El pasado 22 de octubre la sede UNED Siquirres en coordinación con el Programa de Gestión Local de la Dirección Extensión Universitaria Uned realizó el acto de juramentación y graduación de los nuevos Técnicos en Gestión Local para Pueblos Originarios en el territorio indígena cabecar Nairi Awari en las cercanías del Parque Nacional Barbilla en Siquirres.
Compartimos el video en el que se cuenta la experiencia que representa alcanzar esta meta en las vidas de Hernán y Rubilia
La crisis sanitaria y económica ha hecho evidente que vivimos también una crisis de los cuidados. La atención médica hospitalaria y en las casas, la creación de redes de apoyo mutuo para salvaguardar la salud, el desafío en el que se ha convertido para muchas personas tener techo, comida y agua limpia; son sólo algunos ejemplos de lo central que son los cuidados en este momento. Pero, además, es evidente que muchos de estos son brindados principalmente por mujeres y el medio rural no es la excepción.
Existe la urgencia y la necesidad de hablar de la crisis de los cuidados, la disidencia sexual en el campo, el trabajo de las organizaciones de mujeres rurales, los feminismos fuera de la ciudad y el aporte científico de mujeres investigadoras para el avance de la agroecología, la soberanía alimentaria y la organización social en el escenario post pandemia.
Este miércoles 4 de noviembre, y a tres días de celebrar los trece años de su fundación, SURCOS Digital recibió el Premio a la Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación 2020.
El reconocimiento fue una decisión unánime del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica.
El máster Efraín Cavallini Acuña, presidente de este Tribunal expresó lo siguiente:
“PREMIO A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDADSOCIAL DE LA COMUNICACIÓN 2020”
Los atributos o calificativos que resumimos los miembros del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, en el acuerdo para otorgar el “PREMIO A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDADSOCIAL DE LA COMUNICACIÓN 2020, representan el sentir del grupo a lo largo del proceso. Los 37 CONSIDERANDOS y 11 RESULTANDOS del acuerdo, suscriben a la letra el mérito de reconocerle al PERIODICO SURCOS DIGITAL- su labor de servicio a la sociedad.
El reconocimiento a este medio, que hacemos desde la Cátedra de Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación Alberto Cañas, es la máxima expresión del compromiso de profesionales íntegros, que se rigen por estrictos deberes autoimpuestos, que no sólo establecen las “reglas del juego” para su función y el marco y límites para el propio medio u organización donde se desenvuelven, sino, un compromiso explícito con la sociedad y la opinión pública, en cuanto a veracidad, imparcialidad, independencia, justicia, paz, respeto, transparencia y responsabilidad social.
Queda de manifiesto que los profesionales del Periódico Surcos Digital, asumen a la figura del comunicador como un innovador por naturaleza, y que saben identificar las oportunidades contextuales en simetría con sus fortalezas, que asume riesgos y confía en sus ideas. Que ejerce con responsabilidad hacia sus públicos, se considera un alma libre e inquieta, que siempre maximiza la distancia de sus horizontes, y encuentra en su labor la posibilidad de potenciarse; en un espíritu completamente autónomo e independiente y por consiguiente, de una asunción de riesgos inherentes a su accionar. Es capaz de, siendo sujeto, mirar objetivamente al entorno, y atenderlo.
Como hemos comprobado en el Periódico Surcos Digital, vemos a gestores de la comunicación dispuestos a romper paradigmas, innovar y desarrollar sus habilidades de organizar, adaptarse a los cambios, planificar soluciones, ser estratega organizacional, controlar y dirigir mensajes y de asumir retos para propiciar la comprensión de las distintas culturas existentes a fin de evitar la crisis.
Por su parte Héctor Ferlini Salazar, director de SURCOS Digital dijo al agradecer la designación:
“Entendemos la ética como un conjunto de principios que orientan el comportamiento humano y de las organizaciones de todo tipo:
SURCOS se ha comprometido con la calidad de la democracia, por ello desde nuestro inicio nos propusimos colaborar con el avance hacia la democracia participativa.
Entendemos la democracia participativa como un espacio de realización plena de lo establecido en el Artículo 9 de la Constitución Política que define al gobierno como participativo.
La participación ciudadana es por ello el taller donde se construye la democracia participativa como sistema político que supera a la democracia delegativa.
Por esto SURCOS es un espacio de comunicación o expresión para las persona, organizaciones y movimientos sociales que trabajan por el bien común, por la equidad, por la justicia, por el respeto a los derechos humanos…en suma, por la calidad de la democracia y el buen vivir.
Ese espacio que ofrecemos debe ser respetuoso de el sentido con el cual generan la comunicación esas personas, organizaciones y movimientos, es decir, no podemos modificar ese sentido.
Asimismo, no podemos basar nuestro trabajo, -que este sábado 7 de noviembre cumplirá trece años-, a intereses comerciales, a intereses político-electorales, o a prácticas o ejercicios económicos, políticos o culturales que estén en contra de ese compromiso con la construcción de la democracia participativa y del taller donde se construye: la participación ciudadana por la justicia, la equidad y la solidaridad.
En este sentido, para SURCOS Digital es un honor especial recibir un reconocimiento que premia la ética, es decir, la forma como nuestro medio pone en práctica el ejercicio profesional orientado por los principios que he mencionado y sin apartarse de ellos.
Gracias al Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica por este reconocimiento para SURCOS. En este agradecimiento debo mencionar a personas que han colaborado en este esfuerzo a lo largo de estos trece años: a mi esposa, mis hijas, hijos, nieta y nietos; de manera especial a mi hija María José que en los últimos años ha dedicado su trabajo a apoyar la edición de los materiales que nos llegan en volumen creciente, tarea a la cual se ha sumado mi nieta mayor Fabiana, y también, a un equipo de apoyo cotidiano integrado por Allison Quintanilla, mi hijo Alejandro y Leonardo Garita.
Asimismo, agradezco a un grupo de personas que se han comprometido con el sostenimiento de este esfuerzo dado que SURCOS no incluye publicidad. Y también, por supuesto, a las personas, organizaciones y movimientos que día a día hacen llegar sus informaciones a SURCOS pues, debo destacar, que SURCOS no realiza trabajo de búsqueda de información, sino que todo lo que publicamos es enviado por alguna persona, alguna organización comunitaria o social, o algún movimiento.
Gracias nuevamente a las personas que integran el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, pues, con este reconocimiento para SURCOS Digital alientan nuestro trabajo y nos motivan a continuar en este esfuerzo por la democracia participativa.
Video del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica sobre el Premio a la Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación 2020
Decálogo de la Ética en el trabajo de la comunicación. Compartimos el video con la exposición:
Justificación del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica
El Comité de Emergencias de Rey Curré en coordinación con la ADI ha activado su alerta de evacuación preventiva ante la amenaza de desbordamiento del río Grande de Térraba.
Esta medida tomada por las autoridades locales obedece a que la lluvia continúa cayendo de manera copiosa y tanto el río como las quebradas se encuentran completamente saturadas.
A las familias que aún se encuentran en zonas vulnerables se les insta a trasladarse a los albergues habilitados en la comunidad.
Se le solicita a los vecinos en general a colaborar con las familias que en este momento se encuentran en este estado de riesgo.
El pasado mes de octubre los diferentes grupos comunitarios y sindicales de la zona de occidente conformaron la Coordinadora Popular de Occidente, la cual fue creada como un espacio de acercamiento, organización y acción de los cantones de esta zona. Aceptaron la propuesta de BUSSCO de crear un Frente Nacional de Lucha y Resistencia contra el modelo capitalismo neoliberal, cuyo carácter regionalizado pueda enfrentar exitosamente a las políticas del gobierno, pero que además logre tener la capacidad para proponer e incidir a nivel nacional.
El domingo 1 de noviembre se realizó con éxito una Segunda Asamblea de la Coordinadora Popular de Occidente, “tuvimos un espacio para reencontrarnos y reconocernos como gente luchadora por nuestras comunidades y país.
Pudimos compartir experiencia y propuestas en el taller y la plenaria, pudimos tomar acuerdos importantes para seguir creciendo y avanzando.
Además, compartimos deliciosa comida, gracias a Finca Utopía. (…)”, según información publicada en la página de Facebook Coordinadora Popular de Occidente
Compartimos los resultados generales de dicha Asamblea en la siguiente imagen.
En el Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, creemos firmemente en el principio de transparencia como pilar de la democracia y la función pública, por lo que nos parece deplorable y condenamos vehementemente lo sucedido este martes 3 de noviembre con la transmisión en vivo de la sesión de la comisión de Gobierno y Administración, la cual no se pudo escuchar por los problemas técnicos con el audio, según informaron los administradores del canal de YouTube AsambleaCR03 (Perteneciente al departamento de prensa de la Asamblea Legislativa).
Es extraño que al mismo tiempo que se daba a conocer el problema técnico, los administradores informaban en el chat que la comisión no estaba sesionando, pero por otros medios de prensa se comunicaba la votación afirmativa a varias mociones de fondo presentadas al proyecto 21.336 “Ley Marco de Empleo Público”.
Por lo tanto, condenamos este acto y solicitamos se respete el principio de transparencia en la función pública, a la democracia participativa y a la correcta libertad de prensa. Exigimos se tomen las respectivas cartas en el asunto al ser una sesión ilegítima, que no debió realizarse dadas las circunstancias señaladas
Reiteramos el rotundo rechazo al proyecto de ley Marco de Empleo Público que se tramita en dicha comisión, solicitamos no se dictamine mientras se desarrollan los procesos de Diálogo Multisectoriales como principio deBUENA FE.
El Acuerdo de Escazú de Naciones Unidas (ONU), adoptado en Costa Rica en 2018, tiene el valor de un hito en materia internacional, al constituirse como el primer instrumento vinculante para América Latina y el Caribe en garantizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia, a la participación pública y a la información en materia ambiental. Su base se remonta a la Declaración de Río de 1992 que consagra, en su Principio 10, el derecho de participación del público en materia ambiental; así como al acuerdo europeo sobre participación (Convenio de Aarhus de 1998). El Acuerdo de Escazú viene a consolidar el derecho de todas las personas a ser actores esenciales en la toma de decisiones en materia ambiental y a reafirmar el papel del Estado en la protección de las personas que defienden el ambiente.
Al haberse cumplido el 26 de setiembre del 2020, dos años desde que se procedió a la apertura de firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas, la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) considera de suma importancia:
Expresar su profunda satisfacción por haber anunciado oficialmente Argentina el pasado 24 de setiembre 2020 la finalización del proceso de aprobación de dicho acuerdo regional suscrito en Costa Rica. Argentina se convierte en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, viniendo a confortar a los nueve Estados que la antecedieron en el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas, a saber: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, así como Uruguay;
Hacer ver que el Acuerdo de Escazú es resultado de un amplio e inclusivo proceso de elaboración, del que cualquier agrupación civil interesada tuvo posibilidad de participar activamente (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismopublico- regional), por lo que, desde su misma concepción es fiel reflejo del principio democrático que tanto distingue a nuestro País, junto con el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, también inherentes a dicho Acuerdo. Si Costa Rica retoma su liderazgo en derechos humanos y ambientales tiene la oportunidad de ser el undécimo en ratificarlo, para que ya entre en vigor;
Deplorar profundamente que el Poder Ejecutivo de Chile, promotor con Costa Rica de este valioso instrumento en favor del ambiente y de los derechos humanos durante las negociaciones de dicho instrumento (2014-2018) haya desistido inopinadamente de su buen esfuerzo inicial, separándose del resto de América Latina y el Caribe al negarse a firmar este tratado, con base en una serie de argumentos sin sustento jurídico ni ambiental y, por ende, desprovistos de veracidad. La primera señal de ello la había externado Chile en septiembre del 2018 en Nueva York, al no enviar ningún delegado a la ceremonia oficial de apertura de firma, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas;
Lamentar profundamente que la Sala Constitucional de Costa Rica haya ordenado el pasado 22 de setiembre a la Asamblea Legislativa retrotraer el procedimiento de aprobación a su punto inicial, en razón, según la Sala Constitucional, de la falta de consulta al Poder Judicial sobre la supuesta afectación a su potestad de organización, que significa la implementación del Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto, resulta a todas luces sorprendente que, de los diez (10) Estados que ya han ratificado este instrumento, ninguno planteara que el Acuerdo de Escazú implique alguna carga adicional para el sistema de administración de justicia, como infundadamente lo argumenta la Corte Plena, cuya rebuscada ‘parsimonia’ contrasta significativamente con la posición del resto de los Países;
reafirmar, al contrario de lo sostenido en una cuestionable decisión tomada en en el voto 2017001163 de febrero de 2017 por mismo juez constitucional costarricense (y que constituye una total regresión con relación a su jurisprudencia anterior), que el principio de participación del público en asuntos ambientales sí es un derecho humano, porque en primer lugar, (aunque el dicho juez constitucional lo ignore intencionadamente) el artículo 9 de la Constitución define al Estado costarricense como una República participativa; y en segundo lugar, porque así lo ha establecido expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 242 de su Opinión Consultiva OC-23, dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) donde precisa que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión»;
denunciar de manera vehemente la campaña de desinformación orquestada desde algunos círculos empresariales, con el apoyo de influyentes sectores gremiales y medios de prensa (a la que se prestaron algunos juristas) que se ha desatado en contra del contenido del Acuerdo de Escazú, en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo argumentos sin sustento, totalmente ajenos a la letra y al espíritu del Acuerdo de Escazú;
reiterar que el resguardo del derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la justicia ambiental constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú en pro de afianzar mecanismos de democracia ambiental en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, así como la protección que debe urgentemente extenderse a quienes defienden el ambiente, en muchos casos desde sus pequeñas comunidades rurales;
recomendar a los Estados que aún no lo han hecho, que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para lograr su pronta entrada en vigor, la cual requiere el depósito del instrumento de ratificación número once, según reza el artículo 21 del mismo;
felicitar a las distintas organizaciones no gubernamentales y a los sectores académicos y gremiales por su entrañable esfuerzo en favor de la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, teniendo presente que el fin primordial del mismo es consolidar una verdadera democracia ambiental en nuestra Región;
Solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que ratifique lo antes posible el Acuerdo de Escazú. Solicitar a la Sala Constitucional que reconozca el valor de este instrumento de derechos humanos ambientales y el aporte que brinda para consolidar la estructura jurídica en la región y específicamente en Costa Rica.
Una de las preocupaciones constantes de los organismos defensores de la libertad de expresión es una tendencia regulatoria sobre los contenidos en Internet que pudieran restringir las garantías para un ejercicio amplio y democrático de la libertad de expresión, en especial la regulación para limitar la crítica política o sancionar los discursos de odio o noticias falsas. El II Informe sobre el estado de la libertad de expresión, en el capítulo sobre tendencias en Costa Rica, se refiere a algunas iniciativas ingresadas a corriente legislativa durante los años 2018 y 2019.
La propuesta de Ley denominada Protección del honor ante el uso abusivo de la expresión en redes sociales, expediente No. 20.864, presentado, en el 2018, por el diputado independiente Jonathan Prendas Rodríguez, con la firma de 10 legisladores más, es visto como un intento de disminuir las garantías para el ejercicio de la crítica política.
Mientras la tendencia es hacia la despenalización de los delitos contra el honor, la propuesta busca aumentar penas cuando la ofensa “fuere inferida en público o en cualquier red social o herramienta tecnológica de difusión masiva”.
En la exposición de motivos, es clara la intención del legislador de enfrentar el ejercicio de la crítica política por parte de la ciudadanía. Según el proponente: “el anterior proceso electoral que vivimos los costarricenses nos enseñó el gran impacto que, para bien o para mal, pueden tener las redes sociales: vivimos con alegría que se convirtieran en plataforma para motivar la participación y el involucramiento político de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, pero también fuimos testigos de feroces manifestaciones contra casi todos los candidatos, mancillando su honor, su integridad e, incluso, amenazando su integridad física o la de su familia”.
El Informe 2018 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recuerda que la CIDH ha sostenido repetidamente que la aplicación del derecho penal para sancionar expresiones referidas a los funcionarios públicos es desproporcionada cuando se trata de un discurso protegido, como la información o la expresión sobre asuntos de interés público, y viola el derecho a la libertad de expresión.
En el mismo sentido, una propuesta para sancionar los crímenes de odio, expediente No. 20174, presentado en el año 2016 por varios diputados, dictaminado positivamente en el 2017 por la Comisión de Derechos Humanos y que intentaba votarse en plenario en 2019, recibió una serie de objeciones por parte de la Procuraduría General de la República, en la Opinión Jurídica 074-2018.
El artículo 20 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos obliga a los gobiernos a prohibir la promoción del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Sin embargo, no ha sido posible generar estándares globales capaces de hacer una distinción entre lo que es discurso de odio y lo que no lo es.
El artículo dice: “La Comisión y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión insisten en que para combatir efectivamente el discurso de odio se requiere un enfoque comprensivo y sostenido que vaya más allá de las medidas legales y que incluya la adopción de mecanismos preventivos y educativos. Como lo ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, este tipo de medidas apuntan a la raíz cultural de la discriminación sistemática, y como tales, pueden constituirse en instrumentos valiosos para identificar y refutar el discurso de odio y alentar al desarrollo de una sociedad basada en los principios de diversidad, pluralismo y tolerancia” (Informe Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, OEA, 2018, p. 118).
Otra propuesta legislativa trata de sancionar a quien, por medio de la propaganda electoral, promueva la violencia, el odio o la discriminación (expediente No. 20738). La iniciativa del exdiputado del PAC, Javier Cambronero, podría objetarse desde la misma perspectiva, en el sentido que presenta un tipo penal muy abierto, en el que cabe muchas posibles manifestaciones a sancionar, lo que supone un riesgo para la libertad de expresión en los contextos electorales.
Finalmente, en el contenido del proyecto de ley No. 21187 denominado Ley para combatir la ciberdelincuencia, de varios diputados del Partido Unidad Socialcristiana, se encuentra una norma (artículo 236) que sanciona a quien fabrique o difunda noticias falsas, a través de los medios informáticos, capaz de distorsionar o causar perjuicio al sistema financiero o afectar las decisiones del electorado en diferentes tipos de procesos eleccionarios.
Sobre la regulación de la desinformación, los Relatores de libertad de expresión de varios sistemas de derechos humanos sostienen: “Las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos ‘noticias falsas’ (‘fake news’) o ‘información no objetiva’, son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión, (…) y deberían ser derogadas” (Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y «Noticias Falsas» («Fake News»), desinformación y propaganda, 2017).
Los Relatores consideran que los Estados tienen la obligación positiva de promover un entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso, incluida la diversidad de medios, que constituye un medio clave para abordar la desinformación y la propaganda.
Giselle Boza Solano Periodista y abogada, Mtr. en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica. Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), investigadora del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) y docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES RERUM NOVARUM Martes 03 de noviembre 2020 CTRN- N°300-2020
ASAMBLEA LEGISLATIVA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN SD.
DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN
OPOSICIÓN AL DICTAMINEN PROYECTO LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO
HONORABLES SEÑORAS (ES) DIPUTADAS (OS):
Con nuestros más respetuosos saludos, nos permitimos por este medio mencionar, que siendo conocedores de que se tramita en esta honorable Comisión Legislativa el Proyecto denominado Ley Marco de Empleo Público, bajo número de expediente legislativo Nº 21336, para su estimable consideración exponemos los siguientes argumentos:
Que dicho proyecto de Ley, a juicio de muchas organizaciones sociales y productivas, hemos indicado que el texto contenido en el proyecto no es un documento idóneo para los momentos y las necesidades que vive nuestro país, por lo que debe tener la oportunidad de perfeccionarse o modificarse, para beneficio de todas las partes.
Desde la Confederación Rerum Novarum, somos conscientes de la dura situación económica, social, de salud y política que atraviesa nuestro país, por lo que apelamos a la grandeza de espíritu de los miembros de esta honorable Comisión y les hacemos un llamado respetuoso a la reflexión.
Desde nuestra posición consideramos que el actual Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, a punto de ser dictaminado, ha perdido todo el sentido que alguna vez pudo tener, pues entre muchas cosas, algunos artículos son objeto de análisis jurídicos más profundos, para efectos de no contravenir lo indicado en la Constitución Política en cuanto a régimen de empleo, que son creados por el constituyente como lo son; el Poder Judicial, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y las Municipalidades.
En ese mismo orden de ideas, en materia de un orden constitucional y el marco legal vigente a la luz de los derechos humanos, se establecen una serie de competencias para el Ministerio de Planificación MIDEPLAN, que son exclusivas del Ministerio de Trabajo y del Servicio Civil y por otra parte, el proyecto pretende de manera tácita, desconocer el ámbito de aplicación de la negociación colectiva en sector público.
La Constitución Política establece con total claridad la competencia del Servicio Civil en materia que trata este proyecto de Ley a punto de ser dictaminado. Este proyecto, debe ser a nuestro criterio, objeto de un exhaustivo análisis, examinado mediante un estudio profundo del espíritu del Constituyente, que estableció y creó con rango constitucional al Servicio Civil, mismo que posee un principio de reserva de ley, sobre la materia de empleo público y de una competencia que no puede ser trasladada o compartida, que en contra posición tal como lo presenta el proyecto en mención, se hace con un procedimiento más complejo a través de MIDEPLAN y además no se atiende el tema de la constitucionalidad, que entre otras cosas, en una eventualidad al momento de su aprobación en el plenario legislativo, debería exigir una votación de dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.
En momentos en que se debate nuestro país en búsqueda de un diálogo efectivo para encontrar soluciones, es que siendo integrantes del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, nos atrevemos a solicitar a esta Comisión Legislativa que no dictaminen el proyecto Ley Marco de Empleo Público y que nos permitan presentarles propuestas elaboradoras de los sectores que representamos, y que en su lugar se conozcan otros textos, que ya han venido siendo consensuados por diferentes actores sociales, mucho más realistas y apegados al espíritu de la Constitución.
Sin otro particular, agradeciendo la atención brindada a la presente, le saludamos con las más altas muestras de consideración y estima,
Lic. Lenín Hernández Navas Presidente CTRN
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