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Autor: María José Ferlini Cartín

Internet gratis y universalizado – PROPUESTA DEL SINDEU

Estamos en el marco de la IV Revolución Industrial, la era de la robotización y la cibernética. Las relaciones sociales de producción exigen nuevas adecuaciones curriculares para entender las lógicas de la extracción de la plusvalía y la explotación.

Frente este magro horizonte, otro nuevo fenómeno nos azota con gran violencia. La pandemia del coronavirus, el SARS-Co. V2 o más popularmente el COVID-19. Condujo y obligó a las universidades y los ministerios de educación a reinventarse. Nos exigió, sin estar preparados, a elevar la calidad del teletrabajo y el rendimiento académico, bajo la ausencia de las condiciones mínimas infraestructurales.

De pronto la educación se encuentra ante la urgente tarea de desarrollar una excelente alfabetización tecnológica, pero no se tenían las condiciones presupuestarias para las nuevas exigencias del virus, que todavía no se dibuja una salida integral por parte de los gobiernos para atender y dar una salida radical a dicho problema.

Por el contrario, un gobierno como el nuestro, dirigido por Carlos Alvarado Quesada y una Asamblea Legislativa que puso en su mira derrotar y destruir la clase media y empobrecer aún más a las masas populares, no nos puede augurar nada bueno en el corto plazo.

Rebaja salarial en el sector público, conculcan principios de los derechos laborales esenciales. Prohibición de las huelgas, eliminación de la jornada histórica de las 8 horas, flexibilización de jornadas, reducción de salarios, en fin se carga con demasiada violencia los costos de la crisis generada por el Estado Neoliberal y bajo el pretexto de un COVID-19, con las espaldas de la clase trabajadora. Pero no es este el examen que nos interesa. Aunque, lógicamente, un problema estructural de esta envergadura no podemos soslayarlo.

Recientemente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo adscrito a la ONU, definió que “… el Internet es un Derecho Humano de tercera generación” y por tanto los Estados miembros de la ONU, deben entenderlo como tal”.

En este sentido, Edwin Estrada, exviceministro de telecomunicaciones, responsable del Fondo Nacional de Telecomunicaciones –FONATEL, manifestaba en una entrevista pública lo siguiente:

“… en Costa Rica los índices son 95 líneas de Internet móvil por cada 100 habitantes, tenemos casi 200 líneas de teléfono por cada 100 habitantes”.

Claro que en su entrevista el señor Estrada, enfatizaba en que hoy Internet debe ser un derecho humano esencial. Estamos en la obligación de dar un salto de calidad para que las diferentes zonas del país hagan posible el sueño de que Internet llegue a todos los hogares del país.

Defender entonces el Internet como derecho humano esencial, es también decirle al pueblo de Costa Rica de la urgente tarea de defender al Instituto Costarricense de Electricidad.

CONARE, conjuntamente con cada uno de los sindicatos universitarios y las respectivas asociaciones de trabajadores y empleados, deben convertirse en los grandes abanderados de esta lucha, que bajo las condiciones infraestructurales que ha desarrollado el ICE, no es una utopía o una simple propuesta salida de la angustia que nos genera el encierro de nuestra burbuja social. Si no, por el contrario, es ser propositivos y ofrecer a toda la masa estudiantil: primaria, secundaria y de educación superior, la plataforma adecuada para enfrentar los déficit de una malla curricular que no contaba con este nivel de exigencia de una educación virtual y un trabajo académico teletrabajado.

Nos parece entonces que, con el aporte de los diferentes sindicatos adscritos al ICE, los institutos científicos de nuestras universidades, la voluntad política del MICITT y el compromiso moral de la Superintendencia de Telecomunicaciones-SUTEL, podemos darle a la población de Costa Rica la aplicación de este tan importante Derecho Humano: El INTERNET COMO DERECHO HUMANO DE LA TERCERA GENERACIÓN y así aportar integralmente en este espacio de la IV Revolución Industrial en que quedamos insertos, sin estar lo suficientemente preparados.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Pronunciamiento de la Comisión Indígena Siwá Pákö

Pronunciamiento Cabecar

La Comisión Indígena Siwá Pákö se pronuncia por los recientes actos de discriminación y violencia hacia la población indígena Cabécar ante el posible contagio por COVID-19 en el cantón de Turrialba.

Dele click a la imagen para ampliar.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Se vino abajo el proyecto de incineración, el ICE no quiere energía sucia

FEMETROM GENERA FALSAS EXPECTATIVAS CON SU LICITACIÓN PARA FACILITAR LA INCINERACIÓN

ICE DESMIENTE A FEMETROM Y NO VA A APORTAR TERRENOS NI COMPRARLE ELECTRICIDAD A LA INCINERADORA CONTAMINANTE

GOBIERNO NO APOYA EL PROYECTO Y SE DESMARCA

Comunicado.

Mediante el oficio 0060-300-2020 de fecha 17-07-2020 la presidencia del ICE se sacude e indica que no van a facilitar ningún terreno para hacer la incineradora (o cualquier tipo de combustión química) de residuos que busque generar electricidad producto de la actividad. Además, el ICE le pide una explicación a FEMETROM.

En el oficio el ICE aclara que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad y que no es del interés del Instituto Costarricense de Electricidad este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable.

En la carta del ICE se indica que “El Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2018-2034) concluye que la ruta recomendada muestra que el país tiene garantizada la atención de la demanda eléctrica para los próximos ocho años, a partir de una matriz de generación renovable, confiable y diversa, consolidando un modelo eléctrico nacional basado en fuentes renovables”. Por lo tanto, no se considera la adición de capacidad instalada al Sistema Eléctrico Nacional hasta el año 2026 con la planta Borinquen 1”

“La Incineración NO está considerada por ninguna entidad mundial como energía renovable, más bien es una actividad tremendamente entrópica y contaminante que compite con el manejo integral de residuos y tiene impactos ambientales y sociales terribles.” Indicó el máster en agro biología ambiental y ecologista Fabián Pacheco, así mismo continúa diciendo: “es evidente que FEMETROM anda haciendo enredos en SICOP generando falsas expectativas para ver quién muerde el anzuelo, pareciera ser que en este intento de gestionar los residuos municipales lo más limpio es la mal llamada basura. Nos parece muy lamentable, vergonzoso y esto afecta la imagen del país

Marcela Guerrero presidenta ejecutiva del IFAM indicó: “La posición de IFAM en concordancia con la posición del Gobierno estableció avanzar en materia de gestión integral de residuos en todas aquellas actividades que tengan por naturaleza menores impactos. No solo disminuyendo los gases de efecto invernadero y cuidando la salud de las personas a través de la calidad del aire. Además, se deben generar condiciones para que las actividades que se desarrollen se apeguen al plan de descarbonización y que generen empleos de calidad bajo la lógica de la economía circular. La Incineración evidentemente no es una actividad acorde con las aspiraciones del gobierno de trabajar la gestión integral de residuos. Se deben impulsar iniciativas que vayan a estimular la calidad de vida de las personas. La gestión integral de residuos debe hacerse desde la separación, compostaje, la valorización, la reutilización y el reciclaje. Hay una serie de tecnologías que ciertamente quedan superadas y debemos buscar las que se adaptan al Plan de Descarbonización y hacia una economía verde.

El desesperado intento de FEMETRON de instalar una incineradora de basura en la Gran Área metropolitana de Costa Rica la va a tener cuesta arriba. Ya la municipalidad de Belén de forma unánime y diversas organizaciones ecologistas vienen sonando tambores de guerra contra la instalación de dicha planta Costa Rica.

 

Información enviada a SURCOS por Bloque Verde.

UCR: Estudiantes avanzados brindan atención clínica psicológica

Proyecto combina docencia, investigación y acción social para promover la salud mental

Desde el año 2004, el proyecto de Acción Social ED-2157 “Centro de Atención Psicológica” ha brindado atención clínica psicológica a personas residentes en Costa Rica, cuyos recursos económicos les impiden acceder a este tipo de servicios de manera privada. Esta atención es brindada por estudiantes avanzados de la carrera de Psicología de la Universidad de Costa Rica (UCR), bajo la supervisión de docentes con experiencia el ámbito clínico.

El CAP responde a la necesidad de brindar apoyo en materia de salud mental desde un espacio público y accesible para todas las personas en el cual, se beneficie tanto a la población atendida como al estudiantado.

El trabajo clínico que se desarrolla en el CAP tiene un impacto directo en las personas que reciben el servicio, en la formación de los y las estudiantes que desarrollan habilidades y experiencia en las diferentes actividades de índole clínica, y en la recopilación, sistematización y análisis de la información contenida en los expedientes para la investigación.

“El proyecto tiene un componente importante de acción social al ofrecer un servicio a población que no tiene acceso al mismo. La evaluación que recibimos habitualmente es muy positiva y tiene un componente formativo muy especial, porque queremos que las y los estudiantes hagan una experiencia muy buena de atención clínica, que tengan los elementos materiales y los soportes de supervisión y formación que les permitan un desarrollo muy adecuado de su intervención clínica, todo esto en el marco de un compromiso social” expresó Lucía Molina, coordinadora del proyecto.

Semestralmente se incorporan al CAP aproximadamente 80 estudiantes, por lo que los procesos clínicos implican un número similar de consultantes. Antes de su ingreso al centro, los y las estudiantes son parte de un proceso de capacitación y durante toda su participación cuentan con apoyo especializado de docentes de la Escuela de Psicología.

“A nivel académico, la supervisión que brinda el centro nos hace sentir muy apoyados en un espacio de práctica profesionalizante. Esta es una oportunidad que permite un acercamiento a esta realidad de la psicología clínica donde se pueden poner en práctica las herramientas que hemos aprendido durante el proceso de la carrera”, expresó Paulina Bravo, integrante del CAP.

Para los y las estudiantes estos espacios son fundamentales para su formación académica, pues les permiten sus primeros acercamientos en el ámbito clínico. Además, consideran que es un espacio valioso y necesario de aporte a la sociedad desde la universidad como institución pública.

“Al CAP acuden aquellas personas cuyos recursos económicos no son suficientes para financiar una atención psicológica clínica privada y de calidad. Y creo que ahí radica la importancia del proyecto, de atender a todas estas personas con malestares y con situaciones particulares que requieren y merecen de una escucha y de una elaboración que les permita en la medida de lo posible estar mejor y enfrentarse a su vida cotidiana” comentó Enyell Valerio, estudiante de psicología.

Actualmente, ante la emergencia nacional por COVID-19, el CAP se prepara para brindar espacios psico-educativos desde la virtualidad a población adulta durante el segundo semestre. Las metodologías se encuentran en construcción entre los y las docentes que forman parte del centro y esperan poder seguir brindando espacios para que los y las estudiantes no pierdan esta experiencia al trabajar desde sus hogares.

*Foto: El CAP Busca formar estudiantes que puedan responder desde la intervención clínica psicológica a las necesidades psicosociales de los residentes en Costa Rica, a través de actividades profesionalizantes de calidad y articuladas a la proyección comunitaria. Fotografía tomada del portal de la Escuela de Psicología. Foto: archivo CAP.

Natalia Odio González
Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social

Carta a amigos en el extranjero

Frei Betto

Queridos amigos:

¡En Brasil hay un genocidio! Al momento de escribir, 16/7, Covid-19, que surgió aquí en febrero de este año, ya ha matado a 76,000 personas. Ya hay casi 2 millones de infectados. Para el domingo 19 de julio, alcanzaremos 80,000 muertes. Es posible que ahora, cuando leas este llamamiento dramático, ya alcances los 100 mil.

Cuando recuerdo que, en la Guerra de Vietnam, durante más de 20 años, se sacrificaron 58,000 vidas del personal militar de EE. UU., tengo el alcance de la seriedad de lo que está sucediendo en mi país. Este horror causa indignación y revuelta. Y todos sabemos que las medidas cautelares y restrictivas, adoptadas en tantos otros países, podrían haber evitado tal número de muertos.

Este genocidio no es el resultado de la indiferencia del gobierno de Bolsonaro. Es intencional. Bolsonaro está satisfecho con la muerte de otros. Cuando un diputado federal, en una entrevista televisiva en 1999, declaró: “¡Al votar no cambiarás nada en este país, nada, absolutamente nada! Desafortunadamente, solo cambiará si un día vamos a una guerra civil aquí, y hacemos el trabajo que el régimen militar no hizo: matar a unos 30 mil”.

Al votar a favor del juicio político del presidente Dilma, ofreció su voto en memoria del torturador más notorio del ejército, el coronel Brilhante Ustra.

Debido a que está tan obsesionado con la muerte, una de sus principales políticas gubernamentales es liberar el comercio de armas y municiones. Cuando se le preguntó en la puerta del palacio presidencial si no le importaban las víctimas de la pandemia, respondió: «No creo en estos números» (27/03, 92 muertes); «Todos moriremos algún día» (29/3, 136 muertes); «¿Y qué? ¿Qué quieres que haga?» (28/4, 5,017 muertes).

¿Por qué esta política necrofílica? Desde el principio, declaró que lo importante no era salvar vidas, sino la economía. De ahí su negativa a declarar un cierre, cumplir con las pautas de la OMS e importar respiradores y equipo de protección personal. La Corte Suprema tuvo que delegar esta responsabilidad a los gobernadores y alcaldes.

Bolsonaro ni siquiera respetó la autoridad de sus propios ministros de salud. Desde febrero, Brasil ha tenido dos, ambos despedidos por negarse a adoptar la misma actitud que el presidente. Ahora, al frente del ministerio, está el general Pazuello, que no entiende nada sobre el tema de la salud; trató de ocultar los datos sobre la evolución del número de víctimas del coronavirus; empleó a 38 militares en funciones clave del ministerio, sin las calificaciones requeridas; y canceló las entrevistas diarias para las cuales la población recibió orientación.

Sería exhaustivo enumerar aquí cuántas medidas para liberar recursos para ayudar a las víctimas y las familias de bajos ingresos (más de 100 millones de brasileños) nunca se han implementado.

Las razones de la intención criminal del gobierno de Bolsonaro son evidentes. Dejar morir a los ancianos para ahorrar recursos de la Seguridad Social. Dejar morir las enfermedades preexistentes para ahorrar recursos del SUS, el sistema nacional de salud. Permitir que los pobres mueran para ahorrar recursos de Bolsa Família y otros programas sociales para los 52.5 millones de brasileños que viven en la pobreza y los 13.5 millones que están en la pobreza extrema. (Datos del gobierno federal).

No satisfecho con tales medidas letales, el presidente ahora vetó, en el proyecto de ley sancionado 3/7, el tramo que requería el uso de máscaras en establecimientos comerciales, templos religiosos e instituciones educativas. También vetó la imposición de multas para quienes infringen las reglas y la obligación del gobierno de distribuir máscaras a los más pobres, principales víctimas de Covid-19, y a los prisioneros (750 mil). Sin embargo, estos vetos no anulan las leyes locales que ya establecen el uso obligatorio de una máscara.

El 7/8, Bolsonaro anuló extractos de la ley aprobada por el Senado que requería que el gobierno proporcionara agua potable y materiales de higiene y limpieza, instalaciones de internet y distribución de canastas básicas, semillas y herramientas agrícolas a las aldeas indígenas. También vetó fondos de emergencia para la salud de los indígenas, y facilitó el acceso de indígenas y quilombolas a ayuda de emergencia de 600 reales (100 euros o 120 dólares) durante tres meses. También vetó la obligación del gobierno de ofrecer más camas de hospital, ventiladores y máquinas de oxigenación de la sangre a los pueblos indígenas y quilombolas.

Los indígenas y los quilombolas han sido diezmados por la creciente devastación socioambiental, especialmente en la Amazonía.

Corra la voz sobre este crimen contra la humanidad tanto como sea posible. Las denuncias de lo que sucede en Brasil deben llegar a los medios de comunicación de su país, las redes digitales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y la Corte Internacional de La Haya, así como a los bancos y empresas que albergan a esos codiciados inversores por el gobierno de Bolsonaro.

Mucho antes de que lo hiciera el periódico The Economist, en las redes digitales trato al presidente como BolsoNero, mientras Roma arde, él toca la lira y anuncia cloroquina, una droga sin eficacia científica contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, sus fabricantes son aliados políticos del presidente…

Le agradezco su amable interés en difundir esta carta. Solo la presión del exterior podrá detener el genocidio que está afectando a nuestro amado y maravilloso Brasil.

Fraternalmente,
Frei Betto
Frei Betto es un fraile dominicano y escritor, asesor de la FAO y los movimientos sociales.

Fuente: https://www.cedefes.org.br/carta-aos-amigos-e-amigas-do-exterior-e-entrevista-ao-jornal-brasil-de-fato-por-frei-betto/

 

Compartido con SURCOS por Alberto Rojas.

Marcha regionalizada vehicular

“Por la defensa de los derechos del pueblo costarricense”

Día: 23 de julio. Hora de salida: 9:00 a.m. Salida desde diferentes puntos del país

EXIGIMOS:

  • No se cesen los contratos laborales de las personas trabajadoras del sector público y privado.
  • Cero impuestos a la canasta básica.
  • El ROP se entregue de manera completa, a las personas que se pensionen.
  • Se elimine la pretensión del Gobierno de ponerle un impuesto al Salario Escolar.
  • No se castigue al pueblo con más impuestos.
  • Se cobre un impuesto al patrimonio de los bancos y grandes empresas.
  • La defensa y no privatización de la Caja Costarricense del Seguro Social.
  • Se desista de la aprobación de la Ley de Empleo Público, que constituye una amenaza para las personas trabajadoras.
  • No se congelen las anualidades.
  • La clase trabajadora no pague los platos rotos de la crisis.
  • La defensa del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
  • El retiro definitivo del Proyecto N° 21.738.

**Posteriormente se informarán los puntos de salida.

Esta caravana seguirá todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, de manera que no se exponga ninguna persona al contagio.

 

Enviado a SURCOS por distintos organismos del movimiento sindical y social.

Colectas solidarias para indígenas Malekus

En apoyo a las recuperaciones de tierra en el territorio Maleku que se están realizando en este momento, se han organizado colectas solidarias de artículos de limpieza, para prevención del Covid19: jabón (en barra y liquido), alcohol (gel y líquido), mascarillas, toallas femeninas, cloro, repelentes, papel higiénico, jabón para platos, esponjas, bolsas de basura.

Hay varios puntos de recolección por si desea apoyar o compartir la información.

Para más información, ver la siguiente imagen.

 

*Imagen de portada ilustrativa: UCR.

Piden viraje al presidente y a ministra de Planificación

Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical del sector salud y secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, llama al presidente Carlos Alvarado y a su ministra de Planificación a dar un viraje en su política para no seguir afectando al pueblo.

Pronunciamiento por la quema en Turrialba

El martes 14 de junio se dio la noticia de una familia indígena Cabécar que acudió a un centro médico en Turrialba, un niño fue diagnosticado con Covid-19 y tres adultos, su madre incluida, fueron aislados en un albergue acondicionado donde esperan los resultados de las pruebas que les hicieron. Desde horas de la tarde medios de comunicación señalaban que un grupo de vecinos del lugar donde se encuentra el albergue, estaban exigiendo que las personas aisladas fueran sacadas del lugar. La situación continuó hasta que en horas de la madruga realizaron una quema frente al albergue.

Esta acción es una expresión de ignorancia y racismo, primero por el desconocimiento respecto a las formas de transmisión del virus y también por ser un acto de intimidación que puso en peligro la integridad de las personas indígenas que se encontraban dentro del albergue.

Esta situación es injustificable y pone en evidencia el racismo estructural que persiste en la sociedad. El trato inhumano contra las personas indígenas por parte de las personas que las estaban instigando debe ser condenado. El hostigamiento no se produce únicamente por la sospecha de la transmisión del virus, es la evidencia de un trato discriminatorio en contra de la población indígena, esta discriminación es cotidiana en una sociedad que siempre nos han visto como “los otros” y lamentablemente sale a relucir en momentos donde deberían estar presentes la empatía y la solidaridad.

Por otra parte, señalamos la exclusión y la invisibilización histórica que el Estado costarricense ha realizado en contra de los pueblos indígenas, que encadenado al racismo y la discriminación generan una enorme amenaza para los pueblos indígenas en la actual pandemia. Los pueblos son afectados de diversas maneras, en primer lugar por el peligro de contagiarse con el virus, a esto también se suma el poco acceso a centros de salud para la atención médica, por ejemplo, la población indígena cercana a Turrialba debe movilizarse por horas y días completos para acceder a un centro de salud y lugares para abastecerse de comida. Esta situación hace más vulnerable a los pueblos indígenas. Si a lo anterior se agrega las acciones de discriminación de parte de la sociedad que les impide acceder a los centros de salud y elementos básicos como el alimento, se genera una situación crítica para los indígenas, que vulnerabiliza sus derechos más elementales.

Denunciamos los actos de racismo y discriminación sucedidos, pedimos a las autoridades su accionar para evitar estas situaciones a futuro, garantizando el derecho pleno a la salud que tenemos todos como personas. Además, pedimos que las poblaciones indígenas reciban servicios de salud que no los obligue a movilizarse fuera de su territorio y sea pertinente culturalmente, esto incluye que sea dado en un idioma propio, respetando los tiempos de las comunidades y respetando las formas propias de medicina de los pueblos indígenas.

Publicado en la página de Facebook del Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica.

 

Compartido con SURCOS por Jorge Arturo Chaves Ortiz.