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Autor: María José Ferlini Cartín

Al cumplirse dos años de la apertura a la firma del acuerdo de Escazú en Naciones Unidas (ONU)

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El Acuerdo de Escazú de Naciones Unidas (ONU), adoptado en Costa Rica en 2018, tiene el valor de un hito en materia internacional, al constituirse como el primer instrumento vinculante para América Latina y el Caribe en garantizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia, a la participación pública y a la información en materia ambiental. Su base se remonta a la Declaración de Río de 1992 que consagra, en su Principio 10, el derecho de participación del público en materia ambiental; así como al acuerdo europeo sobre participación (Convenio de Aarhus de 1998). El Acuerdo de Escazú viene a consolidar el derecho de todas las personas a ser actores esenciales en la toma de decisiones en materia ambiental y a reafirmar el papel del Estado en la protección de las personas que defienden el ambiente.

Al haberse cumplido el 26 de setiembre del 2020, dos años desde que se procedió a la apertura de firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas, la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) considera de suma importancia:

  1. Expresar su profunda satisfacción por haber anunciado oficialmente Argentina el pasado 24 de setiembre 2020 la finalización del proceso de aprobación de dicho acuerdo regional suscrito en Costa Rica. Argentina se convierte en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, viniendo a confortar a los nueve Estados que la antecedieron en el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas, a saber: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, así como Uruguay;
  2. Hacer ver que el Acuerdo de Escazú es resultado de un amplio e inclusivo proceso de elaboración, del que cualquier agrupación civil interesada tuvo posibilidad de participar activamente (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismopublico- regional), por lo que, desde su misma concepción es fiel reflejo del principio democrático que tanto distingue a nuestro País, junto con el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, también inherentes a dicho Acuerdo. Si Costa Rica retoma su liderazgo en derechos humanos y ambientales tiene la oportunidad de ser el undécimo en ratificarlo, para que ya entre en vigor;
  3. Deplorar profundamente que el Poder Ejecutivo de Chile, promotor con Costa Rica de este valioso instrumento en favor del ambiente y de los derechos humanos durante las negociaciones de dicho instrumento (2014-2018) haya desistido inopinadamente de su buen esfuerzo inicial, separándose del resto de América Latina y el Caribe al negarse a firmar este tratado, con base en una serie de argumentos sin sustento jurídico ni ambiental y, por ende, desprovistos de veracidad. La primera señal de ello la había externado Chile en septiembre del 2018 en Nueva York, al no enviar ningún delegado a la ceremonia oficial de apertura de firma, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas;
  4. Lamentar profundamente que la Sala Constitucional de Costa Rica haya ordenado el pasado 22 de setiembre a la Asamblea Legislativa retrotraer el procedimiento de aprobación a su punto inicial, en razón, según la Sala Constitucional, de la falta de consulta al Poder Judicial sobre la supuesta afectación a su potestad de organización, que significa la implementación del Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto, resulta a todas luces sorprendente que, de los diez (10) Estados que ya han ratificado este instrumento, ninguno planteara que el Acuerdo de Escazú implique alguna carga adicional para el sistema de administración de justicia, como infundadamente lo argumenta la Corte Plena, cuya rebuscada ‘parsimonia’ contrasta significativamente con la posición del resto de los Países;
  5. reafirmar, al contrario de lo sostenido en una cuestionable decisión tomada en en el voto 2017001163 de febrero de 2017 por mismo juez constitucional costarricense (y que constituye una total regresión con relación a su jurisprudencia anterior), que el principio de participación del público en asuntos ambientales sí es un derecho humano, porque en primer lugar, (aunque el dicho juez constitucional lo ignore intencionadamente) el artículo 9 de la Constitución define al Estado costarricense como una República participativa; y en segundo lugar, porque así lo ha establecido expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 242 de su Opinión Consultiva OC-23, dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) donde precisa que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión»;
  6. denunciar de manera vehemente la campaña de desinformación orquestada desde algunos círculos empresariales, con el apoyo de influyentes sectores gremiales y medios de prensa (a la que se prestaron algunos juristas) que se ha desatado en contra del contenido del Acuerdo de Escazú, en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo argumentos sin sustento, totalmente ajenos a la letra y al espíritu del Acuerdo de Escazú;
  7. reiterar que el resguardo del derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la justicia ambiental constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú en pro de afianzar mecanismos de democracia ambiental en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, así como la protección que debe urgentemente extenderse a quienes defienden el ambiente, en muchos casos desde sus pequeñas comunidades rurales;
  8. recomendar a los Estados que aún no lo han hecho, que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para lograr su pronta entrada en vigor, la cual requiere el depósito del instrumento de ratificación número once, según reza el artículo 21 del mismo;
  9. felicitar a las distintas organizaciones no gubernamentales y a los sectores académicos y gremiales por su entrañable esfuerzo en favor de la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, teniendo presente que el fin primordial del mismo es consolidar una verdadera democracia ambiental en nuestra Región;
  10. Solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que ratifique lo antes posible el Acuerdo de Escazú. Solicitar a la Sala Constitucional que reconozca el valor de este instrumento de derechos humanos ambientales y el aporte que brinda para consolidar la estructura jurídica en la región y específicamente en Costa Rica.

Hecho en San José, el 20 de octubre de 2020.

Voz experta UCR: Penalización de la crítica política, los discursos de odio y las noticias falsas. Riesgos para la libertad de expresión

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Giselle Boza Solano, periodista y abogada

Mtr. Giselle Boza Solano, periodista y abogada

Una de las preocupaciones constantes de los organismos defensores de la libertad de expresión es una tendencia regulatoria sobre los contenidos en Internet que pudieran restringir las garantías para un ejercicio amplio y democrático de la libertad de expresión, en especial la regulación para limitar la crítica política o sancionar los discursos de odio o noticias falsas. El II Informe sobre el estado de la libertad de expresión, en el capítulo sobre tendencias en Costa Rica, se refiere a algunas iniciativas ingresadas a corriente legislativa durante los años 2018 y 2019.

La propuesta de Ley denominada Protección del honor ante el uso abusivo de la expresión en redes sociales, expediente No. 20.864, presentado, en el 2018, por el diputado independiente Jonathan Prendas Rodríguez, con la firma de 10 legisladores más, es visto como un intento de disminuir las garantías para el ejercicio de la crítica política.

Mientras la tendencia es hacia la despenalización de los delitos contra el honor, la propuesta busca aumentar penas cuando la ofensa “fuere inferida en público o en cualquier red social o herramienta tecnológica de difusión masiva”.

En la exposición de motivos, es clara la intención del legislador de enfrentar el ejercicio de la crítica política por parte de la ciudadanía. Según el proponente: “el anterior proceso electoral que vivimos los costarricenses nos enseñó el gran impacto que, para bien o para mal, pueden tener las redes sociales: vivimos con alegría que se convirtieran en plataforma para motivar la participación y el involucramiento político de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, pero también fuimos testigos de feroces manifestaciones contra casi todos los candidatos, mancillando su honor, su integridad e, incluso, amenazando su integridad física o la de su familia”.

El Informe 2018 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recuerda que la CIDH ha sostenido repetidamente que la aplicación del derecho penal para sancionar expresiones referidas a los funcionarios públicos es desproporcionada cuando se trata de un discurso protegido, como la información o la expresión sobre asuntos de interés público, y viola el derecho a la libertad de expresión.

En el mismo sentido, una propuesta para sancionar los crímenes de odio, expediente No. 20174, presentado en el año 2016 por varios diputados, dictaminado positivamente en el 2017 por la Comisión de Derechos Humanos y que intentaba votarse en plenario en 2019, recibió una serie de objeciones por parte de la Procuraduría General de la República, en la Opinión Jurídica 074-2018.

El artículo 20 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos obliga a los gobiernos a prohibir la promoción del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Sin embargo, no ha sido posible generar estándares globales capaces de hacer una distinción entre lo que es discurso de odio y lo que no lo es.

El artículo dice: “La Comisión y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión insisten en que para combatir efectivamente el discurso de odio se requiere un enfoque comprensivo y sostenido que vaya más allá de las medidas legales y que incluya la adopción de mecanismos preventivos y educativos. Como lo ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, este tipo de medidas apuntan a la raíz cultural de la discriminación sistemática, y como tales, pueden constituirse en instrumentos valiosos para identificar y refutar el discurso de odio y alentar al desarrollo de una sociedad basada en los principios de diversidad, pluralismo y tolerancia” (Informe Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, OEA, 2018, p. 118).

Otra propuesta legislativa trata de sancionar a quien, por medio de la propaganda electoral, promueva la violencia, el odio o la discriminación (expediente No. 20738). La iniciativa del exdiputado del PAC, Javier Cambronero, podría objetarse desde la misma perspectiva, en el sentido que presenta un tipo penal muy abierto, en el que cabe muchas posibles manifestaciones a sancionar, lo que supone un riesgo para la libertad de expresión en los contextos electorales.

Finalmente, en el contenido del proyecto de ley No. 21187 denominado Ley para combatir la ciberdelincuencia, de varios diputados del Partido Unidad Socialcristiana, se encuentra una norma (artículo 236) que sanciona a quien fabrique o difunda noticias falsas, a través de los medios informáticos, capaz de distorsionar o causar perjuicio al sistema financiero o afectar las decisiones del electorado en diferentes tipos de procesos eleccionarios.

Sobre la regulación de la desinformación, los Relatores de libertad de expresión de varios sistemas de derechos humanos sostienen: “Las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos ‘noticias falsas’ (‘fake news’) o ‘información no objetiva’, son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión, (…) y deberían ser derogadas” (Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y «Noticias Falsas» («Fake News»), desinformación y propaganda, 2017).

Los Relatores consideran que los Estados tienen la obligación positiva de promover un entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso, incluida la diversidad de medios, que constituye un medio clave para abordar la desinformación y la propaganda.

 

Giselle Boza Solano
Periodista y abogada, Mtr. en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica. Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), investigadora del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) y docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR

CTRN: Oposición al Dictaminen Proyecto Ley Marco de Empleo Público

Escrito en . Publicado en Trabajo.

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES RERUM NOVARUM
Martes 03 de noviembre 2020
CTRN- N°300-2020

ASAMBLEA LEGISLATIVA
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
SD.

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN

OPOSICIÓN AL DICTAMINEN PROYECTO LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO

HONORABLES SEÑORAS (ES) DIPUTADAS (OS):

Con nuestros más respetuosos saludos, nos permitimos por este medio mencionar, que siendo conocedores de que se tramita en esta honorable Comisión Legislativa el Proyecto denominado Ley Marco de Empleo Público, bajo número de expediente legislativo Nº 21336, para su estimable consideración exponemos los siguientes argumentos:

Que dicho proyecto de Ley, a juicio de muchas organizaciones sociales y productivas, hemos indicado que el texto contenido en el proyecto no es un documento idóneo para los momentos y las necesidades que vive nuestro país, por lo que debe tener la oportunidad de perfeccionarse o modificarse, para beneficio de todas las partes.

Desde la Confederación Rerum Novarum, somos conscientes de la dura situación económica, social, de salud y política que atraviesa nuestro país, por lo que apelamos a la grandeza de espíritu de los miembros de esta honorable Comisión y les hacemos un llamado respetuoso a la reflexión.

Desde nuestra posición consideramos que el actual Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, a punto de ser dictaminado, ha perdido todo el sentido que alguna vez pudo tener, pues entre muchas cosas, algunos artículos son objeto de análisis jurídicos más profundos, para efectos de no contravenir lo indicado en la Constitución Política en cuanto a régimen de empleo, que son creados por el constituyente como lo son; el Poder Judicial, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y las Municipalidades.

En ese mismo orden de ideas, en materia de un orden constitucional y el marco legal vigente a la luz de los derechos humanos, se establecen una serie de competencias para el Ministerio de Planificación MIDEPLAN, que son exclusivas del Ministerio de Trabajo y del Servicio Civil y por otra parte, el proyecto pretende de manera tácita, desconocer el ámbito de aplicación de la negociación colectiva en sector público.

La Constitución Política establece con total claridad la competencia del Servicio Civil en materia que trata este proyecto de Ley a punto de ser dictaminado. Este proyecto, debe ser a nuestro criterio, objeto de un exhaustivo análisis, examinado mediante un estudio profundo del espíritu del Constituyente, que estableció y creó con rango constitucional al Servicio Civil, mismo que posee un principio de reserva de ley, sobre la materia de empleo público y de una competencia que no puede ser trasladada o compartida, que en contra posición tal como lo presenta el proyecto en mención, se hace con un procedimiento más complejo a través de MIDEPLAN y además no se atiende el tema de la constitucionalidad, que entre otras cosas, en una eventualidad al momento de su aprobación en el plenario legislativo, debería exigir una votación de dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.

En momentos en que se debate nuestro país en búsqueda de un diálogo efectivo para encontrar soluciones, es que siendo integrantes del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, nos atrevemos a solicitar a esta Comisión Legislativa que no dictaminen el proyecto Ley Marco de Empleo Público y que nos permitan presentarles propuestas elaboradoras de los sectores que representamos, y que en su lugar se conozcan otros textos, que ya han venido siendo consensuados por diferentes actores sociales, mucho más realistas y apegados al espíritu de la Constitución.

Sin otro particular, agradeciendo la atención brindada a la presente, le saludamos con las más altas muestras de consideración y estima,

Lic. Lenín Hernández Navas
Presidente CTRN

UNA: Usan dato falso en precio del arroz

Escrito en . Publicado en Derechos.

El arroz desregulado genera un drenaje en el presupuesto de los consumidores, ya que se vende a tres o cuatro veces el precio del arroz regulado.

Leiner Vargas, economista del Centro Internacional de Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), denunció que en un estudio financiado por la Cámara de Comercio de Costa Rica se indica que el porcentaje que gastaban los sectores más bajos en arroz era casi de un 8.5%, lo cual para el académico es falso. Incluso, ese dato fue utilizado por el Banco Central en un estudio del efecto de la desregulación del precio del arroz en las familias pobres; asimismo, el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre competencia, se equivoca al utilizar una referencia secundaria sin verificar el dato ante el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en relación con lo que gastan las familias pobres en el consumo del arroz.

Esta situación fue externada por el economista de la UNA en un reciente webinar que analizó los pros y contras del precio del arroz en Costa Rica, organizado por el Cinpe y la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

Vargas manifestó que esto es un error que no se puede permitir ni a la OCDE y menos al Banco Central, ya que éste financia parte de la encuesta de ingresos y gastos. “No se vale que sus investigadores utilicen datos secundarios de un estudio financiado por la Cámara de Comercio y menos, que la OCDE contrate consultores nacionales que no se validan con la información del INEC”, señaló el economista de la UNA.

Datos en manos de Vargas revelan que el 4.59% al 2019, es la cifra correcta que tanto el Banco Central como la OCDE, debieron considerar en sus estudios e informes. (vídeo adjunto).

Desregulado y a la libre

Otra inexactitud dada a conocer por el economista del Cinpe en materia de arroz, es la que plantea que el aumento en el gasto de los consumidores más pobres en arroz obedece a los precios regulados, cuando en realidad se debe al precio del grano desregulado.

Vargas explicó que en el caso del arroz regulado existe una categoría denominada grano entero que analiza el Banco Central a través del INEC. Sin embargo, en el mercado existen importadores que traen arroz de diversas categorías, los cuales tienen los precios desregulados.

 “Por ejemplo, el arroz regulado en la categoría 80/20, cuyo precio ronda los ₡620 el kilo, en la categoría de arroz desregulado (precocido, con camarones, integral y jazmín, entre otros) el consumidor llegaría a pagar entre ₡1.600 y ₡1.800 por ese mismo kilo del grano, solo porque viene en distintas presentaciones”, explicó Vargas.

El economista agregó que precisamente entre el 2013 y el 2019, el porcentaje de arroz entero regulado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) cayó de un 4.91% en la canasta de los más pobres a un 4.56%, lo que significa que la regulación de precios disminuye el costo y el gasto en arroz para las personas de más bajos ingresos. No obstante, el arroz desregulado aumentó de 4% a 9% en el presupuesto de las familias. “Es el arroz desregulado el que genera un drenaje en el presupuesto de los consumidores, ya que se vende a tres o cuatro veces el precio el arroz regulado, porque está a libre y se vende bajo el concepto del libre mercado, que algunos intentan achacarle al mercado del arroz, pero que no tienen”, precisó Vargas.

Según datos del INEC, el gasto en el presupuesto de las familias no solo se refleja en el arroz desregulado, sino también en el mercado de las medicinas, internet y otros. Muy diferente al mercado del arroz regulado, en relación con el presupuesto que gastan las familias más pobres.

Vargas mencionó que la discriminación de precio realizada por la importación de arroz lo que hace es maximizar el ingreso de los importadores y no minimizar el gasto de las personas. “Así que cuando se habla de que estamos con el interés en los consumidores que se hable con números, porque en este contexto el arroz desregulado ha avasallado al consumidor”.

Así está el arroz

Isabel Quirós, presidenta Ejecutiva de Conarroz comentó que durante muchos años el sector arrocero se ha visto amenazado por los intereses de unos pocos que se refugian en estudios desactualizados, con informaciones e interpretaciones inexactas en busca de liberar el precio del arroz.

Quirós explicó que la encuesta de hogares realizada por el INEC entre 2013 y 2018, reveló que el gasto de los quintiles de menor ingreso en arroz de grano entero (regulado) presentó una disminución al pasar de 5.3% a 4.6%, con lo cual se demuestra que la regulación de precio ha beneficiado al quintil de menor ingreso del país. “En la actualidad el precio del arroz ha favorecido a los cinco millones de consumidores, los cuales tenemos acceso a comprar el grano a precios muy favorables, ya que es el único producto que ha experimentado una disminución del 15% en la última década y forma parte esencial de la canasta básica nutricional del costarricense”, explicó Quirós.

La presidenta de Conarroz aseveró que los altos porcentajes de intermediación en otros productos no regulados han detonado en precios altos por lo que el fomento de la competencia no demuestra que los consumidores se beneficien de mejores precios, si los productos se mantienen a la libre.

Quirós afirmó que el sector arrocero ha hecho esfuerzos por elevar la productividad, por lo que de 2012 a 2020 ha tenido un crecimiento sostenido del 3.8% anual, pasando de 3.4% a 4%, superando el promedio mundial que está en cuatro toneladas por hectárea, esto a pesar las inclemencias el tiempo y la carencia de herramientas para el sector.

A la vez, la actividad arrocera aporta el valor agregado agropecuario y brinda empleo a más de 33 mil personas en 25 cantones del país que no cuentan con otras actividades productivas para su desarrollo económico.

Anarquía ambiental y negocios

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Limón, 2 de noviembre de 2020

Licda. Emilia Navas Aparicio
Fiscala General, Ministerio Público

Estimada señora fiscala general:

Tal y como le expusimos, la anarquía impera en los centros de rescate a nivel de la región Caribe. Igualmente, debemos de agregar que en nuestra región se han drenado miles de hectáreas de humedales de yolillo para ampliar la frontera agrícola, a vista y paciencia de un inoperante Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE) que, únicamente reacciona a gestión de parte, olvidando aspectos básicos de planificación y gestión.

Tan grave como lo anterior, tenemos la incesante lluvia de biocidas y plaguicidas que día a día recibimos por parte de actividades agroindustriales mal reguladas por el Ministerio de Salud, que hace interpretaciones antojadizas del reglamento para las actividades de Aviación Agrícola, en detrimento de la ley y la calidad de vida de miles de sencillos pobladores, que a su vez son trabajadores de empresas bananeras, a los cuales ni siquiera se les respeta los estándares internacionales sobre retorno a las plantaciones bananeras después de la aplicación de los productos químicos, lo cual es absolutamente abusivo para ese importante sector de trabajadores, que son extranjeros en algunos casos, lo que quizás favorece la comisión de estos abusos.

Los reglamentos y leyes ambientales que conforman nuestra normativa no cuentan para dicha población, debido a una corrupta casta de inspectores del Ministerio de Salud, que privilegian los intereses de los empresarios bananeros por encima del bienestar común. Los ejemplos abundan en casi todos los cantones bananeros de nuestra región Caribe, en las cuales existen barreras arbóreas naturales que no contienen el desplazamiento de los productos químicos (la llamada deriva), como consecuencia de los fuertes vientos que imperan en nuestra zona.

En ese mismo orden, tenemos enormes diques construidos en su mayoría de manera ilegal o al amparo de decretos de emergencias ya caducos o inaplicables, por empresas bananeras en los cantones de Limón, Matina, Siquirres y Sixaola, generándose un ilegal negocio para un reducido grupo de empresas allegadas a CORBANA, a la Dirección de Obras Fluviales, la Comision Nacional de Prevención y Atencion de Emergencias (CNE) y JAPDEVA, instituciones todas que tienen por norma reconstruir diques que fueron construidos ilegalmente, librando así de toda responsabilidad a algunos conocidos empresarios de la región, que usualmente cuando se ven afectados por inundaciones generadas por las mismas obras empíricas que han edificado (muchas veces dentro de la ripa y cauces de dominio público), entonces encuentran muy pronto amparo en las instituciones supra citadas, lo cual constituye claramente un asalto «legalizado» a la hacienda pública. Los ejemplos y las pruebas abundan, a la espera de un acucioso esfuerzo de coordinación entre las fiscalías Agrario Ambiental y de Probidad.

Adicionalmente, en el cantón central de Limón, se está impulsando el precarismo y ocupación de zonas de recarga acuífera a vista y paciencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENARA).

Estimada señora fiscala general: esta es una pequeña muestra de la anarquía y la corrupción que impera en nuestra región, que es una de las que ostenta los más bajos índices de desarrollo, lo cual ha venido sucediendo de manera ininterrumpida por décadas, todo lo cual nos impone el deber de solicitarle muy respetuosamente, se sirva interceder en favor de nuestra gente, aras de la institucionalidad y los derechos humanos ambientales de quienes no son atendidos como en derecho corresponde.

Ruego proceder de conformidad, asignando un funcionario o funcionaria que ponga un alto a los abusos antes indicados, estableciendo plazos y cronogramas de cumplimiento.

Gracias y saludos,
Marco Levy

 

Imagen ilustrativa: Fecon.

La extrema derecha de Dios

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

La internacional cristo-neofascista al asalto del poder blandiendo la Biblia

Juan José Tamayo

En América Latina, Estados Unidos y Europa estamos asistiendo a un avance de las organizaciones y partidos políticos de extrema derecha, que conforman un entramado perfectamente estructurado y coordinado a nivel global y están en conexión orgánica con grupos fundamentalistas cristianos, hasta conformar lo que Nazaret Castro llama “la Internacional neofascista” y yo califico de “Internacional Cristo-neofascista” y “Extrema derecha de Dios”.

Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta Internacional en España es la complicidad y total sintonía entre las organizaciones católicas españolas ultraconservadoras HazteOír, El Yunque, Infocatólica y otras, y el partido de extrema derecha Vox.

En Colombia fracasaron los acuerdos de paz porque los evangélicos fundamentalistas y los católicos integristas hicieron campaña en contra alegando que en ellos se defendían el matrimonio igualitario, el aborto y la homosexualidad. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica en 2018 ganó el pastor evangélico Fabricio Alvarado con un discurso a favor de los “valores cristianos” y del neoliberalismo y contra el aborto y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo.

En Brasil, los partidos evangélicos fundamentalistas fueron decisivos en la reprobación de Dilma Rousseff y en la elección del exmilitar Jair Messias Bolsonaro como presidente del país. Son ellos realmente los que inspiran y legitiman su política declaradamente homófoba, sexista, xenófoba y antiecológica.

El Gobierno de El Salvador parece seguir similares derroteros. En su toma de posesión el presidente de la República, Nayib Bukele, invitó a dirigir una oración al pastor evangélico argentino Dante Gebel, conocido por sus vínculos con pastores ultraconservadores de Estados Unidos. La diputada de Conciliación Nacional, Eileen Romero, presentó en la Asamblea Legislativa una moción para decretar la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas.

En Bolivia, los militares y los grupos religiosos fundamentalistas dieron un golpe de Estado contra Evo Morales, presidente legítimo de la República Plurinacional, que colocó a las comunidades indígenas en el centro de su política social, cultural, económica y en la cartografía mundial. Y lo hicieron con la Biblia y el crucifijo para legitimar el golpe, lavar las muertes producidas por el mismo, confesionalizar cristianamente la política, negar la identidad de las comunidades indígenas, justificar la represión contra ellas y desprestigiar sus cultos, calificándolos de “satánicos”.

Felizmente la ciudadanía ha devuelto la democracia a Bolivia en las elecciones del 18 de octubre, en las que el candidato del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, ex ministro de Economía con Evo, ha obtenido la mayoría absoluta en la primera vuelta con el 53% de los votos y tomará posesión de su cargo como presidente de la República Plurinacional de Bolivia el 8 de noviembre para un periodo de 2020 a 2025.

Tras los fenómenos aquí analizados producidos en diferentes países creo puede hablarse de una alianza cristo-bíblico-militar-neoliberal-patriarcal neofascista que actúa coordinadamente en todos los continentes, muy especialmente en América Latina, y utiliza irreverentemente el nombre de Cristo. Estamos ante una crasa manipulación de la religión y una perversión de lo sagrado que se alimenta del odio, crece e incluso disfruta con él, lo fomenta entre sus seguidores y pretende extenderlo a toda la ciudadanía y que nada tiene que ver con la orientación liberadora e igualitaria del cristianismo originario.

La Internacional cristo-neofascista ha cambiado el mapa político y religioso en Estados Unidos, está cambiándolo en América Latina y va camino de hacerlo en Europa. El salto a la política del movimiento religioso fundamentalista en alianza con la extrema derecha supone un grave retroceso en la autonomía de la política y de la cultura, en la secularización de la sociedad, en la separación entre Estado y religión, en la autonomía de la ciencia, en las políticas ecológicas y en la opción por las personas, los colectivos y los pueblos oprimidos.

El cristo-neofascismo no tiene intención de abandonar el escenario político y religioso. He venido para quedarse, posee un importante protagonismo en la agenda política internacional y está consiguiendo cada vez más seguidores. Actúa coordinadamente en todos los continentes, y muy especialmente en América Latina, utiliza irreverentemente el nombre de Cristo y defiende la “teología de la prosperidad” como legitimación del sistema capitalista en su versión neoliberal. Y, a decir verdad, lo hace con excelentes resultados: refuerza gobiernos autoritarios, derroca a presidentes elegidos democráticamente, da golpes de Estado enseguida legitimados por otros Estados y organismos internacionales, impide la aprobación de leyes en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de los derechos LGTBI y de los derechos de la Tierra, encarcela a dirigentes políticos, etc.

 ¿Tendremos que resignarnos ante esta extrema derecha de Dios y sus violentas manifestaciones? En absoluto. Coincido con la intelectual alemana Carolin Emcke en su brillante ensayo Contra el odio (Taurus) en la necesidad de hacer un elogio de lo diferente y lo “impuro”, enfrentarnos al odio como condición necesaria para defender la democracia, adoptar una visión abierta de la sociedad y ejercer la capacidad de ironía y duda, de la que carecen los generadores de odio.

Este artículo es una reelaboración actualizada y ampliada del publicado en la Agenda Latinoamericana 2021. Una exposición más amplia y fundamentada se encuentra en mi libro La Internacional del odio. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se deconstruye?, que aparecerá a mediados de noviembre en la editorial Icaria.

 

Foto: https://laicismo.org/

Enviado a SURCOS por Arnoldo Mora.

UNA Palabra pone en evidencia homofobia e impotencia humana

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Con las obras ganadoras “La parte negra del aguacate”, de Ronny Alexander Masís, y “Cama de hospital vista desde abajo”, de Fadir Delgado, el Certamen UNA Palabra 2020 pone en evidencia la homofobia y la impotencia humana.

A estas obras premiadas en las ramas de novela y poesía, se une la ganadora en cuento infantil “Cuento curiosinfantes”, de Katherine Hernández, la cual sobresale por su aporte en el estímulo de la lectura para niños y niñas.

Machismo dañino

De acuerdo con el jurado -integrado por Carlos Manuel Villalobos, Álvaro Rojas y Gabriel Baltodano- la novela “La parte negra del aguacate” aborda un conflicto que tiene plena vigencia en Costa Rica, como es el tema de los prejuicios heteronormativos y las afectaciones que causan en quienes padecen discriminación por su orientación sexual. Y lo hace -destaca el dictamen- con muy buen dominio de las técnicas narrativas, recurriendo al modelo de escritura conocido como autoficción.

En el texto, el autor Ronny Alexander Masís evidencia el daño que le pueden causar a una subjetividad homosexual los patrones de conducta machistas, homofóbicos y patriarcales, lo que –en criterio de los calificadores- “sin duda constituye una importante contribución a la literatura costarricense contemporánea”.

Universo de dolor

“Cada elemento que ingresa a este universo de dolor y soledad lo hace con la promesa de seguir presente en los poemas subsiguientes. Así, las imágenes poéticas se repiten con la finalidad de resaltar la impotencia humana en este establecimiento de salud que encierra sueños y esperanzas incumplidos. El niño, la madre y el enfermo constituyen una triada de inocencia, desasosiego y realidad”, resalta el jurado sobre el poemario “Cama de hospital vista desde abajo”, de la autora Fadir Delgado.

Los evaluadores Esteban Aguilar, Grethel Ramírez y Henry Sevilla destacaron en la obra el amplio dominio de los recursos lingüísticos y la técnica literaria, además de un hilo conductor, que provoca la curiosidad y el asombro del lector.

“Curiosinfantes”

Según el fallo del jurado, integrado por Karen Calvo, María del Mar Obando y Dorelia Barahona, la obra ganadora en la rama de cuento infantil “Cuento curiosinfantes”-de la autora Katherine Hernández Díaz- destaca por presentar un estímulo de la lectura para niños y posee un estilo claro y agradable.

Las evaluadoras añaden que las historias –breves y bien contadas-, logran cautivar la atención del lector.

La comisión organizadora del certamen UNA-Palabra programó la ceremonia de premiación de la convocatoria 2020 para el viernes 6 de noviembre a las 6 p.m., en modalidad virtual, en acatamiento a las medidas sanitarias por la pandemia de la covid-19.

El certamen es convocado por la Facultad de Filosofía y Letras –con el concurso de las Escuelas de Literatura y Ciencias del Lenguaje y de Filosofía- y la Editorial Universidad Nacional (Euna).

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.Oficina Comunicación UNA
Teléfonos: 2277-3224/ 2237-5929
comunica@una.cr

La mala sombra del innombrable

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Por la calidad del sujeto abordado, en modo alguno redactaré un libelo, que de por si es siempre injurioso; acomodándome a repasar un escrito a manera de diatriba, que en el arte de presentación redactada puede ser o resultar seria y/o respetable, bajo ningún parámetro elogiosa.

Lo de sombra alude a una sensación o efecto bidimensional. Dejemos al Innombrable de una sola dimensión: de faceta intrascendente de algo. Las ramas, dan sombra. La sombra conlleva a un texto invertido. En el famoso cuadro del pintor renacentista.

Massacio (1.425), San Pedro cura a los enfermos con su sombra. Lo de texto político es más exigente que lo de texto literario. No. La acepción adecuada a desarrollar es la del imperio de las sombras, que aloja el sitio de los muertos. Para un personaje oscuro lo cubre es la sombra de la noche; las sombras del crimen. Media lo sombrío. No protección. Para el lector político, el que estuviese a buen recaudo por la justicia colombiana: pues al meterlo a la cárcel y reseñarlo, lo pusieron bajo la sombra.

Diversos artículos sobre el sombrío personaje destacan que “alentó una polarización radical en la sociedad”. “sus presuntos vínculos con grupos paramilitares…” (aunque a la sazón no ya tan presuntos). Paseaba por el país con un discurso de mano fuerte; sosteniendo que “la nación entera clama por reposo y seguridad” y a la sazón apoyando, con sospechoso afecto, a las Fuerzas Armadas. Su perseverancia en la seguridad, no es que lo lleve a ser un “un gran comunicador”; resulta ser un manipulador con acomodo a “su” verdad. Es autoritario por imponerse por pasión, venganza, odio; algo que no admite se le compare, por ejemplo, con Hugo Chávez; quien no perteneció a ninguna oligarquía tradicional y tampoco necesitó ser adobado con maquillajes publicitarios. jamás uso “gafas de seminarista” por lo que no tuvo que acudir a costosas monturas de Armani.

Los aúlicos del sujeto de marras resaltan la disciplina que practica: como el rasgo de meter los pies en hielo para no dormirse. Esto alude a la escena de la película del Código de Da Vinci, del coadjutor en el Vaticano que se auto flagelaba; puesto que al no explicar los alcances de esa auto tortura, deja que desear en lo subliminal del hecho.

En forma perniciosa es constante la glosa de su perseverancia en la seguridad como el camino de la paz. No mencionan para nada su caída como ídolo con los pies de barro, que resultó. No requiere aguda creatividad la emulación de una presentación como Mesías y su relación con el grupo paramilitar porque el que responde su hermano, denominado de los 12 Apóstoles. Sin embargo, predomina el modelo cívico- militar del para militarismo contra insurgente con las autodefensas y extendidas a comunas populares en ciudades. Al uso del “sapeo” y la compraventa de votos; así como a la malévola practica de las recompensas, como desangre del erario público.

En tratándose del perfil del sujeto objeto de estas apreciaciones resulta difícil no acudir a fuentes como la organización National Security Archive, que publica documentos en desarchivo de agencias de inteligencia y en ocasiones de agencias gubernamentales, que aluden a tratos y relaciones del Innombrable con grupos paramilitares, en curso de investigación y cargos específicos en su contra, también por masacres. No puede brillar por su ausencia, la nunca irrelevante cita del número 82 de la lista de vínculo con el narcotráfico y al que aluden siendo gobernador de Antioquia. Acusaciones que al propio hacen hasta antiguos compañeros suyos del partido liberal colombiano. Las aseveraciones del narco paramilitar Don Berna de su apoyo con grandes sumas de dinero para la candidatura de él y sus familiares, de al menos cita y referencia en su entorno familiar de su primo ex senador y condenado Mario Uribe.

En la actualidad se le conoce por los apodos.

Algo de suma importancia como es el que se haya adoptado como distintivo del sujeto analizado la generalizada y popular denominación del INNOMBRABLE. No se puede reducir a un pasaje anecdotario de trámite en el Senado, en sesiones del año 2014, en que al senador Iván Cepeda solo le permitieron adelantar uno de los tantos debates sobre paramilitarismo en ese recinto; permitiéndole el hacerlo en una comisión, bajo la exigencia de no mencionar el nombre de ese ex presidente y que aunque Cepeda ignoró esa prohibición se ganó el apodo de “el innombrable”. Castran la inventiva de la creatividad popular. El primer apelativo o alias a él asignado fue el de “Miniführer”. Y el del Innombrable obedece a la picaresca popular, dada su personalidad psicopática narcisista y para contrarrestar el efecto de culto a la personalidad por parte de sus sectarios. Surgió de cualquier analista de provincia al emularlo con el famoso inicio “de cuyo nombre no quiero acordarme…”. Posteriormente dada su tendencia a la litis-manía, optando por denunciar por injuria y calumnia a todo el que lo criticare y por ende mencionare, pues se acreditó con más énfasis el apodo. Esa manía por litigar o pleitear ha sido la causante de sus desvelos judiciales actuales que resultaron con efecto bumerán. Hasta el registro actual de desistir de las demandas de injuria y calumnia contra opositores parlamentarios, sobre el vago argumento de no encontrar garantías en los magistrados de la Sala Disciplinaria encargados de conocer. Fácil concluir que acudirá a la justicia por mano propia. Por ello también es dable concluir que el destino del Innombrable no es “la pelea”; como la del disidente contra todo lo establecido, que dice defender.

Estadio en el movimiento popular actual asociado con el innombrable.

En Colombia desdibujan lo de las oligarquías, conllevando a perdida de claridad y precisión. La hegemonía conservadora de finales del siglo XIX y parte del Siglo XX, trascendió lo de oligarquía tradicional de la capital, bifurcando a las oligarquías regionales, como grupos de poder (corporativamente: grupos de presión). Se formó la casta politiquera de los caciques regionales; afianzada durante el prolongado Frente Nacional excluyente impuesto en 1957, hasta la fecha, contra toda expresión de oposición y libre pensamiento. Esas castas en el poder afinaron lo de la representatividad política basado en un sistema electoral clientelista y corrupto, cual eficaz maquina aceitada; lo cual permitió asentarse a los clanes de la droga, que como antecedente traduce en la construcción de un Estado mafiosos o Narco Estado, de naturaleza y características materia de mayor detenimiento y análisis.

Al personaje no se le concede gratuidad. Algunos resaltan que simplemente no pertenecía a la oligarquía tradicional de la capital. Pasan por alto la década de enfrentamientos de fracciones internas de la oligarquía colombiana, dentro de su seno, como adalid del latifundismo agro industrial, bajo la privatización a ultranza en el acumulado ahorro de capital narco ganadero; con el perenne enfrentamiento con otra fracción oligárquica de los financistas transnacionales, tradicionales amigos del Club del Coutry, emparentados con J.ML Santos, quien paso a ser su contradictor luego de protegido y aliado en crímenes de Estado, como su ministro de la guerra; siendo ambos involucrados en los falsos positivos.

El alcance de hito histórico inocultable, radica en que experimentan con el oligarca regional, proveniente de campesinos ricos, aliado del narcotráfico, materializando las doctrinas militaristas en la conducción del Estado. Luego de una década de “horrible noche” prima una escogencia tacita de Centro, en el seno de la oligarquía, ante el fracaso del experimento paramilitar de guerra total contra la insurgencia; para luego resolver la contradicción interna volviendo al predominio del centrismo pacificador, encarnado en la búsqueda de la salida política al conflicto armado con las antiguas Farc y una vez obtenido su desarme y desmovilización, contribuir a la situación de desconocimiento e instalación del sucesor en el maquiavelista juego oligarca de perpetuación del poder. Todo bajo la característica de un Estado mafioso; manteniendo la alternante frente nacionalista, gracias a elecciones, bajo un sistema electoral corrupto y clientelista, de compra de votos, inyección de dineros narcos bajo la égida de mafias electorales, que dibujan el panorama actual de coordenada “institucionalidad” gubernamental. A este escenario político se le denomina en la actualidad Bloque de Hegemonía Oligarca Contrainsurgente.

La característica principal de este estadio es que se borran los linderos del Centro, puesto que predomina la derecha y el centrismo, como conservadurismo y por ende, el movimiento popular se encuentra ante la definición de una preponderancia de políticas de derecha o de izquierda. No hay términos medios, ni tibios. Esto lo entiende muy bien la izquierda legal (no la insurgente y armada). Pero corresponde asimilarlo, en lo estratégico, a la socialdemocracia, el progresismo humanista y/o reformista. Aunque predomina en lo nacional e internacional lo Alternativo, esta se fabrica sobre una concepción de tendencia hacia la izquierda, no al Centro.

Corolario de lo anterior es que predomina una tendencia militarista contra insurgente oligárquica, siendo esa la brújula del próximo debate electoral presidencial; lo cual augura la lejanía a una nueva búsqueda de salida política al conflicto armado interno colombiano y seria con el triunfo popular de un gobierno Alternativo en la que se obtendría una negociación política hacia la búsqueda definitiva del fin del conflicto armado en Colombia.

 

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Deuda pública en Costa Rica: ¿necesitamos la austeridad y el préstamo del FMI? / video

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Alianza por una Vida Digna realizó el sábado 31 de octubre el foro: Deuda pública en Costa Rica: ¿necesitamos la austeridad y el préstamo del FMI?

El foro fue transmitido también para Buenos Aires y España.

Expositores:

  • Agustín Mario, docente e investigador de la Universidad de Moreno y de la Universidad de Buenos Aires, Argentina
  • Stuart Medina, economista, consultor y fundador de la Red MMT de España

Comentarista:

  • Olga Marta Sánchez Oviedo, socióloga, ex ministra de Planificación Nacional de Costa Rica.

Compartimos el video:

Educación para la paz y la no-violencia en tiempos de crisis

Escrito en . Publicado en Derechos.

Lima, Perú – Pía Figueroa

Doris Balvín, investigadora senior del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización de Lima, Perú, especialista en ecología social, habló con Pressenza sobre la educación para la paz y la no-violencia en tiempos de crisis social y ecológica.

Pressenza: ¿La educación podría aportar a construir la paz y la no-violencia en estos tiempos de crisis social y ecológica?

D.B.:Efectivamente, para el Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, la educación es un tema central porque hace a la esencia de lo humano. Aprender es la más valiosa expresión de la intención humana lanzada a completar el objeto de su búsqueda, pues cuando este acto intencional encuentra la respuesta, produce satisfacción y libera energía para poder lanzarse al siguiente intento de búsqueda. Como seres humanos somos parte de esa construcción de aprendizajes personales y colectivos que a lo largo de la historia humana fueron dejando quienes nos precedieron.

Mirada así la educación esta es: vida, transformación, futuro abierto y sobre todo construcción colectiva de una sociedad que aspira a convertirse en expresión de las mejores intenciones de los seres humanos.

Pressenza: Entendida así la educación ¿quiénes serían los educadores y cuál sería su rol?

D.B.: Todos los adultos que nos relacionamos con las nuevas generaciones somos educadores porque somos referentes, transmitimos conocimientos y valores y podemos: a) tratar de imponer los valores de una sociedad que ya no existe -en el sentido de que estamos hoy enfrentando otro contexto muy diferente al que correspondió a nuestra formación- o b) nos disponemos a educar para el futuro que vendrá, es decir a habilitar a las nuevas generaciones para que coloquen los ladrillos que pueda construir esa espiral de aprendizaje colectivo que transforma el mundo en dirección evolutiva, o dicho en otros términos, para que descubran y pongan en marcha la misión para la cual sienten que vinieron al mundo.

Pressenza: ¿A qué contexto se enfrenta la educación hoy?

D.B.: Podemos decir que nos enfrentamos a la inercia del pasado, pero a su vez a la construcción del futuro. Ese futuro que se abre con cada acción cotidiana en nuestros ámbitos inmediatos, tanto en la familia como en el trabajo, cuando ponemos por delante la construcción de relaciones no-violentas -entendida la no-violencia como la aspiración de la superación de la violencia personal y social a la que nos enfrentamos día a día- y no solo la negación de la misma.

Pressenza: ¿Y qué ocurre si seguimos la inercia de la sociedad en crisis?

D.B.: Nos sumimos en una realidad donde se manifiesta con crudeza la violencia cotidiana y es en este contexto social en el cual opera la educación hoy. Una sociedad en la que la violencia se encuentra naturalizada. Convivimos con ella y educamos en ella. Son los valores de una sociedad en decadencia -los que sin proponérnoslo- transmitimos a las nuevas generaciones esperando que ellas -por lo que decimos- actúen con “valores a los cuales aspiramos” cuando con nuestros actos mostramos que hacemos lo contrario. Estamos hablando de un contexto de violencia que tiene un carácter estructural porque se encuentra institucionalizada, es decir está en la raíz de la propia organización social de la que somos parte y que terminamos justificando.

Pressenza: ¿Y en relación a la violencia contra la naturaleza?

D.B.: Claro, estamos hablando de una violencia contra los seres humanos y contra la naturaleza. Muestra de ello es la normalización de la pobreza, de la inequidad social, de la acumulación sin límites -por parte de un reducido grupo de la población mundial en desmedro de las grandes mayorías en un planeta que es finito- y que como señalan los científicos del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, está llegando a su punto de no retorno, aquel en el que se está poniendo en riesgo nuestra propia existencia como especie humana (1).

Lo que es más grave aún es que la educación está al servicio de la mantención de este “estatus quo” pues no cuestiona su origen violento. Busca que las nuevas generaciones se “adapten” sin cuestionar, para dar respuesta a las necesidades de un modelo de organización social que ya no responde a las necesidades presentes ni futuras. Un sistema que no ha sido capaz de atender a las necesidades de las grandes mayorías y que agudiza la distancia entre ricos y pobres, dejando a su paso la destrucción de nuestra casa común. Un modelo que prioriza el Producto Bruto Interno por encima del bienestar de las mayorías y que se pone de espaldas a la ciencia -que viene dando la voz de alerta sobre el riesgo que tenemos como consecuencia de la crisis climática-. Lo hemos visto también con claridad en esta pandemia -que justamente es consecuencia de la presión sobre ecosistemas vírgenes- y en las decisiones gubernamentales. En el caso peruano, por ejemplo, cuando el gobierno tuvo que decidir paralizar el país porque el sistema de salud pública no podía responder al potencial número de infectados por el covid-19 que pronosticaba. Lo vemos en la expresión más descarnada de la violencia: las guerras, o en las más sutiles -cuando se asume que las nuevas generaciones son “cajas vacías” a las que hay que llenar de conocimientos instrumentales para la mantención de este “status quo”-.

Pressenza: ¿Cuál sería la salida entonces si la intención es aportar en la dirección de una sociedad no-violenta?

D.B.: En la educación nos enfrentamos al dilema entre la transmisión de conocimientos orientados a perpetuar el modelo o tomar el desafío de aportar a una educación para la paz y la no-violencia orientada a construir el futuro que anhelamos. Pretender educar en la paz y la no-violencia, en este contexto, es decir sin cambiar los mecanismos que la perpetúan es un reto que los y las educadoras enfrentan cada día. Un sistema educativo que forma a las nuevas generaciones para operar en la sociedad de hoy cuando lo que se requiere es educar para responder a las necesidades del futuro.

Aquí estamos frente a opciones de vida y enteramente personales. Si optamos como educadores por no seguir en la repetición, tomamos la decisión personal de no continuar en la inercia, apostaremos por la construcción de ámbitos personales y sociales no-violentos. Esta es una opción de vida, una construcción que se realiza al margen del “sentido común”, contracorriente, pero con la certeza de que vamos en la dirección correcta. Es el llamado del futuro que se abre paso y que nos sintoniza con la sensibilidad de las nuevas generaciones. En este esfuerzo silencioso se encuentran miles de educadores que van encontrando salidas no-violentas a la crisis actual y que habilitan en las nuevas generaciones la expresión de lo sagrado que cada niño, niña trae en la profundidad de su conciencia para aportar al mundo. Es una labor maravillosa que tiñe el futuro de esperanza. De estas experiencias tenemos muchos ejemplos.

Pressenza: ¿Cómo podríamos prepararnos para vivir, convivir y educar en este contexto ambiental y social tan complejo?

D.B.: Prepararnos para navegar en un contexto complejo, violento y al borde del colapso climático que venimos transitando como humanidad -en donde el futuro pareciera no abrirse paso- requiere contar con una especie de “GPS”. Para nosotros esta es “la regla de oro”. Denominamos así a la regla que dice “trata a los demás como quieres ser tratado”. Esta es una regla que se encuentra presente en las distintas espiritualidades y que viene de muy antiguo en la historia humana. Una regla que implica una mirada al interior de uno mismo y que me lleva a preguntarme ¿cómo me gustaría que me traten? -porque a veces no sabemos realmente como nos gustaría que nos traten-; y luego una mirada al otro, otra y preguntarme ¿que podría hacer para tratar al otro del mismo modo en que me gustaría que me traten? Entonces estamos hablando de una regla que implica mirar al otro como el ser humano que es y que merece el mismo trato que yo merezco. Este es un cambio de perspectiva y de ubicación frente a los demás, pero ¿cómo hacer posible su aplicación?

Pressenza: ¿Qué iniciativas viene desarrollando en esta dirección el Centro de Estudios?

  1. B.: Es justamente el interés del Centro de Estudios Humanistas aportar con iniciativas educativas orientadas a promover la paz y la no-violencia en los distintos ámbitos del quehacer humano, teniendo como base de la acción la aplicación de dicha regla de oro.

Acompañamos a los colectivos juveniles que vienen colocando en la agenda política nacional la necesidad de tomar conciencia de la crisis climática que afrontamos y que requiere de un cambio de giro sustancial del paradigma vigente, para superar la violencia en contra de la Madre Tierra. Reflexión y acción colectiva que llama a producir un cambio radical de paradigmas culturales respecto a nuestra forma de vivir y de relacionarnos con la naturaleza y entre seres humanos, poniendo la ciencia y la tecnología al servicio de la vida y no de intereses particulares que refuerzan la violencia.

Revaloramos las prácticas educativas de paz y no-violencia en la educación, acción que lleva a cabo la Red de Educadores Humanistas -conformada por docentes del Perú y el extranjero- que desarrollan, recogen y difunden experiencias de prácticas no-violentas desde las escuelas. Hoy mismo vienen llevando a cabo una segunda convocatoria de relatos docentes denominada «Experiencias en la construcción de una Educación Humanizadora No-violenta, en tiempos de crisis», lanzada en el marco de la celebración de “Octubre no-violento 2020” en Ecuador, conjuntamente con la Corriente Pedagógica Humanista Universalista – COPEHU (en la primera convocatoria realizada en el año 2017, los docentes escribieron relatos sobre buenas prácticas que construyen la Paz y la No-violencia en las escuelas, con motivo de la celebración del Día internacional de la No-violencia, iniciativa desarrollada conjuntamente con la oficina de la Unesco en el Perú y la COPEHU).

Igualmente, desde el Centro de Estudios se implementa el Curso de Ética Humanista en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este curso, que ha llegado a la fecha a más de 600 estudiantes, utiliza la metodología de la no-violencia, reflexiona sobre la superación de la venganza, desarrolla la ética de la acción válida y la mirada del ser humano como valor central en la sociedad. Es un curso que les permite a los estudiantes auto conocerse, así como investigar sobre problemas sociales actuales que enfrentarán en su quehacer profesional. Propone a los estudiantes realizar acciones en su medio, experiencias que ellos mismos desarrollan en equipo durante la asignatura. El curso permite que los estudiantes conecten con registros internos profundos, necesarios para atender desde este espacio el momento que se vive.

Pressenza: ¿Algunas palabras de despedida?

D.B.: Muy agradecida a Pressenza por la entrevista, solo quisiera aprovechar para invitarlos a las siguientes iniciativas que viene impulsando el humanismo y que van en la dirección de una educación para la paz y la no-violencia en tiempos de crisis. La campaña de adhesión y difusión al Documento Humanista impulsada por el Centro Mundial de Estudios Humanistas. El interés de la campaña es contactar a gente interesada en participar en un ámbito de intercambio y acción humanista. Si quieren adherir a dicho documento o difundirlo pueden entrar al siguiente link: https://www.humanistdocument.org/world-endorsements/

Igualmente, los y las esperamos en el V Foro Humanista Latinoamericano: “Construyendo futuro en diversidad”, este 26, 27 y 28 de noviembre que tendrá modalidad virtual. (2) Espacio que permitirá reflexionar en torno a la construcción del futuro al que aspiramos a nivel latinoamericano y que vamos abriendo con nuestras acciones.

(1) Ver Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático “Calentamiento Global de 1,5 G°”, Resumen para Responsables de Políticas, 2019.
(2) Más información sobre cómo participar la encuentras en: http://forohumanista.org/

 

(Imagen de Juan Carlos Marín).

Compartido con SURCOS por Ítalo Fera Fallas.