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Autor: María José Ferlini Cartín

Manifiesto Ecológico Político sobre los Recursos Marinos Costeros de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

María Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski nos comparte Manifiesto Ecológico Político sobre los Recursos Marinos Costeros de Costa Rica, propuesto desde el año 2003 por colectivo nacional conformado para la defensa de los recursos marinos costeros.

El Foro Popular Ambiental, agrupación conformada por organizaciones y personas con profunda convicción de nuestro compromiso para la construcción de una sociedad justa, humana y ambientalmente sana para todos y todas, al ver amenazada nuestra riqueza marina y nuestro Derecho a la Vida por la falta de políticas claras y transparentes en pro del bienestar de las mayorías, mientras se produce una injusta acumulación de riqueza en manos de los depredadores que se nutren de los recursos naturales nacionales, y en particular de los recursos marino-costeros, mediante este MANIFIESTO PÚBLICO, proclamamos a la opinión pública nacional e internacional, a nuestros gobernantes miembros de los tres poderes de la República:

Lamentamos que Costa Rica, con un mar patrimonial diez veces más grande que su territorio continental, ha desprotegido desde tiempos inmemoriables los ricos recursos marinos y costeros que pertenecen a todos los costarricenses.

El Estado Costarricense, a través del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre otras instancias, debe tomar las acciones efectivas que permitan resguardar y administrar racionalmente, la riqueza natural que tiene el deber de salvaguardar para las presentes y futuras generaciones.

Demandamos que, ante el caos imperante en este campo, se impulse con energía los cambios legales conducentes hacia la conservación de los recursos vivos y no vivos de los ecosistemas marinos y costeros de Costa Rica, con el objetivo, entre otros, de salvaguardar la seguridad alimentaria que ha de sustentar el bienestar de los costarricenses y de la Humanidad.

Advertimos que para cumplir con tan loables objetivos, haría falta revisar a profundidad el deficiente proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura que sigue el trámite legislativo.

La presencia del Domo Térmico, fenómeno oceanográfico único, -hace del mar Pacífico costarricense uno de los más ricos en atún aleta amarilla y barrilete en el mundo y que, ante políticas claras de parte del INCOPESCA, no está siendo aprovechado en beneficio del pueblo de Costa Rica.

Instamos al INCOPESCA y al MINAE a detener, sin mayor dilación, la pesca incidental de delfines, realizada impunemente por los buques atuneros extranjeros que pescan en aguas de la zona económica exclusiva de Costa Rica, para lo cual habrán de adquirirse las embarcaciones necesarias para ejercer las labores de vigilancia y prevención que se requieren.

Esperamos del INCOPESCA el cumplimiento de su deber, prestándole especial atención al otorgamiento de licencias de pesca de atún que, al darse gratis, constituyen un incentivo a la sobreexplotación del recurso pesquero. Asimismo, la urgencia de admitir la incapacidad que tiene dicho Instituto para realizar estudios científicos sobre la dinámica de poblaciones de las especies de atún que se pescan en aguas costarricenses.

Exigimos tomar acciones firmes en contra de la corrupción y el despilfarro, expresados en una especie de piñata de recursos a favor de las transnacionales que trasiegan con los recursos marinos de pequeños países como Costa Rica. El abuso en la pesca irracional de tiburones, además de la práctica criminal del «aleteo» que practican pescadores orientales, así como las técnicas de pesca de camarones en que se matan incidentalmente tortugas marinas y la extracción irracional e injustificada de peces de arrecife con que se están diezmando los ecosistemas del litoral, son solo algunos de los asuntos que aún esperan ser atendidos por el INCOPESCA y el MINAE.

Planteamos igualmente, una mayor atención a los problemas socioeconómicos que tienen sumidos en la pobreza a la mayor parte de los habitantes de Guanacaste, Puntarenas y Limón, quienes paradójicamente, tienes sus costas bañadas por las aguas del rico océano Pacífico y el mar Caribe.

POR LO TANTO DEMANDAMOS AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA:

  • Declarar los recursos marinos-y costeros de DOMINIO PÚBLICO, como fuente vital para el sustento de comunidades costeras y pesqueras, para las economías locales, como reserva de biodiversidad, recursos genéticos, turismo y esparcimiento espiritual.
  • Zonificar el patrimonio nacional marítimo, priorizando la protección de recursos para absoluta de carácter permanente o no en las zonas ecológicamente frágiles.
  • Fomentar los mecanismos legales y administrativos para reconocer y obtener el Pago de Servicios Ambientales en manglares, ciénagas y golfos y áreas marinas de protección absoluta, cuyos fondos serán utilizados para los programas de conservación y restauración de los ecosistemas deteriorados.
  • Eliminar las injustas regalías de que gozan las flotas de pesca nacionales e internacionales que usufructúan de los recursos marinos y exigir mayores controles en las licencias de pesca otorgadas..
  • Condicionar el otorgamiento de los permisos de pesca a la existencia de estudios científicos que permitan estimar la condición biológica de las especies que se plantea extraer.
  • Promover e incentivar el establecimiento de diferentes categorías de manejo de recursos en ecosistemas marinos y costeros que están demandando especial atención, en zonas frágiles ecológicamente cercanas e interactuantes con los humedales costeros. Entre esas categorías se mencionan Refugios de Vida Silvestre Marina, Reservas Marina-Costera, Parques Nacionales, Reservas Biológicas Marinas, Santuarios Marinos, etc., para dar una mayor protección, con la participación de las diferentes comunidades del Caribe, Río San Juan y el Pacífico y garantizando la propiedad y administración del Estado.
  • Establecer un Parque Nacional del Domo Térmico en los límites costarricenses; promoviendo a su vez la incorporación del territorio nicaragüense para que se pueda convertir en un Parque Internacional.
  • Establecer un mecanismo de sostenibilidad financiera, claro, transparentes, controlado por la Contraloría General de la República.
  • Establecer un fideicomiso regulado por la Contraloría General de la República para los fines de protección, conservación, vigilancia, capacitación, educación, etc. derivados de las tareas que se proponen, que deberá financiarse a partir de los aportes derivados del pago de impuestos de ventas y la renta de las empresas que se benefician con los recursos marinos y costeros.
  • Crear el Ministerio del Mar como ente rector encargado de velar por el buen uso de los recursos marinos y costeros que esté dirigido por personal técnico y científico conocer del área, garantizando el Estado su financiamiento mediante los recursos económicos dentro del presupuesto de la República, fondos específicos, donaciones, investigación científica y otros.
  • Crear una Flota Marina Civil compuesta por las comunidades costeras y las autoridades nacionales encargadas de la vigilancia marítima, cuyo financiamiento se hará a través del Fideicomiso.
  • Crear una Ley para el Uso, Conservación y Restauración de los Recursos Marinos, con la verdadera participación de todos los actores sociales, principalmente de las zonas marinos-costeras.
  • Incentivar la creación de los Juzgados Marítimos.
  • Iniciar una campaña nacional de capacitación, información, concientización, sensibilización, sobre la conservación, protección, producción, comercialización, etc. de los recursos marinos, con la participación de las comunidades marino-costeras.
  • Establecer con las universidades convenios para capacitar a las comunidades en materia de producción, acuicultura, poniendo énfasis en las especies nativas para evitar al máximo la producción de especies exóticas y los métodos de reproducción en donde se manipulan las hormonas..
  • Promover la incorporación de la problemática de los recursos marino costeros en los programas de educación ambiental del Ministerio de Educación, centros educativos privados y universidades.
  • Crear un Banco de Datos, adscrito y perteneciente al Ministerio del Mar, sobre todas las investigaciones que se han realizado en las Universidades e Institutos Nacionales e Internacionales sobre los recursos marinos estatales, por su gran valor para el conocimiento de las diferentes especies que permita un mejor aprovechamiento y manejo de los recursos marinos.
  • Declarar y hacer una lista de las especies marinas que están en peligro de extinción y las que están amenazadas.
  • Declarar una VEDA total de todas las especies marinas que están siendo sobre explotadas hasta tanto no se tenga un estudio técnico científico del ciclo de vida, su ecología, etc.
  • Promover el desarrollo de turismo de bajo impacto con participación de las comunidades locales en islas y zonas costeras prohibiéndose la exclusión y marginación de los residentes locales.-
  • Promover la definición de rutas marítimas y desarrollo de infraestructura portuaria bajo normas amigables con el ambiente.
  • Promover mayor control sobre los muelles privados que descarguen productos provenientes del mar.
  • Prohibir el uso de sistemas de pesca que amenacen los recursos marinos.
  • Prohibir la manipulación genética de los recursos marinos-costeros.
  • Prohibir el uso de rastras y otras “técnicas” depredadoras de los recursos marinos.
  • Prohibir el tránsito de embarcaciones con desechos o materiales tóxicos, nucleares o similares.
  • Prohibir la disposición temporal o final de desechos peligrosos, industriales, nucleares o similares.

Solicitamos al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo que se promueva la búsqueda de recursos para iniciar la realización de talleres a nivel nacional para que podamos difundir y obtener apoyo para lo propuesto en este Manifiesto.

FORO POPULAR AMBIENTAL:

  1. Asociación Comunidades Ecologistas Usuarias del Golfo de Nicoya

            (CEUS del Golfo), contacto: telefax 639-9441, soniatorres@racsa.co.cr

  1. Asociación Conservacionista YISKI, contacto tel. 297-0970, yiskicr@racsa.co.cr
  2. Asociación Cultural y Ecologista de Pueblo Redondo (ACEPUR), contacto Miguel Bravo, tel. 663-4173
  3. Asociación Desarrollo Integral Gloria Bejarano – Barranca, contacto Marita Osés 663-1244
  4. Asociación Desarrollo Integral Los Ángeles y Guadalupe, Barranca (ADGA), contacto Manuel Segura 663-1613
  5. Asociación Pro Ecología y Rescate Cultural Oromontano, contacto Zenón León 639-8869
  6. Asociación Rescate Puntarenas (ASOREPUN) contacto José Manuel Maffio 663-9091
  7. Comité de Vecinos y Vecinas de Oposición a la Minería de Oro, contacto Roberto Aguilar 639-8283
  8. Comité de Trabajo – Bonanza, Barranca, contacto Manuel Segura 663-1613
  9. Comité Local de Pescadores (COLOPEZ) de Chomes, contacto Valentina García Jiménez 646-1021
  10. Covirenas Puerto Viejo – Limón, contacto Marta Castro Bolaños, tel. 250-7739 martequi@yahoo.com
  11. Covirenas Tivives – Esparza, contacto Daniel Portuguez, 393-9401
  12. Fundación Bosques Nuevos para la Vida –Esparza, contacto Sergio Zúñiga 635-5624, bosquesnuevos@yahoo.es
  13. Fundación Coyoche – Esparza, contacto Ángela Gätgens 635-5914, fundacioncoyoche@yahoo.es
  14. Grupo Ambientalista Tivives (G.A.T – 4 S), contacto Daniel Portuguez, 393-9401, gat@costarricese.cr
  15. Grupo Cativo Libre del Caribe Sur contacto Claudia Eppelin, tel. 750-0376
  16. Grupo Ceibo del Caribe Sur, contacto Candelaria del Azar, tel. 750-0284
  17. Grupo de Jóvenes de Tajo Alto – Miramar, contacto Onelsi Miranda 639-8740
  18. Grupo de Vecinos de Barranca, contacto Carlos Lacayo 663-1295
  19. Grupo de Vecinos de Barrio El Carmen, contacto Roxana Víquez 661-3313
  20. Grupo de Vecinos de Carrizal, contacto Felipe Díaz 663-0484
  21. Grupo de Vecinos de Sardinal, contacto Gilberto Corrales 639-1093
  22. Red Comunitaria Gran Chacarita, contacto Felipe Díaz 663-0484

SECTOR ACADÉMICO:

  1. Dr, Freddy Pacheco, Profesor Universidad Nacional
  2. Zoraida Ramírez, Escritora
  3. William Flores F., capitán y pescador puntarenense

¡POR EL RESCATE DE NUESTRA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA!

2003

APSE: Agenda para enfrentar la crisis 2020

Escrito en . Publicado en Derechos.

El contexto de la crisis

Costa Rica enfrenta una situación socioeconómica compleja, derivada de los problemas estructurales no resueltos durante años y acrecentada por la pandemia del COVID-19. La realidad de las finanzas públicas y de la contracción económica del país requiere de acciones puntuales, oportunas y posibles. No bastan las consignas ni las buenas intenciones, se necesitan propuestas concretas. El presente documento pretende contribuir en la construcción de una agenda solidaria, ética y progresiva para enfrentar la crisis actual.

Así, para la definición de las siguientes propuestas se tomó en consideración la “Revisión del Programa Macroeconómico 2020-2021 publicado por el Banco Central de Costa Rica” en Julio del 2020 y el documento “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones” publicado por la CEPAL en Julio del 2020. De estos insumos se obtienen los datos del contexto, dejando en claro que los proponentes del siguiente documento son plenamente conscientes de los retos sociales y económicos que nos esperan como país:

  • En 2020, el PIB mundial se reducirá un 5,2%. La caída será del 7,0% en las economías desarrolladas y del 1,6% en las economías emergentes. (CEPAL: 2020).
  • En América Latina y el Caribe, se proyecta que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, con lo que el total de personas en situación de pobreza pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra que representa el 37,3% de la población latinoamericana. Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en 2019 a 96,2 millones de personas en 2020, cifra que equivale al 15,5% del total de la población. (CEPAL: 2020)
  • A pesar de que las medidas de restricción sanitaria han sido gradualmente levantadas en muchos países, la intensificación reciente en la tasa de contagio por COVID-19 hace prever una intensificación de esas medidas en este segundo semestre del año, por lo que la proyección de la actividad económica para el 2020 fue revisada significativamente a la baja por los organismos internacionales, y el proceso de recuperación en el 2021 sería más lento de lo estimado inicialmente. (BCCR: 2020).
  • Al igual que en el caso de la economía internacional, la intensificación reciente de la tasa de contagio por COVID-19 en Costa Rica hace prever una mayor afectación económica en el segundo semestre del 2020, con una caída de 5,0% en el 2020 (en lugar del -3,6% previsto en abril). La proyección de crecimiento para el 2021 se mantiene en 2,3%. La actividad económica nacional continuará condicionada por el entorno internacional y la evolución de la pandemia en el país. (BCCR: 2020).
  • Ante los menores ingresos y mayores gastos que enfrenta el Gobierno Central del país por la emergencia sanitaria y económica, el Ministerio de Hacienda proyecta para el 2020 un déficit primario de 4,0% del PIB y un déficit financiero de 9,3%, valores que en abril pasado se situaron en 3,4% y 8,7%% del PIB; y la razón de deuda a PIB aumentaría a 70,2% este año y 76,6% el siguiente. (BCCR: 2020)

De lo anterior, queda claro que enfrentamos una coyuntura difícil que requiere de la mejor de las voluntades para ser superada.

Compartimos el documento para descargar.

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Represión sindical en empresa MASS – Limón

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El pasado miércoles 21 de octubre en un predio ubicado en la comunidad de Búfalo de Limón, Maikol Hernández acompañó a un grupo de trabajadores / as que fueron despedidos injustamente por la empresa Maritime Service Solutions (MASS) después de que se unieran al Sindicato Costarricense de la Industria de Transporte y Afines (SCITA).

Pronunciamiento del Movimiento Feminista y de Mujeres: lecciones para un diálogo pendiente

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Las abajo firmantes articuladas como organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y feministas independientes, ante la coyuntura nacional actual manifestamos:

  1. Sí queremos diálogo. Existe una amplia coincidencia general entre las y los actores sociales y la ciudadanía en la urgencia de un diálogo nacional inclusivo, abierto y, sobre todo, con resultados vinculantes. El camino democrático no es solo electoral, debe ser una construcción continua hacia una sociedad más justa, igualitaria y equitativa, donde toda la diversidad de mujeres seamos tomadas en cuenta y ¡No podemos permitir que nos dejen atrás ni que nos hagan a un lado!
  2. El diálogo que queremos y creemos necesario debe tomar en cuenta las lecciones inmediatas y no reproducir los mismos errores. Los intentos realizados de diálogo, hasta el momento fallidos o limitados, nos permiten reconocer algunas lecciones para no repetir errores y crear las condiciones para que exista un verdadero diálogo.

La participación y representatividad han sido elementos cruciales que han afectado negativamente los procesos anteriores. Al respecto varias lecciones: a) que no es posible ignorar el movimiento y la protesta social que se manifiesta en las calles en procesos de diálogo que pretenden relevar algunas de sus demandas. Asimismo, no se puede reprimir, criminalizar y judicializar aquellas personas que se oponen a la línea de Gobierno y ejercen su derecho humano a la protesta social. b) que no es posible definir la legitimidad a priori de las representaciones sectoriales, excluir sectores o no reconocer su autonomía en la elección de sus representantes, c) que no es posible excluir a las mujeres, al movimiento feminista y mucho menos impulsar un diálogo sin asegurar la paridad de género.

Para un diálogo con resultados, la participación de algunos actores como el Legislativo es esencial. Además de la representación al más alto nivel del Ejecutivo, debemos exigir la presencia de todas las representaciones legislativas. La agenda legislativa debe ser parte del debate, incluyendo los proyectos que en estos momentos se discuten y que incluyen recortes que pretenden afectar programas sociales esenciales como salud, educación, cultura y recursos naturales. No es aceptable ni contribuye a generar confianza en un proceso de diálogo cuando de manera paralela se impulsan y toman decisiones que van directamente a profundizar la crisis que ya vivimos.

  1. Necesitamos un diálogo social, no puede reducirse al tema fiscal. Más que un diálogo fiscal, en Costa Rica urge un diálogo social: sobre el país que queremos y podemos construir empezando en lo inmediato con las salidas posibles a la actual crisis y que tenga una amplia representación, un debate sin excluir grupos ni mucho menos las mujeres.

Por consiguiente, la agenda debe ser construida amplia y no limitada al tema fiscal. La reducción de brechas de desigualdad económica, social y de género debe estar en el centro del debate. Interesa no solo capitalizar al Estado en lo inmediato, sino consensuar cuáles serán los parámetros y objetivos de la inversión pública en el corto y mediano plazo.

El objetivo central del diálogo y negociación debe ser el direccionamiento de inversión para reducir las brechas de desigualdad, pobreza y exclusión mediante la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

  1. El diálogo debe ser vinculante. Es decir, debe abrirse espacio no solo para intercambiar impresiones sino para alcanzar una negociación real. Se trata precisamente de llegar a acuerdos ciudadanos básicos con el compromiso de que se van a respetar. Para ello es indispensable, además de consensuar una agenda, acordar un marco ético para el diálogo, con mínimos de representatividad, respeto, escucha, resolución de conflictos, entre otros.

No debe haber condicionantes previos establecidos por el Ejecutivo para la realización o no de los diálogos: ante la ausencia de consenso el Poder Ejecutivo o Legislativo no debe imponerse. La ausencia de consenso no debe ser interpretada por el Ejecutivo o el Legislativo como un cheque en blanco para imponer su agenda.

  1. Debe existir voluntad política para incluir en la discusión otras opciones distintas al convenio propuesto por el Poder Ejecutivo con el FMI. El endeudamiento con agencias internacionales no es el único camino. Sectores de la ciudadanía, academia y otras personas expertas en la materia han coincidido que no es posible continuar por la senda del mayor endeudamiento y se han señalado alternativas de financiamiento que deben ser sometidas a discusión.
  2. El diálogo y la negociación no son posibles si excluyen a las mujeres. En relación con la participación de las mujeres debemos ser enfáticas en lo siguiente:

Exigimos nuestro derecho a la autonomía y el reconocimiento a nuestra diversidad en la selección de nuestras representantes en una mesa de Diálogo Nacional. No es posible que seamos las mujeres, las únicas a las cuales se pretenda señalar a priori los mecanismos de selección de sus representantes.

A lo largo de la historia y en la actualidad las mujeres somos actoras activas y propositivas. Para esta crisis hemos sido de los pocos agrupamientos ciudadanos que hemos pensado, formulado y hecho públicas propuestas de visión-país, no solo del tema fiscal. Por lo cual, exigimos que sean incluidas en las agendas de diálogo y negociación.

No es posible que se pretenda invisibilizar la participación decisiva que las mujeres tenemos en todas las esferas de la vida pública y privada o se desconozca y minimice nuestra capacidad técnica, profesional y política. Por ello, cualquier diálogo viable demanda de la participación paritaria entre mujeres y hombres en todos los espacios de diálogo, negociación, mesas técnicas, y otros.

Tampoco es viable un diálogo que no reconozca que las personas somos afectadas de manera diferente por la crisis y que el cierre efectivo de cualquier brecha social debe estar guiada por los principios de justicia, igualdad y equidad. Las mujeres no somos un grupo ni un sector a incluir: somos la mitad de la población de Costa Rica y somos de las más afectadas en la actual crisis. Lo ha señalado de manera reiterada el INEC al demostrar que somos las mujeres a quienes más ha afectado el desempleo, la pobreza y la exclusión que se han ensanchado en esta crisis y como consecuencia de políticas neoliberales que están desmantelando el Estado Social de Derecho. Aún así, seguimos siendo las mujeres quienes sostenemos la vida cotidiana en las familias asumiendo cada día más labores de cuido de personas menores de edad, adultas mayores, personas enfermas y/o con discapacidad. También, somos las que asumimos las labores domésticas, de educación, salud y de entretenimiento que el Estado ha dejado de asumir por la crisis sanitaria de la Covid – 19. La brecha de cuidados se ha ensanchado y complejizado en esta crisis y este es un tema de interés social prioritario.

Las mujeres todas, desde nuestras diversidades, tenemos mucho que compartir sobre nuestras vivencias diarias de dificultades económicas, acceso a la tierra, como la protección de los bienes comunes, salud, educación y que son vitales para comprender las funciones que debe de abordar un Estado que prioriza la justicia fiscal, ¡porque la justicia fiscal es justicia social!

El diálogo y la negociación son parte de la vida cotidiana de nosotras las mujeres. Creemos en el diálogo, estamos convencidas de que la construcción de consensos es viable sobre la base de la mutua comprensión de que Costa Rica es una sola. Un barco cuyo destino está en las manos de todas y todos, para conducirlo a un puerto de bienestar compartido, dignidad humana, igualdad, derechos humanos y democracia.

*Para información sobre el comunicado o sobre el proceso escribir a alarcon.shi@gmail.com*

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Simposio “Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Buenas prácticas de transparencia y acceso a la información de los parlamentos en la definición de leyes y control político responsable en el marco de la pandemia.

Este miércoles 30 de setiembre del 2020 se llevó a cabo el segundo día del Simposio Internacional titulado: “Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos”, realizado a través de la plataforma virtual Zoom y transmitido en vivo por la página de Facebook Rectoría Universidad Nacional de Costa Rica.

El Simposio se realizó en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria–Diálogo Nacional, y estuvo organizado por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la Fundación Konrad-Adenauer, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, el Movimiento Iniciativa Popular, la Rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y ParlAmericas.

De esta manera, se llevó a cabo la cuarta sesión de trabajo con la mesa de diálogo: “Buenas prácticas de transparencia y acceso a la información de los parlamentos en la definición de leyes y control político responsable en el marco de la pandemia” la cual se enfatizó en las experiencias y prácticas de transparencia, así como los proyectos para el acceso a la información en diferentes países y sobre las las necesidades que presentan los parlamentos en época de pandemia.

Para llevar a cabo este Panel se contó con la participación de parlamentarios de diferentes países: el señor Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, quien se desempeñó como moderador; las señoras diputadas Carmen Chan y María Inés Solís de la Asamblea Legislativa de Costa Rica; la señora Dolores Martínez, Diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; y Emmanuel Barrantes Pérez, representante del Movimiento de Iniciativa Popular.

Luis Rojas, quien ha tenido la oportunidad de exponer en otras ocasiones sobre la ley de transparencia en Chile, inició la actividad recalcando la importancia de contar con herramientas que permitan el control político y dio apertura con la siguiente frase: “La transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales para la implementación de los principios del parlamento abierto como lo son la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probidad en el ejercicio de las funciones públicas”.

Dolores Martínez, diputada de Argentina y exdirectora de la Oficina de Modernización de la Cámara de Diputados, reconoció que en el tema de participación ciudadana y gobierno abierto quedan muchos retos, pero presenta dos avances. El primero es el Portal de Leyes Abiertas, donde los y las diputadas suben sus proyectos y anteproyectos que permite recibir retroalimentación. El segundo es la Caja de Herramientas de Transparencia Legislativa cocreada entre Argentina, Costa Rica, Chile, Paraguay, EuroSocial y ParlAmericas: “Los bajos niveles en el índice de transparencia del 2016 y la mirada negativa de la sociedad con el Congreso Argentino resaltaron la necesidad de estos elementos, que son resultado de una amplia serie de reuniones y un proceso extenso de establecimiento de alianzas entre la sociedad civil y el Congreso”.

El proceso de creación de la Caja de Herramientas de Transparencia Legislativa inicia en mayo del 2019, tiene su inspiración en la incompetencia de los diseños previos lanzados en el poder ejecutivo: “Su lanzamiento será el 1 de octubre del 2020 y permite que los Congresos encuentren un espacio con conceptos estandarizados que pueden adaptar a sus necesidades específicas. Se compone de cinco herramientas principales para lograr la transparencia legislativa”.

Para Martínez, la transparencia activa se refiere al tipo de información que los Congresos deben publicar y de qué manera deben hacerlo, la manera de realizar mecanismos para que las solicitudes de acceso a la información pública sean efectivas, el diseño óptimo de portales de datos abiertos que permita reutilizar la información, la forma y enfoque en que se definen las políticas de comunicación y accesibilidad y enfatiza en la gestión documental, que hace referencia en cómo se gestiona, hacia adentro la información que es publicada.

Por su parte, la diputada costarricense María Inés Solís, quien también es parte del Concejo ParlAmericas; explicó que en Costa Rica las herramientas se desperdician provocando que la transparencia sea una deuda existente actual, que se evidencia con mayor claridad por la pandemia y la claridad de apreciación de la crisis estructural.

Reconoció que la comunicación con la sociedad civil es muy mala, sin embargo, se hacen esfuerzos importantes como el Departamento de Participación Ciudadana encargado de generar un vínculo entre los diputados y la sociedad civil como parte del compromiso institucional: “En el país el diputado es sinónimo de vago y eso es culpa de los mismos diputados… porque no se ha sabido comunicar el trabajo diario que realiza la Asamblea Legislativa”, indicó Solís.

La diputada manifestó que, además, como un esfuerzo personal, desde hace más de un año presentó un proyecto para reformar la Ley y perfeccionar la rendición de cuentas. Confía en que el Lobby es necesario, pero debe ser cristalino por eso la Ley propone que sea transparente el proceso para la toma de decisión, mediante una agenda pública donde se pueda evidenciar el proceso y las reuniones con diferentes actores que la ciudadanía pueda consultar.

Desde el Movimiento de Iniciativa Popular se visualiza una necesidad de transparencia y el acceso a la información, por ello, para Emmanuel Barboza, expuso el interés del Movimiento, de manera voluntaria y no remunerada por cada uno de los integrantes de la organización, en fiscalizar el uso correcto de los recursos públicos y promover la rendición de cuentas: “Creo que cocreación es la palabra clave en todos los procesos de transparencia y acceso a la información pública. Su principal objetivo no es solo señalar falencias sino proponer soluciones por esa razón organizan actividades como este Simposio Internacional”. Además, reconoció que la pandemia es solo un reto porque obliga a realizar acciones para no perder la participación ciudadana por el aislamiento, pero se pueden ver muchos otros como una política de despachos abiertos, la sistematización de datos, el uso de las tecnologías mediante herramientas que sean accesibles para todas las personas y la creación de herramientas para realizar denuncias anónimamente. Y como movimiento reclaman mayor voluntad política, una ley de lobby y contar con estándares de publicación de documentos en línea que permitan procesar datos, acotó Barboza.

Carmen Chan diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, expuso la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública fundamentando que están recogidos en la Constitución Pública y que llegan a ser fundamentales en época de pandemia.

Chan reconoció que la participación del pueblo es central para diseñar medidas legislativas, por eso desde en el 2018 presentó la propuesta: “Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia”, que sigue en trámite.

La diputada aseguró que en medio de la crisis se ha actuado con transparencia y por eso se aprobaron leyes necesarias como la Ley para apoyar al contribuyente local, sin embargo, es primordial la racionalización en el uso de los recursos públicos, los escasos recursos deben ser dirigidos a los más necesitados: “ La pandemia expone necesidades como la definición de una agenda de prioridades de proyectos de Ley en conjunto con el Poder Ejecutivo, para enfrentar la crisis, una política fiscal diseñada por los poderes del Estado de manera colaborativa, el diseño de canales efectivos de comunicación, que sean fluidos y transparentes y la realización de las negociaciones financieras con los organismos internacionales en espacios abiertos.

Para concluir el Foro, Juan Carlos Chavarría Herrera, director del Programa Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa y co organizador el Simposio, agradeció a los expositores, participantes y a las personas que formaron parte del equipo de trabajo: Rosibel Hernández Diaz, Emmanuel Barrantes, Sylvia Arredondo Guevara, Gabriela Corrales Alfaro, Efraín Cavallini Acuña, Gustavo Fuchs, Natali Casanova y Sergio Araya. Asimismo, expresó su reconocimiento y gratitud a las entidades que tuvieron a cargo la organización de los días del Simposio e informó que en las próximas semanas se compartirá una memoria del evento.

ENLACE Mesa completa:

https://www.facebook.com/104524877983409/videos/757805188396854

 

Por:
Efrain Cavallini Acuña-UNA
Valery Brais-Estudiantes RI-UNA-Ideario
Gabriela Corrales Alfaro- Ideario-UNA

Alternativas: Hablemos de Ética

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Este viernes 23 de octubre a las 6 p.m. en el programa radial Alternativas, se estará tocando el tema “Hablemos de Ética”. Podrá sintonizarlo a través de los 1590 AM o bien a través de Facebook Live.

Estarán participando: Hámer Salazar, Jorge Chacón, Luz Marina Vásquez, Hugo Amores y Álvaro Zamora.

La plataforma interactiva creada en la UCR ayudará a tomar decisiones en torno al COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Trabajo interdisciplinario de siete unidades académicas

El Ministerio de Salud capacitará a tomadores de decisión en el uso de la herramienta

Personas usando mascarillas en el centro de San José, Costa Rica. Foto: Karla Richmond, UCR.

El país contará, próximamente, con una herramienta que integra la información epidemiológica de COVID-19 con datos sobre la vulnerabilidad sociosanitaria de cada distrito y cantón, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes. Se trata de la Plataforma de Monitoreo de COVID-19 que están desarrollando siete unidades académicas de la Universidad de Costa Rica a solicitud del Ministerio de Salud. A este esfuerzo se unieron desarrollos previos realizados por la Universidad de Costa Rica como el cálculo de la tasa R generada por el Observatorio del Desarrollo y el Centro Centroamericano de Población, ambas instancias de la UCR.

El M.Sc. Rodolfo Romero Redondo, docente e investigador de las Escuelas de Administración Pública e Ingeniería Industrial, explica que en la plataforma convergen diversos puntos de vista sobre la pandemia. De esta manera, los datos estadísticos se integran con el modelamiento matemático, las ciencias del comportamiento, los determinantes sociales de la salud y la administración pública, para tener una aproximación a la información más acertada, que sea de utilidad para quien deba tomar decisiones de política pública a nivel distrital, cantonal y nacional.

La versión más actualizada de la Plataforma muestra todos los datos de cada territorio con solo posicionar el cursor en un punto del mapa. Imagen cortesía del Equipo de Investigación – Observatorio del Desarrollo UCR. Fuente Plataforma Toma de Decisiones COVID-19 MS-UCR.

“Hay muchísima información en torno al COVID-19. Necesitamos enfocar la información y los datos para que el tomador de decisiones los tenga de manera útil. En una emergencia como esta, el tomador de decisiones no puede dedicar mucho tiempo a analizar. Tiene que ser algo muy expedito, un instrumento amigable y con la información que le sirve”, destacó Romero.

Una de las principales riquezas de la Plataforma es que aborda el tema de la pandemia no solo desde la perspectiva de la amenaza, sino también desde la vulnerabilidad de la población por medio de un análisis sociosanitario. El nivel educativo, la condición económica, la ocupación del territorio, el uso del suelo, los estilos de vida, el uso ambiental y la adaptabilidad de una comunidad pueden magnificar o aminorar los efectos de la pandemia.

En este sentido, Keylor Castro, punto focal de Gestión de Riesgo para el Ministerio de Salud, destaca que no es lo mismo atender una emergencia en un cantón con alta densidad poblacional, donde es difícil garantizar el distanciamiento y el aislamiento, que en un cantón de baja densidad poblacional.

“La idea es que el indicador sociosanitario sea una herramienta para ser utilizada por el Ministerio de Salud para orientar las acciones a nivel local sobre cuáles deberían ser las acciones y los cantones que, primeramente, deberíamos estar afrontando”, detalló.

Por ejemplo, la prevalencia de la enfermedad, que consiste en la cantidad de casos por cada mil habitantes, puede registrar bajos niveles en un cantón. Pero, al cruzar este indicador con rangos de edades y condición económica, podría mostrar una mayor incidencia en personas adultas mayores y en condiciones de pobreza. Este nuevo dato ayudaría a las autoridades locales a darle prioridad a esta población.

“Esta información nos ayuda a tomar decisiones operativas. Por ejemplo, la apertura de un albergue para personas positivas. La Plataforma nos ayudaría a definir cuántos albergues se requieren, de qué clase y para qué tipo de población, para lograr cortar cadenas de transmisión y garantizar condiciones adecuadas para el aislamiento de estas personas”, ilustró Castro.

Adicionalmente, este instrumento cuenta con un análisis prospectivo que muestra el riesgo potencial que tendrá cada distrito y cantón en las siguientes 4 semanas. Para Romero y Castro esto permite hacer un uso más eficiente de los recursos limitados con los que cuenta la institucionalidad pública.

La herramienta también cuenta con un análisis del comportamiento territorial de la pandemia desarrollado por un equipo de investigación de la Escuela de Geografía. Consiste en la visualización del movimiento de la enfermedad en un mapa, a manera de “corredores geográficos” o manchas de color. A partir de esta información, las autoridades pueden definir medidas de contención en los bordes de las manchas para evitar la expansión del contagio.

Melvin Lizano, docente e investigador de la Escuela de Geografía, explica que el virus se desplaza geográficamente porque las personas tienen necesidad de moverse de un lugar a otro. Tomando en cuenta esta realidad, se genera un análisis de corredores geográficos de transmisión de la COVID-19 a partir del estudio de los 15, 20 y 40 distritos que presentan el mayor número de casos activos por semana.

“Este seguimiento permite conocer zonas donde se da un mayor ensanchamiento de corredores o agrupaciones (clúster) distritales contiguos, con el fin de evitar que estas zonas ganen más terreno semana a semana. Lo anterior sugeriría la migración del virus hacia otras áreas geográficas con poca prevalencia o número de casos activos. Esto se hace a partir de una lectura del espacio fundamentado en un criterio de proximidad espacial”, añadió Lizano.

En esta línea, también se está realizando un análisis más detallado de paradas de autobuses que están sirviendo como “corredores” de transmisión entre comunidades, con el fin de que las autoridades competentes tomen las decisiones necesarias para disminuir el riesgo de contagio.

La plataforma incluye gráficos dinámicos que muestran la evolución de los casos activos y recuperados, así como los fallecimientos en una línea de tiempo y por provincias. Asimismo, incluye un gráfico que compara la efectividad de las medidas sanitarias con la probabilidad de que el Sistema Nacional de Salud identifique y le dé atención oportuna a todos los contagios.

Romero explica que esta comparación es importante porque el éxito de la contención pública es identificar a las personas contagiadas y atenderlas adecuadamente, así como aislarlas para evitar más contagios. “En la medida en que el país desarrolle estrategias para identificar y darle trazabilidad a las personas, las medidas públicas de contención van a ser más efectivas”, afirmó.

La plataforma de monitoreo de la COVID-19 incluye el uso de gráficos dinámicos y la visualización geográfica del comportamiento de la enfermedad a nivel nacional, cantonal y distrital. Imagen cortesía del Equipo de Investigación – Observatorio del Desarrollo UCR. Fuente Plataforma Toma de Decisiones COVID-19 MS-UCR.

Sección por sección

La Plataforma de Monitoreo de la COVID-19 tiene cuatro apartados principales. El primero describe el análisis de vulnerabilidad sociosanitaria. El segundo presenta un análisis de la vulnerabilidad en corredores geográficos y el índice de transmisibilidad en el territorio. En la tercera sección se encuentra el análisis de la probabilidad de la contención y, en la última parte, se alberga información estadística básica de todo el país, incluido el tema de hospitalización.

Además, contiene información actualizada sobre casos acumulados, casos activos, número de personas internadas en Salón y en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). La herramienta también facilita los informes generados por el equipo de investigación, un glosario de términos que permiten hacer una mejor lectura del reporte, así como comentarios y recomendaciones generales. Cada apartado también incluye la metodología utilizada para llegar a los resultados correspondientes.

Al ingresar en el primer apartado se puede ver información relacionada con la vulnerabilidad sociosanitaria desde la perspectiva cantonal. Cantón por cantón, se puede apreciar el comportamiento actual, y por las siguientes cuatro semanas, de la pandemia y de los factores asociados a la vulnerabilidad sociosanitaria. También se puede hacer lo mismo a nivel distrital.

El segundo apartado se concentra en el análisis de la vulnerabilidad desde la perspectiva de corredores geográficos. Allí se puede ver el “comportamiento de la mancha” sobre el mapa. Es decir, cómo la enfermedad se va expandiendo en el territorio. Esta información es de vital importancia para establecer medidas de contención en los límites de los cantones y distritos más afectados, con el fin de evitar que el contagio se extienda a otros territorios.

En esa misma sección también se incluye el análisis del índice de transmisibilidad en el territorio a nivel nacional, cantonal y distrital. Los datos pueden apreciarse mediante gráficos o de manera georeferenciada en un mapa.

En el tercer apartado se encuentra un gráfico que determina el nivel de probabilidad de que las personas contagiadas sean identificadas y atendidas por el Sistema Nacional de Salud asociado a las medidas de contención sanitaria que el país ha tenido hasta el momento. Este análisis de probabilidades permite determinar la efectividad de las medidas de contención y de trazabilidad en la población.

La última sección contiene información general que permite ver la evolución de la enfermedad en el país, como la cantidad de casos acumulados y activos por fecha, casos confirmados por día, la tasa de reproducibilidad y la tasa de letalidad diaria por COVID-19.

Guaner Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas y docente de la Escuela de Estadística, explica que la Plataforma se nutre de datos que provienen del modelado estadístico y epidemiológico que se genera en el equipo de trabajo. Entre las metodologías desarrolladas para la elaboración de esta herramienta destaca una que captura el comportamiento de la curva epidémica de acuerdo con la confirmación de los casos observados para proyectar los casos que se acumularían en días posteriores. Otra metodología se relaciona con la estimación de número de casos no detectados de personas asintomáticas o con síntomas muy leves que se han acumulado a la fecha.

“También se ha generado información sobre probabilidades de contención y de cuarentena. Estas probabilidades se obtienen a partir de la estimación de un modelo epidemiológico de comportamientos y nos ha ayudado a observar si las medidas sanitarias se reflejan en el comportamiento de los casos”, detalló.

En la plataforma de monitoreo de la COVID-19 se cruzan los datos epidemiológicos de la enfermedad con varios factores de vulnerabilidad de cada región del país para que las autoridades locales puedan tomar decisiones más acertadas. Imagen cortesía del Equipo de Investigación – Observatorio del Desarrollo UCR. Fuente Plataforma Toma de Decisiones COVID-19 MS-UCR.

Una herramienta para definir política pública

La Plataforma es para uso exclusivo del Ministerio de Salud. Para ello, se iniciará una capacitación de su personal de campo para un correcto uso de la herramienta, con el fin de asesorar a los Comités Regionales, Municipales y Comunales de Emergencia. También se espera que forme parte del Sistema de Gestión de Información COVID-19 por parte del Ministerio de Salud y que, en los próximos meses, se pueda dar el proceso de transferencia tecnológica de la aplicación de la UCR hacia el Ministerio.

“Esto es producto de un montón de iniciativas que tenemos, todas en paralelo trabajando sobre capas, para poder dotar al Ministerio de Salud de todas estas herramientas para quitarle lo operativo y ponerlo, ahora sí, a analizar la información y poder tomar decisiones y poder definir política pública. Para mí, esa es la piedra angular de este proyecto”, sintetizó Castro.

En este sentido, Daniel Salas, ministro de Salud, instó a que se capacite a las autoridades cantonales para el uso de los datos y que se entienda qué tipo de decisión se puede tomar con cada gráfico. Aseguró que el nivel de información sistematizada es importante y, más transcendental, será el hecho de que a nivel local se utilice la información para la toma de decisiones.

“La idea es que esta herramienta no sea solo para el tema del COVID-19, sino que se convierta en un instrumento prototipo para otros temas como el dengue o el zika”, anunció Romero.

De acuerdo con Catalina Artavia, investigadora de la Escuela de Administración Pública, contar con una herramienta que contiene información basada en escenarios probables, datos relevantes y actualizados sobre la evolución de la pandemia a nivel nacional, cantonal y distrital, permite tomar decisiones informadas con miras a implementar mejoras en las políticas públicas de atención a la emergencia, con el fin de evitar un aumento descontrolado de casos de COVID-19 y valorar posibles estrategias de reactivación económica.

“A partir de la información que brinda la plataforma, las autoridades pueden tomar decisiones más acertadas en cuanto a la inversión. Así los recursos públicos pueden ser destinados a resolver problemáticas reales. Al mismo tiempo, permite predecir comportamientos futuros. Esto ayuda a incidir de forma más eficiente y eficaz en torno a la inversión, desarrollo de políticas públicas y medidas a nivel nacional orientadas a la generación de valor público”, subrayó Artavia.

Esto lo confirma Carlos Marschall, docente e investigador de la Escuela de Estadística y jefe de la Unidad de Análisis Prospectivo y Política Pública del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), quien asegura que esta Plataforma de Monitoreo de la COVID-19 “contribuye como un insumo para la definición de la política pública que debe y deberá realizar el país, con la finalidad de articular y coordinar, en el Sistema Nacional de Planificación, las intervenciones públicas requeridas en el marco de los recursos disponibles”.

Gilbert Brenes, director del Centro Centroamericano de Población, asegura que la herramienta es útil para proveerle a las autoridades del Ministerio de Salud información alternativa o con aproximaciones diferentes de visualización. “En otras palabras, la Mesa de Situación genera ya productos propios. Esta plataforma complementa esos productos para ofrecer hipótesis y posibles planes de acción alternativos”, añadió.

Por su parte, Agustín Gómez, docente e investigador de la Escuela de Estadística y coordinador de la Unidad de Estadística del Observatorio del Desarrollo, destaca que la Plataforma será de gran utilidad para la gestión municipal. “Los alcances de la herramienta en estos momentos son ilimitados en cuanto a la visualización interactiva y modelos de predicción muy potentes a nivel distrital, cantonal y nacional”, agregó.

La Plataforma de Monitoreo de la COVID-19 fue desarrollada por Diego Quirós, docente de las Escuelas de Estadística y Ciencias de la Computación e Informática, con la colaboración de Sebastián Cruz, Katherine Angulo, Vladimir Sagot y Lucía Elizondo, estudiantes de la carrera de Ciencias de la Computación e Informática.

Este es un proyecto de la Universidad de Costa Rica en constante actualización y perfección llevado a cabo por un equipo investigador conformado por representantes del Observatorio del Desarrollo, la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Geografía, la Escuela de Estadística, la Escuela de Ingeniería Industrial de la Sede de Occidente, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Centro Centroamericano de Población, en estrecha relación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan). También se cuenta con el aporte de insumos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Todos los datos utilizados en la Plataforma son extraídos de fuentes públicas y anonimizadas.

Actualmente, el proyecto se encuentra inscrito en el Observatorio del Desarrollo con el código 748-C0-245 “Análisis y simulación espacial de la Pandemia COVID-19 a nivel cantonal, para el caso de Costa Rica”.

 

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Organizan plantón en oposición a pesca de arrastre

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Distintas organizaciones están convocando a un plantón este viernes 23 de octubre a la 1 p.m. frente a Casa Presidencial. Se quiere expresar al presidente Carlos Alvarado la oposición a la pesca de arrastre aprobada en segundo debate de la Asamblea legislativa.