Órgano Legislativo y dio un ultimátum de siete días a los diputados si no ceden a su presión y autorizan la negociación de un préstamo de $109 millones” (fuente: ver enlace).
Sin embargo, durante todo este contexto de pandemia, hay ataques a la prensa, a la libertad de expresión, persecución política por parte del ejecutivo de periodistas (en especial mujeres) y comunicadores, desprestigio de todo aquel o aquella que haga una crítica o juicio o de una opinión distinta al ejecutivo (el medio estratégico son las redes sociales):
“La periodista de la revista Gato Encerrado, Carmen Valeria Escobar, es acosada digitalmente por el candidato a diputado por Nuevas Ideas, Carlos Hermann Bruch.
En reiteradas ocasiones Bruch ha descalificado la labor de la periodista; sin embargo, dicho acoso se intensificó en el marco de la pandemia, lo que también desató ataques digitales por otros usuarios de redes sociales.
“El nivel de acoso de este personaje llegó a un nivel intolerable”, expresó la periodista en su cuenta de Twitter. APES condena este tipo de ataques que atentan contra la integridad de las y los periodistas y pide a los usuarios de redes sociales respetar la labor de la prensa, fundamental para el ejercicio democrático en el país” (Fuente: ver enlace).
Por último, el domingo 9 de agosto, el presidente Bukele señalo en radio y televisión: “Si yo fuera dictador, los mandaría a fusilar a todos”. En esta frase expresó sus más caros anhelos, esto es, fusilar a todos los que no comulgan con sus determinaciones, comenzando con los magistrados de la Sala de lo constitucional de El Salvador.
Por tanto, en mi opinión personal, la pandemia ha sido la excusa perfecta para la exacerbación de la militarización del estado y del espacio público, e impulsar políticas populistas que buscan posicionar en la administración pública una nueva aristocracia (contexto de El Salvador).
Se quiere controlar a la población generando miedo por medio de los medios de comunicación social, redes sociales, entre otras; se construye el pánico por medio de la desinformación de qué medidas de saneamiento tomar ante la pandemia, además del incremento del desempleo, inseguridad social.
Hay por tanto, toda una estrategia psicológica para mantener el miedo en la población y así mantener paralizada a las personas, para que estas no reaccionen ante un abuso y violación de derechos humanos.
Se aprovecha el estado de emergencia (Contexto de El Salvador) para hacer negocios (corrupción) y compras de accesorios de bio-seguridad de mala calidad, se oculta la información del manejo de la pandemia de una forma tan descarada, violando la ley de ética gubernamental.
Planteando este escenario, vemos con claridad la presencia de una necro-política en todo este proceso.
1.1. Necro-política y necro-capitalismo
Es decir un proyecto político-económico de muerte que empobrece siempre a las mayorías. La realidad más cruda: morir de hambre o por el virus. Evidentemente, serán siempre los marginados y excluidos de un sistema social-económico los que tendrán o que sobrevivir o perecer.
Achille Mbembe (2011) quien construye el concepto de necropolítica, examina cómo el derecho soberano de matar se reformula en las sociedades donde el Estado de excepción es permanente. Según Mbembe, en un estado sistemático de emergencia, el poder refiere y apela constantemente a la excepción y a una idea ficticia del enemigo.
Pero como entendemos la necro-política:
Se refiere al poder de dar muerte con tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos tales como la masacre, el feminicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual y la desaparición forzada, así como los dispositivos legal-administrativos que ordenan y sistematizan los efectos o las causas de las políticas de muerte (Estévez, 2017).
Lo legal, lo jurídico y lo político sistematizan y ordenan este proyecto de muerte, que tiene como fin, salvar el mercado (el orden) y no al ser humano.
Vivimos esta situación que describe Mbembe, donde la crisis y emergencia sanitaria por el Covid-19 desvelan el necro-poder, o por lo menos está más evidente que en otros tiempos las necro-praxis (políticas) de las formas radicalmente corrosivas de capitalismo. Es sin duda, un capitalismo necropolítico, es decir, prácticas capitalistas o formas organizacionales de acumulación que involucran la pobreza, muerte, suicidio, destrucción del ecosistema y la organización y administración general de la violencia social estructural (Estévez, 2017).
¿Cuál es la respuesta teológica latinoamericana de la liberación, ante la actual situación del Covid-19?
Desde la perspectiva del teólogo Asman (1997), ante esta situación la crisis socio-política que provoca el capitalismo como necro-praxis, se deben posicionar las experiencias de fe anti-idolátricas y una de ellas es crear lenguajes alternativos para hablar de Dios y desde luego construir una comunidad ética-política solidaria alternativa distinta a la que se construye desde la idolatría del dios del capitalismo (individualismo, muerte, destrucción de los ecosistemas, entre otros). Se trata de estar en el mundo pero no ser del mundo (Jn 18, 36). Veamos.
2.1. Mi reino no es de este mundo (Jn 18, 36)
Según el texto de Juan 18, 36: Contestó Jesús:
Mi reino no pertenece a este mundo. Si perteneciera mi reino a este orden, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Ahora que mí reinado no es de aquí.
Para Mateos-Barreto (1982), Jesús no responde directamente a la segunda pregunta de Pilato: ¿Qué has hecho?, sino a la primera: ¿Tú eres el rey de los judíos? Al descartar la realeza que se apoya en la fuerza quedará patente que no pretende ocupar el trono, como podría sugerirlo el título que le ha dado: el rey de los judíos.
Al decir Jesús de Nazaret: “Mi reino no pertenece a este orden”, está en paralelo con la que había dicho de sí mismo: “yo no pertenezco al orden éste” (8,23) (…). El orden este, “el mundo”, es el sistema de injusticia, el que oprime al ser humano (mujer-hombre), y la adhesión a él es el pecado (8,23).
No obstante, Jesús practica el servicio al ser humano (al Otro) y rechaza el poder (6,10.15); como rey será el hombre levantado en alto, que dará su vida por salvar al Otro (12,13.15.32.34; cf. 3,3.5.14). La figura de Jesús, el rey que no pertenece al orden este, se opone a la del “jefe de este orden” (Jn 12, 32; 16,11), se trata de la personificación del círculo de poder (Mateos-Barreto, 1982).
Para Mateos-Barreto (1982), Jesús caracteriza a los reyes de este orden por apoyarse en la fuerza de las armas e imponer así su dominio: Si perteneciera a este orden (mundo) la realeza mía, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Jesús considera el uso de la violencia como perteneciente a la esfera de la injusticia y del pecado. En eso precisamente se distingue su realeza de las demás. La oposición entre su postura y la de “este orden” es clara; él se ha entregado voluntaria mente y ha cortado en seco la violencia de Pedro (Jn 18,11).
Por ende, Jesús renunciando al uso de la fuerza, ha probado no ser rey como los otros. No se ha constituido en rival de sus adversarios, disputándoles el poder, sino que se ha entregado en sus manos. Su realeza no tiene su origen en ninguna legitimidad de este mundo: “Mi reino no es de este mundo”.Tiene un fundamento completamente distinto que no se expresa en el lenguaje jurídico de derecho-sumisión.
En Síntesis, “no ser de aquí” equivale, por tanto, a “no pertenecer al orden este”. Su realeza pertenece a lo de arriba”, la esfera del Padre y del Espíritu; es, por tanto, una realeza que por amor comunica vida, en vez de producir muerte con la opresión (Jn 4,47.49).
2.2. Los imperativos del mundo (necro-poder: orden-ley)
Para Jesús el uso de la violencia del orden (mundo) pertenecen a la esfera de la injusticia y del pecado. El mundo (el orden), fundamenta un proyecto de muerte, desde el poder. Y esta realidad, desde la óptica del Jesús del evangelio de Juan es pecado.
El Sanedrín y Pilato son mundo, y estos siguen los imperativos del mundo. Ellos defienden las Leyes, Pilato la ley del dominio imperial y el Sanedrín la legalidad de la Ley judía. Pero para estos, Jesús de Nazaret ha transgredido la Ley (cuando lo ha hecho, pues cuando cura a los enfermos en día sábado). Para el Jesús Joanico, la ley no debe impedir la vida humana, por tanto, los que se open a Jesús y su praxis, lo hacen en nombre de la Ley (Hinkelammert, 1998).
2.3. Sustitución de Dios por el mercado (Jn 2, 13-16): necro-teología del orden mercantil
En síntesis, si actualizamos el mensaje de Jesús de Nazaret desde el evangelio de Juan, el mundo y su orden es toda una realidad de pecado e injusticia, con una ley que cosifica al ser humano. Pero también, para que se fundamente este orden-mundo, es fundamental toda una necro-teología que legitima este orden. Ahora bien, el Jesús del evangelio de Juan desenmascara esta realidad es decir “la sustitución de Dios por parte de las relaciones mercantiles”:
Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: Quiten esto de aquí. No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado.
Se trata del conflicto entre Dios y Mamón. Mamón en este texto ocupa el lugar de Dios, al transformar la casa del Padre en casa de mercado. Dios desaparece de la casa de Dios y su lugar lo ocupa el Mamón, que ahora se llama Dios, pero en ningún momento se transgrede la Ley. Es evidentemente el cumplimiento de la Ley (en este caso la ley del valor) que sustituye a Dios en la casa de mi Padre. Dios es destronado cumpliendo la Ley. Por tanto, se trata de un acto en contra de Dios, que a la vez es un acto contra el ser humano (Hinkelammert, 1998).
En resumen, en el mundo-orden el mercado y la ley normatizan teológicamente el seguimiento a Mamón como el absoluto señor del orden-mundo. Pero el Jesús del evangelio de Juan, deja clara la postura radical de: “Mi reino no es de este mundo”, y sobre todo desenmascara la teología del mundo orden: “No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado”. En último término, Jesús señala que este mundo-orden (podríamos decir el necro-política) construye relaciones de poder que son pecado e injustas, que van en contra de la voluntad del Padre (y del reino de Dios).
La ética de la compasión: para deconstruir el orden-mundo (necro-poder) y la recuperación de los espacios comunitarios políticos
Boff (2004), se hace una pregunta fundamental que nos sirve para deconstruir todo lo que hemos construido hasta este momento como civilización (orden-mundo): ¿Por qué hemos llegado hasta este punto crucial? Para Boff, las revoluciones agrícolas, la industrial, la del conocimiento y la comunicación, modificaron la faz de la tierra para bien y para mal. Dieron comodidad al ser humano, pero también depredaron la tierra.
Con el conocimiento técnico-científico y cultural, obtuvo el poder-dominación de la tierra, de las mujeres, de los pueblos. En lugar de estar junto a los demás seres, se puso contra ellos y sobre ellos.
Urge por tanto, de-construir todo este proyecto de muerte (necro-políticas), y para ello Boff (2004) expresa que lo fundamental para contrarrestar esta realidad, es la activación consciente e intencionada del principio femenino que está presente en las animas de la mujer y el hombre. Lo femenino en nosotros es aquella energía estructuradora que nos hace sensibles a todo lo que tiene que ver con la vida y la cooperación, que capta el valor de los hechos, que lee el mensaje secreto emitido por todos los seres, que identifica el hilo conductor que liga y re-liga las partes en el todo a la Fuente que todo procede. Lo femenino nos enseña a cuidar de todo con celo entrañable.
El cuidado constituye la esencia del anima y precondición necesaria para que continúe la vida.
En conclusión, según Leonardo Boff (2004), “para ser plenamente humanos, el ethos tiene que incorporar la compasión (pp. 56). El ethos que se compadece… incluye a todas las personas… donde hay acogida y donde las lágrimas pueden ser lloradas sin vergüenza o enjugadas cariñosamente” (pp. 57).
Y la compasión como señala Boff (2004), “es compartir la pasión del otro y con el otro, sufrir con él, alegrarse con él, caminar con él (pp. 57). Y la compasión como señala nuestro teólogo, exige, libertad, altruismo y amor” (pp. 59).
Hoy por hoy, en tiempos de crisis por el Covid-19 y de la implementación de las políticas de muerte, lo que debe primar es la ética –política de la compasión.
Se debe crear comunidades con esta óptica, es lo que debemos considerar para construir otros mundos distintos a este.
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Fotografías: agradecemos a Mario Luna por facilitarlas. Las tres corresponden a la Colonia Zacamil, en el Municipio de Mejicanos (Departamento de San Salvador, El Salvador).
Fotografía 1: Primer aniversario de Comunidad Eclesial de Base (Ceb).
Fotografía 2: (con imagen de una cruz): Viacrucis latinoamericano, con tres Cebs de la zona.
Fotografías 3: Círculo de Lectura Popular de la Biblia en casa de Mario, Zacamil.
Referencia Bibliográfica
Asman H (1997). La idolatría del Mercado. Colección Economía Teológica. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). San José, Costa Rica.
Hinkelammert F. J (1998). El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización. Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), San José Costa Rica.
Mbembe A (2011). Necro política. Editorial Melusina. España.
Mateos, J y Barreto, J (1982). El evangelio de Juan. Análisis Lingüístico y comentario exegético (segunda edición). Ediciones Cristiandad. Madrid.
Se presentó recientemente el Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 2020, construido por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Este Atlas 2020 utilizó una nueva metodología usada en cálculos nacionales desde el año 2010 y que se nutre de la aplicación de una renovada familia de índices a nivel cantonal, como lo son el Índice de Desarrollo Humano Cantonal, el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad, el Índice de Desarrollo de Género y el Índice de Desigualdad de Género.
De acuerdo con el equipo investigador, el principal dato del Atlas 2020 es que, si bien Costa Rica ha avanzado en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, el esfuerzo no ha sido suficiente para alcanzar a las regiones y personas en mayor condición de vulnerabilidad, como las mujeres y las zonas rurales y periféricas.
Los resultados del Índice de Desarrollo Humano (IDH), indican que:
– En el 2018 únicamente el cantón de Matina se encuentra en la categoría de desarrollo humano medio (en el 2010 eran nueve especialmente en zonas fronterizas).
– En todo el periodo no hay cantones en la categoría de desarrollo humano bajo (ElPaís.cr,5-11-2020).
En los últimos 15 lugares del IDH 2018, se encuentran Matina, Talamanca, Los Chiles, Buenos Aires, La Cruz, Tarrazú, Coto Brus, Guatuso, Sarapiquí, Hojancha, Osa, Garabito, Turrubares, Upala y Limón, de los cuales 3 pertenecen a la región Huetar Norte, 3 a la región Huetar Atlántica, 3 a la región Brunca, 2 a la Chorotega, 2 a la Central y 1 a la Pacífico Central, mostrando la mayor presencia de las regiones Huetar Norte, Atlántica y Brunca en los últimos lugares del IDH.
Entre los componentes del IDH, es importante observar las diferencias en los valores de la Esperanza de Vida y los años de Escolaridad en los cantones, siendo que Garabito, Matina, Talamanca, Osa y Limón presentan la menor esperanza de vida de todos los cantones con menos de 80 años, mientras que Los Chiles, Matina, Talamanca, Buenos Aires, La Cruz, Guatuso Sarapiquí, Osa, Upala y Limón tiene el menor número de años de escolaridad con 11 años.
Al comparar el comportamiento del 2010 con respecto al 2018, nueve cantones cambiaron 10 posiciones o más mejorando su posición. Por el otro lado, 10 cantones cambiaron 10 o más posiciones hacia abajo en el ranqueo.
Cantones como Dota, Esparza, Nandayure, Quepos, Cañas, Flores, Mora, Turrubares y León Cortés han mejorado su posición y cantones como Talamanca, Osa, Tarrazú, Sarapiquí, Guatuso, Hojancha Buenos Aires y Coto Brus y Osa han bajado posiciones ubicándose en las últimas de la clasificación.
En el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), la mayor desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales, mientras que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.
Los cantones que se encuentran en los últimos lugares del IDH-D, son Matina, Talamanca, Buenos Aires, Sarapiquí, Hojancha, Coto Brus, Osa, Tarrazú, Los Chiles y La Cruz.
Comparando el IDH y el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad, los cantones que más pierden posiciones en relación con el primero, son Sarapiquí, Buenos Aires, Coto Brus, Hojancha, Osa, Tarrazú, Talamanca, Upala, La Cruz y Los Chiles.
En cuanto al Índice de Desarrollo Humano por Género (IDH-G), las mujeres siguen viendo limitadas sus oportunidades económicas en relación con los hombres. Los cantones fronterizos son los que presentan mayores retrocesos en este tema.
En los últimos lugares del IDH-G estaban en el 2018, Turrubares, Dota, Guatuso, Mora, Hojancha, Nandayure, Esparza, Matina, Talamanca.
Para el 2018, 9 cantones se encontraban en la categoría IDG medio, mientras que en el 2010 se ubicaban 10 en esta categoría, en los que repetían Matina, Talamanca y aparecían Flores, Mora, León Cortés, San Mateo, Siquirres, Nicoya, Esparza y Buenos Aires.
En general integrando los tres indicadores de IDH, IDH-D e IDH-G, es posible establecer la profundización de una brecha territorial que ubica a los cantones del Caribe (Matina, Talamanca), del Norte (Los Chiles, Upala, Guatuso) y de la Zona Sur (Buenos Aires, Osa, Coto Brus) en los últimos lugares de la última década.
El comportamiento de los índices por cantón, es coincidente con el nivel de pobreza existente en el 2019, según la Encuesta de Hogares del INEC, en la que la pobreza es alta en algunas regiones, por ejemplo, en la región Brunca, la Huetar Atlántica y el Pacífico Central, en la que la pobreza ronda el 30%, lo que implica que la tercera parte de los hogares no cubren sus necesidades básicas, en esas regiones la pobreza extrema es del 9.2, 8.9 y 9.1, las más altas del país (LN.com,18-10-19).
En tanto la desigualdad en las regiones según el coeficiente de Gini, en la Brunca, Chorotega y Huetar Atlántica es cercano al 0,53 con el nivel más alto (ElPaís.cr, 18-10-2019), lo que confirma las persistentes desigualdades y desequilibrios territoriales y los deteriorados índices de desarrollo social, particularmente en las zonas rurales y costeras.
Por su parte, la investigación de la Escuela de Estadística de la UCR y del PNUD y la nueva versión del IDH, plantean algunos retos que es necesario mencionar:
Desarrollar políticas sociales inclusivas que reconozcan las desigualdades territoriales.
Atender las causas de la desigualdad local de manera prioritaria en aquellas zonas fronterizas, costeras y rurales.
Atender aspectos ambientales que reduzcan la vulnerabilidad.
Transcender el concepto económico de desarrollo mediante la atención de factores de exclusión y desigualdad.
En este sentido, el Atlas muestra la necesidad de orientar acciones de política pública que mejoren el desempeño de las instituciones del Estado costarricense, entre ellas resalta el fortalecimiento del sistema educativo, la atención de las realidades cantonales de manera diferenciada y la integración de poblaciones tradicionalmente excluidas, como las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios, la población afrodescendiente y las personas con discapacidad (ElPaís.cr,5-11-2020).
El Programa Alternativas presenta este próximo viernes 20 de noviembre a las 6 p.m. el tema: «Costa Rica en el contexto geopolítico contemporáneo», con la participación de Carlos Granados, Miguel Madrigal, Claudio Monge e Isaac Mora.
Podrá sintonizarlo a través de los 1590AM o bien será transmitido por Facebook Live.
La pandemia de la Covid-19 ha dejado y dejará –una vez que sea superada-, una huella profunda en todo el orbe y en cada una de las sociedades humanas; en unas más que en otras. Las diversas estrategias para enfrentarla (a la espera de vacunas y tratamientos eficaces), refleja la diversidad de visiones, de gobiernos y de autoridades sanitarias.
Hay dos visiones y estrategias que han sido contrastadas por el filósofo surcoreano, Byung-Chul Han en su esclarecedor artículo “Las lecciones que entrega Oriente contra el coronavirus”. Para este pensador, radicado en Alemana, la conciencia colectiva propia de Oriente es la mejor respuesta contra la pandemia, a falta de una vacuna. Países como Japón aplican medidas sanitarias —sin multar a los infractores— que la población integra en su rutina, a diferencia de lo que ocurre en muchos países occidentales.
Byun-Chul Han destaca como un elemento central en la lucha contra el contagio del coronavirus “la importancia del civismo, de la acción conjunta en una crisis pandémica”. Expresa asimismo en tal contexto que “cuando las personas acatan voluntariamente las reglas higiénicas, no hacen falta controles ni medidas forzosas, que tan costosas son en términos de personal y de tiempo”.
Mientras eso sucede en Oriente en países regidos por distintos regímenes políticos, en Occidente la población se resiste a acatar las medidas sanitarias de manera consciente; lo que genera condiciones propicias para el contagio de la enfermedad.
El reclamo y celo de la libertad individual emerge en sentido contrario a conductas más disciplinadas y conscientes para evitar la propagación del virus pandémico. El filósofo también ha contrastado el hecho de que en los países occidentales, las personas, en general, no reclaman contra el control que ejercen empresas como Google y Facebook que tienen acceso casi total a nuestros ámbitos privados, sin embargo, cuando se les piden que sacrificien un poco su espacio privado ante un bien superior (como es la salud y la prevención), se rebelan y rechazan las medidas hasta convertir algunas en inaplicables.
Esto que describimos aquí se replica día a día en Costa Rica. Muchas de las medidas orientadas por las autoridades sanitarias son perfectamente razonables y tienen mucho sentido, no sólo para proteger la salud de los habitantes del país sino que también, en perspectiva estratégica para la recuperación económica. Sin embargo, hay sectores y grupos que las rechazan y la reclaman, utilizando diversos argumentos; incluidas peligrosas teorias conspirativas.
Debemos ser comprensivos con amplios grupos que desarrollan trabajos informales, que para llevar el sustento deben de trabajar diariamente; así como personas que han quedado desempleadas como consecuencia de la pandemia. Precisamente, esos grupos y personas requieren soluciones como el asegurar un ingreso básico mientras dure la pandemia. Empero hay otros grupos que reclaman la apertura inmediata sin medir las graves consecuencias de que se descontrole la propagación del coronavirus, se saturen los hospitales, no se dé abasto en Unidades de Cuidaos Intensivos (UCI), no alcancen los respiradores disponibles; entre otras graves consecuencias.
Quienes como profesionales de la salud estamos en la primera línea de atención, nos preocupa que esa resistencia a cumplir las medidas de prevención, alargue el impacto cuantitativo y cualitativo de la presencia de la pandemia en nuestro país. El recibir madres con niñas o niños enfermos en el Hospital Nacional de Niños (donde laboro), siempre nos lleva a realizar los mayores esfuerzos para que esos pacientes recuperen su salud. Ahora bien nos preocupa sobremanera recibir niños o niñas con covid-19, cuando esta situación se puede evitar si las familias toman las medidas preventivas necesarias que eviten el contagio de la enfermedad.
Es también preocupante que para algunas personas sea tan importante la actividad festiva que multiplica la profilación del contagio.
El filósofo surcoreano considera que la exitosa contención de la pandemia en Asia, no se debe a un régimen de higiene que actúa rigurosamente y que recurre a la vigilancia digital, aunque éste hubiera contribuido en algún grado.
El premio Nobel de Medicina del 2012, el japonés Shinya Yamanaka, ha expuesto la idea de que existe un “factor X”. Para el Byung-Chul Han, ese factor “factor X” del que habla el Nobel de Medicina japonés, “no sería otra cosa que el civismo, la acción conjunta y la responsabilidad con el prójimo”. Ese factor estaría presente en países asiáticos como China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur o Hong Kong, países diversos en los cuales prácticamente no han existido “segundas olas” de contagio, contrario a lo que está ocurriendo en países de Europa, en Estados Unidos y en América Latina.
Conciencia cívica y solidaridad es lo que requiere hacer emerger, con fuerza, la sociedad costarricense para combatir la covid-19, al cerrar este duro año 2020 y, más aún, en el Bicentenario de nuestra Patria, para asegurar un futuro mejor para el país y sus habitantes.
LO GOLPEARON Y LE CORTARON SU CABELLO PORQUE SUPONÍAN QUE HABÍA SUSTRAIDO UN REFRESCO DE 150 COLONES
Las fotos son de la persona agredida, Jorge Enrique Rivera Barahona.
El día, miércoles, 28 de noviembre, una persona con discapacidad psicosocial, quien ingresó a un supermercado en Cuesta Moras, fue agredido físicamente por el equipo de seguridad del local, después de que supusieran que estaba sustrayendo un refresco gaseoso del establecimiento capitalino.
El afectado responde al nombre de Jorge Enrique Rivera Barahona y tiene un diagnóstico de esquizofrenia, que lo convierte en una persona con discapacidad, de origen psiquiátrico. Las personas con esta condición pueden tener conductas delirantas y alucinaciones, tener un lenguaje o comportamiento desorganizado, y una capacidad cognitiva alterada y reducida.
Yo, quien soy sobrino de la persona agredida presencié los hechos: observé cómo el guarda agresor empezó a empujar a mi tío, quien siempre mantuvo una actitud pasiva. Mientras traté de explicar la condición del afectado, el guarda mantuvo una conducta verbal irrespetuosa y no quiso escuchar las razones del comportamiento del agredido.
De inmediato el joven les expliqué a los responsables de seguridad del supermercado que ellos traían el refresco gasesoso de fuera y que no había ningún tipo de sustracción. Para demostrar la veracidad de lo que estaba afirmando, les solicité que revisaran los videos de las cámaras ubicadas en el interior del lugar. Para proceder a tal revisión, llevaron a la persona con discapacidad y a mi a una bodega del supermercado. Sin embargo, sólo revisaron el material grabado de una cámara y no indagaron en la que debía aparecer el agredido, que era el video que servía para demostrar que no había tal sustracción de un refresco cuyo valor es de 150 colones.
A esa bodega donde nos mantuvieron encerrados con puerta con candado, llegó el administrador y tampoco quiso escuchar razones; siempre mantuvo una conducta arbitraria y prejuiciosa. Todo indica que éste dio instrucciones a los guardas para “aleccionar” al supuesto sustractor; es decir, la persona con discapacidad. Así mientras uno de los guardas me retenía, otros dos le cortaron el cabello (uno lo sostuvo del cuello y otro, utilizó las tijeras). Al completar la tarea ordenada por el administrador, le propinaron un fuerte golpe por el estómago.
Uno de los guardas justificó las agresiones perpetradas, diciendo que si no cumplían con lo ordenado por el administrador se arriegaban a ser despedidos. Seguidamente, nos sacaron a los dos, tío y sobrino, no por la puerta de entrada del lugar sino por una ubicada en la parte trasera.
Después de tan graves e injustificados hechos, ambos fuimos a la delegación policial cercana a la Plaza de la Democracia, a presentar la denuncia. Luego nos trasladamos a la Defensoría de los Habitantes, pero ahí nos indicaron que no podían atenderlos.
Al día siguiente (jueves, 29 del mes en curso) nos apersonamos en el CONAPDIS pero lo que se nos indicó fue que la persona afectada debería tener un carné de discapacidad. Al no contar con este requisito burocrático no pudimos presentar la denuncia correspondiente.
Ante la gravedad de los hechos, las personas afectadas quieren que la ciudadanía conozca lo que está sucediendo en San José a través de medios como “SURCOS”, que reflejan el pensamiento y la lucha de los sectores sociales del país. Igualmente, presentaremos una denuncia formal ante los Tribunales competentes para demandar justicia, exigir que se repare el daño y evitar que otras personas con discapacidad, sufran este tipo de agresiones.
Este es el establecimiento comercial donde se dieron los graves hechos denunciados.
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