La Biblioteca Nacional del Sistema Nacional de Bibliotecas invita a la actividad «Chicas Malas honran la vida y obra de Arabella Salaverry», en el marco de la celebración del “Día de las Escritoras”.
El homenaje se realizará el lunes 19 de octubre a las 5:30 p.m. por Zoom.
Unirse a sesión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/2338222901?pwd=ZnJvanhkbDI3ejJDT2FWZGxSejdDUT09
Meeting ID: 233 822 2901
Passcode: 7gn1dz
El Sindicato Nacional de Periodistas, SNP, en conjunto con la Secretaría de Educación de la Confederación de Trabajadores de Rerum Novarum, CTRN le invitan al FORO virtual sobre: el proyecto de “Ley de Empleo Público en Costa Rica y sus implicaciones para la clase trabajadora”.
El mismo, está programado, para el próximo jueves 22 de octubre de 2020, de 10:00 a.m. a 12:00 m.d. por la plataforma Zoom siguiendo el enlace:
https://zoom.us/j/94061904682
ID de reunión: 940 6190 4682
Los panelistas son: Sergio Paixao, especialista en Normas Internacionales de la OIT; Mario Rojas Vílchez, secretario general CTRN; Rocío Alfaro, asesora legislativa y Luis Sáenz, asesor legal del SNP. Modera el Msc. Luis Fernando Villalobos.
Para confirmación de asistencia: sindicatoperiodistcr@gmail.com
Imagen ilustrativa, UCR.
Proyecto Acuarela Naranja «Golpes de Amor» realizó el pasado 10 de octubre al Primer Recital Poético Juvenil Internacional en cual fue transmitido en directo por medio de su página de Facebook.
Compartimos el video.
El Dr. Arturo Fournier Facio fue invitado a participar en representación de nuestro país y junto con otras personas de diversos países, en una Comisión Internacional de Investigación en relación con la escalada situación de violencia policial y racismo sistémico en la actividad policial que resulta en violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos contra afrodescendientes en los Estados Unidos.
Anteriormente, varias familias y más de 600 grupos de derechos humanos solicitó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la conformación de una Comisión de Encuesta. Aunque la petición fue apoyada por los 17 miembros del Grupo Africano, el Consejo de Derechos Humanos sucumbió a la enorme presión diplomática de Estados Unidos y otros países aliados y se negó a establecer una Comisión de Encuesta para investigar a Estados Unidos.
Reconociendo que los asesinatos y mutilaciones de negros desarmados por parte de la policía y los grupos de autodefensa en los Estados Unidos continúan aumentando sin cesar y que cualquier recurso interno efectivo es inexistente o agravado por las políticas del gobierno federal de los Estados Unidos, la Internacional La Asociación de Abogados Democráticos (IADL), la Conferencia Nacional de Abogados Negros (NCBL) y el Gremio Nacional de Abogados (NLG) decidieron convocar una Comisión Internacional de Investigación compuesta por Miembros Expertos Distinguidos de África, Asia, Europa, América Latina y el Caribbean1 para realizar una investigación independiente sobre:
1) Casos de víctimas de violencia policial, ejecuciones extrajudiciales y mutilaciones de afrodescendientes y racismo estructural arraigado en las prácticas policiales en los EE. UU.
2) El racismo estructural y el sesgo en el sistema de justicia penal que resulta en la impunidad de los agentes del orden por las violaciones de la ley estadounidense y las normas internacionales de derechos humanos.
La Comisión llevará a cabo audiencias públicas de investigación en varias ciudades de los Estados Unidos manera virtual.
Aunque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se negó a convocar una investigación específica centrada en los Estados Unidos, el Consejo de Derechos Humanos en la resolución A / HRC / RES / 43/1 ordenó a la Oficina del Alto Comisionado que preparara un informe sobre el racismo sistémico y las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra los africanos y los afrodescendientes por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel mundial.
Imagen tomada de: https://apnews.com/
El caricaturista Pedro Murillo nos ofrece su análisis de la realidad costarricense:
El próximo 18 de octubre 2020, son las elecciones presidenciales en Bolivia. Luego de aquel fatídico día de noviembre de 2019, en que Jeanine Añez, la inepta autoproclamada, asumiera como presidenta, sin haber sido electa.
Y es que ella no eligió ser presidenta, la eligió un grupo liderado por la cúpula de la iglesia católica boliviana, partidos políticos minúsculos, la Embajada brasileña, representantes del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, designados para el caso, y la Fundación Jubileo (que confirmó esos hechos), pero fundamentalmente fue apuntalada por la cúpula del Ejército y la Policía y sin duda tuvieron la garantía de EEUU. No se debe olvidar que fue un militar quien le colocó la banda presidencial, hecho inaudito y antidemocrático.
Así asume la Presidencia, en una sesión parlamentaria sin quorum, Jeanine Añez, Senadora de Santa Cruz que apenas obtuvo un 4% de los votos en la última elección.
Su principal motivación para irrumpir en el poder radica en la cuantiosa riqueza del subsuelo boliviano (en reservas gasíferas y de litio) nacionalizada por el gobierno del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, su ubicación estratégica en el continente y su exitosa política económica antineoliberal, a contrapelo de los dictados del Fondo Monetario Internacional FMI.
Y recientemente, la autoproclamada Jeanine Áñez afirmó categóricamente que el “populismo autoritario”, como llaman a los líderes con arraigo popular como Evo Morales, no regresaría a Bolivia.
En estos momentos, su dictadura se resquebraja y es objeto del mayor repudio popular, y es que quienes le dictan a Añez lo que debe decir y hacer, y quienes la manipulan son: Jorge Quiroga, Carlos Mesa y todos los cuadros y operadores políticos de la derecha boliviana y el Departamento de Estado estadounidense. Jeanine Añez es la marioneta mortal de la restauración neoliberal en Bolivia.
De allí que su gestión presidencial, muestra números rojos, tales como el 6% del Producto Interno Bruto PIB, en la caída de su economía. Lo que equivale a la generación de más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.
Y si consideramos los efectos de la pandemia, que ha sido mal gestionada por el gobierno de facto, ésta ocasionaría una pérdida de ingresos de entre 30-50%, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza.
Mientras tanto, Bolivia ya ha superado las 8.000 personas fallecidas por el COVID-19 y las exportaciones han disminuido a 4.217 millones de dólares hasta agosto, cifra menor en 1.680 millones de dólares a la registrada en el mismo período de 2019.
La corrupción que ha llegado a los niveles más altos, en empresas de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, ministerios como el de Salud y Obras, el incremento de la pobreza, y la ilegalidad e ilegitimidad en la política.
En diez meses, Jeanine Áñez, juramentó a 36 ministros, algunos juraron dos veces como Branko Marinkovic, porque se cambiaron de cartera, en este tiempo, se descubrieron al menos, 24 casos de corrupción, destacándose, la compra irregular de respiradores, gases lacrimógenos, venta de cargos, cobros ilegales; de los 24 casos, 18 son investigados en el Ministerio Público, ninguno llegó aún a la etapa de juicio oral.
A propósito de Marinkovic, un dato no menos relevante del Gobierno de Añez, es que cuenta con tres ministros con raíces croatas, en áreas clave, entre ellos el ministro del Interior Murillo Prijic, la canciller Karen Longaric y el ministro de Economía y Finanzas Branco Marinkovic. Todos ellos fueron muy activos políticamente, aunque para llegar al Gobierno necesitaron de un error histórico, pues de otra manera no lo habrían logrado.
Branko Marinkovic, fue acusado de ser parte de los violentos acontecimientos en 2009, que además involucraron al ahora exministro Oscar Ortiz. El Gobierno de Evo Morales denunció un plan separatista, del cual tomaron parte células armadas lideradas por croatas y húngaros. El juicio recientemente fue archivado, casualmente, luego de la designación de Marinkovic como ministro.
Además, se ha indicado que los padres de Marinkovic habrían sido militantes de la Ustacha, organización aliada de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cuyos militantes llegaron a Sudamérica con ayuda de la iglesia católica, que jugó un papel importante en las negociaciones con EEUU para que croatas ligados a Ustacha y nazis alemanes lleguen a Sudamérica con el compromiso de operar para la Agencia Central de Inteligencia (siglas en ingles CIA).
Para no hacer más larga la historia de la dupla Añez-Croatas, es interesante descubrir que el candidato a vicepresidente de Carlos Mesa, Gustavo Pedraza, dijo que de ser gobierno les gustaría tener como ministros a personas como Branko Marinkovic, a quien dijo respetar pues sabe de su compromiso con el país y con Santa Cruz. Esto muestra que, en términos de programa político, nada diferenciaría a un posible Gobierno de Mesa del de Jeanine Añez.
Lo único esperanzador es que en pocos días habrá elecciones y se abrirá la posibilidad de que el pueblo boliviano elija una opción que le dé mejores condiciones de vida, en vez de empobrecerles deliberadamente.
Las siete candidaturas del bloque de Añez, sus características son: una derecha conservadora, con matices que van desde el extremismo religioso evangélico, pasando por un autoritarismo violento y racista, hasta el moderado neoliberal y aristocrático, todos alineados a la geopolítica de EE.UU.
Ahora bien, es importante mencionar que el bloque político opositor al Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, después del golpe nunca tuvo la voluntad política de generar un proceso electoral libre transparente y democrático, para disputarse en este ámbito el poder del Estado. Es más, la estrategia post golpe fue prorrogar al gobierno de la estólida Jeanine Añez, postergar las elecciones y aniquilar al MAS-IPSP por todas las vías posibles; una de estas vías es la de eliminarlo como contendiente en el juego electoral.
Ha intentado, inhabilitar la personería jurídica del MAS-IPSP, alegando fraude electoral en octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional. Ha declarado vilmente: “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”.
Ha agregado además, la inhabilitación del MAS-IPSP por: sedición, y por la difusión de una encuesta de intención de voto.
Y sigue latente, como el año pasado, el fantasma del fraude electoral, la intervención de Washington, y la reedición de un golpe de Estado, entre otros.
Recientemente, la autoproclamada Jeanine Áñez afirmó categóricamente que el “populismo autoritario”, como llaman a los líderes con arraigo popular como Evo Morales, no regresaría a Bolivia. Es cierto que su dictadura se resquebraja y es objeto del mayor repudio popular, pero el dicho sugiere planes golpistas de la oligarquía.
Ante esto, es necesario Denunciar Actos contra el Pueblo Boliviano, por parte de la derecha opositora, sobre todo de Añez-Camacho, como:
El 15 de noviembre, al menos 11 civiles fueron muertos y otros 120 resultaron heridos en Sacaba. El 19 de noviembre, en cercanías de Senkata, otros 11 civiles fueron muertos y 78 heridos. En ningún caso se produjeron bajas entre los efectivos policiales y militares.
A su vez, por la represión de las fuerzas policiales y militares, durante su gestión, así como por hechos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Según el medio Bolivia TV del Pueblo, en noticia verificada, la “senadora demócrata Warren de EE.UU denunció con Documentos y pruebas que una lujosa mansión cotizada en $u$ 28.3 millones apareció en agosto a nombre de Carolina Ribera Añez quien es hija de la presidente interina Jeanine Añez”, cuestionando que esa compra pudo ser con dinero desviado de Bolivia.
Añez, no quiere que la responsabilicen por estos hechos, y teme ser enjuiciada por el gobierno que asuma tras las elecciones.
Tampoco quiere ser responsabilizada por la crisis humanitaria-sanitaria de Bolivia, ocasionada por la pandemia, generada por su mala gestión de gobierno, ocasionando la muerte, al menos, a 500 bolivianos, tirados en las calles, y el colapso del sistema de salud boliviano.
Ella puede estar preparando una salida abrupta y rápida del país, para no verse sometida a un juicio por violación de DDHH.
Los países latinoamericanos no deben recibirla como invitada, por su malísimo papel en el gobierno de transición y los macabros e ineficientes cambios estructurales, que afectaron a todos los bolivianos y bolivianas.
Cometió nepotismo: trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos; para su propio beneficio y obtener favores.
Perpetró persecución contra grupos sociales, contra la prensa extranjera, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros, contrarios a su gestión.
Aprobó la privatización de múltiples empresas públicas del Estado boliviano.
Recientemente, se ha develado una lista con nombres de los militares bolivianos en servicio activo y pasivo adictos al Gobierno golpista de Jeanine Añez, que estarían detrás de la organización de situaciones de extrema violencia para impedir que se realicen las próximas elecciones en Bolivia. Estos escenarios de violencia se registrarán antes, durante y después de las elecciones. El objetivo central será evitar a como dé lugar el regreso de las fuerzas populares al gobierno.
La última perla de Añez, es que los militares que capturaron al Che Guevara fueron homenajeados en Bolivia, la ceremonia fue liderada por la golpista, Jeanine Áñez, que como “jefa de Estado” es capitán general de las Fuerzas Armadas del país altiplánico.
Los Beneméritos de Ñancahuazú, como se los conoce en Bolivia, fueron homenajeados este viernes como héroes del grupo militar que hace 53 años capturó en este país al revolucionario Ernesto “Che” Guevara. Un grupo de 47 militares recibió en la ciudad boliviana de Santa Cruz este homenaje por haber atrapado en 1967 al “Che”, que fue fusilado el 9 de octubre de aquel año.
Jeanine Áñez recordó en su discurso a quienes “cayeron víctimas del terror guerrillero que trajo a Bolivia el ‘Che’ Guevara”, quien había llegado al país en 1966 y organizó una guerrilla en la región de Santa Cruz. La mandataria transitoria calificó de “asesinatos cobardes” las muertes en la zona cruceña de Ñancahuazú por la guerrilla del revolucionario argentino-cubano, a quien definió como un “invasor” con “miseria moral”.
La captura y muerte del Che fue para Jeanine Áñez una lección de Bolivia al mundo en contra de “la dictadura comunista”, pues “ninguna dictadura pasará ni echará raíces en esta nación”, ni tampoco “fascista ni populista”.
Estas son solo algunas acusaciones contra Jeanine Añez, las cuales deben ser denunciadas para someterla a juicio y ser privada de libertad.
Y al pueblo boliviano le quedan pocos días para decidir su futuro político, ahí en las urnas, donde suele dilucidarse las confrontaciones políticas en las democracias representativas. Un pueblo boliviano que mayoritariamente se da cuenta de las fuerzas que amenazan a su estado plurinacional.
Por ello, en este tipo de democracia la receta, para la futura recuperación de Bolivia, es bastante simple: levántese temprano, acuda a los centros de votación y emita su voto. por el único candidato, que en el abanico de postulantes ha presentado un programa coherente, que tiene experiencia comprobada en buen manejo estatal y exhibe cifras económicas positivas bajo su gestión como Ministro de Economía, que garantizan posibilidades que Bolivia vuelva a transitar por el camino de un desarrollo sustentable.
Y a la oposición boliviana, los que les queda es seguir impulsando una situación de violencia, y preparando condiciones para frenar el ascenso nacional-popular orientado a recuperar y profundizar el proceso de liberación nacional.
Imagen: http://latlibre.org/
México y Centroamérica, 15 de octubre de 2020.- Además del fuerte impacto que ha tenido la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 en el acceso a derechos y servicios básico, esta ha resultado también en una profundización de la crisis democrática y de derechos humanos en la región mesoamericana. Como respuesta a la pandemia, algunos Estados de la región han implementado acciones de carácter punitivo, como toques de queda, estados de excepción o la militarización de la seguridad ciudadana, entre otras medidas contrarias a los derechos humanos de la población. En este contexto, la defensa de los derechos humanos enfrenta nuevos obstáculos y, a la vez, se vuelve más urgente que nunca.
Estas son algunas de las conclusiones del brief “Defender derechos en tiempos de COVID: Balance regional de las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México y Centroamérica”, publicado el día de hoy por el Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas (Espacio OSC), Front Line Defenders, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), el North American Congress on Latin America (NACLA), y Trade Unions for Energy Democracy (TUED).
Este informe surge a raíz del evento homónimo: una serie de foros virtuales que, durante cinco semanas, convocó a 26 personas defensoras de la región con el fin de evaluar de qué manera la pandemia ha impactado su labor de defensa. El ciclo de conversaciones estuvo compuesto por cinco espacios: Mujeres defensoras y el derecho a defender derechos humanos; La libertad de expresión y el acceso a la información en tiempos de pandemia; La lucha por la memoria, la verdad y el acceso a la justicia; La defensa del ambiente y el territorio en Mesoamérica; y Derechos laborales y sindicalismo.
A raíz de estos diálogos, las organizaciones concluyeron que las condiciones para defender derechos y defender la libertad de expresión en México y Centroamérica han empeorado desde el inicio de la pandemia. Asimismo, denunciaron un incremento en las agresiones contra personas defensoras, en forma de desprestigio y estigmatización, represalias administrativas, amedrentamientos, detenciones arbitrarias e incluso criminalización. De acuerdo con registros de las organizaciones, al menos 25 personas defensoras fueron asesinadas en la subregión entre enero y agosto de 2020.
El informe reconoce como una primera barrera las restricciones a la movilidad impuestas como respuesta a la contingencia sanitaria, que han limitado significativamente la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico. Así, sostiene que las personas defensoras y comunicadoras no cuentan con medidas para ejercer de manera segura tareas como el acompañamiento de grupos vulnerados, monitoreo u observación, o el desarrollo de trabajos de investigación periodística.
Por otra parte, familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos enfrentan barreras tanto físicas como tecnológicas: complejizando aún más su camino para acceder a la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas. Todo esto sin que las autoridades judiciales de la región brinden alternativas para el avance de sus procesos.
Para las mujeres defensoras los riesgos se profundizan. En la región, las defensoras han tenido que continuar sus labores bajo un contexto de creciente violencia contra las mujeres. Al menos en Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México se ha registrado un aumento de casos de violencia contra las mujeres en el espacio privado a partir de la pandemia, al tiempo que defensoras denuncian un incremento en los ataques y violencia digital.
Según el informe, las agresiones a la prensa también se han agudizado notablemente a partir de la crisis sanitaria. La exclusión de la prensa independiente y bloqueos informativos se han denunciado en El Salvador, Nicaragua y Guatemala; mientras que en Panamá el acoso judicial se ha incrementado. En México y El Salvador, las y los periodistas han recibido amenazas y acoso digital como represalia de su cobertura. Por su parte, el gremio médico también ha enfrentado ataques a partir de la COVID-19. En Nicaragua, al menos una treintena de profesionales han sido despedidos y acosados como represalia de su crítica contra a la política sanitaria oficial.
Aunado a ello, América Latina continúa siendo la región más peligrosa para personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, situación que no cede en pandemia. Por lo menos en Honduras, México, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala han continuado las invasiones territoriales, desalojos de comunidades, ataques armados y agresiones letales contra comunidades que defienden su territorio. Al tiempo que, aún con el alto riesgo de contagio en centros penitenciarios, en México, Guatemala y Honduras, personas defensoras del territorio continúan privadas de libertad ilegalmente.
En lo que corresponde a la defensa de derechos laborales, los Estados por lo general han sido incapaces de garantizar el trabajo dentro de entornos seguros, teniendo a las industrias ligadas a las cadenas de suministro global como aquellas más afectadas por brotes epidémicos. Encima, reconoce el retroceso en garantías laborales, la estigmatización pública, y la exclusión de personas trabajadoras del mercado laboral, formal e informal, como represalia a sus reivindicaciones sindicales y a la lucha por el acceso a derechos laborales.
Frente a este contexto, las organizaciones hacen un llamado a los Estados de la región, entre otros a:
Descargue el informe completo en español e inglés aquí.
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.taringa.net
El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) concibe una «mesa de negociación» para debatir sobre medidas y acciones tendientes a cambiar el rumbo económico, después de 40 años de neoliberalismo.
Desde BUSSCO ratificamos nuestra disposición al diálogo y a la negociación, no creemos en un esfuerzo de diálogo para diseñar una nueva propuesta negociadora con el FMI, sino para encontrar propuestas equilibradas que posibiliten salidas en beneficio de las mayorías. BUSSCO es firme en señalar que el FMI no es la vía para la solución de nuestros problemas.
Una negociación real para enfrentar la crisis y superar el modelo neoliberal.
Se debe abrir un proceso de negociación que aborde temas urgentes como el Fraude Fiscal: evasión de IVA e ISR, elusión fiscal del comercio exterior, reestructuración de la deuda pública, exoneraciones y privilegios fiscales al gran capital corporativo. También, un sistema tributario progresivo, fortalecimiento del mercado interno, generación de empleos, salarios dignos, servicios públicos de calidad, universales y sostenibles, así como garantizar la libertad sindical.
Nuestra agenda para enfrentar la crisis incluye la eliminación del IVA a servicios básicos, el impulso a un salario mínimo para trabajadores desempleados, subempleados y en condición de pobreza, el fortalecimiento de la CCSS y la salud pública, ampliación del gasto público como mecanismo para reactivar la economía, nos oponemos a la privatización del INA y la FANAL al desfinanciamiento de las instituciones y a orientar los recursos exclusivamente al pago de deuda pública. Promovemos la creación de un impuesto permanente a las grandes riquezas para financiar la lucha contra el COVID-19 y la reconstrucción económica.
Las organizaciones pertenecientes a BUSSCO, rechazamos vehementemente la negociación con el FMI que promueve la venta de activos estatales, aumento de impuestos al consumo, reducción de en inversión social y pérdida de soberanía en el manejo de nuestras finanzas públicas y a los proyectos que precarizan y eliminan derechos laborales.
Deben existir condiciones mínimas para crear un proceso de negociación realista y viable, participativo y en igualdad de condiciones para todos los actores económicos, sociales y políticos y con una agenda amplia sobre los temas urgentes y no limitada a un único punto.
No concebimos un diálogo real, mientras en la Asamblea Legislativa avanzan proyectos como Empleo Público, eliminación de la jornada de 8 horas, eliminación de anualidades, sobre salario escolar y cualquier proyecto que violente condiciones y derechos laborales para generar una real confianza en la mesa.
Reiteramos nuestra voluntad y disposición al diálogo, a fin de encontrar soluciones a los principales problemas que enfrenta la sociedad costarricense, pero para ello, se requiere de la voluntad política, sin imposiciones de diseño, composición y metodología como lo ha planteado el gobierno y el Estado de la Nación.
15 de octubre, 2020.
BUSSCO
PODER SINDICAL Y SOCIAL CONTRA EL MODELO NEOLIBERAL
La depreciación o pérdida de sentido del lenguaje que usamos para referirnos a la vida política, y aún a ciertas dimensiones o momentos de la cotidianidad ha alcanzado, en estos días de gran intensidad de la protesta social en Costa Rica, unas alturas cercanas al paroxismo y a una especie de locura colectiva –por así decirlo- entre los personeros del régimen de la dictadura en democracia y el pequeño, además de poderoso, sector del capital financiero, cuyos personeros están desesperados por consolidar sus “buenos” negocios con el asunto de la abultada deuda interna del país, y la tenencia de bonos de ésta que se ha convertido en un jugoso negocio de casi una decena de billones de colones, lo que va en perjuicio de la gran mayoría de la población, cuyo empobrecimiento se acelerará en varios dígitos, en caso de persistir la actual correlación de fuerzas sociales y políticas.
Las palabras como “diálogo”, “violencia” o “vandalismo” y otras usadas a conveniencia, son manoseadas tanto por los políticos de oficio, como por un puñado de tecnócratas y “comunicadores” de toda ralea, de tal manera que han perdido casi toda su significación, para convertirse así en otro de los componentes de esta Torre de Babel, en la que estamos sumergidos, por causa de los comportamientos miméticos de muchos de los actores de este drama, especialmente entre aquellos situados hacia la izquierda del llamado espectro político. En el caso de la primera de ellas, el gobierno del presidente Carlos Alvarado aceleró su vaciamiento semántico, de tal manera que la condujo a la pérdida de cualquier sentido unívoco que pudiéramos darle, ya ni siquiera en términos neutros, como en algunas dimensiones de la vida cotidiana, dentro de las que solemos hablar del diálogo, como un mero intercambio de impresiones entre dos o más interlocutores. Actuando a la manera de un prestidigitador, el conocido científico social y columnista del diario La Nación, Jorge Vargas Cullel, director del programa de El Estado de la Nación, se sacó de la manga no precisamente un conejo o un pañuelo, sino más bien el organigrama y cronograma de un supuesto “diálogo nacional” sectorial, cuya apariencia es la de un monólogo entre las cúpulas del poder económico y político, aunque lo más increíble, en este caso, es que desde su formulación inicial se deja por fuera al movimiento social que ha venido luchando en las calles, campos y ciudades de todo el país, bajo la denominación de Rescate Nacional, el que termina siendo ninguneado por el régimen. Es a partir de estos rasgos, o elementos esenciales que no logramos entender el significado de la expresión “diálogo”, dentro de esta puesta en escena, tan evasiva de las graves implicaciones del conflicto planteado, que está siendo desplegada en medio de un convulso escenario histórico, dentro del que sin embargo una gran cantidad de actores sociales y políticos “insospechados”, entran en el juego del Poder Ejecutivo y de los intereses económicos, tanto de los evasores como de los tenedores de bonos de la deuda interna, los que en la mayoría de los casos, resultan ser los mismos personajes.
Sucedió entonces, durante las dos semanas más recientes, que al acelerarse el conflicto social, exteriorizado por la protesta masiva de los sectores sociales de la periferia, esos que configuran lo que podríamos llamar la Costa Rica profunda, que los intentos de explicar lo que está sucediendo se estrellan con la terca realidad, dado que el lenguaje con el que acostumbramos a calificar estos procesos sociales, al haber sido vaciado de su significación no nos sirve para entender y mucho menos explicar ¿qué es lo que está sucediendo en el orden de la vida social y política de este pequeño país centroamericano? La necesidad implícita que tenían los movimientos sociales, afincados en las zonas rurales de la periferia, de romper el blindaje que le había sido impuesto a otro segmento del movimiento social, cuando dos años atrás había sido aplastada una huelga de los trabajadores del sector público, como un hecho al que hemos venido haciendo referencia, los llevó a emplear los bloqueos o cierres de carreteras y puentes como una medida de presión sobre un régimen, cuyo gobierno ni siquiera ha querido simular algún tipo de diálogo u encuentro con ellos.
Hoy, el movimiento social en estado puro, representado por Rescate Nacional sigue como al principio, cercado por todos sus flancos, por parte de quienes lo ven como un peligro para sus intereses más mezquinos. Para las cabezas del régimen y su gobierno de coalición, como también para los integrantes de los poderes fácticos que lo controlan, y asimismo para los llamados “progres” del PAC, engolosinados con las mieles del poder, y considerando siempre que su agenda del llamado “marxismo cultural”, es la única importante a ser tenida en cuenta; en fin todo un conjunto actores sociales y políticos que consideran que ese movimiento debe ser aniquilado, acudiendo para ello a cualquier vía, y sin importar el grado de violencia que implique su supresión de la vida social y política, en su odio llegan hasta los extremos del totalitarismo, negándose a reconocer siquiera la condición humana de los que protestan.
La impresionante campaña de prensa, llevada a cabo por los medios hegemónicos, para descalificar a los que llaman “vándalos” o “delincuentes” de la peor ralea, se ha visto reforzada por una represión policial cada vez más cruenta, intensificando el uso de “fuerzas especiales”, como son las de la policía antimotines, entrenada por los carabineros de Chile y la policía nacional de Colombia, dos países donde el respeto a los derechos humanos no pasa de ser una ficción. Los habitantes de San Carlos, de Pérez Zeledón, Guanacaste y otras regiones han sido objeto de una cruenta represión, con el empleo masivo de gases lacrimógenos y hasta irrupciones violentas en sus hogares, por parte de unos cuerpos policiales que los han tratado como una especie de “enemigo interno”, buscando sembrar el terror entre ellos.
Dada la gran confusión semántica existente en el discurso de algunos de los que protestan, lo que da lugar a una especie de gran polifonía, dificultando la captación plena del sentido o significado más profundo de esta rebelión de los sectores rurales contra el régimen neoliberal, al que llaman “comunista” o “madurista”, aunque en estricto sentido no lo sean para muchos de nosotros, no podemos negar que esa es su forma de nombrar al hecho sociohistórico que los inquieta y golpea en pleno rostro. Aunque para la significación mentada, que traen a cuento muchos de los protagonistas del conflicto, el hecho resulta irrelevante: lo que alcanzan a identificar es la existencia de una dictadura, no importa cómo la llamen, lo que los lleva a la rebelión es la agresión del neoliberalismo, y la voracidad del capital financiero, lo sienten en su pellejo y no aguantan más.
Para un sector de la llamada “izquierda”, sobre todo aquella oficiosa, y cercana a los manejos políticos del régimen, la circunstancia ya apuntada les ha servido para darle la espalda a un movimiento nacido de las entrañas del pueblo, pues para algunos de sus cuadros y voceros habituales es preferible ver las cosas a la distancia, como si el asunto no fuera con ellos, además de que consideran que esas gentes carecen, de lo que llaman eufemísticamente, una “dirección política correcta”. Una vez más la estéril teoría así empobrecida se ve rebasada por una dinámica realidad a la que es preciso responder, poniéndose a la altura de la magnitud del desafío histórico, no prestandonos a las maniobras del régimen y sus trampas en cuanto al diálogo-monólogo, con el que quieren engañarnos a todos.
El Ministro de Salud, el Dr. Daniel Salas Peraza comunicó este martes 14 de octubre que se aprobó el protocolo establecido por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional para la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) conocido como examen de admisión.
La notificación fue enviada por el Dr. Salas, este jueves 15 de octubre, al Dr. Carlos Sandoval García, vicerrector de Vida Estudiantil de la UCR por medio del oficio MS-DM-7411-2020, el cual indica textualmente: “me permito indicarle que el protocolo de marras cumple con los elementos mínimos necesarios establecidos en la Directriz 082-MP-S y por el Documento Normativo INTE/DNMP-S-19:2020 “Requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales para la implementación de Directrices y Lineamientos sanitarios para COVID-19”.
Al respecto, el Dr. Carlos Sandoval García, el Vicerrector de Vida Estudiantil manifestó estar muy complacido con la disposición de las autoridades de salud, y afirmó que las universidades garantizarán la salud de las personas aspirantes.
“La Universidad de Costa Rica agradece la aprobación de los protocolos para realizar las pruebas de aptitud académica o examen de admisión por parte del Ministerio de Salud; tanto el protocolo como la organización de esta prueba son el resultado de un enorme trabajo del personal de varias instancias de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, a quienes aprovecho para agradecerles enormemente sus esfuerzos a lo largo de este difícil año 2020. Por otra parte quisiera enviar un mensaje a las 60 mil personas que van a realizar la prueba, que pueden confiar de que estaremos muy atentas y atentos a las medidas de higiene y protección, continúen preparándose y les esperamos en diciembre para el examen de admisión” expresó Sandoval.
De esta forma, la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) se llevará a cabo entre el 1 de diciembre y el 20 de diciembre de este año, como lo tenían previsto ambas universidades y el Ministerio de Educación (MEP).
Medidas incluye el protocolo sanitario para la prueba de admisión
El protocolo sanitario elaborado por las universidades públicas para la realización de la prueba de aptitud académica contempla las siguientes medidas de precaución: distanciamiento, rotulación de espacios, aforo regulado (máximo 50 %), demarcación, ingreso gradual sin filas, desinfección preliminar y posterior.
Estas medidas se complementan con un mecanismo de doble control de ingreso a la sede y al aula: es decir que será necesario que tanto funcionarios como aspirantes porten mascarilla y también careta; que cumplan con el proceso de medición de temperatura corporal; lavado y desinfección de manos con alcohol; desinfección de zapatos;y la puerta y ventanas permanecerán abiertas para garantizar la circulación del aire.
Para más información sobre el proceso de admisión pueden visitar las páginas ori.ucr.ac.cr y registro.una.ac.cr
Tatiana Carmona Rizo
Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil